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viernes, 19 de febrero de 2021

El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes

  El chavismo trastocó la vida venezolana y la convirtió en un escenario donde conviven las organizaciones criminales y le dan sustento al gobierno de Maduro.

Por Maibort Petit

  “El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”.

  Así lo establece el informe “Esto es venezuela. Entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución” elaborado por “The Risk Awareness Council” (TRAC), organización no gubernamental dedicada al estudio de los riesgos políticos y de seguridad surgidos de la complejidad del mundo globalizado.

   Refiere el estudio fechado en enero de 2021, que régimen se vale de la actividad criminal para sostener el poder, al tiempo en que está influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o asimétricos.

  Sostiene que los recursos que administra la red están destinados a mantener el poder, para lo que han fraccionado el territorio para entregarlo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía.

  Se trata, pues, de un esquema cooperativo que destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los emprendimientos político-criminales, pues generan un ecosistema autosustentable para todas las partes.

  Refieren que esta tiranía criminal convirtió a Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas condiciones de seguridad humana de sus habitantes, pues en el país no es posible desarrollar políticas públicas sustentables, en razón de la destrucción institucional del Estado y el abandono de su infraestructura. Por ello, es un espacio donde convergen organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas operaciones se han integrado al mando político-militar del régimen, convirtiéndolos en socios para el delito internacional.

  El informe de TRAC estima que los intentos para resolver la crisis venezolana, tanto domésticos como internacionales, se han visto entorpecidos, primero, por la compartimentación del poder dentro del propio régimen, y segundo, por la falta de claridad estratégica de la oposición y sus aliados en el mundo.

  Se indica que el estado al que ha llegado Venezuela, obliga a establecer como prioridad detener el sufrimiento de la población, para lo cual hay que remover de raíz la estructura criminal que detenta el poder. Se alerta que no será posible un cambio positivo si se mantienen las actuales condiciones de vida de los habitantes y si permanecen en el mando algunos de los liderazgos de estas redes. De no atender esta advertencia, se corre el riesgo de que el régimen, contrario a lo esperado, se estabilice y se expanda aún más.

  Igualmente, el informe es enfático al señalar que el dilema para la comunidad internacional no se circunscribe a si se requiere o no su participación activa y decidida en el abordaje de la crisis, sino de establecer “qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía criminal venezolana”.

El panorama

  A la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se propuso establecer una revolución transregional financiada con las riquezas venezolanas aun en detrimento de la población del país. El carácter internacional se lo otorga la participación de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

  El proyecto revolucionario se aceleró con la entrada al escenario de Nicolás Maduro, quien estableció alianzas y conformó redes con organizaciones criminales con el objetivo de sostenerse en el poder.

  En la actualidad, las fuerzas armadas que anteriormente eran factor preponderante, han sido desplazadas por “redes ilícitas, junto con los actores externos estatales y no estatales, [que son] el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen al régimen de Maduro al mando”.

  Es así como el poder en Venezuela está compartimentado en una compleja red militar, política y criminal dirigida a impedir el cambio de régimen, una tarea que se ha hecho más cuesta arriba, por la utilización de premisas incorrectas al momento de diseñar las estrategias para sacarlos del poder.

  Considerar a las fuerzas armadas como una institución institucional y jerárquica subordinada al poder civil del gobierno interino, es uno de esos errores. De allí que el sector castrense no sea un socio confiable para procurar el fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

  Paralelamente, el régimen ha fortalecido el aparato coercitivo a la par de que el país se ha empobrecido.

  El estado venezolano se ha hecho inviable mientras el crimen organizado, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales convergen en el país, convirtiéndolo en centro de operaciones logísticas para su beneficio.

  En este panorama, los recursos provenientes de economías criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, “facilitan el uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder”.

  En el plano internacional ha habido un desgaste de la política de los EE. UU. que brindó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. También se discute la efectividad de las sanciones impuestas al régimen. El régimen de Maduro las denuncia como causa del deterioro de la calidad de vida de la población. Sin embargo, son muchas las evidencias que apuntalan su pertinencia.

  Venezuela se ha convertido en un eje importante del narcotráfico, las empresas estatales en instrumentos para la legitimación de capitales y el régimen y sus socios internacionales trabajan sistemáticamente para desestabilizar políticamente el continente.

La pandemia como instrumento de control

  El informe asegura que el régimen de Nicolás Maduro convirtió la pandemia del Covid-19 en estrategia para el control de la población. Es así como, fingiendo un máximo control de la situación, han restringido la movilidad de las personas, con lo cual han podido paliar la crisis por la escasez de gasolina.

  Hay un férreo control de la información sobre los casos y muertes que indican un subregistro de las cifras.

El posible conflicto interno

  El estudio refiere que el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció la violación sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos ordenados desde la cúpula del poder en contra de la población civil.

  Apunta la existencia de un clima de conflictividad del país que se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples causas. También se indica que en Venezuela hay 359 presos políticos y en los últimos 6 años, más de 15 mil personas han sido procesados por protestar. Se alerta que de no cambiar esta dinámica de la violencia es predecible que en poco tiempo el caos se apodere del país.

  Además, la población podría quedar en el medio del fuego cruzado que se podría generar por la debilidad del estado y la fragmentación del territorio para entregarlo a los grupos criminales que pudieran llegar a enfrentarse.

El futuro

  El régimen intenta construir la percepción de que la llegada de nuevo gobierno a la Casa Blanca, podría favorecer su estabilización en el poder.

  Su objetivo es sobrevivir en el poder a cualquier costo, puesto que esa es la única manera que posee para desarrollar su política. Depredar el orden productivo es su modus operandi y por ellos requiere expandirse y tomar el control de nuevos territorios, lo cual es una grave amenaza para la región.

  La confrontación convertida en política y estrategia ya trasciende el escenario nacional, habiendo instaurado el régimen el modelo Modelo de Guerra Popular Prolongada (GPP). No se descarta, advierte el informe, que la confrontación vaya más allá de la narrativa política.

  Entretanto, Estados Unidos y el resto de los países han construido un dique de contención del régimen que entorpece la expansión de la revolución mediante acciones como las investigaciones por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

  El enfrentamiento de estas fuerzas podría derivar en una desescalada a través de una negociación de salida de los jerarcas del régimen para dar paso a la transición democrática; o en la ascensión a un estadio final y resolutivo mediante “una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales, proteger la población y estabilizar el territorio”. 

viernes, 12 de febrero de 2021

Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol

   Los activos de la petrolera venezolana en el extranjero se han convertido en blanco de acciones legales destinadas a cobrar acreencias.

Por Maibort Petit

  Activos de Petróleos de Venezuela S.A.  por USD 9.444.116,76 y de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98, en manos de Vitol Inc, pero que permanecen bloqueados en razón de las sanciones impuestas contra esta última por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están en la mira de una de las víctimas de las FARC, el ELN y Cartel del Norte del Valle de Colombia, para cobrar la indemnización por daños y perjuicios que le concediera un tribunal de la Florida.
  La aspiración del demandante, Antonio Caballero, es hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista promulgada por el expresidente Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por la administración estadounidense sustentados en leyes antidroga, en el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston.
   Antonio Caballero se encuentra asilado en los Estados Unidos desde hace varios años, luego de que su padre, Carlos Caballero —líder del Partido Liberal, cinco veces senador y ex-embajador de Colombia en la ONU— fue secuestrado en febrero de 1999 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Cártel del Norte del Valle de Colombia exigiendo USD 6 millones. Pero en lugar de liberarlo después del pago, los secuestradores lo asesinaron de un disparo en la nuca.

  Tras el asesinato de su progenitor, Antonio Caballero debió huir de Colombia y abandonar sus propiedades y negocios, por lo que se ha dedicado a bregar ante diferentes instancias para llevar a los responsables del asesinato ante la justicia, donde ha reclamado por las torturas de que fuera objeto su padre en manos de los rebeldes colombianos.

  En 2014 un tribunal de primera instancia de Florida le otorgó a Antonio Caballero daños y perjuicios de parte de los guerrilleros y narcotraficantes responsables del secuestro de su padre, a quienes había demandado en 2012.

  Para poder cobrar la indemnización, los abogados de Caballero se encuentran rastreando dinero y bienes de los guerrilleros y narcotraficantes que hayan pasado por los Estados Unidos. Es así cómo ha logrado cobrar una parte de la sentencia[1].

  El 20 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y determinó que tenía derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC), otorgándole USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

  Luego de esto, el 28 de septiembre de 2020, Caballero registró la referida sentencia en el expediente de la Corte del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, en la causa que en dicha instancia judicial mantiene contra las FARC y otros (Caso Nº 20-09-11744).

  Desde entonces, Caballero ha iniciado varios casos complementarios en procura de obtener la indemnización por daños y perjuicios que aún no ha sido satisfecha en su totalidad. El saldo pendiente se estima en USD 41.734.153,93.

  Ahora, por considerar que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.

  En tal sentido, Antonio Caballero aspira para embargar los referidos activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la Sentencia Definitiva a su favor.

  Caballero alega que Rosneft y PDVSA son agentes de las FARC y sobre esa base obtuvo un auto de embargo contra Vitol como parte en la Acción del Tribunal del Estado para embargar los activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la sentencia Definitiva, de acuerdo a la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002 (TRIA). 

  Sostiene el demandante que “en cualquier acción en la que un nacional de los Estados Unidos haya obtenido una sentencia contra una parte terrorista de conformidad con esta sección, el término ‘activo bloqueado’ incluirá cualquier activo de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte) incautado o congelado por los Estados Unidos en virtud de la sección 805 (b) de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (21 USC 1904 (b))”.

  Destaca que, “los activos bloqueados de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte terrorista) estarán sujetos a ejecución o embargo en ayuda de la ejecución a fin de satisfacer dicha sentencia en la medida de cualquier daño compensatorio por el cual dicha parte terrorista haya sido declarada responsable”.

   Le corresponde ahora al demandante, demostrar ante el tribunal que, efectivamente, PDVSA y Rosneft son agentes o instrumentalidades de un Deudor de Sentencia bajo TRIA.

   En su favor, Caballero sostiene que los activos están bloqueados de conformidad con las sanciones de la OFAC, refiere que Vitol está sujeta a varias prohibiciones con respecto a transacciones o transferencias que involucren activos bloqueados, como se establece en el Reglamento de Sanciones de Venezuela de la OFAC.

  Como lo exige la ley, Vitol fue informada el 22 de diciembre de 2020 de la acción de Antonio Caballero.

  Se estima que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, es competente para llevar este caso, pues la misma comprende el condado de Montgomery donde Caballero presentó la Acción de la Corte Estatal. En consecuencia, la deportación al Distrito Sur de Texas es adecuada de conformidad con 28 U.S.C. § 1441 (a).

  Vitol se reserva expresamente todas las defensas, mociones y/u objeciones que puedan tener en cuanto al servicio, jurisdicción o cualquier otra defensa u objeción que puedan presentar a esta acción.











[1] CNN en Español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/


martes, 12 de enero de 2021

Conozca los bloques de contención que usa el régimen para evitar que el pueblo se levante en su contra

 El control social es estratégico para evitar el desbordamiento de la sociedad.

Por Maibort Petit

   Existe todo un sistema de dominio mediante el cual el gobierno chavista control y manipula al pueblo venezolano, de manera de evitar que este se enfrente al régimen y lo saque del poder. Para ello se vale de cinco bloques de contención que actúan en su favor y, desde todos los flancos, sirven de diques que frenan cualquier intento de desbordamiento.

   Quien sostiene esto es Eduardo E. Hurtado, ex-integrante de la Fuerza Aérea Venezolana y veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos quien formó parte de una unidad especial de inteligencia geoespacial. Hurtado es Licenciado en Seguridad Estratégica y Gerencia de la Protección, y también es Licenciado en Tecnología Electrónica, con una Maestría en Administración Empresarial (MBA). 

   En su libro “La franquicia cubana: una dictadura científica”, explica cómo los hermanos Castro desarrollaron una metodología en conjunción con el gobierno de Rusia para implementarlo en Latinoamérica, logrando la manipulación de las masas con el fin de perpetuarse en el poder de manera indefinidamente.

  Según Eduardo Hurtado, la dictadura científica “es un proyecto que tiende a modificarse según la geopolítica del país y que apunta al uso de métodos psicológicos y físicos para lograr el completo adoctrinamiento de sus ciudadanos volviéndolos a todos sumisos y resignados ante el dictador. Para lograr ese adoctrinamiento se ejecutan un conjunto de técnicas y estrategias perfectamente estudiadas y que se van reajustando según la reacción de los ciudadanos, para ello se usa la ingeniería social, la cual hace un solapamiento con la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y el lenguaje corporal”.

  Para influir y modificar el comportamiento de la sociedad del país que haya comprado la franquicia, se valen de la ingeniería social y el resultado, en el caso de Venezuela, es que los ciudadanos comenzaron a ver como “indeseable” a quien difiera del gobierno socialista. La ingeniería social es común en los regímenes autoritarios que imponen sus creencias políticas a la ciudadanía, obligándola a creer que su propuesta es la única salida a todos los males.

  Refiere Hurtado que el gobierno cubano vende un paquete de asesoría que él a ha denominado “Franquicia Cubana”, la cual comprende la aplicación de técnicas de ingeniería social, así como temas en materia de invasión, inteligencia, espionaje, contrainteligencia, narcotráfico, lavado de dinero, psicología, torturas entre otros procedimientos. Esta franquicia la vendieron e implementaron con éxito en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México. Así se vendió a Hugo Chávez como el mesías, quien comenzó pregonando la “igualdad social” en razón de que el término socialismo no era bien visto en el país.

   El gobierno venezolano construyó la “big data” que le permite medir el comportamiento de la masa, a través del denominado “carnet de la patria” el cual no es otra cosa que un mecanismo de control social.

Los bloques de contención

  Sostiene Eduardo Hurtado que para que un sistema de dominio estratégico sea perfecto, es necesario crear niveles de control y manipulación en los que existe una combinación entre el uso de la fuerza, la demagogia, la inteligencia y el populismo.

 Estrategias éstas que el gobierno venezolano aplica a modo de laboratorio de guerra psicológica, al tiempo que analiza los resultados y establece maniobras de acuerdo a las reacciones.

  Refiere que el pueblo en crisis lucha mientras espera una intervención interna de las Fuerzas Armadas, las cuales no terminan de reaccionar a favor de la constitución y el interés nacional. Entretanto, el pueblo sigue en su lucha en contra de una dictadura, pero se agota física y mentalmente cada día más.

  Explica que existen cinco 5 muros o bloques de contención que permiten contrarrestar a la población enardecida. Estos bloques deben cumplir con al menos tres pasos fundamentales para ser exitosos, a saber: 1) Crear una coalición organizada con múltiples líderes de las fuerzas de oposición; 2) estudiar el modus operandi del dictador para así conocer sus debilidades y fortalezas; 3) planificar de manera estratégica las acciones basadas en las debilidades del estado dictador.

  La experiencia cubana es utilizada para sacar de combate a cualquier líder emergente que trate de organizar una rebelión.

  A los cinco bloques que hasta ahora se conocen, se espera que se adicionen los estudiantes universitarios, quienes serán endulzados con estrategias populistas de parte de los alcaldes y gobernadores donde estén ubicadas las principales sus universidades. Una forma de lograr esto puede ser ayudar a rescatar las deterioradas sedes de estas casas de estudios superiores. Para el gobierno es fundamental poner a los estudiantes, toda vez que sabe que son ellos quienes encienden las protestas contra la dictadura.

  Como ejemplo de esto último, Eduardo Hurtado pone como ejemplo el caso de Ricardo Sánchez Mujica, quien fue uno de los líderes de la Universidad Central de Venezuela que luchó en contra del gobierno y, luego, terminó de aliado de la dictadura.

  Hurtado indica que el primer bloque de contención lo conforman: El pueblo simpatizante con el gobierno; el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Policía Nacional y algunas Policías Municipales; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB);  el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); los Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia; los Círculos Bolivarianos; la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

  Entretanto, el segundo bloque de contención lo integran: los colectivos (La Piedrita/Fuerzas Revolucionarias Bolivarianas); los grupos de guerrilla (Tupamaros); los milicianos; los presidiarios; la Guardia Nacional Bolivariana-Infiltrados (Falso personal portando uniforme de la Guardia Nacional); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

  En el tercer bloque de contención están una serie de grupos que son financiados en dólares: Grupo Avispas Negras (Fuerzas Especiales de Cuba); Euskadi Ta Askatasuna Española (ETA); Hezbollah; Al-Qaeda; Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); los carteles narcotraficantes; Hamas (Palestino).

  El cuarto bloque de contención #4, igualmente pagados en dólares, lo integran: el Comité de Seguridad del Estado Ruso (KGB); el G2 Cubano; el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS); el reemplazo estratégico (Agentes pasivos); el servicio de espionaje activo; los miembros significativos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas; los miembros significativos de la política venezolana.

  Por su parte, el quinto bloque de contención (también financiado en dólares)  lo conforman: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); el Tribunal Supremo de Justicia; los ministerios estratégicos; la Organización de Naciones Unidas (ONU); las Altas Comisiones para los Derechos Humanos; la Organización de los Estados Americanos (OEA); las altas personalidades políticas extranjeras (cómplices); el Consejo Nacional Electoral (CNE); la fuente de inteligencia abierta (OSINT- Open Source Intelligence).

Sobre la MUD

  Apunta Eduardo Hurtado que en lo atinente a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encuentra presente en casi todas las barreras de defensa del estado venezolano.

  Se trata, pues, de un engaño al país que extiende de manera sustantiva el periodo de vida del gobierno, un tiempo que es necesario para consagrar el plan psicológico de control de masa y para pacificar las protestas cuando éstas se salgan de control y representen peligro al régimen. Serán esos momentos en que entrarán en modo de negociación con el gobierno haciendo creer que ellos son los salvadores.

  Es decir, con la MUD el pueblo acude a un organismo estratégicamente infiltrado que detiene su furia con falsas promesas de democracia y paz, así como con mensajes de no a la violencia dirigidos a enfriar los ánimos de la población que ansía cambios.

  Estima Eduardo Hurtado como un hecho positivo, el hecho de que, con todos los acontecimientos ocurridos, la ciudadanía ya ha identificado la traición de todos los dobles agentes de la política.

Sobre la OSINT

 Igualmente, Hurtado destaca el caso de la fuente abierta de inteligencia, el cual es un ejército que no se ve, pero que controla las redes sociales y se encarga de desacreditar cualquier fuente de información confiable.

Son los encargados de investigar, sabotear, confundir, hackear, etc.

  Explica que existe una sala situacional en diferentes lugares de Venezuela y en el extranjero, donde se dedican diariamente a crear o desvirtuar/sabotear noticias a favor del régimen.

 Esta fuente abierta de inteligencia crea fuentes de información opositoras al estado, de modo de dar la impresión de credibilidad en la población y para que la gente sienta confianza en estos medios de información que luego usaran en determinados momentos para sembrar las noticias que ellos quieran manipular en momentos de crisis.

 Estas salas situacionales también se encargan de sabotear a quienes traten de herir el sistema castrista a través de las redes sociales.


jueves, 10 de diciembre de 2020

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (I)

    Transparencia Venezuela analiza el papel del crimen organizado en el país y acusa los grupos delincuenciales que, con la anuencia de las autoridades, operan en Venezuela.

Por Maibort Petit

   En Venezuela las organizaciones de la delincuencia organizada operan a través de 9 bloques cuyos orígenes, naturaleza, negocios, alcances, estructuras y objetivos son de diferente índole y en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado.

  Así lo revela el informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

   Refiere el informe que algunos de estos bloques controlan territorios y su envergadura es tal que han llegado a crear microestados en el país y subraya, además, que estas expresiones delictivas materializan un tercer tipo de primitivismo que es considerado el criminal, caracterizado por la violencia, atrocidad y perversidad, que disfruta del daño producido en perjuicio de la gran mayoría de ciudadanos buenos y honestos del país.

  Transparencia Venezuela identificó los 9 bloques, en los cuales participan más de 13 mil organizaciones delictivas que, en algunos casos, mantienen vínculos con el poder político y funcionarios públicos. Estos bloques criminales son: 1) las megabandas criminales; 2) los seudosindicatos de la construcción, petroleros y los mineros; 3) los “colectivos” armados y violentos; 4) los “pranes” y sus organizaciones carcelarias; 5) las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”; 6) el holding de la corrupción; 7) los traficantes de drogas; 8) las FARC y el ELN; 9) las bandas criminales (Bacrim).

Primer bloque: Las megabandas criminales

  El informe hace referencia a las megabandas delictivas que operan en el territorio venezolano se constituyeron a partir de la tendencia natural que tiene la delincuencia a organizarse, en razón de que esto les permite a los criminales obtener mayores beneficios en sus acciones delictivas.

   La organización también le facilita a la delincuencia imponerse ante los rivales, otorgándoles una mayor capacidad para enfrentarse a los cuerpos de seguridad.

 Refiere el reporte que las megabandas son organizaciones sin ideología política, cuyo único objetivo es obtener beneficios económicos de sus fechorías, constituidas con un mínimo de 50 o 60 miembros —aunque pueden llegar a ser cientos— asociados.

  Asimismo, las megabandas controlan un territorio determinado, que puede ser urbano o rural, al tiempo de que cuentan con armas de fuego de alto poder y mantienen una estructura vertical de mando muy bien definida.

  Las megabandas se dedican al narcotráfico, al sicariato, al robo de vehículos (camiones de carga), a la extorsión y el secuestro, entre otros delitos.

  Muchas de las megabandas operan en Caracas, específicamente en barrios como la Cota 905, El Valle, Coche y Petare, entre otros, aunque también funcionan en otras zonas urbanas de distintas ciudades del país y en pueblos o caseríos.

  Citando al periodista José Ignacio Mayorca, especialista en temas de seguridad y delincuencia, el informe indica que para el año 2017 existían en Venezuela 19 megabandas, un número que a la fecha actual se ha incrementado.

  Una característica de estas megabandas es la atrocidad de los homicidios que cometen, en similitud a los carteles de la droga mexicanos. Esto lo hacen con la finalidad de enviar mensajes a otros delincuentes que intenten disputarles el poder. Incluso, pueden grabar estos asesinatos y publicarlos luego en las redes sociales con el fin de multiplicar el terror que quieren sembrar en la colectividad.

   Acota el informe que, aunque el crecimiento de las megabandas en el país responde a diversas causas, no hay dudas en que las denominadas zonas de paz” decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013, se constituyeron en factor determinante, al habérseles otorgado reconocimiento y una especie de legitimación oficial, además, de un territorio sin presencia policial.

   Las megabandas tienen tal ascendencia en las comunidades que controlan, que llegan a fungir como especies de mediadores o “jueces de paz” que tienen la última palabra en las controversias que resuelven. Estas pandillas llegan a controlar la cotidianidad de las comunidades.

  Es preocupante la aceptación social que muchas de estas megabandas alcanzan en los territorios que dominan, lo cual es la consecuencia de algunos factores que son determinantes.

  Acciones como las de prohibir que ningún delincuente de la zona cometa pequeños delitos contra personas de la comunidad; la defensa del territorio frente a otras pandillas; el compartir el botín con la comunidad; pueden llegar a levantar la simpatía de la colectividad, sobre todo por la gran ausencia que el estado tiene en las comunidades. Esto es un signo de la descomposición social que se ha profundizado durante los últimos 20 años de la autodenominada "revolución".

  Es tan grande su poder, que las megabandas llegan a prohibir que funcionarios policiales vivan en los sectores que dominan, sin que las instituciones a las que pertenecen puedan hacer nada al respecto.

  Muchas veces el “cerebro” de estas megabandas está dentro de las cárceles del país, tal es el caso del denominado “Tren de Aragua”, tenida como la pandilla más grande del país, la cual, dirigida desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente como el penal de Tocorón, algo que, difícilmente, puede ocurrir sin la complicidad de funcionarios.

  Se cree que en los últimos tiempos las megabandas venezolanas están extendiendo sus tentáculos a países vecinos. La incapacidad del régimen de Venezuela para contener la acción de estas grandes pandillas, se ha convertido también en un problema regional.

  En Venezuela existen alrededor de 18.000 bandas delictivas de menor tamaño que, desde el punto de vista jurídico, pudieran ser consideradas también como organizaciones de delincuencia organizada, pero que por sus características se diferencian de las primeras.

Segundo bloque: Seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros

  Diferentes a las organizaciones de trabajadores que defienden los derechos de sus agremiados, los seudosindicatos de la construcción son en realidad bandas criminales que extorsionan a los trabajadores de este sector para conseguirles empleos en las obras que se estén ejecutando. Amenazan también a los encargados o jefes de las obras de construcción, a quienes amenazan para que solo contraten a los obreros que ellos les indiquen y, en ocasiones, para que compren los materiales solo a determinada compañía.

   Esta modalidad de pandillas se remonta a la época en la que, a través del endeudamiento –principalmente con China– se comenzaron a ejecutar una serie de obras públicas en distintos sectores del país que luego, en su gran mayoría, nunca se culminaron. Luego el modus operandi se extendió a las construcciones privadas.

  Las disputas entre estos seudosindicatos de la construcción generan varios asesinatos año tras año, muchos de ellos bajo la modalidad de sicariatos o en cumplimiento de la amenaza extorsiva contra trabajadores o dueños de las obras.

  En el ámbito petrolero, también surgieron agrupaciones criminales que presionan y extorsionan a algunas empresas contratistas para que empleen sólo a los trabajadores que el grupo delictivo les indique y también a los obreros que quieran ingresar a laborar.

  Por su parte, seudosindicatos mineros tienen su campo de acción principalmente en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro ilegales en ese territorio e imponen el terror para mantener su poder.

   Sostiene el informe que la minería ilegal, aunque es de larga data en Venezuela, en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, estimándose que unas 50 mil personas pudieran estar hoy dedicadas a esta actividad.

 Destaca el informe de Transparencia Venezuela que las expropiaciones decretadas desde la primera gestión de Hugo Chávez, así como los ataques que el finado expresidente impulsó contra empresas mineras formales, contribuyeron a la expansión de la ilegalidad en la explotación del oro.

   Se abrió de este modo el camino a distintas agrupaciones criminales que, con apoyo de algunos funcionarios corruptos, tomaron el control de las minas del estado Bolívar.

   Las bandas y megabandas que dominan la extracción ilegal de oro han convertido a varios municipios de este estado Bolívar en los de mayor índice de homicidios en el país, puesto que allí se lucha a sangre y fuego entre las distintas pandillas, así como con grupos foráneos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

  Estas bandas autodenominadas “sindicatos”, deciden quiénes trabajan o no en las minas que sus líderes controlan y velan por “el orden y la seguridad” a cambio de un porcentaje del beneficio.

  Entre 2016 y 2019 se contabilizaron 40 masacres en la zona, siendo una de las más cruentas, la denominada “masacre de Tumeremo”, ocurrida en marzo de 2016 en la mina “Atenas” por la banda de El Topo.

  Por incumplir las normas que los “sindicatos” imponen también se producen recurrentemente casos de personas gravemente mutiladas, con pérdidas de sus pies, manos, dedos, lengua u otras partes del cuerpo.

  A la par la acción criminal de la minería ilegal ya señalada, está la destrucción voraz del ecosistema del estado Bolívar, a través de la deforestación y la utilización rudimentaria y sin control del mercurio que contamina aceleradamente las aguas de los ríos.

  Señala el reporte que el Arco Minero decretado por Nicolás Maduro en 2016 “pareciera representar la oficialización de la explotación ilegal del oro y la destrucción de la naturaleza en buena parte del territorio nacional”.

Tercer bloque: “Colectivos” armados y violentos

  Tal como ha ocurrido en la historia latinoamericana en las dictaduras o gobiernos autoritarios que crean grupos paramilitares o parapoliciales para hacer el “trabajo sucio”, en Venezuela existen los “colectivos” nacidos durante el gobierno de Hugo Chávez, los cuales se han consolidado con Nicolás Maduro.

  El régimen de Maduro depende mucho de ellos en el sostenimiento del poder a los que prefiere a los militares y policías, por cuanto es más aceptable ante la comunidad internacional presentar cualquier conflicto interno como una lucha de pueblo contra pueblo, evitando así señalamientos de delitos violatorios a los DDHH que lo comprometan.

   Los colectivos en la actualidad tienen presencia en todos los estados del país y se cree que contarían con alrededor de 8 mil hombres constituidos en grupos de civiles armados que operan como “guardianes de la revolución”.

   Se dedican a agredir, intimidar y hasta disparar contra personas que se reúnen para manifestar o protestar contra el régimen; se activan en elecciones para amedrentar y atentar contra los opositores, dirigentes o ciudadanos; insultan y agreden a los diputados de la oposición, periodistas y otros trabajadores de la prensa en los alrededores de la Asamblea Nacional.

  Cometen sus tropelías casi siempre encapuchados, en motocicletas sin matrículas visibles, apertrechados con armas de fuego, objetos contundentes y cortantes. Gozan de total impunidad con un apoyo evidente de autoridades de alto nivel.

 Los colectivos armados dominan los territorios donde operan y conforman especies de microestados, donde pueden prohibir la entrada de los cuerpos policiales.

  Tienen el control de los mercados negros de alimentos regulados, que acostumbran a vender a precios superiores al establecido.

  Pero además de sus funciones de guardianes de la revolución, los colectivos en ocasiones usan sus armas para cometer delitos comunes, como secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros.

  Igualmente participan dentro de cuerpos de seguridad del estado, como se evidenció en 2018 cuando fue asesinado el policía disidente, Oscar Pérez.

 Destaca el informe de Transparencia Venezuela que ante los artilugios de los sistemas autoritarios al crear estos grupos para encargarse del “trabajo sucio”, han surgido sentencias de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que la responsabilidad internacional estatal por actos de particulares se configura igualmente cuando los Estados crean grupos civiles, o se hacen cómplices de estas organizaciones para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, que es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela”.


 

 


 


 



martes, 29 de septiembre de 2020

Omar Bula Escobar: El crimen organizado se apoderó de Venezuela

 Latinoamérica se ha convertido en eje de la acción de la empresa criminal mundial, siendo el narcotráfico una de sus expresiones mas prósperas.

Por Maibort Petit

  Cuando comenta el crecimiento que ha experimentado el crimen transnacional organizado entre las dos últimas décadas, el experto colombiano en la materia, Omar Bula Escobar, recuerda la especie que en tiempos del capo Pablo Escobar se decía respecto a su capacidad financiera de pagar la deuda externa de la nación neogranadina y refiere que, en la actualidad, poseen recursos que les permiten, no solamente eso, sino hasta apoderarse de estados enteros como, en efecto, ya lo hicieron con Venezuela.

  “El crimen organizado hoy en día no solamente puede pagar la deuda, sino que puede comprar estados enteros, es más, ya lo hicieron y tenemos uno al lado de Colombia que se llama Venezuela, que es un estado que funciona básicamente con la maquinaria del crimen organizado transnacional”.

  El especialista refiere que el avance y la importancia del crimen organizado transnacional es tal, que se ha convertido en un tema de vital atención para los Estados Unidos, que en materia de defensa lo tiene, junto al yijadismo, como los “peligros” más grandes que enfrentar al exterior de sus fronteras. Una preocupación que EE. UU. comparte con otras grandes naciones del orbe.

  Advierte que aun cuando el crimen organizado siempre ha existido, lo que lo hace ahora la diferencia es su carácter transnacional.

  Su interés por el tema —comenta— comenzó cuando hace ya varios años leyó sobre una alianza entre Hezbollah con los “Zetas” para atentar contra el embajador de Arabia Saudita en Washington, es decir, el islam radical se liaba con los carteles de la droga para actuar en la capital de EE. UU. Quiso, desde entonces estudiar cómo se establecían estos extraños vínculos y se tejían las grandes redes del crimen transnacional organizado, su crecimiento, su articulación. La globalización, afirma, ha servido al crimen organizado para extenderse y crecer.

  Pero Bula advierte que el crimen transnacional organizado no se limita al tráfico de drogas de todo tipo, sino que tiene que ver también con tráfico de armas, la minería ilegal, el tráfico de especies en vía de extinción que es un enorme mercado, el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la prostitución infantil, la extorsión. “Hay muchas actividades en las que participan estas grandes organizaciones del crimen organizado y se ayudan entre sí, como el ejemplo al que me referí de los Zetas y Hezbollah”.

Latinoamérica como centro

   Omar Bula Escobar se remite a América Latina como centro de la actividad del crimen transnacional organizado, dado que el narcotráfico ha tomado a la región como eje de acción.

  “El problema de América Latina es que estamos en el meollo. En uno de los mapas que existen, hay uno en el que aparece el crimen organizado y la droga representada con un círculo rojo, se ubica sobre Colombia, Venezuela y básicamente encima de la región. No es para nadie un secreto que ese primer ítem del crimen organizado ha invadido la región desde Tijuana hasta la Patagonia y que han crecido de manera fenomenal”.

  Refiere la importancia de conocer cómo se estructura el crimen transnacional organizado, pues este no se limita a los actores a los que comúnmente se hace mención, su cara visible, es decir, los dueños de los carteles y quienes evidentemente hacen parte del tráfico de drogas o de armas, los que están perseguidos y tienen circulares rojas en la policía internacional. Toma como ejemplo un iceberg y alerta que dichos actores ocupan la cima del mismo, la parte que se encuentra a la vista, mientras que sumergidos, bajo las aguas, en la parte que tiene mayor tamaño, se encuentran los llamados jugadores grises, “quienes tienen un pie en el crimen organizado y el otro en la banca, en el gobierno, en las grandes corporaciones financieras”.

El alarmante crecimiento y su penetración

  En este sentido, indica que las cifras dejan ver el enorme crecimiento experimentado por el crimen organizado que, en el caso del narcotráfico en Colombia se ha multiplicado por cuatro, hecho que se repite en Perú, donde igualmente se incrementa esta actividad delictiva.

  Advierte que se trata de datos de hace 6 o 7 años, por lo que ya son obsoletos, haciéndose menester que la Naciones Unidas las revise y actualice.

  Indica que en 2010 se hablaba de que a nivel mundial el crimen organizado movilizaba 2.1 trillones de dólares, de los cuales el narcotráfico se adjudicaba USD 322 mil millones. Las operaciones recientes de Estados Unidos en el Caribe representaron USD 90 mil millones en decomisos de drogas que fluían entre América Latina y Estados Unidos. “Pongamos esto en perspectiva, son cifras que están por encima del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestros países. Es decir, las cifras del crimen organizado comprenden el PIB de varios de los países de Latinoamérica”.

— Lo más preocupante de ese fenómeno creciente del crimen organizado —que vincula continentes y cuyo lucro es espectacular, como el de la droga, en que se puede vender un gramo de cocaína en Australia en USD 300 o en Japón a USD 350, habiendo salido de aquí a USD 2.5. Así es el margen de ganancias en ese tipo de negocio— es el hecho de que han penetrado y se han aliado a las élites políticas de estos países. Yo soy muy contrario a la idea de que se ha perdido la guerra contra la droga, porque hay un debate paralelo muy interesante que es el de la legalización que está muy ligado al crimen organizado. El hecho es que han comenzado a penetrar absolutamente todas las instancias de la sociedad, desde las instituciones financieras, instituciones educativas, inclusive las de salud. Se sabe que muchos servicios de salud en Colombia están dominados por las FARC o el ELN.

  Agrega que los medios de comunicación no han escapado a esta penetración del crimen organizado, lo cual es un gran problema en la era de la información, lo cual en Colombia se evidencia en la posición asumida por algunos de estos medios respecto a grupos terroristas como las FARC, a quienes parecen defender luego de haberse suscrito el acuerdo de paz.

  Tal defensa, sostiene Bula Escobar, es muestra clara del avance del crimen organizado en la región.

  En este sentido, recuerda la objeción que muchos sectores de la sociedad colombiana formularon en contra del referido acuerdo de paz, cuyas consecuencias ya se observan al revisar el crecimiento exponencial del crimen organizado. Las masacres son un reflejo de este incremento.

  “El acuerdo de paz ya está mostrando las consecuencias que tanto advertimos. Ahora hablan de masacres como lo alertamos, no era difícil adivinar que entre más droga más violencia, es la lógica de la droga que en Colombia se multiplicó por cuatro, en Perú me acaban de decir que está subiendo también, porque detrás de esto hay un proyecto de legalización muy dudoso que no implica necesariamente el debate de si legalizar es bueno o no, sino sobre quién se va a beneficiar de esa legalización, como se beneficiaron del mercado de la marihuana. Dirán que la coca tiene otros usos industriales, que con ello hay manera de bajar el número de personas en las cárceles por considerarla ilegal, y empezarán con eso hasta llegar a un mercado legal un montón de veces mayor que el de la marihuana”.

  Refiere que el de la marihuana comenzó en los años 90 y hoy en día es un mercado de USD 200 mil millones. “¿Y quién es el dueño de ese mercado? ¿Los canadienses o los que invirtieron antes de proponer esa legalización que presentan como una cosa romántica y piadosa que va a arreglar el problema del crimen organizado? Pues, es el propio crimen organizado junto con estos actores grises, entre ellos los bancos, pues no se pueden lavar tantos millones de dólares, sin la participación, ya comprobada, de corporaciones offshore y onshore”.

Relaciones peligrosas

  Omar Bula Escobar retoma el tema de las alianzas del crimen organizado y hace mención a las peligrosas relaciones que han establecido en países donde los actores de este flagelo actúan libre e impunemente, tal es el caso de Venezuela, erigido como el mejor ejemplo de la mancomunidad con el poder político.

  Recuerda que en 2012 en su libro “El Plan perfecto” advirtió sobre la penetración de Irán en la región, especialmente en Venezuela, así como del ALBA, las FARC y el terror nuclear.

  La respuesta fue desestimar la alerta, sobre la referida al terror nuclear, pues consideraban inconcebible la existencia de este en América Latina. Sin embargo, indica que esta es una amenaza latente, sobre todo cuando se recuerda cómo Venezuela le ha abierto las puertas al gobierno iraní y operador político y armado, Hezbollah.

  Subraya que no sólo él ha hecho referencia a este hecho, pues ya hace 8 años, el presidente colombiano informó que Venezuela estaba comprando misiles. También Joseph Humire desde el Centro para una Sociedad Segura, y otros especialistas han referido la existencia de un submundo criminal muy activo.

  Recuerda que Hezbollah ya estaba en la región, en la triple frontera en los años ´90, cuando ocurrió un atentado contra la embajada de Israel en el ´92 y otro contra el Centro AMIA en Buenos Aires, en el ´94. Luego, en Colombia, algunas comunidades libanesas —no todas, pues las hay muy respetables—, los radicales, comenzaron a extenderse en la Guajira y Buenaventura, así como en otros lugares de la nación neogranadina donde ganan terreno y llevan a cabo actividades proselitistas.

  Transcurrido algún tiempo, en 2005, llega a Venezuela invitado por el finado expresidente, Hugo Chávez, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, quien manifestó abiertamente su deseo de “borrar a Israel del mapa”.

  Con esta invitación, Chávez le abrió las puertas de América Latina a Irán. Desde esa fecha, el referido mandatario iraní realizó 7 visitas a la región.

  Irán tenía los ojos puestos en Argentina, el único país de la región que desarrollaba energía nuclear pacífica y la exportaba a todas partes del mundo. El régimen iraní estaba ya sancionado por Estados Unidos, dados sus propósitos de querer desarrollar un arma nuclear. Entonces, carente de tecnología y materia prima que es el uranio, Irán desarrolla una relación con Hugo Chávez con miras de llegar a Argentina, donde no querían a los iraníes en razón de los atentados terroristas perpetrados por Hezbollah en el Centro AMIA.  Chávez invirtió jugosamente en la campaña electoral de Cristina Fernández quien, al llegar a la presidencia, abre un capítulo de cooperación argentina-iraní muy incómodo. Una situación que llegó a tal extremo, que supuestamente asesinaron al fiscal, Alberto Nisman, “que dicen que se suicidó, pero curiosamente lo hizo un día antes de declarar” y revelar sus investigaciones sobre el papel de Irán en Argentina. “Esto para que vean cuán importante es la presencia iraní en la región”.

  Entretanto, en Bolivia se entrenaban las milicias bolivarianas; en Ecuador, la agencia antiatómica de la ONU advirtió acerca del proyecto de iraní de buscar uranio en América Latina. Al respecto, Bula refiere que la búsqueda de uranio y el plutonio, componentes básicos de la bomba nuclear, se abrían convertido en la verdadera razón de las expropiaciones emprendidas por Hugo Chávez, en Venezuela, y Evo Morales, en Bolivia.

  Se suma a esto, la apertura de vuelos entre Maiquetía y Teherán a través de las aerolíneas Conviasa e Iran Air, en los cuales, de acuerdo a versiones de la prensa europea, se transportaban armas y elementos de la seguridad iraní.

Hezbollah y las FARC

  El crimen transnacional organizado tiene también otra de sus manifestaciones en el vínculo existente entre hezbollah con las FARC y con el ELN.

  Recuerda que las FARC también traficaron armas con Al Qaeda y Hezbollah se financia con el tráfico de droga. Este grupo iraní, que controla una gran parte del territorio venezolano, expresó públicamente su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, como igualmente lo hicieron los chinos y los rusos.

  Explica que el proselitismo islámico suele aprovechar la pobreza e indigenismo para colarse en los lugares donde estas circunstancias han hecho mella, tal es el caso de Chiapas en el sur de México, de la Guajira venezolano-colombiana y de Buenaventura, donde hay madrasas, escuelas del islam, operando. Estas escuelas son centros del islam más radical, el cual también se ha asentado de manera alarmante y grave en Trinidad y Tobago y en la isla de Margarita en Venezuela.

  Omar Bula manifiesta su preocupación ante la indiferencia que las sociedades de estos países mantienen ante estos fenómenos “que crecen, que han crecido y que seguirán creciendo”.

  Destaca que el avance o freno de estas actividades depende en mucho de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, pues Donald Trump es el único que se ha opuesto realmente al islam radical y a la presencia del gobierno de Irán en América Latina. “Es al gobierno actual de Donald Trump, al que le interesa Venezuela por su relación con Irán, con China y con Rusia”.

  Ante el peligro que representa para la región el triunfo del Partido Demócrata, Bula Escobar recuerda que fue Barack Obama, quien firmó un acuerdo con Irán que después deshizo Trump, que fue el mandatario demócrata quien por no poner en peligro el acuerdo con Irán, no hizo caso a la advertencia sobre la presencia de Hezbollah en Venezuela “y cerró los ojos, además de que se acercó a Cuba”.

 Una eventual victoria de Joe Biden —subraya— significaría el fin de las presiones sobre Cuba, sobre el narcotráfico “porque quieren legalizarlo, se acaba la presión sobre la presencia iraní. No somos inmunes, Venezuela ya demostró que no hay inmunidad al cambio histórico, las historias cambian a veces muy rápido, tal es el caso de Zimbabue, la primavera árabe o de la misma Venezuela, “para no irnos tan lejos. Siria era un país pacífico y explotó y vean lo que es hoy. Las cosas cambian y si ante esos fenómenos, que ya no son semillas, sino que están creciendo y han ganado mucho terreno, cerramos los ojos y no nos damos cuenta acerca de qué es lo que verdaderamente está en juego, vamos a terminar invadidos por el crimen organizado y por el islam radical, tarde o temprano, es cuestión de tiempo”.

Globalismo contra estado-nación

  Omar Bula Escobar refiere que muchos de los acontecimientos y hechos ocurridos en muchos lugares del mundo, pero principalmente en Latinoamérica y los Estados Unidos, son consecuencia del globalismo que, aprovechándose del malestar social y las protestas por reivindicaciones, se valen de estas y las convierten en caldo de cultivo para generar violencia y caos, y así poder imponer su agenda.

  Se trata, apunta, de una lucha entre globalismo y estado-nación, donde el primero es expresión de la izquierda, el comunismo, el islamismo radical, etc. por donde se cuela, igualmente, la agenda del crimen organizado.

  “El juego rojo-azul, capitalismo-comunismo, que estábamos jugando en el pasado, ese juego se acabó. Ahora no, ese juego se acabó y hay que escoger entre globalismo y nacionalismo. Escoger si estamos con el status quo y ese occidente que hemos construido con mucha dificultad, incipiente en muchos casos, pero que estaba progresando a tal que esta ha sido la época más próspera de la humanidad en la que millones de personas han salido de la pobreza; o si estamos del lado de los globalistas con ese gobierno global que está aliado a las peores fuerzas del mundo que son básicamente el gobierno iraní, el narcotráfico, el crimen organizado, Hezbollah, Al Qaeda, ISIS, Venezuela, Cuba”.

  En ese escenario, aprovecha el movimiento anti occidente, anti Estados Unidos para aliarse a los globalistas europeos y otros, como los chinos, el islam radical, los narcotraficantes, “una mezcla totalmente venenosa y peligrosísima que quiere destruir lo que conocemos como occidente, que yo defiendo mucho, porque insisto y repito, es la sociedad más avanzada de todos los tiempos, desde que comenzó la humanidad, con grandes defectos, pero una sociedad que se estaba construyendo en democracia y participación y que hace dos décadas comenzaron a querer destruirla. Hace dos décadas, Irán y Hezbollah comenzaron a entrar en la región e, igualmente, hace dos décadas se comenzó a fortalecer el narcotráfico y el crimen organizado, hace dos décadas China comenzó a fortalecerse y a convertirse en lo que es hoy. Estamos viendo el resultado de la bondad de la democracia, porque la democracia es muy bondadosa y muy boba al mismo tiempo, por sostener la pluralidad de opinión por la cual aboga y por su transparencia, de la cual algunos se aprovechan, tanto, que están acabando con ella. Es el caso de los medios de comunicación masiva hoy en día”.

  Eso, sentencia, es lo que está en juego en las próximas elecciones de los Estados Unidos. “No es cuestión de que, si les gusta o no Trump por cómo es, esto no es un concurso de belleza. Se trata de escoger entre democracia y su fin”.


 


 


 


 





miércoles, 26 de agosto de 2020

Las malignas y peligrosas alianzas del régimen de Maduro

  Un informe da cuenta de cómo el régimen venezolano instrumenta su actividad criminal a través de alianzas perversas.

Por Maibort Petit

   Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, fue configurando una serie de alianzas que le servían de sustento a su proyecto político del “socialismo del siglo XXI” que fue extendiendo por toda la región. Se trataba de una alianza ideológica que procuraba disminuir la influencia de Estados Unidos en el continente, al tiempo que impulsaba la presencia de actores extrarregionales como Rusia, Irán y China. Transformó a PDVSA en la entidad de financiamiento del referido proyecto y su estructura en una gigantesca máquina de lavar dinero.

  Así lo sostiene un informe firmado por Douglas Farah para el Centro para América Latina “Adrienne Arsht” del Atlantic Council denominado “Las actividades ilícitas del régimen de Maduro: Una amenaza para la democracia en Venezuela y la seguridad en América Latina”, en el que se advierte que a través de los años, Chávez y posteriormente Nicolás Maduro dieron forma a una red social y política que dio paso a la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), que es una alianza de actores estatales y no estatales que, en conjunto con líderes políticos, élites económicas y organizaciones criminales que cuentan con el apoyo del gobierno venezolano.

Con Irán

  Farah quien también es presidente de IBI Consultants, miembro invitado senior del Centro de Investigación Estratégica de la Universidad Nacional de Defensa, especialista en seguridad, terrorismo y crimen organizado transnacional en América Latina, refiere en el reporte que El régimen venezolano y el iraní vieron, cada uno, la posibilidad de que el otro le sirviera a sus intereses. Así, mientras Chávez usó al país persa como un instrumento para avanzar en su agenda anti-estadounidense, Irán se valió de Venezuela para expandir su influencia en América Latina. De hecho, las relaciones con Chávez le sirvieron al gobierno de Teherán para establecer once nuevas embajadas en la región entre 2005 y 2009 e, igualmente, financió una academia de entrenamiento militar bolivariana en Bolivia[1].

  Refiere que aun cuando luego de la muerte de Hugo Chávez, redujeron las relaciones entre Irán y Venezuela, ahora Nicolás Maduro ha retomado el vínculo y lo ha estrechado. Fue así como, en franco desafió a Washington y sus sanciones, Teherán ha enviado gasolina a Venezuela, la cual ha intercambiado por oro[2].

  El producto de la minería ilegal que practica el régimen venezolano en alianza con la guerrilla colombiana, se comercializa, entre otras vías, “a través de actores globales malignos y aliados regionales”, refiere el reporte de Douglas Farah.

  Maduro pagó a Irán USD 500 millones en barras de oro por 1,5 millones de barriles de combustible entregados de abril a junio de 2020[3].

Con Rusia

  El informe se remite entonces a las relaciones del régimen venezolano con Rusia, país que se ha convertido en su aliado militar, económico y político más importante, esto durante el periodo de Chávez como ahora con Maduro.

  Se indica que, en los últimos 15 años, Venezuela le compró a Rusia armamento por USD 11 mil millones que incluyó tanques, aviones de combate avanzados y sistemas de misiles antibalísticos[4].

  Por su parte, Rusia compra el petróleo venezolano, brinda apoyo diplomático en el seno de la Naciones Unidas al tiempo que, regionalmente, sabotea la legitimidad de Estados Unidos en América Latina.

Con China

 Mientras de Rusia recibe el apoyo militar, el régimen venezolano obtiene de China respaldo financiero.

  Pekín ha otorgado préstamos y ha invertido en diversos proyectos que han significado decenas de miles de millones de dólares.

  El área petrolera y la minería acaparan la mayoría de dichas inyecciones de dinero. De hecho, desde 2018, las inversiones chinas en Venezuela totalizaron USD 67 mil millones, que constituyeron en el 40 por ciento de la inversión de China en la región[5].

Con las FARC y el ELN

  La guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Hugo Chávez apoyó y con la que se alió desde la década de los años ´90.

  El proceso de paz firmado en Colombia entre el gobierno y las fuerzas insurgentes dio pie a una escisión del grupo terrorista —así fue designado por Estados Unidos y la Unión Europea— y decenas de altos mandos y combatientes encontraron cobijo en territorio venezolano al amparo del régimen de Maduro[6].

  Tanto estos disidentes, como agentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en Venezuela protegidos por Maduro, sostiene el informe.

 Farah sostiene que con Nicolás Maduro, la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana (BJCE), ha experimentado un gran crecimiento, el cual ha ido de la mano de las FARC y el ELN. Algo que ha ocurrido en la misma medida y proporción que los precios petroleros cayeron y, por ende, la fuente de financiamiento de la la actividad criminal del régimen venezolano.

 Los negocios irregulares del régimen venezolano con las FARC, los cuales alcanzan escala internacional, tienen que ver con minería de oro ilícita, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción masiva.

  Para determinarlo tajantemente, sirvieron dos eventos ocurrido en 2020, primero, la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de altos funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos el propio Nicolás Maduro, cuando se describió la asociación criminal entre el régimen y la guerrilla para llevar a cabo actividades de narcotráfico. El segundo de dichos eventos, fue la captura del empresario colombo-venezolano, Álex Saab, señalado de ser presunto testaferro de Maduro, un hecho que transparentó ante la opinión pública internacional el esquema de corrupción y lavado de dinero que opera en Venezuela[7].

 El reporte indica que diversas investigaciones y acciones del gobierno estadounidense documentan “red ilícita adaptable y multifacética del régimen de Maduro proporciona el apoyo financiero y político muy necesario”, lo que le permite junto a “sus compinches y aliados, robar miles de millones de dólares para beneficio personal y supervivencia del régimen, a expensas del pueblo venezolano”.

  El informe se remite a una estructura criminal militar que opera dentro del régimen venezolano, conocida como el Cartel de los Soles, la cual mantiene una sólida relación con miembros disidentes de las FARC y que permite que la cocaína producida por las FARC sea traficada a través de Venezuela a cambio de dinero en efectivo y servicios. Entretanto, el régimen ofrece a las FARC seguridad en territorio venezolano, armas y rutas seguras de transporte de la droga.

 El ELN controla gran parte de la minería de oro ilícita en Venezuela y Colombia, la economía criminal de más rápido crecimiento en la región.

 Ambas guerrillas terroristas, FARC y ELN, proporcionan fondos a Maduro y ayudan al régimen a mantener el control territorial en lugares remotos, pero estratégicamente vitales, zonas limítrofes con Colombia y Guyana[8].


CITAS

[1] AEI. “Kingpins and Corruption: Targeting Transnational Organized Crime in the Americas”. 26 de junio de 2017. https://www.aei.org/wp-content/uploads/2017/06/Kingpins-and-Corruption.pdf

[2] Foreign Policy. “Iran Is Working Hard to Revive Anti-U.S. Operations in Latin America”. 21 de junio de 2020. https://foreignpolicy.com/2020/06/01/iran-venezuela-alliances-latin-america/

[3] Reuters. “ran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults”. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-30/iran-is-hauling-gold-bars-out-of-venezuela-s-almost-empty-vaults


 


[4] National Defense University. Douglas Farah and Kathryn Babineau. “Extra-regional Actors in Latin America: The United States is not the Only Game in Town”. 26 de febrero de 2019. https://cco.ndu.edu/News/Article/1767399/extra-regional-actors-in-latin-america-the-united-states-is-not-the-only-game-i/

[5] The Dialogue. China-Latin America Finance Database. https://www.thedialogue.org/map_list/

[6] InSight Crime. “FARC Dissidents and the ELN Turn Venezuela Into Criminal Enclave”. 10 de diciembre de 2018. https://www.insightcrime.org/news/analysis/farc-dissidents-eln-turn-venezuela-criminal-enclave/

[7] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[8] InSight Crime. “ELN in Venezuela”. 28 de enero de 2020. https://www.insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/eln-in-venezuela/

viernes, 17 de julio de 2020

Está es la ley con la que el gobierno interino busca recuperar activos de Venezuela en el extranjero

   La ley fue sancionada por la Asamblea Nacional con el voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de Julio.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La Asamblea Nacional sancionó el pasado 9 de julio la Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero.
  La nueva ley fue publicada en la Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Nº 26, del 10 de julio de 2020.

   El proyecto legislativo había sido presentado ante la plenaria del Poder Legislativo por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, quien destacó la “importancia estratégica cortar toda fuente de financiamiento a los enemigos del pueblo venezolano, el régimen de Maduro y su combo, que han destruido el país”.

  El instrumento legislativo no contó con el apoyo de la fracción parlamentaria 16 de Julio que salvó el voto al estimar como un grave error político apartar a la Asamblea Nacional del camino de la reinstitucionalización del país. Además, sostienen que, legalmente, la tarea de rescatar los activos venezolanos en el extranjero corresponderá al gobierno de transición que se instituya en Venezuela y no al gobierno interino.

La ley

  En su exposición de motivos, la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, se advierte que esta regulación especial no tiene como objetivo sustituir legislación actual, sino establecer las reglas especiales acorde con la situación extraordinaria que vive el país en estos momentos.

  Se alerta que es necesario la administración financiera pública del estado venezolano a las particularidades impuestas por “la tiranía usurpadora de Nicolás Maduro”, circunstancia esta que ha “obligado al gobierno interino y a la Asamblea Nacional a proponer regulaciones especiales que instruyan, organicen y desarrollen estructuras y procedimientos que permitan el funcionamiento del gobierno y la administración, en ese ámbito, mientras persista la usurpación y se restituya el orden constitucional” en Venezuela.

  Ajustándose a lo establecido en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en materia de gestión financiera ya se han sancionado varios instrumentos legislativos con sus reglamentos, los cuales son esenciales “para la autorización y ejecución de gastos públicos y para el control de esa ejecución, en condiciones que aseguran el respeto de los principios de transparencia y responsabilidad, como lo exige, expresamente, nuestra Constitución, en el Capítulo II del Título VI”.

  Se explica que la “Ley  Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano  en  el  Extranjero”  establece “el  régimen  jurídico especial de los contratos públicos celebrados por los órganos y entes del Poder Público previstos en los artículos 14 y 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la adquisición de bienes y servicios, en el marco de la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, y de los Acuerdos dictados por la Asamblea Nacional para la contratación de servicios profesionales para la defensa de los  derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional y la recuperación, aseguramiento y resguardo de sus activos, bienes e intereses en el extranjero”.

   Queda establecido que una vez sea rescatada la democracia en Venezuela y rija a cabalidad la constitución de la república, serán las instituciones y procedimientos previstos en la legalidad ordinaria relativa a las contrataciones públicas, las que habrán de aplicarse para asegurar la responsabilidad y la transparencia en esta materia.

Objeto de la ley

   El primer artículo define el objeto de la ley, el cual es objeto “establecer el régimen jurídico especial de los contratos públicos celebrados por los órganos y entes del Poder Público previstos en los artículos 14 y 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la adquisición de bienes y servicios, en el marco de la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital y de los acuerdos dictados por la Asamblea Nacional para la contratación de servicios profesionales y legales para la defensa de los derechos del estado venezolano ante la comunidad internacional, y la identificación, ubicación, recuperación, aseguramiento y resguardo de sus activos, bienes e intereses en el extranjero”.

  Agrega que las contrataciones públicas regidas por la ley, deberán cumplir, estrictamente, los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia.

  Estas contrataciones se regirán, preferentemente, por lo aquí dispuesto y de manera supletoria, por la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Ámbito de la ley

  El artículo 2 está referido expone el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, al cual estarán sometidos: 1) la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela; 2) los comisionados presidenciales que conforman el Centro de Gobierno creado mediante Decreto N° 13 del 28 de agosto de 2019, o por sus modificaciones posteriores; 3) la Asamblea Nacional; 4) las organizaciones administrativas que actualmente sirven de soporte a la Oficina del  Contralor Especial y a la oficina del Procurador Especial designados por la Asamblea Nacional; y 5) los entes descentralizados de la república en el extranjero en los cuales se han designado juntas administradoras ad hoc, por parte del  del presidente encargado; 6) todos aquellos órganos creados y los que teniendo actividad reguladas por esta ley puedan crearse por la Asamblea Nacional y que tengan competencia en el ámbito de esta ley. 

  El artículo 3 excluye de la aplicación de la ley, la adquisición de bienes y servicios que se encuentren en el marco del cumplimiento de obligaciones asumidas, en acuerdos o convenios, por Venezuela con otros estados u organismos internacionales; los servicios laborales; y el arrendamiento de bienes inmuebles.

Procedimientos para las contrataciones

  El capítulo II de la ley versa sobre los procedimientos comunes para las contrataciones, estableciendo el artículo 4 la necesidad de adquirir bienes o contratar servicios se hará constar en un acto interno motivado, dictado por la máxima autoridad ordenadora de compromisos del respectivo órgano o ente contratante, en el cual se describirán las características esenciales de la contratación en proyecto.

  Entretanto el artículo 5 ordena que los órganos del Poder Público Nacional creado en el contexto de la transición a la democracia y que tengan asignados recursos financieros, deberán desagregarlos por objeto de gastos e informar obligatoriamente a la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico para que ejerza su función de control parlamentario del gasto.

  El artículo 6, por su parte, refiere que cada órgano ente ordenador de compromisos y pagos mencionados en la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y la atención de casos de riesgo vital y su Reglamento, constituirá una Comisión de Contrataciones ad-hoc que velará porque los procedimientos de contratación se realicen de manera transparente y de acuerdo con lo previsto en la ley.

La selección del proveedor de bienes o servicios

  En el artículo 7 se establece el procedimiento de selección de contratistas, par lo cual la comisión de contratación ad-hoc preparará las invitaciones y recibirá las propuestas.

  Esto se hará de la siguiente manera: a) Dictado el acto interno motivado se consultarán los precios y las empresas de servicios, debiéndose invitar por lo menos de tres empresas, salvo razones excepcionales que justifiquen incluir un número menor. Este acto deberá publicitarse ampliamente para cumplir con el principio de transparencia y permitir que cualquier interesado pueda participar.

b) El órgano o ente contratante evaluará de forma integral la capacidad, idoneidad y eventualidad de conflicto de intereses de la persona natural o jurídica con quien pretende contratar, de acuerdo con la naturaleza del bien o el servicio requerido.

c) La comisión de contrataciones podrá requerir cualquier información que considere necesaria, siempre que esta guarde estricta relación con el bien o servicio requerido, pudiendo esta ser comprobada.

d)  Luego, la comisión de contrataciones ad-hoc presentará un informe escrito con los resultados de la evaluación que realice sobre la capacidad e idoneidad de la persona natural o jurídica con quien pretende contratar. El informe debe mencionar a todas las personas naturales o jurídicas que participaron en el proceso, incluyendo las que no fueron seleccionadas.

e) La valoración de las ofertas que reciba el órgano o ente contratante como respuesta a su solicitud, deberá optar por la que mejor responda a las necesidades del órgano o ente contratante.

  Podrán hacerse ajustes al presupuesto base para la aprobación de la oferta, atendiendo a la disponibilidad presupuestaria, sin vulnerar el principio de eficiencia ni transparencia presupuestaria.

  La adjudicación de los contratos se prevé en el artículo 8 que estipula que la máxima autoridad del órgano o ente contratante, o Junta Ad hoc, adjudicará el contrato atendiendo a la recomendación de la Comisión de Contrataciones.

  El artículo 9 indica que la contratación de bienes o servicios deberá hacerse constar en forma expresa, clara y precisa, en un documento signado por el contratista y la máxima autoridad del órgano o ente contratante, bien sea de forma física o digital.

  Los contratos suscritos serán remitidos al Consejo de Contraloría (artículo 10) que procederá al control fiscal, sin perjuicio de las facultades de control de la Asamblea Nacional. Asimismo, la contratación será difundida en medios de comunicación, salvo razones justificadas de confidencialidad.

  El artículo 11 refiere que el órgano o ente contratante gestionará el pago estipulado en el contrato de conformidad con las normas presupuestarias y de control fiscal.

Procedimiento de contratación de servicios profesionales

  El tercer capítulo de la ley contempla el procedimiento para la contratación, estableciendo el artículo 12 que se consideran servicios profesionales, aquellos prestados por personas naturales o jurídicas, en virtud de actividades de carácter científico, técnico, financiero, intelectual, creativo, docente o en el ejercicio de su profesión, realizados en nombre propio o por personal bajo su dependencia.

 El artículo 13 dice que las contrataciones responderán a las necesidades del órgano o ente contratante; debiendo el acto interno motivado incluir la descripción de las características de la contratación y parámetros de evaluación aplicables.

  Se contempla que la contratación de servicios legales (artículo 15) será coordinado con la Oficina del Procurador Especial.

  La selección de contratistas de servicios profesionales se prevé en el artículo 16 que estipula que luego del respectivo acto interno motivado se iniciará un procedimiento de consulta de profesionales; la evaluación contemplará la formación académica, técnica y la no existencia de conflicto de intereses por parte del posible contratista; la valoración de la experiencia y los proyectos previamente desarrollados por el posible contratista; y el cumplimiento de sus cargas fiscales y parafiscales; para la valoración se podrá requerir cualquier información que considere necesaria, siempre que esta guarde estricta relación con el servicio profesional que se requiere y se mantenga la confidencialidad de los datos personales o industriales; un informe escrito los resultados de la evaluación; la valoración de las ofertas deberá partir del principio de eficiencia presupuestaria y el presupuesto base destinado al servicio profesional que se requiera contratar; para evitar un conflicto de intereses por parte del posible contratista, la Procuraduría Especial de la República dispondrá los lineamientos o parámetros de ello;

  El parágrafo primero contempla la contratación de servicios legales al amparo del Acuerdo del 19 de noviembre de 2019 y, en este sentido, indica que la oficina del Procurador Especial coordinará los procedimientos para asegurar el cumplimiento de los objetivos mencionados el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, estipula que la Comisión de contratación Ad-hoc sustanciará el procedimiento de y rendirá su informe. En todos los casos, la contratación de las firmas de abogados será previamente autorizada por el Consejo Nacional de Defensa Judicial.

  Entretanto, el parágrafo segundo reza que luego de la selección y contratación de la firma de abogados, la asignación de casos corresponderá a la Procuraduría o a ésta en coordinación con la respectiva Junta Administradora Ad-hoc.

  El artículo 17 establece que toda contratación de servicios profesionales, legales o de inteligencia financiera a los fines de la recuperación de activos, bajo un esquema de pago con base en “primas a éxito” o “pago por resultados obtenidos”, advierte que: a) la “prima de éxito” o “pago por resultados” obtenidos no será superior al 9 por ciento del total recuperado. El monto dependerá de la complejidad del caso, los costos y riesgos asociados a la recuperación y tomando como base el tabulador de primas elaborado por el Poder Ejecutivo; b) la remuneración será exigible cuando se recuperen efectivamente activos; c) el contrato será pactado por un tiempo máximo de doce meses, sin perjuicio de las prórrogas que puedan otorgarse cuando existan razones justificadas que lo aconsejen; d) toda la información suministrada o recabada será de carácter confidencial y no podrá ser develada a terceros; e) el ente contratante llevará el control y dirección del contrato y podrá girar las instrucciones necesarias para su mejor cumplimiento, debiendo rendir cuenta de la gestión del contrato.

Consejo Nacional de Defensa Judicial

   El artículo 18 crea el Consejo Nacional de Defensa Judicial como órgano de la Presidencia Interina de la República, con competencia para recomendar estrategias de defensa judicial de la República y sus entes descentralizados, el cual estará integrado por cinco juristas de reconocido prestigio personal, profesional y académico, electos por la Asamblea Nacional.

  Este consejo funcionará de acuerdo al reglamento que dicte el Presidente Encargado de la República (artículo 19).