Los inútiles esfuerzos del' piloto de Tareck El Aissami' de librarse de su condena luego de haberse declarado culpable

  Víctor Mones Coro había apelado al estimar que el tribunal de distrito había impuesto una sentencia irrazonable.

Por Maibort Petit

  Conocido como 'el piloto de Tareck El Aissami', exvicepresidente de la república Bolivariana de Venezuela y actual ministro de Petróleo, Víctor Mones Coro batalla en los tribunales de los Estados Unidos para echar por tierra la sentencia se le impusiera luego de declararse culpable de cinco cargos de violación y conspiración para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, conocida como la “Ley Kingpin” y sus reglamentaciones. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos desestimó su apelación en la que alegaba ser impuesto de una sentencia sustancialmente irrazonable.

   Mones Coro fue sentenciado el 31 de marzo de 2021 por el juez Alvin K. Hellerstein del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York a cumplir una pena de prisión de 55 meses en razón de su papel en el plan para proporcionar vuelos chárter privados a Tareck El Aissami y Samark José López Bello, supuesto testaferro del alto funcionario venezolano, así como también a Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2018, acciones estas que violaron las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC). 

   Mediante la empresa American Charter Services LLC (ACS), Mones Coro organizó vuelos a los funcionarios régimen citados señalados por sus conexiones con el narcotráfico internacional y el crimen organizado a lugares de importancia estratégica para Venezuela, como Rusia y Turquía. Previamente, el 4 de enero de 2021, Víctor Mones Coro se declaró culpable de una acusación formal de cinco cargos. Adicionalmente, la sentencia aplicó a Mones dos años de libertad supervisada y una multa de USD 250.000[1].

  La sentencia que firman Denny Barbilla, Ricardo J. Sullivan y Steven J. Menashi, refiere que el tribunal de distrito había calculado que el rango de las pautas era de 70 a 87 meses de prisión, dado que Mones Coro estaba sujeto a una mejora de liderazgo de cuatro niveles de conformidad con las Pautas de sentencia de EE. UU. Sin embargo, el juez de distrito impuso una sentencia por debajo de dichas directrices que, como ya se dijo fue de 55 meses de prisión, seguida de dos años de libertad supervisada, una multa y una evaluación especial.

  Argumentó Mones Coro en su apelación que la sentencia impuesta en su contra aplicó indebidamente la mejora de liderazgo de cuatro niveles la cual corresponde, según la norma, a "un organizador o líder de una actividad delictiva que involucró a cinco o más participantes o que fue extensa". Sostuvo el apelante que al evaluar la mejora del liderazgo la corte “combinó su papel [prominente] en su empresa”, de la que era propietario, “con su papel [supuestamente menor] en la conspiración”. De allí que asegurara que el tribunal lo catalogó erróneamente como un organizador o líder cuando solamente era un “proveedor de servicios”. Estimó que tan sólo le era aplicable una mejora de tres niveles.

Directrices bien aplicadas

  Ante esta argumentación los magistrados de la Corte de Apelaciones manifestaron no haber encontrado ningún error en el análisis del juez Hellerstein y aclararon que el estatus de liderazgo no depende del “hecho de que las personas sancionadas por la OFAC estuvieran por encima de él en la jerarquía del esquema criminal”. Por tanto, respaldan la decisión del tribunal de distrito de catalogar a Mones Coro como líder de acuerdo a lo que señalan las directrices.

  Categóricamente establecen que Víctor Mones Coro ejerció autoridad en la toma de decisiones sobre aspectos cruciales de los viajes, aviones, pilotos y recursos de sus empresa, así para ocultar a la OFAC los nombres de las personas sanciones que hicieron uso de los vuelos. Por tanto, el tribunal de distrito no se equivocó al aplicar la mejora de líder de cuatro niveles, estimaron los jueces de la Corte de Apelaciones.

Razonable

  La Corte de Apelaciones consideró que la razonabilidad de la sentencia que Mones Coro sostiene que los factores atenuantes de la misma no fue sopesados adecuadamente. Se refería el apelante a su vida, su ayuda al gobierno, su conducta en prisión, las difíciles condiciones de confinamiento durante la pandemia por Covid-19, entre otros.

  Las magistrados indican que “no tenemos dificultad para ubicar la sentencia de cincuenta y cinco meses de prisión de Mones Coro por debajo de las Directrices dentro del rango de decisiones permisibles disponibles para el tribunal de distrito”.

  Concluyó la Corte de Apelaciones que el tribunal de distrito no impuso una sentencia sustancialmente irrazonable. Procedieron, en consecuencia, a ratificar las sentencia dictada a Víctor Mones Coro por el juez Alvin K. Hellerstein del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.

REFERENCIAS

[1] Departmento de Justicia. “Florida Man Sentenced To 55 Months In Prison For Violating Sanctions Against Senior Venezuelan Leaders”. 17 de marzo de 2021. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/florida-man-sentenced-55-months-prison-violating-sanctions-against-senior-venezuelan

Chavismo: La destrucción del adversario político y su designación como 'terrorista doméstico'

   Oponerse al ideario del pensamiento oficialista derivó en causa de prisión durante el periodo que se inició con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la república, una situación que se agravó en tiempos de su sucesor, Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

   La vena autoritaria del fallecido ex-mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, le impedía aceptar el pensamiento divergente y, mucho menos, la disidencia política. Quien no estaba alineado con sus ideas y difería de sus decisiones, sencillamente era, no su adversario como en toda sociedad democrática ocurre, sino su enemigo y como tal era tratado por el régimen que encabezaba.

   Su verbo encendido arremetió desde el inicio de su mandato contra sus oponentes políticos a quienes catalogó de “escuálidos”, “oligarcas rancios”, “pitiyanquis”, “lacayos del imperialismo”, "terroristas [domésticos]" entre muchos insultos. La disidencia llegó a castigarse, incluso, en la oposición a través de la “lista Tascón”, un procedimiento de discriminación a quienes firmaron a favor de la realización del referendo revocatorio en contra del mandatario entre los años 2003 y 2004.

      El accionar del Chávez, se dirigió desde el inicio de su gestión en el rebase institucional del país, la acumulación y acaparamiento del poder a través de la aniquilación de la separación de poderes que lo llevó tanto al control político, como de los tribunales y la conformación de un alto militar constituido por acólitos.

Presos políticos

  El chavismo, pues desde sus comienzos, se encaminó a la conformación de un régimen totalitario en el que la disidencia política es inaceptable para la cúpula gubernamental. Situación que lejos de cambiar con la asunción de Nicolás Maduro al poder a la muerte de Chávez, se ha incrementado a niveles en el que ya ni las formas se guardan y el pensamiento político divergente se ha convertido en un delito y la figura del preso por la objeción de conciencia está ya prácticamente institucionalizada, así el oficialismo insista en recurrir al eufemismo de asegurar de que “no se trata de presos sino de políticos presos”. Al 25 de octubre del presente 2021, el Foro Penal contabiliza 254 presos políticos en Venezuela, de los cuales 15 son mujeres, 132 son militares y uno es un adolescente[1].

  El “Reporte sobre la represión en Venezuela” que emite el referido Foro Penal indica en el informe correspondiente al mes de agosto de 2021 que, entre los meses de enero a agosto del citado año, se contabilizaron un total de cuarenta y dos personas registradas como “detenidos políticos”, ubicándose en ese octavo mes la cifra de estos en 264 personas. La ONG señala que el número de “detenciones con fines políticos desde enero de 2014 hasta agosto de 2021 es de 15.762 personas arrestadas, de las cuales 875 civiles han sido procesados en tribunales militares en ese período”.

   Destaca el reporte que Gabriel Medina Díaz, murió el 29 de agosto mientras se encontraba en custodia tras sufrir un paro respiratorio. Medina Díaz estaba recluido en el anexo “Nelson Mándela” del Internado Judicial de Monagas, recinto conocido popularmente como “La Pica”. Pese a encontrarse en grave estado de salud desde hacía casi 2 meses, no recibió atención médica. Sólo fue trasladado de emergencia a un hospital el día previo a su muerte donde finalmente falleció. Este deceso elevó a nueve el número presos político muertos bajo custodia estatal. Le precedieron desde el año 2015 hasta agosto de 2021: Nelson Martínez, Salvador Fernando Franco, Pedro Pablo De San Lu Santana Carballo, Rafael Acosta Arévalo, Fernando Alberto Albán, Rafael Eduardo Arreaza Soto, Carlos Andrés García y Rodolfo Pedro González Martínez[2].

   De estas muertes es bastante significativa la del exconcejal del municipio Libertador de Caracas por el partido Primero Justicia, Fernando Albán, la cual ocurrió el 8 de octubre de 2018 cuando cayó de unos de los últimos pisos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Aunque en un principio las autoridades insistieron en que se trataba de un suicidio, la oposición venezolana denunció que lo habían lanzado sus torturadores. El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, quien se hizo eco de esta tesis desde un principio, cambió su versión en 2021 cuando acusó “homicidio culposo” por parte de sus custodios[3]. Un viraje que, de acuerdo a la opinión de no pocos, obedece más a un intento de evitar que la Corte Penal Internacional abra un caso contra el régimen de Nicolás Maduro en razón de su política de violación a los Derechos Humanos, que de un afán de justicia.

La 'joya' de la corona

  Del castigo a la disidencia a los adversarios políticos, catalogados más bien como “enemigos” por el chavismo, tal vez que haya tenido mayor relevancia derivada de la repercusión internacional que tuvo, fue el del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, tenido como “la joya de la corona” pues, por años, fue moneda de cambio en las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

  Para Hugo Chávez resultó ser un sujeto incómodo, dado que su gestión en la administración pública adquirió notoriedad, incluso internacional y por ello maniobró para truncar su acceso a nuevas posiciones de poder promoviendo su inhabilitación política. Chávez tampoco olvidaba el papel de López en el golpe de estado de abril de 2002.

   El pleito entre López y el chavismo tuvo su clímax ya en tiempos de Nicolás Maduro, cuando su marcado espíritu confrontacional derivó en acusaciones penales en su contra que concluyeron en un juicio sin garantías de ningún tipo que lo condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión[4].

   El propio fiscal del caso, Franklin Nieves, huyó a los Estados Unidos poco tiempo después y denunció que el juicio a López había sido una farsa y aseguró que la orden de su detención y enjuiciamiento provino directamente de Nicolás Maduro[5].

No solamente los adversarios políticos

   El castigo a la disidencia no se limita a los rivales del chavismo militantes de la oposición, sino que ha restado dirigido a quienes, perteneciendo a las filas del oficialismo, han osado manifestar su descontento o desacuerdo con las políticas del gobierno.

   El caso del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la defensa del gobierno de Hugo Chávez, es quizás el más emblemático e ilustrativo de esta situación. Quien fuera el responsable de la restitución de Hugo Chávez en el poder luego del golpe de estado que lo sacó de la presidencia durante 48 horas en 2002, murió en una celda el 12 de octubre de 2021 en brazos de su hijo —también preso político— Josnar Adolfo Baduel, en las instalaciones del servicio de inteligencia venezolano en la sede que se conoce como El Helicoide. La fiscalía dijo que el deceso fue por causa del Covid-19 sin que a la par haya explicado por qué, entonces, no estaba en un centro de salud[6].

   Chávez no le perdonó a Baduel el haber denunciado la intención totalitaria de su mandato, ni su oposición a la reforma constitucional propuesta por el finado mandatario en 2007. La venganza por esto se materializó en 2009, cuando el militar fue arrestado y condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción[7]. En mayo de 2015 salió de la cárcel gracias a una medida de libertad condicional, pero fue nuevamente encarcelado en 2017.

Arremetida a los opositores

   En 2017, cuando el pueblo venezolano se lanzó a las calles en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de usurpar las funciones y poderes de la Asamblea Nacional, titular del Poder Legislativo, de mayoría opositora luego de que la ciudadanía se pronunciara en favor de la disidencia política en los comicios parlamentarios de 2015. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a los reclamos populares fue la violencia y brutalidad a niveles de extremo. “(…) la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela”, refirieron Human Rights Watch y el Foro Penal en un informe denominado “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, publicado el 29 de noviembre del referido año.

   El informe documentó 88 casos en los que se vieron afectados 314 personas que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre de 2017 por parte de fuerzas de seguridad estatal y por los grupos paramilitares conocidos en Venezuela como “colectivos” en 13 estados del país. El reporte advierte que no se trata de casos aislados, ni fueron el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que forman parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.

  En este último sentido, HRW y el Foro Penal indican en el informe que sus conclusiones coinciden con las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), fechado en agosto de 2017 alertando la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en Venezuela. El ACNUDH manifestó en su informe que identificó ‘un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes’, así como ‘un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas’”.

   El informe da cuenta de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos en las protestas, detenciones y juicios arbitrarios, uso excesivo de la fuerza pública, así como de la falta de rendición de cuentas y responsabilidad por parte de altos funcionarios gubernamentales. Una situación que respondería al hecho de que “Desde que en el 2004 el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional de entonces tomaron el control político del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el poder judicial ha dejado de actuar como rama independiente del Estado, como freno ante los abusos de poder por parte del ejecutivo y como garante de derechos fundamentales”.

   Cita el caso de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, antigua aliada del chavismo del que se distanció a comienzos de 2017. Tal cambio de actitud le valió el puesto, siendo destituida por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista que la reemplazó por un partidario oficialista, a saber, Tarek William Saab[8].

  El representante chavista del Ministerio Público ha devenido en gendarme del régimen valiéndose de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con instrumento para arremeter en contra de todo aquel que se muestre en desacuerdo de la gestión chavista.

  Desde entonces, la política de acabar con la disidencia política por los métodos que sea ha ido in crescendo, multiplicándose las llamadas “desapariciones forzadas” como método de control dirigido a mantener en el carril al movimiento opositor y es que, en Venezuela, pensar distinto es un delito.

REFERECIAS

[1] Foro Penal. https://foropenal.com/

[2] Foro Penal. “Reporte sobre la represión en Venezuela. Agosto 2021”. 6 de octubre de 2021. https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-agosto-2021/

[3] Infobae. “Quiénes son los 10 presos políticos del régimen de Maduro que murieron bajo custodia en Venezuela desde 2014”. 13 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/13/quienes-son-los-10-presos-politicos-del-regimen-de-maduro-que-murieron-bajo-custodia-en-venezuela-desde-2014/

[4] El País. “La Justicia venezolana condena a Leopoldo López a 13 años de prisión”. 11 de septiembre de 2015. https://elpais.com/internacional/2015/09/10/actualidad/1441891200_087531.html

[5] El Nacional. “Franklin Nieves: "La orden de detener a Leopoldo López partió directamente de Maduro". 1 de noviembre de 2015. https://web.archive.org/web/20160303222030/http://www.el-nacional.com/presos_politicos/Franklin-Nieves-Leopoldo-Lopez-Maduro_0_730726939.html

[6] DW. “Venezuela: muere en prisión Raúl Isaías Baduel, considerado ‘preso político’". 13 de octubre de 2021. https://www.dw.com/es/venezuela-muere-en-prisi%C3%B3n-ra%C3%BAl-isa%C3%ADas-baduel-considerado-preso-pol%C3%ADtico/a-59487079

[7] Notiamérica. “La Justicia venezolana condena a 7 años y 11 meses de cárcel al ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel”. 8 de mayo de 2010. https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-justicia-venezolana-condena-anos-11-meses-carcel-ex-ministro-defensa-raul-isaias-baduel-20100508061425.html

[8] HRW. “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”. 29 de noviembre de 2017. https://www.hrw.org/es/report/2017/11/30/arremetida-contra-opositores/brutalidad-tortura-y-persecucion-politica-en

Unión Africana niega apoyo a régimen de Maduro y presenta protesta ante embajada venezolana

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Documentos en nuestro poder muestran que la Oficina del Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana presentó ante la Embajada de Venezuela en Etiopía una nota de protesta por la publicación de un mensaje, emitido por la cancillería venezolana en su cuenta en la red social Twitter, en el que agradecían un supuesto pronunciamiento de Thomas Kwesi Quartey en favor del gobierno de Nicolás Maduro.

El diplomático de la UA expresó su malestar por lo informado por el gobierno venezolano el pasado 31 de enero de 2019 en el que se afirmaba que “El vicepresidente de la Unión Africana, Thomas Kwesi Quartey, envió un mensaje de solidaridad con el pueblo de Venezuela y de apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro”, lo cual negó tajantemente.

La nota de protesta de Thomas Kwesi Quartey fue entregada a las autoridades venezolanas a través de la Embajada del país en Etiopía.

 En la referida nota se lee que “La Oficina por este medio protesta y niega en términos firmes e inequívocos que cualquier mensaje de este tipo fue transmitido por o en nombre del Vicepresidente a través de H.E. El embajador ante las autoridades venezolanas”.

Ante esta situación, exigió que la embajada venezolana en Addis Abeba se retracte de manera inmediata de sus afirmaciones y rectifique la errónea información emitida.

Pudimos conocer que la protesta tiene su origen en los hechos ocurridos el pasado 30 de enero, luego de que el integrante de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Modesto Ruiz Espinoza, fuera designado Encargado de Negocios Ad Hoc en la Embajada en Etiopía y en la citada fecha sostuviera un encuentro con el vicepresidente de la Unión Africana, Thomas Kwesi Quartey, a solicitud de la sede diplomática de Venezuela.

Ruiz Espinoza, desde esta posición — Encargado de Negocios Ad Hoc— sustituye a Luis Mariano Joubertt Mata, quien por casi 13 años representó a Venezuela en el país africano.

Durante la entrevista cuyo objetivo fue tener un primer encuentro, Modesto Ruiz Espinoza y Kwesi Quartey conversaron sobre temas de interés general. El venezolano habría consultado al diplomático si la Unión Africana tenía una posición manifiesta sobre la situación que actualmente vive Venezuela, habiendo sido la respuesta absolutamente negativa, advirtiéndose que de haber un pronunciamiento en este sentido se formularía a través de un comunicado oficial.

Se supo que Modesto Ruiz Espinoza solicitó tomarse una fotografía con Thomas Kwesi Quartey, lo cual por lo general no está permitido, pero finalmente accedió al ruego del venezolano quien en horas de la tarde procedió a publicarla en la cuenta @CacaoOderi de la red Twitter (esta publicación fue borrada).

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Ex tesorero de Hugo Chávez se declara culpable de lavado de dinero en tribunal de EE. UU.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El ex tesorero nacional del gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez, Alejandro Andrade se declaró culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en una audiencia en la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida. Andrade fue acusado por los fiscales estadounidenses de haber usado su alta posición como funcionario público para favorecer un enorme entramado de corrupción que permitió la expoliación de miles de millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano.

En un documento, dado a conocer por las autoridades norteamericanas, Andrade asume la responsabilidad de los delitos imputados y acuerda cooperar con el gobierno de los Estados Unidos, suministrando toda la información requerida para evidenciar las acusaciones contra varios funcionarios y miembros de la  llamada boliburguesía venezolana.

Con está declaración de culpabilidad y su aceptación para colaborar plenamente Andrade deberá comparecer como testigo en posibles juicios que se hagan a otros conspiradores y cualquier solicitud que haga el Departamento de Justicia estadounidense sobre casos asociados a su gestión.

Andrade es el funcionario número uno en una acusación que se sigue contra el presidente del canal de noticias venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, quien junto a otros conspiradores habrían robado millones de dólares bajo la complicidad de los funcionarios del gobierno entre los años 2011 al 2017.

El acusado era tesorero de la nación en 2010 cuando se inició la conspiración y de acuerdo a los fiscales habría recibido más de mil millones de dólares en sobornos por parte de Raúl Gorrín y otros conspiradores para facilitar las transacciones fraudulentas y no intervenir en el proceso de corrupción que generó enormes pérdidas para las finanzas del estado.

Gorrín pagó sobornos, incluyendo facturas de mil dólares por arreglos a casas, servicios de veterinarios, transporte de caballos de paso, compra de bienes inmuebles, yates, aviones, jets de lujo, vacaciones.

Seguiremos informando....

Conoce los puntos claves del juicio del 'Chapo' Guzmán

En estas líneas resumimos  lo que ha sido el proceso judicial de Joaquín Guzmán, las claves y puntos más importantes del que se tiene como el juicio más importante de los últimos tiempos en los Estados Unidos.

Por Maibort Petit

@Maibort Petit 

Las actividades criminales supuestamente cometidas por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como el “Chapo Guzmán”, siempre lo enfrentaron a la posibilidad de verse cara a cara con el sistema judicial de los Estados Unidos —país en el que han tenido una amplia repercusión sus actividades delictivas— un hecho que comenzó a materializarse al momento de su captura. El problema ha estado en que el famoso narcotraficante, a la par de su habilidad para llevar su oscuro negocio, también ha demostrado una gran maestría para evadir tal encuentro, pues sus ya múltiples aprehensiones han estado acompañadas de espectaculares fugas que le permitieron postergar lo que ya en la actualidad es un hecho inminente: su enjuiciamiento en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

La primera de las capturas del líder del Cártel de Sinaloa tuvo lugar el 10 de junio de 1993, cuando las autoridades mexicanas anunciaron su detención en Guatemala y luego de un proceso judicial fue condenado a pagar 20 años de prisión en 1995, cárcel de la que se evadió el 19 de enero de 2001, aun cuando estaba confinado en una de las dos prisiones de máxima seguridad de México, la cárcel de El Altiplano y el penal de Puente Grande en Jalisco, de donde salió escondido, al aparecer, en un carro de lavandería.

Posteriormente, en 2012, cuando la policía federal de México se encontraba a punto de atraparlo en la mansión donde se encontraba en la costa de Los Cabos, el Chapo Guzmán logró burlar a las autoridades. 

Pudo permanecer en libertad hasta el 22 de febrero de 2014, cuando la Armada mexicana lo capturó en un condominio en Mazatlán, luego de haber escapado previamente a través de un conjunto de túneles en Culiacán, estado de Sinaloa.

Pero de esta también se libró el 11 de 2015, al escapar de la prisión de máxima seguridad del estado de México por un túnel de 1,5 kilómetros de largo. Nuevamente la Armada mexicana lo aprehendió el 8 de enero de 2016 y el gobierno del país azteca lo extraditó a los Estados Unidos el 19 de enero de  2017[1]. No pudo escapar esta vez —pese a las múltiples acciones jurídicas que llevó a cabo para evitar su traslado a los EE. UU.—, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México le negó tal posibilidad.

La condición del gobierno de México para su entrega a Estados Unidos fue una sola: el compromiso de que no será sentenciado a la pena capital, tal como lo establece el tratado sobre extradiciones entre ambos naciones.

En EE. UU. seis estados se lo disputaban: Nueva York, California, Texas, Arizona, Illinois y Florida.

Se acordó que el periplo judicial de Joaquín Guzmán Loera se iniciaría en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn, en Nueva York.

El juicio del siglo

Ya en tierra estadounidense y bajo estrictas medidas de seguridad que dificultarán enormemente que Guzmán Loera muestre sus artes escapistas, el caso de este narcotraficante se erige como el más importante de la historia criminal de los Estados Unidos, según expertos y fiscales. De hecho, las autoridades lo calificaron como "el criminal más notorio de los tiempos modernos".

A los fiscales del Distrito Este de Nueva York les corresponderá probar, más allá de toda duda razonable, el porqué de estimar a Joaquín Guzmán Loera como el más grande delincuente al que haya procesado la justicia estadounidense. En sus hombros descansa la tarea de demostrar que este hombre fue el responsable de introducir toneladas de cocaína a EE. UU., valiéndose para ello de la más grande violencia.

A los que se enfrenta: los cargos

El 11 de mayo de 2016, un gran jurado del Distrito Este de Nueva York le dio el visto bueno a la acusación contra Guzmán Loera formulada por el gobierno y que comprende más de veinte años de conducta criminal en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, de los artículos 848 (a), 848 (b) y 848 (c). 

Se le señaló de haber participado “en una conspiración internacional para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana, a sabiendas y con la intención de que los estupefacientes serían ilegalmente importados en los Estados Unidos, en violación del Título 21, Código estadounidense”[2].

Inicialmente se le habían imputado 17 cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato, de los cuales seis fueron eliminados por parte de los fiscales para imprimirle celeridad al proceso judicial. Una reducción que poco o nada cambia la esencia de los delitos que enfrenta el líder del cartel del Pacífico, como también se le conoce[3].

El juez de la causa, Brian Cogan, instruyó a los fiscales que replantearan las acusaciones para no extender el juicio más de lo necesario. Precisó que en lugar de que los fiscales sustentaran el caso en múltiples homicidios, solicitó abocarse al tráfico de drogas. 

En lugar de que los fiscales basen su caso en múltiples casos de homicidio —al menos 33 según la última revisión— el juez pidió que los cargos principales sean los de tráfico de drogas. "Este es un juicio de conspiración para traficar drogas, no de conspiración para asesinar", advirtió y giró la orden: "Tomen los cargos más sólidos y recorten el resto".

Fue así como de los 17 cargos el proceso se redujo a la búsqueda de evidencia para comprobar once: 8 cargos relacionados con el delito de asociación para fabricar, importar y distribuir cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas; un cargo relativo al delito de ser miembro de una organización criminal; un cargo por el uso de armas de fuego con fines criminales; y un cargo por lavado de dinero[4].

De este modo, los representantes del gobierno de los Estados Unidos deberán demostrar ante el jurado que dictaminará la culpabilidad o inocencia de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, que este fue responsable de dirigir una empresa que entre los años 1989 y 2014, importó y distribuyó toneladas de narcóticos ilegales al norte del Río Bravo. Se señala de haber obtenido ganancias por millones de dólares por su actividad de narcotráfico hacia los EE. UU. 

Y aunque, como apuntamos, estos cargos fueron descartados, no cesa de recordarse que el Chapo Guzmán supuestamente sería responsable de conspirar para asesinar a las personas que significaban una amenaza para sus actividades criminales. 

Hay que apuntar que este hombre presuntamente sería el dueño de cerca de 200 mil kilos de cocaína vinculada al cártel de Sinaloa, un hecho del que ha presumido no pocas veces, una de ellas durante una entrevista concedida a la revista Rolling Stone cuando se vanaglorió de su actividad: “Yo trafico más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Tengo una flota de submarinos, aviones, camiones y botes”[5].

También se le imputan el delito de negociar ilegalmente armas, así como de legitimar capitales provenientes del contrabando masivo de unos 14 mil millones de dólares en efectivo, desde Estados Unidos y Canadá hacia México. 

De la enorme cantidad de hechos delictivos cometidos por el Chapo Guzmán, los fiscales en Estados Unidos se han concentrado en el tráfico de drogas con homicidios.

La escogencia del jurado

El 5 de noviembre de 2018 se inició el proceso de selección del jurado que tendrá la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

Una actividad que estuvo restringida a muy pocos: el acusado, la defensa, los fiscales, los agentes de seguridad y cinco periodistas.

La idea de esto, solo una, mantener en la mayor reserva posible, la identidad de los jurados.

La escogencia se llevó a cabo entre un poco más de cien candidatos, de los cuales sólo doce principales y seis suplentes conformarán el panel.

La selección fue un proceso riguroso pero no por eso exento de hechos curiosos y llamativos. En cada una de las jornadas realizadas, los potenciales jurados debieron contestar preguntas formuladas por el juez y esclarecer las dudas expresadas por los fiscales y los abogados defensores. Eran llevados a la sala por grupos y allí escucharon al juez hablar sobre la carga de la prueba, las responsabilidades del jurado, las evidencias, la presunción de inocencia, entre otros aspectos.

Fueron especialmente consultados acerca de sus opiniones sobre las drogas, su opinión respecto al acusado, su fluidez con el español, sus puntos de vista sobre la policía y los testigos cooperantes.

Entre los candidatos fue posible ver a un imitador profesional de Michael Jackson, quien finalmente fue descartado ante la posibilidad muy cierta de poder ser identificado con facilidad. El hombre advirtió, además, que no podría sobrevivir con los USD 50 diarios que recibirán los jurados como paga por sus servicios.

Una mujer dijo conocer del caso en razón de que veía telenovelas y así se enteró que el demandado tenía algo que ver con la actriz mexicana, Kate Del Castillo.

Otra mujer dijo conocer del acusado en virtud de haber visto la serie televisiva Narcos que transmitió Netflix.

Hubo, incluso, un candidato que intentó, a través de un  oficial de seguridad del acusado, obtener un autógrafo del Chapo Guzmán. Consultado al respecto por el juez Cogan, el hombre —de origen colombiano— manifestó ser “un poco su fan”[6].

Pero la selección del jurado también estuvo determinada por el miedo de que muchos de los candidatos eran presa por las represalias que pudieran tomarse contra ellos por parte de miembros de los carteles de la droga[7].

Finalmente, el 7 de noviembre, quedó conformado el jurado principal, el cual está integrado por siete mujeres y cinco hombres, mientras los suplentes son cuatro mujeres y dos hombres.

El panel lo integrarán ciudadanos de edades comprendidas entre los 20 y 30 años, así como adultos de entre 50 y 60. Hay personas que trabajan en la industria de los medios, en líneas aéreas y hasta un miembro del equipo de la demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez.

Hay afroamericanos, personas que hablan español, un inmigrante del sudeste asiático de mediana edad cuyo hijo trabaja en la policía de Nueva York y una mujer etíope de unos 50 años, entre otros[8].

Otros detalles y hechos llamativos

De acuerdo a los manejan los fiscales, Joaquín Guzmán Loera a través de su empresa —el cartel de Sinaloa— habría obtenido entre 1989 y 2014, ganancias que calculan en unos USD 14 mil millones, cantidad que esperan poder confiscar. Una tarea que los especialistas consideran nada fácil de cumplir, por cuanto será muy cuesta arriba determinar el destino de este dinero.

Según el gobierno, el acusado ha trabajado para construir y mantener su imperio de drogas con suplidores de Colombia, así como con colaboradores en varios países de Latinoamérica, entre ellos, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, México.

Y si de dinero se trata, los gastos que el proceso judicial en sí conlleva no dejan de ser algo digno de investigar, pues el gobierno de los Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos ni recursos en las investigaciones que han tenido lugar durante años y ahora durante el juicio en el que todo un aparataje de seguridad se ha desplegado en torno a la figura del famoso narcotraficante.

No se ha ofrecido información de cifras, pero desde ya se maneja que se trata de uno de los procesos más costosos de la historia judicial estadounidense.

El record de escapes del Chapo Guzmán ha sido determinante a la hora de justificar el régimen de de aislamiento en que se le mantiene durante 23 horas al día, permitiéndosele sólo una hora para ejercitarse.

Se maneja la especie de que Guzmán Loera pudiera permanecer recluido en el propio tribunal durante el tiempo que dure el juicio.

Otro asunto que se ha manejado con cautela y se ha convertido en un verdadero misterio, es el relativo a los testigos del caso, cuya identidad se mantiene en el más absoluto secreto. La razón aducida al respecto es el riesgo que corren las personas que prestarán testimonio y a quienes es menester garantizarles la vida. Se cree que algunas de estas personas están en programas de protección o en unidades penitenciarias especiales. Aun así, persiste el temor de que puedan ser asesinados.

Algo que tuvo mucho eco en los medios de comunicación fue la solicitud que formularan los abogados de Joaquín Guzmán al juez Cogan para que le permitiera al acusado abrazar a su esposa, Emma Coronel Aispuro, el 13 de noviembre justo antes de comenzar la presentación de los argumentos de apertura del juicio. 

En una carta, la abogada Mariel Colón Miró le expuso al magistrado que el breve abrazo podía tener lugar en la sala abierta e inclusive separados por la barandilla de la corte y no durar más de unos pocos segundos.

Para la defensa esto, en lo absoluto, representaría una amenaza a la seguridad, no facilitaría ninguna actividad delictiva y podría hacerse en presencia de fiscales, abogados defensores y alguaciles de los Estados Unidos.

El juez negó esta posibilidad.

La apertura del juicio

Como ya se dijo líneas arriba, los argumentos de apertura del juicio de Joaquín Guzmán tendrán lugar por parte de la fiscalía, el 13 de noviembre de 2018, siendo el paso siguiente la presentación de la enorme lista de testigos que tiene el gobierno para demostrar la culpabilidad del acusado.

Pero aún hay mucho que contar en esta historia en la que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el “Chapo Guzmán”, se enfrenta a la posibilidad de pasar el resto de su vida en la cárcel al poder recibir, en caso de ser declarado culpable, una sentencia de cadena perpetua.

Notas citadas

[1] Excélsior. “Fechas clave: las persecuciones, detenciones y fugas de ‘El Chapo’”. 19 de enero de 2017. https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/19/1067684

[2] Venezuela Política. “El Chapo Guzmán ganó 14 billones de dólares con el tráfico de drogas en los EEUU”. 25 de enero de 2017. https://maibortpetit.blogspot.com/2017/01/el-chapo-guzman-gano-14-billones-de.html

[3] Uno TV. “Eliminan 6 de 17 cargos contra El Chapo Guzmán en Estados Unidos”. 22 de octubre de 2018. https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/eliminan-6-de-17-cargos-contra-el-chapo-guzmn-en-estados-unidos-209097/

[4] BBC Mundo. “El juicio de El Chapo: de qué se acusa exactamente a Joaquín Guzmán y por qué se le juzga en EE.UU. y no en México”. 5 de noviembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46078506

[5] Perú.com. “Joaquín El Chapo Guzmán y la entrevista que le brindó a Sean Penn”. 10 de enero de 2016. https://peru.com/entretenimiento/celebrities/joaquin-chapo-guzman-y-entrevista-que-le-brindo-sean-penn-noticia-432621

[6] Venezuela Política. “Potencial jurado del Chapo intentó conseguir un autógrafo del capo mexicano”. 6 de noviembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/11/segundo-dia-de-seleccion-del-jurado.html

[7] Venezuela Política. “Potenciales jurados del "Chapo" Guzmán confiesan tener miedo a represalias”. 6 de noviembre de 2018. http://maibortpetit.blogspot.com/2018/11/juicio-el-chapo-guzman-juez-cita-los-40.html

[8] Venezuela Política. “Siete mujeres y cinco hombres serán los encargados de emitir el veredicto sobre del 'Chapo' Guzmán”. 7 de noviembre de 2018. https://maibortpetit.blogspot.com/2018/11/siete-mujer-y-cinco-hombres-seran-los.html