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miércoles, 30 de marzo de 2022

Bonista Daniel Retter se acoge a la ley FSIA y notifica a Venezuela de demanda en su contra por impago a través de la vía diplomática

 El próximo 24 de junio de 2022 presentará una nueva Demanda Enmendada ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.

Por Maibort Petit


    Daniel Retter, uno de los tantos afectados por el incumplimiento en el pago de capital e intereses de los los Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela, luego de haber agotado todas las vías para notificar a la República Bolivariana de Venezuela acerca de la demanda en su contra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York procedió, por autorización del juez de la causa, John P. Cronan, a llevar a cabo la respectiva notificación mediante los términos establecidos en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

  En tal sentido, el demandante notificará de las acciones legales emprendidas contra a través del Departamento de Estado de los EE. UU., el cual hará el procedimiento por las vías diplomáticas.

Aquí presentamos los eventos más importantes del caso.

Exigencia de pago

  El 25 de septiembre de 2020, las Oficinas Legales de Daniel Retter P.C. remitieron por correo certificado a la República Bolivariana de Venezuela, a la atención del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, una comunicación en la que informó a ese despacho que el 5 de mayo de 2017, Daniel Retter compró los Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela Regs. Cupón 7.750%, Nº de valor: P97475AN0, con un valor nominal total de USD 180.000.

 Le refirió Retter al despacho gubernamental venezolano que de conformidad con el prospecto de los Bonos, Venezuela debía pagarle intereses semestralmente el 13 de octubre y el 13 de abril de cada año, a partir de la fecha de emisión del 13 de octubre de 2009, a una tasa de 7,750% anual.

 Indicó que en incumplimiento del contrato, Venezuela no había realizado ningún pago de los Bonos, ni de capital ni intereses, por lo que a través de la comunicación exigía que la República Bolivariana de Venezuela le remitiera de inmediato el capital y todos los intereses devengados sobre los Bonos desde el 13 de octubre de 2009, los cuales a la fecha de comunicación estaban vencidos y adeudados.

Demanda colectiva

  El 12 de octubre de 2020, Gregory A. Nahas de la firma Pardalis y Nohavicka LLP, en representación del demandante Daniel Retter, individualmente y en nombre de todos los demás en una situación similar, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York una demanda colectiva contra la República Bolivariana de Venezuela en procura de daños sufridos como resultado directo y próximo del incumplimiento de contrato, al no haber pagado el capital y los intereses acumulados actualmente vencidos y adeudados sobre los bonos emitidos por este que están en poder del demandante y los miembros de la Clase.

  La demanda explica que Retter es uno de los miles de personas en posesión de bonos emitidos por Venezuela de conformidad con un Acuerdo de Agencia Fiscal (FAA) de fecha 25 de julio de 2001, modificado por la Enmienda Nº 1 del 19 de septiembre de 2003, la Enmienda Nº 2 del 25 de marzo de 2005, y Enmienda Nº 3 del 17 de diciembre de 2007.

  Se indica que Venezuela debía pagar al demandante y a los miembros de la Clase los intereses de los bonos semestralmente a una tasa fija, así como el capital pendiente adeudado de los bonos en su totalidad en la fecha de vencimiento de los bonos, pero incumplió con esta obligación, por lo que Retter y los miembros de la Clase sufrieron y continúan sufriendo daños.

  Por ello, Retter busca daños y remedios equitativos para sí mismo y los miembros de la Clase putativa de la cual es miembro. Dicha Clase putativa incluye personas que poseen uno o más bonos emitidos por Venezuela y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados.

   Daniel Retter es un ciudadano del estado de Nueva York y residente del condado de Bronx que el 5 de mayo de 2017 compró Bonos Internacionales del Gobierno de Venezuela, Número de Título: P97475AN0, emitidos con Deutsche Bank Trust Company Americas, anteriormente Bankers Trust Company, actuando como agente fiscal, un valor nominal total de USD 180.000 a una tasa cupón de 7,75% anual que vencieron el 13 de octubre de 2019.

  Venezuela debía pagar intereses al demandante semestralmente el 13 de octubre y el 13 de abril de cada año, a partir de la fecha de emisión del 13 de octubre de 2009, a una tasa del 7,750 % anual, pero hasta la fecha no ha realizado ninguno de estos pagos.

  Daniel Retter envió correos notificando el incumplimiento del capital y los intereses a la demandada el 30 de septiembre de 2020 y luego el 8 de octubre de 2020, esta última notificación iba acompañada de la demanda de pago tanto a Venezuela como al Agente Fiscal, sin que estos hayan respondido.

  Daniel Retter presentó la demanda en su nombre y en el de las siguientes Clases de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil 23 (a), 23 (b) (2) y / o 23 (b) (3): Primero, Clase Nacional que comprende a todas las personas en los Estados Unidos que poseen uno o más bonos emitidos por la demandada y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados de conformidad con la FAA y/o el prospecto de los bonos desde el 12 de octubre de 2014, hasta el presente y continúa; segundo, la Subclase de Nueva York, que comprende todas las personas en Nueva York que poseen uno o más bonos emitidos por el Demandado y no recibieron todos los pagos de intereses y capital adeudados de conformidad con la FAA y/o el prospecto de los bonos desde el 12 de octubre de 2014, hasta el presente y continua.

  La demanda comprende un cargo por incumplimiento de contrato en razón de que Venezuela y el Agente Fiscal no han realizado los pagos de capital, intereses y/u otros pagos de los bonos al demandante y a los miembros de la Clase.

  Retter pidió al tribunal una adjudicación de daños, incluidos daños reales, generales, especiales, incidentales, estatutarios, punitivos, triples y consecuentes, en una cantidad que se determinará en el juicio; una orden judicial contra Venezuela que le prohíba participar en prácticas, políticas y patrones ilícitos continuos como se establece en la demanda; intereses previos y posteriores al juicio según lo dispuesto por la ley; honorarios, costos y desembolsos razonables de abogados; y cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y adecuada.

Instrucciones del tribunal

  El 16 de octubre de 2020, Juan P. Cronan, juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, a quien se reasignó la causa en la que Daniel Retter, individualmente y en nombre de todos los demás en una situación similar, demanda a la República Bolivariana de Venezuela, ordenó a los abogados de las partes en disputa comparecer ante dicha corte en una Conferencia preliminar previa al juicio de conformidad (IPTC) con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, el 14 de enero de 2021.

  Conminó a los abogados consultar entre sí antes de la conferencia sobre el acuerdo y cada uno de los demás temas que se considerarán en el IPTC y que, a más tardar siete días antes de la misma, les ordenó presentar una carta conjunta de no más de cinco páginas, con una breve declaración de la naturaleza de la acción y las principales defensas a la misma; una breve explicación de por qué la jurisdicción y el lugar se encuentran en dicho Tribunal;  una breve descripción de todas las mociones pendientes y/o todas las solicitudes pendientes para presentar mociones; una breve descripción de cualquier descubrimiento que ya haya ocurrido, y lo que será necesario para que las partes participen en negociaciones significativas de conciliación; una lista de todas las conversaciones de conciliación previas, incluida la fecha, las partes involucradas y la duración aproximada de dichas conversaciones, si las hubiere; la duración estimada del juicio; y cualquier otra información que las partes consideren que puede ayudar a este Tribunal a resolver la acción.

Aplazamiento de IPTC

  El 6 de enero de 2021, el Juez John P. Cronan, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la Conferencia preliminar previa al juicio de conformidad (IPTC), programada para el 14 de enero de 2021 fuera aplazada para el 23 de febrero de 2021 a las 10:30 a. m.

   Instruyó el juez que en caso de que el demandado no compareciera y el Demandante buscara presentar una moción de fallo en rebeldía, Daniel Retter debía presentar un certificado de incumplimiento propuesto y una carta de no más de dos páginas que explicara por qué el método de notificación que eligió fue adecuado según el FSIA.

Demanda enmendada

   El 23 de febrero de 2021, los abogados de Daniel Retter presentaron ante el tribunal una demanda enmendada en la que ahora se presentaba como fideicomisario en nombre de las Oficinas de Derecho de Daniel Retter PC Fideicomiso de Jubilación (Law Offices of Daniel Retter PC Retirement Trust), individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar.

También se extendió la Clase a Nacional e Internacional.

Actuar por FSIA

  El 15 de febrero de 2022, el abogado Gregorio A. Nahas de la firma Pardalis y Nohavicka LLP, en representación de Daniel Retter, remitió una comunicación al juez John P. Cronan con el objetivo de hacer una actualización de estado.

   En dicha comunicación se refirió que el 23 de febrero de 2021, el Tribunal concedió la solicitud del demandante para presentar una demanda enmendada y ordenó que el servicio se efectuara de conformidad con la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Asimismo, indicó que el 16 de diciembre de 2021, la corte prorrogó la entrega de la demanda enmendada hasta el 24 de junio de 2022.

  Explicó que, para el momento de la remisión de esta comunicación, se encontraba en el proceso de intentar efectuar la notificación del proceso al demandado a través de canales diplomáticos de conformidad con FSIA § 1608(a)(4). En este sentido, precisó que había presentado todos los documentos requeridos al Secretario del Tribunal para su transmisión al Departamento de Estado de los Estados Unidos para la notificación a la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con FSIA § 1608(a)(4) y 22 C.F.R. § 93.1(c). Agregó que el Secretario del Tribunal actuó en consecuencia el 13 de diciembre de 2021 y, hasta la fecha, el demandante no había recibido confirmación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de que se hubiera completado el servicio.

  El 16 de febrero de 2022, el abogado Gregorio A. Nahas, remitió una comunicación idéntica a la anterior.

lunes, 5 de abril de 2021

Venezuela insiste en no darse por aludida ante la demanda de Altana por impago de Bonos en Nueva York

    Se han seguido todos los procedimientos de ley y, por tanto, la acción legal continúa en progreso.

Por Maibort Petit

  Pese a que Venezuela insiste en no darse por aludida, Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, quienes la demandan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por incumplimiento de contrato, en razón de no haber pagado intereses y capital de un conjunto de Bonos adquiridos por los demandantes cuando la demanda los ofertó, prosigue con la acción legal cubriendo todo lo previsto en la ley.
   Desde que el 8 de octubre de 2020 los demandantes presentaran la demanda ante la referida instancia judicial, Venezuela no ha podido ser servida —informada— de la acción emprendida contra ella. Sin embargo, esta estrategia de Venezuela no ha impedido que el proceso siga su curso como, en efecto, lo ha seguido.

  De las actuaciones emprendidas por los demandantes y las respuestas del Tribunal, damos cuenta a continuación.

Juez ordena a las partes acordar procedimiento

  El 15 de octubre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó a las partes —Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, por un lado y la República Bolivariana de Venezuela, por el otro— discutieran entre sí, si estaban dispuestas a consentir, según 28 U.S.C. 63(c), llevar a cabo todos los procedimientos posteriores ante el juez de instrucción asignado.
   De ser así, el abogado del demandado debería enviar antes del 1 de diciembre de 2020, vía correo electrónico, un aviso, consentimiento y referencia de acción civil completamente ejecutados al tribunal que, de ser aprobados por este, también debía adjuntarse a dicha orden toda la hoja de procedimientos posteriores ante los magistrados.

   La juez, igualmente instruyó para que cualquier apelación se lleve directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos.

   Aclaraba la juez Torres que, si alguna de las partes no consentía en dichos procedimientos ante el Juez Magistrado asignado, las partes debían presentar una carta conjunta, antes del 1 de diciembre de 2020, notificando al Tribunal acerca de la negativa, pero sin revelar la identidad de la parte o partes que no consintiera. Las partes son libres de negar el consentimiento sin consecuencias negativas.

Previsiones por la pandemia

   En la misma fecha, 15 de octubre de 2020, la juez Torres también ordenó, para proteger la salud pública y al mismo tiempo promover la “determinación justa, rápida y económica de cada acción y trámite”, que todas las declaraciones del caso Altana contra Venezuela, podrían tomarse por teléfono, videoconferencia u otros medios remotos.
   También ordenó que se considerará que una deposición había tenido lugar "ante un oficial designado o designado de conformidad con la Regla 28" si este asiste al acto utilizando los mismos medios remotos utilizados para conectar todos otros participantes, siempre que todos puedan escuchar y ser escuchado claramente por todos los demás participantes.

  Se animó a las partes a participar en el descubrimiento a través de medios remotos en cada oportunidad disponible.

La notificación

   El 12 de noviembre de 2020, la Juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que los demandantes Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds LTD. Caimán, notificaran a la demandada, por el método establecido en 28 U.S.C. 1608 (a) (4).

Corte ordena aplazamiento

  El 17 de noviembre de 2020, la juez Analisa Torres, ordenó el aplazamiento de los lapsos establecidos en las Órdenes del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York del 15 de octubre de 2020, las cuales establecieron, en primer término, el 1º de diciembre de 2020, como fecha límite para presentar una carta conjunta sobre si las partes estaban dispuestas a consentir para proceder ante un juez de instrucción; en segundo término, en la misma fecha también debían presentar una carta conjunta sobre la conferencia inicial previa al juicio.

  El otro lapso a aplazar era el 8 de diciembre de 2020, a las 11:40 a. m. cuando se produciría la conferencia inicial previa al juicio.

  La juez igualmente ordenó que los demandantes informaran sin demora al Tribunal cuando se completaran la notificación del proceso, advirtiendo que si el servicio no se había completado dentro de los 60 días posteriores a la fecha de esta orden, Altana debía presentar una carta de estado ante el Tribunal.
Altana pide permiso para presentar segunda demanda enmendada

  El 12 de enero de 2021, David W. Bowker, de la firma de abogados Wilmer Hale, en representación de Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman, remitió a la juez Analisa Torres, una solicitud de permiso para presentar la Segunda Demanda Enmendada bajo lo prescrito en la Regla III.A de las Prácticas Individuales pues se cumplían todos los estándares de ley.

  Refería el abogado de Altana que desde la presentación de la Demanda Modificada el 5 de noviembre de 2020, los demandantes modificaron sus posiciones sobre los bonos en cuestión, por lo que la República Bolivariana de Venezuela no paraba de hacer los pagos requeridos de interés y capital. Por lo tanto, la Segunda Demanda Enmendada reflejaba el estado más actual de las posiciones y reclamos de bonos de los demandantes. Advertía que no había problema de retrasos indebidos o mala fe, ni tampoco ningún perjuicio potencial para Venezuela, que a la fecha no había sido notificada, habiéndose modificado los plazos de programación a la espera de la notificación bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Le manifestó David W. Bowker a la juez Torres, que en razón de que los demandantes no habían servido aún a Venezuela, estos desconocían si la demandada estaba representada por un abogado en el asunto; tampoco conocían la posición de Venezuela sobre esta solicitud.

   Indicó que, al igual que con las presentaciones anteriores en este caso, dado que anteriormente habían mantenido correspondencia con los abogados de Venezuela en un caso relacionado, las copiaban en esta comunicación.

La juez aprobó dicha solicitud

Carta estado del proceso

 El 19 de enero de 2021, el abogado de los demandantes, David W. Bowker, le remitió a la juez Analisa Torres, la carta de estado del 
proceso que el tribunal le solicitara el 17 de noviembre de 2020.

   Refirió Bowker en la comunicación que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman se habían preparado diligentemente para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, incluso obteniendo las traducciones necesarias de documentos del inglés al español.

  Explicaron que los demandantes habían adquirido los bonos recientemente y Venezuela no había cumplido con los pagos de interés y capital requeridos. En razón de ello, debían modificar su reclamo en este caso. Así, el 12 de enero de 2021, presentaron una carta previa a la moción de autorización para presentar una Segunda Demanda Enmendada, que a la fecha de la comunicación se encontraba pendiente ante el Tribunal. Dada la solicitud pendiente de licencia, los demandantes propondrían esperar la decisión del Tribunal sobre ese asunto antes de proceder rápidamente con la notificación de la Segunda Demanda Enmendada.

  Agregó el abogado que, dado que los demandantes aún no habían servido a Venezuela, no sabía si esta tenía ya abogado designado.

Altana informa a Venezuela a través del Departamento de Estado

   EL 22 de marzo de 2021, David W. Bowker, en representación de los demandantes, presentó una carta estado del proceso, en atención a una solicitud del tribunal de fecha 21 de enero de 2021.

   Manifestó que Altana Credit Opportunities Fund SPC, Altana Credit Opportunities Fund 1 SP y Altana Funds Ltd. Cayman entendían que, a su leal saber y entender, el servicio estaba en proceso, pero aún no se había completado.

   El abogado explicó que, lego de la presentación de la Segunda Demanda Enmendada, preparó rápidamente los materiales necesarios para notificar a la República Bolivariana de Venezuela, incluida la obtención de las traducciones requeridas de los documentos del inglés al español y, en tal sentido envió esos materiales al Secretario de Tribunal, de conformidad con la Sección 1608 (a) (4) de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras.

  Luego de lo anterior, el 10 de febrero de 2021, el secretario del Tribunal envió por correo los documentos de servicio al Departamento de Estado de EE. UU. y presentó el certificado correspondiente a la corte.

  El 15 de marzo de 2021, los demandantes se comunicaron con la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado para preguntar sobre el estado del servicio y el 18 de marzo de 2021 este último respondió que “recibió el caso y actualmente [está] en proceso de atender al país”.

  Refirió a la juez que el Departamento de Estado los invitó a indagar nuevamente a finales de esa semana, cuando esperaba tener más información, e indicó que los mantendría "actualizados sobre el estado de este caso en el futuro".

  Por último, David Bowker indicó a la juez Analisa Torres que notificarían de inmediato al Tribunal cuando se completara la notificación del proceso.