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martes, 13 de julio de 2021

¿Qué es lo que busca Samark López Bello en su demanda contra el gobierno de lo EE. UU. ?

   Quien es señalado de ser supuesto testaferro de Tareck El Aissami, cataloga de ilegal su designación por parte de la OFAC bajo la Ley de Kingpin.

Por Maibort Petit

   El 29 de junio de 2021, Erich C. Ferrari, de la firma Ferrari & Associates P.C., presentó ante el Tribunal para el Distrito de Columbia, actuando en representación de Samark José López Bello, una demanda en contra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el director de dicho despacho, por haber ejercido ilegalmente su autoridad bajo la Ley de Designación de Kingpin de narcóticos extranjeros, al sancionar al demandante y bloquear y aprovechar sus propiedades en EE. UU., y devastando sus operaciones comerciales y su reputación internacional.

   Sostiene López Bello que los demandados difundieron información errónea y el rumor no demostrado para hacer denuncias dañinas de su persona sustentadas en falsos criterios de designación. Agrega que esto se hizo sin dar aviso a López Bello sobre cómo los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de importantes "hallazgos" que no se le han dado a conocer.

  Considera López Bello que las acusaciones de la OFAC y sus evidencias son sólo falsas, sino también fabricadas por completo, pues es un “hombre de negocios internacional” cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales de los acusados. Niega haber proporcionado asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de Tareck El Aissami ni a ninguna otra persona, como asegura la OFAC. Dice no actuar por o en nombre de este último al tiempo de que advierte que, hasta esta fecha, no es consciente de que El Aissami tenga una participación en el tráfico de drogas.

Abuso de autoridad

   En la demanda se enfatiza que los acusados actúan más allá de los que les permite su autoridad legal, contradiciendo el debido proceso constitucional. En tal sentido, refiere que al haber sido catalogado Tareck El Aissami como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de manera simultánea como él como quien lo asiste material y financieramente, lo cual a su manera de ver es ilógico al no haber sido advertido antes de ello. Por tanto, el registro de apoyo de OFAC no es razonable ni puede estar sustentado en pruebas que demuestren que López Bello estaba proporcionando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos El Aissami.
Foto cortesía de Noticiero Univisión 
  Sobre esto, la demanda estima que esta designación simultánea, hace suponer que la designación del demandante se hace sobre la base de denuncias de conducta que preceden la designación de El Aissami como un SDNT. Por tanto, la OFAC se habría basado en una creencia errónea de que Samark López proporcionó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional para o en nombre de una persona que no era un SDNT durante el tiempo en que se produjeron aquellas actividades supuestamente. Denuncia que, entonces, se violó de manera arbitraria y caprichosa la Ley de Procedimiento Administrativo.

Consecuencias inconmensurables

  Al hablar de las consecuencias de las acciones ilegales de los acusados, el demandante asegura que estas son inconmensurables y sobrepasan lo que sufren usualmente quienes son objeto de estas designaciones.

  Esta afirmación obedece, en primer lugar, a que Samark López y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueadas de conformidad con la Ley de Kingpin.

  En segundo lugar, por el bloqueo de sus las propiedades y otros activos reales basadas en los Estados Unidos.

  En tercer lugar, por sanciones a que están sujetas las personas extranjeras por involucrarse en transacciones con López Bello o sus compañías, lo que ha socavado su capacidad para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos.

   En cuarto lugar, por la injusta investigación de índole penal de que ha sido objeto, al ser acusado por supuestamente inducir a personas estadounidenses comercien con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.
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   Por último, siendo lo que el demandante considera como más dañino, el hecho de que terceros se valgan de las falsas acusaciones de la OFAC para ejecutar los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos, con los que López Bello no tiene relación o conexión. Sostiene que la acción de bloqueo de la OFAC se ha convertido en un mecanismo para la incautación y decomiso de sus activos en EE. UU.

  Refiere Samark López que, para la fecha de la demanda, el decomiso ilegal de sus propiedades se ubicaba en uno USD 160 millones.

Samark López Bello según Samark López Bello

  En la demanda, Samark José López Bello se presenta a sí mismo —además de ciudadano venezolano e italiano— como un “prominente empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, la negociación de productos básicos y equipos, y logística para la industria del petróleo y el gas”.
  Refiere que es CEO y presidente de Profit Corporation C.A., a la que señala como “empresa líder en el mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, adquisiciones y construcción”

  Del mismo modo, informa que dirige Yakima Trading Corporation, la cual ofrece servicio para la industria de petróleo y gas venezolanos, “incluida la negociación de materiales ferrosos, así como en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar equipos para la industria petrolera”.

  Otra empresa de la que da cuenta López Bello como parte de sus haberes, es Postar, compañía de logística que se encargaba de conseguir materiales de construcción para enviarlos Venezuela en kits de viviendas de fácil acceso para personas de bajos recursos.

  También se presenta como una persona dedicada a actividades humanitarias en Venezuela a través de “The Profit Foundation” (Fundación Empresas Profit), con la cual brinda apoyo financiero regular a niños en situación de riesgo. Esta fundación habría financiado la construcción de una escuela y centros de atención de salud rural.

Las propiedades de López Bello en EE. UU.

   La demanda hace referencia a las propiedades de Samark López Bello en Estados Unidos afectadas con la medida bloqueo a consecuencia de su designación como SDN por parte de la OFAC. Igualmente cita a las entidades extranjeras propiedad del demandante.

   Entre las propiedades de López Bello, según la OFAC, se encuentran Alfa One, C.A.; Grupo Sahect, C.A.; MFAA Holdings Limited, Profit Corporation C.A., Servicios Tecnológicos Industriales C.A., SMT Tecnología C.A. y Yakima Trading Corporation.

  Hace mención la demanda a que, atendiendo a una solicitud de registro administrativo formulada por López Bello, sobre la designación y bloqueo de sus propiedades de conformidad con la Ley de Kingpin, la OFAC, mediando una carta remitida el 12 de abril de 2017, en la que hacía alusión al bloqueo de 325 Leucadendra Drive en Coral Gables, Florida, identificado con el ID PITK-9310. El registro administrativo no clasificado incluyó el memorándum que evidencia que la propiedad pertenecía al demandante y, además, se proponía el bloqueo de cinco compañías en EE.UU. también controladas por López Bello.

   Asimismo, se refiere que el 22 de mayo de 2017, la OFAC remitió el registro administrativo relacionado con la designación de López Bello y sus empresas, entre las cuales se hacía referencia a ciertas empresas, su avión y otros bienes raíces y activos en los Estados Unidos, identificado como caso ID FNK-6137.

 Indica la demanda respecto a este punto, que este registro administrativo incluyó el memorando de evidencias que llevó al organismo gubernamental a establecer que Samark López Bello cumple con los criterios de designación bajo la Ley de Kingpin. Según OFAC, "la información presentada [en el Memorándum] proporciona motivos para creer que [López Bello] es una persona extranjera que está asistiendo materialmente, o brinda apoyo financiero o tecnológico para o, o proporciona bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami, y está actuando por o en nombre de El Aissami".

   Se hace un recuento de las propiedades de López Bello según la OFAC que, primero, refiere cuáles son las entidades extranjeras que cumplen lo estipulado bajo 21 U.S.C. § 1904 (b) (3) para tal designación y que, a saber, son Profit Corporation C.A., registrada en Venezuela; Yakima Trading Corporation, registrada en Panamá; Grupo Sahect C.A.(Venezuela); ALFA ONE C.A. (Venezuela); SMT Tecnología C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Yakima Oil Trading LLP (Reino Unido).

  Respecto a las compañías basadas en los Estados Unidos y otras propiedades que la OFAC sostiene están en control del demandante, está 1425 Brickell Ave 63-F LLC, registrada en la Florida; 1425 Brickell Ave 63-F LLC (Florida); 1425 Brickell Avenue Unit 46b (Florida); 1425 Brickell Avenue 64E LLC (Florida); Agusta Grand I LLC (Delaware); 200G PSA Holdings LLC (Delaware); todas ajustadas a la designación de conformidad con [21 USC § 1904 (b)].

   La OFAC también determinó que tiene "razones para creer que un Gulfstream 200 con el número de registro de aeronaves FAA N200vr es una aeronave propiedad o controlada por 200 g de Holdings LLC" y que esta aeronave se identificará en la lista de SDN de OFAC de conformidad con 21 U.S.C. § 1904 (b).

Sin sustento legal

   Se advierte que la OFAC no ofrece suficientes bases de ley que sustenten sus afirmaciones, las cuales terminan básicamente basadas, no en evidencias, sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está “vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares”.

  Subrayan que la OFAC no evalúa la credibilidad del artículo de Reportero-24 ni la base para que la agencia diera por ciertas las afirmaciones de este. Tampoco se evidencia que la OFAC haya corroborado la veracidad de esta información ni de que López Bello es el testaferro de Tareck El Aissami.

   Sostiene la demanda que, en ninguna parte del memorando, la OFAC establece su evidencia acerca de cómo Samark López Bello asiste materialmente o brinda apoyo financiero o tecnológico o proporciona bienes o servicios en apoyo del tráfico internacional de narcóticos de Tareck El Aissami.

Resúmenes no clasificados

   La demanda hace referencia a una serie de resúmenes no clasificados en los cuales se hacen afirmaciones respecto a Samark López Bello, indicando que el primero de estos documentos declara al demandante como testaferro de Tareck El Aissami, lo cual “Además de ser falso, este resumen no identifica ninguna conducta sancionable ni cómo esta caracterización de López Bello se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami”.

   El segundo resumen no clasificado de OFAC establece, en parte, que López Bello "está a cargo de las ganancias de los medicamentos para el lavado de [PDVSA] y organizar las rutas de cocaína aérea y marítimo para transportar cocaína a Oriente Medio y Asia". Sobre esto, la demanda sostiene que es falso y no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami.

  Se remite la demanda al segundo resumen no clasificado donde se alega que López Bello "fue utilizado por El Aissami” para comprar y manipular noticias en Venezuela, especialmente aquellas críticas del régimen de Chávez, lo cual se habría hecho con fondos gubernamentales para influir en la opinión pública venezolana. Se indica que el resumen no identifica cómo esta supuesta conducta se relaciona con las actividades internacionales de tráfico de narcóticos de El Aissami y tampoco informa cómo López Bello actúa por o en nombre de un SDNT, puesto que para ese momento no había sido designado como tal.

  Entretanto, el tercer resumen no clasificado de OFAC establece que López Bello es el" representante de Negocios", "gerente financiero" y "lavador de dinero” de Tareck El Aissami, lo cual cataloga de falso y de no señalar quién identificó a López Bello como tal, ni cómo se evaluaron estas afirmaciones n la veracidad de las mismas.

  Respecto al cuarto resumen no clasificado de OFAC alega la demanda que la afirmación de que López Bello "maneja asuntos financieros para El Aissami" y "gestiona los bonos venezolanos, como parte privada, y lleva a cabo acuerdos no específicos que generan beneficios significativos", son absolutamente falsas y no explican cómo se apoyaron las actividades internacionales de narcóticos internacionales de El Aissami.

   Se alerta en la demanda que la fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York en su acusación del 8 de marzo de 2019 contra Samark López Bello, lo señala de cargos penales por violaciones de la Ley de Kingpin, pero, en ningún momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales contra López Bello por tráfico de narcóticos o lavado de dinero.

   Además de hacer un recuento de las propiedades y cuentas bancarias bloqueadas, Samark López Bello hace referencia a los daños económicos y morales que las acciones de la OFAC en su contra, le han ocasionado.

El reclamo de López Bello

  La demanda de Samark López Bello contra la OFAC del departamento de Estado y el director de esta entidad, Bradley Smith, comprende siete cargos que sostienen que su designación bajo la Ley de Kingpin constituye una acción arbitraria y caprichosa en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo; que la designación excede la jurisdicción estatutaria, limitaciones o autoridades en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo; que los acusados no lo notificaron de manera justa cuando lo designaron bajo la Ley de Kingpin en violación de la cláusula de debido proceso de la quinta enmienda; que la designación bajo la Ley de Kingpin y la imposición de sanciones sobre él y sus propiedades viola su derecho de la Cuarta Enmienda a estar libres de convulsiones irrazonables; que la designación según la ley de Kingpin es contraria al derecho constitucional; que la designación y el incumplimiento del aviso violan su quinto derecho de enmienda al debido proceso; y porque el incumplimiento de la notificación de las razones de la designación de López Bello bajo la Ley de Kingpin, viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

  López Bello pide al Tribunal para el Distrito de Columbia que se ordene a los demandados a rescindir su designación y la de sus empresas bajo la Ley de Kingpin; declarar ilegal su designación como SDNT; declarar ilegal la designación de sus empresas; que los demandados divulguen la evidencia que los llevó a su designación bajo la Ley de Kingpin; un premio de los costos y honorarios de abogados bajo la Ley de Justicia Igual Acceso a la Justicia; y cualquier otra disposición aplicable de la ley y beneficio que se considere apropiado.

martes, 21 de mayo de 2019

La empresa de Samark López y Tareck El Aissami obtuvo contratos con CITGO y PDV USA violando la normativa interna de la petrolera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, CITGO  Petroleum Corporation pagó millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation, propiedad de Samark López Bello, de acuerdo a lo argumentado en una demanda hecha por una ex ejecutiva de CITGO, que alega que la empresa la despidió por haberse negado a participar en acciones criminales ordenadas por el CEO de la época, el fallecido Nelson Martínez.
Los abogados de Marisol Gómez señalaron en un documento presentado ante la Corte del Condado de Harris, en Texas,  que los pagos hechos por CITGO a Yakima totalizan USD2,378,534. 00, además de otras transacciones con dicha empresa que desde 2017 está sancionada por la OFAC por vinculaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al ex vicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El Aissami.

En la primera petición modificada de la demanda presentada por Marisol Gómez contra el demandado CITGO Petroleum Corporation, la ex Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO señala que en los meses anteriores a la culminación de sus servicios en la petrolera, el entonces presidente y CEO de la corporación, Nelson Martínez, quien posteriormente fue arrestado por corrupción y robo, le solicitó a la demandante que participara en actos criminales que se mencionan a continuación:

1) Nelson Martínez habría solicitado a Marisol Gómez que ejecutara un contrato de $ 1.7 millones que formaba parte de un plan de devolución multimillonario con una compañía propiedad de su hijo, Charles Martínez, a través del cual CITGO y una de sus filiales, pagaron a la compañía un monto exorbitante de dinero. La referida empresa, ubicada en Miami, Florida, "devolvió algunos de los pagos" (sobornos) a Martínez, y también ofreció coimas  a Gómez si ella aceptaba firmar el contrato el millonario contrato.

2) Martínez solicitó a la demandante que cambiara el Administrador del Plan de pensiones de CITGO, para que se pudieran cambiar los términos del mismo.  Si lo hubiera hecho, habría resultado en: (1) un pago inicial del Administrador del Plan de Martínez que normalmente iría a un fondo de caridad de la Compañía; y (2) elevar la pensión mensual de Martínez de aproximadamente $ 2,700 por mes a unos $17,300 mensuales, al tiempo que se cobraba la pensión de una gran cantidad de empleados de CITGO.

3) Asimismo, Martínez solicitó a Gómez aprobar un contrato de CITGO con Yakima Trading Corporation u otra entidad de Yakima que era propiedad o estaba controlada por un fugitivo multimillonario venezolano Samark José López Bello. López Bello es el testaferro principal de Tareck Zaidan El Aissami, un narcotraficante internacional quien también es el ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela, y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, que depende directamente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

La demanda sostiene que Samark José López Bello usó las entidades de Yakima para lavar dinero proveniente de la droga para Tareck Zaidan El Aissami. "Esta fue la razón por la que Gómez se negó a hacer negocios con las entidades de Yakima, a pesar de la solicitud de Martínez para hacerlo". 
Señala la querella civil que después de que Estados Unidos acusó a Samark José López Bello y Tareck Zaidan El Aissami de haber violado la Ley Kingpin, "López Bello salió corriendo de EE. UU., y actualmente es un prófugo de la justicia que escapó de las autoridades estadounidenses en la República Dominicana hace sólo tres días".

Alegan que "si Gómez hubiese respondido a las solicitudes de Nelson Martínez y hubiese cometido los actos ilegales que él le pidió, ella habría violado la ley y podría haber sido procesada en virtud de los delitos contemplados en las leyes norteamericanas".

Gómez se negó repetidamente a participar en las acciones criminales e ilegales que le pedía Martínez y como resultado de esa negativa, Martínez ordenó despedirla el 14 de marzo de 2017,  "únicamente porque se negó a cometer el delito".

Sostiene que por las razones antes expuestas, presentó una demanda contra CITGO. Los abogados de Gómez informaron a la corte que las evidencias (descubrimiento) se llevarán a cabo según el Nivel 2 de la Regla de Procedimiento Civil de Texas 190, en el que el demandante busca alivio monetario por un total de más de $ 50,000.00.

Sostiene la demanda que CITGO es una refinería, transportista y comercializadora de combustibles para el transporte, lubricantes, productos petroquímicos y otros productos industriales, propiedad de CITGO Holdings, Inc., una subsidiaria indirecta, propiedad absoluta de Petróleos de Venezuela, S.A. y tiene un patrimonio neto de miles de millones de dólares.

Marisol Gómez trabajó para Petróleos de Venezuela por más de 25 años. A partir del 1 de noviembre de 2014, PDVSA la designó como Vicepresidente de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, con salario anual de $ 431,500. Además de su salario, Gómez tenía derecho a un incentivo anual en efectivo a corto plazo. 

En 2016, su último año completo con CITGO, la compensación en efectivo total de Gómez fue de $ 1,028,638.86. Gómez también participó en una amplia gama de programas de salud, bienestar y beneficios de pensión patrocinados por CITGO.

Como vicepresidente de Recursos Humanos, Gómez le debía a CITGO un deber legal de no robar a la empresa, no permitir conscientemente que otros robaran y no participar en cualquier esquema por el cual los fondos de CITGO (o sus afiliados) fueran malversados.

El documento destaca que Nelson Martínez fue presidente y director ejecutivo de CITGO durante un período de tiempo relevante y en el momento en que Gómez comenzó a trabajar para CITGO en noviembre de 2014, ocupaba la más alta posición.  Martínez se unió a PDVSA en 1980 y supervisó las oficinas de la compañía en Gran Bretaña, Argentina y Ecuador antes de ser nombrado Presidente y CEO de CITGO en junio de 2013. Martínez ocupó esos cargos hasta enero de 2017, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo nombró Ministro de Petróleo y fue en esa época que Martínez se trasladó a Venezuela. 

Le sustituyó en el cargo José Pereira quien "reportó y fue la marioneta de Martínez en CITGO" por aproximadamente dos meses antes de que Gómez fuera despedida en marzo de 2017. 

En el documento se señala que en noviembre de 2017, Martínez fue arrestado y encarcelado por actos de corrupción, robo y criminalidad relacionados con CITGO.

Esquema de corrupción de Martínez

La demanda explica que Nelson Martínez ejecutó el esquema de corrupción ilegal con la empresa GFC, una compañía registrada con su amigo y propiedad de su hijo Charles Martínez.

Durante el transcurso de sus actividades como presidente, Martínez contrató y pagó a GFC Consultores L.L.C. para robar dinero de un afiliado de CITGO, PDV USA. y CITGO. Posteriormente, la empresa "le devolvía a Martínez parte del dinero que CITGO y sus filiales le habían pagado a GFC, una corporación de Florida registrada por Gustavo Felice (amigo de Martínez) y como copropietario de Charles Martínez, (hijo Martínez)".

Destaca que "PDV USA. carecía de controles, o de un comité de cumplimiento, y que nunca fue se hizo una auditoría.  "Era una "caja negra" que se utilizaba para canalizar el dinero con fines corruptos e ilegales aun hasta la administración de Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez quien ocupó la presidencia hasta marzo de 2019".

Sostiene la demanda que "la empresa GFC fue contratada para proporcionar múltiples servicios para CITGO, con costos inflados y fraudulentos, que usó para compensar  las "comisiones" sobre los pagos por esos "servicios" a su co-conspirador en el esquema fraudulento, Nelson Martínez". 

GFC era una "Agencia de Logística Intermediaria" entre CITGO y el gobierno comunista de Nicolás Maduro. Bajo la dirección de Martínez y otros, CITGO otorgó contratos a empresas que beneficiaban a Martínez, al gobierno venezolano del presidente Maduro y a sus secuaces, incluidas entidades de propiedad o controladas por un líder del ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual ministro de Industrias y Nacionales. Producción, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien es un  capo del narcotráfico internacional".

Martínez había contratado y pagado a GFC a pesar de que los departamentos de adquisiciones, crédito, legales o de cumplimiento de CITGO no habían aprobado a GFC para realizar el trabajo para CITGO, como exigían los protocolos de la corporación. 

Asegura la demanda que "las facturas falsas de GFC reflejaban cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales e injustificados, significativamente inflados, falsos y fraudulentos para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Sin embargo, con pleno conocimiento de esto, millones de dólares de pagos fueron autorizados por escrito por Martínez, Pereira y otro vicepresidente ahora encarcelado".

"El Presidente y CEO de CITGO entre finales de 2017 y principios de 2019, estaba aterrado de lo que encontraría el gobierno de los Estados Unidos si alguna vez se auditara PDV USA", añade la demanda".

Durante el tiempo relevante, su administrador fue Krizia Gravina, cuyo padre, Alfonso Gravina, era un íntimo confidente de Martínez. El 10 de diciembre de 2015, Gravina se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y por hacer declaraciones falsas en  de impuestos federales en Estados Unidos. 

En 2018, Gravina se declaró culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluido Gravina, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación ligada al caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera. 

La demanda dice que bajo la administración de Nelson Martínez, GFC recibió pagos totales de $ 6,164,823 desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017, que consisten en $ 4,576,784 de PDV USA y $ 1,588,039 de CITGO. 

Otros altos pagos fraudulentos fueron aprobados por la alta gerencia utilizando las cuentas de PDV USA. Como resultado, debido al esquema de corrupción de Martínez con GFC, PDV USA y CITGO pagaron muchos millones de dólares a GFC basándose en pretensiones falsas y fraudulentas. Como se señaló anteriormente, GFC devolvió parte de ese dinero a Martínez.

En resumen, dice el documento,  "durante su tiempo como CEO de CITGO, y después, Martínez participó en múltiples conspiraciones criminales para estafar a CITGO y PDV USA, y para lavar las ganancias del fraude, de varias maneras. Martínez conspiró con su hijo Charles Martínez, y Gustavo Felice, para dirigir millones de dólares en pagos por cuenta propia a GFC".

La solicitud de Nelson Martínez, a mediados de 2016, para que participara en el esquema de corrupción ilegal con GFC, a lo cual se negó Gómez, conllevó a que fuera despedida, sostiene la querella.

Martínez quería que Gómez se involucrara en actos criminales para promover su esquema de devolución ilegal con GFC. A mediados de 2016, Martínez le pidió personalmente a Gómez que aprobara y firmara un contrato en nombre de CITGO con GFC, según el cual GFC proporcionaría a CITGO un curso de liderazgo ejecutivo de aproximadamente tres días para doce empleados de la petrolera en Arizona por unos $ 1.7 millones, dice los documentos federales. 

GFC no tenía experiencia, ni antecedentes impartiendo cursos de liderazgo ejecutivo. Destaca el documento que Gómez investigó los costos de tales programas de proveedores calificados, y eran una pequeña fracción de la cantidad que GFC buscaba cobrar a CITGO.

En la demanda se asegura que Gustavo Felice viajó a Houston, Texas (desde Florida) y le dijo a Gómez que si ella aprobaba y firmaba el contrato para el curso de liderazgo ejecutivo provisto por GFC, él: (1) le proporcionaría comida a su familia de Venezuela como un regalo, y afirmó que estaba haciendo lo mismo para el entonces Embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, en Nueva York, Rafael Ramírez, y su esposa, Beatrice Sansó de Ramírez (y que la comida era entregada en Venezuela, llevada desde Nueva York a través de un jet privado propiedad de CITGO), esta información fue confirmada a Gómez por el entonces Gerente de Aviación de CITGO, Álvaro Maldonado; y (2) le daría un reloj y/o teléfono como regalo de GFC. De este modo, Felice le ofreció a Gómez su propio soborno si aprobaba y firmaba el contrato en cuestión.

Gómez sabía que este contrato no sería para gastos legítimos, sino para llenar más aun los bolsillos de Martínez y sus co-conspiradores. Por ello, Gómez recibió información de otros empleados dentro de CITGO (incluidas Patricia Milano y Adriana Santaella) que verificaron que Martínez y GFC estaban orquestando un esquema de corrupción ilegal, por el cual Martínez y sus secuaces robaron millones de dólares de las arcas de PDV USA y CITGO a través de contratos falsos que otorgaban a GFC y por los cuales la mencionada firma hizo poco o nada para PDV USA o CITGO, pero en cambio devolvió parte del dinero que recibió a Martínez.

En el documento dice que si Gómez hubiese aprobado y firmado personalmente los contratos para que GFC pudiera obtener los aproximadamente $ 1.7 millones, a sabiendas que Martínez estaba robando ese dinero de PDV USA y CITGO y enviándolo a GFC por poco o ningún valor, y luego recibiendo un premio financiero de GFC (y Gómez misma hubiese recibido los regalos de los sobornos de GFC por jugar su parte) - ella habría estado cometiendo un crimen contemplado en muchas leyes penales de los Estados Unidos.

La demandante dice que viajó a Caracas, Venezuela, y advirtió a la Junta Directiva de PDVSA de lo que Martínez le había pedido que hiciera e informó que el alto ejecutivo estaba tratando de cometer un "crimen", porque equivalía a robar los beneficios de pensión de un gran número de empleados de CITGO para beneficiarse así mismo y a un pequeño puñado de sus compinches. El Controlador de CITGO en ese momento, John Butts, analizó la propuesta y estuvo de acuerdo con Gómez.

Dicen los documentos que el director financiero de CITGO en ese momento, José Pereira, dijo que "todos iremos a la cárcel" si la propuesta se implementaba.

Martínez, enojado y profanamente, atacó a Gómez por no apoyar su plan. Justo después que despidieron a Gómez, Martínez le ordenó a Trina García que volviera a presentar el cambio propuesto para su aprobación en la sede de PDVSA en Caracas, Venezuela. Guillermo Blanco, Vicepresidente de Refinación y Director de PDVSA, llamó a Gómez, quien para entonces era una ex empleada, para comprender la propuesta. Blanco le dijo a Gómez que sentía que García le estaba ocultando información y fue cuando Gómez explicó por qué adoptar la propuesta sería un delito y, en última instancia, la propuesta no se implementó.

En la demanda se reitera que el 13 de febrero de 2017, la OFAC determinó que las empresas contratantes preferidas de Nelson Martinez y CITGO, como Yakima Trading Corporation, formaban parte del vasto imperio de narcotraficantes y actividades de lavado de dinero de un narcotraficante internacional, razón por la cual Gómez rechazó la solicitud de Martínez de aprobar un contrato entre CITGO y una entidad controlada por El Aissami.

Nelson Martínez le pidió a Gómez que aprobara un contrato de CITGO con Yakima Trading Corporation u otra entidad de Yakima que fuera propiedad de o estuviera controlada por  Samark José López Bello. 

López Bello posee o controla varias compañías, incluidas las entidades de Yakima, como parte de una red internacional de lavado de dinero que abarca a los británicos. Islas Vírgenes, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela. Como se explica en el documento, Martínez le solicitó a la Gómez que aprobara un contrato con una entidad de Yakima controlada por López Bello como parte de un plan de lavado de dinero criminal internacional, y ella se negó a hacerlo.

El 30 de julio de 2015, Yakima fue creada por Joel Rutledge, un agente de Compras Corporativo en el sistema CITGO SAP, bajo el proveedor #1116949. Antes de configurar a Yakima como proveedor en el sistema CITGO, Iván Parra, Gerente de Proyecto de CITGO para el proyecto de actualización de Aruba, y Gustavo Cárdenas no realizaron la debida diligencia normal de los proveedores en Yakima; nadie lo hizo. 

Señala la demanda que "Iván Parra presentó a Yakima ante el Comité de Adquisiciones de CITGO (CPC), y falsamente informó a los miembros del CPC que el premio directo y urgente era la obtención de servicios de consultoría especializados. Yakima Trading Corp brindaría apoyo para la debida diligencia de producción y logística de petróleo crudo (upstream). Partiendo de la práctica habitual, Iván Parra, Gustavo Cárdenas, José Pereira y los gerentes de proyecto no solicitaron la revisión por parte de los Departamentos legal y de crédito de CITGO o cumplimiento antes de agregar este proveedor a la lista maestra de proveedores aprobados. Además, nuevamente a partir de la práctica normal, no se realizaron evaluaciones técnicas y comerciales".

El 23 de septiembre de 2015, una excepción a la competencia competitiva ("CBE") fue aprobada por José Pereira, CFO de CITGO; Gustavo Cárdenas; Iván Parra y José Zambrano, gerentes generales de la oficina central recomendaron no realizar un proceso de licitación competitiva y seleccionar a Yakima como un "proveedor único / proveedor preferido" para este contrato. 

El 25 de septiembre de 2015, CITGO y Yakima Trading Corp.  (una compañía establecida bajo las leyes de Panamá) firmaron un contrato de servicio. El CPC estimado para su aprobación fue de $1 mil millones. 

El 4 de abril de 2016, CITGO había realizado pagos a Yakima de $ 2.4 millones en solo seis meses, 140% sobre la cantidad inicial aprobada.

Dada la persistencia y la presión de Martínez para asignar el contrato a Yakima y la violación de los controles internos, Gómez informó los hechos irregulares al Departamento de Auditoría Interna para que Yakima pudiera ser investigada. Específicamente, en mayo de 2016, Gómez ordenó una investigación de Yakima y a López Bello, a cargo de Franklin Domond, Auditor General de CITGO. La auditoría interna de Domond: (a) detectó y notificó deficiencias de control interno durante el proceso de contratación de Yakima e identificó más de 56 entidades principales utilizadas por López Bello para hacer negocios con CITGO, PDVSA y otras instituciones gubernamentales venezolanas; y (b) reveló que López Bello era propietario o controlaba las entidades de Yakima, y ​​era un narcotraficante y lavador de dinero internacional que usaba a las entidades de Yakima para lavar dinero ilegalmente (no por casualidad, Martínez y CITGO despidieron a Domond poco después de que Gómez fuera despedida).

En ese momento, fue claro para Domond, el entonces Contralor de CITGO, John Butts, y el entonces Vicepresidente de Asuntos Legales, Jeff Bednar, que López Bello era un lavado de dinero, traficante de drogas y delincuente, que utilizó a las entidades de Yakima para lavar dinero ilegalmente. 

Sin embargo -dice la demanda- Nelson Martínez, muy probable bajo la dirección del Presidente y vicepresidente ejecutivo de Venezuela, El Aissami, insistió en que Gómez aprobara un contrato entre CITGO y una entidad de Yakima que estaba controlada por López Bello. 

El contrato en cuestión era para que Yakima proporcionara al personal en Houston y Aruba, un proyecto de mejora en la isla caribeña a un costo por encima del mercado, inflado e injustificable para CITGO.  Gómez le informó a Martínez que CITGO ya tenía empleados en el personal que podían hacer ese trabajo, y se negó a aprobar el contrato, porque era parte de la red ilegal de lavado de dinero de López Bello. Martínez se enojó con Gómez y decidió sacarla de todo lo relacionado con el proyecto de actualización de Aruba y asignó ese aspecto de su trabajo a su subordinada maleable, Trina García.

La demanda dice que "hay fuertes razones para creer que López Bello y sus compañías fueron favorecidas por Nicolás Maduro, porque el vicepresidente venezolano las utilizó para traficar drogas ilegales y lavar dinero". En esa línea, el 1 de agosto de 2016, un Tribunal de Distrito de EE. UU. anunció el procesamiento de Néstor Reverol, actual  ministro del interior de Venezuela, acusado de participar en una conspiración internacional de tráfico de cocaína. Asimismo, en diciembre de 2017, dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, fueron condenados en el tribunal federal de Estados Unidos por tráfico de drogas.

 El 14 de marzo de 2017,  Gómez estaba fuera de la ciudad con su esposo e hijos en unas vacaciones de primavera. Recibió una llamada telefónica de Gustavo Cárdenas y José Pereira. Cárdenas le dijo que Martínez había decidido unilateralmente terminar su empleo. Pereira le informó que no estaba de acuerdo con la decisión, ya que causaría enormes problemas a CITGO. Tres semanas antes, Martínez había consolidado su poder de tal manera que entonces tenía la capacidad unilateral de despedir a  Gómez (un poder que le había faltado hasta ese momento).

Poco después de que Gómez fue informada de su despido, recibió una llamada telefónica de los miembros de su equipo en el departamento de recursos humanos de CITGO en Houston, quien le señalaron que su oficina estaba siendo invadida, registrada y que se incautaban materiales.  Gómez llamó al ex ministro de Petróleo de Venezuela y luego al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, para quejarse y Pereira desde Hawai. Pereira primero negó que su oficina estuviera siendo invadida y registrada, y los materiales incautados, pero luego admitió que era cierto. 

La demanda sostiene además que Pereira estaba molesto y animado cuando habló con Gómez y le aseguró: (1) que Martínez había ordenado que su oficina fuera invadida y registrada, y que se incautaran materiales, porque él (Martínez) creía que ella tenía pruebas de sus planes ilegales y conducta en su oficina; y (b) Martínez le dijo que no quería a Gómez en ningún lugar cerca de CITGO, porque ella era la única barrera entre él y todas las actividades ilegales que él estaba haciendo y quería seguir haciendo en CITGO. Pereira también le afirmó que fue "injusto" por parte de Martínez despedirla, y que no fue una buena idea, porque ella podría hacer fuertes reclamos contra CITGO.

Eulogio del Pino ordernó a Pereira que permitiera a Gómez regresar a CITGO para recoger sus pertenencias personales. Esto ocurrió después de regresar de Hawaii. La mujer fue a su oficina a buscar sus cosas verificó que la misma había sido violada, y que todos los materiales habían sido incautados. Mientras Gómez esperaba que sus pertenencias personales, otros empleados de la gerencia de CITGO se lamentaron de lo estúpido e injusto que fue despedirla. A todos les quedó claro que lo ocurrido se debió a  su negativa a cometer actos ilegales ilegales. Desde ese entonces Gómez ha estado desempleada.

Aproximadamente en agosto de 2017, el presidente Maduro trasladó a Eulogio del Pino a otro puesto y lo reemplazó conMartínez. Como tal, en ese momento, Martínez se convirtió en el presidente de PDVSA.

Posteriormente el presidente Maduro anunció que había varios arrestados por corrupción, entre ellos Martínez, y los calificó de "traidores corruptos y ladrones".

El 9 de noviembre de 2018 o alrededor de esa fecha, Gómez presentó un informe escrito en el que exponía algunas de las conductas ilegales de Martínez en CITGO al entonces Presidente y CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez, su Vicepresidente Ejecutivo, Frank Gygaz, su Director de Estrategia, Rick Essser, y su Vicepresidente Legal, Alejandro Escarrá Gil. 

En diciembre de 2018, Martínez murió mientras aún estaba bajo custodia del Estado venezolano.

En marzo de 2019, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, El Aissami, y su testaferro, López Bello, el multimillonario narcotraficante internacional y lavador de dinero que era propietario y operaba en las compañías, a las que Martínez había insistido en entregarle contrato de CITGO  - fueron acusados ​​de violaciones criminales de la Ley Kingpin y actualmente son fugitivos de la justicia norteamericana. 

Hace apenas unos días, López Bello escapó a la captura. Específicamente, el domingo 12 de mayo de 2019, las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos allanaron dos villas en Cap Cana, en el este de la provincia de La Altagracia de la República Dominicana, en busca de López Bello, quien fue descrito con precisión en el canal de noticias Dominica Today como "un fugitivo internacional presuntamente vinculado con el lavado de dinero y el tráfico de drogas".

Durante la redada cerca de la playa Juanillo, los agentes también registraron dos villas de un complejo turístico en el municipio de Verón, Punta Cana, supuestamente propiedad de López Bello, y se apoderaron de $ 25,000 dólares estadounidenses , 8,000 euros, tres SUV y más de 30 relojes.