Por Maibort Petit
@maibortpetit
Un juez de Estados Unidos sentenció hoy lunes a un ciudadano libanés, a 42 meses de cárcel, por exportar ilegalmente piezas y tecnología de drones estadounidenses a la organización terrorista Hezbollah.
El Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers y la Fiscal Federal Erica H. MacDonald para el Distrito de Minnesota anunciaron la sentencia de Usama Darwich Hamade, tres años y medio de prisión, por conspirar para exportar ilegalmente bienes y tecnología en violación de la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA), las Regulaciones de la Administración de Exportaciones, la Ley de Control de Exportaciones de Armas y las Regulaciones del Tráfico Internacional de Armas.
La sentencia de Hamade fue dictada por el juez principal John R. Tunheim en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Minneapolis, Minnesota.
De acuerdo con la declaración de culpabilidad del acusado y los documentos presentados ante el tribunal, de 2009 a 2011, Hamade conspiró con otros para exportar bienes y tecnología de origen estadounidense, incluidas unidades de medición de inercia adecuadas para su uso en vehículos aéreos no tripulados , o "UAV", brújulas digitales adecuadas para UAV usar un motor a reacción, motores de pistón y binoculares de registro, sin obtener las licencias de exportación requeridas del Departamento de Comercio de los EE. UU. y el Departamento de Estado de los EE. UU., en violación de IEEPA, las Regulaciones de la Administración de Exportaciones, la Ley de Control de Exportaciones de Armas y las Regulaciones del tráfico internacional de armas.
Según la evidencia presentada por el gobierno, el beneficiario final de las acciones de Hamade fue la organización terrorista extranjera Hezbollah.
En febrero de 2018, Usama Darwich Hamade fue arrestado en su casa de Kempton Park. Su hermano, Issam Hamade, también fue procesado por la misma conspiración.
En el expediente aparece un tercer conspirador, Samir Ahmed Berro, de 64 años, que tiene ciudadanía libanesa y británica.
Este caso fue el resultado de una investigación realizada por el FBI, la Oficina de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio de EE. UU. E Investigaciones de Seguridad Nacional y fue procesado por los fiscales federales adjuntos John Docherty y David MacLaughlin y el abogado litigante David Recker de la División de Seguridad Nacional.
