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viernes, 17 de septiembre de 2021

Empantanado hasta el cuello, Hugo Carvajal amenaza con no hundirse solo

Por Maibort Petit  

  Quien fuera uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez está usando sus últimos recursos para evitar a toda costa ser entregado al gobierno de los Estados Unidos, donde diversos documentos, testimonios e informes, lo acusan, no solamente de participar en actividades de narcotráfico, sino también de haber brindado protección a muchos capos de la droga.

   Desde el día de su captura, tras pasar más de un año y medio fugitivo, el mayor general y exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, se hunde en un pantano. Cada vez se hace más complejo el caso, en la medida en que se amplía el plazo para que concrete su extradición a los Estados Unidos, donde es acusado de delitos de narcoterrorismo. En una acción de emergencia, la Audiencia Nacional de España suspendió cautelarmente su entrega a las autoridades norteamericanas prevista para el miércoles 15 de septiembre, alegando que el Ministerio del Interior debía resolver una petición de asilo que solicitó en 2019 y que luego se supo que había denegado en septiembre de ese mismo año.  Ahora ha concedido una audiencia para el lunes 20 de septiembre donde expondrá las relaciones de las FARC y el grupo terrorista ETA, según se anunció el pasado jueves.

   En su hundimiento, Carvajal ha amenazado con arrastrar a otros consigo. “Si caigo, no caeré solo. Caerán varios países”, ha sentenciado.

    La amenaza, la habría formulado a personas de su entorno que lo dieron a conocer al portal Libertad Digital que informa lo que habría sido el remate de su advertencia: “Con la gasolina que hay en España, si soy extraditado tiraré una cerilla desde mi avión para que arda".

   Carvajal Barrios quien habría manifestado el hartazgo que le provoca lo que ha vivido en los últimos días en España, tendría como intención demostrar "su inocencia" con base a pruebas que dice tener. Incluso, habría propuesto ser juzgado en España por los mismos delitos de que se le acusa en EE. UU.

     De acuerdo a las fuentes del citado portal, “El Pollo” Carvajal se dedicó durante el tiempo en que se mantuvo prófugo, a recabar información que afectaría al gobierno de Pedro Sánchez y otras administraciones socialistas del pasado[2].

   El general venezolano trata por todos los medios a su alcance, evitar ser trasladado a los EE. UU. donde documentos e investigaciones lo señalan como protector de narcotraficantes, tal como lo reseñaremos líneas más adelante.

    Sobre la solicitud de asilo, el ministerio del Interior habría informado al tribunal y a la prisión de Estremera en la que se encuentra recluido Carvajal Barrios, que el asilo fue denegado en 2019.

    Así lo recoge una nota de la agencia española EFE y que agrega que “El Pollo” Carvajal “solicitó protección internacional en junio de 2019, meses después de haber sido detenido tras entrar en España con un pasaporte falso (…) Su petición se tramitó y se negó por parte de la Oficina de Asilo del Ministerio del Interior al no cumplir los requisitos, una resolución que el 23 de septiembre de 2019 fue remitida a la cárcel de Estremera porque en esa prisión había ingresado Carvajal y porque el solicitante no había señalado ningún domicilio particular en España”.

   Una nota de El Mundo de España, sostiene que Hugo Carvajal le pidió a la justicia española impedir su extradición a los Estados Unidos, toda vez que, supuestamente, habría actuado como confidente de los servicios de inteligencia de la nación ibérica[4].

   También El Mundo, en otra nota, informó que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España citó a Carvajal a declarar el lunes 19 de septiembre con relación a “unas diligencias abiertas por terrorismo internacional”, esto a solicitud de la defensa del general venezolano

   Antes de darse a la fuga, la Audiencia Nacional había ofrecido a Carvajal actuar como testigo protegido “siempre y cuando aportara información relevante relacionada con los vínculos de ETA con Venezuela”. Esto no se concretó en aquel momento y ahora, luego de su detención, Carvajal decidió colaborar por voluntad propia. Igualmente ha ofrecido aportar información sobre las FARC[5].

Custodio de narcos

   Una investigación periodística llevada a cabo por Proyecto ITEMP — acrónimo de “Investigación de Temas Periodísticos”— denominada “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”[6], explica cómo “El Pollo” Carvajal, a la luz del poder que ostentaba, habría brindado protección y cooperación a narcotraficantes que, en territorio venezolano, encontraron un aliviadero para sus actividades criminales.

   “Pregúntele a Carvajal qué hacía Yesid Ríos en su casa y en su velero en Margarita, en la marina de la isla, ¿por qué lo protegía allá? ¡Demasiadas cosas están claras! Le brindó documentación, carros, escoltas, todo”, es una de las citas que la nota periodística hace del testimonio rendido por un narcotraficante colombiano que, para el momento del reportaje, rendía cuentas a la justicia estadunidense.

   Dicho capo de la droga habría disfrutado durante, por lo menos, seis años de la protección de Carvajal y ahora es testigo clave de la acusación contra exjefe de inteligencia venezolano. Se trata de Yesid Ríos Suárez, también conocido como “El Enano”, quien era un proveedor de drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba entre Apure y Carabobo y de allí iba a supervisar los laboratorios de cocaína en el departamento colombiano de Arauca, desde donde la droga pasaba a Venezuela para, desde pistas aéreas clandestinas, ser enviada a sus destinos finales. Entre los jerarcas del grupo guerrillero —era miembro de su Estado Mayor— a los que Ríos Suárez le servía de agente, se encontraba Noé Suárez Rojas, alias “Germán Suárez Briceño” o “Grannobles”.

  “El Enano” sostiene pudo mantener su base de operaciones en Venezuela, gracias al respaldo que “el Pollo” Carvajal le brindaba con custodia directa, escoltas y documentación oficial venezolana.

   A los fiscales estadunidenses, “El Enano” entregó pruebas de sus afirmaciones, las cuales incluían “una lista de oficiales venezolanos a su servicio, honorarios pagados, además de información única del exjefe de inteligencia”. El récord entregado por el narcotraficante colombiano incluía “a seis oficiales, hoy con rango de generales, que hicieron parte del Gobierno de Hugo Chávez en cargos estratégicos de seguridad, y actualmente se desempeñan en otros puestos en la administración de Nicolás Maduro”, recoge la investigación de ITEMP que, además, refiere haber conversado con el abogado defensor de Yesid Ríos Suárez: “Lo que relató mi cliente, relacionado con los servicios que le brindó Carvajal, es totalmente cierto, y sirvió de mucho a los fiscales para armar otros casos”.

   Igualmente se refiere que estos datos de “El Enano” coinciden con las versiones aportadas por otro colaborador suyo que fue condenado por una corte de Nueva York. Este certificó que Hugo Carvajal, a cambio de comisiones en dólares, asistía a “El Enano” en tanto en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe combatía a la guerrilla desde 2002. “Cuando en Venezuela nos informaron que iba la deportación a Colombia y después seguro a USA, llamé al general Carvajal a su celular. Me atendió y le pregunté ‘¿qué pasó?’, a ver si podía ayudarnos. Respondió que ya eso escapaba de sus manos y colgó”, manifestó el operario y así lo recoge el reportaje.

  ITEMP cita también el caso de Yon Pelayo Garzón Garzón, testigo con el que también la fiscalía ha ensamblado el caso contra “El Pollo” Carvajal. Se trata de un miliciano que se infiltró en las FARC en procura de información para la inteligencia colombiana. Este trabajó para El Enano” y cuenta que, en una ocasión, octubre de 2002, fue a una reunión que se celebró en frontera entre el estado Apure venezolano y el departamento de Arauca colombiano, donde se discutió la entrega de armas por parte de Hugo Carvajal y la custodia que este brindaría a los narcos. Garzón se convirtió en testigo protegido de la DEA.

   Lo curioso, según el reportaje, es que estos hechos que los periodistas conocieron en documentos suministrados por medio del abogado defensor de un caso de narcotráfico en Colombia en el que “El Pollo” Carvajal estaba involucrado figuran en el expediente 499-2002 de neogranadina “a la que Garzón sirvió como testigo en varios casos de droga, una muestra de que el Gobierno colombiano conocía el historial delincuencial del confidente de Chávez mucho antes de su ascenso como jefe de la inteligencia militar venezolana. Una revisión de los registros públicos judiciales en Colombia revela que en todos estos años la Fiscalía de ese país nunca abrió un caso criminal en contra de Carvajal, a pesar de lo que sabía”.

   El expresidente Álvaro Uribe les dijo a los periodistas de ITEMP que él le había informado a Hugo Chávez sobre los campamentos que las FARC tenían en Venezuela, pero este lo negó. Sobre Carvajal, manifestó no recordar que le advirtiera de su protección a narcoguerrilleros. Los comunicadores refieren que le enviaron un cuestionario a Hugo Carvajal una semana antes de que este se fugara en 2019, pero que este no contestó debido a dicha circunstancia.

   La actividad de protección y custodia de narcotraficantes y drogas le habría brindado grandes beneficios económicos a Hugo Carvajal, según recoge Proyecto ITEMP. En tal sentido citan el caso de un capo de la cocaína detenido en Venezuela y que después fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos, quien declaró para el reportaje y aseguró que pagaba al mayor general venezolano “miles de dólares al general, mensualmente, aunque dependía de la carga que se enviaba”.

“Uno de estos narcotraficantes relató a la DEA que le dispensaba pagos periódicos a Carvajal de 50.000 dólares, mientras el general custodiaba sus rutas, y habló de la ‘guardia pretoriana’ de oficiales de las fuerzas armadas y políticos del Gobierno de Venezuela que ejercían de intermediario en este negocio”.

  El reportaje también hace referencia a la relación de “El Pollo” Carvajal con otros narcotraficantes, como Luis Frank Tello Candelo, alias el “Negro Frank”, quien luego de ser extraditado a EE. UU., ha suministrado valiosa información a los fiscales de Nueva York y Miami sobre las supuestas actividades delictivas de Carvajal Barrios.

   Entre lo referido por Tello Candelo está un hecho ocurrido en febrero de 2006, cuando “Previo a una operación de gran valor que se iba a realizar en Venezuela, en febrero de 2006, el Cartel de Sinaloa envió al ‘Negro Frank’ un millón de dólares que iban, supuestamente, para cortejar a Carvajal”. De todos se advierte en la nota que “El emisario del Cartel de Sinaloa con el botín, sin embargo, nunca pudo constatar si el dinero realmente fue entregado o si era para Carvajal, indicó en la entrevista, porque para aquella cita a la que asistió con Tello Candelo en un restaurante al este de Caracas nunca se apersonó el general”.

El cabecilla del Cártel de los Soles

   ITEMP tuvo acceso a un informe de la DEA que refiere que Hugo Carvajal cooperó con el crimen organizado y las guerrillas prácticamente como una rama de su oficio, indicando que el general se reunía con miembros del gobierno de Hugo Chávez, “con o sin participación del mandatario”, se advierte y en dichos encuentros se planificaban operaciones de narcotráfico y apoyo a las FARC.

  El documento daría cuenta de los lugares de las citas, sus participantes y funciones, revelando que Chávez habría sido el verdadero cabecilla del llamado “Cartel de los Soles” y “hasta dónde sus más cercanos colaboradores, como Diosdado Cabello o Tareck El Aissami, fueron partícipes de una empresa criminal para retener el poder alrededor de esta organización”.

   El reporte de la DEA, de acuerdo a ITEMP, asevera que “aparte de Carvajal, algunos de los otros miembros del Cártel de los Soles que ejercieron en los niveles más altos del Gobierno de Venezuela fueron el expresidente Hugo Chávez, el exvicepresidente Tareck El Aissami y el exvicepresidente Diosdado Cabello”.

   Igualmente, hace mención a uno de los testigos contra el general quien sería un exjuez (Testigo 1), quien indicó que en 2005 asistió a una reunión en el palacio de gobierno en la que estaban presentes el presidente Chávez, Carvajal, el general Henry Rangel Silva (para la fecha jefe de la DISIP), Diosdado Cabello y Tareck El Aissami. “Durante la reunión, Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos, incluido combatir a Estados Unidos ‘inundando’ el país de cocaína. Chávez les ordenó a Carvajal, Cabello, Rangel Silva y otros coordinarse con las FARC, y asignó al Testigo 1, entre otros, evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades. El Testigo 1 más tarde se enteró de que este grupo se reunía mensualmente y asistió aproximadamente a cuatro encuentros mensuales”.

  Estiman en ITEMP que el referido magistrado, según datos recabados, podría ser el exmagistrado del tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte.

Los señalamientos de Leamsy Salazar

  El informe de la DEA citado por Proyecto ITEMPt también menciona que teniente de la Armada venezolana Leamsy Salazar Villasaña, ex-escolta de Diosdado Cabello y de Hugo Chávez en la Casa Militar, ha aportado datos en el caso que Estados Unidos mantiene contra Hugo “El Pollo” Carvajal Barrios, Cabello y el Cartel de los Soles. Se lo identifica como Testigo 2.

   El informe de la DEA refiere que Salazar dijo que “a mediados de 2008 proporcionó la seguridad en una reunión organizada por Chávez en su rancho, a la que asistieron, entre otros, el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, y el cabecilla de las FARC Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ (…) Durante la reunión, el Testigo 2 ‘escuchó a Márquez describir la necesidad de apoyo logístico, como uniformes, barcos y computadores, y Chávez indicó que los fondos serían provistos a las FARC por Petróleos de Venezuela (PDVSA) ’ (…) El Testigo 2‘ oyó a Chávez hablando por teléfono de Carvajal. Durante la llamada, escuchó a Chávez referirse a Carvajal por su apodo, el ‘Pollo’ y ordenarle que suministrara armas a las FARC’”.

  También Salazar habría sido testigo de que como en tiempos en que ya se desempeñaba como escolta de Diosdado Cabello, vio cómo el El Pollo Carvajal coordinó el despacho de lo que parecía ser cocaína en unas lanchas rápidas en el Cabo San Román.

REFERENCIAS

[1] OK Diario. “La Audiencia Nacional suspende cautelarmente la extradición de ‘El Pollo’ Carvajal a EEUU”. 14 de septiembre de 2021. https://okdiario.com/espana/audiencia-nacional-suspende-cautelarmente-extradicion-pollo-carvajal-eeuu-7788916

[2] Libertad Digital. “El 'Pollo' Carvajal amenaza con tirar de la manta y señala al Gobierno: ‘Si caigo, no caeré solo’”. 14 de septiembre de 2021. https://www.libertaddigital.com/espana/2021-09-14/pollo-hugo-carvajal-amenaza-tirar-manta-gobierno-6817716/

[3] EFE “Hugo ‘Pollo’ Carvajal saca las garras y pide declarar ante el juez español sobre ETA y las FARC”. 16 de septiembre de 2021.

[4] El Mundo. “'El Pollo' Carvajal esgrime que trabajó con "el CNI" para evitar su extradición a EEUU”. 15 de septiembre de 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/15/61422b00e4d4d89b3f8b4587.html

[5] El Mundo. “La Audiencia Nacional cita a 'El Pollo' Carvajal el lunes para declarar sobre terrorismo”. 16 septiembre 2021. https://www.elmundo.es/espana/2021/09/16/61436f06e4d4d86a6c8b45b4.html

[6] Proyecto ITEMP. “Los secretos más oscuros del jefe de los espías venezolanos”. 31 de diciembre de 2020. https://www.itempnews.org/2020/12/31/jefe-espias/

jueves, 12 de agosto de 2021

Continúan los aplazamientos en el proceso judicial contra Clíver Alcalá Cordones

  El 23 de agosto de 2021 es la nueva fecha para llevar a cabo la conferencia de estado entre las partes y el juez de la causa.

Por Maibort Petit

  Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el ex mayor general del ejército venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. En esta ocasión se extendió hasta el 23 de agosto de 2021 la realización de una conferencia de estado, al tiempo que se pide más tiempo para el proceso del descubrimiento.

  Alcalá Cordones fue acusado el 26 de marzo de 2020 por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de los EE. UU., Secciones 924 y 2.

   Se trató de una acusación formulada por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1], señalándose a Cliver Alcalá como uno de sus lugartenientes que procuraban “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”. Según la acusación, él, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].

  Los cargos en su contra, en razón de la pandemia por Covid-19, se le dieron a conocer por vía telefónica el 31 de marzo de 2020 ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison, declarándose no culpable, al tiempo que manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, lo que dio inicio a su proceso judicial[3].

   En junio de ese año 2020, los fiscales solicitaron reprogramar la fecha de la audiencia de presentación de Alcalá Cordones, prevista para el 26 de junio del citado año[4]. En esa misma fecha, el militar venezolano pidió un abogado de oficio por no tener dinero para pagar una defensa privada[5] y el 2 de agosto el juez Hellerstein, aprobó la solicitud, pero le pidió demostrar que, ciertamente, no dispone de los medios económicos para pagar el bufete que lo venía representando[6].

   El 26 de agosto de 2020, el tribunal le otorgó mas tiempo para revisar su grueso expediente criminal, atendiendo así un pedido de los fiscales, quienes le argumentaron al juez que seguirían presentando pruebas en contra de Alcalá Cordones, por lo que debía disponer de un plazo más largo para revisar el material[7].

   El 8 de junio de 2021, el juez Alvin K. Hellerstein informó de un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones. El 7 de junio, la corte había autorizado a las partes para que presentaran dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso[8].

Ahora nuevamente, se modifican las fechas.

Orden de aplazamiento

   El 29 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que una conferencia de estado, inicialmente programada para llevarse a cabo el 4 de agosto de 2021, se aplazara hasta el 23 de agosto de 2021 al mediodía.

   Giró instrucciones a las partes a objeto de que quienes efectúen las llamadas y no sean abogados silencien sus teléfonos. Además, se indica a todos los participantes que llamen 5 minutos antes del inicio de la conferencia.

  También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presenten conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.

Extender los lapsos

   El 4 de agosto de 2021, los fiscales federales auxiliares de la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss, Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, remitieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, solicitándole, en razón de la pandemia por el Covid-19, que el tribunal excluya hasta la fecha del juicio el tiempo de la nueva conferencia programada para el 23 de agosto de 2021, esto en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa accedía a esta solicitud.

  Explicaron los fiscales que este tiempo permitiría la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y a ambas partes continuar discutiendo una posible disposición de este asunto

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html


[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism


[3] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html


[4] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html


[5] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html


[6] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html


[7] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/cliver-alcala-cordones-tendra-mas.html


[8] Venezuela Política. “Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones”. 8 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/avanza-en-nueva-york-el-juicio-por.html


lunes, 17 de mayo de 2021

La enorme deuda con los bonistas pone el peligro el destino de los activos venezolanos en el extranjero

  Una decisión judicial respecto a la deuda que Venezuela mantiene con los tenedores de los Bonos Globales 2034, hace vislumbrar nuevas acciones contra las propiedades de la república extra fronteras.

Por Maibort Petit

   Un fallo emitido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a favor de ACL1 Investments LTD., ACL2 Investments LTD. y LDO (Cayman) XVIII Ltd., empresas tenedoras de Bonos Globales 2034, en el que se ordena a Venezuela el pago de capital e intereses vencidos, abre el camino para nuevos reclamos por ejecución de sentencia a través de los activos de la república en el extranjero, especialmente los que posee en el territorio de los Estados Unidos.
   La demanda la presentaron el 27 de septiembre de 2019 las empresas ACL1 Investments LTD, ACL2 Investments LTD, JORVIK Multistrategy Master Fund, L.P., LDO XVII Inc., Macrosynergy Trading Master Fund Limited, NN (L) Emerging Markets Debt (Hard currency); NN (L) Emerging Market Debts Opportunities; NN (L) Frontier Markets Debts (Hard Currency); York Capital Management, L.P; York Credit Opportunities Fund, L.P., York Credit Opportunities Investments Master Fund, L.P, y York Multi-Strategy Master Fund, L.P., en reclamo de pagos adeudados por dichos bonos desde enero de 2018.

   Se trata de los Bonos Globales de la serie ISIN No. US922646BL74 emitidos por Venezuela de conformidad con un Acuerdo con la Agencia Fiscal fechado el 6 de agosto de 1998 y modificado por primera vez el 14 de enero de 2004, con una segunda enmendada el 29 de septiembre de 2004.

La sentencia

   El juez del Distrito Sur de Nueva York, Louis L. Stanton, sentenció a favor de los demandantes ACL1 Investments Ltd., ACL2 Investments Ltd. y LDO (Cayman) XVIII Ltd. y en contra de la República Bolivariana de Venezuela, en la demanda en la causa en la que los primaron acusaron a la segunda de incumplimiento de contrato.

   En tal sentido, el magistrado estableció, respecto a ACL1 Investments Ltd. y sus reclamos por la emisión de 2004 con vencimiento en 2034 (ISIN US922646BL74), el impago por parte de Venezuela, del capital con vencimiento el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento por USD 57.215.000.

   Asimismo, ordenó el pago intereses sobre USD 57.215.000 de capital a una tasa de 9.375% anual calculada a partir del 13 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 2.056.164,06.

   Asimismo, por falta de pago de seis pagos de intereses semestrales adeudados e impagos que vencieron el 13 de enero de 2018, el 13 de julio de 2018, el 13 de enero de 2019, el 13 de julio de 2019, el 13 de enero de 2020 y el 13 de julio de 2020, se ordenó el pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2018, por USD 2.681.953,13, más intereses sobre el mismo a una tasa de interés simple del 9% anual a partir del 14 de enero de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 696.352,60.

   Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2018, ordenó la cancelación de USD 2.681.953,13, más por USD 576.656,66.

   Por impago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2019, ordenó el pago de USD 2.681.953,13, más intereses por USD 454.976,82.

   Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2019, ordenó pagar USD 2.681.953,13, más intereses por USD 335.280,88.

   Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2020, ordenó pagar USD 2.681.953,13, más por USD 213.601,03.

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2020, ordenó pagar USD 2.681.953,13, más intereses por USD 93.243,79.

  Del mismo modo, el juez Stanton estableció que para cupones e intereses previos al juicio después del 1 de diciembre de 2020, Venezuela debe pagar USD 18.867,56 por día hasta la fecha en que se registre la sentencia en el expediente de la Corte.

La orden respecto a ACL2

  En lo que respecta al demandante ACL2 Investments Ltd., con respecto a su reclamo por la emisión de 2004 con vencimiento en 2034 (ISIN US922646BL74), el juez estableció el impago de capital con vencimiento el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento y ordenó el pago de USD 20.288.000.

   Del mismo modo ordenó a Venezuela pagar intereses sobre USD 20.288.000 de capital a una tasa de 9.375% anual calculada a partir del 13 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 729.100,00.

   Por falta de pago de seis pagos de intereses semestrales adeudados e impagos que vencen el 13 de enero de 2018, el 13 de julio de 2018, el 13 de enero de 2019, el 13 de julio de 2019, el 13 de enero de 2020 y el 13 de julio de 2020, el juez ordenó, primero, el pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2018, por USD 951.000, más intereses a la tasa del 9% anual de interés simple a partir del 14 de enero de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dicho interés igual a USD 246.921,29.

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2018, ordenó el pago de USD 951.000, más intereses a la tasa del 9% anual por USD 204.478, 03.

  Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2019, ordenó el pago de USD 951.000, más intereses por USD 161.331,29.

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2019, ordenó pagar USD 951.000, más intereses por USD. 118.888,03.

   Por impago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2020, ordenó pagar USD 951.000, más intereses por USD 75.741,29

   Por impago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2020, ordenó pagar USD 951.000, más por USD 33.063,53.

   Igualmente, por cupón e intereses previos al juicio después del 1 de diciembre de 2020, el juez ordenó pagar USD 6.690,29 por día hasta la fecha en que se inscriba la sentencia en el expediente de la Corte.

Para LDO (Cayman) XVIII Ltd

  El juez Louis L. Stanton estableció respecto a la emisión de 2004 con vencimiento en 2034 (ISIN US922646BL74), el impago de capital con vencimiento el 6 de diciembre de 2018 como consecuencia de la aceleración del endeudamiento por USD 9.197.000.

   Ordenó el pago de intereses sobre USD 9.197.000 de capital a una tasa de 9.375% anual calculada a partir del 13 de julio de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dichos intereses equivalentes a USD 330.517,19.

   Por impago de seis (6) pagos de intereses semestrales adeudados e impagos que vencen el 13 de enero de 2018, el 13 de julio de 2018, el 13 de enero de 2019, el 13 de julio de 2019, el 13 de enero de 2020 y el 13 de julio de 2020 ordenó el pago de vencidos el 13 de enero de 2018, por USD 431.109,38, más intereses a la tasa del 9% anual de interés simple a partir del 14 de enero de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dichos intereses iguales a USD 111.934,89,

  Por impago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2018, ordenó pagar USD 431.109,38, más intereses a la tasa del 9% anual de interés simple a partir del 14 de julio de 2018 hasta el 1 de diciembre de 2020, siendo dichos intereses iguales a USD 92.694,42.

   Por impago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2019, USD 431.109,38, más intereses por USD 73.135,05.

  Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2019, ordenó pagar USD 431.109,38, más intereses por USD 53.894,58.

  Por falta de pago de un pago de intereses con vencimiento el 13 de enero de 2020, ordenó pagar USD 431.109,38, más por USD 34.335,20.

   Por falta de pago de intereses con vencimiento el 13 de julio de 2020, ordenó USD 431.109,38, más intereses por USD 14.988,43.

   También, para cupones e intereses previos al juicio después del 1 de diciembre de 2020, el juez ordenó pagar USD 3.032,86 por día hasta la fecha en que se registre la sentencia en el expediente de la Corte.


 


 

martes, 11 de mayo de 2021

Dresser-Rand Company: no es cierto que sanciones impidieron a PDVSA pagar su deuda

  Sin lugar a dudas, asegura la empresa demandante, el caso se trata de un simple incumplimiento de contrato.

Por Maibort Petit

  No es verdad que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no pudo pagar su deuda con Dresser-Rand Company a causa de las sanciones impuestas por el gobierno de los estados Unidos a la petrolera estatal, por cuanto a la par de la Orden Ejecutivo que las impuso, por cuanto esta previó que las transacciones relacionada con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017 —caso del acuerdo de pagaré objeto de la demanda— continuaron siendo legalmente permitidas. Además, sostiene la demandante, el ejecutivo norteamericano también emitió la Licencia General 9 par permitía la subsanación de la deuda.
  Dresser-Rand Company demandó el 26 de febrero de 2019 a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de sus obligaciones al no honrar una deuda de USD 132.295.896,82 correspondientes a unos bonos que, la petrolera venezolana sostiene no haber podido cancelar en razón de las sanciones de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos.

  El acuerdo de Pagaré fue suscrito el 21 de enero de 2017 y el gobierno estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 13808 el 25 de agosto del referido año y a raíz de esta decisión gubernamental, el Citibank implementó una política que restringió las de PDVSA y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Lo que sostiene Dresser-Rand

  El 29 de marzo de 2021 Dresser-Rand Company presentó al juez Stanton, su resumen del juicio en el que anticipa cuestiones legales clave que estima surgirán en el juicio.

  En primer lugar, la demandante destaca que se trata de un simple caso de incumplimiento de contrato para cobrar más de USD 119 millones de deuda indiscutiblemente adeudada por PDVSA a Dresser-Rand R por un Acuerdo de pagaré de fecha 20 de enero de 2017.

  Dresser-Rand asegura que no fue imposible ni impracticable para PDVSA cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Pagaré, primero, porque bajo la Orden Ejecutiva 13808, las transacciones relacionadas con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017, como el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, continuaron siendo legalmente permitidas.

  En segundo lugar, la demandante refiere que después de ser notificado de sus incumplimientos, PDVSA pudo haber subsanado su pago y no lo hizo. Esto lo dice a la luz de que gobierno de los EE. UU. emitió la Licencia General 9 al mismo tiempo que las sanciones de bloqueo del 28 de enero de 2019, lo que permitía a PDVSA subsanar su incumplimiento y reembolsar a la demandante los pagos adeudados.

  En tercer lugar, Dresser-Rand advierte que no existe evidencia creíble de una imposibilidad objetiva de que PDVSA realice pagos cuando sus obligaciones de pago restantes vencen en virtud del Pagaré.

 Igualmente, refiere que ofrecieron a PDVSA varias alternativas viables para facilitar el pago, pero no respondió a las comunicaciones y la demandante agotó todas las vías de ejecución.

  Dresser refiere que la Orden Ejecutiva 13808 establece en un lenguaje sencillo que prohíbe a "EE. UU. o personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU., participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento o negociar de otra manera con nueva deuda, con un vencimiento de más de 90 días y emitida en nombre o en beneficio de PDVSA, su propiedad, o sus intereses en la propiedad".

  En tal sentido, el término “nueva deuda” se refiere a cualquier deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017. Por tanto, el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, celebrado el 20 de enero de 2017, no puede considerarse “deuda nueva” dentro del alcance de la orden ejecutiva.

  Asegura que PDVSA hace una lectura parcial y selectiva de las directrices publicadas por la OFAC en relación con la orden ejecutiva 13808.

  Al mismo tiempo sostiene que PDVSA podría haber tratado de obtener una licencia específica a través de la OFAC, como lo ayudó el propio bufete de abogados de su experto en otras situaciones crediticias, que le hubiera permitido cumplir con sus obligaciones de pago, pero no hay evidencia en el expediente de que así lo hubiera hecho.

 Agrega que Dresser ofreció a PDVSA varial alternativas viables para realizar el pago, pero estatal venezolana los ignoró.

Testimonio inadmisible de Baker

  Para Dresser-Rand Company, el informe pericial de John Barker que presentará PDVSA no es confiable y debe excluirse según la regla federal de prueba 702.

  Esto por cuanto el testigo propuesto ha actuado como abogado de PDVSA y esa es una razón por la cual los tribunales federales rechazan habitualmente su testimonio.

“Si bien el señor Barker no es abogado de PDVSA en este caso, su rol como abogado de PDVSA en otros asuntos relacionados excluye cualquier posibilidad de que él ofrezca opiniones objetivas y confiables a la Corte”.

Dresser presenta fechas para comparecencia

  El 29 de marzo de 2021, Jordan W. Siev, abogado de la firma Reed Smith LLP que representa a Dresser-Rand Company, empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG con sede en Houston (Texas), le presentó al juez Louis L. Stanton, una orden previa al juicio consolidada, así como los respectivos escritos del proceso judicial de cada parte, los cuales tratan cuestiones de derecho controvertidas y cuestiones probatorias que pudieran surgir en el juicio.


   El abogado de la demandante le manifestó al magistrado, que en caso de que la Corte tuviera alguna pregunta o requiriera aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las cuestiones tratadas en las presentaciones previas al juicio, estarían disponibles para participar en una conferencia previa al juicio.

  Presentó igualmente un conjunto de fechas comprendidas entre mayo y octubre de 2021, en las que él, su firma y/o las partes no estarían disponibles para comparecer en el juicio.

A saber, las fechas propuestas son del 10 al 13 de mayo de 2021; del 17 al 21 de mayo de 2021; del 28 de mayo de 2021; el 1 de junio de 2021; del 8 de junio al 31 de julio de 20211; el 5 al 23 de agosto de 2021; del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2021; y del 6 al 17 de septiembre de 2021.


martes, 4 de mayo de 2021

En Venezuela no rige un estado criminal sino un estado paralelo

   El diagnóstico adecuado es lo que permite la implementación de una estrategia de solución adecuada, advierte el experto en temas de seguridad Joseph Humire.

Por Maibort Petit

   Las definiciones de “estado criminal”, “estado mafia”, “narco estado”, entre otras, se habrían quedado cortas a la hora de denominar el régimen venezolano, por lo que el concepto que mejor aplica es el de “estado paralelo”, acuñado por el historiador norteamericano, Robert Paxton, un investigador de los regímenes totalitarios que explica que se trata de subestructuras, que funcionan dentro del estado formal. Así lo sostiene Joseph Humire, experto en Seguridad Global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).

  Estas subestructuras cívico paramilitar criminal, se desarrollan dentro del Estado y llegan, incluso, a ostentar más poder que el estado formal, al extremo de controlar más territorio que el propio estado. El mejor ejemplo de estado paralelo lo constituyen los nazis en Alemania, refiere el experto.

  Subraya que los modelos totalitarios han ido avanzando en sus conocimientos y aprendiendo uno del otro durante casi 200 años de regímenes totalitarios modernos. Su estrategia consiste en la conquista de terreno sin tener que recurrir a la fuerza militar o, al menos, que, si esta se encuentra presente, no lo sea como la herramienta principal de control.

  “El estado paralelo es un término académico que define a Venezuela en el sentido de que la estructura que controla a Venezuela es paralela al régimen y al estado, porque Nicolás Maduro no está en el control de todo, es horizontal con las ocho regiones de defensa de Venezuela que se llaman REDI”.

  Cada una de estas REDI opera con una economía ilícita que la sustenta, como minería ilegal, extorsión, narcotráfico, etc., las cuales, generalmente, están ligadas a la posición geográfica.

  Por ejemplo, REDI CapitaL, opera con la extorsión e igualmente junto a un Grupo Armado Organizado (GAO) que, en este caso son los colectivos; el REDI Los Llanos, opera con los pranatos y el contrabando; REDI Los Andes, opera con los paramilitares y el tráfico humano; REDI Oriental, opera con el ELN y el narcotráfico. En total, son 8 Grupos Armados Organizados (GAO), que funcionan y trabajan esa economía en conjunto con 8 REDI, en 8 regiones, con 8 economías ilícitas, por ó que se le conoce como la “Ley de 8”.

  De allí, que Humire advierta que el mecanismo del diálogo y la negociación como mecanismo de resolución del conflicto venezolano, no funciona en razón de que habría que sentar a la mesa a todos estos grupos irregulares, dado que cada región se mueve de manera autónoma. “Esa es la complejidad del asunto, no basta con negociar con Maduro o cualquiera de los miembros del gobierno, pues ellos sólo tienen el control político”.

La narrativa falsa como estrategia

  En torno al régimen venezolano se han tejido toda una serie de especulaciones y se han hecho circular historias que solamente tienen por objetivo la desinformación y la distracción, advierte Joseph Humire.

   Entre estas narrativas está la de presentar a Nicolás maduro como un individuo ignorante, bruto y disparatero, cuando en realidad estamos en presencia de un hombre sumamente astuto, claro en sus objetivos y con toda una maquinaria detrás que trabaja en su afianzamiento.

   El experto en temas de seguridad destaca que la construcción de narrativas falsas es parte de la estrategia de conquista mediante la manipulación y sin necesidad de la fuerza militar.

“En la guerra asimétrica, no solamente hay que atacar al enemigo, sino también infiltrarlo para controlarlo y controlar la narrativa que tú enemigo va a decir sobre ti. Si tú puedes controlar la narrativa de tu enemigo, tienes el triunfo asegurado”, explica.

  Parte de esas narrativas falsas es también la especie de la existencia de diferencias entre el chavismo y el madurismo, o entre los chavistas disidentes y Maduro. “Hay una manipulación tan fuerte de la contra narrativa, que tienen a la oposición completamente desviada de la realidad, todo con el objetivo de mantener la falsa narrativa de que el chavismo y el madurismo son dos cosas distintas”. En tal sentido recordó a quienes esto creen, que Nicolás Maduro fue el canciller de Hugo Chávez, trabajó con él para sacarlo de la cárcel.

  Cónsono con la advertencia que ha hecho en torno a Tareck El-Aissami como figura principalísima en este proceso, Joseph Humire alerta que Nicolás Maduro es un fiel soldado de Chávez, pero no es el líder. “Ya lo he dicho, el líder es Tareck El-Aissami. La manipulación es fundamental y allí entran los cubanos que son maestros en la manipulación”.

  Una prueba de que ni Chávez ni maduro son los líderes es el hecho de que el proyecto no acabara con la muerte del primero.

Conflicto en la frontera

  Como apuntáramos en nota precedente, Siria es el modelo que se sigue en Venezuela para expandir la revolución bolivariana por Latinoamérica, sin necesidad del conflicto militar.

  De hecho, sostiene que el país del medio Oriente ha funcionado como un centro logístico y un laboratorio para Rusia, Irán, Hezbollah. Los resultados de la experiencia los están trayendo a Venezuela.

  En el propósito de expansión de la revolución bolivariana, Colombia es el paso siguiente pues, como advierte no hay Gran Colombia sin ella. La reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo colombiano se inscribe como un sondeo para determinar dónde están los límites.

  La conquista de Colombia pasa, a criterio de Humire, por la generación de un conflicto en la frontera colombo-venezolana para provocar un desastre en la nación neogranadina y convertirla en un estado fallido donde se reproduzcan, aparte de todos los demás problemas que aquejan a todos los países a raíz de la pandemia del Covid-19, la tragedia humanitaria, migratoria, el conflicto armado, etc.

“El plan es destruir a Colombia por dentro, dividir la sociedad. Construir diferentes movimientos separatistas, manipular tanto a la izquierda como a la derecha. Vladimir Putin es experto en manipular a la derecha del mundo usando temas de nacionalismo y separatismo”.

Neo-totalitarismo

  Por último, Joseph Humire advierte que Venezuela y Siria son países que no son ni anárquicos ni democráticos, sino que son un nuevo modelo neo-totalitario consistente en usar regímenes con alto control político, pero poco control territorial. En el caso de Venezuela, el territorio está en manos de milicias y grupos como las FARC, ELN, hezbollah, mientras el régimen maneja el tentáculo del poder.


 

lunes, 12 de abril de 2021

Tribunal de Apelaciones confirma decisión que concedió laudo arbitral a Huntington Ingalls por repotenciación de dos barcos de armada venezolana

   La corte estableció que, efectivamente como lo había determinado el tribunal de distrito de Mississippi, un arbitraje sobre el asunto en Venezuela era impracticable dada la situación política del país.

Por Maibort Petit

   El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos confirmó decisión del Tribunal de Distrito Federal de Mississippi, el cual reconoció y ejecutó un laudo emitido por un tribunal arbitral.
   Esto se refiere a una decisión del 19 de febrero de 2018 adoptada por un tribunal arbitral que emitió el Laudo contra Venezuela y a favor de Huntington Ingalls por USD 128.862.457, 27 sin incluir los intereses posteriores a dicho laudo. Posteriormente, el 26 de junio de 2019, Huntington Ingalls presentó una moción para reconocer y ejecutar el laudo en el Distrito Sur de Mississippi y la corte le concedió el 31 de marzo de 2020. La sentencia se dictó el 4 de junio de 2020 por un monto de USD 137.977.646,43[1].

   La sentencia de la Corte de apelaciones recapitula en su decisión que poco más de un año antes de que Hugo Chávez llegara asumiera la presidencia de Venezuela, la empresa Huntington Ingalls Incorporated —anteriormente conocida como Northrop Grumman Ship Systems Inc. e Ingalls Shipbuilding Inc.— un contratista con sede en Estados Unidos, acordó renovar dos buques de guerra para el Ministerio de Defensa de la República de Venezuela. Un par de años más tarde, con Chávez ya en el poder, la empresa buscó arbitrar una disputa por sobrecostos con el referido despacho gubernamental venezolano.

   Refiere la sentencia que, aunque el contrato de las partes designaba a Venezuela como el foro arbitral exclusivo, el tribunal de distrito de Mississippi ordenó el arbitraje fuera de este país, toda vez que la acción sería impracticable en razón del entorno político hostil reinante en la nación caribeña, pues los tribunales venezolanos se pondrían del lado del Ministerio de Defensa de manera injusta. Tras la determinación de impracticabilidad del tribunal de distrito, la causa se trasladó el arbitraje a Brasil, donde se otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones. Luego, el tribunal de distrito hizo cumplir el laudo arbitral y dictó sentencia a favor de Huntington Ingalls.

 Se concluyó que el tribunal de distrito no había ignorado manifiestamente el acuerdo de las partes ni la ley, por lo cual se afirma la sentencia.

Los antecedentes

  Este casio surge en 1997, cuando Huntington Ingalls celebró un contrato de USD 315 millones con el Ministerio de Defensa de Venezuela para reparar dos fragatas de la Armada venezolana, a saber la ARV Mariscal Sucre y la ARV Almirante Brión, tarea que se llevaría a cabo en el astillero de Huntington Ingalls en Pascagoula, Mississippi. Entre otras disposiciones, se establecía en el contrato que el arbitraje , en caso de controversia, se llevaría a cabo en Caracas, Venezuela.

  En 2002, las partes tuvieron un desacuerdo sustancial sobre los sobrecostos y en vista de que Huntington Ingalls no logró que el Ministerio de Defensa pagar por los trabajos, presentó una demanda en el Distrito Sur de Mississippi, buscando daños, medidas cautelares y arbitraje obligatorio. El Ministerio no se presentó y el secretario del tribunal lo declaró en rebeldía.

   A partir de entonces se inició una disputa con relación al arbitraje, toda vez que Huntington Ingalls estimaba que las circunstancias políticas imperantes en venezuela impedían la realización de un proceso justo. Se acotó la dependencia del poder judicial venezolano del poder ejecutivo, dado que la mayoría de los jueces del país tenían carácter provisorio y estaban sujetos a los dictámenes del gobierno.

  El tribunal de distrito aceptó la moción de Huntington Ingalls y ordenó el arbitraje en Mississippi con el argumento de que "la situación política violentamente inestable en Venezuela ha convertido a ese país en un foro inadecuado en este momento". El tribunal arbitral designado, a su vez, trasladó el procedimiento a la Ciudad de México, México "para asegurar la mayor igualdad entre las partes".

   Dado de que antes de que se cumpliera el arbitraje, el Ministerio compareció ante el tribunal de distrito y procedió a anular la orden de arbitraje o, alternativamente, a suspenderlo, lo cual fue concedido por la corte, pero antes de que hubiera un pronunciamiento, el abogado de la demandada ofreció a Huntington Ingalls USD 70 millones para resolver el caso y esta aceptó. Por ello, el tribunal de distrito emitió una orden desestimando el caso con prejuicio.

  Ocurrió que el Ministerio no había autorizado a su abogado a llegar a un acuerdo sino simplemente a negociarlo y procedió a contratar a un nuevo abogado y a anular la orden de despido del tribunal de distrito. El tribunal de distrito rechazó la moción del Ministerio y aplicó el acuerdo de conciliación.

  El procedimiento de arbitraje de la Ciudad de México finalmente terminó sin una decisión en 2008.

 El Ministerio apeló, impugnando tanto la decisión del tribunal de distrito de hacer cumplir el acuerdo de conciliación como la negativa anterior de obligar al arbitraje en Venezuela.

  Después de escuchar a expertos se determinó la impracticabilidad de realizar el arbitraje en Venezuela. Luego las partes informaron al tribunal de distrito que acordaron someterse a un arbitraje en Washington, DC., pero el Ministerio advirtió que lo solo aceptó el arbitraje en DC "bajo protesta". La corte razonó que el incumplimiento del Ministerio de arbitrar en Washington había eliminado efectivamente cualquier acuerdo sobre el foro arbitral.

  Fue así que, luego de un proceso de judicial de siete días y numerosas rondas informativas, el tribunal otorgó a Huntington Ingalls más de USD 128 millones en compensación, intereses previos al laudo y costos.

   Por ello, Huntington Ingalls se movió para hacer cumplir ese premio en el Distrito Sur de Mississippi, donde el tribunal de distrito aceptó la moción y rechazó los argumentos del Ministerio de que el tribunal se había equivocado al ordenar el arbitraje fuera de Venezuela, así como sus argumentos de que el tribunal, a su vez, se había equivocado al trasladar el arbitraje a Brasil. El Ministerio apeló oportunamente.

  Huntington Ingalls primero intentó hacer cumplir el laudo en el Distrito del Distrito de Columbia, pero ese tribunal desestimó la moción de Huntington Ingalls a la luz de la continua jurisdicción del Distrito Sur de Mississippi sobre el caso.

Las consideraciones del caso

  El tribunal de apelaciones refirió, en primer lugar, que el asunto de la impracticabilidad del arbitraje ya había sido considerado y decidido por otro panel en ocasión anterior, esto ya es ley del caso no revisable.

  Advierte la sentencia que esto sólo sería revisable si: (1) se presentaron al tribunal de distrito pruebas "sustancialmente diferentes" en prisión preventiva; (2) la autoridad de control ha cambiado la ley aplicable a la emisión; o (3) las decisiones del panel anterior eran claramente erróneas, de modo que su aplicación continua daría lugar a una "injusticia manifiesta". Dado que ninguno de estos casos se aplica, el tribunal de apelaciones determinó que el panel anterior no decidió erróneamente al concluir que la impracticabilidad está disponible como defensa ante los arbitrajes comprendidos en la Convención de Panamá.

  El Tribunal había establecido tanto la jurisdicción del tribunal de distrito bajo el Código de Estados Unidos, bajo la Ley Federal de Arbitraje, 9 USC §§ 203, 302, que codifica la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá), la cual rige generalmente los arbitrajes internacionales en América.

  Por ello, el tribunal rechazó la invitación del Ministerio a reconsiderar si el análisis de impracticabilidad previo al arbitraje de las cláusulas del foro arbitral es apropiado en virtud de la Convención de Panamá o si el tribunal de distrito estaba obligado a abordar la divisibilidad en prisión preventiva.

   Por otra parte, el tribunal de apelaciones concluyó que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que las condiciones políticas hacían impracticable el arbitraje en Venezuela y que tales condiciones eran imprevisibles para Huntington Ingalls en el momento en que firmó el contrato.

  El tribunal de distrito concluyó que las condiciones en Venezuela se elevaron a ese nivel. Al hacerlo, el tribunal de distrito aparentemente acreditó la opinión de Gómez de que "el arbitraje en Caracas no sería factible" y la opinión de Canova González de que litigar contra el gobierno venezolano en el país "no daría como resultado un resultado justo, ya que el sistema legal dentro de Venezuela favorece juicios para el gobierno ".

  Refiere la sentencia que la corte concluyó que el tribunal de distrito no incurrió en error al considerar impracticable la aplicación de la cláusula del foro arbitral, una decisión en la se sustentó en la opinión de expertos y evidencias que indicaban que el arbitraje de las partes en Venezuela probablemente se vería afectado por la influencia política y que Huntington Ingalls probablemente se vería afectado.

  Por todo ello, el tribunal de apelaciones consideró que el tribunal de distrito no se equivocó al determinar que sería impracticable que Huntington Ingalls arbitrara el caso en Venezuela.

  Igualmente, determinó que no era previsible que Huntington Ingalls pudiera prever que una situación como esa pudiera ocurrir cuando firmó el contrato con el ministerio.

  El tribunal de apelaciones refiere que consideró ampliamente el contrato y la ley venezolana incorporados al mismo.

  Sin embargo, evaluó que lo allí establecido quedó efectivamente inoperante por la anterior decisión de impracticabilidad del tribunal de distrito y, por separado, por el acuerdo de las partes de arbitrar en Washington, algo que que el tribunal razonó que el Ministerio no podía incumplir.

  Del mismo modo, el tribunal razonó que el acuerdo de las partes sobre Washington también había fracasado porque el Ministerio seguía presionando por el arbitraje en Caracas. Sin una cláusula de foro arbitral viable y en ausencia de otro acuerdo efectivo, el tribunal razonó que la disposición de elección de la ley del contrato requería que el propio tribunal determinara el foro arbitral apropiado según la ley venezolana. Ejerciendo esa autoridad, el tribunal luego trasladó la sede del arbitraje a Brasil para "salvaguardar tanto la neutralidad como la integridad del arbitraje".

  Advierte finalmente la sentencia que habiéndose hecho todas estas consideraciones, determinó que la decisión del tribunal "extrae su esencia" de la acuerdo y no "ignoró manifiestamente el acuerdo de las partes o la ley al mover el arbitraje a Brasil y, por tanto, concluyó que el tribunal de distrito ejecutó correctamente el laudo arbitral.













[1] Venezuela Política. “Huntington Ingalls quiere cobrar su deuda con acciones de CITGO”. 8 de octubre de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/10/huntington-ingalls-quiere-cobrar-su.html


  

viernes, 19 de febrero de 2021

El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes

  El chavismo trastocó la vida venezolana y la convirtió en un escenario donde conviven las organizaciones criminales y le dan sustento al gobierno de Maduro.

Por Maibort Petit

  “El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”.

  Así lo establece el informe “Esto es venezuela. Entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución” elaborado por “The Risk Awareness Council” (TRAC), organización no gubernamental dedicada al estudio de los riesgos políticos y de seguridad surgidos de la complejidad del mundo globalizado.

   Refiere el estudio fechado en enero de 2021, que régimen se vale de la actividad criminal para sostener el poder, al tiempo en que está influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o asimétricos.

  Sostiene que los recursos que administra la red están destinados a mantener el poder, para lo que han fraccionado el territorio para entregarlo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía.

  Se trata, pues, de un esquema cooperativo que destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los emprendimientos político-criminales, pues generan un ecosistema autosustentable para todas las partes.

  Refieren que esta tiranía criminal convirtió a Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas condiciones de seguridad humana de sus habitantes, pues en el país no es posible desarrollar políticas públicas sustentables, en razón de la destrucción institucional del Estado y el abandono de su infraestructura. Por ello, es un espacio donde convergen organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas operaciones se han integrado al mando político-militar del régimen, convirtiéndolos en socios para el delito internacional.

  El informe de TRAC estima que los intentos para resolver la crisis venezolana, tanto domésticos como internacionales, se han visto entorpecidos, primero, por la compartimentación del poder dentro del propio régimen, y segundo, por la falta de claridad estratégica de la oposición y sus aliados en el mundo.

  Se indica que el estado al que ha llegado Venezuela, obliga a establecer como prioridad detener el sufrimiento de la población, para lo cual hay que remover de raíz la estructura criminal que detenta el poder. Se alerta que no será posible un cambio positivo si se mantienen las actuales condiciones de vida de los habitantes y si permanecen en el mando algunos de los liderazgos de estas redes. De no atender esta advertencia, se corre el riesgo de que el régimen, contrario a lo esperado, se estabilice y se expanda aún más.

  Igualmente, el informe es enfático al señalar que el dilema para la comunidad internacional no se circunscribe a si se requiere o no su participación activa y decidida en el abordaje de la crisis, sino de establecer “qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía criminal venezolana”.

El panorama

  A la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se propuso establecer una revolución transregional financiada con las riquezas venezolanas aun en detrimento de la población del país. El carácter internacional se lo otorga la participación de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

  El proyecto revolucionario se aceleró con la entrada al escenario de Nicolás Maduro, quien estableció alianzas y conformó redes con organizaciones criminales con el objetivo de sostenerse en el poder.

  En la actualidad, las fuerzas armadas que anteriormente eran factor preponderante, han sido desplazadas por “redes ilícitas, junto con los actores externos estatales y no estatales, [que son] el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen al régimen de Maduro al mando”.

  Es así como el poder en Venezuela está compartimentado en una compleja red militar, política y criminal dirigida a impedir el cambio de régimen, una tarea que se ha hecho más cuesta arriba, por la utilización de premisas incorrectas al momento de diseñar las estrategias para sacarlos del poder.

  Considerar a las fuerzas armadas como una institución institucional y jerárquica subordinada al poder civil del gobierno interino, es uno de esos errores. De allí que el sector castrense no sea un socio confiable para procurar el fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

  Paralelamente, el régimen ha fortalecido el aparato coercitivo a la par de que el país se ha empobrecido.

  El estado venezolano se ha hecho inviable mientras el crimen organizado, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales convergen en el país, convirtiéndolo en centro de operaciones logísticas para su beneficio.

  En este panorama, los recursos provenientes de economías criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, “facilitan el uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder”.

  En el plano internacional ha habido un desgaste de la política de los EE. UU. que brindó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. También se discute la efectividad de las sanciones impuestas al régimen. El régimen de Maduro las denuncia como causa del deterioro de la calidad de vida de la población. Sin embargo, son muchas las evidencias que apuntalan su pertinencia.

  Venezuela se ha convertido en un eje importante del narcotráfico, las empresas estatales en instrumentos para la legitimación de capitales y el régimen y sus socios internacionales trabajan sistemáticamente para desestabilizar políticamente el continente.

La pandemia como instrumento de control

  El informe asegura que el régimen de Nicolás Maduro convirtió la pandemia del Covid-19 en estrategia para el control de la población. Es así como, fingiendo un máximo control de la situación, han restringido la movilidad de las personas, con lo cual han podido paliar la crisis por la escasez de gasolina.

  Hay un férreo control de la información sobre los casos y muertes que indican un subregistro de las cifras.

El posible conflicto interno

  El estudio refiere que el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció la violación sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos ordenados desde la cúpula del poder en contra de la población civil.

  Apunta la existencia de un clima de conflictividad del país que se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples causas. También se indica que en Venezuela hay 359 presos políticos y en los últimos 6 años, más de 15 mil personas han sido procesados por protestar. Se alerta que de no cambiar esta dinámica de la violencia es predecible que en poco tiempo el caos se apodere del país.

  Además, la población podría quedar en el medio del fuego cruzado que se podría generar por la debilidad del estado y la fragmentación del territorio para entregarlo a los grupos criminales que pudieran llegar a enfrentarse.

El futuro

  El régimen intenta construir la percepción de que la llegada de nuevo gobierno a la Casa Blanca, podría favorecer su estabilización en el poder.

  Su objetivo es sobrevivir en el poder a cualquier costo, puesto que esa es la única manera que posee para desarrollar su política. Depredar el orden productivo es su modus operandi y por ellos requiere expandirse y tomar el control de nuevos territorios, lo cual es una grave amenaza para la región.

  La confrontación convertida en política y estrategia ya trasciende el escenario nacional, habiendo instaurado el régimen el modelo Modelo de Guerra Popular Prolongada (GPP). No se descarta, advierte el informe, que la confrontación vaya más allá de la narrativa política.

  Entretanto, Estados Unidos y el resto de los países han construido un dique de contención del régimen que entorpece la expansión de la revolución mediante acciones como las investigaciones por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

  El enfrentamiento de estas fuerzas podría derivar en una desescalada a través de una negociación de salida de los jerarcas del régimen para dar paso a la transición democrática; o en la ascensión a un estadio final y resolutivo mediante “una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales, proteger la población y estabilizar el territorio”. 

viernes, 12 de febrero de 2021

Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol

   Los activos de la petrolera venezolana en el extranjero se han convertido en blanco de acciones legales destinadas a cobrar acreencias.

Por Maibort Petit

  Activos de Petróleos de Venezuela S.A.  por USD 9.444.116,76 y de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98, en manos de Vitol Inc, pero que permanecen bloqueados en razón de las sanciones impuestas contra esta última por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están en la mira de una de las víctimas de las FARC, el ELN y Cartel del Norte del Valle de Colombia, para cobrar la indemnización por daños y perjuicios que le concediera un tribunal de la Florida.
  La aspiración del demandante, Antonio Caballero, es hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista promulgada por el expresidente Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por la administración estadounidense sustentados en leyes antidroga, en el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston.
   Antonio Caballero se encuentra asilado en los Estados Unidos desde hace varios años, luego de que su padre, Carlos Caballero —líder del Partido Liberal, cinco veces senador y ex-embajador de Colombia en la ONU— fue secuestrado en febrero de 1999 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Cártel del Norte del Valle de Colombia exigiendo USD 6 millones. Pero en lugar de liberarlo después del pago, los secuestradores lo asesinaron de un disparo en la nuca.

  Tras el asesinato de su progenitor, Antonio Caballero debió huir de Colombia y abandonar sus propiedades y negocios, por lo que se ha dedicado a bregar ante diferentes instancias para llevar a los responsables del asesinato ante la justicia, donde ha reclamado por las torturas de que fuera objeto su padre en manos de los rebeldes colombianos.

  En 2014 un tribunal de primera instancia de Florida le otorgó a Antonio Caballero daños y perjuicios de parte de los guerrilleros y narcotraficantes responsables del secuestro de su padre, a quienes había demandado en 2012.

  Para poder cobrar la indemnización, los abogados de Caballero se encuentran rastreando dinero y bienes de los guerrilleros y narcotraficantes que hayan pasado por los Estados Unidos. Es así cómo ha logrado cobrar una parte de la sentencia[1].

  El 20 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y determinó que tenía derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC), otorgándole USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

  Luego de esto, el 28 de septiembre de 2020, Caballero registró la referida sentencia en el expediente de la Corte del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, en la causa que en dicha instancia judicial mantiene contra las FARC y otros (Caso Nº 20-09-11744).

  Desde entonces, Caballero ha iniciado varios casos complementarios en procura de obtener la indemnización por daños y perjuicios que aún no ha sido satisfecha en su totalidad. El saldo pendiente se estima en USD 41.734.153,93.

  Ahora, por considerar que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.

  En tal sentido, Antonio Caballero aspira para embargar los referidos activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la Sentencia Definitiva a su favor.

  Caballero alega que Rosneft y PDVSA son agentes de las FARC y sobre esa base obtuvo un auto de embargo contra Vitol como parte en la Acción del Tribunal del Estado para embargar los activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la sentencia Definitiva, de acuerdo a la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002 (TRIA). 

  Sostiene el demandante que “en cualquier acción en la que un nacional de los Estados Unidos haya obtenido una sentencia contra una parte terrorista de conformidad con esta sección, el término ‘activo bloqueado’ incluirá cualquier activo de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte) incautado o congelado por los Estados Unidos en virtud de la sección 805 (b) de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (21 USC 1904 (b))”.

  Destaca que, “los activos bloqueados de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte terrorista) estarán sujetos a ejecución o embargo en ayuda de la ejecución a fin de satisfacer dicha sentencia en la medida de cualquier daño compensatorio por el cual dicha parte terrorista haya sido declarada responsable”.

   Le corresponde ahora al demandante, demostrar ante el tribunal que, efectivamente, PDVSA y Rosneft son agentes o instrumentalidades de un Deudor de Sentencia bajo TRIA.

   En su favor, Caballero sostiene que los activos están bloqueados de conformidad con las sanciones de la OFAC, refiere que Vitol está sujeta a varias prohibiciones con respecto a transacciones o transferencias que involucren activos bloqueados, como se establece en el Reglamento de Sanciones de Venezuela de la OFAC.

  Como lo exige la ley, Vitol fue informada el 22 de diciembre de 2020 de la acción de Antonio Caballero.

  Se estima que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, es competente para llevar este caso, pues la misma comprende el condado de Montgomery donde Caballero presentó la Acción de la Corte Estatal. En consecuencia, la deportación al Distrito Sur de Texas es adecuada de conformidad con 28 U.S.C. § 1441 (a).

  Vitol se reserva expresamente todas las defensas, mociones y/u objeciones que puedan tener en cuanto al servicio, jurisdicción o cualquier otra defensa u objeción que puedan presentar a esta acción.











[1] CNN en Español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/