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jueves, 1 de febrero de 2018

Cambian fecha de la sentencia de los dos empresarios que lavaron millones de dólares chavistas

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La Corte del Distrito Sur de Nueva York aprobó la solicitud de cambio de fecha de la sentencia de Luis Díaz Jr, y Luis Javier Díaz, dos empresarios de Miami que fueron hallados culpables de lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Ambos iban a ser condenados el 2 de marzo de 2018 pero un cambio de abogados permitió el aplazamiento.
Los dos hombres serán condenados por el juez William H. Pauley III el 27 de abril a las 3PM según informó el tribunal este jueves. 

En una carta enviada al tribunal, el abogado de Luis Javier Díaz,  George Vila explica a Pauley que la razón de la solicitud es que los acusados ​contrataron un nuevo abogado para la preparación de la sentencia.

 "Un aplazamiento de aproximadamente siete (7) semanas permitirá a los nuevos abogados familiarizarse con el registro y ofrecer asesoramiento con respecto a los envíos de los acusados ​​a la Oficina de Libertad Condicional antes de que la Oficina emita los PSR iniciales".

Vila dijo al juez que había consultado sobre el cambio al fiscal  Edward B. Diskant, quien declaró que el Gobierno no tiene objeciones para el aplazamiento. 

El defensor también alegó que las mociones posteriores al juicio están pendientes y la fecha de la sentencia no se ha suspendido previamente.

La Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos ha sido informada dela solicitud de aplazamiento y han pedido que incluyamos una solicitud para que se levante el PSR en conjunto con la fecha de la sentencia.

El caso

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.  

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a los dos empresarios cubano-americano que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron  jugosos contratos de Pdvsa, Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.

Luego de 6 días de juicio, donde la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó 6 testigos, (entre los cuales estaba la hija del acusado). El jurado pasó un día deliberando para concluir que los dos hombres son culpables de los cargos. Luis Díaz Jr. fue hallado culpable de 4 cargos y su hijo Luis Javier Díaz de dos cargos.

Los dos hombres fueron juzgado por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50) fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.

De acuerdo a la fiscalía neoyorquina las condenas potenciales máximas en este caso son prescritas por el Congreso de los Estados Unidos, y cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez de la causa William H. Pauley III.

La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.

El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.

miércoles, 4 de octubre de 2017

Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis Díaz, padre e hijo, acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a funcionarios chavistas a través de una empresa de venta de materiales de construcción ubicada en ciudad Doral se iniciará el 6 de noviembre de 2017 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz se encuentran  actualmente en la ciudad de Miami, en libertad bajo fianza, luego de haber pagado de $250 mil dólares cada uno en el mes de enero en el tribunal de Nueva York. La corte confiscó los pasaportes  de los dos acusados cuando fueron arrestados en diciembre de 2016 en el estado de la Florida.

Los cargos 

Luis Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de “conspirar para lavar dinero de origen ilícito y operar un negocio de transferencia de dinero internacional sin poseer las licencia que establecen las leyes norteamericanas”. En combinación con unas empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos hombres logró lavar unos 100 millones de dólares, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El gobierno federal acusa a los dos hombres de haber violando lo establecido en el título 31 del Código de los Estados Unidos, en su secciones 1956 (a) 2 (A).

El arresto 

El 19 de diciembre de 2016, el juez Ronald L. Ellis ordenó oralmente levantarle el sello a la acusación contra los dos acusados que fueron arrestados el día 20 de diciembre de 2016 en Miami. Los sujetos fueron llevados dos días después de su detención ante un juez de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Ambos se declararon culpables de los cargos por los cuales habían sido apresados, según los récords judiciales.

En esa primera audiencia de presentación, que se realizó el 22 de diciembre de 2016 y que duró apenas 15 minutos, el juez del Distrito Sur de la Florida, Jonathan Goodman leyó los cargos a los dos acusados. El abogado George Vila, gestionó ante las autoridades la fianza que finalmente fue fijada por en el magistrado en un cuarto de millón de dólares. Los dos empresarios salieron en libertad.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, los defensores de Luis Díaz y Luis Javier Díaz pidieron al juez una autorización para viajar a la ciudad de Orlando para participar en una serie de subastas de material de construcción pesado, alegando que sus empresas requieren ese tipo de mercancía para seguir produciendo. El juez les otorgó el permiso desde el 1 al 11 de febrero de 2017. 

Nueva York es la jurisdicción del caso

El 6 de febrero de 2017, los dos acusados se trasladaron a la ciudad de Nueva York, donde el juez James L. Cott realizó la audiencia de presentación inicial. Ese mismo día la corte autorizó a José Manuel Quiñon como abogado de Luis Javier Díaz y Luis Díaz.
El juez Cott dijo que las condiciones se mantenían hasta el 13 de febrero de 2017 cuando se produciría la próxima cita. No obstante, por razones que no fueron explicadas en el expediente el día 6 de febrero de 2017 se procedió a cerrar el caso formalmente y dicho expediente fue enviado a la sala de archivos.

En mayo 2017 el caso regresó a la corte, y fue anunciado un calendario de actividades, que incluye, inclusive, un juicio con jurado podría celebrarse en el mes de noviembre de 2017. Los abogados mencionados en el expediente no han hecho comentarios sobre el caso, ni respondieron a las llamadas.

El caso

Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & Export. El gobierno de los Estados Unidos los acuspó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y otras entidades extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez.

La denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de Manhattan por la fiscalía de distrito y los acusa de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia”.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su presunta participación en varios esquemas de soborno, lavado de dinero y narcotráfico.

Según la demanda, la empresa de la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre revelado hasta ahora- de empresas de construcción venezolanas.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez, envió fondos a cuentas bancarias en varios países en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transfirieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos que las empresas  del Estado venezolano violando las leyes de licitación, alega la demanda contra los dos hombres residentes del estado de la Florida.

Dice que en 2012, la firma de la familia recibió 4,36 millones de dólares del "consorcio venezolano", de los cuales US $ 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del gobierno chavista.

El pago, según un correo electrónico de un funcionario venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la querella.

De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía “off shore” de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que la compañía de la familia Díaz recibió una cuota de 87.218 dólares, según las averiguaciones.

Durante el período en investigación, la empresa española controlada por el individuo vinculado a funcionarios venezolanos recibió al menos 17 millones de dólares.

Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la demanda. 

Luis Díaz jr es representado por el abogado Vincent Flynn y Luis Javier Díaz por José Quiñon.