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miércoles, 16 de junio de 2021

Caso contra Tareck El Aissami en Nueva York se maneja con suma discreción y hermetismo

  A lo largo del proceso han prevalecido las solicitudes por mantener bajo sello diversas diligencias de la causa.

Por Maibort Petit

   Pese a que el caso repercute una amplia sonoridad mediática, las diversas diligencias judiciales que, entre la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la Corte homónima y los abogados de las partes involucradas en la causa que los Estados Unidos mantiene contra Tareck Zaidan El Aissami Maddah, su socio Samark José López Bello y Joselit Ramírez Camacho, han procurado llevarse a cabo con la mayor discreción y manteniendo bajo sello muchas de las acciones emprendidas en el mismo.

   El actual ministro del Poder Popular de Petróleo de la administración de Nicolás Maduro, fue acusado de tráfico de drogas y de evadir las sanciones de febrero de 2017 al contratar empresas estadounidenses para brindar servicios de jet privado, incluido un viaje de regreso el 23 de febrero a Venezuela desde Rusia.

Más tiempo para el descubrimiento

   El 23 de julio de 2019, el juez para el Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó la suspensión de una conferencia pautada para el 25 de julio de 2019 en el caso que los Estados Unidos mantienen en dicho tribunal contra Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Joselit Ramírez Camacho y Samark José López Bello, dejando postergado el encuentro hasta el 10 de septiembre de 2019.

    Igualmente, Hellerstein ordenó que el tiempo entre el 25 de julio de 2019 y el 23 de septiembre de 2019 fuera excluido en interés de la justicia en virtud de la Ley de Juicio Rápido, 18 U.S.C. $ 3161 (h) (7) (A), y para permitir a los acusados tiempo adicional para revisar el voluminoso descubrimiento.

    El tribunal concluyó que los fines de la justicia alcanzados por esta exclusión del tiempo superaban los intereses del público y de los acusados en un juicio rápido.

Acusación sustitutiva bajo sello

   El 24 de marzo de 2020, el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Geofrey S. Berman, se dirigió por correo electrónico al juez del distrito homónimo, Alvin K. Hellerstein, para solicitar la presentación de bajo sello la acusación sustitutiva y las órdenes de arresto asociadas al caso que los Estados Unidos mantiene en dicha instancia judicial contra Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Joselit Ramírez Camacho y Samark José López Bello, los cuales estaban previstos para abrirse a partir del 26 de marzo de 2020 a las 8:30 a.m.

  Le recordó el fiscal Berman al juez, Alvin K. Hellerstein que, a modo de antecedentes, el 13 de marzo de 2020,un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York devolvió la Acusación sustitutiva contra El Aissami Maddah y Joselit Ramírez Camacho de (i) conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros y las reglamentaciones relacionadas promulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC); (ii) conspirar para cometer blanqueo de capitales; y (iii) violaciones sustantivas de la Ley Kingpin.

   Refería la acusación que el acusado Samark Jose Lopez Bello —previamente imputado— también fue acusado en la Acusación sustitutiva de (i) conspirar para violar la IEEPA, la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas promulgadas por la OFAC; y (ii) violaciones sustantivas de la Ley Kingpin.

  En tal sentido, el gobierno le anticipó al juez que el citado 26 de marzo de 2020, anunciaría los cargos mencionados anteriormente y las recompensas asociadas del Departamento de Estado de los EE. UU. Esto en previsión de la la consecución información que condujera a la captura y/o enjuiciamiento de algunos de los acusados.

   Por lo expuesto, el fiscal Berman le pidió al juez ordenar la apertura de los referidos documentos asociadas a partir del 26 de marzo de 2020 y que estos permanecieran sellados. Así fue ordenado por el magistrado.

Presentación sellada

   El 22 de septiembre de 2020, la fiscal en funciones del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, le remitió por vía de correo electrónico al al juez Alvin K. Hellerstein, una comunicación en la que solicitaba llevar a cabo la presentación del caso que el gobierno mantiene contra Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Joselit Ramírez Camacho y Samark José López Bello, de manera sellada.

  Le manifestó la fiscal Strauss el juez Hellerstein, que el 19 de septiembre de 2020, la fuente confidencial utilizada en el caso había sido arrestada bajo cargos de hacer declaraciones falsas a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en relación con la causa.

   Refirió que si bien la fuente confidencial fue detenida el citado 19 de septiembre en el Distrito Sur de Florida, aún no había sido presentado por los cargos a la luz de un problema médico. Por ende, indicó la representante del gobierno que, en consecuencia, no había habido ningún reconocimiento público de que dicha fuente confidencial imputada en la Demanda tuviera alguna conexión con el caso Tareck El Aissami, Samark Bello y este caso en particular. El Gobierno aún no sabe si la aparición inicial en el Distrito Sur de Florida, o cualquier aparición posterior, requerirá que el Gobierno identifique la Fuente Confidencial como conectada al caso de Aissami Maddah, Ramírez Camacho y López Bello, por lo que era previsible que la fuente confidencial procurara mantener esa información no pública a la luz de posibles problemas de seguridad, incluida la participación de su familia que reside en Venezuela.

    Strauss observó al magistrado que los tres de los imputados en el caso continuaban prófugos en Venezuela.

  La fiscal requirió que cualquier discusión sobre la Fuente Confidencial o su arresto en la próxima conferencia de Michols Orsini Quintero no se le identificara por su nombre en razón de que la divulgación pública de esta carta la identificaría como el acusado acusado en la demanda adjunta.

Defensa de Orsini se acoge al sellado

  El 25 de septiembre de 2020, Sabrina P. Shroff, abogada de Michols Orsini Quintero, le remitió una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, para manifestarle que su representado no tenía la intención de hacer más objeciones a las presentaciones bajo sello presentadas por la fiscalía a través de tres cartas. Dos de ellas emitidas el 22 de septiembre y la otra el 23 de septiembre, las cuales les fueron proporcionados en su totalidad.


   Expuso que la posición de Orsini Quintero quedó informada por la representación del gobierno de que estos problemas de "sellado" bien pueden ser discutibles dada la presentación Alejandro Javier Marín en el Distrito Sur de Florida, la cual estaba programada para el 23 de septiembre de 2020. Indicó además la abogada que el litigio sobre el sellado también podía ser académico, en virtud de que agentes del gobierno realizaron una búsqueda en la compañía de aviación de Alejandro J. Marín para esa fecha y su arresto fue público.

   Sabrina P. Shroff advirtió al juez Hellerstein que continuarían objetando la demora en la presentación de Marín, la cual debía ser rápida y pública. La observación la hacía en razón de que estimaba que los resultados de la prueba COVID-19 de Marin no eran un impedimento para tales presentaciones telefónicas ahora rutinarias. Agregó que la fiscalía no había expresado ninguna otra preocupación o impedimento continuo para una presentación pública. “Sus preocupaciones anteriores no especificadas e incipientes por la seguridad parecen haberse disipado y esas preocupaciones no han sido confirmadas ni por el abogado ni por la familia de la fuente confidencial”, dejo sentado la abogada al magistrado.

  En tal sentido, Sabrina P. Shroff le pidió a la Corte que se asegurara de que el expediente público reflejara la presentación de las presentaciones "selladas" del gobierno y precisó que Orsini tenía la intención de presentar media hoja indicando la carta sellada a la Corte y sentenció para cerrar: “No creemos que se requiera el sellado, pero nos adherimos a los fallos de la Corte sobre el tema”. 

viernes, 7 de agosto de 2020

Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto

 Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, fijó para el 31 de agosto de 2020, la lectura de la sentencia de Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

    Los abogados defensores de Mones Coro, Christine H. Chung y Faith E. Gay, pidieron al juez, Alvin K. Hellerstein, que pospusiera la sentencia para el 28 de agosto de 2020, pero el juez decidió fijar la nueva fecha para el 31 del presente mes.

  La defensa había solicitado en marzo libertad bajo fianza alegando el temor por la pandemia del COVID-19. El magistrado Hellerstein la negó, fallando a favor de la solicitud de libertad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York .

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

  Los fiscales federales del caso dijeron al juez que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40 mil en efectivo, un avión privado y un bote".

  La Fiscalía sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país.

 Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos.

  Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala".

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos".

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado.

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

   Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

  Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

  De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían.

  Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

  Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

  La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Mones Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado, Es dueño de un avión privado y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados.

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

Los fiscales sostiene que Mones Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión.





Socio de Tarek El Aissami dio positivo en COVID-19 en una cárcel de Nueva York

Por Maibort Petit

   La defensa de Michols Orsini Quintero, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark López Bello, dijo al juez del Distrito Sur de Nueva York, que su cliente dió positivo en un examen de COVID-19 que le practicaron en la Centro Correccional Metropolitano (MCC), y por esa razón no pudo estar presente en la conferencia por video que se realizó por su caso.

  La abogada Sabrina P. Shroff pidió al juez, Alvin K. Hellerstein, que excluyera el tiempo que transcurre desde el 27 de julio en adelante del que establece la Ley de Juicio Rápido. 

  Sostuvo que la exclusión de ese tiempo permitirá a la defensa y al gobierno discutir  los elementos del caso antes del juicio.

  El magistrado, luego de un encuentro ocurrido el el 3 de agosto con las partes, fijó una audiencia antes del juicio para el 9 de septiembre 2020, para discutir los detalles necesarios del proceso. 


  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aárea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien piloteó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países. 

   En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios,  Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a  El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

   Orsini Quintero se declaró no culpable de los cargos y se prepara para ir a un juicio con jurado.

  La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

   La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo de 2020 por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

   Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

  El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

  El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

    El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.



martes, 22 de octubre de 2019

Juez de NY fija audiencia previa al juicio para los tres hombres acusados de violar sanciones impuestas por EE. UU. contra a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Este martes se fijó una nueva audiencia —previa al juicio— del caso de los tres ciudadanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). La nueva cita será el 3 de enero de 2020 y en la misma se acordará el calendario del juicio.

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Los tres individuos fueron arrestados en marzo de este año en el estado de la Florida. 

La audiencia de este martes tuvo que ser prorrogada debido a que en el piso 34 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se presentó un conato de incendio que obligó a desalojar el edificio. Una vez controlado el incidente, los abogados de la defensa y el fiscal estadounidense, Emil Bove se hicieron presentes en la sala el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein para acordar la nueva fecha de la audiencia, que busca aclarar todos los pasos del proceso que implica la entrega del descubrimiento (evidencias), y la aprobación del calendario para la selección del jurado y fechas de inicio del juicio que podría ser para el segundo semestre del 2020.   

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo del cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.
 Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal.


Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.


El Aissami y López Bello fueron acusados ​​cada uno de cinco cargos de eludir sanciones y violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, que se dirige a personas que se cree amenazan los intereses de la política económica y exterior de Estados Unidos.


El Aissami y Samark López fueron los primeros sujetos de las sanciones de la OFAC en febrero de 2017, por su presunta participación en el tráfico de drogas. En ese momento, varios de sus activos estaban congelados y los ciudadanos y las empresas de EE. UU. estaban bloqueados para realizar actividades comerciales con ellos.

El Aissami ha estado vinculado a narcotraficantes y delincuentes como los Zetas en México y el narcotraficante colombiano, Daniel "El Loco" Barrera, desde 2008 cuando operaba como ministro de relaciones interiores de Hugo Chávez. También se le ha asociado con grupos terroristas como Hezbolá, aunque estas conexiones aún no se han verificado por completo.