Abogado asociado al bufete que defendió a los 'narcosobrinos' fue contratado por la actual junta directiva de CITGO

Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría decido trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Por Maibort Petit

@maibortpetit

    La actual Junta Directiva de CITGO —presidida por Luisa Palacios—contrató los servicios profesionales del abogado Michael Gottlieb del escritorio jurídico Willkie Farr & Gallagher LLP, para realizar la investigación interna sobre las denuncias de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras leyes federales de los Estados Unidos dentro de la corporación petrolera del Estado venezolano con sede en Houston, Texas. Gottlieb trabajó para el firma Boies Schiller Flexner LLP desde 2013 a enero 2019. Este poderoso bufete fue contratado por el empresario chavista y contratista de PDVSA y de CITGO, Wilmer Ruperti para que defendiera a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro en en juicio por delitos de narcotráfico en Nueva York (2015-2017).

   Vale recordar que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron arrestados en 2015, procesados (2016-2017) y condenados(2017) por la justicia de los Estados Unidos por haber conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EE. UU. La defensa de los célebres narcosobrinos fue asumida por Randall Jackson, John T. Zack asociados a Boies, Schiller & Flexner LLP en Nueva York junto a Michael D. Mann y David M. Rody, de  Sidley Austin LLP. 

Boies Schiller Flexner abogados en caso  PDVSA US Litigation Trust

   Boies Schiller Flexner LLP también fue contratada por el ex CEO de CITGO, expresidente de Petróleos de Venezuela y ex Ministro de Petróleos del régimen de Nicolás Maduro, Nelson Martínez (fallecido en custodia del SEBIN) para crear el fondo de fideicomiso que interpuso una demanda civil contra  varias compañías de trading conocido como PDVSA US Litigation Trust. Boies Schiller Flexner LLP pretendía quedarse con el 66% del monto de dinero recuperado por la demanda que— inicialmente— eran unos 10 mil millones de dólares. 

  La demanda civil de PDVSA US Litigation Trust describe un intrincado esquema presuntamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA. La acción fue contra dos gestores de petróleo venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para— irregularmente— obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana. Entre las empresas demandas están: Glencore, Trafigura, Lukoil, Vitol Energy,Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial  Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC. 

  En este caso, salió a relucir el nombre del procurador designado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, José Ignacio Hernández por haber participado —en calidad de experto— para favorecer a la defensa de los cuestionados gestores de petróleo. Un documento del expediente señala que el testimonio de Hernández explicó —basado en la Ley venezolana y la Ley de Doctrina del Estado— que el Acuerdo de Fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, que fue el ente creado para llevar a cabo la demanda, era nulo bajo la ley venezolana porque era una "obligación de orden público" que no podía transferirse a terceros.

   En los documentos federales se establece Hernández actúo como experto legal a favor de los acusados, cuando trabajaba como abogado al servicio del sector privado. Esta demanda fue desestimada por un juez del primer circuito del  estado de la Florida. Actualmente, el caso se encuentra en apelación y con muy pocas posibilidades de prosperar.

    Michael Gottlieb sirvió en el escritorio jurídico que llevó una demanda civil de PDVSA USA litigación Trust. De acuerdo a su hoja de vida, Gottlieb trabajó hasta enero 2019 con Boies Schiller Flexner LLC para luego formar parte del equipo de Willkie Farr & Gallagher. "Tras su cambio de bufete se llevó a CITGO como su cliente", sostiene una fuente.

     En el curriculo del mencionado jurista se destaca —además— que durante la administración del presidente demócrata, Barack Obama, Gottlieb prestó sus servicios como asesor jurídico de la Casa Blanca.

Su papel dentro de CITGO

   Actualmente, Michael Gottlieb ejerce como asesor legal regular de CITGO para atender el tema de las sanciones que impuso la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al régimen venezolano y a PDVSA. Igualmente, trabaja y colabora directamente con varios altos ejecutivos, entre quienes destacan el Vicepresidente Ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation, Rick Esser; el actual asesor y ex-vicepresidente de Servicios Compartidos en CITGO, (jubilado y contratado nuevamente como consultor por la actual junta directiva), Glenn Hilman y Judith Colbert, Asesora General de la corporación. Estos tres directores han sido señalados en varias denuncias vinculadas a conducta no ética y presuntas transacciones irregulares durante las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez.  Los documentos de la denuncia —que reposa en la corte del Condado de Harris en Houston, Texas— señalan que Esser, Hilman, Colbert y otros ejecutivos, no habrían reforzado las normas corporativas antifraude y habrían aprobado y pagado facturas mensuales para el pago de servicios legales, entre otros aspectos. Ver detalles aquí y en este otro link.

Fuentes internas informan  cacería de brujas

   La presidente de la junta Directiva de CITGO, Luisa Palacios ordenó al abogado Gottlieb realizar investigaciones internas —en la sede de la filial de PDVSA en Houston— para identificar por dónde se filtra la información a este blog Venezuela Política, tras lo cual se ha amenazando al personal, creando temor en la gente de la posibilidad de perder sus trabajos. "Este procedimiento crea un ambiente de trabajo hostil que va en contra de mantener una cultura abierta donde el empleado se sienta tranquilo al reportar las prácticas corruptas a la corporación", sostiene una fuente consultada. 

   Luisa Palacios quiere evitar a toda costa que las denuncias de corrupción salgan a la luz pública, porque su objetivo es hacer que la corporación crezca e incremente sus dividendos. 

 Para silenciar los escándalos, muchas de las demandas legales de empleados y directores —que han denunciado hechos de corrupción y que han sufrido retaliaciones— "las han arreglado con acuerdos de dinero (hush money), evitando así que las querellas lleguen a corte y que se expongan los detalles de los casos denunciados. y que revelan hechos de empleados y directores envueltos en la aprobación de transacciones fraudulentas que desangraron a CITGO y a PDVSA".

  Dos de las fuentes consultadas para esta nota —que declararon en condición de anonimato debido a las amenazas que sufren en CITGO— coincidieron en señalar que las denuncias relacionadas por presuntos actos de corrupción vinculados al Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano, entre otros, y soportados por Rick Esser, Glenn Hilman, Judith Colbert y otros gerentes de compra y abogados internos de la corporación "deben ser indagadas de manera objetiva, transparente e independiente para poder establecer las responsabilidades a las que haya lugar".

  Ambas fuentes criticaron la investigación interna —que conduce Michael Gottlieb— porque de acuerdo a su criterio no cumple con los requerimientos porque "existe un conflicto de intereses que va a afectar y comprometer los resultados de dicha investigación, ya que  la misma es influenciada o manipulada por los directores actuales de CITGO y por los abogados que defienden sus intereses y honorarios y los intereses de éstos directores, todos pagados por el dinero de CITGO, es decir, del Estado venezolano".

  Al consultar a varias fuentes cercanas a la corporación por qué la directiva designada por Juan Guaidó habría seleccionado trabajar con el jurista me aseguraron que la razón es "porque el abogado conoce bien a CITGO".

Citas

1) https://www.trade.gov/goodgovernance/adobe/Bus_Ethics_sp/apendices/apendices_f_informacion.pdf
2) https://www.bsfllp.com/
3) https://www.spokesman.com/stories/2017/may/25/venezuelas-secret-plot-to-sell-banned-syrian-oil-i/
4)https://www.wsj.com/articles/venezuelan-tycoon-funds-presidents-nephews-drug-defense-1475192218
5) https://www.justice.gov/usao-sdny/file/792936/download
6) https://www.maibortpetit.info/2018/09/nelson-martinez-reconoce-que-creo-pdvsa.html
7) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/
8) https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?slreturn=20200009132023
9)  https://www.law.com/americanlawyer/2019/01/22/white-house-alum-leaves-boies-to-launch-willkie-crisis-response-group/?printer-friendly&slreturn=20190312161046

10) http://hernandezstrategy.com/ignacio-hernandez/
11)https://www.maibortpetit.info/search?q=CITGO&updated-max=2019-10-21T08:30:00-04:00&max-results=20&start=4&by-date=false
12)http://eltiempolatino.com/photos/2019/oct/29/402388/

Defensa de los narcosobrinos apela sentencia dictada por el juez Paul Crotty

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores, acudió este lunes 18 de diciembre a la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones para someter a consideración de un panel de jueces una serie de argumentos con los que pretenden que la decisión del juez de distrito, Paul Crotty sea revisada.

El abogado de Campo Flores firmó la petición que entregó a la corte, luego de pagar los montos exigidos por el tribunal del segundo circuito que equivalen a $505.00. El defensor de Franqui Francisco Flores de Freitas no había introducido el recurso de apelación hasta el cierre de esta nota.

Desde el 18 de noviembre de 2016, cuando un jurado halló culpables a Campo Flores y Flores de Freitas de conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína, los equipos de la defensa de los acusados habían anunciado que apelarían la decisión del juez. Hasta último momento, la defensa no había aceptado la culpabilidad de los acusados por el delito por el cual fueron juzgados, sólo en el documento de resumen antes de la sentencia, se pudo leer que la falta cometida por sus clientes era grave, pero que  los demandados merecían la condena que estaba pidiendo la fiscalía que era no menor a los 30 años de prisión.

La defensa de Campo Flores y Flores de Freitas considera que la  condena decidida por el juez Crotty no es razonable, ni se ajusta a la naturaleza del delito por el cual fueron juzgados. 

Los casos criminales que van a la corte de apelaciones deben ser revisados por un panel de jueces y si dichos son aceptados, los abogados defensores tienen que exponer argumentos muy específicos en materia de violación en la aplicación de la ley, de la violación del derecho procesal.

En los próximos días se espera que el equipo de defensa de Flores de Freitas acuda al tribunal para apelar la sentencia.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron sentenciados el 14 de diciembre de 2017 a permanecer 18 años en una prisión de los Estados Unidos y a pagar una multa de 50 mil dólares. Hasta la fecha, los sobrinos del presidente Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores han estado encarcelados por 25 meses, con lo cual deberán pagar 15 años y 11 meses más de reclusión.

Los primos Flores pagarán su condena en el Centro Correccional Coleman ubicado en las cercanías de Orlando, en el estado de la Florida y ambos compartirán la celda por decisión del juez Crotty.

Seguiremos informando.. 

Todo listo en el tribunal de Nueva York para la condena de los narcosobrinos

La condena de Campo Flores y Flores de Freitas marca un antes y después en la historia de Venezuela: Es la primera vez que familiares de la pareja presidencial son sentenciados en un tribunal internacional por delitos de narcotráfico.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Luego de haber pasado 13 meses desde que un jurado los halló de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a los EEUU, los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas serán sentenciados este jueves 14 de diciembre en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los acusados enfrentan una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 30 años de prisión.

Los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron arrestados el 10 de noviembre de 2015 cuando asistieron a una reunión en Puerto Príncipe con informantes encubiertos de la DEA que participaron en la operación que se inició a mediados de ese mismo año y que conllevó a su detención y posterior traslado a Nueva York para su enjuiciamiento.

De acuerdo a los documentos oficiales Campo Flores y Flores de Freitas fueron líderes de una conspiración en la que participaron 5 o más personas, que tenía como objetivo transportar hacia territorio norteamericano droga provenientes del grupo terrorista Farc. 

El gobierno de los EEUU acusó a Campo Flores y Flores de Freitas de Conspirar para (i) importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y (ii) distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos.

Desde que se inició el caso Flores se conocieron varios equipos de defensa, figurando entre ellos abogados de oficio adjudicados por el tribunal hasta costosos despachos jurídicos que levantaron grandes controversias al sospecharse que los honorarios de los mismos pudieran provenir de las arcas del tesoro nacional venezolano. 

La defensa de los sobrinos fue finalmente asumida por Randall Jackson, John T. Zack de la prestigiosa firma  Boies, Schiller & Flexner LLP; y de  Michael D. Mann y David M. Rody, del bufete Sidley Austin LLP, cuyas facturas fueron pagadas por el empresario de filiación chavista, Wilmer Ruperti, quien, casualmente, obtuvo un jugoso contrato petrolero para la fecha en que estos hechos ocurrieron.

Quien para ese entonces ocupaba la fiscalía de la Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, se encargó de blindar el caso con pruebas contundentes con base a la investigación que durante meses llevaron a cabo agentes de la DEA, quienes se valieron de testigos e informantes secretos que suministraron evidencias en contra de Campo Flores y Flores de Freitas.

Los juristas diseñaron una estrategia consistente en desprestigiar, tanto la investigación de la agencia antinarcóticos, el procedimiento de arresto —denunciado como secuestro por la defensa—, como a los testigos e informantes y las pruebas recabadas por estos. Sostuvieron durante todo el juicio que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron objeto de una trampa esgrimida por los agentes del gobierno y sus cooperantes.

Durante el juicio, que tuvo lugar del 7 al 18 de noviembre de 2016, un jurado integrado por doce personas, declaró culpables a Efraín Antonio  Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas de los cargos que se les imputaban.

Tras 3 prórrogas solicitadas por la defensa y una audiencia de argumentos, finalmente el juez de la causa leerá la sentencia de los dos sobrinos presidenciales.

Es muy probable que este caso no concluya con la lectura de la sentencia, pues se estima que los abogados defensores de los Flores acudan a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el lapso de los 15 días luego de que se conozca la condena. Allí un panel de tres jueces estudiará si hubo o no fallas en la aplicación de la norma en el proceso judicial de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.

Extraoficialmente se conoció que Campo Flores y Flores de Freitas podrían pagar su condena en una cárcel federal de máxima seguridad en el sur de la Florida. 

Venezolanos piden al juez del caso de los narcosobrinos aplicar todo el peso de la ley en la sentencia

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Más de 9 mil venezolanos residenciados en Venezuela y en diversos países, solicitaron formalmente al magistrado  de los Estados Unidos Paul Crotty que aplique todo el peso de la ley en la sentencia de los sobrinos de la pareja presidencial, convictos por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína provenientes del grupo terrorista Farc.

La misiva pide que el juez Crotty considere todos los agravantes, a la vez que se informa que en Venezuela no hay un sistema de justicia transparente ni confiable.  

Efraín Antonio Campo Flores, de  y Francisco Flores de Freitas serán sentenciados el jueves 14 de diciembre, luego de un proceso judicial que duró más de 24 meses, debido a las múltiples prórrogas solicitadas por los diferentes abogados que asumieron la defensa de los dos acusados.

La carta estaba acompañada por firmas recolectadas a lo largo de una semana a través de la página web Change.org. Entre los comentarios dejados por los firmantes destacan la poca credibilidad que tiene las instituciones venezolanas, y el creciente número de casos que vinculan a funcionarios del régimen con el narcotráfico.

La misiva destaca el excelente funcionamiento del sistema judicial norteamericano y piden se imponga la condena con “toda la fuerza de la ley”, tal como pasó con el hijo del expresidente hondureño, Fabio Porfirio Lobo, sentenciado a 24 años de prisión por conspirar para importar y distribuir cocaína a los Estados Unidos.

Los firmantes expresan su preocupación por el caso Flores, y destacan que son muchos los ciudadanos que residen en Venezuela que son víctimas de la proliferación generalizada de grupos delictivos dirigidos por el más alto nivel del Estado.

Sostiene que esperan que el juez emita una sentencia firme que sirva para disuadir a otros, especialmente en posiciones de poder, de futuros delitos relacionados con drogas que perjudican a pueblos de América Latina.

Narcosobrinos: Defensa de Flores de Freitas pide sentencia de 10 años de prisión

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas sometió a consideración del Juez Paul Crotty un memorando donde solicita que el convicto por narcotráfico se le imponga una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, motivado a que la naturaleza del crimen y la historia personal del acusado no lo hacen merecedor de una condena superior a una década en prisión.

La solicitud de los abogados de Flores de Freitas difiere de la presentada por los defensores de Efraín Antonio Campo Flores, la cual no establece pena mínima sino que solicita que el acusado no merece cadena perpetua ni una larga condena, tal cual lo ha solicitado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es la parte acusadora en este caso.

El memorando de los abogados está acompañado por varias cartas de familiares y amigos pidiendo indulgencia al juez Crotty, entre las que se destacan las enviadas por: Jessika Contreras (ex-novia), su hijo de 9 años, Yaxelli Tahina Flores de Freitas (hermana), Amelia Flores y Hermes Flores (tías), Numidia Rocío Flores y Arturo Nusbel Madera Flores(primos), Laura Betancourt, Gladys M. López, Gilberto R. López, Gary L. Solórzano L., Henri Sandoval (amigos) y Taina M. Carranza Carrillo. Como en el caso de Efraín Antonio Campo Flores no hay cartas solicitud de benevolencia de la primera dama Cilia Flores ni de su esposo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La defensa de Flores de Freitas condensó en 14 páginas el historial del acusado, donde sostiene que en su caso individual obliga al Tribunal a imponer una sentencia no mayor al término mínimo obligatorio de diez años requerido bajo  el título 21 del Código de los Estados Unidos. 

Dice la defensa que cualquier cantidad adicional de encarcelamiento sería "mayor de lo necesario" para cumplir los propósitos de la sentencia en este caso.

Su participación en la conspiración

Flores de Freitas fue  hallado culpable por un jurado de conspirar para importar, fabricar y distribuir cinco o más kilos de cocaína que tenían como destino final a los Estados Unidos.

La defensa señala que la naturaleza y las circunstancias del crimen en cuestión deben ser tomadas por el juez, ya que la operación del caso fue "seca", es decir, "donde el Gobierno no recuperó drogas; donde no hay alegación de que los demandados participaron en ningún acto violento relacionado con la ofensa; y donde el Gobierno no tiene pruebas de que hayan distribuido con éxito  a entregar ni un solo gramo de drogas a nadie en ningún lugar, mucho menos a los Estados Unidos, lo cual justifica una condena mucho más baja que la  solicitada por el Gobierno de "no menos de 30 años".

El historial personal del acusado

La defensa también describió en el memorando la historia personal y las características de Flores de Freitas que -según los abogados-  justifican una condena mucho más corta, no mayor que el mínimo obligatorio. 

En los detalles aportados por la defensa destaca que Flores de Freitas  vivió trágicas circunstancias durante su infancia, y a pesar de ellas se convirtió en un padre dedicado, responsable y afectuoso para su hijo de nueve años. 

Asimismo destaca que Flores de Freitas ha hecho muchas contribuciones positivas a su comunidad, para lo cual la defensa entregó a la corte una serie de cartas de familiares y amigos del acusado donde se destaca su buena conducta y sus logros. Los defensores dicen además que Flores ha sido un recluso modelo en el Centro de Correcciones Metropolitano, y que en su tiempo de reclusión no ha incurrido en infracciones disciplinarias y que por el contrario se ha ganado el reconocimiento de sus guardias de la prisión.

__A pesar de las circunstancias desalentadoras que ha enfrentado y sigue enfrentando, Flores de Freitas ha perseverado, ha aprendido de sus acciones anteriores y está decidido a sacar lo mejor de una situación difícil. En consecuencia, la historia personal y las características del demandado también dejan en claro que el plazo mínimo obligatorio de diez años sería suficiente, y no mayor de lo necesario, para lograr los objetivos de la sentencia, acota la defensa.

No a la cadena perpetua

Los abogados de Flores de Freitas se oponen rotundamente a la posibilidad que a su cliente se le sentencie a cadena perpetua, tal como lo pidió la fiscalía. Dicen en el memorando que una sentencia severa, incluyendo inclusive la sentencia mínima pedida por el gobierno de 30 años o más, "sería extremadamente desproporcionada al crimen y manifiestamente injusta a la luz de las circunstancias personales de Flores de Freitas".

Se rechaza el hecho que en la audiencia del 3 de octubre de 2017, el Tribunal haya determinado el predominio de la evidencia de la ofensa que involucraba más de 450 kilogramos de cocaína, tras lo cual se aplicó un nivel de delito base de 38. 

Igualmente, critican que se haya aplicado una mejora de dos niveles para la posesión de un arma en relación con la conspiración y dos niveles para el uso de una aeronave en relación con la conspiración, y una mejora de dos niveles para el papel  de Flores de Freitas como líder, organizador, gerente o supervisor de la conspiración. Todos estos elementos actúan como agravantes y suben los años de la condena que quedó determinada por el juez en un nivel de ofensa de 44, que conlleva una sentencia condenatoria de cadena perpetua.

Los abogados sostienen que el gobierno busca explícitamente una "condena sustancial de no menos de 30 años", lo cual es inapropiada en estas circunstancias, y equivaldría a casi vida para Flores de Freitas, o al menos gran parte de su vida adulta, dado que ahora tiene 32 años. 

Esto empeora -argumenta la defensa-  en la medida en que Flores de Freitas cumplirá su sentencia probablemente a miles de kilómetros de distancia de su familia y su hijo de nueve años, por lo que cualquier cosa que se acerque a las visitas familiares regulares es imposible.

El carácter excesivamente severo y punitivo de la sentencia solicitada por el Gobierno es aún más evidente a la luz de los siguientes hechos particulares establecidos por las pruebas presentadas en este caso, cada una de las cuales, a nuestro juicio, es indiscutible por el Gobierno. 

1) El gobierno no recuperó drogas en este caso; de hecho, no hay pruebas de que los Demandados realmente poseyeran los 800 kilogramos de cocaína que supuestamente iban a transportar a Honduras.

2) Los demandados no participaron en actos de violencia en relación con el delito imputado. 

3) El Gobierno no tiene pruebas de que los acusados alguna vez hayan distribuido un solo gramo de cocaína a cualquier persona, en cualquier lugar, y mucho menos en los Estados Unidos.

Seguidamente sostienen que los hechos de este caso son atípicos a los procesados en la Corte del Distrito sur de Nueva York, ya que en la mayoría de los casos de droga hay evidencia, en forma de testimonios de cooperadores, confiscaciones, grabaciones, admisiones, etc., que establece que los acusados ​​distribuyeron drogas en el pasado. 

__De hecho, en la mayoría de los casos de conspiración de drogas hay pruebas de un curso continuo de conducta, es decir, de tráfico de narcóticos real repetido durante un período de tiempo que a menudo se extiende durante muchos meses o años. Incluso en otros casos de "picadura", generalmente hay pruebas de que los objetivos se habían involucrado previamente en el tráfico de drogas. Sin embargo, aquí, no hay tal prueba, acotan los abogados.

La defensa dice que el gobierno demostró que Campo Flores y Flores de Freitas intentaron hacer un trato previo con algunos mexicanos en agosto o septiembre de 2015; pero de acuerdo con la propia evidencia, el supuesto trato nunca se concretó. "Este solo hecho hace que el caso presente sea un caso atípico extremo". 

Los defensores piden a la corte que tome en cuenta a la hora de decidir la sentencia apropiada para los acusados que el hecho fue una operación encubierta orquestada por DEA.

Los abogados advierten al juez las implicaciones de varios tribunales estadounidenses que han señalado que en la imposición de sentencias relacionadas con operaciones ilegales, por su propia naturaleza, pueden constituir violaciones del Debido Proceso de los acusados.

Más adelante aclaran que más allá de las posibles violaciones constitucionales, la corte debe considerar que los informantes de la DEA -en este caso- orquestaron un acuerdo de falsificación de drogas por 800 kilogramos de cocaína, y ahora el gobierno busca imponer una sentencia extremadamente alta contra los acusados que es impulsado abrumadoramente por la cantidad establecida para ese trato falso de drogas. 

Dice que Campo Flores y Flores de Freitas impugnan enérgicamente que hayan llegado a un acuerdo para transportar 800 kilos de cocaína, lo cual no fue registrado por los informantes (ni recogieron ninguna otra evidencia excepto una sola fotografía fija de la reunión inicial de los acusados con El Sentado, donde el trato se discutió por primera vez). 

__No duda de que la evidencia no logra establecer siquiera por preponderancia que fueron los Demandados, y no los informantes, quienes fijaron el monto del supuesto trato de drogas.

La defensa alega que la injusticia de estas circunstancias se magnifica por el hecho de que los informantes que hicieron la orquestación en este caso fueron dos de las personas más corruptas imaginables, lo cual debe ser tomado en cuenta por el tribunal.

La defensa argumenta que los informantes que participaron en la operación mintieron por años a la DEA y a la Oficina del Fiscal de los EE. UU. y durante mucho tiempo estuvieron involucrados en tratos reales de drogas, mientras recibían pagos generosos por  suministrar información al gobierno norteamericano.

__ La conducta de los informantes del Gobierno fue tan escandalosa e impropia en este caso que el Gobierno se vio obligado a llamar incluso a uno de los informantes ("CS-2") como testigo durante el juicio, y a su vez se sintió obligado a notificar al otro informante ("CS-1"), su testigo estrella ante el jurado, que su contrato de cooperación estaba siendo destruido y que no recibiría ninguna carta de 5K1.1. 

Rechaza la multa monetaria

Flores de Freitas sostiene en el memorando que no debe recibir ninguna multa monetaria o aumento de la sentencia por haber ejercido su derecho a ir juicio, tal como se establece en la Sexta Enmienda.

Una negociación de culpabilidad que no funcionó

La defensa de Flores de Freitas dijo que su cliente no tuvo otra opción que ir a juicio porque cuando los demandados solicitaron al Gobierno su mejor declaración de culpabilidad, los fiscales respondieron con una carta que calculó el nivel de infracción de las Pautas de los acusados en un nivel 54, once niveles por encima de la cadena perpetua obligatoria en la cuadrícula de sentencias de las Pautas.

__ Enfrentado con un cálculo tan escandaloso de las Directrices por parte del Gobierno, Campo Flores y Flores de Freitas no tenían otra opción realista que ir a juicio. En consecuencia, en la determinación de la sentencia de la Corte, Flores no debería sufrir ninguna sanción por no aceptar la responsabilidad al declararse culpable, de conformidad con los EE.UU. U.S.G. § 3E1.1.

Historia personal del acusado: Pobreza y traumas

En el documento se expresa al juez Crotty una historia personal del acusado, caracterizada por una infancia traumática y otras experiencias de vida difíciles. 

_ La madre de Flores de Freitas murió cuando él tenía ocho años y luego sufrió duros abusos físicos y emocionales por parte de su padre alcohólico, quien a menudo arrojó a Flores y a su hermana fuera de su casa. A pesar de estos desafíos, Flores perseveró y trabajó para superar este trauma infantil. Obtuvo un empleo a una edad muy temprana para ayudar a mantener a su familia, se mantuvo alejado de problemas con la excepción de los últimos meses antes de su arresto en este caso, y se convirtió en el padre que su progenitor nunca fue. Incluso durante su encarcelamiento en Nueva York ha trabajado para aprender y mejorarse, y ha sido un recluso modelo. Él no ha renunciado a llevar una vida productiva, y todavía está mirando hacia el futuro.

Más adelante señala que la pérdida de su madre afectó profundamente a Flores de Freitas durante su juventud y lo largo de su vida.

Después de la muerte de su madre, Flores y su hermana carecían de un hogar estable y amoroso. Vivían intermitentemente con su padre, su abuela materna y su tío. El bienestar mental, físico y económico de los hermanos dependía de los caprichos de su padre, quien sometió a Flores y a su hermana a abusos graves. 

__ Su padre -dice el memorando- tenía un temperamento violento que hacía que castigara a Flores echándolo a patadas de la casa junto a su hermana, dejándolos a merced y amabilidad de sus parientes, hasta que decidió llevarlos a casa de nuevo. Como resultado, Flores y su hermana tuvieron una infancia muy inestable y carecían de un hogar seguro y confiable, y debido al alcoholismo de su padre lo llevó a golpear y abusar verbalmente de ambos. 

Dice que los niños generalmente recurrían a su abuela materna cuando su padre los echaba. No fue hasta los 12 años, cuando Flores vivió temporalmente con su tío durante tres meses, y fue la primera vez que vio lo que era ser parte de una familia nuclear amorosa. 

El memorando dice que Flores enfrentó dificultades financieras significativas, ya que la abuela materna de  Flores era pobre y tuvo problemas para comprar comida razón por la cual Flores y su hermana, y pasaban hambre. 

Las difíciles condiciones de su infancia y juventud hicieron que a Flores de Freitas le resultara difícil continuar su educación, por lo que abandonó la escuela antes de terminar la escuela secundaria. 

Los abogados señalan que cuando Flores tenía 18 años, su padre lo golpeó y lo echó de la casa por última vez después de comprar un auto nuevo. Sin otro lugar a donde ir, el acusado durmió en el automóvil hasta que un amigo le dio un lugar temporal para vivir., y luego un amigo de la familia se enteró de lo sucedido, ofreció venderle una casa a Flores, la cual compró y a donde se mudó con su novia de entonces.

El abogado asegura que a pesar de su infancia dolorosa e inestable, la naturaleza gentil y responsable de Flores de Freitas brilló a lo largo de su vida, trabajó, dio parte de sus ganancias a su abuela para ayudar a mantener a la familia. 

Cartas de la familia

En su carta a la corte para pedir indulgencia, la hermana de Flores de Freitas,  Yaxelli Tahina Flores de Freitas, explica que el acusado comenzó a trabajar a los 12 años, sirviendo como asistente en un camión, para ayudar a su padre a cubrir sus gastos de manutención. 

A los 17 años, comenzó a trabajar como mensajero de una tienda de teléfonos celulares en Caracas. Ocupó muchos otros trabajos en el camino y luego Flores estableció un taller de reparación de equipos celulares, que trabaja siete días a la semana.

En la tienda de teléfonos celulares, tenía a tres trabajadores bajo su supervisión y pagaba el alquiler de la tienda y mantenía "satisfechos a los clientes con un servicio rápido y confiable". 

Desde 2012 hasta el momento de su arresto, Flores de Freitas trabajó como vendedor de autos y era dueño de un compañía de distribución de alimentos con su amigo y compañero de cuarto. El trabajo duro y persistente de Flores muestra su determinación de mantener a su familia.

Flores de Freitas no era cercano a Cilia Flores

El abogado de Flores de Freitas asegura que aunque la

la tía del acusado Cilia Flores, la hermana de su padre, era abogada de derechos civiles y una figura política prominente en Venezuela, ni Flores ni su hermana eran cercanos a Cilia Flores y nunca recibieron asistencia financiera o beneficios de ella. 

La ex novia de Flores es su amiga

La exnovia de Flores, Jessika M. Contreras vivió con él desde 2003 hasta que su relación terminó, de manera amistosa, en 2010.  Ambos tienen un hijo de 9 años. En su carta a la Corte, la mujer afirma que Flores fue una pareja amorosa y solidaria, que la ayudó a pagar su educación superior. 

En la carta la mujer dice que Flores ha exhibido el tipo de comportamiento parental ideal del que carecía su padre. El "objetivo principal de su vida es formar una gran familia, casarse y envejecer rodeado de las personas que más ama".

En agosto de 2015, por ejemplo, Flores y su hijo viajaron a los Estados Unidos con una visa de turista y visitaron los Estudios Universal en Orlando. Como explica la madre de su hijo. El nunca se ha separado de su hijo, a pesar de que él y yo nos separamos como pareja. Él siempre ha estado allí para nuestro hijo, brindándole todo el apoyo, amor, afecto, valores y educación que pudo ".

Según todas las cartas de los familiares y amigos que piden indulgencia a la corte, Flores ha sido un padre ejemplar para su hijo. Antes del arresto fue responsable financieramente y era un padre cálido y amoroso. 

El hijo de Flores de Freitas expresa que su padre le ha enseñado los valores del respeto, la paciencia y la responsabilidad.  Siempre compartió con él los fines de semana, lo recogía en la escuela todas las tardes, alentó a su hijo a enfrentar situaciones difíciles y brindó a su hijo la atención y el amor que cada niño debería recibir de su padre. 

Entre otras cartas, están la de la abuela de Flores que asegura que el acusado la ayudó a pagar el costo de las medicinas de su madre para controlar la artritis, y las de su hermano que sufre de epilepsia. Asimismo, dice que Flores solía llevar regalos de navidad a los niños pobres de Caracas.

La defensa resalta que Flores no tiene una conducta violenta ni récords criminales en su país ni a nivel internacional, por lo cual sería injusto que el acusado reciba una condena severa ya que es un hombre cariñoso, respetuoso que le gusta ayudar a sus semejantes.

Asegura el abogado que una sentencia larga va a fracturar la relación de Flores de Freitas con su hijo, y particularmente por el hecho que será difícil que el convicto pueda ver a su hijo y su familia durante los años de prisión porque ellos viven en Venezuela, con muchas limitaciones económicas para viajar a los Estados Unidos.

La defensa asegura que Flores de Freitas se ha comprometido a rehabilitarse y convertirse en un miembro productivo de la sociedad y continuar siendo un padre responsable, amoroso que es actualmente. 

Afirman que Flores de Freitas se mantiene en contacto con su hijo tanto como puede. "A menudo dibuja elaborados (y bastante buenos) dibujos a lápiz y tinta para su hijo como una medida de cuánto lo ama y lo extraña". 

Igualmente señalan que Flores asiste muy a menudo a la iglesia y actualmente está estudiando inglés. 

Reiteran que Flores de Freitas ha sido un preso modelo, y su servicio ejemplar es aún más impresionante dados a los varios desafíos que ha enfrentado durante su tiempo en detención preventiva, que incluyen: 

1) Su confinamiento -sin justificación- en la Unidad de Vivienda Especial ("SHU") varias semanas antes del juicio, durante el cual se le negó el acceso a las necesidades básicas higiénicas como jabón y pasta de dientes; y 

2) El hecho de que se denegó el acceso al cuidado dental, lo que causó que se desprendiera un molar en el lado derecho de la mandíbula. 

En el memorando los abogados destacan que "La historia de bondad y compasión de Flores de Freitas deja en claro quién será en el futuro, y que esta experiencia lo ha convertido en un mejor tomador de decisiones, capaz de ejercer su buen juicio en tiempos de necesidad. Hay un futuro positivo por delante para Flores de Freitas".

Concluyen señalando que esta es la primera ofensa del demandado y que no involucró violencia y que él ha entendido la seriedad de su delito, y que Flores de Freitas ha manifestado que es capaz de rehabilitarse. 

Dos cadáveres desmembrados pueden llevar a los narcosobrinos a cadena perpetua

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La introducción de evidencias de dos cuerpos desmembrados cuya muerte supuestamente habría sido responsabilidad de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana se convierte en un elemento clave con el cual la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, busca una sentencia de cadena perpetua para Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos.

En el documento que esquematiza las directrices para la sentencia, la fiscalía neoyorquina presentó unas conversaciones (chats) sostenidas entre los dos acusados donde aparecen fotografías de los cuerpos, y hasta una imagen de la modelo y actriz venezolana, Jimena Araya, mejor conocida como Rosita. Asimismo presentan fotos del exnovio de la actriz, Carlos Rafael Galindez, conocido como "Carlos Breaker” quien fue asesinado en junio de 2015 en Caracas.

Según el documento, Campo Flores y Flores de Freitas se comunicaron a través de un chat el  20 de junio de 2015. En el chat aparece una  imagen de un cadáver desmembrado (cabeza y dorso). Flores envía a Campo una foto de una pareja abrazada, que eran justamente la actriz Rosita y su pareja para esa época Carlos Galíndez.

En los anexos del documento se colocan las fotos. Flores de Freitas le envió a  Campo Flores una imagen de captura de pantalla de una conversación con otro sujeto no identificado donde Flores le dice Campo  que quiere interceder para que no maten a la mujer.

— Marico, Efra quiere hablar para que no se metan con la chama, dice Flores.

—Plomo, más tarde nos vemos y yo llamo a los panas de nio a ver qué es lo que dicen. Pero que no le de la cara a ella nadie porque la están nombrando que ella lo pichó. Junto a otro chamo (muchacho) que no se quién es, responde. 

En un documento se menciona a un sujeto de nombre Javier que no aparece identificado.

En el chat aparece además la respuesta de un sujeto no identificado donde le dice a Flores: "Bueno si estamos hablando de la misma chama que culpen es una que era novia de un Dj. 

La misma persona luego escribe: "No se si será la misma", a lo que Flores responde: "Esa misma".

Las evidencias de la fiscalía dicen además que Campo Flores le dice a su primo que le informe a la persona con quien hablaba Flores que sí podían hablar personalmente y que si no puede entonces que buscaría la ayuda por otra persona por otro lado  y asegura que “no la voy a dejar morir así de gratis”.

En el mismo chat, Campo informa a Flores que iba atender a ( Jessair) y que no podía tocar ese aspecto frente su esposa.

Seguidamente, Flores envía una imagen de captura de pantalla que muestra una conversación con la persona anónima  y asegura que “Ya mataron a un chamo que sospechaban que también lo había pichado. Lo picaron también. Mañana seguro sale en las noticias”.

Tal como lo publicamos en una nota de este blog el 29 de agosto de 2017, los dos cuerpos que aparecían en los chats de los sobrinos de la pareja presidencial era los  ver aquí la nota  correspondían al de Carlos Rafael Galindez Graterol y el  de Jesús Eduardo Resplandor Burgos, de 26 años.

El supuesto asesinato de los dos hombres por razones de deudas podría incrementar la pena a los sobrinos de la pareja presidencial, cuyas condenas serán leídas el 12 y 13 septiembre de 2017.

Defensa de sobrinos de Nicolás Maduro dan un "ultimátum" a la fiscalía para que entreguen todas las evidencias contra sus clientes

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los defensores de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas dieron un "ultimátum" a la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para que entreguen todas las evidencias que poseen en contra de sus clientes, derivadas de los testimonios de CS1, no solo en el juicio de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro sino en otros casos que fueron referidos en el caso.

En una carta firmada por los abogados de Campo Flores: Randall W. Jackson, John T. Zach y Joanna Wright del escritorio Boies, Schiller & Flexner LLP, conjuntamente con los consejeros de Flores de Freitas: David M. Rody, Michael D. Mann y Elizabeth Espinosa del bufete Sidley Austin LLP, piden a los fiscales del caso que entreguen de inmediato todos las evidencias relacionadas con los testimonios del agente confidencial de la DEA, José Santos Peña (CS-1) que incluyen notas, materiales, documentos y comunicaciones.

Los acusados de conspirar para traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos solicitaron al Gobierno entregar "de inmediato todos los materiales  que contengan declaraciones o omisiones -materialmente falsas- en otras investigaciones y enjuiciamientos, incluidos mensajes de texto, correos electrónicos, memorandos o informes DEA-6 que contengan información relacionada con las declaraciones de CS-1".

La defensa también pidió al gobierno los materiales generados a raíz del testimonio del agente especial Daniel Ogden, quien estableció en el juicio una relación de las búsquedas en Google y el historial de búsquedas de Internet -reportados y capturados- en los teléfonos de los acusados. Dicen que la documentación entregada por el gobierno -hasta ahora- no contienen los informes completos de la información extraídas de los teléfonos de los Demandados. 

Defensa de sobrinos de Nicolás Maduro niega que sus clientes hayan querido liberar al capo Hermágoras González Polanco

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En un documento entregado este lunes 6 de marzo a la corte, los abogados de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas pidieron al juez desestimar los nuevos argumentos presentado por la fiscalía en contra de sus clientes y aprobar un nuevo juicio para los sobrinos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En las respuestas a las mociones In limine de la Fiscalía, la defensa advierte que "en un intento aparente de salvar una investigación y un enjuiciamiento extraordinariamente defectuosos en este caso, en el que su propio testigo principal mintió en el estrado, el Gobierno descarta ahora el registro y aplica incorrectamente la jurisprudencia pertinente". 

Los abogados responde con estos argumentos a las mociones después del juicio presentadas en febrero 2017 por el gobierno, donde se entregaron una serie de nuevas evidencias provenientes de la data extraída de los teléfonos celulares de los dos convictos por conspirar para traficar, distribuir y manufacturar 800 kilos de cocaína desde Caracas a los EEUU, vía Honduras.

Argumentos inútiles del gobierno 

La defensa califica de "inútiles" los intentos del gobierno de oponerse a la petición de un nuevo juicio, a la vez que critican el escrito presentado por el equipo del fiscal Preet Bharara donde según los abogados "No refutan los argumentos expuestos en las mociones de los demandados después del juicio". 

Los defensores argumentan que "basado en las Reglas 29 y 33 las mociones de Campo Flores y Flores de Freitas deben ser otorgadas". 

- Esta Corte debe, como mínimo, ejercer su considerable facultad discrecional para conceder un nuevo juicio, para que los Demandados puedan recibir un juicio justo y libre de la mancha del perjurio extraordinario cometido por el principal testigo del Gobierno, afirman la defensa.

Señalan que "las pruebas presentadas por el gobierno en el juicio están plagada de argumentos basadas en las nociones especulativas y no apoyadas jurídicamente. La fiscalía ha intentado enmarcar como "inferencias" elementos que podrían haber sido elaboradas por el jurado.

Más adelante sostienen que "el Gobierno estableció que la conspiración involucraba a un núcleo de conspiradores, entre ellos Campo, Flores y un hombre al que en varias ocasiones se refería como Pepero".

La defensa asegura que no hubo absolutamente ninguna evidencia presentada en el juicio que apoyara la idea de que "Pepero" era un miembro de la conspiración por la cual fueron procesados Campo y Flores.

Señalan que la conspiración consistía en importar drogas a los Estados Unidos y distribuir narcóticos con el conocimiento de que los estupefacientes eran importados a norteamérica. 

Sostienen que "Pepero" no estuvo presente en ninguna reunión con las fuentes confidenciales. "Pepero" no fue capturado en ninguna grabación u otra comunicación conversando sobre el transporte de narcóticos a los Estados Unidos. Y por supuesto, debido a que la supuesta conspiración en este caso no implicaba que se enviara cocaína a los Estados Unidos, no hay evidencia de que "Pepero" haya participado en la importación de cocaína a los EEUU.

Del mismo modo -acotan- en ninguna parte de las alegadas confesiones de los Demandados se sugiere que Pepero fue informado sobre el destino final de la cocaína imaginaria que CS-1 afirmaba que Campo y Flores iban a enviar a los Estados Unidos". 

- De hecho, contrariamente a lo que sugiere el Gobierno en su recitación de las supuestas confesiones, no hubo testimonio de que Campo y Flores mencionaran a ningún "Pepe" o "Pepero" en ningún momento de su discusión con el agente de la DEA. La base de su supuesta relación entre la declaración posterior a la detención y los mensajes de texto es el testimonio de un testigo reconocido como "Pepe" es un apodo común para "José".

Agregan que Campo mencionó que un individuo, llamado Juan José fue un intermediario. Los abogados dicen que en español hay un sobrenombre común asociado con el nombre José que es "Pepe", aunque también es un apodo para "José", pero también hay muchos otros sobrenombres comunes para "José", y Pepe no es un apodo común para "Juan José". 

La defensa sostiene además que "hay literalmente millones de personas llamadas "José " en Suramérica. Sin algún testimonio vinculando lógicamente a Pepero con "Juan José", es improcedente que el Gobierno sugiere que los dos individuos son la misma persona".


- [...] Por otra parte, quien quiera que sea "Juan José", el testimonio de él no incluye ninguna referencia a ninguna conversación que permita inferir que alguna vez fue informado sobre las declaraciones de CS-1 con respecto a los Estados Unidos o cualquier otra información que le diera los conocimientos necesarios para convertirse en miembro de una conspiración para importar estupefacientes a norteamérica. 

Por lo tanto -advierten- el Gobierno no tiene ninguna base para argumentar en el juicio que "Pepero" era un miembro de la conspiración.

Sostienen que el Gobierno no tiene ninguna base para avanzar la idea de que el jurado podría haber considerado adecuadamente a "Pepero" un miembro de la conspiración por la cual fueron hallados culpables los dos sobrinos de la pareja presidencial venezolana.'

Niegan relación con el capo Hermágoras González

Asimismo, la defensa critica que el Gobierno haya lanzado una "narración sin apoyo" sobre un supuesto complot para liberar a un narcotraficante encarcelado, Hermágoras González Polanco, y "enviar aviones cargados de cocaína desde Venezuela a narcotraficantes mexicanos". 

-Dejando a un lado el hecho de que no hay conexión lógica entre esta discusión y la conspiración, todo el conjunto de inferencias expuestas por el Gobierno aquí son inadmisible. No hay ninguna referencia real a los "narcotraficantes mexicanos" en ninguna de las comunicaciones, esto es pura especulación basada en que el gobierno leyó las palabras "taco" y "sombrero" en los mensajes de texto. 

La defensa sostiene que las que extrapolaciones hechas por el gobierno en relación a la palabra "taco" no se basan en ninguna evidencia. "Además del sentido común y la consideración del contexto general de estas comunicaciones, la inferencia de que la frase" gente del taco "era una referencia a los mexicanos, y" el sombrero "una referencia a México es inadmisible.

Rechazan el argumento de la fiscalía según el cual  Pepe fue el principal conducto entre los acusados ​​y la Organización Sombrero.

Del mismo modo no aceptan el argumento del Gobierno según el cual "el jurado podía inferir de las comunicaciones de los acusados ​​con Pepe y el hecho de que los asociados de la Organización Sombrero estuvieran tratando de asegurar la liberación de Polanco y que Polanco estaba encarcelado por tráfico de drogas". 

-[..] El jurado no podía inferir tal cosa. No había evidencia en el expediente sobre la naturaleza de cualesquiera cargos contra Hermágoras González Polanco. De hecho, el documento que el Gobierno cita como prueba de la supuesta participación de los Demandados en un complot para "liberar a un narcotraficante encarcelado" no contiene ninguna referencia a ninguna acción real emprendida para liberar a González, sino que presenta sólo unas pocas líneas de texto en las que Campo Flores simplemente pregunta: "Mira, ¿cuál es el nombre del tipo encerrado [?]". Las inferencias que el Gobierno sugiere podrían extraerse de este intercambio son más que especulativas: son ilógicas. 

Agregan que no hubo prueba suficiente para que un jurado razonable llegue a la conclusión de que el Gobierno había cumplido con su deber de probar la conspiración más allá de la duda razonable. "Incluso si el Gobierno pudiera establecer que los Demandados habían conversado con alguien acerca de tratar de obtener la liberación de Polanco, esto no tiene nada que ver con la conspiración imputada en este caso".

Advierten que el Gobierno no está autorizado a tomar ninguna conversación inexplicable de los teléfonos de los Demandados y argumentar como prueba inferencial que la conversación podría tener una relación con el tráfico de drogas y podría estar relacionado con la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos.

Narcosobrinos empezaron la conspiración para traficar drogas a EEUU en mayo 2015

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Un documento sometido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York al tribunal dice que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas empezaron la conspiración por la cual fueron juzgados en los Estados Unidos desde mayo de 2015. Es la primera vez desde que el caso es público que el gobierno señala esa fecha como inicio de las diligencia de los dos acusados para tramitar los envíos de drogas desde Caracas a Honduras para luego ser llevado a norteamérica.

En el documento se lee que los acusados ​​se unieron a la conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos desde el segundo cuatrimestre de 2015, al destacar que los argumentos hechos por la defensa para quitarle fuerza a las evidencias presentadas por la fiscalía no tienen mérito alguno.

Recuerda el fiscal que los argumentos presentados por la defensa para solicitarle a la corte un nuevo juicio fueron los mismos que hicieron en el juicio y que todos fueron rechazados por el jurado por buenas razones. 

Sostiene la fiscalía que las alegaciones de los acusados ​​son frívolas cuando se consideran contra el peso de las pruebas presentadas en el juicio.

La evidencia demostró que los acusados ​​se unieron a la conspiración junto con otros, como miembros de la Organización Sombrero, Pepe, Gocho, Daza, Soto y Carlos González, para violar la Sección 963, advierte el documento del fiscal.

Señala además que solamente al enfocarse en el acuerdo de los acusados ​​tenían con cada uno de los co-conspiradores  es una razón  suficiente para ser condenados. Con esos elementos nada más, el jurado podía inferir que los acusados ​​estaban trabajando juntos, ya en mayo de 2015, para armar a sus equipos de seguridad en preparación para obtener todo lo necesario para proceder con los envíos de grandes cargas de cocaína.

Recuerdan que Campo Flores ya había solicitado  una "Mini uzi", un "rifle" y estaba procurando  "silenciador". Asimismo, Campo Flores había expresado en esa época su preocupación por las huellas dactilares en las armas.

Asimismo, para ese tiempo Campo había informando a Flores que la "mini uzi" no fue introducida de contrabando en Venezuela. 

El fiscal asegura que existe jurisprudencia relacionada con casos en que las armas de fuego son admisibles como evidencia directa en los casos de narcóticos como instrumentos del oficio. 

Al menos hasta agosto de 2015, los acusados ​​estaban trabajando con "Pepe" y miembros de la Organización Sombrero para enviar varias toneladas de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. El 3 de octubre de 2015, los acusados ​​viajaron a Honduras para reunirse con Daza y "El Sentado" para discutir el negocio de tráfico de cocaína, y recibieron a los presuntos jefes de El Sentado (CS-1 y CS-2) para tres reuniones en Caracas poco después. Esos elementos, dice son suficientes para demostrar la culpabilidad de los dos hombres del delito por el cual serán condenados.

Durante la reunión del 23 de octubre, Campo describió a Flores como su compañero. Los acusados ​​usaron esas reuniones para resolver los detalles del envío de cocaína a Honduras y dar detalles de sus experiencia en la industria del narcotráfico.

La fiscalía rechazó nuevamente el argumento presentado por la defensa según el cual el kilogramo de cocaína que trajeron a la reunión del 27 de octubre en Caracas no era cocaína.

También se opone al hecho que los acusados ​​argumentaron en el juicio que las armas que estaban en las fotogra fotografías extraídas de los teléfonos de los dos hombres "eran armas de Paintball Pellets las llamadas  armas "Airsoft ".

No hay evidencia que respalde esa afirmación que no sea una fotografía sin fecha de Barroeta con lo que el abogado defensor afirmó (sin una base probatoria) que era "un equipo de personas del equipo de paintball y la bandera venezolana."

Igualmente se menciona en este punto el testimonio hecho frente al jurado de Daniel Ogden, quien sirvió en los Marines durante seis años y ha trabajando con agente que aplica de la ley durante 22 años. El agente de la DEA testificó que las fotografías parecían representar armas de fuego reales. 

Las solicitudes de Campo para una "Mini uzi" y un "rifle", junto con las preocupaciones de Barroeta sobre dejar huellas dactilares en las armas y viajar con ellas, apoyan firmemente la evaluación del agente Ogden. 

El documento hace referencia a que a principios de noviembre de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas ​​demostraron su mutuo acuerdo y compromiso con el plan que discutieron en Caracas para intentar  en dos oportunidades enviar pilotos a Honduras para finalizar la logística para llevar la cocaína al aeropuerto de Roatán. 

Cuando los esfuerzos de enviar a los pilotos fracasaron, el 6 de noviembre de 2015, el propio Flores de Freitas viajó a San Pedro Sula y acordó en nombre de los acusados ​​enviar el envío de cocaína a Honduras el 15 de noviembre de 2015, llegando aproximadamente entre las 16:30 y las 17:20 horas. De hecho, Flores de Freitas llegó a preguntar cuándo los acusados ​​podrían enviar el segundo cargamento de cocaína.

Recuerda además que los acusados ​​viajaron a Haití juntos el 10 de noviembre 2015 esperando recoger millones de dólares, algunos de los cuales planeaban usar para financiar el envío de cocaína. 

Cuando los acusados ​​fueron arrestados, ambos admitieron que estaban de acuerdo -incluyendo unos con otros- para enviar la cocaína a Honduras, y que CS-1 les había dicho que la cocaína estaba destinada a los Estados Unidos. Con base en esta evidencia, incluyendo la totalidad de las declaraciones de los acusados ​​en las grabaciones y en la DEA, quedó más que demostrado que Campo Flores y Flores de Freitas son culpables de conspirar para traficar y distribuir al menos 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta los Estados Unidos.