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viernes, 26 de agosto de 2022

Samark López Bello logra un respiro al conseguir que un tribunal de apelaciones revierta [temporalmente] la medida que permitía que víctimas de las FARC le pusieran la mano a su fortuna [confiscada por EE. UU.]

   Tanto Tareck El Aissami como Samark López se encuentran en la lista de los más buscados de ICE señalados por tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero.

Por Maibort Petit

    Samark López Bello, contratista del Estado venezolano, y acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de ser el testaferro del actual Ministro de petróleo, Tareck El Aissami (también designado en la lista OFAC por narcotráfico y blanqueo de capitales), acaba de lograr que una corte de apelaciones estadounidense, devolviera  a un juez de primer circuito del Sur de la Florida el dictamen que autorizaba a las víctimas de la FARC a cobrar un premio con los bienes incautados al demandado. Ahora, se debe esperar a que un jurado dictamine si López es o no, agente del grupo terrorista colombiano.

  El fallo de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unido es considerado un logro para Samark López Bello. La defensa busca  detener las acciones contra López Bello, incluyendo una demanda contr a los funcionarios de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro por haberlo incluido en la lista Clinton y sancionarlo, tras lo cual se limita su capacidad de operar en el sistema financiero norteamericano y de otros países.

  La Corte de Apelaciones determinó que la decisión de un juez de primer circuito del estado de la Florida, de declarar a Samark López como agente de la FARC, debe ser ratificada por un veredicto de un jurado que lo designe como tal. En ese sentido, las consideradas víctimas de la FARC tendrán que esperar que se realice el proceso que conlleve a use veredicto unánime, cuyo proceso tomará mucho tiempo. 

   Esta decisión del tribunal de apelaciones responde a la demanda contra Samark López  por parte de Stansell, Gonsalves, Howes y Janes, son hijos sobrevivientes de Thomas Janis, víctima secuestrada por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes obtuvieron en 2010 una sentencia en rebeldía por $ 318 millones contra la referida agrupación rebelde colombiana en virtud de la Ley Antiterrorista, 28 USC § 2333 y, desde entonces, procuran cobrar el fallo mediante la incautación de “los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumento [de las FARC]” de conformidad con el § 201 de la Ley de Seguros contra Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA).

   De acuerdo a este instrumento legislativo, los acreedores judiciales pueden satisfacer una sentencia de la Ley Antiterrorista si (1) el activo es designado como "bloqueado" por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; y (2) los acreedores del fallo establecen que las propiedades bloqueadas son propiedad de la organización terrorista contra la que recibieron un fallo, o son propiedad de agencias o instrumentos de esa organización terrorista.

  El 13 de febrero de 2019, Stansell, Gonsalves, Howes y Janes presentaron una moción ex parte acelerada ante el Tribunal de Distrito para hacer cumplir la sentencia en rebeldía obtenida contra las FARC en 2010, en procura de hacerla cumplir a través de las propiedades de Samark López Bello.  

   En dicha oportunidad, el Tribunal de Distrito determinó que los hoy demandantes-apelados establecieron (1) que “han obtenido una sentencia de la Ley Antiterrorista contra un partido terrorista (las FARC) que se basa en un acto de terrorismo internacional”, (2) que los activos “sobre los cuales (…) pretenden ejecutar” son “'activos bloqueados' tal como se define ese término en TRIA y ATA, 18 USC §2333(e)”, (3) que “el monto total de las ejecuciones no excede el monto pendiente de la Sentencia ATA [Ley Antiterrorista] de los Demandantes”, y que (4) que según “la Ley Kingpin las partes bloqueadas y los propietarios de los activos bloqueados en cuestión identificados en el Cuadro OFAC son cada uno una agencia o instrumento de las FARC”. En razón de ello, el Tribunal de Distrito concedió la moción y ordenó a los Alguaciles de EE. UU. que ejecutaran, gravaran y vendieran los activos bloqueados, que incluían tres parcelas de bienes inmuebles, dos embarcaciones (yates), un avión y cuatro automóviles. Se programó una venta de la propiedad inmueble para el 16 de abril de 2019. López Bello recibió notificación de esta orden el 25 de febrero de 2019.

  El 15 de marzo de 2019, Samark López Bello presentó una moción para enmendar la orden de embargo y ejecución del Tribunal de Distrito y solicitó la suspensión de los procedimientos, así como la oportunidad de impugnar la determinación de que él y sus entidades afiliadas eran agencias o instrumentos de las FARC antes de que ocurriera cualquier venta. El pedido fue rechazado por Tribunal bajo el argumento de que López Bello tenía entre el 25 de febrero (fecha en que recibió la orden judicial de embargo y ejecución) y el 16 de abril (fecha en que estaba programada la venta) para impugnar. Por tanto, la afirmación de que "no había tenido ninguna oportunidad de impugnar las acusaciones" no fue convincente. La defensa apeló.

  El panel del jueces de la corte de Apelaciones, decidió discutir el caso, y luego de escuchar los argumentos orales de las partes, acordó enviar nuevamente al juez Scola para que la decisión tomada a favor de las víctimas de las FARC sea objeto de un juicio y pueda ser ratificada por un jurado, garantizando así el pedido de López de debido proceso.

¿Por qué agente de la Farc?

   De acuerdo al Departamento del Tesoro, Samark López logró amasar una fortuna gracias a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, y en particular su relación con Tareck El Aissami. En la designación se señala que ambos están relacionados con grupos terroristas y cárteles de la droga. La designación de la OFAC es de carácter administrativo.

  Por otro lado, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York cursa actualmente  una causa criminal que señala que López y El Aissami violaron las sanciones impuestas por Estados Unidos en el marco de la designación de ambos en la lista OFAC. En ese caso ya han sido sentenciadas 3 personas, incluyendo una fuente de la fiscalía que habría mentido a los fiscales durante su proceso de colaboración.

Caso criminal contra Tareck El Aissami en Nueva York permanece sin actividad luego de la sentencia del piloto, Alejandro Javier Marín

  Hasta ahora, EE. UU, ha confiscado a Samark López varios bienes inmuebles, yates de lujo, cuentas bancarias donde destaca una de $269 millones en Citibank, aviones y otros instrumentos de valores en el mercado financiero.

  Según la defensa de Samark López, los fiscales no han presentado evidencia sobre las vinculaciones de López con las FARC. El juez de primer circuito declaró al contratista vinculado al régimen venezolano como "un agente" de la FARC.  

Samark López Bello insiste ante el tribunal de Nueva York en que se le otorgue un juicio sumario Sostiene que se violó el debido proceso con su designación por parte de la OFAC.

  El dictamen de la corte de apelaciones indica que el caso debe ser considerado nuevamente por el tribunal de Miami a la vez que determinó que los fondos confiscados a Samark López se mantengan bajo custodia de las autoridades estadounidenses hasta que no se produzca un veredicto de un jurado que condene que López es ciertamente un agente de la FARC.

  De lograrse ese veredicto, entonces las víctimas de las FARC podrán cobrar el premio de los fondos confiscados a López Bello.

Conozca los términos de la apelación de quienes reclaman en activos de Samark López Bello el pago de una sentencia a su favor

Otras acciones 

    Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2021, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami. 

   La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia. 

  En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, ​​han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional. 

  Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados". 

   La demanda dice que los acusados ​​"han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".

    En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".

   Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados". 

    López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo.

   Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".

    La demanda dice que "los acusados ​​están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT". 

   Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común". 

   Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".

  Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades". 

   "Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados ​​en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".

   Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:

1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin, 

2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos. 

3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos. 

4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.

5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello. 

   Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación. 

    En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción. 

   Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera". 

   En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".

   En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes". 

    La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.

   "En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.

   Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".

López pide un juicio sumario

  En febrero de 2022, López Bello pidió ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la necesidad de que se le procese en juicio sumario, toda vez que como lo ha establecido en la contrademanda que ejerce contra funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estos sobrepasaron sus funciones al aplicar una designación derivativa en su contra de la aplicada a Tareck El Aissami, que quien las autoridades sostienen, es testaferro.

   Denuncia que la acción de la OFAC alteró irreparablemente su vida en los Estados Unidos, donde sus casa, bienes e intereses comerciales se han visto afectados, como producto de la acción arbitraria de los demandados.

    El 6 de febrero de 2022, Erich C. Ferrari, En representación de Samark López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorándum de respuesta en apoyo de la contrapropuesta de sentencia sumaria.

martes, 29 de marzo de 2022

Por orden del Tribunal se restringirá la información durante el juicio contra Álex Saab que se celebrará en octubre 2022

  El pedido lo formuló la fiscalía del Distrito Sur de la Florida al juez de la causa. La audiencia de argumentos orales del caso de apelación se realizará el 4 de abril.

Por Maibort Petit

   El juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Robert N. Scola Jr., ordenó la restricción de la información que se divulgue sobre el juicio a Álex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, cuyo inicio pautó recientemente para el 11 de octubre del presente año 2022.

  La orden responde a un pedido del gobierno en razón al interés y el carácter mediático que reviste el caso tanto en el estado de la Florida como en el extranjero, por lo que pidió la aplicación de la regla local 77.2 en este juicio.

   Recientemente, el 14 de marzo, el magistrado también había ordenado, luego de revisar las mociones el 22 de diciembre de 2021, el juez adelantó la fecha de la apelación para la semana del 4 de abril de 2022. En tal sentido, dado el estado tentativo del calendario, concedió una contra-moción para agilizar el argumento y eliminar la apelación del calendario tentativo antes de la reprogramación.

Orden de protección

  El 21 de marzo de 2022, Robert N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dictó una orden de protección para asegurar el cumplimiento de la regla local 77.2, en atención a una moción sin oposición presentada por la fiscalía.

  Instruyó el magistrado para que las partes revisen y cumplan la Regla Local 77.2 en lo atinente a sus obligaciones con respecto a la divulgación de información en procesos penales.

  Ordenó que tanto los abogados del gobierno, como los del acusado, informen de inmediato cualquier infracción conocida de la Regla Local 77.2 y la orden del Tribunal al Tribunal.

Orden de programación

   El 16 de febrero de 2022, Roberto N. Scola Jr., juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, encontrándose en una conferencia de estado, emitió una orden de programación que estableció la realización de la conferencia sobre el estado de la apelación pendiente ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el 10 de junio de 2022 a las 8:30 a. m. Advirtió que, ser necesario, se aceleraría la celebración de la conferencia sobre el estado a pedido de las partes. Igualmente instruyó para que el acusado se encuentre presente en la misma.

  También el juez Scola manifestó que los intereses de la justicia atendidos por una prórroga superan cualquier interés del público o del Acusado en un juicio rápido. De allí que indicó que el período de demora resultante de esta continuación, es decir, desde la fecha de la conferencia de estado, 16 de febrero de 2022 hasta el 11 de octubre de 2022 C, será un tiempo excluible según la Ley de juicio rápido.

   Del mismo modo, Roberto N. Scola Jr. fijó para el 11 de octubre de 2022 a las 9:00 am el juicio con jurado en la sede del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el cual tendrá una duración de dos semanas. Precisó que se realizará una convocatoria de calendario el martes 4 de octubre de 2022 a las 9:00 am en el mismo lugar, requiriéndose que todos los abogados y el acusado estén presentes en la llamada.


 

miércoles, 24 de noviembre de 2021

Claves para entender el caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera protagonistas de una de las grandes estafas cometidas contra PDVSA

 Los empresarios manejaron irregularmente una suma que supera el billón de dólares.

Por Maibort Petit

   Protagonistas de una de las más grandes estafas de que se tenga conocimiento en Petróleos de Venezuela S.A., el caso de Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, constituye una trama de corrupción de múltiples aristas que involucra a una gran cantidad de cómplices y funcionarios erigidos como testimonio de la descomposición imperante en la sociedad y el gobierno venezolano.

   Ambos empresarios, proveedores de PDVSA, fueron arrestados el 16 de diciembre de 2015 en Houston y Miami, respectivamente, luego de una investigación que les siguieran fiscales federales de Texas y Florida que los habían llevado a formular en su contra 18 cargos por la supuesta comisión de delitos de lavado de dinero, conspiración para blanquear dinero, fraude en transferencia electrónica de dinero y violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior, una ley que castiga el soborno a empleados extranjeros desde los Estados Unidos.

  He aquí algunas claves que permitirán entender mejor la dimensión de este sonado caso de corrupción en Venezuela.

¿Quiénes son Roberto Rincón y Abraham Shiera?

   De acuerdo a la descripción que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace Roberto Enrique Rincón Fernández, nació el 14 de agosto de 1960. Es empresario oriundo del estado Zulia, residente en la localidad de The Woodlands, en el estado de Texas, Estados Unidos, dedicado al área petrolera, propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial.

  El portal Poderopedia refiere que Rincón Fernández que, hasta agosto de 2014, Rincón residió en Houston, fecha en la que se trasladó a Madrid. Su arresto el 19 de diciembre de 2015, luego de pasar un día en esa ciudad, fue detenido en Houston EE. UU. acusado de, supuestamente, haber cometido el delito de lavado de dólares, por el que fue presentado a la justicia el 21 de diciembre de 2015. En julio de 2016 se declaró culpable de dos de las cargos de que se le acusaba.

  Se indica que durante el paro petrolero que se llevó a cabo en Venezuela entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, Rincón Fernández se convirtió en uno de los proveedores confiables de PDVSA.

  En el año 2014 facilitó a Hugo Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa en la que su hijo José Roberto Rincón era el gerente. Esa fue la aeronave que trasladó a El Pollo Carvajal a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos, acción que se frustró por se reconocimiento como diplomático.

  La Policía española, a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) descubrió que Roberto Rincón tenía una fortuna en la nación ibérica.

   Entretanto, Abraham José Shiera Bastidas es un empresario venezolano-estadounidense, socio de Roberto Rincón y al igual que este, está acusado en EE. UU. de conspiración, fraude, lavado de capitales a través de sobornos de al menos cinco personas ligadas a PDVSA.

  Según el Registro Nacional de Contratistas, Shiera preside en Venezuela la empresa Vertix Instrumentos, de la cual es propietario de 51 por ciento de las acciones. Se trata de una compañía dedicada a la distribución e importación de maquinaria para explotar hidrocarburos, la cual es contratista de PDVSA. Se determinó que de un total de seis contratos celebrados entre 2008 y 2012 con varias compañías, sólo uno llegó a completarse al 100 por ciento.

  Tal como ocurrió con Rincón Fernández, Shiera fue arrestado el 19 de diciembre de 2015 en Miami. Solicitó su libertad, pero un juez ordenó su traslado a Texas.

  Abraham Shiera se declaró culpable el 22 de marzo de 2016. Admitió la comisión de dos de los 18 cargos en su contra y además recibió libertad condicional mientras espera el inicio del juicio.

La acusación

   Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas, sobre quienes formularon 18 cargos, relacionados con lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA). Cabe destacar que esta ley castiga las operaciones de soborno cometidas desde Estados Unidos y dirigidas a funcionarios extranjeros.

  Fiscales del Departamento de Justicia de los Distritos Sur de Texas y de la Florida refirieron que Roberto Rincón utilizó empresas ubicadas en el sur de Texas, entretanto Abraham Shiera se valió de seis compañías en el sur de la Florida, para asegurarse contratos con PDVSA.

   Ambos, Rincón y Shiera, se asociaron para lograr los contratos por medio de sobornos pagados a empleados de PDVSA. De este modo, entre 2009 y 2014, sobornaron y llevaron a cabo acciones fraudulentas, a través de cinco empleados de PDVSA cuya identidad se resguarda en la acusación. Sólo se indica que estos empleados se desempeñaban en las áreas de compras y licitaciones, donde tenían poder de decisión en cuanto a la adjudicación de contratos.

  Los fiscales sustentaron sus acusaciones en correos electrónicos en los que se detallan las operaciones intercambiados entre Rincón, Shiera y los empleados de PDVSA.

  Rincón y Shiera habrían movido de esta manera irregular la astronómica suma de un billón de dólares entre los años 2009 y 2014. En específico, Rincón habría movilizados USD 750 millones.

  La fiscalía localizó tres cuentas bancarias por más de USD 100 millones en Suiza en las cuales Roberto Rincón estaba relacionado, habiéndose solicitado su expropiación de dominio. También determinaron que en las operaciones irregulares se usaron 730 cuentas bancarias, de las cuales 108 tienen que ver con Rincón.

  La acusación contra Rincón y Shiera ha derivado, además, en por lo menos dos decenas de acusaciones derivadas contra otras personas vinculadas con la trama.

La trama de corrupción de Rincón y Shiera

  Las actividades ilícitas llevadas a cabo por Rincón y Shiera a través de sus empresas se inscriben en lo previsto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).

  Estos empresarios conspiraron entre 2009 y 2014 y producto de ello se enriquecieron de manera ilícita al obtener contratos con PDVSA, valiéndose de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, quienes a cambio de ello ayudaban a las empresas de Rincón y Shiera a ganar los contratos al suministrarles información privilegiada.

  Igualmente, los funcionarios beneficiados con los sobornos ayudaron a Rincón y a Shiera a ocultar que controlaban más de una de las empresas incluidas en los listados de licitación con la petrolera, al tiempo que los apoyaban ante un comité interno de la petrolera para lograr contratos de suministro. Una vez obtenidos los contratos, los funcionarios seguían actuando en la agilización de los pagos.

  Pero aparte de los sobornos, los funcionarios de PDVSA recibían, según reza la acusación, objetos de valor, viajes, comidas y entretenimiento para que mantuvieran la vigencia de los contratos.

   Rincón y Shiera disfrazaban los sobornos bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados, mientras los funcionarios de PDVSA cómplices creaban la falsa apariencia de competencia entre varias empresas, cuando en realidad todas las que aparecían en los listados eran contratadas por dichos empresarios.

  Una serie de transferencias descubiertas por la fiscalía, ilustran la acusación contra Rincón y Shiera, mostrando cómo se realizaron los pagos corruptos

Las empresas

   Roberto Rincón es propietario de las empresas Tradequip y Ovarb Industrial, la primera se estableció el 21 de septiembre de 1988 en el estado Zulia, “como una empresa netamente familiar destinada a la compra, venta, distribución de equipos para la industria petrolera, marina, entre otras”.

  Domiciliada en Maracaibo, Tradequip tenía como actividad, ser “distribuidores exclusivos, representantes, importadores en las áreas de perforación, productos de seguridad industrial y personal, minero, metalúrgico, industrial, agropecuario, comercial, salvamento y rescate”.

 Tradequip figura en el Registro Nacional de Contratistas 1074244070409118149, certificada para contratar con el estado venezolano. El directorio lo conforman Roberto Enrique Rincón Fernández, como presidente; José Roberto Rincón Bravo, quien funge como vicepresidente; Alexandra Carolina Rincón Bravo, como segunda vicepresidenta.

  Por su parte, Ovarb Industrial junto a KCT Cumaná y Derwick Associates, es señalada de haber vendido con sobreprecio a la filial de PDVSA, Bariven, 17 unidades eléctricas “en un solo día, a un sobrecosto escandaloso de entre USD 350 y USD 404 millones”. A Ovarb y Derwick se les cataloga como empresas de maletín.

  Abraham Shiera Bastidas es presidente en Venezuela de Vertix Instrumentos, en la que tiene 51 por ciento de las acciones. Esta compañía se encarga de proveer “soluciones para la medición y control de procesos industriales (…) Nuestro éxito radica en poder ofrecer los productos del mayor fabricante mundial de equipos de instrumentación y control y contar con ingenieros y técnicos venezolanos capacitados para proveer asesoría, soluciones y mantenimiento de los mismos”.

   Vertix Instrumentos también tiene sede en Maracaibo y su directiva la conforman Abraham José Shiera Bastidas, como presidente; Ricardo José Ricardo Bravo, como director; mientras sin identificación de cargos también figuran en el cuerpo directivo, Fernando Ardila Rueda, y Noel Antonio Maestre González.

   Pero, aunque estas compañías son las empresas emblemáticas de Rincón y Shiera, diversas investigaciones revelaron que Roberto Rincón y su familia poseían 36 empresas inscritas en Venezuela, Aruba, España, Paraguay y Estados Unidos.

   Por lo menos 23 de estas empresas tenían sede en Estados Unidos. Entretanto, el Registro Nacional de Contratistas (RNC) refiere que los Rincón son propietarios de seis empresas en Venezuela, mientras que en España son dueños de cuatro.

  Shiera tiene registradas siete empresas en el estado de la Florida, las cuales se encuentran inactivas.

Tanto Roberto Rincón como Abraham Shiera esperan por sentencia para inicios del próximo año 2022.

jueves, 21 de noviembre de 2019

Estas fueron las recomendaciones que se formularon para salvar al Banco del Orinoco en Curazao

Cuatro fueron los escenarios propuestos por los expertos, quienes planteaban desde la venta y transferencia de las acciones a un tercero, el traspaso a otros bancos en el grupo, la liquidación de la entidad o su conversión en una entidad extranjera.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un memorando confidencial elaborado por expertos pertenecientes a una reconocida firma de abogados de Curazao, fue presentado a las autoridades del Grupo Financiero BOD, planteando la posibilidad de aplicar alguno de los cuatro escenarios que recomendaron para salvar al Banco del Orinoco N.V., entidad que, finalmente, fue intervenida y liquidada por el Banco Central de Curazao y San Martín.
   El documento fue elaborado por HBN Law[1], un bufete de abogados fundado en 1938 en Curazao, líder tanto en esa isla como en el resto del Caribe.

El memorando

Un borrador de memorando confidencial fechado el 5 de octubre de 2018 y elaborado por los abogados Eric R. de Vries[2] y Chris van Amersfoort[3] de la firma HBN Law, estaba dirigido a Jesús Escudero, director legal del Grupo Financiero BOD cuyo contenido planteaba los distintos escenarios que ese despacho visualizaba  con relación al Banco del Orinoco N.V.

   Refería el memorando, en primer término, que el  BDO se encontraba establecido en Curazao gracias a una licencia de institución de crédito internacional otorgada por el Banco Central de Curazao y San Martín (CBCS) bajo la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, P.B. 1994, Nº 4, estando registrada como un banco internacional no consolidado.

  La comunicación planteó cuatro escenarios proporcionando una visión general de alto nivel de los requisitos legales y reglamentarios para cada uno de ellos.

   Dichos escenarios planteaban, primero, una venta y transferencia de todas las acciones del capital del BDO a un tercero comprador; segundo, (i) una transferencia de acuerdos con clientes más grandes a otros bancos en el grupo BDO, (ii) una terminación de acuerdos con clientes más pequeños del BDO seguido del pago del saldo de cuentas a dichos clientes; y (iii) que el BDO continuara como un banco de inversión/crédito documental para ciertos clientes comerciales; tercero, (i) y (ii) del escenario 2, (iii) una liquidación de BDO; y cuarto, una conversión del BDO en una entidad extranjera.

   Para la elaboración del documento, los abogados de HBN Law revisaron la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito y sus actualizaciones; la licencia bancaria emitida al Banco del Orinoco (Bonaire) N.V. de fecha 12 de septiembre de 1994, número 94-11.502; las versiones en inglés y en español del BDO sobre los términos y condiciones generales de la entidad; los términos y condiciones de los certificados de depósito de BDO; los estatutos de BDO modificados por última vez el 5 de marzo de 2009; otras leyes o reglamentos de aplicación general en Curazao que estimaron relevantes.
   Se advirtió que el memorando no describe ningún aspecto fiscal o laboral de los escenarios.

Primer escenario

  La venta y transferencia de acciones en BDO es el primer escenario planteado por HBN Law, para lo cual debía cumplirse con una serie de requerimientos y requisitos legales y reglamentarios.

  Los requerimientos legales contemplaban, primero, la venta y transferencia de acciones, lo cual en instituciones tipo N.V. puede ocurrir a través de una escritura privada o notarial de transferencia de acciones y el reconocimiento de la misma por parte de la compañía o la notificación de la transferencia a la compañía por orden judicial.

  Luego, refería que de acuerdo a los estatutos del Banco del Orinoco, la venta y transferencia de sus acciones por parte de un accionista estaba sujeta al otorgamiento del permiso respectivo por parte del Banco Central de Curazao y San Martín; así como a la obligación de ofrecer dichas acciones a los coaccionistas, si correspondiera.

  En el orden reglamentario, los requisitos estaban referidos, primero, a lo establecido en el artículo 23 (2) (c) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, que prohíbe vender o transferir acciones directa o indirectamente en una entidad de crédito sin la aprobación previa del Banco Central.

  Se remitieron a un memorando de política sobre la venta o transferencia de acciones emitido por el Banco Central de Curazao y San Martín referido a las instituciones de crédito supervisadas, las cuales requieren de la aprobación previa. En tal sentido, explicaron que una venta o transferencia de acciones en una entidad de crédito supervisada se encuentra sujeta a la aprobación previa por escrito del Banco Central.

  Desde el banco en cuestión, la oficina de administración debe informar por medio de una carta al CBCS su intención de vender o transferir acciones de los actuales accionistas, ofreciendo detalle de las razones por las cuales las acciones se venden o transfieren, así como acerca de la contraprestación pagada por acción por los nuevos accionistas.

  El Banco Central debía revisar los antecedentes y planes de los posibles accionistas quienes serían evaluados de acuerdo a los estipulado en el artículo 3 (2) (d) de la ordenanza relativa a la identidad, posición financiera y las referencia e historial de los mismos.

Se indica que existen tres tipos de accionistas:

a. Los nuevos accionistas siendo personas físicas, quienes individualmente no pueden tener más del 5 por ciento de las acciones en circulación de un banco y más del 25 por ciento en total para todas las personas físicas, a menos que el Banco Central otorgue una dispensa. Los aspirantes a nuevos accionistas deben enviar un cuestionario personal al CBCS, un certificado de buena conducta y referencias bancarias de instituciones donde hayan mantenido una relación de larga data.

b. Los nuevos accionistas como empresas o instituciones no bancarias, las cuales para convertirse en accionistas de una institución de crédito, deben someterse a los requerimientos del Banco Central, tales como cuestionarios personales de sus directores gerentes; estados financieros auditados de los últimos tres años de la empresa/institución; estatutos sociales; un cuadro de grupo que contenga un resumen de todas las empresas e instituciones del grupo, incluida la empresa matriz y los beneficiarios finales.

c. Nuevos accionistas siendo una entidad de crédito supervisada, las cuales deben presentar al CBCS una declaración de la autoridad supervisora del país de origen que indique que no tiene objeciones contra la inversión de la institución bajo su supervisión en un banco establecido localmente y que ejerce una adecuada supervisión consolidada de la entidad de crédito. Igualmente debe entregar los estados financieros auditados de los últimos tres años y un cuadro de grupo con la información al Banco Central.

   Por otra parte, el Banco Central de Curazao y San Martín puede solicitar información adicional de los nuevos accionistas si estimare que la información presentada es insuficiente para formar y una opinión adecuada sobre la identidad, la situación financiera y los antecedentes de los posibles accionistas.

Segundo escenario

  HBN Law plantea como segundo escenario la transferencia/terminación de acuerdos con clientes y la continuación del Banco del Orinoco NV.

   Para llevar a cabo la transferencia de acuerdos con clientes es necesario que los acuerdos puedan ser pasados por una parte a otra mediante una escritura privada que requiere el consentimiento de la contraparte.


     Tal como ocurre con la mayoría de las instituciones de crédito, el BDO establece en sus términos y condiciones generales una disposición en la cual la contraparte brinda su cooperación por adelantado para una transferencia asignación (parcial) de la relación de crédito. Así ocurre con los certificados de depósito del BDO. El despacho de abogados advirtió que al momento de redactar el memorando, no habían revisado aún la cuenta modelo de los acuerdos de depósito que el BDO usa con sus clientes, pero alertaron que la redacción de dicha disposición y los hechos y circunstancias dados de la transferencia de los acuerdos, requieren determinar si la cooperación que se ha brindado de antemano es suficiente.

    En caso de que el BDO no hubiera incluido dicha disposición en el acuerdo con sus clientes, podría considerar transferir los acuerdos con sus grandes clientes a su afiliado sobre la base de un "consentimiento implícito". De este modo, solamente los clientes que se opongan a dicha transferencia dentro de un cierto plazo se excluirían de la transferencia. Advierten que si algunos clientes lleguen a oponerse posteriormente a una transferencia al haber expirado el plazo, dicha transferencia puede no considerarse válida.

  Este segundo escenario contempla también la terminación de cuentas de clientes y certificados de depósito, para lo cual, en el primer caso, el BDO podría cerrar en cualquier momento cualquier cuenta mantenida por el cliente después de haber enviado un aviso por escrito cinco días hábiles  —o el período requerido o permitido por ley— a partir de la fecha en que el cliente recibió o se considera que recibió dicha notificación. Tanto el cliente como el BDO tienen derecho en todo momento a notificar la finalización de la relación.

  Respecto a los certificados de depósito, el BDO se reserva el derecho de decidir unilateral y discrecionalmente sobre la precancelación o la no renovación del depósito sin la necesidad de explicar las razones para hacerlo sin responsabilidad u obligación de compensar. El Banco del Orinoco pondrá a disposición del cliente el monto del depósito más los intereses generados hasta la fecha.

   Se alerta de que aun cuando los términos y condiciones generales del BDO permitían la terminación de la relación y el cierre de cuentas por parte de la entidad, al igual que también lo contemplaban los términos y condiciones de los certificados de depositario y la jurisprudencia lo dicta en función de los hechos y circunstancia, el Banco del Orinoco debía tener una base convincente para dicha terminación.

    Para llevar a cabo las transferencias de cuentas de clientes debían cumplirse una serie de normas, tal como lo establecido en el artículo 23 (1) (e) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, que prohíbe que una entidad de crédito proceda a una reorganización corporativa o financiera sin la aprobación previa del Banco Central de Curazao y San Martín. El CBCS podía establecer algunas condiciones para aprobar la transferencia.

   Se observa que la ordenanza y las notas explicativas de la misma no especifican lo que corresponde a una "reorganización corporativa o financiera". Partiendo de que la legislación holandesa contiene una disposición similar a la de la ley de Curazao, se establece que la reorganización corporativa debía contemplar una situación en la que las actividades de una entidad de crédito se transfieren a una nueva estructura corporativa, es decir, una escisión de una parte de la empresa en una nueva subsidiaria.

  Refirieron que por analogía con la legislación holandesa, la transferencia de ciertos clientes depositarios a otros bancos dentro del grupo BDO requeriría probablemente la aprobación previa por escrito del Banco Central, ya que esto podría calificar como una reorganización financiera o corporativa.

 En caso de terminación masiva de cuentas de clientes probablemente requerirá la aprobación previa del Banco Central por escrito, sobre la base de que esto puede calificar como una reorganización financiera o corporativa.

  Se preveía que siempre que el BDO continuara cumpliendo con los requisitos de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994 y su licencia bancaria, podía continuar haciendo negocios como un banco de inversión/crédito documental para ciertos clientes comerciales.

Tercer escenario

   Seguidamente, el memorando de HBN Law a Jesús Escudero hacía referencia al tercer escenario, el cual contemplaba la transferencia/terminación de acuerdos con clientes y la liquidación del Banco del Orinoco N.V.

  Para ello regirían algunos de los requisitos legales y reglamentarios referidos en el escenario anterior, mientras que la liquidación se llevaría a cabo de acuerdo a lo pautado en la legislación y las normas del Banco Central de Curazao y San Martín.

     El memorando indica que una institución tipo N.V. solo se puede disolver si hay fondos suficientes para pagar a todos los acreedores y asumir todos los costos de liquidación. En caso de que la empresa no pudiera pagar a todos sus acreedores, los accionistas debían proporcionar medios financieros adicionales. Se advertía que en caso de que durante la liquidación, los liquidadores se dieran cuenta de que las deudas de la compañía exceden los activos y, en consecuencia, que algunos acreedores permanecerían impagos, estarían en la obligación de informar la quiebra de la compañía al Tribunal en Primera Instancia, a menos que todos los acreedores conocidos de La compañía acuerden por escrito la continuación de la liquidación.

    Explicaba el documento que los procedimientos de liquidación del BDO se iniciarían mediante una decisión de la junta general de accionistas, lo que requeriría de un voto mayoritario de las tres cuartas partes de la misma, así como también de no menos de 3/4 del capital social emitido del  Banco del Orinoco.

    Señalaba el documento que la decisión de los accionistas de liquidar la empresa debía incluir, entre otras cosas, la fecha a partir de la cual la empresa entraría en liquidación; los nombres de los liquidadores si no son las mismas personas/entidades que los directores gerentes de la compañía; las tareas y poderes especiales para los liquidadores, si los hay.

    Agregaban que, los directores gerentes de una empresa también pueden actuar como liquidadores, en particular si los accionistas no habían designado otros liquidadores, quienes pueden ser bien individuos o personas jurídicas. Se indicaba que los liquidadores tendrían poderes similares a los de los directores gerentes, a menos que los estatutos de la empresa o la naturaleza misma de las tareas de los liquidadores indiquen lo contrario.

   Correspondería a los liquidadores, pagar a todos los acreedores y resolver los asuntos de la empresa, por lo que al cumplimiento de dicho fin deberían dirigirse todas sus acciones.

   HBN Law refirió que los liquidadores debían seguir una serie de pasos para llevar a cabo su labor, tales como registrar su nombramiento como liquidadores y la fecha en que la liquidación comenzaría en el Registro de Comercio de Curazao; anunciar la liquidación y su fecha en la Gaceta Nacional; presentar una "cuenta de finalización" o "plan de distribución" al Registro de Comercio de Curazao; y asegurar que a partir de la fecha de liquidación, la compañía agregara las palabras "En liquidación" después del nombre de su empresa en todas las publicaciones, correo, etc.

   Del mismo modo, los documentos a presentar al Registro de Comercio de Curazao debían en incluir la leyenda "Cuenta de finalización" si solo hay un accionista o un "plan de distribución" si la empresa cuenta con más de un accionista. Se debía incluir una confirmación de que se pagaría a todos los acreedores y que el excedente de liquidación, de corresponder, se distribuiría al accionista o accionistas en proporción a sus acciones.

  La liquidación pudiera finalizar tan pronto como todos los acreedores fueran pagados y los asuntos de la empresa se hubieran resuelto adecuadamente.

   Se advirtió que la finalización de la liquidación de la empresa no significaría automáticamente el final de la empresa, pues esta sobreviviría mientras hubiera activos ocultos.

   El liquidador podía decidir pagar una distribución anticipada si la posición financiera y los estatutos de la empresa lo permitían.

  Los liquidadores deberían indicar en las cuentas finales, el nombre y la dirección de un custodio de los libros quien deberá mantener estos y los registros de la empresa durante un período de al menos diez años después de la finalización de la liquidación.

  HBN Law refirió en el memorando que la liquidación debía regirse de conformidad con el artículo 26 de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994, estando el BDO obligado a notificar por escrito al Banco Central sobre una decisión de liquidación total o parcial o sobre la liquidación o la venta directa o indirecta de su establecimiento en Curazao y ejecutar dicha decisión bajo la supervisión y de acuerdo con las instrucciones del CBCS.

Cuarto escenario

   Por último, el memorando de HBN Law se refirió al cuarto escenario relativo a una conversión del Banco del Orinoco N.V., lo cual debe cumplir con una serie de requerimientos legales entre ellos la exigencia de la legislación de Curazao, que plantea que una entidad puede convertirse en una entidad extranjera, lo cual es conocido también como una conversión saliente. Para ello, la compañía continuaría existiendo en la forma de compañía elegida según las leyes extranjeras aplicables.

    Los abogados explicaron que una conversión de salida requiere, primero, que la junta general de accionistas así lo decida unánimemente sobre una propuesta del consejo de administración. De este modo, tres cuartas partes de la junta directiva del Banco del Orinoco N.V. debía votar a favor, siempre y cuando igualmente, no menos de 3/4 del capital social emitido del banco estuviera representado.

   Igualmente, sería necesario elaborar una escritura notarial que contemple la toma de decisión de la conversión saliente, acompañada de un documento emitido por una persona u organismo autorizado bajo las leyes de la entidad extranjera para establecer la conversión saliente en una entidad extranjera o la incorporación de dicha entidad extranjera, cuyo documento contiene los estatutos o reglas similares que gobernar la entidad extranjera después de la conversión.

  También debe presentarse una declaración que indique el "requisito de continuación" firmada por la persona u organismo u otro experto en el área de derecho de la entidad extranjera.

   Un notario de derecho civil en Curazao, a más tardar tres meses y después de cinco semanas antes de la ejecución de la escritura de conversión, debía notificar la conversión prevista en un periódico curazoleño y en la Gaceta Nacional de Curazao. Este requisito podía obviarse cuando el interés corporativo de la empresa lo requiera.

   Un notario de derecho civil en Curazao debería depositar la escritura y los anexos en el Registro de Comercio de Curazao y cancelar el registro de la empresa en el mismo.

  Apunta el memorando que la conversión saliente se vuelve inviolable cuando la empresa se da de baja del Registro de Comercio de Curazao, a menos que luego se compruebe que no cumplió con el "requisito de continuación", lo que se tomará como que la conversión no se hubiera producido.

   Luego de un mes de haberse producido la notificación y haya aparecido el anuncio de conversión saliente en el periódico local y en la Gaceta Nacional, cada acreedor o contraparte contractual de la empresa tiene derecho a presentar una objeción a la conversión ante el Tribunal de Primera Instancia en Curazao sobre la base de que se les perjudicaría en su posición de acreedor o contraparte contractual. Esta solicitud debe indicar qué garantía, cambio de contrato, disolución o compensación es exigida y el Tribunal determinará lo aplicable.

   Se subrayó que el tribunal podía imponer una obligación a la compañía de pagar una compensación con respecto a un cambio o disolución del contrato para que entre en vigencia a partir de la fecha de conversión en adelante.

   Se alerta que aunque no existen disposiciones reglamentarias específicas relativas a una conversión saliente de una entidad de crédito, está se estima que esté regida por el artículo 23 (1) (e) de la Ordenanza de Supervisión de Instituciones Bancarias y de Crédito 1994 que prohíbe una reorganización corporativa o financiera sin el aprobación previa del Banco Central y requerir permiso de este en vista de la modificación de los estatutos sociales derivada de la conversión, lo cual, de otra manera está prohibida.

    Finalmente, HBN Law refirió que el Banco Central de Curazao y San Martín trata una conversión saliente de la misma manera que un cese de actividades, aplicando por ello las políticas aplicables sobre la conversión saliente tanto como sea posible.











[1] HBN Law. https://hbnlaw.com/

[2] HBN Law. Eric de Vries. https://hbnlaw.com/eric-de-vries/

[3] HBN Law. Chris van Amersfoort. https://hbnlaw.com/chris-van-amersfoort/

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Conozca los detalles de la acusación contra Raúl Gorrín que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida

En las siguientes líneas están contenidos los términos de la acusación de que es objeto el empresario venezolano demandado de lavado de dinero en un tribunal estadounidense.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El pasado lunes 19 de noviembre se conoció que la Corte del Distrito Sur de Florida dio a conocer una acusación formal contra el empresario venezolano, Raúl Gorrín, propietario, entre otras compañías, del canal televisivo Globovisión y de Seguros la Vitalicia, bajo la  presunción de haber lavado miles millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela, de haber pagado sobornos a funcionarios de un gobierno extranjero y de comprar con el fruto de las operaciones fraudulentas lujosas propiedades en Nueva York y la Florida.

En esta entrega queremos presentar el detalle de la acusación que cursa en el tribunal a cargo del juez Steve M. Larimore desde el 16 de agosto de 2018 y cuyo documento fue desclasificado ahora por la fiscalía estadounidense en Miami.

Se lee en el citado libelo que el Gran Jurado acusó a Gorrín de “Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (18 U.S.C. § 371)”.

Se indica que Raúl Gorrín Belisario es un venezolano que, durante algunos períodos en que operó la conspiración era residente de los Estados Unidos con domicilio en Coral Gables, Florida.

La "Compañía 1", "Compañía 2" y "Compañía 3 fueron constituidas y registradas en Panamá bajo el control de Gorrín Belisario.

Entretanto, el "Funcionario Extranjero 1" era un venezolano que se desempeñó en posición de alto nivel y con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro de las oficinas del Tesoro de Venezuela entre 2007 y 2010 o alrededor de este último año citado y, por lo tanto, su definición encaja dentro los términos establecidos en la referida Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 (h) (2) (A) y 78dd-3 (f) (2) (A).

Entretanto, el "Funcionario extranjero 2" era un venezolano que cumplió funciones de alto nivel con autoridad para tomar decisiones e influenciar dentro del Tesoro venezolano entre 2011 y 2013, por lo que igualmente cumple con el perfil de "funcionario extranjero" que se define en la FCPA.

Por su parte, el "Coconspirador 1" era el cónyuge del Funcionario Extranjero 2 y un ciudadano y nacional de Venezuela. 

Del mismo modo, el "funcionario del banco extranjero" era un ciudadano venezolano y propietario de un "banco extranjero" ubicado en la República Dominicana. Este funcionario bancario era una "persona" y un "agente" de acuerdo a lo establecido en la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3 (f) (1).

Alegatos generales

Raúl Gorrín Belisario a partir de 2008 —o alrededor de ese año— ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 [Alejandro Andrade] con el objetivo de obtener y retener negocios. Procuraba influir al citado funcionario a que realizara operaciones de cambio de moneda extranjera a través del gobierno venezolano obteniendo una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

En o alrededor de 2010, Raúl Gorrín se asoció con un funcionario del Banco Extranjero [Gabriel Arturo Jiménez Aray -Banco Peravia] para comprar una institución de este tipo que le permitiera lavar los sobornos pagados a los funcionarios venezolanos y las ganancias de este y otros esquemas de corrupción.

Desde 2011 a 2017, o fechas aproximadas, luego de que el Oficial Extranjero 1 dejó el cargo, el acusado causó pagos de sobornos, por unos USD 94 millones en beneficio del citado Oficial Extranjero 1 con el objetivo de (a) continuar pagando los sobornos; (b) evitar que el Funcionario Extranjero 1 interfiera con el esquema de corrupción en curso o lo impidiera; y (c) recompensar al Funcionario Extranjero 1 por introducir a Raúl Gorrín ante el Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este.

A este Funcionario Extranjero 1, Raúl Gorrín le habría pagado aproximadamente USD 1.78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Nueva York desde diciembre de 2012 hasta junio de 2013 o fechas aproximadas, en beneficio del citado funcionario y en cumplimiento del plan.


La acusación indica que Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y cuentas bancarias de empresas de su propiedad controladas por él para realizar los pagos de soborno.

Se hace referencia a que en 2011 o fecha aproximada, cuando el Funcionario Extranjero 2 reemplazó al Funcionario Extranjero 1 en el cargo, el segundo presentó al acusado el segundo (Funcionario Extranjero 2) así como al Coconspirador 1. 

Igualmente en 2011 o alrededor de este año, Raúl Gorrín Belisario ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 2 y al Coconspirador 1 con el fin de influir e inducir al Funcionario Extranjero 2 a permitir que el demandado realizara operaciones cambios de moneda extranjera para el gobierno venezolano y así obtener una ventaja indebida en la adquisición del derecho a realizar dichas transacciones de intercambio.

Desde la misma fecha, alrededor de 2011, el acusado hizo que se pagaran sobornos, por al menos USD 65 millones en beneficio del Oficial 2. Parte de estos pagos se llevaron a cabo cuando Gorrín transfirió aproximadamente USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, aproximadamente, en beneficio de Funcionario extranjero 2 y Coconspirador 1 y en cumplimiento del plan.

El acusado ofreció y acordó pagar al Funcionario Extranjero 1 una parte de las ganancias de su plan con Oficial extranjero 2 y coconspirador 1.

Además, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó gastos relacionados con tres aviones, un yate, varios caballos y numerosos relojes en el Distrito Sur de Florida y en el Distrito Sur de Texas en beneficio de funcionarios extranjeros.

El demandado también compró y pagó gastos relacionados con jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficiar a Funcionario Extranjero 2 y a Coconspirador 1.

Revela la acusación que Raúl Gorrín recibió facturas y envió correspondencia por correo electrónico a los proveedores del Oficial extranjero 1, el Oficial extranjero 2 y el Coconspirador 1 para pagar los gastos de estos a través de transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

Los empleados del demandado registraron estos pagos en hojas de cálculo que enviaron por correo electrónico a Gorrín Belisario, a Funcionario Extranjero 1 y a Coconspirador 1, reflejando los cambios a medida que se realizaron los pagos.

La conspiración

En la acusación contra Raúl Gorrín Belisario se explica en detalle en qué consistió y cómo operó la conspiración de la que se le señala como responsable.

Según reza el documento, desde aproximadamente 2008 hasta 2017 o fecha aproximada, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito de Sur de Florida y en otros lugares, el acusado, de manera intencional, es decir, con el propósito de la conspiración y, a sabiendas, acordó con otros, conocidos y desconocidos, cometer un delito contra los Estados Unidos.

Se precisa que Gorrín Belisario se valió de los correos para voluntaria y deliberadamente usarlos como instrumento de comercio interestatal para hacer sus ofertas, pago y promesas de pago, así como para autorizar la entrega de bienes de valor a funcionarios extranjeros, conociendo que todo o parte de ese dinero o bienes, se ofrecerían, entregarían o prometerían a dichos funcionarios extranjeros con el fin de: a) influir en los actos y decisiones de los mismos; b) para inducir a dichos funcionarios extranjeros a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tales funcionarios; y c) para asegurar cualquier ventaja indebida.

Igualmente, Gorrín Belisario procuraba inducir a tales funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir en cualquier acto y decisión de dicho gobierno con el fin de ayudar al demandado a obtener y retener negocios en violación del Título 15, Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2.

Refiere la acusación que mientras estaba en Estados Unidos, Raúl Gorrín Belisario, de manera voluntaria y corrompida usaba los correos electrónicos y medios e instrumentos del comercio interestatal para realizar promover y ofertar pagos, promesas de pago y autorización del pago de dinero. Asimismo, ofreció, obsequió, prometió y autorizó la entrega de dinero o bienes de valor a funcionarios extranjeros. Tales entregas se hacían con el objetivo de influir en un acto y decisión de tales funcionarios extranjeros en su carácter de oficiales, así como también para inducirlos a hacer y omitir acciones en violación del deber legal de tal funcionario. También su accionar estaba dirigido a garantizar cualquier ventaja indebida y para inducir a esto funcionarios extranjeros a usar su influencia con un gobierno extranjero para afectar e influir los actos y decisiones de dicho gobierno en beneficio del demandado al permitirle obtener y retener negocios en violación del Título 15 del Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-3.

Propósito de la conspiración

La acusación establece que el propósito de la conspiración fue enriquecer al demandado, Raúl Gorrín Belisario, y a los conspiradores, haciendo y ocultando pagos corruptos a funcionarios extranjeros en Venezuela para obtener y conservar contratos con la oficina del tesoro venezolano.

El acusado y los coconspiradores para lograr el objetivo de la conspiración, mientras estaban en el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, hablaron personalmente sobre el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela para asegurarse la adjudicación de contratos.

Gorrín Belisario junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, ofrecieron, prometieron y autorizaron pagar, directa e indirectamente, a funcionarios extranjeros en Venezuela de manera de asegurar la adjudicación de negocios a su favor.

El acusado y sus colaboradores igualmente discutieron personalmente en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, acerca de la manera y los medios por los cuales hacer los pagos de los sobornos.

Gorrín y sus colaboradores, mientras estaban en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, utilizaron cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, además de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para llevar a cabo el pago de sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros en Venezuela y mantenerlos de manera oculta.

Mientras estaban en el Distrito Sur de Florida, Raúl Gorrín y sus colaboradores se valieron de cuentas bancarias de las compañía 1, 2 y 3, así como de su propia cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, para realizar transferencias de fondos a funcionarios gubernamentales extranjeros, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, a cambio de que le favorecieran en la adjudicación de negocios y contratos.

Las acciones

Con el objetivo de darle cumplimiento a la conspiración. Se llevaron a cabo una serie de acciones ilegales por parte del acusado y sus coconspiradores, tanto en el Distrito Sur de Florida como fuera de esa jurisdicción.

En este sentido, refiere la acusación que Raúl Gorrín Belisario, en o alrededor de 2010, junto al funcionario del banco extranjero y otros compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

Para 2012 o fecha aproximada, el acusado se reunió con un Funcionario Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos.

El 18 de junio de 2012 o alrededor de esa fecha, el Funcionario Extranjero 2 causó una transferencia de un bono del tesoro venezolano a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco informó a Gorrín Belisario de su liquidación en su cuenta y que la "persona de contacto es [Oficial extranjero 2]".

El 25 de octubre de 2012, o alrededor de esa fecha, el demandado envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales a quien instruyó acerca de las diligencias a realizar respecto a una compañía de yates con la orden: "Haga la transferencia y cárguela a [Co-Conspirador 1]".

Para el 29 de octubre de 2012 el acusado pagó USD 485,000 a través de una transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates antes referida en el Distrito Sur de Florida.

Luego de haber recibido un correo electrónico con los detalles de la compra del yate para “Coconspirador 1”, el 13 de noviembre de 2012, Raúl Gorrín Belisario hizo un pago por USD 4.35 millones mediante transferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

El 11 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín, una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones de transferencia para realizar el pago.

El 12 de diciembre de 2012 o fecha aproximada, Raúl Gorrín ordenó transferir un pago de aproximadamente USD 15.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta del veterinario referido anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En fecha 29 de enero de 2013 o aproximada, el demandado recibió un correo electrónico con los detalles sobre la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para el Oficial de Relaciones Exteriores de Caracas, Venezuela, en el que se le solicitaba su aprobación.

El 30 de enero de 2013 Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD 1.103.371 mediante transferencia de su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.

En o alrededor del 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el funcionario 1 envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos.

El 7 de febrero de 2013, o alrededor de esa fecha, el acusado ordenó transferir USD 174.800 de su cuenta personal de HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos referida anteriormente en Nueva York.

En o alrededor del 15 de febrero de 2013, el Oficial extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario la identificación de la persona que debía pagar por los gastos relacionados con los caballos del Oficial extranjero.

El 25 de febrero de 2013, el demandado ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía en Suiza a la cuenta de la persona a quien se le debían los gastos relacionados con el caballo a que se hizo referencia anteriormente, en el Distrito Sur de Florida.

El 4 de marzo de 2013, mientras estaba en Wellington, Florida, el Funcionario Extranjero 1 le envió por correo electrónico al acusado con una copia de las instrucciones relativas a una compañía de transporte de caballos.

El 7 de marzo de 2013, Raúl Gorrín mientras estaba en el Sur de Florida pagó USD 228.768 mediante transferencia desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la compañía de transporte de caballos en Nueva York.

El 15 de marzo de 2013, después de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[Coconspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín Belisario pagó USD 281.051 mediante trasferencia desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el distrito Sur de Florida.

El 17 de mayo de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario ordenó transferir un pago de USD 4 millones de la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de modas Coconspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

El 29 de mayo de 2013 o alrededor de esa fecha, el funcionario extranjero 1 envió por correo electrónico al demandado con copia de una factura por USD 117.062,15 para trabajos de mejoras en el hogar en la casa del funcionario extranjero.

El 6 de junio de 2013, o alrededor de esa fecha, Raúl Gorrín Belisario causó un pago de USD  117.087,15 a través de transferencia desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar referida anteriormente en el Distrito Sur de Florida.


Todas estas acciones se llevaron a cabo supuestamente por el acusado en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 371.

Del mismo modo, la acusación indica que entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y en el condado de West Palm Beach, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, el demandado Raúl Gorrín Belisario, conspiró de manera voluntaria y actuó junto con otros, conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para violar el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), es decir, para transportar, transmitir y transferir a sabiendas instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15 , Código de los Estados Unidos, Sección 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera que involucran el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, del Código de Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A), a saber, Raúl Gorrín Belisario, quien acordó transportar, transmitir, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de una plan para pagar y ofrecer dinero y otros bienes de valor a los funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Oficial extranjero 1 y el Oficial extranjero 2, para obtener y retener negocios en su provecho.

Todo esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).

Entre 2008 y 2017, en el condado de Miami-Dade y el condado de West Palm Beach, en el distrito sur de Florida y en otros lugares, el acusado, Raúl Gorrín Belisario, a sabiendas, transportó, transmitió, transfirió y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia, e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y por un lugar fuera del país con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3, y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el soborno de un funcionario público y la malversación, el robo y la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público o en su beneficio, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a ) (2) (A).

Las consecuencias

En razón de los hechos alegados en contra del demandado Raúl Gorrín Belisario, suponen la confiscación de ciertos bienes de interés para el acusado.

Esto en razón a las violaciones al Título 15, el Código de los Estados Unidos, las Secciones 78dd-2 y/o 78dd-3, o la conspiración para cometer dicha violación, como se alega en la Acusación, el demandado perderá en los Estados Unidos cualquier propiedad obtenida con los ingresos que se derivan de dicha infracción, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 981 (a) (1) (C), que se hace penalmente aplicable por el Título 28 del Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).

Al ser declarado culpable de una violación del Título 18, el Código de los Estados Unidos, Sección 1956, como se alega en la Acusación, el demandado deberá ceder a los Estados Unidos cualquier propiedad involucrada en dicha ofensa y/o cualquier propiedad rastreable a dicha propiedad, de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (a) (1).

Si alguna propiedad sujeta a decomiso, como resultado de cualquier acto u omisión del demandado, (a) no pudiera ser localizada en el ejercicio de la diligencia debida, (b) haya sido transferida o vendida a un tercero, (c) haya sido llevada fuera de la jurisdicción de la Corte, (d) haya disminuido sustancialmente su valor, o (e) haya sido mezclado con otra propiedad que no se puede dividir sin dificultad, los Estados Unidos tendrán derecho a la pérdida de propiedad sustituta conforme a las disposiciones del Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853 (p), tal como se incorpora en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1).

Propiedades decomisadas

Entre los bienes sujetos a decomiso se encuentran los siguientes inmuebles:

— 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;
— 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;
— 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;
— 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;
— 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;
 — 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;
— 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;
— 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;
— 310 E. 53th Street, Apt. 24C, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 9, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt. 11, Nueva York, Nueva York 10022;
— 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022;
— 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y
— 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Todo de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 981 (a) (1) (C) y 982 (a) (1) y a los procedimientos establecidos en el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 853, según lo incorporado en el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 982 (b) (1) y Título 28, Código de los Estados Unidos, Sección 2461 (c).