Los inútiles esfuerzos del' piloto de Tareck El Aissami' de librarse de su condena luego de haberse declarado culpable

  Víctor Mones Coro había apelado al estimar que el tribunal de distrito había impuesto una sentencia irrazonable.

Por Maibort Petit

  Conocido como 'el piloto de Tareck El Aissami', exvicepresidente de la república Bolivariana de Venezuela y actual ministro de Petróleo, Víctor Mones Coro batalla en los tribunales de los Estados Unidos para echar por tierra la sentencia se le impusiera luego de declararse culpable de cinco cargos de violación y conspiración para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, conocida como la “Ley Kingpin” y sus reglamentaciones. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos desestimó su apelación en la que alegaba ser impuesto de una sentencia sustancialmente irrazonable.

   Mones Coro fue sentenciado el 31 de marzo de 2021 por el juez Alvin K. Hellerstein del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York a cumplir una pena de prisión de 55 meses en razón de su papel en el plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck El Aissami y Samark José López Bello, supuesto testaferro del alto funcionario venezolano, así como también a Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2018, acciones estas que violaron las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC). 

   Mediante la empresa American Charter Services LLC (ACS), Mones Coro organizó vuelos a los funcionarios régimen citados señalados por sus conexiones con el narcotráfico internacional y el crimen organizado a lugares de importancia estratégica para Venezuela, como Rusia y Turquía. Previamente, el 4 de enero de 2021, Víctor Mones Coro se declaró culpable de una acusación formal de cinco cargos. Adicionalmente, la sentencia aplicó a Mones dos años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000[1].

  La sentencia que firman Denny Barbilla, Ricardo J. Sullivan y Steven J. Menashi, refiere que el tribunal de distrito había calculado que el rango de las pautas era de 70 a 87 meses de prisión, dado que Mones Coro estaba sujeto a una mejora de liderazgo de cuatro niveles de conformidad con las Pautas de sentencia de EE. UU. Sin embargo, el juez de distrito impuso una sentencia por debajo de dichas directrices que, como ya se dijo fue de 55 meses de prisión, seguida de dos años de libertad supervisada, una multa y una evaluación especial.

  Argumentó Mones Coro en su apelación que la sentencia impuesta en su contra aplicó indebidamente la mejora de liderazgo de cuatro niveles la cual corresponde, según la norma, a "un organizador o líder de una actividad delictiva que involucró a cinco o más participantes o que fue extensa". Sostuvo el apelante que al evaluar la mejora del liderazgo la corte “combinó su papel [prominente] en su empresa”, de la que era propietario, “con su papel [supuestamente menor] en la conspiración”. De allí que asegurara que el tribunal lo catalogó erróneamente como un organizador o líder cuando solamente era un “proveedor de servicios”. Estimó que tan sólo le era aplicable una mejora de tres niveles.

Directrices bien aplicadas

  Ante esta argumentación los magistrados de la Corte de Apelaciones manifestaron no haber encontrado ningún error en el análisis del juez Hellerstein y aclararon que el estatus de liderazgo no depende del “hecho de que las personas sancionadas por la OFAC estuvieran por encima de él en la jerarquía del esquema criminal”. Por tanto, respaldan la decisión del tribunal de distrito de catalogar a Mones Coro como líder de acuerdo a lo que señalan las directrices.

  Categóricamente establecen que Víctor Mones Coro ejerció autoridad en la toma de decisiones sobre aspectos cruciales de los viajes, aviones, pilotos y recursos de sus empresa, así para ocultar a la OFAC los nombres de las personas sanciones que hicieron uso de los vuelos. Por tanto, el tribunal de distrito no se equivocó al aplicar la mejora de líder de cuatro niveles, estimaron los jueces de la Corte de Apelaciones.

Razonable

  La Corte de Apelaciones consideró que la razonabilidad de la sentencia que Mones Coro sostiene que los factores atenuantes de la misma no fue sopesados adecuadamente. Se refería el apelante a su vida, su ayuda al gobierno, su conducta en prisión, las difíciles condiciones de confinamiento durante la pandemia por Covid-19, entre otros.

  Las magistrados indican que “no tenemos dificultad para ubicar la sentencia de cincuenta y cinco meses de prisión de Mones Coro por debajo de las Directrices dentro del rango de decisiones permisibles disponibles para el tribunal de distrito”.

  Concluyó la Corte de Apelaciones que el tribunal de distrito no impuso una sentencia sustancialmente irrazonable. Procedieron, en consecuencia, a ratificar las sentencia dictada a Víctor Mones Coro por el juez Alvin K. Hellerstein del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.

REFERENCIAS

[1] Departmento de Justicia. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

Fiscalía solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York Mantener el sello sobre documentos del expediente de Víctor Mones Coro

   La acción responde a un pedido de Inner City Press de abrir documentos del caso.

Por Maibort Petit

   La fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, magistrado de la referida jurisdicción, mantener bajo sello un conjunto de documentos pertenecientes al expediente del caso Estados Unidos contra Mones Coro y otros.

  Un pedido ante al cual el magistrado ordenó a la secretaría del tribunal mantener el acceso solamente al Fiscal Federal Auxiliar que maneja el caso y su personal y la corte. El gobierno informar antes del 29 de abril de 2021 qué aspectos de los documentos permanecerán sellados y cuáles se harán públicos.

  El 31 de marzo de 2021, Inner City Press, presentó una solicitud para abrir documentos en el referido caso.

  Ante tal solicitud, el juez Hellerstein había ordenado el 14 de abril a la fiscalía, reconociendo la presunción a favor de la rendición de cuentas y la presentación pública de documentos, que informara a la Corte qué partes de los documentos a su juicio debían permanecer sellados con la respectiva motivación para ello.

  El 31 de marzo de 2021, el Tribunal del distrito Sur de Nueva York sentenció a Victor Mones Coro a cumplir 55 meses de prisión por haber formado parte de un plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su supuesto testaferro, Samark José López Bello; así como al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, violando con esta acción las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de estados Unidos (OFAC). Mones Coro se había declarado culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021[1].

[1] Department of Justice. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

 

Fiscalía pide a la Corte rechazar pedido de los medios de abrir los registros de contactos previos del gobierno con Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami

  El gobierno advierte que la información quedaría expuesta no sólo a los periodistas, sino también a enemigos de los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

   La Fiscal por el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, solicitó al juez Alvin K. Hellerstein, rechazar dos solicitudes presentadas por miembros de los medios de comunicación para abrir registros relacionados con el contacto previo de Víctor Mones Coro con el gobierno de los Estados Unidos.

   Mones Coro fue sentenciado el pasado 17 de marzo del año en curso a pagar 55 meses de prisión en razón de su conexión con un plan destinado a facilitar y proporcionar vuelos chárter privados a Tareck Zaidan El Aissami Maddah y a Samark José López Bello, exvicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo y su supuesto testaferro, respectivamente. Igualmente, fue condenado a pagar USD 250.000 en multas y se someterá a dos años de libertad supervisada como parte de la sentencia. La prestación de este servicio por parte de Mones Coro a El Aissami Maddah y López Bello, constituyen una violación a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de acuerdo a los establecido en la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros[1].

   El 26 de noviembre de 2019, Víctor Mones Coro se declaró culpable culpable de violar las sanciones de la Ley Kingpin contra el ministro y ex-vicepresidente venezolano[2].

   Durante distintas etapas del proceso judicial de Mones Coro, incluso luego de dictada la sentencia, las partes presentaron comunicaciones selladas o redactadas en las que se discutían detalles relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los Estados Unidos.

   Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, la defensa presentó un aviso en el expediente con respecto a dos presentaciones selladas presentadas anteriormente.

  En la misma fecha, por lo que la fiscalía presume un esfuerzo coordinado, Matthew Russell Lee de Inner City Press, a través de un correo electrónico solicitó la apertura de varios documentos sellados, entre ellos, los mismos documentos a los que se hace referencia el abogado defensor. Luego, el 2 de abril de 2021, la defensa se unió a la solicitud de Inner City Press.

   Entretanto, Brian Barrett de Associated Press, en una carta fechada el 5 de abril de 2021, le pidió a la Corte intervenir y abrir documentos relacionados con el contacto previo del acusado con el gobierno de los EE. UU., incluidos los que formaron parte de la transcripción de la sentencia.

La ley aplicable

   Refiere la solicitud de la fiscal Strauss que, si bien la Corte Suprema ha reconocido el derecho consuetudinario de acceso público a los documentos judiciales, esto aplica de acuerdo a dos factores, a saber, que (a) "la función del material en cuestión en el ejercicio del poder judicial del artículo III" y (b) "el valor resultante de dicha información para quienes supervisan los tribunales federales".

   Advierte que , luego de determinar el peso otorgado al presunto derecho de acceso, el derecho consuetudinario se equilibra con los intereses compensatorios que favorecen las restricciones de acceso. “El hecho de que un documento sea un expediente judicial no significa que no se pueda restringir el acceso al mismo”, de acuerdo a lo que dicta la jurisprudencia.

  Recordó que el Segundo Circuito ha reconocido que ciertas categorías de factores compensatorios deben equilibrarse con la presunción de acceso, lo cual incluye el peligro de afectar la eficiencia judicial o de aplicación de la ley y la necesidad de proteger los intereses de la privacidad.

   Respecto al presunto derecho de acceso que otorga la Primera Enmienda, la fiscalía del distrito Sur de Nueva York advierte que este puede ser superado por "hallazgos específicos y en el expediente de que el sellado es necesario para preservar valores más altos" y cuando el "orden de sellado se adapta estrictamente para lograr ese objetivo", tal como lo ha establecido la jurisprudencia.

Las razones de la Fiscalía

  La Fiscalía del distrito Sur de Nueva York considera que, por las razones ya articuladas por la Corte, y debido a los fuertes intereses gubernamentales que privan en contra de la apertura, las solicitudes deben ser denegadas.

  Refiere como lo han establecido otras decisiones judiciales, que “La transparencia a veces debe ceder a un interés más convincente” y “Es obvio e indiscutible que ningún interés gubernamental es más convincente que la seguridad de la nación”.

 Recuerda que los materiales sellados y redactados constituyen información altamente sensible que podría conducir a la divulgación no autorizada de información clasificada.

  Audrey Strauss advierte al juez Hellerstein que, si bien no existen dudas en este litigio de que las solicitudes de apertura de los medios de comunicación se presentan de buena fe y con un propósito válido, el acceso no se limitaría al personal de dichos medios.

“Los adversarios de nuestro país también tendrían acceso, y las divulgaciones podrían aumentar los riesgos que ya enfrenta el personal del gobierno de EE. UU. debido a que cada una de las consideraciones anteriores podría causar un perjuicio grave al gobierno”.

   Por ello, la fiscalía recordó a la Corte que ese despacho proporcionó a los abogados defensores cierta información sobre el entendimiento mutuo de que las referencias a esta información se eliminarían en todas las presentaciones posteriores y, en ese momento, la defensa no manifestó ninguna objeción al respecto.

   Finalizó su solicitud la fiscal Strauss subrayando que las órdenes de sellado de la Corte, hasta la fecha han sido plenamente justificadas —de hecho, necesarias— y por estas consideraciones y no deben ser perturbadas.

[1] Department of Justice. “Man Sentenced to 55 Months in Prison for Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/opa/pr/man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan-leaders

[2] Department of Justice. “Florida Man Pleads Guilty To Violating Kingpin Act Sanctions Against Venezuelan Minister And Former Vice President”. 26 de noviembre de 2019. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-pleads-guilty-violating-kingpin-act-sanctions-against-venezuelan-minister

Defensa del piloto acusado en el caso de Tareck El Aissami y Samark López pide al juez su libertad porque está deprimido

Por Maibort Petit

    La defensa de Michols Orsini Quintero, el piloto que está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, Samark López, Maikel Moreno y otros cabecillas del régimen,  pidió al tribunal modificar sus condiciones actuales de libertad bajo fianza para que pueda recibir tratamiento de salud mental, incluida la consejería. 

   De acuerdo a lo explicado por la abogada Sabrina P. Shroff,  desde sus 21 meses de detención en MCC-Nueva York, el Sr. Orsini ha sido puesto en libertad bajo fianza. "Mientras estaba en libertad bajo fianza, no ha podido dormir, tiene ansiedad y depresión y sufre pérdida de peso". 

   Shroff sostiene que Orsini Quintero, en lugar de aumentar de peso, ha perdido 10 libras. "He hablado con su oficial de servicios previos al juicio, David Stwarka, quien me informa que el Sr. Orsini cumple plenamente con sus condiciones de liberación". 

  "El Oficial de Servicios Previos al Juicio Stwarka también informa que el Sr. Orsini de hecho se beneficiaría de (i) una evaluación y tratamiento de salud mental  y (ii) de asistir a una casa de culto ya que la religión y Dios son una fuente de consuelo para el Sr. Orsini" agrega la solicitud.

  Por estas razones, solicito a la Corte que modifique las presentes condiciones de liberación y agregue las dos condiciones señaladas anteriormente.

  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.

En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

  Orsini Quintero se declaró no culpable de los cargos y se prepara para ir a un juicio con jurado.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el entonces fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

   Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

   La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

  El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, fue sentenciado a 55 meses de prisión por un juez de NY

   Además de su sentencia de prisión, Mones Coro, de 52 años, fue sentenciado a dos años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una multa de $ 250,000.

Por Maibort Petit

     El piloto venezolano-americano, Víctor Mones Coro fue condenado por un juez de Nueva York a 55 meses de prisión, tras haberse declarado culpable de haber prestado servicios de vuelos chárter al exvicepresidente Tareck El Aissami, Samark López Bello, al presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, y a la campaña presidencial 2018 de Nicolás Maduro, lo cual violó las sanciones impuestas a los beneficiados por el gobierno de Estados Unidos. 

    El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York,    Audrey Strauss, junto a  Peter C. Fitzhugh, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York informaron este miércoles que Víctor Mones Coro fue condenado hoy a 55 meses de prisión en una audiencia que no fue pública, dice el comunicado.

    Mones Coro fue procesado por su relación con un plan para proporcionar vuelos chárter privados a dos destacados miembros del círculo íntimo del ex presidente venezolano Nicolás Maduro: el ex vicepresidente venezolano Tareck Zaidan El Aissami Maddah y su líder, Samark Jose Lopez Bello. Estos servicios de vuelo violaron las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) de conformidad con la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros. 

    Mones Coro se declaró culpable de una acusación formal de cinco cargos el 4 de enero de 2021 y fue sentenciado hoy por el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein.

    La fiscal federal de Manhattan, Audrey Strauss, dijo: “Víctor Mones Coro dirigió un plan concertado y sostenido de varios años para proporcionar servicios de vuelos ilícitos valorados en millones de dólares a los líderes venezolanos en contravención directa del régimen de sanciones y la política exterior de nuestro país. La sentencia de hoy sirve como recordatorio de que, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, procesaremos enérgicamente a los infractores de las sanciones para proteger nuestra seguridad nacional ".

   Por su parte, el agente especial a cargo de HSI, Peter C. Fitzhugh, dijo: “HSI es fundamental para proteger los intereses de Estados Unidos al aprovechar nuestras autoridades únicas y expansivas para erradicar los regímenes corruptos que operan en todo el mundo. Durante más de 25 años, el Grupo de Trabajo El Dorado de HSI Nueva York ha investigado y desmantelado complejos esquemas internacionales de lavado de dinero junto con otros delitos financieros graves. Trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país y en todo el mundo, continuamos salvaguardando nuestros sistemas financieros de la corrupción internacional que enriquece las arcas de los dictadores y sus secuaces ”, dice el comunicado.

El caso

   Entre febrero de 2017 y marzo de 2019, MONES CORO brindó servicios de viaje, incluidos vuelos chárter privados, a El Aissami y López Bello, así como a sus asociados, en violación de las sanciones de la OFAC. El Aissami se convirtió en vicepresidente de Venezuela aproximadamente en enero de 2017 y actualmente es Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. 

    

   En febrero de 2017, la OFAC designó a El Aissami y López Bello como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. Como resultado de las designaciones de la OFAC, las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido, entre otras cosas, participar en transacciones o prestar servicios a El Aissami y López Bello sin la autorización de la OFAC.

    Para evadir las designaciones de la OFAC, Mones Coro diseñó un elaborado esquema criminal para enriquecerse y brindar servicios de vuelo a El Aissami y López Bello, entre otros venezolanos influyentes en el círculo íntimo de Maduro, incluido el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Maikel Moreno, quien también había previamente sancionado por la OFAC. Para encabezar este plan criminal, Mones Coro utilizó su empresa estadounidense, American Charter Services (ACS), sus aviones y sus empleados para volar a López Bello, El Aissami y otros en todo el mundo, incluso a países extranjeros de importancia estratégica. importancia para el régimen de Maduro como Rusia y Turquía.

    El convicto  también proporcionó vuelos en apoyo de la campaña de reelección de mayo de 2018 de Maduro, una campaña corrupta a través de la cual Maduro mantuvo ilegítimamente el control de Venezuela. En particular, aproximadamente entre febrero y mayo de 2018, Mones Coro y ACS organizaron entre 20 y 25 vuelos domésticos venezolanos para la campaña de Maduro. Estos vuelos transportaron personas, materiales de campaña y alimentos, entre otras cosas, y fueron coordinados con asociados de El Aissami y López Bello.

  Para evitar ser detectados, Mones Coro y sus co-conspiradores, incluida Joselit Ramírez Camacho, la actual Superintendente de Criptomonedas de Venezuela, se involucraron en varias formas de subterfugio. Utilizaron nombres en clave, falsificaron manifiestos de vuelo y facturas, se comunicaron a través de aplicaciones de mensajería encriptada, recibieron dinero en efectivo a los Estados Unidos desde Venezuela y aceptaron transferencias electrónicas de una empresa fachada vinculada a los líderes venezolanos sancionados. MONES CORO también trató de cubrir sus huellas ordenando a uno de sus pilotos que mintiera a la policía.

   Mones Coro perpetró estos crímenes en un momento en que Estados Unidos y sus aliados estaban comprometidos en la empresa crucial de privar a Venezuela y a su liderazgo de recursos para sus actividades malignas, antidemocráticas y mortales, incluida su represión sistemática y a menudo fatal de activistas, su subversión de las instituciones democráticas venezolanas, y su saqueo corrupto de los recursos naturales de Venezuela. 

   Maduro y otros están acusados de narcoterrorismo y delitos relacionados en una acusación de reemplazo que también está pendiente ante el juez Hellerstein. En una acusación sustitutiva separada, El Aissami, López Bello y Ramírez Camacho están acusados de violaciones de sanciones en función de sus roles en el esquema con Mones Coro.

  

Juez fija para el 4 de enero audiencia de nueva declaración de culpabilidad de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami

 Por Maibort Petit

   El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que Víctor Mones Coro, acusado de haber violado las sanciones que los Estados Unidos impusieron contra Tareck El Aissami, Samark López Bello y otros, tendrá una audiencia para declararse culpable de los delitos que se le acusan el próximo 4 de enero de 2021. Mones Coro retiró su declaración previamente porque su defensa consideró que el gobierno había entregado las evidencias a la defensa de manera tardía y además objetó el comportamiento de una de las fuentes confidenciales del caso.

  Hellerstein dijo que el 11 de diciembre de 2020 realizó una audiencia telefónica sobre los acusados Mones Coro y las mociones de Orsini Quintero para la presentación de sanciones y solicitud de fianza.

Acordó lo siguiente:

1. La moción del acusado Mones Coro de sancionar a los fiscales por descubrimiento se rechaza por ser prematura sin perjuicio de renovar su recurso en el marco de la sentencia;

2. Una audiencia de declaración de culpabilidad para el acusado Mones Coro se llevará a cabo el 4 de enero de 2021 a las 9 a.m. [Se excluye el tiempo hasta el 4 de enero de 2021 en interés de la justicia].

3. Se concede la solicitud de libertad bajo fianza del acusado Orsini Quintero, sujeto a condiciones por establecer. Las Partes, en colaboración con los Servicios Previos al Juicio, deberán presentar una propuesta de orden que establezca las condiciones de la liberación de Orsini Quintero por 16 de diciembre de 2020;

4. Se aplaza la fecha establecida para el juicio, fijada el 25 de enero de 2021. Habrá una conferencia el 20 de enero de 2021 para establecer fechas posteriores.

5. El 19 de febrero se llevará a cabo una conferencia sobre el estado del acusado Orsini Quintero 2021. El tiempo está excluido hasta entonces en interés de la justicia.

Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, pidió declararse culpable inmediatamente y se le dicte sentencia en enero de 2021

  Sostiene que no puede comprobársele haber participado en el delito de lavado de dinero.

Por Maibort Petit

  A través de su abogada Christine H. Chung, Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela y actual ministro de petróleo, Tareck El Aissami, Samark López Bello, entre otros, violando así las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen venezolano, solicitó al tribunal declararse culpable de manera inmediata y en enero del próximo año se le imponga la respectiva sentencia.

   Mones formula esta solicitud con la advertencia de que se declararía culpable solamente de los cargos relativos a las sanciones, por cuanto no habría participado y así puede comprobarse de acuerdo a su representante legal, que haya estado incurso en las actividades de lavado de dinero que se le imputan a resto de los involucrados en la trama.

La solicitud

  El 1 de diciembre de 2020, Christine H. Chung, de la firma Selendy & Gay P. LLC, abogada defensora de Víctor Mones Coro, remitió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, encargado de la causa que el gobierno estadunidense mantiene contra su representado y Michols Orsini Quintero, para solicitar la exclusión de la dependencia del gobierno de la Decimosexta Producción, así como también que se otorgue sin oposición, el pedido para proceder de inmediato a una audiencia de declaración de culpabilidad. Asimismo, solicitó que la audiencia de sentencia tenga lugar en enero de 2021 y se proceda a la preparación de un PSR actualizado de manera acelerada.

   Explica Chung que la fiscalía tenía los materiales de la Decimosexta Producción desde el 29 de septiembre de 2020, cuando registró la oficina de Alejandro Marín, “pero su torpe esfuerzo por cumplir con la fecha límite consistió en ignorar sus propios estándares de producción y arrojar imágenes forenses no revisables a la defensa, dos días después del 23 de octubre de 2020, e invitar a la defensa a asistir a la oficina del DHS para ver las mismas imágenes no revisables”.

   Recuerda la abogada que se excedió el límite legal y que de acuerdo a la jurisprudencia la producción de varios terabytes de información en un caso criminal que no se pueda buscar ni cargar, constituye una producción válida de material. Igualmente apunta que el gobierno se defiende rutinariamente con éxito de las mociones de Brady/Giglio (la jurisprudencia invocada) y de la Regla 16 precisamente al realizar producciones en forma de búsqueda completa. También recordó que la fiscalía admitió que lo hizo por primera vez el 19 de noviembre de 2020, casi dos meses después de la posesión real.

  Considera que el gobierno debe renunciar a depender de la Decimosexta Producción, en lugar de pedirle a la corte que disculpe las dificultades "técnicas", o pre-argumentar cuál debería ser la sentencia de Víctor Mones Coro.

  

    La defensa citó que el 23 de septiembre de 2020, el gobierno aceptó el riesgo de que no pudiera completar la producción de lo obtenido de la búsqueda en la oficina de Alejandro Marín, pues aún cuando conocía que tenía la intención de registrar dicha oficina y el alcance probable de la búsqueda, aceptó la fecha límite del 23 de octubre de 2020 e incluso dio la impresión de que tenía poco que presentar. “Además, la causa fundamental del retraso de las 16 producciones posteriores a la declaración de culpabilidad, según el propio gobierno, fue el hecho de que los AUSA y los agentes no hicieran preguntas que eran obvias desde 2018, como ‘¿Por qué el Sr. Marín no tiene conversaciones de texto con los acusados anteriores a noviembre de 2018?’ o ‘¿Qué pasó con los cientos de miles de euros perdidos que el Sr. Marín transportó en julio de 2018?’".

   A criterio de la defensa de Mones, la fiscalía pareciera desconocer su propia evidencia. 

   Acotó que Alejandro Marín borró casi medio millón de correos electrónicos —y tal vez otros materiales— de su oficina, antes de que el gobierno se apoderara de ellos.

   También argumenta la abogada Chung que la exclusión de la Decimosexta Producción es el remedio adecuado a esta situación, puesta que en ella no se menciona ni un solo artículo en el que deba basarse en la sentencia de Víctor Mones Coro.

“Mones Coro solicita respetuosamente que se le otorguen sus solicitudes sin oposición de una audiencia de declaración de culpabilidad inmediata, una sentencia en enero de 2020 y una PSR acelerada”.

  Para que ello sea posible, es necesario, reitera la defensa, debe excluirse la dependencia del gobierno de la decimosexta producción porque no cumplió la fecha límite del 23 de octubre de 2020.

   Chung refiere que la fiscalía ha malinterpretado el argumento de su representado sobre el alivio de la búsqueda y la cual se sustenta en que no se cumplió con las obligaciones del descubrimiento.

“El disco duro que el gobierno entregó a los abogados el 25 de octubre de 2020, dos días después de la fecha límite del 23 de octubre de 2020, contenía solo imágenes forenses que no se podían buscar”.

   La abogada refiere que el gobierno reconoció en un caso reciente que la producción de una imagen forense de dispositivos electrónicos no es suficiente para cumplir con las obligaciones de descubrimiento.

  Acusa de falsa la afirmación de la fiscalía invitó a la defensa para "inspeccionar" el 23 de octubre de 2020 el material obtenido en la empresa My Jet Server, por cuanto el aviso que recibió decía que la copia de la unidad podría completarse "esta noche o este fin de semana", pero que la inspección podría comenzar "este fin de semana", es decir, después de la fecha límite.

   Christine H. Chung subraya que el gobierno conocía el riesgo de no cumplir con la fecha límite del 23 de octubre de 2020 para presentar la decimosexta producción y, por tanto, debe asumir el riesgo que aceptó.

 Agrega que las producciones del gobierno posteriores a la declaración de culpabilidad se retrasaron debido a fallas en la investigación. En tal sentido, Chung refiere que los agentes y los AUSA fallaron en la investigación, la supervisión y la presentación de informes, lo que ocasionó el reconocimiento Insertar Imagen Mones 5

  La defensa estima que el gobierno no identifica ni una sola pieza de evidencia de la Decimosexta Producción en la que necesite basarse para presentar sus argumentos para la sentencia.

  Para la defensa son irrelevantes el resto de los motivos del gobierno para oponerse a la exclusión de la decimosexta producción y destaca que los argumentos del gobierno sobre las sentencias prematuras solo aclaran la materialidad de las producciones tardías.

   Considera que, implicar a Mones por asociación en el tráfico de drogas, el lavado de dinero o la opresión política no tiene fundamento y es prematuro, pues el acusado huyó de Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el poder, y su crimen fue motivado principalmente por el deseo de salvar la empresa con sede en Florida que fundó y dirigió. En este sentido recordó que, a diferencia de Alejandro Marín, Víctor Mones admitió de inmediato su gravísimo delito de violación de las sanciones, así como el comportamiento incorrecto y encubridor en el que participó.

  Del mismo modo, Chung destaca que Mones no tiene un "historial de participación en transferencias ilegales de dinero" y el gobierno nunca ha tenido pruebas de que lo haga.

  Dice que los chats que muestran la planificación y ejecución de la transferencia de efectivo de julio de 2018 es claro la no participación de su defendido.

  La defensa también precisa que a su defendido se le pagaba ocasionalmente con efectivo que otro operador traía a Estados Unidos, pero ese efectivo no fue transportado ilegalmente; que el gobierno no ha alegado que Mones Coro transportara drogas o contrabando o que lavó dinero; que Mones Coro no tenía un "historial" de participación en "transferencias ilegales de dinero".

   Dice que gobierno reconoce que los múltiples millones de dinero en efectivo que León y Marín transportaron ilegalmente a los Estados Unidos —tres veces en 2018 y 2019— fueron "ganancias del crimen" de vuelos ilegales para Tareck El Aissami, sin la participación de Víctor Mones Coro.

  Finalmente, Christine H. Chung estima que es incorrecto que el gobierno insinúe que Víctor Mones Coro admitió haberse beneficiado a sabiendas de cualquier transferencia ilegal de efectivo, pues él recibió dinero en efectivo en algunas ocasiones, pero el dinero fue declarado.

 

 

Juez otorga libertad bajo fianza al piloto Michols Orsini, vinculado al caso de Tareck El Aissami

  El magistrado Alvin K. Hellerstein advirtió al acusado que sí violaba las condiciones de la libertad condicional sería castigado con el peso de la ley.

Por Maibort Petit

  Un juez del Distrito Sur de Nueva York otorgó libertad bajo fianza al piloto venezolano, Michols Orsini Quintero para que se preparare para el juicio que tendrá lugar en febrero de 2021. Orsini Quintero está acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al exvicepresidente, Tareck El Aissami y su presunto testaferro, Samark López Bello.

   La defensa de Orsini Quintero cuestionó a la fuente confidencial del gobierno en el caso, señalando que sus testimonios eran poco confiable y por haber incurrido en faltas graves que, incluirían, el fraude migratorio.

  La defensa de Orsini Quintero dijo que el tribunal debía garantizar a su representado, el debido proceso y por ello solicitó al juez que le diera el beneficio de otorgarle libertad bajo fianza, de manera que pueda colaborar con sus abogados en el análisis de las pruebas presentadas por la fiscalía, toda vez que la situación de pandemia hace imposible la revisión de las mismas en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva (MCC), donde se encontraba recluido.

   El 12 de noviembre de 2020, la abogada Sabrina Shroff remitió una comunicación a Alvin K. Hellerstein, juez de la causa Estados Unidos contra Michols Orsini Quintero que se dirime en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, para solicitar al magistrado se le otorgue a su defendido el beneficio de libertad bajo fianza y se excluyan del proceso judicial parte de las producciones tardías que la fiscalía ha presentado en el caso de su representado.

     En su exposición al juez, Shroff se quejó de la práctica frecuente del gobierno de producir tardíamente descubrimientos que, en el caso de Orsini Quintero, fueron 15 producciones separadas entregadas meses después de la interrupción del descubrimiento y mientras esperaba el juicio. Contrasta la situación de su cliente con la del coacusado, Víctor Mones Coro.

  Especificó que cada una de las referidas 15 producciones tardías contiene documentos que estuvieron a disposición del gobierno durante mucho tiempo, los cuales totalizan 6 terabytes de información para los abogados defensores. Esto ocurrió en los últimos seis meses.

   Estimó la abogada que el tribunal no debe permitir esta situación pues va en perjuicio de Orsini Quintero, encarcelado en MCC-Nueva York, quien no tiene la capacidad práctica para revisar el descubrimiento de manera expedita, por lo que no debería ser penalizado por las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, pues esto es violatorio del debido proceso.

   Acotó Sabrina Shroff que la libertad bajo fianza permitiría a Orsini Quintero revisar el descubrimiento en busca de material útil para su defensa, prepararse adecuadamente para el juicio y no verse obligado a elegir entre la revisión del descubrimiento y el encarcelamiento adicional antes del juicio.

Descubrimiento inoportuno

   Refirió la abogada que Michols Orsini Quintero fue acusado en marzo de 2019, debiendo haberse completado el descubrimiento, de acuerdo a la normativa, en septiembre de 2019. Sin embargo, desde septiembre de 2019 hasta junio de 2020, la fiscalía no realizó producciones de descubrimiento, sino a partir de esta última fecha hasta la actualidad.

   En este ínterin, el gobierno produjo terabytes de información para los abogados defensores, principalmente en relación con la fuente confidencial (CS) conocida como “Marín" [ Alejandro Javier Marín], aun cuando nada de esta producción sea el resultado de la reciente detención de dicha fuente confidencial.

   Sostiene la defensa que Orsini Quintero tuvo un papel limitado en la conspiración y, a diferencia de los demás imputados, no es dueño de empresas, no está vinculado a nadie en el poder político venezolano y es una persona de muy escasos recursos, lo cual puede verse en las producciones iniciales del gobierno.

   Subraya la defensa que la para nada la fuente confidencial de la fiscalía puede tenerse como digna de confianza, pues ha mantenido una conducta inapropiada, prevaricando y, en ocasiones, mintiendo abiertamente. Destaca el financiamiento que el gobierno ha proporcionado a esta fuente confidencial para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin el dinero proporcionado por la fiscalía. Asimismo, manifiesta su preocupación por la el nexo que se ha formado entre el CS y los agentes del Departamento de Seguridad, toda vez que han desarrollado una gran familiaridad.

   Expone al juez una serie de comportamientos irregulares de la fuente confidencial que incluye lo que podría catalogarse como fraude migratorio, sin que el Departamento de Seguridad lo detectara o lo ignorara.

     Igualmente, Sabrina Shroff subraya que ni los agentes ni los fiscales se percataron de que hace dos años la fuente confidencial poseía información que solamente terminaron produciendo en 2020. Refiere que en cada ocasión en que la defensa señalaba una debilidad o falacia en el caso del gobierno, el CS, quien convenientemente "recordaba" nuevos hechos que reparaban la situación sin comprometer la fuente.

   Como ejemplo, cita que, en agosto de 2020, después de que el abogado defensor señaló que no había indicios o pruebas de que Orsini Quintero tuviera el conocimiento necesario de que Samark López estaba en la lista de la OFAC, el CS de repente "recordó" que en la fiesta de cumpleaños del piloto jefe este anunció que Samark López estaba en la lista y que brindarle servicios era una violación de las sanciones

  Posteriormente, Marín se "corrigió" a sí mismo y dijo que la conversación ocurrió en una celebración diferente, una conducta que ha ocurrido en diferentes situaciones.

   La abogada refiere que ahora cuando Marín ha sido arrestado por hacer declaraciones falsas, la fiscalía se niega a revelar exactamente cuántas declaraciones falsas les hizo, a quién más perjudicó como jefe y propietario de My Jet Sever; cuánta información financiera y no financiera le dio el gobierno, y por qué la fiscalía no lo acusó de robo de fondos gubernamentales, fraude electrónico y lavado de dinero.

Las 15 producciones en cuestión

  La fiscalía entregó en junio de 2020, nueve meses después del cierre del descubrimiento, la primera de sus 15 producciones de descubrimiento y la última lo hizo el 23 de octubre de 2020.

   Se trata de información proporcionada por la fuente confidencial consistente en: (i) notas de los agentes del caso; (ii) informes de agentes de casos; (iii) notas tomadas por los AUSA; (iv) charlas entre la CS y varios agentes del DHS y DEA; (v) charlas entre el CS y León; (vi) correos electrónicos entre la CS y los imputados en la acusación; (vii) documentos impresos; (viii) contenido de computadoras y dispositivos completos incautados de My Jet Saver, la compañía propiedad de CS.

   La abogada advierte que aún falta en la producción del gobierno información tan relevante como (i) la cantidad de dinero que el DHS proporcionó a su CS; (ii) las cosas de valor entregadas a la CS; (iii) las declaraciones falsas realizadas por la CS al gobierno; (iv) notas de conversaciones entre los agentes del DHS y el CS tras el arresto del CS por declaraciones falsas; y (v) notas de conversaciones entre el gobierno y los abogados de la CS.

   Mucha de esta información requiere de la contratación de expertos en computación, apunta la defensa.

   Sostiene Sabrina Shroff que es absolutamente necesario que la Corte conceda a Orsini Quintero la libertad bajo fianza para que, en aras del debido proceso, pueda ayudar de manera significativa en su propia defensa.

   La defensa insta al tribunal a no permitir que el gobierno utilizar cualquiera de los descubrimientos de estas últimas 15 producciones en cualquier procedimiento o etapa de este asunto.

 

 

 

  

Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso "está desacreditada"

 Por Maibort Petit

   Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, Samark López Bello, entre otros, se quejó ante un juez de Nueva York porque los fiscales federales del caso entregaron tardíamente a su defensa las evidencias contenidas en el descubrimiento, y con una serie de información clasificada difícil de descifrar y que complican su revisión antes de que se produzca su sentencia en enero 2020.

   La defensa de Mones Coro dijo al juez que el acusado, quien se declaró culpable al principio, pero que en el mes de octubre de 2020 retiró su pliego de culpabilidad, "continúa aceptando la responsabilidad y tiene la intención de volver a declararse culpable pero en base a la eliminación de una serie de argumentos".

   La sentencia de Mones Coro está prevista para enero de 2020. 

   La Defensa solicitó la preparación de un PSR acelerado; y pidió a juez que impida al gobierno basarse en cualquier información contenida en la Decimosexta Producción de pruebas al momento de dictar sentencia.

   La abogada de Mones Coro se quejó de lo tardío en la entrega de las evidencias, que los documentos estaban mezclados con una data clasificada del DHS, que no correspondía al caso.

   La fiscal Amanda Houle informó al tribunal que una parte de las informaciones contenían información sellada que correspondía a otras investigaciones del gobierno. 

   La defensa de Mones Coro pidió sanciones a los fiscales el 11 de noviembre, argumentando que el 25 de octubre la Fiscalía Federal entregó un disco duro que contenía, erróneamente, "material confidencial sobre otra investigación que el DHS había copiado por error en el disco". Tendremos más sobre esto.

    La abogada de Mones Coro dijo que el caso de su cliente representa otro “capítulo lamentable” de las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, "gravemente perjudiciales y que desperdician recursos por parte del gobierno en este distrito", por lo que pidió tomar medidas correctivas.

   Desde junio 2020, la fiscalía ha complementado el descubrimiento del caso de Mones Coro 16 veces, "produciendo círculos concéntricos cada vez mayores de información sobre una Fuente Confidencial ahora desacreditada". 

    La abogada de Mones Coro, recordó que se ha pospuesto su sentencia seis veces, durante los últimos seis meses, para esperar estos suplementos del gobierno y revisarlos. 

    La Defensa se quejó ante el tribunal que los fiscales entregaron evidencias de más de 5.7 terabytes de datos comprimidos incautados del lugar de trabajo de la Fuente Confidencial con quien el gobierno ha estado trabajando desde principios de 2017 (Alejandro J. Marín). 

   Según la defensa, el gobierno no cumplió con la fecha límite de descubrimiento final del 23 de octubre de 2020. "En cambio, el gobierno entregó, dos días después de la fecha límite, un disco duro que contienen "imágenes" de computadora sin procesar, cuyo contenido no se pudo revisar al recibirlo". 

    Asegura la defensa que para tratar de cumplir con la fecha límite, el gobierno cambió y comprometió su práctica de producción anterior y le otorgó a Mones el tiempo y el trabajo considerables necesarios para que la producción se pudiera revisar.

    El disco duro fue entregado al abogado el 25 de octubre de 2020 y contenía material confidencial sobre otras investigaciones que el Departamento de Seguridad Nacional había copiado por error en el disco.

    En ese sentido, advirtieron que Mones Coro no se le debería retrasar aún más su sentencia o tomarse el tiempo para revisar los nuevos materiales producidos. 

   Agrega que "es difícil ver cómo el gobierno podría reclamar la necesidad de confiar en información que solo consideró conveniente recopilar, de su propia Fuente, más de un año después de acusar a Mones". 

   Mones se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos al negociar viajes aéreos privados de pasajeros para sus coacusados ​​Tareck Zaidan El Aissami Maddah y Samark José López Bello, después de que la OFAC designara a esas personas como Traficantes de Estupefacientes Especialmente Designados.

Demandado en el caso de Tareck El Aissami retira su declaración de culpabilidad en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit

   Uno de los acusados en el expediente contra el exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami retiró su declaración de culpabilidad autorizado por un juez de Nueva York debido a que los fiscales federales habrían retenido evidencia que le permitía al demandado, Víctor Mones Coro defenderse de las acusaciones en su contra.

   Mones Coro se declaró culpable, el 26 de noviembre de 2019, de haber conspirado para violar las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso contra el actual ministro de Petróleo de Venezuela, El Aissami, así como a su asociado Samark López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien se encuentra a la cabeza de la máxima instancia de Criptomonedas del país suramericano.

  Según los documentos federales, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York fueron señalados por el juez de haber retenido evidencias del caso, que podría beneficiar a los acusados en el caso.

  El juez, Alvin Hellerstein acordó permitir a Mones Coro, un empresario de la aviación del estado de la Florida, retirar su declaración de culpabilidad de organizar los vuelos para Tareck El Aissami y Samark López Bello a más de cinco países.

  Víctor Mones Coro, se declaró culpable hace un año de haber organizado los viajes del alto jerarca del régimen venezolano que violaron las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Los hechos muestran que los fiscales que se encuentran al frente del caso, continuaron produciendo cantidades masivas de evidencia en contra del acusado.

  Hellerstein dijo en una audiencia que estaba preocupado por el retraso de los fiscales en la entrega de información a la defensa.

   El juez comentó que la producción tardía de una gran cantidad de evidencia por parte de los fiscales, que la defensa del acusado no ha tenido la oportunidad de considerar obliga a tomar la decisión de autorizar al acusado retirar su declaración de culpabilidad.

   Mones Coro decidió retirar su declaración el viernes a través de su abogado . La sentencia del acusado estaba prevista para octubre y luego fue cambiada para noviembre 2020.

  Un testigo clave que cooperó en el caso, el piloto, Alejandro Javier Marín, fue acusado en septiembre de mentir a los agentes federales. Este evento va a  complicar el caso, de acuerdo a los documentos federales.

  Víctor Mones Coro es uno de los acusados bajo custodia de las autoridades estadounidenses  en la acusación contra El Aissami, quien ha sido señalado por el gobierno de estar vinculado al narcotráfico internacional, el crimen organizado, el terrorismo y lavado de dinero. 

  El caso de Víctor Mones Coro recuerda lo ocurrido con el juicio del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, que fue procesado por haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la República Islámica de Irán. Luego de ser declarado culpable por un jurado en Nueva York bajo el pretexto que los fiscales había retenido  un documento exculpatorio durante el proceso de descubrimiento que hubiese podido ayudar a la defensa a preparar mejor su estrategia.

Este artículo del Caso Ali Sadr Hashemi Nejad te puede interesar 

  La defensora de Mones Coro, Christine Chung, escribió que el caso que involucra a su cliente, que trata de la facilitación de los vuelos ilegales de los grandes jerarcas del régimen venezolano está siendo procesado por la misma Unidad de Investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que manejó el caso de Ali Sadr. 

  En ese sentido, Chung sostiene que desde julio 2020 se superpuso con la evidencia recientemente producida en el caso por el arresto de una fuente confidencial del gobierno que fue arrestado por haber mentido a los agentes federales. "El control de daños del Distrito Sur en Sadr a partir de julio se superpuso con la evidencia recién producida en el caso Mones", acotó Chung.

“Los esfuerzos extremadamente tardíos, seriales y continuos para complementar el descubrimiento previo al juicio, así como las investigaciones tardías de la Fuente Confidencial que llevaron al evento altamente inusual de que la Fuente fue acusada de mentir a agentes federales, son una prueba más de 'patrones' de violaciones ”, escribió Chung, citando comentarios del caso Sadr.

  La evidencia revelada después de la declaración de culpabilidad de Mones muestra que era menos culpable de lo que parecía en el momento de su declaración de culpabilidad, argumenta Chung.

 La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha dicho que está tomando medidas para evitar que se repitan los errores ocurrido en el caso de Ali Sadr.

Mientras esto ocurre en el tribunal neoyorquino, el actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami celebra señalando, a través de su cuenta en la red social Twitter que las acusaciones de los Estados Unidos en su contra son "mentiras, infamias y falsas evidencias".

Juez de NY ordena a los fiscales entregar la información "favorable" a Víctor Mones Coro, vinculado a Tareck El Aissami, para que pueda usarla en su defensa

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, ordenó a los fiscales federales que entreguen a los abogados de Víctor Mones Coro toda la información que pueda ser favorable para su defensa, antes que sea sentenciado por los delitos relacionado con la violación de las sanciones que EE. UU. impuso contra el exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen de Venezuela, Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello. La decisión tiene que ver con nuevos elementos del caso vinculados al arresto de Alejandro Javier Marín, una fuente confidencial que está siendo juzgado por haber mentido a los agentes del gobierno estadounidense.

  Hellerstein basó su decisión en la Regla Federal de Procedimiento Penal 5 (f) que establecen las obligaciones de divulgación del gobierno bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   El juez dijo en su fallo que el Gobierno debe revelar a la defensa toda la información "favorable a un acusado" eso es "material para la culpabilidad o el castigo" que del conocimiento de los fiscales.

   "Esta obligación se aplica independientemente de si la información en sí misma constituiría admisible evidencia" advierte. 

   El Gobierno revelará dicha información a la defensa inmediatamente después del conocimiento de la decisión del tribunal, para que la defensa pueda hacer uso efectivo de la información en la preparación de su caso.

   Como parte de estas obligaciones, el Gobierno debe revelar cualquier información que pueda ser utilizada para impugnar el testimonio del juicio de un testigo del gobierno, que en este caso es el piloto Alejandro Javier Marín.

     El juez ordenó que la información debe ser divulgada a más tardar en una semana antes de la última conferencia previa al juicio para que el acusado pueda hacer uso efectivo de la misma en el juicio o en cualquier otro momento que la Corte pueda ordenar. 

  Las obligaciones anteriores son continuas y se aplican a los materiales que se conocen al Gobierno en el futuro. Además, "si la información está sujeta a divulgación, debe ser divulgado independientemente de si el Gobierno lo acredita.", advierte el juez.

   En el caso de que el Gobierno crea que la  divulgación de alguna información compromete la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, una aplicación de la ley sensible técnica, o cualquier otro interés sustancial del gobierno, puede solicitar al Tribunal la modificación de sus obligaciones, que pueden incluir revisión en cámara o retención o sujeción a una orden de protección toda o parte de la información que de otro modo estaría sujeta a divulgación.

  Para los propósitos de esta Orden, el Gobierno incluye todos los estados federales, estatales, actuales o anteriores y fiscales locales, agentes del orden y otros funcionarios que han participado en la investigación que condujo a, o enjuiciamiento, del delito o delitos con los que el demandado está acusado.

  La orden del juez sostiene que el Gobierno tiene la obligación  de buscar de esas fuentes toda la información sujeta a divulgación en virtud de esta Orden.

  Si el Gobierno no cumple con la Orden del juez, la Corte, además de ordenar producción de la información, puede:

(1) especificar los términos y condiciones de dicha producción;

(2) otorgar un aplazamiento;

(3) imponer sanciones probatorias;

(4) imponer sanciones a cualquier abogado responsable del Gobierno;

(5) desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena después del juicio o una declaración de culpabilidad; o

(6) ingresar cualquier otra orden que sea justa bajo las circunstancias.

La acusación

Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades de que el acusado huyó. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarán.

Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

   El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.