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jueves, 7 de abril de 2016

Perfiles de los abogados públicos que Franqui Francisco Flores de Freitas relevó de su defensa

Por Maibort Petit

Los dos abogados que defendieron hasta el 1 de abril de 2016 a Franqui Francisco Flores de Freitas tienen en común ser líderes de opinión en materia de racismo, de los derechos de los afroamericanos y de los latinos, así como del hacinamiento de la población carcelaria. Han sido protagonistas de la lucha por llevar a cabo reformas del Sistema Judicial Federal basados en los preceptos de que las minorías son más expuestas a las condenas que los otros sectores sociales.


Los dos abogados, Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny, tienen entre sus records haber trabajado casos importantes de droga, y son conocidos como expertos en suprimir evidencias generadas por agentes de la DEA. 

Ambos han tenido una destacada actuación en juicios federales a favor de las minorías y muchos los consideran como un grupo de profesionales anti-establishment.

Los dos profesionales del derecho criminal han expresado públicamente ser contrarios al sistema judicial y carcelario y se han especializado en procedimientos de investigación preventiva.

A continuación comparto con ustedes los perfiles de los dos abogados públicos que defendieron a Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores y del presidente Nicolás Maduro.

¿Quién es Vincent Michael Southerland?

Vincent M. Southerland es abogado de la Asociación de Defensores Federales de Nueva York  desde el 2015. Anteriormente formó parte de la NAACP Legal Defense and Educational Fund (LDF), en la cual trabajó 7 años y llegó a destacarse como Consejero Senior. Esa organización  está dedicada a la causa de intersección de la raza en la Justicia Criminal, incluyendo la representación de los reos sentenciados a muerte provenientes de Suramérica y de los jóvenes sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional.

Southerland también prestó servicios como abogado en la oficina de Defensores Públicos del Bronx. Estudió en Georgetown University Law Center.  Se graduó Summa Cum Laude en la Universidad de Connecticut y en Temple University.

Vincent Southerland es casado con otra abogada, Ndidi Oriji, quien es vicepresidente de Normas de Publicidad en NBC Universal. Ambos se conocieron en una página de citas por internet.

Algo interesante que hay que tomar en cuenta de este abogado es que ha sido la cabeza principal de un movimiento que busca eliminar el racismo del sistema de Justicia Criminal, incluyendo la pena capital. Ha trabajado en centros que luchan por eliminar la encarcelación masiva del sistema estatal y federal de prisiones y se ha convertido en una voz reconocida de los grupos que claman la eliminación de la discriminación racial en la administración de justicia de los Estados Unidos.

Ha representado muchos convictos sentenciados a pena de muerte en las cortes estatales y federales y es especialista en temas relacionados con cadena perpetua. Este abogado ha logrado concluir con mucho éxito casos de sentencias en reos acusados de tráfico de cocaína. Es experto en este tipo de delitos y en varios casos ha logrado suprimir evidencias usadas por la fiscalía para acusar a narcotraficantes.

Cuando Southerland actuó como consejero principal en el Proyecto de Justicia Criminal de LDF  denunció a la colectividad que los defensores públicos federales trabajan con recursos limitados y un alto número de casos, por lo que se ven obligados a hacer aún más con menos: comprar sus propios equipos de oficina; asumen las cargas de casos más claros; renuncian a los intérpretes, investigadores y personal de apoyo crítico.

Vicente Southerland ha criticado abiertamente al gobierno de los Estados Unidos por los recortes hechos por el Departamento de Justicia al presupuesto de defensa pública. Denunció que el recorte presupuestario afecta la atención que los abogados públicos le dan a los clientes indigentes lo cual, según el abogado de Franqui Francisco Flores de Freitas, afecta a los defendidos. 

De acuerdo con este profesional "los afroamericanos y los latinos son la mayoría de los que enfrentan cargos criminales con representación legal socavada por la tensión financiera en los Estados Unidos". Pulsar aquí para más detalles.

Vicente Southerland es ampliamente conocido como líder de opinión de los grupos que buscan terminar con las sentencias de cadena perpetua obligatorias para los menores. Desde mediados de la década de 2000, por medio del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, este abogado ha viajado por diversos estados para hacer lobby a favor de esta propuesta.

¿Quién es Jonathan Marvinny? 

El que fue hasta esta semana defensor público de Franqui Francisco Flores de Freitas,  es conocido como un abogado que logra reducir sentencias.

Marvinny comenzó su carrera legal como abogado en la Oficina del Defensor de Apelación (OAD), donde litigó casos en la División de Nueva York de Estado de Apelación, Primer Departamento Judicial y el Tribunal de Apelación de Nueva York. Después trabajó como abogado en la Sociedad de Ayuda Legal en Brooklyn y en el Servicio de Defensa del Barrio Harlem, donde representó a sus clientes en los tribunales del estado de Nueva York. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en 2004.

Jonathan Marvinny fue una pieza clave en la defensa y condena de Dennis Hardee un caso que desarrolló en Filadelfia. Este acusado fue declarado culpable de participar en una conspiración para robar de una casa de seguridad cocaína y luego vender el producto. El caso pasó a ser parte de la historia por la acción de los defensores, entre quienes se destacó Marvinny. La defensa de Hardee sostuvo con éxito que los cargos contra su cliente fueron inventados por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y argumentaron que es una práctica táctica común dirigida a perseguir a los depredadores violentos del comercio de drogas.

Los abogados lograron bajar la sentencia solicitada por la Fiscalía, algo que es sumamente inusual. En enero de 2015, Hardee —quien podría haber recibido una condena de 30 años o cadena perpetua, o al menos el mínimo obligatorio de 10 años establecido por condenas que implican una gran cantidad de narcóticos—, recibió, apenas, siete años y ocho meses.

Los abogados de Hardee presentaron una moción según la cual  su cliente fue víctima de "atrapamiento de sentencia", es decir, que el gobierno había manipulado la cantidad de drogas en la cual basaba la conspiración con el fin de ganar la pena máxima.

Luego el nombre de Jonathan Marvinny volvió aparecer en la opinión pública cuando presentó una petición de descubrimiento para obtener de la DEA y la Oficina del Fiscal Federal mayor información, a objeto de que suministrara mayor documentación de los casos de clientes que han sido detenidos y resultado culpables de alijos de cocaína. Quería establecer una relación entre el número de casos acusados por el gobierno y el número personas blancas en la lista.

Para apoyar su afirmación de descubrimiento, Marvinny argumentó que no había blancos entre los acusados de cometer estos crímenes en Nueva York y que, si se aborda el tema de descubrimiento con la DEA, podría arrojarse más luz sobre este asunto.

El juez no estuvo de acuerdo, al dictaminar que proporcionar datos sobre los delincuentes blancos no es suficiente para mostrar el procesamiento selectivo. Estimó que eran necesarias otras pruebas para demostrar si un informante o agente encubierto de la DEA que se entere de la participación de que una persona blanca está dispuesta a robar en una casa de seguridad, éste decide si él o ella apunta en una picadura.

Sin embargo, mientras la ATF y la DEA continúan realizando las picaduras de las casas en falsos escondites, hay indicios de que este litigio agresivo está obligando al gobierno a cambiar su enfoque en la forma en que son procesados los indiciados.

Estos dos abogados fueron sacados del caso de Flores cuando el acusado, Franqui Francisco Flores de Freitas decidió contratar a uno de los más costosos escritorios jurídicos de la ciudad de Nueva York: Sidley Austin LLP,  Michael D. Mann y David M. Rody.


lunes, 4 de abril de 2016

¿Quién paga los honorarios profesionales de la defensa de los sobrinos de Cilia Flores en Nueva York?

@maibortpetit
Por Maibort Petit


En la medida que avanza el proceso judicial de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efrain Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas crece la incertidumbre sobre las vías usadas por estos dos acusados de traficar cocaína a los EEUU, para pagar los costosos bufetes que han contratado para su defensa. Como hemos informado, desde su arresto en Puerto Príncipe en noviembre de 2015 hasta el presente, los primos Flores han cambiado de abogado defensores en varias oportunidades y en la medidas que se acerca el inicio del juicio, han tomado decisiones radicales que implican mucho dinero para pagar los escritorios jurídicos que han seleccionado para ser representados.

La pregunta más frecuente que surge cuando se habla del célebre caso de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro es precisamente de ¿dónde salen los dólares para pagar los abogados?. Para los venezolanos que sufren una aguda crisis económica y una sequía de divisas, es difícil entender que los dos familiares de la pareja presidencial venezolana, cuyos récords señalan que sólo habían trabajado en organismo públicos y que cobraban sueldos en bolívares, tengan ahora una lluvia de dólares para pagar su defensa en Nueva York.

Sorprende también que ambos acusados se hayan atrevido a firmar un affidavit, donde se declararon pobres o incapaces financieramente, y luego hayan contratado a los mejores abogados de la ciudad, cuyos costos sobrepasan -inclusive- los 3 mil dólares por hora de trabajo según reportes de firmas de este nivel en Nueva York.

En el caso de  Franqui Francisco Flores de Freitas destaca -precisamente- que desde su arresto haya ejercido su derecho constitucional a tener abogados de oficios sin costo, (Vicente Southerland y Jonathan Marvinny) y tres días antes de la audiencia preliminar al juicio haya decidido contratar a dos defensores del costoso bufete Sidley Austin LLP, en este caso David Matthew Rody y Michael D. Mann.

¿Cómo pudo cambiar Franqui Francisco Flores de Freitas su estatus económico en la cárcel de Manhattan?, ¿Cómo es posible que luego de cuatro meses de prisión este joven haya logrado conseguir recursos para contratar a unos abogados que requieren un depósito de varios miles de dólares.? No estamos hablando de abogados cualquiera. No. La firma seleccionada por Flores de Freitas para que le asesoren en el juicio es muy cara.  Tal como hemos informado en este mismo blog, el bufete Sidley Austin LLP es tan grande como Squire Patton Boggs. De hecho, las estadísticas lo muestran en el lugar 8 a nivel nacional, cuenta con 19 sedes en varios países y está conformado por unos 1900 asociados.

Por su parte, Efraín Campos Flores quien contó al inicio con la asesoría de la firma de lujo Squire Patton Boggs, pasó a firmar un affidavit en diciembre 17 de 2015, donde juró ser pobre para luego tomar la decisión de contratar a los exclusivos abogados Randall W. Jackson y John T. Zack  de la firma Boies, Schiller & Flexner.

Como quiera que nada está oculto entre el cielo y la tierra, nos tocará seguir indagando sobre las formas de financiamiento de la defensa de los sobrinos de Cilia Flores. Queda claro que el control de cambio de Venezuela impide -al menos legalmente- que los familiares de los acusados compren dólares en las subastas del denominado Sistema Marginal de Divisas SIMADI, cuyo precio por unidad es al día de hoy Bs. 276. De haber podido comprar los dólares por ese método, habría que investigar cuál categoría de la providencia de Simadi está usando la familia de los dos acusados por narcotráfico para comprar las divisas estadounidenses. 

Si por el contrario, la familia de los primos Flores estuviera comprando los dólares en el mercado negro, que fluctúa entre 1172 Bolívares por dólar, estaríamos hablando de una fortuna en moneda nacional, puesto que la tarifa regular por hora suele ser de apróximadamente $3000. Eso haría unos BsF. 3.517.650 por cada hora trabajada por los dos abogados, lo cual se ampliaría a unos BsF. 7.035.300 por hora para ambos bufetes.

De no pagarse a través del sistema de compra de divisas que impera en Venezuela, entonces estaríamos frente a un escenario más complejo. Ya que el caso de los Flores está ligado narcotráfico, lo que implica el requerimiento de informar a las autoridades norteamericanas sobre el origen de los fondos usados para el pago de honorarios de defensa. Las leyes estadounidenses evitan que los narcotraficantes paguen con dinero proveniente de la droga sus gastos legales. De hechos los dos bufetes contratados, Boies, Schiller & Flexner y  Sidley Austin LLP tienen entre sus normas éticas no aceptar este tipo de tratos. para evitarlo las firmas jurídicas suelen hacer firmar un documento de buena fe a sus clientes o a los terceros que se encargan de hacer los pagos correspondientes a sus servicios. Si las firmas legales norteamericanas aceptan dinero proveniente de los delitos de narcotráficos se enfrentan a sanciones severas que incluyen la revocatoria de las licencias de los abogados que incurren en ese tipo de delitos.

La otra vía sería por medio de la corrupción, lo que conlleva a otro delito penado en los EEUU, y es el uso de dinero público robado o malversado y que cae en la categoría de lavado de dinero. Muchos suponen que siendo la familia directa de los acusados, la pareja presidencial de Venezuela, los pagos de honorarios podría venir de transacciones fraudulentas, es decir, de la corrupción administrativa o desvío de fondos públicos. De ser así, esta hipótesis sería muy difícil de confirmar ya que en Venezuela no hay una verdadera institución contralora que pueda verificar el uso de fondos públicos para asuntos privados, como sería el pago de honorarios profesionales de abogados en los Estados Unidos.

Al conversar sobre este tema con el abogado Alexander Alfano, cuyo escritorio jurídico se encuentra en el estado de la Florida, nos comentó que podría haber otra vía, que no necesariamente incluye el desembolso de los costosos depósitos que piden los bufetes para iniciar una defensa ( llamados retainer en inglés). Algunas firmas de abogados - señala el experto- hacen excepciones y llevan casos mediáticos como el de los sobrinos del pareja presidencial de Venezuela sólo para ganar notoriedad y no por pagos de honorarios. 

Podríamos estar frente a un caso donde los abogados trabajan gratis sólo para ganar fama. No obstante, las dos firmas de abogados contratadas por los primos Flores son reconocidas a nivel mundial y al menos en sus records, no aparece que hayan trabajado bajo este tipo de método.

La otra opción que podría explicar la costosa defensa de los Flores fue la señalada por el segundo hombre fuerte del gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, quien señaló en noviembre de 2015 que los abogados de los sobrinos de Cilia Flores trabajarían sin pedir depósito ni honorarios, ya que el caso sería muy fácil de ganar y los abogados obtendrían beneficios económicos de la contrademanda que harían una vez demostrada la inocencia de los primos Flores ante las autoridades norteamericanas. El alto funcionario del chavismo daba como un hecho en aquel tiempo que el escritorio jurídico Squire Patton Boggs ganaría el juicio y la contrademanda de los familiares de Cilia Flores y Nicolás Maduro generaría dinero suficiente para pagar los honorarios costosos de la defensa.

Evaluadas esas opciones, toca mantener la lupa puesta en este tema que amenaza con extenderse. Por ahora seguimos en la trama del caso que ha venido aumentando sus capítulos con un desfile de abogados públicos y privados que ya va por 11 profesionales del derecho.
Recuerden las caras de los abogados de los primos Flores:
Rebekah Poston y John Reilly de Squire Patton Boggs

Kafahni Nkrumah defensor público de Efraín Campos Flores
Jonathan Marvinny abogado público de Flores de Freitas

Vicente Southerland defensor público de Flores de Freitas


Randall Jackson y John T. Zach abogado de Boies, Schiller- Flexner 

Dos abogados estuvieron presentes en la audiencia de presentación de los primos Flores  y sus nombres aparecen en dos documentos del expediente, ellos son Alfredo Anzola y Eridania Perez-jaquez ambos del escritorio Squire Patton Boggs.
Alfredo Anzola de Squire Patton Boggs

Eridania Perez-jaquez  de Squire Patton Boggs



Y los últimos en entrar al cuadro de defensores de los primos Flores

Michael D Mann de Sidley Austin LLC

David Matthew Rody de Sidley Austin LLP



martes, 9 de febrero de 2016

Defensa de narcosobrinos solicita prórroga de inicio juicio

@maibort.petit
Por Maibort Petit


Los abogados defensores de los narcosobrinos pidieron prórroga para el inicio del juicio ante la Corte motivado a que no han tenido el tiempo necesario para revisar todos los materiales y las pruebas presentadas por la Fiscalía de Nueva York, en contra de los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, a quienes acusa de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína a territorio norteamericano. 

Durante la mañana de este martes 9 de febrero trascendió que el abogado defensor de Efraín Antonio Campos Flores,  Kafahni Nkrumah pidió a la Corte Federal más tiempo para estudiar las pruebas y establecer una estrategia para la defensa del caso de los dos familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La solicitud de prórroga tiene el visto bueno de Vincent Michael Southerland y Jonathan Marvinny quienes conforman la defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas. La próxima audiencia está prevista para el lunes 29 de febrero.


La defensa está en su derecho de solicitar más tiempo para evaluar los materiales y plantear la estrategia que van a tomar en el juicio que se avecina. Las leyes norteamericanas permiten que el diferimiento si las partes están de acuerdo, lo cual ha ocurrido en el caso de los sobrinos de Cilia Flores en tres oportunidades. Este procedimiento es ordinario y muy usado por los abogados para ganar tiempo.



Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron detenidos por la policía en Haití en noviembre  de 2015 y entregados a agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA quienes los transportaron a Nueva York bajo cargos de narcotráfico.

Desde el 10 de noviembre los dos familiares de la pareja presidencial venezolana se encuentran encarcelados en la Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC).

La audiencia pautada para el 29 de febrero de 2016 promete ser un paso más de un juicio largo. Ya los abogados de la defensa han anticipado que requieren más tiempo para preparar el expediente. Los dos acusados cuentan con tres abogados de oficio, que al parecer trabajarán en conjunto para llevar la causa al mejor resultado posible para sus clientes. 



La documentación suministrada por la Fiscalía, instancia acusadora, es voluminosa. Los defensores trabajan para revisar con lupas las evidencia del Gran Jurado y vetar o invalidar las pruebas a las que haya lugar. 

Seguiremos informando....