Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida

  Los familiares de quien es considerado un muerto de la dictadura venezolana, sostienen que el político opositor fue víctima de secuestro, tortura y asesinato.

Por Maibort Petit

  Meudy Albán Osío, viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), el 8 de octubre de 2018, demandó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida por daños y perjuicios.

 Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  Sostienen los demandantes que los demandados deben resarcirlos por daños y perjuicios derivados del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas.

  Ante el tribunal, Meudy Albán Osío, quien además actúa en calidad de representante personal del patrimonio de Fernando Alberto Albán, Fernando Albán, Fernando Albán Osío y María Fernanda Albán Osio, reclaman les sean adjudicados daños compensatorios y consecuentes, incluidos daños triplicados, en una cantidad que se determinará en el juicio; una indemnización por daños y perjuicios ejemplares y punitivos por una cantidad que se determinará en el juicio; una adjudicación de honorarios y costas de abogados; un juicio con jurado sobre todos los asuntos tan probables; y cualquier otro alivio que sea justo y apropiado.

Los hechos

   Refiere la demanda que el concejal Albán se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez, consolidando a partir de entonces el control autoritario del país, reprimiendo a la disidencia, mediante la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y otros crímenes de lesa humanidad a gran escala. Paralelamente, Maduro aprovechó el ejercicio del poder para enriquecerse “a sí mismo y a sus compinches a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley de Venezuela (…) y [con] su empresa criminal saquearon el tesoro de Venezuela, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar toneladas de cocaína y lavaron las ganancias mal habidas a nivel internacional, incluido Estados Unidos. Maduro y todos menos uno de los acusados individuales han sido acusados de narco-terrorismo, lavado de dinero y/u otros delitos en varias jurisdicciones de los EE. UU., Incluido el Distrito Sur de Florida”.

  Agrega que la mala gestión y la avaricia de Maduro sumieron a Venezuela en una crisis humanitaria épica, con enfermedades desenfrenadas, hambre y desnutrición, por lo que Fernando Albán redobló sus esfuerzos para abogar por la democracia y contra la corrupción. En razón de esto, él su familia, desde 2015 comenzaron a recibir amenazas de muerte y, temiendo por sus vidas, la esposa y los hijos de Albán, huyeron a Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Fernando Albán decidió quedarse en Venezuela para continuar sus esfuerzos por rehabilitar el país y la democracia.

   En agosto de 2018, Albán viajó a Nueva York para ver a su familia y luego para conectarse con la delegación de Primero Justicia reuniones y eventos relacionados con la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, luego de lo cual hizo pronunciamientos a favor de la democracia y contra la corrupción en Venezuela. Violando la ley estadunidense, agente del Maduro siguieron descaradamente a la delegación de Justicia Primero, los fotografiaron y apuntaron sobre Fernando Albán, transmitiendo a Venezuela información de inteligencia que reunieron sobre él, con consecuencias mortales.

  Al regreso de Albán a Venezuela, el 5 de octubre de 2018, fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por miembros armados del SEBIN en cuya sede a donde fue trasladado, fue torturado con descargas eléctrica y luego fue asesinado.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN arrojó el cuerpo de Fernando Albán desde el décimo piso de su sede, pero el régimen de Maduro difamó al dirigente de Primero Justicia al alegar falsamente que se había suicidado, así como de ver pornografía infantil. También destruyeron el negocio contable que poseía junto a su esposa.

  La demanda califica como una afrenta a la soberanía de Estados Unidos, el envío de agentes a suelo estadounidense para espiar y reprimir la libertad de expresión de Fernando Albán en suelo estadunidense.

Los demandados

  Al hacer referencia a los demandados por los Albán-Osío, el recurso legal que estos presentan ante el Tribunal del Sur de la Florida recuerda que Nicolás Maduro fue sancionado el 31 de julio de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por “socavar la democracia en Venezuela”; que fue acusado el 26 de marzo de 2020, por el Departamento de Justicia de orquestar una “conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta entre el Cartel de los Soles venezolano y las FARC'; y que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de USD 15 millones por información que conduzca a su captura.

  A Vladimir Padrino López, también sancionado por la OFAC, es acusado en el Tribunal del Distrito de Columbia de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos. Precisa que es un miembro senior del Cartel de los Soles.

  Sobre Maikel José Moreno Pérez, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la demanda apunta que fue sancionado por la OFAC en mayo de 2017, por cometer “fallos judiciales (…) que han usurpado la autoridad de la legislatura elegida democráticamente en Venezuela". En Estados Unidos es acusado penalmente en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Miami por conspiración para cometer lavado de dinero. Por información que facilite su captura, el Departamento de Estado ofrece USD 5 millones.

   Entretanto, Néstor Luis Reverol Torres, entre otros cargos que ha ocupado, fue director general de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, agencia gubernamental encargada de combatir el narcotráfico. Fue sancionado el 26 de julio de 2017, por la OFAC por “socavar la democracia”. El Departamento de Justicia lo acusó en 2016 por delitos de tráfico y distribución de cocaína Es un miembro de alto rango del Cartel de el Sol.

  Tarek William Saab, Fiscal General, fue sancionado por la OFAC el 26 de julio de 2017, por socavar la democracia en Venezuela. También ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de derechos humanos.

  Además de los altos dirigentes oficialistas señalados, la demanda incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Cartel de Los Soles, grupos que los Albán Osío señala de conformar, conjuntamente con Maduro y el resto de demandado, una sociedad criminal a través de la cual el régimen tortura y asesina para proteger y encubrir sus presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.

Sobre la jurisdicción del tribunal

  Los demandantes sostienen que el Tribunal del Distrito Sur de Florida tiene jurisdicción para considerar el caso, bajo la ley RICO y por el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos.

   Se puntualiza que la tortura a Fernando Albán en la sede del SEBIN en Caracas viola la legislación estadounidense forma parte de la conspiración que busca “inundar esta jurisdicción con cocaína, (b) blanquear el producto del tráfico de estupefacientes y la corrupción del gobierno de Venezuela a través de esta jurisdicción, y/o (c) aceptar sobornos de cuentas mantenidas en este distrito judicial”.

  Agrega que la corte tiene jurisdicción personal, según el estatuto de brazo largo de Florida y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución, sobre los demandados porque ellos personalmente y/o a través de agentes cometieron un acto ilícito en la Florida, dando lugar a los reclamos.

  Sostiene la demanda que los demandados difamaron a Fernando Albán en el estado de a Florida a través de Twitter, YouTube y otros medios accesibles a nivel mundial, haciendo que esas declaraciones difamatorias sean leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en el citado estado de los EE. UU., entre ellos miembros de la gran población de venezolanos que allí residen.

  Del mismo modo, porque los demandados traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia Florida, causando en represalia el secuestro, tortura y asesinato de Albán, con el objetivo de silenciar su oposición a dichas actividades de narcotráfico criminal y narcoterrorismo.

  Los demandados, blanquearon millones de dólares de ganancias ilícitas del tráfico de estupefacientes y delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, tortura y asesinato de Fernando Albán en represalia y para silenciar su oposición a las actividades criminales.

  Asegura la demanda que los agravios de los demandados contra Fernando Albán estaban indisolublemente entrelazados y eran un componente necesario y previsible del tráfico de drogas ilegales, hacia y en todo el sur de Florida.

   Reitera que la corte tiene jurisdicción personal sobre los acusados de conformidad con la ley RICO, porque los demandados ayudaron e incitaron el asesinato de Fernando Albán al acecharlo en territorio estadunidense y acusarlo en represalia por haber proporcionado información de inteligencia de los EE. UU. a los miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y seguir un curso de conducta hostil a Albán, la cual comenzó en Estados Unidos y culminó en Venezuela.

   Según los demandantes, el haber traficado criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, provocó el secuestro, tortura y asesinato de Albán en represalia, pues quisieron silenciar su oposición a tales actividades. Algo que ocurrió igualmente por sus actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico.

   Secuestrar y asesinar a Fernando Albán, lesionó a los demandantes en los Estados Unidos, donde son residentes, aseguran Meudy Albán Osío y sus hijos.

Maduro asciende a Néstor Reverol a "General en Jefe en categoría de Efectivo de Comando"

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  Por medio de una Resolución del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, firmada el 4 de agosto de 2020,  Nicolás Maduro Moros ascedió al actual Ministro de Interior y Justicia del régimen, Néstor Reverol al grado de General en Jefe en la categoría de Efectivo de Comando.

 Néstor Reverol  fue declarado figitivo de la justicia norteamericana. En agosto de 2016, Reverol fue acusado por delitos de narcotráfico  por el gobierno de los Estados Unidos, y se le señala de ser miembro del cártel de los Soles.

Ascendido   

  A través de la Resolución Número 036952, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Nicolás Maduro ascendió a General en Jefe en la categoría Efectivo de Comando a Néstor Luis Reverol Torres, C.I. N-7.844.507.  Hasta la fecha, Reverol tenía el grado de Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana.

Fugitivo de la justicia de EE. UU.

  El 25 de agosto de 2016, el gobierno estadounidense incluyó los nombres del mayor general Néstor Luis Reverol Torres y del general Edylberto Molina en la lista de fugitivos de la justicia estadounidense, de acuerdo con un documento que fue entregado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

  Las gestiones hechas por el equipo de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, incluye la información de los dos militares acusados de conspirar para traficar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, entre enero 2008 y diciembre de 2010, de manera intencional y con conocimiento de que la droga que enviaban era ilegal y conllevaba acciones legales y criminales.

  Lynch envió una comunicación a los jueces de Distrito Este de Nueva York, Frederick Block y Allyne Ross, en la que da una explicación de los delitos de los cuales acusan a Reverol y a Molina, y advierte que ambos forman parte del mismo caso y son acusados del mismo delito: conspiración para traficar narcóticos a Estados Unidos.

  Lynch trabaj[o este caso con un equipo integrado por los fiscales Walter Norkin y Gina Parlovecchio.

  Congelación de bienes 

La acusación también informa que las propiedades de ambos acusados son objeto de confiscación de acuerdo con lo establecido en el código de Estados Unidos. El gobierno podrá confiscar toda propiedad que proceda y haya sido obtenida como resultado de la actividad criminal por la cual están siendo acusados.

  En este caso, asegura la documentación, las propiedades objeto de confiscación no podrán ser traspasadas, vendidas, depositadas o transferidas a terceros, colocarse bajo jurisdicción de la Corte, disminuirle el valor o ser divididas.

  En el expediente se señala que el ex comandante general de la GNB y director de la Oficina Nacional Antidrogas y el subdirector de esa misma dependencia oficial “recibían pagos de los narcotraficantes para recibir alertas de futuros operativos, los lugares donde los agentes iban hacer las requisas y el tiempo de las mismas de tal manera que tuviesen tiempo para mover la droga de lugar y buscar rutas alternativas para sacar el producto de Venezuela”.

  La acusación del Gran Jurado de Nueva York añade que gracias a la colaboración de los dos acusados los carteles de la droga lograron operar en Venezuela, recoger la cocaína en Colombia y llevarla a Estados Unidos vía México y Centroamérica. Los cargamentos que salían de Venezuela consistían en “cientos de kilos de cocaína, muchas veces excedían los miles de kilos en un solo envío”.

Miguel Ángel Tovar Matheus: Un contratista vinculado a Vladimir Padrino López que hizo negocios millonarios en los EE. UU. (I)

   Exhibiendo un muy bajo perfil, a través de un entramado de empresas registradas por él mismo o por interpuestas personas, habría, presuntamente, lavado dinero proveniente de operaciones irregulares con el Estado venezolano.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

    Un ciudadano venezolano y su esposa colombiana se encuentran bajo investigación por una serie de negocios fraudulentos realizados desde Estados Unidos con el Estado venezolano, el hombre está vinculado con el actual ministro de la Defensa del régimen venezolano, general de división, Vladimir Padrino López.

   Se trata de Miguel Ángel Tovar Matheus, oriundo de Barinas, quien ha ejecutado muchos contratos irregulares con el estado venezolano, inclusive desde los Estados Unidos, donde abrió empresas, compró y vendió propiedades, incluyendo un avión que aún mantiene en su poder y que opera con matrícula venezolana.

Constantino Padrino López

   Miguel Ángel Tovar Matheus está directamente vinculado a Constantino Padrino López,  C.I. 6.925.813. residenciado en Altos de Barinas, en el estado Barinas. Constantino es hermano del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López y compadre de Tovar Matheus. Estos dos hombres mantienen una asociación con otro contratista venezolano, Gilberto Duarte, quien también posee propiedades millonarias en el estado de la Florida.

   Constantino Padrino López y su compadre Miguel Ángel Tovar Matheus registraron sus empresas en la Florida con el mismo agente, George Dahl, usando la misma dirección en varias de las firmas, a saber: 12250 Menta Street, Suite 105, Orlando, FL 32837.

   Una de las personas que estuvo vinculada y tuvo conocimiento de las actividades ilegales que ha realizado Miguel Ángel Tovar Matheus desde los EE. UU., se encuentran bajo custodia de las autoridades federales por delitos relacionados con otra trama de corrupción.

Sin hacer ruido

  De modo de pasar desapercibido, el contratista se manejó con mucha discreción por años, con un bajo perfil en el que apenas se mostraba como empresario dedicado a la construcción, así como a la compra y venta de productos dedicados a suplir la industria petrolera venezolana y otras empresas estatales, incluyendo Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), en la cual, Vladimir Padrino tiene una gran influencia.

  Tovar Matheus registró empresas en el estado de la Florida, poniendo, incluso, a su familia como parte de la directiva, tal cual se puede constatar en los registros públicos del estado. Pero, debido a varios factores, incluyendo, inclusive, los cambios que ocurrieron en la política de los Estados Unidos, cuando llegó al poder el presidente Donald Trump, en enero de 2017, el contratista venezolano empezó a tomar medidas que le llevaron, no solamente a cerrar las empresas (en su mayoría usadas como vehículo para lavar dinero y transferir fondos a otras cuentas), sino a poner al frente de sus negocios a terceros, para evitar ser identificado por las autoridades.

  Tovar Matheus empezó a mover sus piezas, buscando otros países para asentar sus empresas, evitando al mismo tiempo llamar la atención de las autoridades. Exploró Italia, España y otros países de Europa, incluyendo asociaciones estratégicas con empresas de Europa del Este, en particular con Rusia. Pero también miró a Suramérica, destacando Colombia por ser el país de nacimiento de su esposa.

Moviendo las teclas

   Los planes de Tovar Matheus para mantenerse de bajo perfil funcionaron por un tiempo, pero la situación comenzó a cambiar cuando algunos de sus asociados fueron conminados por las autoridades para que respondieran a preguntas relacionadas con otras tramas de corrupción vinculadas con el ministro Vladimir Padrino.

    Había muy pocas referencias de Tovar Matheus en los medios en los años en los que se ampliaba la trama de corrupción y lavado de dinero en Estados Unidos. No obstante, muchos datos se empezaron a filtrar públicamente. Uno de ellos, que elevó la preocupación de Miguel Tovar Matheus, ocurrió a raíz de una publicación hecha por el diputado Ismael García en su cuenta de Instagram @ismaelg_oficial, hecha el 9 de octubre de 2019, donde el parlamentario señala lo siguiente: 

  “Este señor @padrinovladimir con razón ha protegido rabiosamente a @nicolasmaduro porque en tal caso está protegiendo todo lo que se ha robado, por cierto, él maneja a través de su principal testaferro el Sr. que Miguel Tovar Matheus un emporio de empresas en USA-Panamá y ahora se está mudando a Colombia, en la comisión que me corresponde estar de la AN (TIAR) presentaré información para que los gobiernos actúen tal y como se acordó en la ONU. Por cierto, en su avión personal ha estado viajando a Miami recientemente”[1].

 O desde su cuenta en Twitter @IsmaelG_Oficial en la que, el 12 de octubre de 2019, lo señala como asociado de Padrino López en negocios irregulares: “Este es uno de los más grandes enchufados y uno de los testaferros de @vladimirpadrino se trata de este multimillonario con el dinero proveniente de los grandes negocios con Padrino López se trata de Miguel Ángel Tovar Matheus: CORRUPTOS”[2].

  A partir de las publicaciones del diputado García, Miguel Tovar Matheus se apuró en ejecutar su estrategia de mudar sus entramados de empresas a otros países, así como de borrar su nombre de los documentos que le comprometían, para lo cual designó a terceros que actuaran a su nombre.

   Así tenemos que el 9 de octubre de 2017, a las 6:37 AM, Tovar Matheus remitió un correo a un ciudadano italiano de nombre, Ivo A. Di Criscio con copia a Ana Isabel Vargas, en el que solicita a Ivo información para la apertura de cuentas a 3 empresas jurídicas LS, que no debían estar vinculadas a las empresas venezolanas y americanas.

  Tovar Matheus da a conocer su aceptación a las recomendaciones que le hiciera a Di Criscio su contador acerca de la apertura de las cuentas de las empresas como sucursales. “Agradezco me indiques las bondades si lo manejamos de esta manera”.

  En la comunicación dice lo siguiente: "Igualmente quiero recordarte el motivo de la apertura de las empresas con los mismos nombres es por la situación de país que estamos viviendo ‘bloqueo económico’".

  Asimismo, enumera las empresas que, a saber, eran: Venezolana de Transportes y Construcciones VTC C.A. y Lubricantes y Equipos Varyna C.A. (ambas venezolanas); VTC Petroleum Equipments Parts & Supplies INC (americana); BTI INC (panameña).

  Sobre la última —BTI, INC— Tovar advierte que, aunque no la había mencionado en comunicación previa, también esta empresa es de su propiedad.

  Esta comunicación previa había ocurrido el 4 de octubre de 2017, cuando Miguel Tovar le remitió un correo a Ivo Di Criscio en el que describía las empresas a las cuales procuraba abrirles cuenta en Europa.

  En esa ocasión se refirió a Venezolana de Transportes y Construcciones VTC C.A., Lubricantes y Equipos Varyna C.A. y VTC Petroleum Equipments Parts & Supplies INC, a las que describió como “empresas que prestan servicios a diferentes entes del estado como PDVSA y sus empresas mixtas, Ministerio [de] Agricultura y Tierra, entre otros, Nuestras [sic] compañías se destacan en el mercado de Latinoamérica por poseer una gran flota terrestre en equipos pesados y equipos de construcción civil en general. Además, nos distinguimos por brindar a los clientes una amplia gama de servicios en procuras, exportación e importación de herramientas, compra y venta de aceite y fluidos mecánicos y equipos para optimizar la producción de los pozos de petróleo y gas”.

  “A continuación te describo el motivo de la apertura de las 3 EMPRESAS JURÍDICAS LS, como te mencionó Ángelo Micucci, VENEZUELA está pasando por un trance de bloqueo económico por lo que estamos requiriendo aperturar [sic] 3 EMPRESAS JURÍDICAS LS y a su vez estas empresas también van a requerir las cuentas bancarias internacionales (Europa), hicimos algunos enlaces con un broker donde nos estaban cobrando 16.000 Euros por dicho servicio y por sugerencia de Ángelo antes mencionado me aconseja solicitar de tus buenos servicios ya que podemos llegar a mejor acuerdo”.

  En tal sentido, Tovar Matheus le formuló una serie de interrogantes relativas a si la institución de Di Criscio abría cuentas a venezolanos, a la recepción de fondos desde Venezuela, y los diferentes costos de los productos.

  Asimismo, agregó que, de obtener respuesta favorable contaba con boletos aéreos con salida el 16 de octubre de 2017 hacia Barcelona, España.

  A tal solicitud, Ivo Di Criscio, el 5 de octubre de 2017 prometió una respuesta “lo antes posible”.

Cierre de la empresa en Estados Unidos

  Debido al temor de caer en manos de las autoridades estadounidenses, Miguel Ángel Tovar Matheus acordó voluntariamente cerrar la empresa VTC Petroleum Equipment, Parts & Supplies INC, la cual fue registrada el 5 de diciembre de 2015 en el estado de la Florida, bajo el número P15000042516, número FEI/EIN 81-0971046. El agente registrador era Miguel Tovar.

  VTC Petroleum Equipment, Parts & Supplies INC tenía como dirección fiscal 6334 NW 99TH Ave Doral, FL 33178 que también fungía como dirección postal. Se trataba de la dirección del domicilio de la pareja que estaba siendo usado como sede la compañía.

  El directorio de la empresa lo conformaban Miguel Ángel Tovar Matheus y su esposa, Mara Paola Vargas Peña. El primero, era presidente y tesorero, mientras que la segunda, era vicepresidenta y secretaria. La dirección de ambos era 3447 NW 84th Ave., Doral, Fl 33122.

  Igualmente figura en el directorio la empresa VTC Venezuela C.A., la cual se encuentra en el Sector Los Pozones, avenida Cuatricentenario, Barinas, estado Barinas, Venezuela.

   Los récords muestran que la empresa estaba listada como sucursal de VTC Venezuela C.A. ubicada en el Sector Los Pozones, Avenida Cuatricentenario, Barinas, Venezuela. 

   Presentó reportes anuales desde 2016, hasta 2019[3].

   La firma se disolvió voluntariamente el 3 de marzo de 2020. 

  VTC Petroleum Equipment, Parts & Supplies INC fue registrada por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) como empresa proveedora en 2015, específicamente el 18 de diciembre.

  Así se lo dio a conocer Karin Pulgar, encargada en Bariven del registro internacional de vendedores, a Miguel Tovar a través de un correo que él remitió con copia a Ruth Chacón y Charles Moreno.

  Pulgar informó que el código de proveedor permanente que identificaría a la empresa de Miguel Tovar era 350017558

Sobre VTC C.A.

  En su página web[4], Venezolana de Transportes y Construcciones VTC C.A. se presenta como empresa “sólida, flexible, adaptada a los cambios y requerimientos de nuestros clientes, cuyo objetivo principal es ofrecer productos de calidad a través de la exportación e importación de materiales para el sistema construcción de obras petroleras e industriales, poseemos un amplio portafolio de opciones como la venta e instalación de maquinaria, sistemas de refrigeración, hidráulicos, eléctricos, electrónicos e informáticos productos químicos y equipos especializados”.

  De ella, el portal PYMES dice que está ubicada en la Zona Industrial Av. Cuatricentenaria S/N, Depósito de La Polar, al lado del Depósito Venegas. Como dirección fiscal indica la Avenida Los Andes cruce con Av. Táchira, Doña Grazia, Nivel 1, Of. 50, Urbanización Alto Barinas, Barinas, estado Barinas. Teléfonos: 0273-5464740 y 0414-0719559. Registro de Información Fiscal (RIF) J298673966. Refiere que la compañía cuenta con 2 empleados[5].

De LEVCA

   Lubricantes y Equipos Varyna C.A., según el portal PYMES, se dedica a la “venta de lubricantes, aceites y todo tipo de fluidos, la compra, venta, distribución, importación y exportación materiales y equipos industriales y domésticos, equipos y maquinarias pesadas, suministro de repuestos de todo tipo, reparación y mantenimiento de equipos, reparación y mantenimiento de maquinarias de todo tipo, reparación y mantenimiento de vehículos de transporte, vehículos de carga y de uso particular, servicios de mantenimiento mecánico a la industria petrolera, transporte y manejo de desechos sólidos, también todo lo relacionado con la elaboración de proyectos y construcciones civiles y eléctricas y en general cualquier actividad de licito comercio relacionado o no con el objeto principal de la empresa”.

  La sede de la compañía es Zona Industrial Barinas, Avenida Cuatricentenaria, Local S/N, al lado del Depósito de Vengas, Barinas, estado Barinas. Teléfono: 0424-9120790. Registro de Información Fiscal (RIF) J-298673923. La empresa cuenta con 5 trabajadores[6].

BTI INC

  Entretanto, el portal Open Corporates informa que BTI INC fue una empresa registrada en Panamá el 8 de julio de 2011, bajo el número 740936.

El agente registrador fue Panama Offshore Legal Services.

  El directorio de la compañía estaba conformado por Carlos Alonso Paolini Cabello, con funciones como tesorero, secretario, director, suscriptor y presidente; Ana Mercedes Concha de Padrino (esposa de Constantino Padrino López), quien ejercía como directora; Fernando José Tovar Matheus, director; Miguel Ángel Tovar Matheus, directo; y Yeser Taissir El Jawhari El Brihi, suscriptor.

  La representación legal de la empresa corría por cuenta del presidente y en su ausencia, cualquiera de los directores[7].

Esta empresa fue igualmente disuelta.

  Además de las empresas a las que hemos hecho referencia, Miguel Ángel Tovar Matheus se valió de otro grupo de empresas las cuales sirvieron para tejer un entramado que le permitió llevar a cabo y enmascarar las supuestas negociaciones irregulares que llevó a cabo.

  Las empresas en Estados Unidos y Panamá fueron disueltas como mecanismo para evitar represalias por la administración estadounidense.

MT USA Investment INC

  De acuerdo al portal Sunbiz, MT USA Investment INC es una empresa que se constituyó el 27 de enero de 2016 en el estado de la Florida bajo el número P16000009329, número FEI/EIN 81-1458029.

 El agente registrador fue George Dahl (2366 Brewerton LN, Orlando, Fl 32824).

  La dirección de esta firma era 2366 Brewerton LN, Orlando, Fl 32824.

  El directorio de la compañía estaba conformado por Miguel Ángel Tovar Matheus, y Amaranta Arzul Vargas Peña, el primero como vicepresidente y la segunda como presidenta de la firma. Posteriormente, el 25 de abril de 2017, Vargas Peña salió del directorio y la presidencia fue asumida por Miguel Tovar. Como domicilio estos indicaron el 12250 Menta Street, Suite Nº 105, Orlando, Fl. 32387.

  La empresa fue disuelta por un acto administrativo el 28 de septiembre de 2018[8].

BCM International Corp

  El portal del departamento de estado de la Florida informa que BCM International Corp fue registrada el 27 de enero de 2016 en esa entidad bajo el número P16000009351, número FEI/EIN 81-1492743. Fue disuelta mediante acto administrativo el 28 de septiembre de 2018.

  El agente registrador fue, como en el caso de MT USA Investment INC, George Dahl.

  La corporación también tenía como dirección fiscal la ofrecida por MT USA Investment INC, a saber 2366 Brewerton LN, Orlando, Fl 32824 que también era la dirección postal y domicilio de los directivos y el agente registrador.

En esta empresa Miguel Ángel Tovar Matheus compartía rol con Fernando Tovar Matheus. El primero como vicepresidente y el segundo como presidente[9].

Leader Group International LLC

  Sunbiz informa que Leader Group International LLC fue registrada el 11 de septiembre de 2014 en el estado de la Florida bajo el número L14000142310,  número FEI/EIN 47-181291.

  Como con en el resto de las empresas ya referidas, el agente registrador fue George Dahl.

  La empresa tenía su sede en el 12250 Menta Street Suite Nº 105, Orlando, FL 32837, que igualmente era dirección postal y domicilio de del agente registrador y los directivos.

  En el directorio de Leader Group International LLC figuraban Miguel Ángel Tovar Matheus y María Gabriela Natale Castellano, ambos con rol de gerentes dentro de la compañía.

La empresa fue disuelta por un acto administrativo el 27 de septiembre de 2019[10].

Esta historia seguirá

CITAS

[1] Instagram. Ismael García. @ismaelg_oficial. 9 de octubre de 2019. https://www.instagram.com/p/B3Z4em1lw3u/

[2] Twitter. Ismael García. @IsmaelG_Oficial 12 de octubre de 2019. https://twitter.com/IsmaelG_Oficial/status/1183155091399938049

[3] Sunbiz. Division of Corporations. VTC Petroleum Equipment, Parts & Supplies INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=VTCPETROLEOUMEQUIPMENTPARTSSUP%20P150000425161&aggregateId=domp-p15000042516-70eca038-cb82-4809-a0a3-0cb9879f817b&searchTerm=VT%20CONSULTING%20INVESTMENT%20GROUP%2C%20INC&listNameOrder=VTCONTRACTORS%20P050001300900

[4] VTCCA. https://www.vtcca.com/

[5] PYMES. Venezolana de Transportes y Construcciones VTC C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/venezolana-de-transporte-y-construcciones-vtc-ca-150507

[6] PYMES. Lubricantes y Equipos Varyna C.A. http://pymesvenezuela.com/ficha/lubricantes-y-equipos-varyna-c-a-182811

[7] Open Corporates. BTI INC. https://opencorporates.com/companies/pa/740936

[8] Sunbiz. Division of Corporations. MT USA Investment INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MTUSAINVESTMENT%20P160000093290&aggregateId=domp-p16000009329-9ef3e7cc-6ef1-40a0-820f-49e7dc394524&searchTerm=MT%20USA%20Investment%20INC&listNameOrder=MTUSAINVESTMENT%20P160000093290

[9] Sunbiz. Division of Corporations. BCM International Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=BCMINTERNATIONAL%20P160000093511&aggregateId=domp-p16000009351-f2ab75f1-77f0-4ec7-b161-e8617f2e3c56&searchTerm=BCM%20International%20Corp&listNameOrder=BCMINTERNATIONAL%208345011  

[10] Sunbiz. Division of Corporations. Leader Group International LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=LEADERGROUPINTERNATIONAL%20L140001423100&aggregateId=flal-l14000142310-2224f84e-7303-4693-945c-e8bfa7fc29f3&searchTerm=Leader%20Group%20International%20LLC&listNameOrder=LEADERGROUPINTERNATIONAL%20L140001423100

El sustento de las acusaciones de EE. UU. contra Nicolás Maduro (Parte IV)

    La institución castrense venezolana devino de fuerza de resguardo de la soberanía a organización criminal dedicada al narcotráfico, una entidad que es conocida como el Cartel de los Soles.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

    Un trabajo sostenido desde 1999 sirvió para que Nicolás Maduro y el resto de los integrantes del Cártel de los Soles corrompieran las instituciones legítimas de Venezuela en una clara práctica de abuso para con el pueblo venezolano. No escaparon de estas acciones el ejército, el aparato de inteligencia, la legislatura y el poder judicial, a las cuales pusieron a su servicio con el objeto de facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos.

   Así lo refiere la acusación que el pasado 26 de marzo del cursante 2020, formularon contra Nicolás Maduro y catorce funcionarios y exfuncionarios de su gobierno por del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Se deja sentado que el denominado Cártel de los Soles actuó en procura, no solamente sólo enriquecer a sus miembros y mejorar su poder, sino también "inundar" a los Estados Unidos con cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga en sus habitantes.

Los cargos que se les imputa son:

i) Participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

ii) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua;

iii) usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, así como poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de toda la vida en prisión;

y iv) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión.

   Refiere la acusación que Marín Arango y Hernández Solarte, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, desde aproximadamente 1999, cuando el grupo guerrillero pretendía negociar la paz con el gobierno colombiano, acordaron con los cabecillas del Cartel de los Soles reubicar algunas de las operaciones de las FARC en Venezuela bajo la protección de dicho cartel.

   Luego de esto —continúa la acusación—  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a los Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras.

 Las estimaciones del Departamento de Estado respecto a la circulación que la cocaína tenía en Venezuela, por ejemplo, para el año 2004, fue de 250 o más toneladas anuales. Desde la costa venezolana saldrían los envíos marítimos utilizando embarcaciones rápidas, barcos de pesca y porta-contenedores.

  Entretanto, los envíos aéreos se hacían desde pistas de aterrizaje clandestinas, típicamente hechas de tierra o hierba, concentradas en el Estado Apure. El Departamento de Estado de EE. UU. cree que unos 75 vuelos no autorizados sospechosos de actividades de narcotráfico ingresaron al espacio aéreo hondureño solamente en 2010. Era lo que se conoce como la ruta de cocaína "puente aéreo" entre Venezuela y Honduras.

   Como líder del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro Moros habría negociado envíos de múltiples toneladas de cocaína producida por las FARC y, supuestamente, ordenó que dicho cartel proporcionara armas de grado militar al grupo guerrillero. También habría coordinado asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Supuestamente, solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de los Soles[1].

¿Qué es el Cartel de los Soles?

   El “Cártel de los soles” fue un nombre que empezó a ser utilizado por primera vez en 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando dos generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén Dávila (jefe antidrogas) y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Cada uno portaba en sus hombros la insignia de un solo sol que caracteriza a los generales de brigada, dando lugar al nombre “Cártel del Sol”.

  Con los años, y las investigaciones que se realizaron, se determinó  que hubo una ampliación de la participación de generales de otros componentes de las Fuerzas Armadas, particularmente de generales de división de la Guardia Nacional en operaciones de narcotráfico y otras actividades delincuenciales, tras lo cual se empezó a definir como el Cártel de los Soles. En un principio, la participación de los militares en actividades de narcotráfico se limitaba a recibir coimas para prestar seguridad a los miembros de los cárteles colombianos y mexicanos, y a cuidar los cargamentos de drogas, evitando hacer decomisos en aquellas envíos que pagaban los sobornos, pero tras la llegada al poder de Hugo Chávez, se produjo una ampliación de las operaciones y de la participación de las Fuerzas Armadas Bolivarianas venezolanas en el negocio del narcotráfico, creándose las conexiones directas con proveedores y en gran parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos, con el apoyo de las FARC.

     En los años sucesivos, las vinculaciones de los militares venezolanos con los carteles se ampliaron, en esa misma medida el crimen organizado trasnacional fue penetrando la élite política y ganando espacios de poder y de gestión en el gobierno. 

Un testigo

    El 18 de agosto de 2015, en el diario ABC de España informó que el ex-integrante de la Casa Militar y exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, a saber, el capitán de corbeta, Leamsy Salazar, había desertado y huido de Venezuela después de una ruptura con el chavismo. Cuando ya estaba fuera del territorio venezolano, en Estados Unidos, acusó una serie de prácticas delictivas —especialmente narcotráfico—que, supuestamente, tienen lugar en el seno de la alta jerarquía militar y gubernamental.

   Salazar sostuvo fehacientemente que Diosdado Cabello estaba a la cabeza del Cartel de los Soles, organización constituida por oficiales de la Fuerza Armada venezolana de la cual el expresidente de la Asamblea Nacional y ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, sería líder.

  De acuerdo a su declaración, Leamsy Salazar, dijo haber visto “situaciones y conversaciones que incriminan” a Cabello, “En concreto, le vio dar órdenes directas para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y ha aportado evidencias sobre lugares donde se almacenan montañas de dólares en efectivo procedentes de ese negocio ilícito, según las fuentes conocedoras de la investigación, llevada a cabo por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de EE.UU.”, refirió el citado diario español que también da cuenta de la aseveración del ex-escolta que involucró igualmente a Tareck el Aissami, exgobernador de Aragua y ex-vicepresidente ejecutivo, así como a José David Cabello, superintendente del Seniat, quien estaría  a cargo de las finanzas del cártel.

  Salazar aseguró que PDVSA supuestamente es usada para lavar el dinero proveniente del narcotráfico y acusó que un hijo de Hugo Chávez y al hijo de quien fue embajador de Cuba en Caracas hasta 2009, Germán Sánchez Otero, de traficar estupefacientes[2].

FANB: De la permisividad a la participación directa

   Desde entonces comenzaron a hacerse públicos diversos informes e investigaciones que daban cuenta de las actividades de dicho cartel, como, por ejemplo, los presentados por el Centro de Investigación de Crimen Organizado (Insigth Crime), donde se indica que en Latinoamérica las empresas criminales se dedican al narcotráfico con el objetivo de financiarse. En Venezuela se da la particularidad de que esta actividad delictiva se maneja desde el interior del propio gobierno de Nicolás Maduro, quien a través del tráfico de cocaína se afianza en el poder.

   Y es que, en esta nación, al parecer a los elementos corruptos del gobierno les pareció insuficiente la permisividad que se mantenía frente a otros actores del narcotráfico y, por tanto, decidieron asumir el protagonismo y participar directamente en el negocio.

   Fue en 1993 cuando comenzó a hablarse del Cartel de los Soles, luego de que “dos generales de la Guardia Bolivariana, el jefe antinarcóticos Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico. Hoy en día, se emplea ese nombre para describir a todos los funcionarios del gobierno implicados en el tráfico de narcóticos. Y hay muchos, diseminados en todos los organismos del Estado”.

   Las investigaciones de InSight Crime contabilizan 123 archivos que reseñan la actividad criminal de altos oficiales, activos o retirados, en tráfico de cocaína que “por motivos legales” no se publican de manera completa, sino que se limita a dar a conocer “algunos datos de aquellos contra quienes creemos tener evidencia muy sólida”. Este centro de investigación sostiene que Maduro, en lugar de castigar a los incursos o acusados, los promueve de modo que, ante cualquier amenaza de caída del régimen, estos trabajen en su favor.

   Entre las figuras más prominentes del oficialismo marcados con el estigma del narcotráfico a que Insight Crime hace referencia, está, en primer lugar, Diosdado Cabello, de quien fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos le habrían referido bajo condición de anonimato que “este tipo está metido hasta el cuello en todo tipo de actividades ilegales en Venezuela y estamos armando un caso contra él. Pero sabe cómo protegerse y mantener distancia del trabajo sucio”.

   En sus inicios por los años ’90 la participación militar se limitaba a la permisividad, tropas de la Guardia Nacional mantenían alianzas con narcotraficantes permitiéndoles movilizar la mercancía a cambio de sobornos. Para ese entonces, no había conexión directa entre el sector castrense y los proveedores de la droga. Para el año, 2000 sectores del ejército y de la GN ya tenían un papel más activo, constituyéndose células que comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína. El Plan Colombia, alianza entre Estados Unidos y el gobierno neogranadino para el combate del narcotráfico, obligó a los guerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) movieran sus operaciones a territorio venezolano. Igualmente, el proceso de paz en 2002 y el golpe de estado que defenestró del poder brevemente a Hugo Chávez, hicieron que este último estableciera un riguroso control en torno a él y entregó importantes posiciones de gobierno y administración al sector militar. En 2005, el mandatario expulsó a la DEA de Venezuela y puso fin a los proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos. En 2008, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Hugo Carvajal, a Henry Rangel Silva y a Ramón Rodríguez Chacín y posteriormente, en 2011, a Cliver Alcalá Cordones, a Freddy Bernal, a Ramón Isidro Madriz Moreno y a Amílcar Figueroa Salazar. El cartel fue consolidándose y en 2014 la OFAC nombró al exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal Barrios, quien posteriormente fue arrestado por fuerzas de seguridad en Aruba bajo requerimiento de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, fue dejado en libertad rápidamente después de la intervención del gobierno holandés. Los incidentes y escándalos siguieron hasta que Leamsy Salazar huyó e hizo las revelaciones de que hemos dado cuenta[3].

   Un reportaje  del The Wall Street Journal, publicado en mayo de 2015, aseguró que fiscales de los Estados Unidos investigaban a Diosdado Cabello por narcotráfico y por ser jefe del cartel de los Soles[4]. Precisó la publicación que Leasmy Salazar, entre otros, suministró pruebas de estos hechos, subrayando el importante papel de Cabello en el narcotráfico en Venezuela. El militar demandó al periódico estadounidense por difamación, pero un tribunal le negó tal demanda.

   El Centro de Investigación también hace mención a Tareck El Aissami, como el segundo hombre más importante del gobierno venezolano, quien supuestamente también participa del narcotráfico; menciona al Mayor General, Néstor Reverol, exministro de Relaciones Interiores y excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, imputado por narcotráfico en Estados Unidos, quien “alertó a narcotraficantes de operativos contra ellos, obstruyó investigaciones, puso en libertad a narcos arrestados y se aseguró de que se devolviera narcóticos incautados a los traficantes”. Cilia Flores, esposa de Maduro es citada al relacionarla con el caso de sus sobrinos condenados por tráfico de cocaína en Estados Unidos, así como por su hijo, Walter Jacob Gavidia, también señalado por sus actividades irregulares.

   Subraya Insight Crime que la relación del Cartel de los Soles con las FARC fue decisiva “en el desarrollo del narcotráfico en Venezuela”, pues a pesar de haberse desmovilizado el grupo guerrillero en 2017, mantiene un gran número de sus integrantes territorio de Venezuela desde donde siguen con actividades narcotráfico con miembros del referido cartel.

  Antes que Leasmy Salazar, otra persona había hablado del Cartel de los Soles, a saber, el narcotraficante venezolano, Walid Makled, quien tenía nexos con miembros del ejército, entre ellos, el exgeneral de la Guardia Nacional y exgobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, el general Alexis Maniero, exjefe del 7° Comando Regional del Ejército en el estado de Sucre, quien lo dotó de credenciales oficiales. El narcotraficante aseguró que pagaba USD 50.000 semanales a Hugo Carvajal, y también mencionó entre sus colaboradores el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Dalal Burgos, y al excapitán Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y de justicia. Aunque Makled admitió que no mantuvo relación directa con Hugo Chávez, dijo que sí había hablado con parientes muy cercanos al mandatario[5].

Maduro es el líder del Cartel de los Soles

   Tal como se sostiene en la acusación, la fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo, refirió en una entrevista que Nicolás Maduro, es el líder del Cártel de los Soles, afirmación que hace sustentada en las evidencias que dieron pie a levantar los cargos contra este y 14 funcionarios y exfuncionarios de su administración.

  Precisó que, a Maduro, particularmente, se le imputa por narcotráfico y tráfico de armas. “Esos cargos tienen que ver con la conspiración que él tiene como líder del Cártel de los Soles y el acuerdo que él tiene con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) (…) Se alega que Maduro es el líder del Cártel de los Soles. Entonces, son las personas que trabajaban debajo de él que hacen las negociaciones con las FARC. Esas son las alegaciones”.

   Fajardo se remite a 2006 y 2013 cuando Maduro ejercía como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, tiempo en el que se consolidó su relación con el tráfico de drogas. “Toneladas de cocaína que salieron de Venezuela, en el 2006, fueron a México y fueron incautadas por las autoridades mexicanas y Venezuela tuvo que intervenir en esta situación”.

  En 2013, precisa la fiscal Fajardo, Nicolás Maduro debía estar en Estados Unidos para participar en una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), participación que canceló a último momento porque, como había ocurrido en 2006, “esta vez Francia había incautado unas toneladas de droga del Cartel de los Soles”.

  Fajardo subraya que Maduro permitió que las FARC entraran y operaran en Venezuela y, además de brindarles espacio y dinero para traficar, también le suministraron armas y protección[6].

CITAS

[1] Department of Justice. Office of Public Affairs. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[2] ABC. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”. 18 de agosto de 2015. https://www.abc.es/internacional/20150127/abci-venezuela-cabello-eeuu-201501262129.html

[3] InSight Crime. “Cartel de los Soles”. https://es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/cartel-de-los-soles-perfil/  

[4] The Wall Street Journal. “Venezuelan Officials Suspected of Turning Country into Global Cocaine Hub”. 18 de mayo de 2018. https://www.wsj.com/articles/venezuelan-officials-suspected-of-turning-country-into-global-cocaine-hub-1431977784

[5] Insight Crime. “Narcotráfico en el régimen venezolano: El ‘Cartel de los Soles’”. 17 de mayo de 2018. https://es.insightcrime.org/investigaciones/narcotrafico-en-el-regimen-venezolano-el-cartel-de-los-soles/

[6] Voz de América. “La fiscal del Cartel de los Soles y las evidencias contra Maduro”. 3 de abril de 2020. https://www.voanoticias.com/a/fiscal-del-distrito-sur-de-florida-hay-mucha-mucha-corrupcion-que-viene-venezuela-/5355441.html