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viernes, 13 de noviembre de 2020

Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso "está desacreditada"

 Por Maibort Petit

   Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, Samark López Bello, entre otros, se quejó ante un juez de Nueva York porque los fiscales federales del caso entregaron tardíamente a su defensa las evidencias contenidas en el descubrimiento, y con una serie de información clasificada difícil de descifrar y que complican su revisión antes de que se produzca su sentencia en enero 2020.

   La defensa de Mones Coro dijo al juez que el acusado, quien se declaró culpable al principio, pero que en el mes de octubre de 2020 retiró su pliego de culpabilidad, "continúa aceptando la responsabilidad y tiene la intención de volver a declararse culpable pero en base a la eliminación de una serie de argumentos".

   La sentencia de Mones Coro está prevista para enero de 2020. 

   La Defensa solicitó la preparación de un PSR acelerado; y pidió a juez que impida al gobierno basarse en cualquier información contenida en la Decimosexta Producción de pruebas al momento de dictar sentencia.

   La abogada de Mones Coro se quejó de lo tardío en la entrega de las evidencias, que los documentos estaban mezclados con una data clasificada del DHS, que no correspondía al caso.

   La fiscal Amanda Houle informó al tribunal que una parte de las informaciones contenían información sellada que correspondía a otras investigaciones del gobierno. 

   La defensa de Mones Coro pidió sanciones a los fiscales el 11 de noviembre, argumentando que el 25 de octubre la Fiscalía Federal entregó un disco duro que contenía, erróneamente, "material confidencial sobre otra investigación que el DHS había copiado por error en el disco". Tendremos más sobre esto.

    La abogada de Mones Coro dijo que el caso de su cliente representa otro “capítulo lamentable” de las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, "gravemente perjudiciales y que desperdician recursos por parte del gobierno en este distrito", por lo que pidió tomar medidas correctivas.

   Desde junio 2020, la fiscalía ha complementado el descubrimiento del caso de Mones Coro 16 veces, "produciendo círculos concéntricos cada vez mayores de información sobre una Fuente Confidencial ahora desacreditada". 

    La abogada de Mones Coro, recordó que se ha pospuesto su sentencia seis veces, durante los últimos seis meses, para esperar estos suplementos del gobierno y revisarlos. 

    La Defensa se quejó ante el tribunal que los fiscales entregaron evidencias de más de 5.7 terabytes de datos comprimidos incautados del lugar de trabajo de la Fuente Confidencial con quien el gobierno ha estado trabajando desde principios de 2017 (Alejandro J. Marín). 

   Según la defensa, el gobierno no cumplió con la fecha límite de descubrimiento final del 23 de octubre de 2020. "En cambio, el gobierno entregó, dos días después de la fecha límite, un disco duro que contienen "imágenes" de computadora sin procesar, cuyo contenido no se pudo revisar al recibirlo". 

    Asegura la defensa que para tratar de cumplir con la fecha límite, el gobierno cambió y comprometió su práctica de producción anterior y le otorgó a Mones el tiempo y el trabajo considerables necesarios para que la producción se pudiera revisar.

    El disco duro fue entregado al abogado el 25 de octubre de 2020 y contenía material confidencial sobre otras investigaciones que el Departamento de Seguridad Nacional había copiado por error en el disco.

    En ese sentido, advirtieron que Mones Coro no se le debería retrasar aún más su sentencia o tomarse el tiempo para revisar los nuevos materiales producidos. 

   Agrega que "es difícil ver cómo el gobierno podría reclamar la necesidad de confiar en información que solo consideró conveniente recopilar, de su propia Fuente, más de un año después de acusar a Mones". 

   Mones se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos al negociar viajes aéreos privados de pasajeros para sus coacusados ​​Tareck Zaidan El Aissami Maddah y Samark José López Bello, después de que la OFAC designara a esas personas como Traficantes de Estupefacientes Especialmente Designados.

lunes, 2 de noviembre de 2020

Demandado en el caso de Tareck El Aissami retira su declaración de culpabilidad en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit

   Uno de los acusados en el expediente contra el exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami retiró su declaración de culpabilidad autorizado por un juez de Nueva York debido a que los fiscales federales habrían retenido evidencia que le permitía al demandado, Víctor Mones Coro defenderse de las acusaciones en su contra.

   Mones Coro se declaró culpable, el 26 de noviembre de 2019, de haber conspirado para violar las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso contra el actual ministro de Petróleo de Venezuela, El Aissami, así como a su asociado Samark López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien se encuentra a la cabeza de la máxima instancia de Criptomonedas del país suramericano.

  Según los documentos federales, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York fueron señalados por el juez de haber retenido evidencias del caso, que podría beneficiar a los acusados en el caso.

  El juez, Alvin Hellerstein acordó permitir a Mones Coro, un empresario de la aviación del estado de la Florida, retirar su declaración de culpabilidad de organizar los vuelos para Tareck El Aissami y Samark López Bello a más de cinco países.

  Víctor Mones Coro, se declaró culpable hace un año de haber organizado los viajes del alto jerarca del régimen venezolano que violaron las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Los hechos muestran que los fiscales que se encuentran al frente del caso, continuaron produciendo cantidades masivas de evidencia en contra del acusado.

  Hellerstein dijo en una audiencia que estaba preocupado por el retraso de los fiscales en la entrega de información a la defensa.

   El juez comentó que la producción tardía de una gran cantidad de evidencia por parte de los fiscales, que la defensa del acusado no ha tenido la oportunidad de considerar obliga a tomar la decisión de autorizar al acusado retirar su declaración de culpabilidad.

   Mones Coro decidió retirar su declaración el viernes a través de su abogado . La sentencia del acusado estaba prevista para octubre y luego fue cambiada para noviembre 2020.

  Un testigo clave que cooperó en el caso, el piloto, Alejandro Javier Marín, fue acusado en septiembre de mentir a los agentes federales. Este evento va a  complicar el caso, de acuerdo a los documentos federales.

  Víctor Mones Coro es uno de los acusados bajo custodia de las autoridades estadounidenses  en la acusación contra El Aissami, quien ha sido señalado por el gobierno de estar vinculado al narcotráfico internacional, el crimen organizado, el terrorismo y lavado de dinero. 

  El caso de Víctor Mones Coro recuerda lo ocurrido con el juicio del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, que fue procesado por haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la República Islámica de Irán. Luego de ser declarado culpable por un jurado en Nueva York bajo el pretexto que los fiscales había retenido  un documento exculpatorio durante el proceso de descubrimiento que hubiese podido ayudar a la defensa a preparar mejor su estrategia.

Este artículo del Caso Ali Sadr Hashemi Nejad te puede interesar 

  La defensora de Mones Coro, Christine Chung, escribió que el caso que involucra a su cliente, que trata de la facilitación de los vuelos ilegales de los grandes jerarcas del régimen venezolano está siendo procesado por la misma Unidad de Investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que manejó el caso de Ali Sadr. 

  En ese sentido, Chung sostiene que desde julio 2020 se superpuso con la evidencia recientemente producida en el caso por el arresto de una fuente confidencial del gobierno que fue arrestado por haber mentido a los agentes federales. "El control de daños del Distrito Sur en Sadr a partir de julio se superpuso con la evidencia recién producida en el caso Mones", acotó Chung.

“Los esfuerzos extremadamente tardíos, seriales y continuos para complementar el descubrimiento previo al juicio, así como las investigaciones tardías de la Fuente Confidencial que llevaron al evento altamente inusual de que la Fuente fue acusada de mentir a agentes federales, son una prueba más de 'patrones' de violaciones ”, escribió Chung, citando comentarios del caso Sadr.

  La evidencia revelada después de la declaración de culpabilidad de Mones muestra que era menos culpable de lo que parecía en el momento de su declaración de culpabilidad, argumenta Chung.

 La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha dicho que está tomando medidas para evitar que se repitan los errores ocurrido en el caso de Ali Sadr.

Mientras esto ocurre en el tribunal neoyorquino, el actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami celebra señalando, a través de su cuenta en la red social Twitter que las acusaciones de los Estados Unidos en su contra son "mentiras, infamias y falsas evidencias".



miércoles, 28 de octubre de 2020

Juez de NY ordena a los fiscales entregar la información "favorable" a Víctor Mones Coro, vinculado a Tareck El Aissami, para que pueda usarla en su defensa

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, ordenó a los fiscales federales que entreguen a los abogados de Víctor Mones Coro toda la información que pueda ser favorable para su defensa, antes que sea sentenciado por los delitos relacionado con la violación de las sanciones que EE. UU. impuso contra el exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen de Venezuela, Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello. La decisión tiene que ver con nuevos elementos del caso vinculados al arresto de Alejandro Javier Marín, una fuente confidencial que está siendo juzgado por haber mentido a los agentes del gobierno estadounidense.

  Hellerstein basó su decisión en la Regla Federal de Procedimiento Penal 5 (f) que establecen las obligaciones de divulgación del gobierno bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   El juez dijo en su fallo que el Gobierno debe revelar a la defensa toda la información "favorable a un acusado" eso es "material para la culpabilidad o el castigo" que del conocimiento de los fiscales.

   "Esta obligación se aplica independientemente de si la información en sí misma constituiría admisible evidencia" advierte. 

   El Gobierno revelará dicha información a la defensa inmediatamente después del conocimiento de la decisión del tribunal, para que la defensa pueda hacer uso efectivo de la información en la preparación de su caso.

   Como parte de estas obligaciones, el Gobierno debe revelar cualquier información que pueda ser utilizada para impugnar el testimonio del juicio de un testigo del gobierno, que en este caso es el piloto Alejandro Javier Marín.

     El juez ordenó que la información debe ser divulgada a más tardar en una semana antes de la última conferencia previa al juicio para que el acusado pueda hacer uso efectivo de la misma en el juicio o en cualquier otro momento que la Corte pueda ordenar. 

  Las obligaciones anteriores son continuas y se aplican a los materiales que se conocen al Gobierno en el futuro. Además, "si la información está sujeta a divulgación, debe ser divulgado independientemente de si el Gobierno lo acredita.", advierte el juez.

   En el caso de que el Gobierno crea que la  divulgación de alguna información compromete la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, una aplicación de la ley sensible técnica, o cualquier otro interés sustancial del gobierno, puede solicitar al Tribunal la modificación de sus obligaciones, que pueden incluir revisión en cámara o retención o sujeción a una orden de protección toda o parte de la información que de otro modo estaría sujeta a divulgación.

  Para los propósitos de esta Orden, el Gobierno incluye todos los estados federales, estatales, actuales o anteriores y fiscales locales, agentes del orden y otros funcionarios que han participado en la investigación que condujo a, o enjuiciamiento, del delito o delitos con los que el demandado está acusado.

  La orden del juez sostiene que el Gobierno tiene la obligación  de buscar de esas fuentes toda la información sujeta a divulgación en virtud de esta Orden.

  Si el Gobierno no cumple con la Orden del juez, la Corte, además de ordenar producción de la información, puede:

(1) especificar los términos y condiciones de dicha producción;

(2) otorgar un aplazamiento;

(3) imponer sanciones probatorias;

(4) imponer sanciones a cualquier abogado responsable del Gobierno;

(5) desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena después del juicio o una declaración de culpabilidad; o

(6) ingresar cualquier otra orden que sea justa bajo las circunstancias.

La acusación


Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.


Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.


La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.


Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.


Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.


Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.


El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.


Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.


El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.


Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.


Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.


Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades de que el acusado huyó. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.


El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.


La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".


De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarán.


Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.


Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.


Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.


Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.


   El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.



lunes, 28 de septiembre de 2020

Nuevos elementos obligan a posponer sentencia de Víctor Mones Coro, acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Tareck El Aissami

 Por Maibort Petit

  Los abogados de Víctor Mones Coro pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que cambiara la fecha de las sentencia prevista para el 30 de septiembre de 2020, para el 13 de octubre alegando que de esa manera la Fiscalía tendría más tiempo para incluir en el expediente "el reciente descubrimiento relacionado con una fuente confidencial en este caso", que se trataría del piloto, Alejandro Javier Marín, arrestado el 19 de septiembre de 2020 bajo los cargos de mentir a los agentes federales en relación a unos USD 140 mil de una operación encubierta.

  Los fiscales de este caso, Amanda Houle y Samuel Adelsberg no pusieron objeciones a la petición de la defensa. El juez Hellerstein fijó la nueva fecha para el 21 de octubre de 2020.

   Inicialmente, la sentencia había sido fijada para el 31 de agosto de 2020 y luego fue cambiada para el 30 de septiembre de 2020, y ahora nuevamente para el mes de octubre.

   Víctor Mones Coro, es un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

La acusación

  Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

 Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

  Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  


Piloto que mintió al gobierno de EE. UU. fue presentado frente a un juez de la Florida

 Por Maibort Petit

   El pasado viernes 25 de septiembre a la 1:00 PM fue presentado ante el juez Jonathan Goodman el piloto venezolano, Alejandro J. Marín,  acusado de haber mentido al gobierno de los Estados Unidos en el marco de un programa de cooperación que le permitía a los agentes federales recibir información sobre un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano.

   Alejandro J. Marín, presidente de My Jet Saver, con sede en Opa Locka, Florida, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami debido a una acusación de tres cargos relacionados con ocultar información y hacer declaraciones fraudulentas a los agentes federales estadounidenses. 

   Había una preocupación por parte de los encargados del caso porque Marín debía haber sido presentado ante un juez de la jurisdicción antes de las 72 horas de su arresto, pero debido a que el acusado dio positivo en el examen de coronavirus no fue autorizada su presentación por videoconferencia.

  Según la acusación criminal que procesa la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Marín  habría sustraído USD 140,000 de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional, Cuando los agentes interrogaron a Marín sobre los fondos faltantes, el acusado mintió.

  Marín era una fuente confidencial de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) desde enero de 2018. En esa condición participó en una operación encubierta que tenía como objetivo el encausamiento y arresto de los miembros de la organización que no fue revelada, aunque fuentes vinculadas al caso señalaron que está vinculada al actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami, y su asociado, Samark López Bello.

  Los documentos federales dicen que la organización criminal había acordado enviar a los Estados Unidos un dinero en efectivo producto de ganancias de actividades criminales.

  Marín tenía que transportar el dinero a Estados Unidos. El 26 de julio transportó  en sus aviones 1,297,500 euros en efectivo que estaban envueltos en seis paquetes que fueron incautados.

  Según los documentos federales, uno de los paquetes tenía escrito el apellido de Marín y la cifra 999,400 euros. Cuando lo revisaron, los oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se enteraron que el paquete estaba abierto y que contenía una cantidad menor a la suma indicada. 

  Los agentes revisaron el teléfono celular de Marín y descubrieron que éste había recibido un correo electrónico en el que uno de los miembros de la organización criminal, identificado como "Individuo 1", le pidió que sacara dinero del envío para pagarle a una persona asociada a un equipo de fútbol en el exterior cuyo nombre no fue revelado.

   En la entrevista que le hicieron los agentes a Marín para preguntarle por los USD 140,000, el acusado sostuvo que le pediría a la persona de la organización que repusiera el dinero. El individuo envió 130,000 dólares a través de las cuentas de su empresa pero el acusado nunca reveló a los agentes la operación.

  Con el tiempo, en agosto de 2020 los funcionarios del gobierno descubrieron que Marín había mentido. Luego de un mes, el acusado llamó al agente que atendía el caso Timothy McCain para informarle que luego de haber consultado con su contador recordó que había recibido 130,000 dólares en enero de 2019.

  Desde el 19 de septiembre cuando fue arrestado, Marín está en una celda aislada en el Centro Federal de Detención de Miami porque dio positivo al test de Covid-19.  El acusado aceptó hacer la presentación inicial por videoconferencia el viernes en la tarde ante el juez Goodman. 




sábado, 26 de septiembre de 2020

Arrestan al piloto venezolano, Alejandro Javier Marín por mentir al gobierno de EE. UU. en el marco de su colaboración en un caso de unos asociados a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit

  El piloto venezolano, dueño de la empresa My Jet Saver (AOC),  Alejandro J. Marín, fue arrestado el 19 de septiembre de 2020, en Miami acusado de haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Marín estaba colaborando con la justicia estadounidense, en el marco de una investigación que gira en torno a una trama de lavado de dinero presuntamente vinculada a los asociados del caso del Ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami.

  Alejandro J. Marín mintió a un agente de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional y la acusación federal incluye tres cargos. El caso es procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  Alejandro J. Marín Aigster,  CI. 11.310.389, nació en Venezuela el 7 de diciembre de 1973, y fue residente de El Cafetal, Municipio Baruta.

  Marín, de manera deliberada, habría "falsificado, ocultado y encubierto hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares".

  Marín fue acusado por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, el 18 de agosto de 2020 por haber hecho declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas, cuando un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, le preguntó si había recibido alguna vez una suma de aproximadamente $ 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Como respuesta, Marín afirmó que no, cuando en realidad sí lo había recibido.

 Asimismo, a Marín se le acusa hacer una declaración falsa a un agente federal el 27 de agosto de 2020, cuando el acusado dijo a los oficiales federales, que una persona que forma parte de una investigación y que está identificada como  "Individuo-1" "nunca le pidió permiso para tomar dinero de un paquete que contenía ganancias derivadas de actividades criminales". Según la acusación, Marín había acordado que el individuo-1 podría tomar fondos del paquete.

 El  tercer cargo sostiene que el 27 de agosto de 2020, Marín le dijo a los agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que nunca había preparado un paquete de dinero para el Individuo-1 cuando en los hechos sí lo había hecho.

 De acuerdo a una declaración jurada del agente especial de HSI, Timothy Mccann, quien está vinculado a la investigación y fue uno de los que habló con Marín y revisó los mensajes electrónicos del teléfono de acusado, así como los registros bancarios se determinó que hubo un desvío no revelado del producto del delito por parte del acusado a un asociado extranjero.

  En enero de 2018, Marín firmó un acuerdo para actuar como fuente confidencial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). 

 Entre sus responsabilidades como fuente confidencial, Marín estaba comprometido a ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero.

  En la declaración dice que "En junio de 2018 como objetivo de la investigación se acordó transportar el dinero,  producto derivado del delito,  en un avión privado. 

  Es decir, Marín debía recoger el dinero producto de las ganancias de las actividades ilícitas y desviar el avión donde se transportaba el dinero a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

  El 3 de julio de 2018, Marín envió a un agente de HSI una fotografía que mostraba seis paquetes, cada uno etiquetado con un nombre y una cantidad de dinero en euros . "El valor total de Euros que figura en los Paquetes fue de 1.297.500 Euros. Marín enumeró un paquete con la cantidad "999,400 Euros denominado "Paquete-1".

 Ese mismo 3 de julio de 2018 Marín intercambió mensajes electrónicos con un asociado extranjero denominado  ("Individuo-1") indicando que le había enviado los referidos paquetes. 

 Posteriormente, Marín  escribió que un "socio de fútbol" asociado con el individuo-1 necesitaba “100 en efectivo” que serían reembolsados ​​a una empresa de su propiedad en aproximadamente un mes, acotando que "usted toma las decisiones" e indicándole "tómalo al tipo de cambio de hoy y ciérrelo con los primeros que tenga allí". 

 La agencia estadounidense analizó las imágenes forenses de los teléfonos de Marín con su consentimiento en octubre de 2018 y abril de 2019 en los que aparecían los mensajes intercambiados entre Marín y la Individuo-1 en español. 

 Cuando los agentes entrevistaron a Marín, en Nueva York, le advirtieron que es un crimen mentirle a un oficial de la HSI. En esa entrevista, Marín dijo que no había recuperado el dinero que faltaba en el Paquete 1 por parte del Individuo-1.

 Marín mintió a los agentes al afirmar que nunca le proporcionó el dinero en efectivo al Individuo 1, que nunca sacó del monto inicial una parte para entregarse al sujeto en cuestión.

 Pero el 28 de agosto de 2020, el agente Mccann recibió una llamada de Marín para declarar  que, después de hablar con su contador había recordado que había recibido aproximadamente $ 130,000 del Individuo-1 como pago por el dinero que faltaba en el Paquete-1. 

 En esa misma conversación Marín dijo  que había recibido el mencionado monto de dinero a través de dos transferencias bancarias a su compañía My Jet Sarver en enero y junio de 2019, y que una parte del dinero se recibió de la Organización en nombre de Individual-1.

 Los agentes de la HSI pidieron que se arrestara a Marín por haber mentido. El acusado fue arrestado en concordancia con la orden de arresto el 19 de septiembre de 2020.

 Marín debía ser presentado ante el juez Jonathan Goodman, en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 23 de septiembre donde se le leería  los cargos y se acordaría su trasladado a Nueva York que es la jurisdicción donde se sigue ese caso, pero cuando se le hizo el examen de COVID19, el acusado resultó positivo y por ello fue confinado en una unidad de aislamiento en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami. 

 Se tenía previsto que Marín apareciera por teleconferencia, pero el FDC Miami no ejecutó la llamada legal programada, lo cual generó un problema procesal por haber transcurrido 5 días en el que el acusado esté bajo custodia sin ser presentado al tribunal y sin  tener contacto con un abogado en relación con sus asuntos legales pendientes. 


viernes, 7 de agosto de 2020

Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto

 Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, fijó para el 31 de agosto de 2020, la lectura de la sentencia de Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

    Los abogados defensores de Mones Coro, Christine H. Chung y Faith E. Gay, pidieron al juez, Alvin K. Hellerstein, que pospusiera la sentencia para el 28 de agosto de 2020, pero el juez decidió fijar la nueva fecha para el 31 del presente mes.

  La defensa había solicitado en marzo libertad bajo fianza alegando el temor por la pandemia del COVID-19. El magistrado Hellerstein la negó, fallando a favor de la solicitud de libertad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York .

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

  Los fiscales federales del caso dijeron al juez que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40 mil en efectivo, un avión privado y un bote".

  La Fiscalía sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país.

 Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos.

  Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala".

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos".

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado.

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

   Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

  Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

  De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían.

  Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

  Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

  La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Mones Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado, Es dueño de un avión privado y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados.

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

Los fiscales sostiene que Mones Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión.





martes, 31 de marzo de 2020

Fiscales de Nueva York se oponen rotundamente a que el cómplice de Tareck El Aissami salga en libertad bajo fianza bajo el argumento del coronavirus

   En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso a la solicitud  de libertad bajo fianza presentada ante el tribunal por los abogados de uno de los cómplices del vicepresidente de Economía e Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, quien está a la espera de ser sentenciado, luego de declararse culpable. Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años, y pidió que lo dejaran salir de la cárcel debido, entre otros argumentos, a su temor al contagio de coronavirus.
  La defensa de Víctor Mones Coro presentó el 25 de marzo de 2020  una petición ante la corte donde pide que se le permita abandonar la prisión ante los posibles riesgos de COVID-19.

  Los fiscales neoyorquinos sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país. 

  Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos. 

   Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala". 

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos". 

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación, razón por la cual, el juez debe rechazar la petición.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado. 

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación 

   Entre 2017 y marzo de 2019,  Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin. 

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida,  que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados. 

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr. 

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas. 

  Moros Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley. 

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente,  utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales. 

   El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación. 

   Moros Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano. 

   El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable  y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

   Moros Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

   Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales "como mínimo, unos increíbles $ 6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

   La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa". 

   De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían. 

   Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente. 

   Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España  y su hermana reside en las Islas Canarias españolas. 

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos. 

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho,  actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela. 

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo  a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

   La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Moros Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado,  Es dueño de un avión privado  y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados. 

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

  Estas circunstancias únicas requieren un encarcelamiento continuo en este caso. 

  Los fiscales sostiene que Moros Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión. 


  En el documento de moción, donde la fiscalía rechaza la petición, se señala que las condiciones del Centro Correccional Metropolitano (MCC), el acusado tiene acceso a sus abogados y que si bien la situación de COVID-19 ha requerido cambios temporales en el prisión en relación con las interacciones abogado-cliente, MCC está trabajando de manera constante y rápida para presentar alternativas a las reuniones en persona. 

  El abogado defensor se comunicó recientemente con el acusado por teléfono, y el Gobierno entiende que se atenderán las futuras solicitudes de llamadas telefónicas del defensor.

  El abogado defensor tiene la capacidad de comunicarse con el acusado por correo electrónico. Además, el MCC está trabajando para establecer capacidades de videoconferencia a partir de la próxima semana, a las cuales el acusado tendrá acceso. 

  Estas medidas, dicen los fiscales,  son apropiadas para proteger la salud de los reclusos y el personal al tiempo que equilibran las necesidades de los acusados ​​para comunicarse con un abogado. 

  Dado el mandato casi universalmente aceptado de la comunidad médica de que las reuniones en persona deben evitarse para todos, ya sea que estén encarcelados o no, el acceso del acusado a llamadas legales y correo electrónico es claramente una alternativa adecuada a las reuniones presenciales durante la duración del peligro más grave planteado por COVID-19.

   Además, gran parte del argumento del acusado con respecto a los desafíos de prepararse para su sentencia se basa en la falta de voluntad del acusado de aplazar la fecha de la sentencia. 

   El Gobierno entiende que el acusado está ansioso por proceder a la sentencia, y el Gobierno está dispuesto a proceder a la sentencia tan pronto como la próxima semana si el Tribunal lo desea. Pero el acusado no puede quejarse de que no puede cumplir con las expectativas de tiempo de su sentencia mientras se opone simultáneamente a la flexibilización de esos plazos. 

  Un breve aplazamiento de la fecha de la sentencia permitiría al abogado tiempo adicional para mantener llamadas y videoconferencias con el acusado, o tal vez para reunirse en persona cada vez que los protocolos COVID-19 puedan ser relajados de manera segura. 

   Dado que el acusado enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión, un aplazamiento de algunas semanas no es irrazonable, y es una solución infinitamente más adecuada para abordar las preocupaciones del acusado de lo que es liberación de la custodia dado el riesgo de fuga que plantea.

  Por su parte, la Oficina de Prisiones  ha informado al Gobierno que está preparado para manejar los riesgos planteados por COVID-19, al igual que con otras enfermedades infecciosas y otras condiciones médicas. Desde al menos octubre de 2012, BOP ha implementado un Plan de influenza pandémica.