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viernes, 27 de noviembre de 2020

Defensa de acusados del caso El Aissami en la corte de NY busca descalificar la fuente confidencial del gobierno y desmontar la demanda

  La inapropiada conducta de la fuente confidencial de la fiscalía, según la defensa de Michols Orsini Quintero en el caso del piloto de Tareck El Aissami

Por Maibort Petit 

   Según la abogada defensora de Orsini, Alejandro Javier Marín mantuvo trató con la esposa de su representado, mientras actuaba como fuente confidencial del gobierno.

  El piloto venezolano Michols Orsini Quintero, a través de su abogada defensora, Sabrina Shroff, se sumó a los involucrados en el caso que acusan la conducta irregular de la fuente confidencial de la fiscalía, cuyo testimonio consume casi en su totalidad el gran volumen de pruebas presentadas tardíamente en su contra por el gobierno.

  Orsini Quintero está acusado de formar parte de la conspiración para que las empresas registradas en Estados Unidos, a saber, American Charter Services LLC y SVMI Solutions LLC, llevaran a cabo transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y sus normas regulatorias, de modo de así evadir las sanciones impuestas por el departamento del Tesoro al ex vicepresidente y actual ministro de petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami y el socio de este, Samark López Bello.

  El primero en denunciar la producción tardía del descubrimiento fue el coacusado, Víctor Mones Coro, señalado de negociar el transporte aéreo de pasajeros privados para Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Ahora lo hace Michols Orsini Quintero, cuya representante legal refiere que el gobierno hizo 15 producciones de pruebas que totalizan casi 6 terabytes de información, las cuales fueron entregadas meses después de la interrupción del proceso de descubrimiento, aun cuando estas evidencias estuvieron a disposición de la fiscalía durante mucho tiempo.

  La cuestionada fuente confidencial, el piloto Alejandro Marín, quien es propietario de la empresa Administración Aeronáutica My Jet Server LLC, fue acusado de mentir a agentes federales de Estados Unidos mientras actuaba como colaborador en las investigaciones. Entre otros señalamientos en contra, está el de haber sustraído USD 140.000 de un paquete de dinero en efectivo incautado a una organización criminal.

   Marín se acogió a la defensa pública, pero ha habido observaciones al respecto, por lo que el juez ordenó determinar la realidad financiera del acusado. A su favor se dice que aún cuando es un empresario, la totalidad de los ingresos de la compañía están destinados al pago de un préstamo de USD 1,4 millones. Marín obtuvo un préstamos de USD 400.000 del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia que él alega fueron usados para el pago de nómina de la empresa.

  El descrédito de Alejandro Marín también fue acusado por Víctor Mones Coro.

  La defensa de Michols Orsini Quintero sostiene que es imposible revisar la evidencia presentada por el gobierno, toda vez que el juicio contra su defendido tendrá lugar el 25 de enero de 2021.

   El juez, incluso, recomendó a la fiscalía incluir a Orsini Quintero en la misma acusación contra Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez, Víctor Mones Coro, Alejandro León Maal y Alejandro Quintavalle Yrady.

  Víctor Mones Coro, Michols Orsini Quintero y Alejandro Miguel León Maal se declararon inocentes en agosto de 2019, pero luego, en noviembre del mismo año, Mones Quintero se declaró culpable a cambio de algunas reconsideraciones en su acusación.

   El pasado 10 de noviembre, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se advirtió del riesgo de fuga que existe en torno Alejandro Marín, dado su acceso a aviones privados venezolanos y sus relaciones con el Tareck El Aissami y otros altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

  Igualmente, Sabrina Shroff le aseguró al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, que Alejandro Marín, en su carácter de fuente confidencial de la fiscalía "se acercó repetidamente a la esposa del señor Orsini Quintero y la interrogó sobre el juicio de su esposo” y le requirió información acerca de si este se sentía satisfecho con la defensa que se le había designado por el tribunal.

“Aún más preocupante, parece que el Sr. Marín continuó empleando a la esposa del Sr. Orsini Quintero sin informar al gobierno ni a los agentes del caso de esta relación en curso. Y, por supuesto, el Sr. Marín no informó a los agentes del DHS que estaba comprometido en una conducta que, incluso, el gobierno categoriza como fraude migratorio durante el tiempo que estuvo cooperando y consiguiendo arrestar a otros”, le manifestó la abogada al juez en su comunicación.

  Se apunta que cuando la defensa informó al gobierno de las continuas interacciones inapropiadas de Marín con la esposa de Orsini Quintero, la fiscalía procedió asumir sola las consultas, pero simplemente hizo que los mismos agentes que estaban a cargo de CS le preguntaran a este sobre su conducta que este negó. El gobierno no hizo más averiguaciones al respecto.

  Otro asunto irregular acusado por la defensa de Orsini Quintero al magistrado, son las cantidades de beneficios financieros que el gobierno y las fuerzas del orden otorgaron a la fuente confidencial, consistentes en la entrega de grandes cantidades de dinero para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin la inyección financiera del gobierno.

   Del mismo modo, la defensa le manifestó al juez Hellerstein que era preocupante la relación de cercanía que habían entablado la fuente confidencial y los agentes a cargo de la investigación. En este sentido, citó una conversación sostenida por chat entre Marín y los agentes del DHS, en la cual se observa una gran familiaridad al hacerle referencia a los problemas que confrontaba con su solicitud de “ciudadanía”, por lo que necesitaba de su ayuda.

“Buenos días, por favor, ¿puede preguntarle a George (agente del DHS) por qué es tan difícil ayudar a acelerar algo tan importante como mi ciudadanía? Hombre, nada de lo que prometió sucedió, lo mismo y la situación de mierda en grupo que tengo con el IRS si te digo cuántas veces te digo que no te preocupes, estoy pasando por una situación muy delicada en la que unas 20 personas dependen de mi empresa, lo siento TJ para decirte esto, pero de manera realista esto es una tontería, yo (por qué) no puedo HSI no puedo hablar con HSI para (...)”, le escribió Marín al agente.

   Sobre la gran cantidad de evidencia tardía, la defensa apunta que se requerirían 185 revisores trabajando 2 mil horas cada uno durante un año para analizar todas las pruebas contenidas en los 6 terabytes de información entregada por la fiscalía, toda vez que se estima que un terabyte contenga 75 millones de páginas y suponiendo que un abogado o asistente legal pueda revisar 50 documentos por hora.

  La defensa Orsini Quintero sostiene que las mismas pruebas de la fiscalía evidencian que su cliente no estuvo ligado a la conspiración y que era simplemente un empleado contratado por Alejandro Marín y, luego, por sugerencia de este último, para Víctor Mones Coro.




 


 


 


 




 

jueves, 19 de noviembre de 2020

Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit

   Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.

   Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

  Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.

  Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.

   Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

  El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la  Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.

  A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a). 

  La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado),  "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal". 

  La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.

    Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva. 

    La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán". 

 Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".

  “Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia". 

   Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.

  En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la  Ley de Justicia Penal. 

  La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado. 

  Además, la juez ordenó  a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de  Marín para un abogado designado.


viernes, 13 de noviembre de 2020

Defensa de Víctor Mones Coro, asociado a Tareck El Aissami, asegura que la fuente del caso "está desacreditada"

 Por Maibort Petit

   Víctor Mones Coro, acusado de negociar vuelos para el ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami Maddah, Samark López Bello, entre otros, se quejó ante un juez de Nueva York porque los fiscales federales del caso entregaron tardíamente a su defensa las evidencias contenidas en el descubrimiento, y con una serie de información clasificada difícil de descifrar y que complican su revisión antes de que se produzca su sentencia en enero 2020.

   La defensa de Mones Coro dijo al juez que el acusado, quien se declaró culpable al principio, pero que en el mes de octubre de 2020 retiró su pliego de culpabilidad, "continúa aceptando la responsabilidad y tiene la intención de volver a declararse culpable pero en base a la eliminación de una serie de argumentos".

   La sentencia de Mones Coro está prevista para enero de 2020. 

   La Defensa solicitó la preparación de un PSR acelerado; y pidió a juez que impida al gobierno basarse en cualquier información contenida en la Decimosexta Producción de pruebas al momento de dictar sentencia.

   La abogada de Mones Coro se quejó de lo tardío en la entrega de las evidencias, que los documentos estaban mezclados con una data clasificada del DHS, que no correspondía al caso.

   La fiscal Amanda Houle informó al tribunal que una parte de las informaciones contenían información sellada que correspondía a otras investigaciones del gobierno. 

   La defensa de Mones Coro pidió sanciones a los fiscales el 11 de noviembre, argumentando que el 25 de octubre la Fiscalía Federal entregó un disco duro que contenía, erróneamente, "material confidencial sobre otra investigación que el DHS había copiado por error en el disco". Tendremos más sobre esto.

    La abogada de Mones Coro dijo que el caso de su cliente representa otro “capítulo lamentable” de las producciones de descubrimiento tardías de la fiscalía, "gravemente perjudiciales y que desperdician recursos por parte del gobierno en este distrito", por lo que pidió tomar medidas correctivas.

   Desde junio 2020, la fiscalía ha complementado el descubrimiento del caso de Mones Coro 16 veces, "produciendo círculos concéntricos cada vez mayores de información sobre una Fuente Confidencial ahora desacreditada". 

    La abogada de Mones Coro, recordó que se ha pospuesto su sentencia seis veces, durante los últimos seis meses, para esperar estos suplementos del gobierno y revisarlos. 

    La Defensa se quejó ante el tribunal que los fiscales entregaron evidencias de más de 5.7 terabytes de datos comprimidos incautados del lugar de trabajo de la Fuente Confidencial con quien el gobierno ha estado trabajando desde principios de 2017 (Alejandro J. Marín). 

   Según la defensa, el gobierno no cumplió con la fecha límite de descubrimiento final del 23 de octubre de 2020. "En cambio, el gobierno entregó, dos días después de la fecha límite, un disco duro que contienen "imágenes" de computadora sin procesar, cuyo contenido no se pudo revisar al recibirlo". 

    Asegura la defensa que para tratar de cumplir con la fecha límite, el gobierno cambió y comprometió su práctica de producción anterior y le otorgó a Mones el tiempo y el trabajo considerables necesarios para que la producción se pudiera revisar.

    El disco duro fue entregado al abogado el 25 de octubre de 2020 y contenía material confidencial sobre otras investigaciones que el Departamento de Seguridad Nacional había copiado por error en el disco.

    En ese sentido, advirtieron que Mones Coro no se le debería retrasar aún más su sentencia o tomarse el tiempo para revisar los nuevos materiales producidos. 

   Agrega que "es difícil ver cómo el gobierno podría reclamar la necesidad de confiar en información que solo consideró conveniente recopilar, de su propia Fuente, más de un año después de acusar a Mones". 

   Mones se declaró culpable en noviembre de 2019 de conspirar para violar las sanciones de Estados Unidos al negociar viajes aéreos privados de pasajeros para sus coacusados ​​Tareck Zaidan El Aissami Maddah y Samark José López Bello, después de que la OFAC designara a esas personas como Traficantes de Estupefacientes Especialmente Designados.

lunes, 2 de noviembre de 2020

Demandado en el caso de Tareck El Aissami retira su declaración de culpabilidad en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit

   Uno de los acusados en el expediente contra el exvicepresidente venezolano, Tareck El Aissami retiró su declaración de culpabilidad autorizado por un juez de Nueva York debido a que los fiscales federales habrían retenido evidencia que le permitía al demandado, Víctor Mones Coro defenderse de las acusaciones en su contra.

   Mones Coro se declaró culpable, el 26 de noviembre de 2019, de haber conspirado para violar las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos impuso contra el actual ministro de Petróleo de Venezuela, El Aissami, así como a su asociado Samark López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien se encuentra a la cabeza de la máxima instancia de Criptomonedas del país suramericano.

  Según los documentos federales, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York fueron señalados por el juez de haber retenido evidencias del caso, que podría beneficiar a los acusados en el caso.

  El juez, Alvin Hellerstein acordó permitir a Mones Coro, un empresario de la aviación del estado de la Florida, retirar su declaración de culpabilidad de organizar los vuelos para Tareck El Aissami y Samark López Bello a más de cinco países.

  Víctor Mones Coro, se declaró culpable hace un año de haber organizado los viajes del alto jerarca del régimen venezolano que violaron las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Los hechos muestran que los fiscales que se encuentran al frente del caso, continuaron produciendo cantidades masivas de evidencia en contra del acusado.

  Hellerstein dijo en una audiencia que estaba preocupado por el retraso de los fiscales en la entrega de información a la defensa.

   El juez comentó que la producción tardía de una gran cantidad de evidencia por parte de los fiscales, que la defensa del acusado no ha tenido la oportunidad de considerar obliga a tomar la decisión de autorizar al acusado retirar su declaración de culpabilidad.

   Mones Coro decidió retirar su declaración el viernes a través de su abogado . La sentencia del acusado estaba prevista para octubre y luego fue cambiada para noviembre 2020.

  Un testigo clave que cooperó en el caso, el piloto, Alejandro Javier Marín, fue acusado en septiembre de mentir a los agentes federales. Este evento va a  complicar el caso, de acuerdo a los documentos federales.

  Víctor Mones Coro es uno de los acusados bajo custodia de las autoridades estadounidenses  en la acusación contra El Aissami, quien ha sido señalado por el gobierno de estar vinculado al narcotráfico internacional, el crimen organizado, el terrorismo y lavado de dinero. 

  El caso de Víctor Mones Coro recuerda lo ocurrido con el juicio del empresario iraní, Ali Sadr Hashemi Nejad, que fue procesado por haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a la República Islámica de Irán. Luego de ser declarado culpable por un jurado en Nueva York bajo el pretexto que los fiscales había retenido  un documento exculpatorio durante el proceso de descubrimiento que hubiese podido ayudar a la defensa a preparar mejor su estrategia.

Este artículo del Caso Ali Sadr Hashemi Nejad te puede interesar 

  La defensora de Mones Coro, Christine Chung, escribió que el caso que involucra a su cliente, que trata de la facilitación de los vuelos ilegales de los grandes jerarcas del régimen venezolano está siendo procesado por la misma Unidad de Investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que manejó el caso de Ali Sadr. 

  En ese sentido, Chung sostiene que desde julio 2020 se superpuso con la evidencia recientemente producida en el caso por el arresto de una fuente confidencial del gobierno que fue arrestado por haber mentido a los agentes federales. "El control de daños del Distrito Sur en Sadr a partir de julio se superpuso con la evidencia recién producida en el caso Mones", acotó Chung.

“Los esfuerzos extremadamente tardíos, seriales y continuos para complementar el descubrimiento previo al juicio, así como las investigaciones tardías de la Fuente Confidencial que llevaron al evento altamente inusual de que la Fuente fue acusada de mentir a agentes federales, son una prueba más de 'patrones' de violaciones ”, escribió Chung, citando comentarios del caso Sadr.

  La evidencia revelada después de la declaración de culpabilidad de Mones muestra que era menos culpable de lo que parecía en el momento de su declaración de culpabilidad, argumenta Chung.

 La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha dicho que está tomando medidas para evitar que se repitan los errores ocurrido en el caso de Ali Sadr.

Mientras esto ocurre en el tribunal neoyorquino, el actual ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami celebra señalando, a través de su cuenta en la red social Twitter que las acusaciones de los Estados Unidos en su contra son "mentiras, infamias y falsas evidencias".



sábado, 31 de octubre de 2020

No es descartable una posible compra de misiles a Irán por parte de Maduro

  Expertos ven en la advertencia lanzada por el presidente colombiano desde hace meses, y ratificada por el encargado de Asuntos de Venezuela del gobierno de los Estados Unidos, Elliot Abrams, acerca de la adquisición de misiles por parte del régimen venezolano, es un escenario probable que debe ser considerado y tenido muy en cuenta.

  No es para nada descartable la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela haya negociado la compra de misiles a Irán, de acuerdo a la opinión del periodista y ex-político español, Gustavo Morales Delgado, quien se desempeña como analista militar de la BBC de Londres.

  Tal posibilidad quien primero la advirtió fue el presidente colombiano, Iván Duque, quien lanzó una alerta acerca de la existencia de un acuerdo militar entre Irán y Venezuela que contemplaría la supuesta adquisición de misiles de corto y largo alcance por parte de la administración de Maduro al régimen iraní. Ante tal advertencia, varios han sido los analistas que se han pronunciado al respecto y han referido que la presunta negociación forma parte de la estrategia para irritar a estados Unidos y para desestabilizar Colombia, el principal aliado del gobierno estadounidense en América Latina.

   Morales Delgado recordó, en primer lugar, que el programa de lanzamiento de misiles de Irán comenzó a partir de unos de estos proyectiles suministrados por Corea del Norte al país persa durante los años ´80 del siglo pasado. Posteriormente a este hecho, Irán dio inicio a un programa propio, algo que no de extrañar, toda vez que es una nación cuyas universidades cuentan con grandes y avanzados departamentos de tecnología, compuestos por ingenieros que tienen una gran preparación obtenida, incluso, en universidades de EE. UU., entre ellas el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y universidades belgas o británicas. Advierte que Irán, a diferencia de la mayoría de países musulmanes, es de línea chiita lo cual le permite desarrollarse como nación a diferencias que los países sunníes.

   En todo caso, Gustavo Morales subraya que de ser cierta la información el problema que se presenta sería el transporte de los misiles desde Irán a Venezuela. En tal sentido, recordó cuando tuvo lugar la crisis de los misiles de Cuba, EE. UU, descubrió, gracias al espionaje aéreo, que Irán estaba transportando misiles a la isla de Fidel Castro. Dado que los actuales programas de espionaje estadunidense son más sofisticados que entonces, por lo que le sería fácil detectar el envío.

   Otro inconveniente, pero de fácil solución, tendría que ver con los técnicos que manejarían los misiles. El traslado de los expertos desde Irán a territorio venezolano pondría fin al problema, pues ocurriría igual que en Cuba, donde en su momento operaban técnicos soviéticos.

“Los iraníes cuentan con la tecnología y la experiencia para hacerlo. Las pruebas que se han venido haciendo en los últimos cinco años han demostrado que el programa iraní es lo suficientemente eficiente como para alertar a Mike Pompeo, quien recientemente ha pedido en el Consejo de Seguridad de la ONU que se apliquen a Irán las mismas sanciones que en 2015, aunque sin éxito. Incluso, Pompeo ha asegurado que la hará con o sin el apoyo de las Naciones Unidas”.

   A la interrogante acerca de si sería posible que el transporte de los misiles se diera por vía aérea o por mar, bien a bordo de los vuelos que la aerolínea Mahan Air tiene en las rutas Caracas-Teherán y Caracas-Damasco-Teherán; o los buques que en los últimos tiempos han transportado gasolina y alimentos desde Irán a Venezuela, el experto lo considera una posibilidad.

   Refiere que un misil está compuesto por piezas que pueden ser desmontadas, pudiendo en un súper carguero caber fácilmente de 20 a 30 misiles de alcance medio iraní. Igualmente, barcos mercantes de gran tonelaje podrían servir para enviar estos misiles desmontados y metidos en contenedores. “El asunto son las cabezas, es decir, el misil no es más que una pieza que transporta algo de un punto hasta otro, siendo la cabeza del misil el lugar donde viaja el explosivo. El tamaño varía de acuerdo al tipo de daño se pretende infligir con este misil, entonces, a mayor alcance el explosivo tiene que ser menor, tiene que pesar menos; a menor alcance puede pesar más”.

     Morales agrega a manera de hipótesis: “No sólo podrían transportar cabezas de guerra compuestas por explosivos, sino que también podrían transportar cabezas de guerra biológicas o cabezas de guerra nucleares”.

  Tampoco descarta que, entre ambos regímenes, el iraní y el venezolano, se ponga en práctica, como en efecto lo han asegurado autoridades del régimen de Maduro, el acuerdo ya firmado para propiciar y ampliar la cooperación en materia de nanotecnología biológica o balística, pues, como ya lo subrayó, el iraní es un régimen con un sistema científico muy avanzado, pues el chiismo les permite impulsar el desarrollo tecnológico, lo cual no ocurre en las escuelas suníes.

  “Los musulmanes persas, quienes se caracterizan por la obligación de la utilización de la lógica del desarrollo del pensamiento, piensan que hay muchas cuestiones sobre las que el Corán no dice nada, como es el caso de las bombas atómicas, ni del aborto, ni de la nanotecnología. Es un régimen con curiosas contradicciones, pues si una mujer comete adulterio puede ser lapidada, pero al mismo tiempo Irán es uno de los pocos países donde quien se quiera cambiar de sexo, lo puede hacer”.

  También cree que la industria farmacéutica iraní instalada en Venezuela, podría permitir ciertas operaciones más allá de las sanitarias.

La advertencia estadounidense

   De cualquier modo, desde los Estados Unidos se ha lanzado una clara advertencia a los regímenes de Irán y Venezuela en la boca de Elliot Abrams, el representante del gobierno de Donald Trump para atender los asuntos de estos dos países, al asegurar que destruirían dichos misiles si son enviados desde Teherán a Caracas.

  "El traslado de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para Estados Unidos y no será tolerado ni permitido (…) Haremos todo lo posible para detener los envíos de misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela, serán eliminados allí", sentenció.

  Y aunque por el momento todo se maneja en el terreno de las especulaciones, Abrams manifestó que "Irán ha anunciado su intención de participar en la venta de armas, y Venezuela es un blanco obvio porque aquellos dos regímenes parias ya tienen una relación", al tiempo que subrayó como un hecho notorio, que el gobierno de Nicolás Maduro ya "está pagando en oro para comprar gasolina de Irán, y hay una presencia iraní en el país".

  Para la administración de Donald Trump, cualquier entrega de armas iraníes a Venezuela y otros países de la región, guarda una desestabilizadora para "Sudamérica y el Caribe (…) especialmente peligrosa para los vecinos de Venezuela en Brasil, Colombia y Guyana"[1].

La provocación de Maduro

  Cuando el gobierno colombiano dio la advertencia de la posible negociación de misiles iraníes por parte de Venezuela, el propio Nicolás Maduro aprovechó para lanzar una provocación ante la amenaza estadounidense.

  Es “una gran idea”, dijo en un franco ejercicio de cinismo y agregó que efectivamente consideraría la posibilidad de comprarle los misiles a Irán.

  Consultado posteriormente al respecto en una rueda de prensa con periodistas internacionales, dijo que no había tal negociación, pero Venezuela está en la libertad de comprarle armas a quien quiera. “Dije que no era así, pero que Venezuela puede comprar armamento al país que le dé la gana. Dije que me parecía una muy buena idea y por qué no. En su momento veremos la oferta iraní"[2].

El desafío de Irán

  Entretanto, para el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y es experto en seguridad global, Joseph Humire, el levantamiento de las sanciones que rigen sobre ella en este mes de octubre que recién finaliza, es una oportunidad para que la nación persa aproveche para vender armas abiertamente a Venezuela, en un acto de provocación a la comunidad internacional.

   “Yo creo que la movida de Irán es decir: ‘Nosotros ya cumplimos con todos los requisitos, el embargo se levantó, no reconocemos esta maniobra de Estados Unidos (de extenderlo) y vamos a vender armas a quien queramos’. De eso se tratan estas actividades en Venezuela”.

   Precisó que las advertencias que han circulado hablan, no solamente de que hay una cooperación comercial y política entre los dos regímenes, sino que el apoyo comprendería también una fachada para “lavar dinero y evadir sanciones”, así como la posibilidad de desarrollar proyectos encubiertos en el ámbito de armamento militar.

   Se trataría, a modo de ver del experto, de una forma de desafío por parte de Irán que luego de 15 años ha decidido dejar el secretismo y llevar a cabo a la luz pública las negociaciones que desde hace mucho tiempo ha estado realizando.

  Humire refiere que Irán ha venido operando durante unos 35 años, para tener presencia militar en el hemisferio occidental y el régimen de Hugo Chávez, primero y luego de su sucesor, Nicolás Maduro, se lo han hecho posible.

  Joseph Humire refiere que al haber sido neutralizado quien actuaba como puente entre Irán y Venezuela, a saber, el empresario Álex Saab arrestado en Cabo Verde, figuras como Tareck El Aissami, con ascendencia sirio-libanesa, se perfilan como la conexión necesaria con el Medio Oriente para poder manejar esa relación.

   “La mayoría de las comunidades libanesas en América Latina son buenas, pero (…) Hezbolá ha infiltrado estas comunidades, y en Venezuela, particularmente, tiene muy fuerte presencia en esta comunidad y es por eso que Maduro y Tareck (El Aissami) y los demás le han podido dar cierto poder para extender esa relación con Irán”, expresó Humire.

    Destaca que Irán de la organización terrorista Hezbolá han construido una infraestructura en Venezuela que tiene doble uso, pues, por ejemplo, una factoría de tractores y autos, sirve igualmente que en los envíos de partes se oculte otro material, como explosivos, minerales u otros metales vinculados a sus armamentos.

    Por ello, llama a revisar toda la actividad comercial que Irán tiene en Venezuela para determinar cuál es la actividad legítima y cuál la ilegítima[3].

  Advierte que cualquier intento de Estados Unidos de interceptar cualquier envío de armas de Irán a Venezuela, no debe ser visto como un acto de guerra o provocación.

  Plantea como otra alternativa, que la comunidad internacional “despierte e imponga nuevamente a Irán las sanciones de la resolución 2231. Así se podría incluso prohibir que lleguen los misiles a Venezuela”.

   Remata indicando que “Estados Unidos puede neutralizar este envío pero primero debe tomar en cuenta lo siguiente: construir una narrativa internacional para que el mundo entienda que cuando Irán viola sanciones, está violando la seguridad y la paz internacional”[4].

Irritar a Estados Unidos

  Otros expertos también coinciden en afirmar que Irán busca irritar a los Estados Unidos, refiriendo que la presunta negociación forma parte de una estrategia geopolítica con este fin y par. Igualmente, desestabilizar a Colombia.

  Sadio Garavini, embajador venezolano retirado y especialista en ciencias políticas, cree que un pacto militar de esta naturaleza guarda relación con otro aliado de Venezuela, a saber, Rusia.

  En tal sentido estima que el gobierno de Vladimir Putin busca expandirse, tanto en sus cercanías, como a países lejanos como Venezuela.

“A Rusia, le encanta molestar a Estados Unidos en el hemisferio para mantenerlo ocupado, irritado y que no venga a retaliar por la acción que tienen en Ucrania, Georgia. Evidentemente son intereses de irritar y distraer a Estados Unidos”, sostiene garavini.

  Por su parte, Milos Alcalay, exembajador de Venezuela en la ONU, dice que esta negociación de misiles con Irán, podría ser parte de una nueva visión geopolítica de Nicolás Maduro, quien “a diferencia de Hugo Chávez, mira menos al ombligo de América Latina y más hacia Medio Oriente”.

  Agregó que el binomio de Irán y Venezuela procura “acosar” a Estados Unidos en plataformas multinacionales, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[5].

CITAS

[1] RT. “EE.UU. amenaza con destruir los misiles iraníes que se envíen a Venezuela”. 26 de octubre de 2020. https://actualidad.rt.com/actualidad/371129-eeuu-amenaza-destruir-misiles-iran-venezuela

[2] Infobae. “Nicolás Maduro: ‘Me parece una muy buena idea comprarle misiles a Irán’". 28 de octubre de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/28/nicolas-maduro-me-parece-una-muy-buena-idea-comprarle-misiles-a-iran/

[3] El Tiempo. “¿Qué tan probable es que Irán venda misiles a Venezuela?”. 25 de agosto 2020. https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/analisis-que-tan-probable-es-que-iran-venda-misiles-a-venezuela-533322

[4] El Diario. “¿Cuáles son los escenarios si Maduro compra misiles a Irán?”. 4 de septiembre de 2020. https://eldiario.com/2020/09/04/escenarios-maduro-misiles-iran/

[5] VOA. “Expertos: La presunta compra de misiles iraníes por Venezuela busca irritar a EE.UU”. 26 de agosto de 2020. https://www.voanoticias.com/venezuela/misiles-iranies-venezuela-eeuu



jueves, 29 de octubre de 2020

Caso de Tareck El Aissami en NY: el piloto Michols Orsini Quintero será juzgado en enero de 2021

Por Maibort Petit

   Un juez de Nueva York ordenó que el juicio del piloto, Michols Orsini se iniciará el 25 de enero de 2021, a la vez que pidió a los fiscales federales que agruparan a todos los acusados en el caso vinculado a Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez Camacho, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Alejandro Antonio Quintavalle Yrady "en una sóla  súper acusación para darle mayor estabilidad al proceso". 

  El juez Alvin K. Hellerstein recomendó a la fiscal, Amanda Houle que sería mejor incluir a Michols Orsini Quintero en la misma acusación, durante la audiencia virtual que se celebró el 23 de octubre para discutir los términos del proceso judicial.

  Los fiscales del caso, los abogados de Víctor Mones Coro y Michol Orsini Quintero discutieron sobre la necesidad de que los materiales considerados por el gobierno "delicados" para ser parte de los récords públicos, fueran entregados a la defensa de los dos demandados.

  La fiscal Houle dijo que no debían entregar información relacionada "con la condición médica de la fuente confidencial del gobierno", y sostuvo que "tenía una objeción para hacer entrega de la declaración de la fuente confidencial del gobierno porque hay un acuerdo entre el abogado de la fuente [ Alejandro J. Marín] y el gobierno", y que debía haber un privilegio entre los EE. UU. y su fuente, por ello "no es correcto que se haga una comunicación para los abogados de Orsini y Mones Coro".

  La fiscal sostuvo que la información sólo podrían verla los abogados, y que estaba de acuerdo con que la corte hiciera un estudio forensico de los materiales.

El caso

  Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). 

  Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Posteriormente, en noviembre de 2019, Víctor Mones Coro decidió declararse culpable de los cargos.

  Orsini Quintero es un piloto que está acusado ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

  En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;

(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas;

(3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; 

(4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y 

(5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

    De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

  Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

  De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

  Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

  La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

   El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

   La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.


   

miércoles, 28 de octubre de 2020

Juez de NY ordena a los fiscales entregar la información "favorable" a Víctor Mones Coro, vinculado a Tareck El Aissami, para que pueda usarla en su defensa

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, ordenó a los fiscales federales que entreguen a los abogados de Víctor Mones Coro toda la información que pueda ser favorable para su defensa, antes que sea sentenciado por los delitos relacionado con la violación de las sanciones que EE. UU. impuso contra el exvicepresidente y actual Ministro de Petróleo del régimen de Venezuela, Tareck El Aissami y su testaferro, Samark López Bello. La decisión tiene que ver con nuevos elementos del caso vinculados al arresto de Alejandro Javier Marín, una fuente confidencial que está siendo juzgado por haber mentido a los agentes del gobierno estadounidense.

  Hellerstein basó su decisión en la Regla Federal de Procedimiento Penal 5 (f) que establecen las obligaciones de divulgación del gobierno bajo Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963).

   El juez dijo en su fallo que el Gobierno debe revelar a la defensa toda la información "favorable a un acusado" eso es "material para la culpabilidad o el castigo" que del conocimiento de los fiscales.

   "Esta obligación se aplica independientemente de si la información en sí misma constituiría admisible evidencia" advierte. 

   El Gobierno revelará dicha información a la defensa inmediatamente después del conocimiento de la decisión del tribunal, para que la defensa pueda hacer uso efectivo de la información en la preparación de su caso.

   Como parte de estas obligaciones, el Gobierno debe revelar cualquier información que pueda ser utilizada para impugnar el testimonio del juicio de un testigo del gobierno, que en este caso es el piloto Alejandro Javier Marín.

     El juez ordenó que la información debe ser divulgada a más tardar en una semana antes de la última conferencia previa al juicio para que el acusado pueda hacer uso efectivo de la misma en el juicio o en cualquier otro momento que la Corte pueda ordenar. 

  Las obligaciones anteriores son continuas y se aplican a los materiales que se conocen al Gobierno en el futuro. Además, "si la información está sujeta a divulgación, debe ser divulgado independientemente de si el Gobierno lo acredita.", advierte el juez.

   En el caso de que el Gobierno crea que la  divulgación de alguna información compromete la seguridad de los testigos, los derechos de las víctimas, la seguridad nacional, una aplicación de la ley sensible técnica, o cualquier otro interés sustancial del gobierno, puede solicitar al Tribunal la modificación de sus obligaciones, que pueden incluir revisión en cámara o retención o sujeción a una orden de protección toda o parte de la información que de otro modo estaría sujeta a divulgación.

  Para los propósitos de esta Orden, el Gobierno incluye todos los estados federales, estatales, actuales o anteriores y fiscales locales, agentes del orden y otros funcionarios que han participado en la investigación que condujo a, o enjuiciamiento, del delito o delitos con los que el demandado está acusado.

  La orden del juez sostiene que el Gobierno tiene la obligación  de buscar de esas fuentes toda la información sujeta a divulgación en virtud de esta Orden.

  Si el Gobierno no cumple con la Orden del juez, la Corte, además de ordenar producción de la información, puede:

(1) especificar los términos y condiciones de dicha producción;

(2) otorgar un aplazamiento;

(3) imponer sanciones probatorias;

(4) imponer sanciones a cualquier abogado responsable del Gobierno;

(5) desestimar los cargos antes del juicio o anular una condena después del juicio o una declaración de culpabilidad; o

(6) ingresar cualquier otra orden que sea justa bajo las circunstancias.

La acusación


Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.


Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.


La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr.


Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.


Mones Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley.


Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente, utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales.


El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación.


Mones Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano.


El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.


Mones Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.


Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.


Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades de que el acusado huyó. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.


El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.


La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa".


De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarán.


Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente.


Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España y su hermana reside en las Islas Canarias españolas.


Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos.


Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho, actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela.


   El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.



lunes, 19 de octubre de 2020

Alexei Schacht será el abogado de Samark López Bello en Nueva York

 El abogado seleccionado por Samark López representó a Ali Kourani, un espía de Hezbollah que fue condenado a 40 años de cárcel por un tribunal de Manhattan.

Por Maibort Petit

   De acuerdo a un aviso ingresado en el expediente del caso contra Samark López Bello en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el célebre abogado penalista, Alexei Schacht fue admitido para poder recibir y ver las comunicaciones del caso que involucra a López Bello, Tareck El Aissami, Joselit Ramírez Camacho, Adel El Zabayar, entre otros.

  En una carta enviada por la Fiscalía de los Estados Unidos al juez,  Alvin K. Hellerstein se señala que el abogado Alexei Schacht presentó un aviso de comparecencia en el caso a nombre de Samark López Bello, quien sigue siendo un fugitivo en este caso.

     El gobierno de los Estados Unidos ha solicitado al tribunal que mantenga bajo sello una serie de comunicaciones relacionadas con Alejandro J. Marín, un piloto venezolano que actuaba como fuente confidencial de las agencias federales vinculadas al caso, y que fue acusado por haber mentido a los agentes sobre un dinero que formaba parte de una actividad encubierta. Ver detalles del caso aquí.

   Los fiscales señalan que Schacht aceptó recibir las comunicaciones bajo la única base que el Gobierno podrá tratar de realizar futuras presentaciones selladas en el caso que involucra a Alejandro Javier Marín, un piloto que fue arrestado por haber mentido a los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional (HSI).  

   Reiteran los abogados del gobierno estadounidense que López Bello permanece en estatus de fugitivo y que existen  preocupaciones de seguridad relacionadas con la fuente confidencial, Alejandro J. Marín que será procesada en el mismo caso. 

   Los fiscales advierten que no está claro qué Schacht pueda tener una participación más amplia en el caso, dada la negativa de su cliente, Samark López Bello, de someterse a la autoridad de ese tribunal. 

  Los fiscales federales recordaron que de acuerdo a la doctrina, la desautorización del fugitivo priva al acusado de recurrir a los recursos de la Corte para la determinación de sus reclamos "mientras permanezca prófugo de la justicia". 

  "Un acusado que no se presenta en primera instancia o se fuga durante el curso del proceso penal viola la autoridad del tribunal no puede acceder a la documentación del proceso", acotaron los fiscales.

  Alexei Schacht tiene más de 20 años de experiencia en la defensa criminal de clientes en investigaciones gubernamentales, audiencias con grandes jurados, juicios con jurados, en tribunales, y apelaciones. 

  Según su página web, Schacht ha manejado asuntos que van desde la conspiración de narcóticos hasta el homicidio y el fraude de valores. A nivel comercial, trabaja con varias empresas de exploración de petróleo y gas, ayudando a negociar, estructurar y financiar acuerdos de producción compartida.

  Alexei Schacht fue el abogado del espía de Hezbollah, Ali Kourani, quien se mantuvo oculto en el Bronx por años. En diciembre de 2019, fue sentenciado a 40 años de prisión después de decirle a un juez de Nueva York que todavía simpatizaba con la organización terrorista.

  El caso de Ali Kourani representó la primera vez que un miembro de la Organización Jihad Islámica de Hezbollah fue sentenciado en un tribunal de Estados Unidos.  El fiscal federal adjunto de este caso,  Emil Bove, el mismo que está al frente del caso de Tareck El Aissami, Samark López, Adel El Zabayar  y Joselit Ramírez Camacho, entre otros.



viernes, 9 de octubre de 2020

OI European Group reclama acciones de CITGO para cobrar $500 millones de deuda

   Con acciones de la filial de PDVSA en territorio estadunidense la compañía quiere cobrarse la sentencia del laudo por USD 500 millones que la adeuda Venezuela por la expropiación de sus activos.

Por Maibort Petit

   Desde que Crystallex International Corp, con la bandera de la tesis del alter ego, logró que los tribunales de Estados Unidos reconocieran que es posible cobrarse acreencias de Venezuela con bienes de la petrolera, se ha desatado una ola de acciones legales encaminadas a conseguir el cobro de deudas transitando la misma vía. Es el caso de OI European Group B.V., filial holandesa de la Owens Illinois que, como otras, ha solicitado una orden de embargo contra las acciones de la corporación PDV Holding Inc., propiedad nominal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La empresa estadounidense Owens-Illinois Inc. fue expropiada de sus activos en Venezuela por el gobierno del entonces presidente, Hugo Chávez, y desde esa fecha mantiene una batalla legal para lograr el resarcimiento de la inversión a consecuencia de la decisión del ejecutivo venezolano.

  El 25 de julio de 2019 la empresa le pidió a un juez del Distrito de Columbia que le permitiera cobrarse un laudo con que la favoreció el tribunal de arbitraje del CIADI por USD 400 millones, a través de los activos venezolanos. Previamente, el 21 de mayo, la jueza de distrito de Washington DC, Amy Berman Jackson, confirmó el laudo de unos USD 500 millones, sin considerar la solicitud de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, de retrasar el procedimiento por 120 días.

  Está es la opinión del exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández en #SinFiltros



  Fue también en 2019 cuando OI European Group B.V. presentó una moción que perseguía lograr el cobro de la sentencia del laudo con activos venezolanos en razón de la incapacidad para hacer que el gobierno de Venezuela cumpla con la decisión.

  Ante el Tribunal de Delaware, Owens-Illinois demandó el 11 de febrero de 2019 a cuatro empresas propiedad de Venezuela, entre ellas Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CITGO, con el objetivo de cobrar el laudo.

El memorando suplementario

   En el Tribunal del Distrito de Delaware, OI European Group BV (OIEG) se presentó un Memorando suplementario en apoyo a su moción de reconsideración dirigida a modificar su orden anterior y así otorgar a la demandante un auto de embargo sobre acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pues sostiene que esta última es controlada por la República Bolivariana de Venezuela, su deudora, es decir, la primera es un alter ego de la segunda.

  El pedimento agrega que, en caso de que la moción no sea concedida como cuestión de derecho, la Corte debe programar una audiencia lo antes posible “para abordar la abrumadora evidencia que muestra que PDVSA sigue siendo un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela”.

La argumentación

  Sostiene OIEG que la República Bolivariana de Venezuela sigue manteniendo el control y dominio de PDVSA y se remite, en primer lugar, a lo expuesto en la decisión de la Corte del 9 de agosto de 2018 del caso Crystallex contra Venezuela, en la que citó que “en noviembre de 2017, PDVSA anunció: 'A partir de hoy, el mando de la industria petrolera pasa a manos del primer trabajador del país, Nicolás Maduro' (…). La Corte también señaló que uno de los objetivos declarados de PDVSA era 'garantizar el control del Estado sobre [PDVSA]' (…)”.

  Advierte que, para agosto de 2020, nada de esta situación ha cambiado y Nicolás Maduro continúa “comandando” PDVSA y controlando todos sus activos y operaciones, y desplegándolos con fines políticos, como activos del estado. “PDVSA, la entidad tal como existe y funciona hoy en día, continúa cediendo el control sobre sí misma al estado venezolano”.

  Refiere que la argumentación de Venezuela referente a que los hechos relevantes cambiaron después de 2018 porque en 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino, así como el señalamiento de que el gobierno en el exilio de Guaidó pretendía nombrar nuevos directores de PDVSA, ratifica la doctrina del alter ego.

   OIEG se remite a la jurisprudencia que advierte que “los hechos son primordiales para determinar cuándo el control es tan extenso que la separación entre entidades se desvanece como una distinción legal”. En este sentido, indica que, aunque EE. UU. reconoció a Juan Guaidó como representante de Venezuela, otorgándole legitimación ante la Corte, los hechos demuestran que Guaidó no tiene poder real ni influencia sobre el estado venezolano o sus asuntos, como tampoco lo tiene el directorio nombrado por éste en PDVSA. Asegura que la petrolera estatal venezolana sigue sujeta a las sanciones de Estados Unidos y el régimen de Maduro manipula, domina y controla sus operaciones y activos no menos que en 2018. “PDVSA sigue siendo hoy lo que era entonces, un brazo del estado, totalmente bajo el control del estado”.

Continúa sujeción de PDVSA a las sanciones

  OI European Group BV refiere que, incluso, Estados Unidos reconoce que PDVSA es indistinguible de Venezuela BROV.

  Recuerda que desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro viene administrando sanciones contra Venezuela. Agrega que el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela no estuvo acompañado de una relajación de dichas sanciones y, de hecho, con dictamen Crystallex I emitido en agosto de 2018, se amplió el alcance de la propiedad bloqueada por el régimen de sanciones y se reconoció explícitamente la superposición entre Venezuela y PDVSA.

  OIEG se remite a la Orden Ejecutiva 13857, emitida el 25 de enero de 2019, en la cual se modifica la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir explícitamente a PDVSA, mientras que la Orden Ejecutiva 13884, del 5 de agosto de 2019, establece que la propiedad de Venezuela, incluida la propiedad de PDVSA, está "bloqueado y no puede ser transferida, pagada, exportada, retirada o negociada de otra manera" sin una licencia.

  El endurecimiento de las sanciones, por tanto, deja en claro que, aunque Estados Unidos reconozca a Guaidó como representante de Venezuela en los tribunales estadounidenses, PDVSA sigue bajo el control del estado venezolano.

Maduro al control de PDVSA

  El memorando de OIEG asegura que el régimen de Nicolás Maduro continúa controlando las operaciones y activos de PDVSA.

  En tal sentido cita lo expresado recientemente por un observador cercano de los hechos sobre el terreno en Venezuela, cuando manifestó que “la campaña para reemplazar al presidente Nicolás Maduro ha fracasado (...) Mientras Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó afirman ser presidente, Maduro mantiene el control de activos clave, incluidos los militares, los medios de comunicación, la policía y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA”.

   Tajantemente asevera que el reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos no ha cambiado nada en la relación entre Venezuela y PDVSA. “El régimen de Maduro nombra directores y funcionarios que realmente controlan las operaciones de PDVSA, y que lo hacen desde las oficinas, operaciones, sitio web y cuentas de Twitter de PDVSA. El régimen controla la imagen pública de PDVSA y sus representantes designados dominan las operaciones y los activos de PDVSA de manera tan completa que han transferido los activos de PDVSA a un tercero sin la autoridad, o incluso el conocimiento, del Directorio de Guaidó”.

   Como ejemplo de lo sostenido, hace mención al anuncio de PDVSA en su página web que expresó la intención de Maduro (en lugar de la Junta de Guaidó) de reestructurar la empresa para protegerla de los "ataques imperialistas". También el 27 de abril de 2020, Maduro instaló como presidente de PDVSA a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez y nombró como nuevo ministro de Petróleo a Tareck El Aissami, a quien ordenó reestructurar PDVSA.

  También Maduro ejerce un control directo sobre la distribución del petróleo de PDVSA nacional e internacionalmente.

  Se remite al portal Crónica Uno que informó el 27 de junio de 2020 que PDVSA, actuando no bajo el control de la junta de Guaidó, sino según lo ordenado por El Aissami y Chávez, rescindió los acuerdos con varias personas y empresas venezolanas que licenciaban estaciones de servicio, confiscándolos para el estado.

  El Aissami y Chávez asistieron a reuniones virtuales de la OPEP en representación de Venezuela y PDVSA.

  Igualmente, al haberse quedado Venezuela sin gasolina al no poder refinar su petróleo por la falta de bienes y materiales importados a la luz de las sanciones de Estados Unidos, ha recurrido al suministro de Irán y, en tal sentido, ha celebrado el arribo de petroleros iraníes a aguas territoriales venezolanas.

  Todo evidencia, según OIEG, que Maduro controla las operaciones comerciales ordinarias de PDVSA.

Uso político de PDVSA

  El memorando de OIEG dice que Maduro usa su control sobre PDVSA para socavar políticamente a Juan Guaidó y usa la propiedad de PDVSA como si fuera propiedad de Venezuela.

   Maduro utiliza regularmente la propiedad de PDVSA para promover la política exterior de Venezuela.

Guaidó no controla PDVSA

  OI European Group BV en el memorado presentado ante el tribunal asegura sin ambages que el directorio de PDVSA designado por Juan Guaidó es impotente, puesto que no tiene control de las operaciones y activos de la petrolera.

  El referido directorio no tiene control ni acceso a ninguna oficina o instalación de PDVSA, ni a las plataformas de redes sociales, sitio web o anuncios públicos de PDVSA.

  En contraste, Maduro hace anuncios en las oficinas de PDVSA y los propios comunicados de prensa de PDVSA emiten la política de su régimen.

  Los miembros de la Junta Directiva de Guaidó siguen sujetos a un proceso penal venezolano iniciado en 2019 bajo los auspicios del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

  Como ejemplo de lo afirmado, el memorando refiere una transacción de mayo de 2020 que evidencia la absoluta irrelevancia del directorio de Guaidó para PDVSA, puesto que a través de su subsidiaria europea PDVSA Europa, la estatal vendió una participación significativa y valiosa en Nynas, una refinería de petróleo sueca. La junta de Guaidó se limitó a criticar la venta y admitió que "no se le informó de la venta de la empresa de una participación del 35% en la refinería sueca Nynas".

  Finaliza el memorado con la advertencia de que si existiera realmente un nuevo gobierno que realmente tuviera el control de Venezuela, el cambio de representante debería significar un viraje en los hechos que anteriormente respaldaban el alivio del alter ego, lo cual no es el caso. Subraya que Estados Unidos sabe que el “gobierno” por él reconocido no gobierna. Los hechos sobre el terreno muestran de manera abrumadora que PDVSA sigue estando dominada y controlada por el Estado venezolano.