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jueves, 29 de octubre de 2020

Caso de Tareck El Aissami en NY: el piloto Michols Orsini Quintero será juzgado en enero de 2021

Por Maibort Petit

   Un juez de Nueva York ordenó que el juicio del piloto, Michols Orsini se iniciará el 25 de enero de 2021, a la vez que pidió a los fiscales federales que agruparan a todos los acusados en el caso vinculado a Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez Camacho, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Alejandro Antonio Quintavalle Yrady "en una sóla  súper acusación para darle mayor estabilidad al proceso". 

  El juez Alvin K. Hellerstein recomendó a la fiscal, Amanda Houle que sería mejor incluir a Michols Orsini Quintero en la misma acusación, durante la audiencia virtual que se celebró el 23 de octubre para discutir los términos del proceso judicial.

  Los fiscales del caso, los abogados de Víctor Mones Coro y Michol Orsini Quintero discutieron sobre la necesidad de que los materiales considerados por el gobierno "delicados" para ser parte de los récords públicos, fueran entregados a la defensa de los dos demandados.

  La fiscal Houle dijo que no debían entregar información relacionada "con la condición médica de la fuente confidencial del gobierno", y sostuvo que "tenía una objeción para hacer entrega de la declaración de la fuente confidencial del gobierno porque hay un acuerdo entre el abogado de la fuente [ Alejandro J. Marín] y el gobierno", y que debía haber un privilegio entre los EE. UU. y su fuente, por ello "no es correcto que se haga una comunicación para los abogados de Orsini y Mones Coro".

  La fiscal sostuvo que la información sólo podrían verla los abogados, y que estaba de acuerdo con que la corte hiciera un estudio forensico de los materiales.

El caso

  Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). 

  Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Posteriormente, en noviembre de 2019, Víctor Mones Coro decidió declararse culpable de los cargos.

  Orsini Quintero es un piloto que está acusado ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

  En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;

(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas;

(3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; 

(4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y 

(5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

    De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

  Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

  De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

  Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

   El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

   La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.


   

miércoles, 28 de octubre de 2020

Juez de NY ordena a los fiscales entregar la información "favorable" a Víctor Mones Coro, vinculado a Tareck El Aissami, para que pueda usarla en su defensa

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, ordenó a los fiscales federales que entreguen a los abogados de Víctor Mones Coro toda la información que pueda ser favorable para su defensa, antes que sea sentenciado por los delitos relacionado con la violación de las sanciones que EE. UU. impuso contra el exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen de Venezuela, Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello. La decisión tiene que ver con nuevos elementos del caso vinculados al arresto de Alejandro Javier Marín, una fuente confidencial que está siendo juzgado por haber mentido a los agentes del gobierno estadounidense.

  Hellerstein basó su decisión en la Regla Federal de Procedimiento Penal 5 (f) que establecen las obligaciones de divulgación del gobierno bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   El juez dijo en su fallo que el Gobierno debe revelar a la defensa toda la información "favorable a un acusado" eso es "material para la culpabilidad o el castigo" que del conocimiento de los fiscales.

   "Esta obligación se aplica independientemente de si la información en sí misma constituiría admisible evidencia" advierte. 

   El Gobierno revelará dicha información a la defensa inmediatamente después del conocimiento de la decisión del tribunal, para que la defensa pueda hacer uso efectivo de la información en la preparación de su caso.

   Como parte de estas obligaciones, el Gobierno debe revelar cualquier información que pueda ser utilizada para impugnar el testimonio del juicio de un testigo del gobierno, que en este caso es el piloto Alejandro Javier Marín.

     El juez ordenó que la información debe ser divulgada a más tardar en una semana antes de la última conferencia previa al juicio para que el acusado pueda hacer uso efectivo de la misma en el juicio o en cualquier otro momento que la Corte pueda ordenar. 

  Las obligaciones anteriores son continuas y se aplican a los materiales que se conocen al Gobierno en el futuro. Además, "si la información está sujeta a divulgación, debe ser divulgado independientemente de si el Gobierno lo acredita.", advierte el juez.

   En el caso de que el Gobierno crea que la  divulgación de alguna información compromete la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, una aplicación de la ley sensible técnica, o cualquier otro interés sustancial del gobierno, puede solicitar al Tribunal la modificación de sus obligaciones, que pueden incluir revisión en cámara o retención o sujeción a una orden de protección toda o parte de la información que de otro modo estaría sujeta a divulgación.

  Para los propósitos de esta Orden, el Gobierno incluye todos los estados federales, estatales, actuales o anteriores y fiscales locales, agentes del orden y otros funcionarios que han participado en la investigación que condujo a, o enjuiciamiento, del delito o delitos con los que el demandado está acusado.

  La orden del juez sostiene que el Gobierno tiene la obligación  de buscar de esas fuentes toda la información sujeta a divulgación en virtud de esta Orden.

  Si el Gobierno no cumple con la Orden del juez, la Corte, además de ordenar producción de la información, puede:

(1) especificar los términos y condiciones de dicha producción;

(2) otorgar un aplazamiento;

(3) imponer sanciones probatorias;

(4) imponer sanciones a cualquier abogado responsable del Gobierno;

(5) desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena después del juicio o una declaración de culpabilidad; o

(6) ingresar cualquier otra orden que sea justa bajo las circunstancias.

La acusación


Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.


Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.


La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.


Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.


Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.


Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.


El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.


Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.


El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.


Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.


Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.


Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades de que el acusado huyó. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.


El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.


La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".


De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarán.


Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.


Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.


Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.


Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.


   El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.



lunes, 19 de octubre de 2020

Alexei Schacht será el abogado de Samark López Bello en Nueva York

 El abogado seleccionado por Samark López representó a Ali Kourani, un espía de Hezbollah que fue condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Manhattan.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un aviso ingresado en el expediente del caso contra Samark López Bello en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el célebre abogado penalista, Alexei Schacht fue admitido para poder recibir y ver las comunicaciones del caso que involucra a López Bello, Tareck El Aissami, Joselit Ramírez Camacho, Adel El Zabayar, entre otros.

  En una carta enviada por la Fiscalía de los Estados Unidos al juez,  Alvin K. Hellerstein se señala que el abogado Alexei Schacht presentó un aviso de comparecencia en el caso a nombre de Samark López Bello, quien sigue siendo un fugitivo en este caso.

     El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al tribunal que mantenga bajo sello una serie de comunicaciones relacionadas con Alejandro J. Marín, un piloto venezolano que actuaba como fuente confidencial de las agencias federales vinculadas al caso, y que fue acusado por haber mentido a los agentes sobre un dinero que formaba parte de una actividad encubierta. Ver detalles del caso aquí.

   Los fiscales señalan que Schacht aceptó recibir las comunicaciones bajo la única base que el Gobierno podrá tratar de realizar futuras presentaciones selladas en el caso que involucra a Alejandro Javier Marín, un piloto que fue arrestado por haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (HSI).  

   Reiteran los abogados del gobierno estadounidense que López Bello permanece en estatus de fugitivo y que existen  preocupaciones de seguridad relacionadas con la fuente confidencial, Alejandro J. Marín que será procesada en el mismo caso. 

   Los fiscales advierten que no está claro qué Schacht pueda tener una participación más amplia en el caso, dada la negativa de su cliente, Samark López Bello, de someterse a la autoridad de ese tribunal. 

  Los fiscales federales recordaron que de acuerdo a la doctrina, la desautorización del fugitivo priva al acusado de recurrir a los recursos de la Corte para la determinación de sus reclamos "mientras permanezca prófugo de la justicia". 

  "Un acusado que no se presenta en primera instancia o se fuga durante el curso del proceso penal viola la autoridad del tribunal no puede acceder a la documentación del proceso", acotaron los fiscales.

  Alexei Schacht tiene más de 20 años de experiencia en la defensa criminal de clientes en investigaciones gubernamentales, audiencias con grandes jurados, juicios con jurados, en tribunales, y apelaciones. 

  Según su página web, Schacht ha manejado asuntos que van desde la conspiración de narcóticos hasta el homicidio y el fraude de valores. A nivel comercial, trabaja con varias empresas de exploración de petróleo y gas, ayudando a negociar, estructurar y financiar acuerdos de producción compartida.

  Alexei Schacht fue el abogado del espía de Hezbollah, Ali Kourani, quien se mantuvo oculto en el Bronx por años. En diciembre de 2019, fue sentenciado a 40 años de prisión después de decirle a un juez de Nueva York que todavía simpatizaba con la organización terrorista.

  El caso de Ali Kourani representó la primera vez que un miembro de la Organización Jihad Islámica de Hezbollah fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos.  El fiscal federal adjunto de este caso,  Emil Bove, el mismo que está al frente del caso de Tareck El Aissami, Samark López, Adel El Zabayar  y Joselit Ramírez Camacho, entre otros.



viernes, 9 de octubre de 2020

OI European Group reclama acciones de CITGO para cobrar $500 millones de deuda

   Con acciones de la filial de PDVSA en territorio estadunidense la compañía quiere cobrarse la sentencia del laudo por USD 500 millones que la adeuda Venezuela por la expropiación de sus activos.

Por Maibort Petit

   Desde que Crystallex International Corp, con la bandera de la tesis del alter ego, logró que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que es posible cobrarse acreencias de Venezuela con bienes de la petrolera, se ha desatado una ola de acciones legales encaminadas a conseguir el cobro de deudas transitando la misma vía. Es el caso de OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois que, como otras, ha solicitado una orden de embargo contra las acciones de la corporación PDV Holding Inc., propiedad nominal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La empresa estadounidense Owens-Illinois Inc. fue expropiada de sus activos en Venezuela por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, y desde esa fecha mantiene una batalla legal para lograr el resarcimiento de la inversión a consecuencia de la decisión del ejecutivo venezolano.

  El 25 de julio de 2019 la empresa le pidió a un juez del Distrito de Columbia que le permitiera cobrarse un laudo con que la favoreció el tribunal de arbitraje del CIADI por USD 400 millones, a través de los activos venezolanos. Previamente, el 21 de mayo, la jueza de distrito de Washington DC, Amy Berman Jackson, confirmó el laudo de unos USD 500 millones, sin considerar la solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, de retrasar el procedimiento por 120 días.

  Está es la opinión del exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en #SinFiltros



  Fue también en 2019 cuando OI European Group B.V. presentó una moción que perseguía lograr el cobro de la sentencia del laudo con activos venezolanos en razón de la incapacidad para hacer que el gobierno de Venezuela cumpla con la decisión.

  Ante el Tribunal de Delaware, Owens-Illinois demandó el 11 de febrero de 2019 a cuatro empresas propiedad de Venezuela, entre ellas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CITGO, con el objetivo de cobrar el laudo.

El memorando suplementario

   En el Tribunal del Distrito de Delaware, OI European Group BV (OIEG) se presentó un Memorando suplementario en apoyo a su moción de reconsideración dirigida a modificar su orden anterior y así otorgar a la demandante un auto de embargo sobre acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues sostiene que esta última es controlada por la República Bolivariana de Venezuela, su deudora, es decir, la primera es un alter ego de la segunda.

  El pedimento agrega que, en caso de que la moción no sea concedida como cuestión de derecho, la Corte debe programar una audiencia lo antes posible “para abordar la abrumadora evidencia que muestra que PDVSA sigue siendo un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela”.

La argumentación

  Sostiene OIEG que la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo el control y dominio de PDVSA y se remite, en primer lugar, a lo expuesto en la decisión de la Corte del 9 de agosto de 2018 del caso Crystallex contra Venezuela, en la que citó que “en noviembre de 2017, PDVSA anunció: 'A partir de hoy, el mando de la industria petrolera pasa a manos del primer trabajador del país, Nicolás Maduro' (…). La Corte también señaló que uno de los objetivos declarados de PDVSA era 'garantizar el control del Estado sobre [PDVSA]' (…)”.

  Advierte que, para agosto de 2020, nada de esta situación ha cambiado y Nicolás Maduro continúa “comandando” PDVSA y controlando todos sus activos y operaciones, y desplegándolos con fines políticos, como activos del estado. “PDVSA, la entidad tal como existe y funciona hoy en día, continúa cediendo el control sobre sí misma al estado venezolano”.

  Refiere que la argumentación de Venezuela referente a que los hechos relevantes cambiaron después de 2018 porque en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, así como el señalamiento de que el gobierno en el exilio de Guaidó pretendía nombrar nuevos directores de PDVSA, ratifica la doctrina del alter ego.

   OIEG se remite a la jurisprudencia que advierte que “los hechos son primordiales para determinar cuándo el control es tan extenso que la separación entre entidades se desvanece como una distinción legal”. En este sentido, indica que, aunque EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como representante de Venezuela, otorgándole legitimación ante la Corte, los hechos demuestran que Guaidó no tiene poder real ni influencia sobre el estado venezolano o sus asuntos, como tampoco lo tiene el directorio nombrado por éste en PDVSA. Asegura que la petrolera estatal venezolana sigue sujeta a las sanciones de Estados Unidos y el régimen de Maduro manipula, domina y controla sus operaciones y activos no menos que en 2018. “PDVSA sigue siendo hoy lo que era entonces, un brazo del estado, totalmente bajo el control del estado”.

Continúa sujeción de PDVSA a las sanciones

  OI European Group BV refiere que, incluso, Estados Unidos reconoce que PDVSA es indistinguible de Venezuela BROV.

  Recuerda que desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro viene administrando sanciones contra Venezuela. Agrega que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela no estuvo acompañado de una relajación de dichas sanciones y, de hecho, con dictamen Crystallex I emitido en agosto de 2018, se amplió el alcance de la propiedad bloqueada por el régimen de sanciones y se reconoció explícitamente la superposición entre Venezuela y PDVSA.

  OIEG se remite a la Orden Ejecutiva 13857, emitida el 25 de enero de 2019, en la cual se modifica la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir explícitamente a PDVSA, mientras que la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, establece que la propiedad de Venezuela, incluida la propiedad de PDVSA, está "bloqueado y no puede ser transferida, pagada, exportada, retirada o negociada de otra manera" sin una licencia.

  El endurecimiento de las sanciones, por tanto, deja en claro que, aunque Estados Unidos reconozca a Guaidó como representante de Venezuela en los tribunales estadounidenses, PDVSA sigue bajo el control del estado venezolano.

Maduro al control de PDVSA

  El memorando de OIEG asegura que el régimen de Nicolás Maduro continúa controlando las operaciones y activos de PDVSA.

  En tal sentido cita lo expresado recientemente por un observador cercano de los hechos sobre el terreno en Venezuela, cuando manifestó que “la campaña para reemplazar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado (...) Mientras Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó afirman ser presidente, Maduro mantiene el control de activos clave, incluidos los militares, los medios de comunicación, la policía y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA”.

   Tajantemente asevera que el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos no ha cambiado nada en la relación entre Venezuela y PDVSA. “El régimen de Maduro nombra directores y funcionarios que realmente controlan las operaciones de PDVSA, y que lo hacen desde las oficinas, operaciones, sitio web y cuentas de Twitter de PDVSA. El régimen controla la imagen pública de PDVSA y sus representantes designados dominan las operaciones y los activos de PDVSA de manera tan completa que han transferido los activos de PDVSA a un tercero sin la autoridad, o incluso el conocimiento, del Directorio de Guaidó”.

   Como ejemplo de lo sostenido, hace mención al anuncio de PDVSA en su página web que expresó la intención de Maduro (en lugar de la Junta de Guaidó) de reestructurar la empresa para protegerla de los "ataques imperialistas". También el 27 de abril de 2020, Maduro instaló como presidente de PDVSA a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez y nombró como nuevo ministro de Petróleo a Tareck El Aissami, a quien ordenó reestructurar PDVSA.

  También Maduro ejerce un control directo sobre la distribución del petróleo de PDVSA nacional e internacionalmente.

  Se remite al portal Crónica Uno que informó el 27 de junio de 2020 que PDVSA, actuando no bajo el control de la junta de Guaidó, sino según lo ordenado por El Aissami y Chávez, rescindió los acuerdos con varias personas y empresas venezolanas que licenciaban estaciones de servicio, confiscándolos para el estado.

  El Aissami y Chávez asistieron a reuniones virtuales de la OPEP en representación de Venezuela y PDVSA.

  Igualmente, al haberse quedado Venezuela sin gasolina al no poder refinar su petróleo por la falta de bienes y materiales importados a la luz de las sanciones de Estados Unidos, ha recurrido al suministro de Irán y, en tal sentido, ha celebrado el arribo de petroleros iraníes a aguas territoriales venezolanas.

  Todo evidencia, según OIEG, que Maduro controla las operaciones comerciales ordinarias de PDVSA.

Uso político de PDVSA

  El memorando de OIEG dice que Maduro usa su control sobre PDVSA para socavar políticamente a Juan Guaidó y usa la propiedad de PDVSA como si fuera propiedad de Venezuela.

   Maduro utiliza regularmente la propiedad de PDVSA para promover la política exterior de Venezuela.

Guaidó no controla PDVSA

  OI European Group BV en el memorado presentado ante el tribunal asegura sin ambages que el directorio de PDVSA designado por Juan Guaidó es impotente, puesto que no tiene control de las operaciones y activos de la petrolera.

  El referido directorio no tiene control ni acceso a ninguna oficina o instalación de PDVSA, ni a las plataformas de redes sociales, sitio web o anuncios públicos de PDVSA.

  En contraste, Maduro hace anuncios en las oficinas de PDVSA y los propios comunicados de prensa de PDVSA emiten la política de su régimen.

  Los miembros de la Junta Directiva de Guaidó siguen sujetos a un proceso penal venezolano iniciado en 2019 bajo los auspicios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

  Como ejemplo de lo afirmado, el memorando refiere una transacción de mayo de 2020 que evidencia la absoluta irrelevancia del directorio de Guaidó para PDVSA, puesto que a través de su subsidiaria europea PDVSA Europa, la estatal vendió una participación significativa y valiosa en Nynas, una refinería de petróleo sueca. La junta de Guaidó se limitó a criticar la venta y admitió que "no se le informó de la venta de la empresa de una participación del 35% en la refinería sueca Nynas".

  Finaliza el memorado con la advertencia de que si existiera realmente un nuevo gobierno que realmente tuviera el control de Venezuela, el cambio de representante debería significar un viraje en los hechos que anteriormente respaldaban el alivio del alter ego, lo cual no es el caso. Subraya que Estados Unidos sabe que el “gobierno” por él reconocido no gobierna. Los hechos sobre el terreno muestran de manera abrumadora que PDVSA sigue estando dominada y controlada por el Estado venezolano.


  

jueves, 8 de octubre de 2020

Juez de Florida ordena traslado a Nueva York del piloto Alejandro J. Marín acusado de mentirle al gobierno de EE. UU.

  Por Maibort Petit

   El juez de la Florida, Lauren F. Louis ordenó al piloto venezolano, Alejandro J. Marín a comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde cursa una acusación en su contra por haber mentido a los agentes federales durante su colaboración con la justicia de los Estados Unidos.

   El juez Louis ordenó que el acusado permaneciera en custodia de los Alguaciles de los Estados Unidos después de su comparecencia en el tribunal federal de Miami.

 La orden del juez dice que el alguacil de los Estados Unidos debe transportar al acusado, junto con una copia de la orden de traslado a las autoridades en Nueva York. Una vez que Marín sea entregado ante la corte del Distrito Sur de NY,  el alguacil  notificará inmediatamente los fiscales federales y al secretario del tribunal sobre la  llegada del acusado para que se puedan programar con prontitud nuevos procedimientos. 

El caso

  El piloto venezolano, dueño de la empresa My Jet Saver (AOC), Alejandro J. Marín, fue arrestado el 19 de septiembre de 2020, en Miami acusado de haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Marín estaba colaborando con la justicia estadounidense, en el marco de una investigación que gira en torno a una trama de lavado de dinero presuntamente vinculada a los asociados del caso del Ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami.

  Alejandro J. Marín mintió a un agente de la agencia de Seguridad Nacional y la acusación federal incluye tres cargos. El caso es procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

  Alejandro J. Marín Aigster, CI. 11.310.389, nació en Venezuela el 7 de diciembre de 1973, y fue residente de El Cafetal, Municipio Baruta.

 Marín, de manera deliberada, habría "falsificado, ocultado y encubierto hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares".

  Marín fue acusado por las autoridades del Distrito Sur de Nueva York, el 18 de agosto de 2020 por haber hecho declaraciones y representaciones materialmente falsas, ficticias y fraudulentas, cuando un agente de Seguridad Nacional, le preguntó si había recibido alguna vez una suma de aproximadamente $ 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Como respuesta, Marín afirmó que no, cuando en realidad sí lo había recibido.

  Asimismo, a Marín se le acusa hacer una declaración falsa a un agente federal el 27 de agosto de 2020, cuando el acusado dijo a los oficiales federales, que una persona que forma parte de una investigación y que está identificada como "Individuo-1" "nunca le pidió permiso para tomar dinero de un paquete que contenía ganancias derivadas de actividades criminales". Según la acusación, Marín había acordado que el individuo-1 podría tomar fondos del paquete.

  El tercer cargo sostiene que el 27 de agosto de 2020, Marín le dijo a los agentes de la Seguridad Nacional (HSI) que nunca había preparado un paquete de dinero para el Individuo-1 cuando en los hechos sí lo había hecho.

 De acuerdo a una declaración jurada del agente especial de HSI, Timothy Mccann, quien está vinculado a la investigación y fue uno de los que habló con Marín y revisó los mensajes electrónicos del teléfono de acusado, así como los registros bancarios se determinó que hubo un desvío no revelado del producto del delito por parte del acusado a un asociado extranjero.

  En enero de 2018, Marín firmó un acuerdo para actuar como fuente confidencial de la agencia de Seguridad Nacional (HSI).

  Entre sus responsabilidades como fuente confidencial, Marín estaba comprometido a ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero.

 En la declaración dice que "En junio de 2018 como objetivo de la investigación se acordó transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado.

  Es decir, Marín debía recoger el dinero producto de las ganancias de las actividades ilícitas y desviar el avión donde se transportaba el dinero a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

  El 3 de julio de 2018, Marín envió a un agente de HSI una fotografía que mostraba seis paquetes, cada uno etiquetado con un nombre y una cantidad de dinero en euros . "El valor total de Euros que figura en los Paquetes fue de 1.297.500 Euros. Marín enumeró un paquete con la cantidad "999,400 Euros denominado "Paquete-1".

 Ese mismo 3 de julio de 2018 Marín intercambió mensajes electrónicos con un asociado extranjero denominado ("Individuo-1") indicando que le había enviado los referidos paquetes.

  Posteriormente, Marín escribió que un "socio de fútbol" asociado con el individuo-1 necesitaba “100 en efectivo” que serían reembolsados ​​a una empresa de su propiedad en aproximadamente un mes, acotando que "usted toma las decisiones" e indicándole "tómalo al tipo de cambio de hoy y ciérrelo con los primeros que tenga allí".

  La agencia estadounidense analizó las imágenes forenses de los teléfonos de Marín con su consentimiento en octubre de 2018 y abril de 2019 en los que aparecían los mensajes intercambiados entre Marín y la Individuo-1 en español.

  Cuando los agentes entrevistaron a Marín, en Nueva York, le advirtieron que es un crimen mentirle a un oficial de la HSI. En esa entrevista, Marín dijo que no había recuperado el dinero que faltaba en el Paquete 1 por parte del Individuo-1.

   Marín mintió a los agentes al afirmar que nunca le proporcionó el dinero en efectivo al Individuo 1, que nunca sacó del monto inicial una parte para entregarse al sujeto en cuestión.

   Pero el 28 de agosto de 2020, el agente Mccann recibió una llamada de Marín para declarar que, después de hablar con su contador había recordado que había recibido aproximadamente $ 130,000 del Individuo-1 como pago por el dinero que faltaba en el Paquete-1.

  En esa misma conversación Marín dijo que había recibido el mencionado monto de dinero a través de dos transferencias bancarias a su compañía My Jet Sarver en enero y junio de 2019, y que una parte del dinero se recibió de la Organización en nombre de Individual-1.

  Los agentes de la HSI pidieron que se arrestara a Marín por haber mentido. El acusado fue arrestado en concordancia con la orden de arresto el 19 de septiembre de 2020.

  Marín debía ser presentado ante el juez Jonathan Goodman, en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 23 de septiembre donde se le leería los cargos y se acordaría su trasladado a Nueva York que es la jurisdicción donde se sigue ese caso, pero cuando se le hizo el examen de COVID-19, el acusado resultó positivo y por ello fue confinado en una unidad de aislamiento en el Centro Federal de Detención (FDC) de Miami.

  Se tenía previsto que Marín apareciera por teleconferencia, pero el FDC Miami no ejecutó la llamada legal programada, lo cual generó un problema procesal por haber transcurrido 5 días en el que el acusado esté bajo custodia sin ser presentado al tribunal y sin tener contacto con un abogado en relación con sus asuntos legales pendientes.


lunes, 5 de octubre de 2020

Ley Antibloqueo faculta al jefe de Estado para actuar sin control

Se supeditan el resto de los poderes públicos al gobierno nacional.

Por Maibort Petit

   Lejos está de ser un compendio de retórica antimperialista y, por el contrario, la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos que se propone aprobar la Asamblea Nacional Constituyente, persigue dotar al presidente de la república de una serie de facultades que le permitirían hacerse de ingresos sin que para ello deba contar con el aval y control del resto de los poderes públicos.


   Este instrumento crea el contexto en el cual el mandatario puede tomar medidas económicas extraordinarias, tales como modificar la propiedad de las empresas mixtas o de las filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Lo peor, es que la ley crea un régimen transitorio en el que todas estas operaciones y negociaciones se podrán realizar en secreto y reserva, es decir, a espaldas del pueblo venezolano.

  Incluso, tal como ya ocurrió cuando se puso la mitad de CITGO como garantía de los bonos 2020, el ejecutivo nacional estará facultado para garantizar las operaciones o negociaciones que lleve a cabo, con aval de los activos de la república.

  La apertura al sector privado nacional o extranjero, le permitiría, por ejemplo, al presidente, entregar a estos el comercio de la gasolina.

  Es de hacer notar, que la ley elimina el control legislativo, siendo la medida de control, la referida al control posterior, la cual estará en manos de la Contraloría General de la república.

  Los primeros quince artículos de la ley contemplan aspectos relativos a las disposiciones generales de la Ley Antibloqueo, las cuales contemplan el objeto, ámbito de aplicación, finalidad, definiciones, los sujetos y bienes jurídicos objeto de protección de la ley, control, responsabilidades, entre otros.

El objeto de la ley

  El objeto de la Ley Antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los Derechos Humanos se establece en el primer artículo del instrumento legislativo que indica que la misma dicta el “marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por  otro  Estado  o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos, que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados contra el Derecho Internacional y, en su conjunto, constituyen crímenes de lesa humanidad”.

  En pocas palabras, se libra al gobierno nacional de todo control legislativo al otorgarle absolutas potestades para decidir materias de fundamental importancia para el país.

 Calificada como Ley Constitucional, una figura que no está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en el artículo 2 su ámbito de aplicación el cual. Abarcará a todas las ramas del Poder Público nacional, estadal y municipal.

Fines de la ley

  El instrumento legislativo estipula en su artículo 3 la finalidad de la ley, indicando en primer término, el garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano, frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad.

  Segundo, favorecer un desarrollo armónico de la economía nacional orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, en los términos previstos en la Constitución.

  Tercero, asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales, de conformidad con lo previsto en la Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por la República.

Sujetos y bienes jurídicos de protección

  Asimismo, el artículo 5 indica que la ley se orienta a proteger los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías; los derechos, intereses y patrimonio de la República; los derechos de terceros, incluidos otros Estados, inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República o con entidades donde esta tiene intereses patrimoniales; los principios y valores constitucionales y de Derecho Internacional Público.

Aspectos generales

  La ley se aplicará en conjunto con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional contempladas en las leyes de emergencia económica (artículo 6) y contextualiza la aplicación del artículo 152 de la Constitución que se refiere a las relaciones internacionales de la república, las cuales responden a los principios de soberanía y de los intereses del pueblo. En este sentido, el artículo 7 subraya que será el Poder Ejecutivo Nacional el órgano que “fijará en todo momento su posición inequívoca de repudio y condena a toda medida coercitiva unilateral y cualquier medida restrictiva o punitiva emitida como forma de coerción económica, política o social, que procure afectar los derechos de los pueblos libres y soberanos del mundo y retrasar o frustrar su desarrollo económico y social equitativo, constituyendo un grave atentado contra la paz y estabilidad internacional”.

  Es decir, limita todo pronunciamiento del resto de los poderes públicos, respecto a las sanciones.

  Es más, el artículo 10 supedita al resto de los poderes públicos al ejecutivo al establecer que estos “colaborarán activamente en la consecución de los fines de esta Ley Constitucional, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Todos los órganos y entes de la Administración Pública deberán cooperar con las comisiones técnicas, debiendo suministrar la información y colaboración institucional que le sea requerida a los fines del cumplimiento de la presente Ley Constitucional”.

   No se contempla el control legislativo y se deposita únicamente en la Contraloría General de la República el control posterior de los actos dictados en aplicación de la ley (artículo 12). Se advierte de la responsabilidad individual derivada de los actos públicos (artículo 13), y se crea la figura del Observatorio Nacional sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas (artículo 14).

 Medidas de equilibrio macroeconómico: Los grandes poderes del Ejecutivo

  Se indica que las medidas en el orden económico nacional derivadas de la ley atenderán a las particularidades del funcionamiento de la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional, así como sus relaciones comerciales, financieras y con inversores extranjeros, bajo la influencia directa e indirecta de las sanciones (artículo 15).

  Los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la ley se registrarán separadamente del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de las derechos económicos, sociales y culturales del pueblo venezolano.

   Los recursos se orientarán a desarrollar sistemas compensatorios del salario o del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras; financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos; recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad; impulsar la capacidad productiva nacional, sobretodo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones; recuperar, mantener y ampliar la infraestructura pública (artículo 16).

  El presidente podrá autorizar la desaplicación de normas legales cuando lo considere necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que causen las sanciones a la actividad administrativa, o cuando ello contribuya a la protección del patrimonio del Estado venezolano frente a cualquier acto de despojo o inmovilización (artículo 17).

  Para lo anterior deberá presentarse un informe técnico previamente por parte de los ministerios competentes, bajo la coordinación de la Vicepresidencia Sectorial de Economía y expondrá, además, cómo las sanciones imposibilitan el accionar administrativo ordinario para el caso específico (artículo 18).

  El artículo 19 advierte que solamente el presidente podrá aplicar la desaplicación de normas en la implementación de las medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones y advierte que nunca podrán desaplicarse normas relativas al ejercicio de derechos humanos.

 Igualmente, se le otorga al poder ejecutivo nacional la potestad de crear e implementar mecanismos financieros a gran escala para restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales, beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores del país, vulnerados por las sanciones (artículo 20).

  El artículo 21 establece que el poder ejecutivo nacional podrá crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas cuya vigencia estará sujeta a la vigencia de la ley. Esto con el objetivo de atender planes, programas y proyectos sociales.

Sobre el artículo 303 constitucional y la ley antibloqueo

  El artículo 303 de la Constitución establece que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A., o el ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela S.A.”.

  En tal sentido, el artículo 22 de la Ley Antibloqueo establece que para revertir o impedir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las sanciones se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos necesarios para su protección, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución.

  El Poder Ejecutivo Nacional podrá organizar y reorganizar “los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado adecuados al objeto y fin del respectivo ente, mejorando su funcionamiento, relaciones comerciales, financieras o la inversión del Estado venezolano. La organización o reorganización debe garantizar primordialmente la salvaguarda del patrimonio de la República y sus entes” (artículo 23).

  También el presidente tendrá el poder absoluto para modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución (artículo 24).

  El artículo 25 da potestad para elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos y de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales, con el objetivo de proteger los intereses de la República, incrementar el flujo de divisas hacia la economía, aumentar la rentabilidad de los activos, satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo.

  Para contrarrestar el impacto de las sanciones, el presidente diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios destinados a: 1) satisfacer los derechos fundamentales a la vida, la salud y la alimentación; 2) generar ingresos, conseguir divisas y la movilizar internacionalmente las mismas; 3) gestionar las entidades objeto de las sanciones; sustituir selectivamente las importaciones (artículo 26).

Búsqueda de inversiones privadas

  En el presidente se deposita también la responsabilidad de autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (artículo 27).

  La ley autoriza el presidente, en el artículo 28, para levantar restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional, esto con el objeto de proteger sectores estratégicos.

  El presidente podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las sanciones, de manera de proteger las transacciones que involucren activos financieros de la República y sus entidades, incluidos los criptoactivos (artículo 29).

  Entretanto, el artículo 30 le encomienda al presidente crear e implementar programas que permitan y aseguren la inversión por parte de los profesionales, técnicos, científicos, académicos, empresarios y grupos u organizaciones de trabajadores del sector público y privado, en proyectos o alianzas en sectores estratégicos.

   El artículo 31 abre la puerta para que la República y sus entes puedan acordar con sus socios e inversionistas cláusulas de protección de su inversión para generar confianza y estabilidad.

  Las medidas a que se refiere esta ley requieren de la aprobación previa del Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas. En algunos casos, se deberá consultar también Ministerio de planificación. El procurador deberá revisión y aprobación de los documentos de negocios (artículo 32).

El secretismo de la ley

  El capítulo III de la ley antibloqueo se refiere a las medidas de protección ante las sanciones.

  De este modo, el artículo 33 crea el Sistema de Asistencia y Protección Legal ante las sanciones, el cual persigue asistir, orientar y proteger, nacional o internacionalmente, a las víctimas de dichas sanciones, sean estas personas naturales o jurídica. D este sistema se encargará la Procuraduría General de la República y contará con los recursos para su funcionamiento, según la provisión que sea aprobada por el Ejecutivo Nacional.

  El artículo 34 crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto para proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas en el marco de la protección del Estado contra las sanciones.

  El acceso a los archivos y registros administrativos no deberá afectar la eficacia de las medidas para contrarrestar los efectos de las sanciones, ni el funcionamiento de los servicios públicos ni la satisfacción de las necesidades de la población por la interrupción de procesos administrativos destinados a ello.

  Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de la ley.

  Esta calificación se hará por acto debidamente motivado, por tiempo determinado y con el fin último de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos adversos de las sanciones.

  La documentación confidencial será archivada en cuerpos separados y con mecanismos que aseguren su seguridad.


   El artículo 35 prohíbe el acceso a documentación confidenciales o reservados. No podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma.

  Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en capítulo segundo de la ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal, hasta 90 días posteriores al cese de sanciones que han propiciado la situación.


 


 


 




 

lunes, 28 de septiembre de 2020

Nuevos elementos obligan a posponer sentencia de Víctor Mones Coro, acusado de violar las sanciones estadounidenses contra Tareck El Aissami

 Por Maibort Petit

  Los abogados de Víctor Mones Coro pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que cambiara la fecha de las sentencia prevista para el 30 de septiembre de 2020, para el 13 de octubre alegando que de esa manera la Fiscalía tendría más tiempo para incluir en el expediente "el reciente descubrimiento relacionado con una fuente confidencial en este caso", que se trataría del piloto, Alejandro Javier Marín, arrestado el 19 de septiembre de 2020 bajo los cargos de mentir a los agentes federales en relación a unos USD 140 mil de una operación encubierta.

  Los fiscales de este caso, Amanda Houle y Samuel Adelsberg no pusieron objeciones a la petición de la defensa. El juez Hellerstein fijó la nueva fecha para el 21 de octubre de 2020.

   Inicialmente, la sentencia había sido fijada para el 31 de agosto de 2020 y luego fue cambiada para el 30 de septiembre de 2020, y ahora nuevamente para el mes de octubre.

   Víctor Mones Coro, es un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

La acusación

  Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

 Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

  Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  


Piloto que mintió al gobierno de EE. UU. fue presentado frente a un juez de la Florida

 Por Maibort Petit

   El pasado viernes 25 de septiembre a la 1:00 PM fue presentado ante el juez Jonathan Goodman el piloto venezolano, Alejandro J. Marín,  acusado de haber mentido al gobierno de los Estados Unidos en el marco de un programa de cooperación que le permitía a los agentes federales recibir información sobre un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano.

   Alejandro J. Marín, presidente de My Jet Saver, con sede en Opa Locka, Florida, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami debido a una acusación de tres cargos relacionados con ocultar información y hacer declaraciones fraudulentas a los agentes federales estadounidenses. 

   Había una preocupación por parte de los encargados del caso porque Marín debía haber sido presentado ante un juez de la jurisdicción antes de las 72 horas de su arresto, pero debido a que el acusado dio positivo en el examen de coronavirus no fue autorizada su presentación por videoconferencia.

  Según la acusación criminal que procesa la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Marín  habría sustraído USD 140,000 de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional, Cuando los agentes interrogaron a Marín sobre los fondos faltantes, el acusado mintió.

  Marín era una fuente confidencial de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) desde enero de 2018. En esa condición participó en una operación encubierta que tenía como objetivo el encausamiento y arresto de los miembros de la organización que no fue revelada, aunque fuentes vinculadas al caso señalaron que está vinculada al actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami, y su asociado, Samark López Bello.

  Los documentos federales dicen que la organización criminal había acordado enviar a los Estados Unidos un dinero en efectivo producto de ganancias de actividades criminales.

  Marín tenía que transportar el dinero a Estados Unidos. El 26 de julio transportó  en sus aviones 1,297,500 euros en efectivo que estaban envueltos en seis paquetes que fueron incautados.

  Según los documentos federales, uno de los paquetes tenía escrito el apellido de Marín y la cifra 999,400 euros. Cuando lo revisaron, los oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se enteraron que el paquete estaba abierto y que contenía una cantidad menor a la suma indicada. 

  Los agentes revisaron el teléfono celular de Marín y descubrieron que éste había recibido un correo electrónico en el que uno de los miembros de la organización criminal, identificado como "Individuo 1", le pidió que sacara dinero del envío para pagarle a una persona asociada a un equipo de fútbol en el exterior cuyo nombre no fue revelado.

   En la entrevista que le hicieron los agentes a Marín para preguntarle por los USD 140,000, el acusado sostuvo que le pediría a la persona de la organización que repusiera el dinero. El individuo envió 130,000 dólares a través de las cuentas de su empresa pero el acusado nunca reveló a los agentes la operación.

  Con el tiempo, en agosto de 2020 los funcionarios del gobierno descubrieron que Marín había mentido. Luego de un mes, el acusado llamó al agente que atendía el caso Timothy McCain para informarle que luego de haber consultado con su contador recordó que había recibido 130,000 dólares en enero de 2019.

  Desde el 19 de septiembre cuando fue arrestado, Marín está en una celda aislada en el Centro Federal de Detención de Miami porque dio positivo al test de Covid-19.  El acusado aceptó hacer la presentación inicial por videoconferencia el viernes en la tarde ante el juez Goodman. 




viernes, 7 de agosto de 2020

Víctor Mones Coro, socio de Tareck El Aissami, será sentenciado en Nueva York el 31 de agosto

 Por Maibort Petit

    El juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, fijó para el 31 de agosto de 2020, la lectura de la sentencia de Víctor Mones Coro, un empresario de la aviación que fue acusado por el gobierno de Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello, al prestarle servicios de alquiler de aviones y vuelos para trasladarlos a varios países.

    Los abogados defensores de Mones Coro, Christine H. Chung y Faith E. Gay, pidieron al juez, Alvin K. Hellerstein, que pospusiera la sentencia para el 28 de agosto de 2020, pero el juez decidió fijar la nueva fecha para el 31 del presente mes.

  La defensa había solicitado en marzo libertad bajo fianza alegando el temor por la pandemia del COVID-19. El magistrado Hellerstein la negó, fallando a favor de la solicitud de libertad, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York .

 Luego de declararse culpable, Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años.

  Los fiscales federales del caso dijeron al juez que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40 mil en efectivo, un avión privado y un bote".

  La Fiscalía sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país.

 Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos.

  Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala".

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos".

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado.

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación

   Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.

  El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.

   Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.

  El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

  Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

  Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".

  De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían.

  Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.

  Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

  La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Mones Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado, Es dueño de un avión privado y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados.

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

Los fiscales sostiene que Mones Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión.