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jueves, 7 de abril de 2022

Samark López y el cantante mexicano Julio César Álvarez bregan en los tribunales de EE. UU. para librarse del fallo que los califica como agentes de las FARC

  Los bienes de López, Álvarez, así como los de PDVSA en EE. UU. podrían ser susceptibles de embargo si una compleja interpretación de una víctima de las FARC es tenida como válida por los tribunales.

Por Maibort Petit

   Tras una curiosa y enrevesada interpretación, Antonio Caballero[1], hijo de un ex-diplomático colombiano asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 1999, quien a raíz del hecho demandó al grupo terrorista y ganó el pleito legal millonario, está procurando cobrar la sentencia compensatoria desde hace más de una década— buscando activos en todas las instancias, incluyendo los fondos confiscados por EE.UU. a los designados por la justicia norteamericana como agentes o instrumentalidades de las FARC. 

    La sentencia favorable, obtenida por Caballero, comprende USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses, que puede cobrar aquellas personas u empresas que hayan sido designadas por los tribunales estadounidenses como agentes de las FARC.

     En criterio de Caballero, Petróleos de Venezuela y por ende CITGO Petroleum Corporation[2], representan una de estas instrumentalidades, como también lo serían Samark López Bello —considerado testaferro de Tareck El Aissami— y el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelogo, quienes fueron designados por la justicia de EE. UU.  como agentes de las FARC.

   Tanto López como Álvarez han accionado legalmente quienes llevan a cabo todo tipo de acciones para deslastrarse de tal calificación y, por ende, salvar sus bienes en territorio estadounidense.

  Álvarez ha logrado retrasar las acciones que se siguen en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York mientras que una corte de California decide un asunto relacionado con el mismo caso. Por su parte, Samark López Bello maniobra para que sus activos, depositados en el JPMorgan Chase Bank, N.A., no pasen a los bolsillos de Caballero.

Informe de estado y orden judicial

 El 29 de marzo de 2022, Joseph I. Zumpano, en representación del demandante Antonio Caballero, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, un informe de estado en conjunto con Julio César Álvarez Montelongo, quien funge como parte interesada —al igual que Samark López Bello— de acuerdo a una resolución previa de la Corte emitida el 25 de enero de 2022.

  En dicho informe, se recuerda al tribunal que se encuentra pendiente una acción que involucra tanto a Caballero como a Álvarez en el Tribunal de Distrito Central de California, donde las partes deben proceder a decidir cuestiones idénticas o similares entre ellas pendientes ante este Tribunal y otros dos Tribunales de Distrito de los Estados Unidos.

   Por encontrarse dicha acción aún en curso [para el 12 de septiembre de 2022 está programada una audiencia probatoria sobre el estado de Álvarez como agencia o instrumento de las FARC], las partes solicitaron al tribunal neoyorquino que continúe su paralización y que el próximo informe de estado sea pospuesto hasta después de la audiencia probatoria en California.

La juez, Alison J. Nathan aprobó la solicitud de las partes.


Otras acciones previas de Caballero

  El 9 de septiembre de 2021, León N. Patricios, en representación de Antonio Caballero, había solicitado también a la juez Alison J. Nathan la cancelación de una conferencia de estado que estaba programada para el 10 de septiembre de 2021. Tal pedido lo formuló en conjunto con el JPMorgan Chase Bank, N.A. en razón de la tramitación de otros procedimientos que involucraban a las mismas partes.  

   Refirieron que el 18 de mayo de 2021, el tribunal había requerido a las partes presentar una propuesta de plan de gestión de casos civiles, una orden de programación y una carta conjunta de información mientras que el 17 de junio de 2021, Antonio Caballero y Julio César Álvarez Montelongo habían celebrado una estipulación de suspensión del proceso respecto del segundo, la cual solicitaron fuera aprobada por la corte, lo cual fue aprobado el 29 de julio de 2021.

 Asimismo, recordaron que el 2 de septiembre de 2021, la Corte, a solicitud de Álvarez, aclaró que “por haberse suspendido el caso al señor Álvarez, el señor Álvarez no está obligado a participar en ningún plazo de programación o conferencias”.

   El 2 de septiembre de 2021, Antonio Caballero y el Interesado José Samark López Bello celebraron una estipulación de suspensión del proceso respecto de López, la cual solicitaron la aprobación de este Tribunal lo cual fue aprobado el 8 de septiembre de 2021. El Tribunal ordenó además que “las partes restantes deben presentar su carta conjunta y el plan de gestión de casos propuesto antes del 9 de septiembre de 2021 antes de la conferencia del 10 de septiembre de 2021 o indicar si solicitan una suspensión”.

  Aparte de Álvarez y Bello (quienes ya no estaban obligados a participar en la carta conjunta o el plan de manejo de casos propuesto requerido), y los Demandados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Cartel del Norte del Valle (ninguno de los cuales había comparecido en la acción hasta la fecha de esta decisión), el informe del expediente señalaba que comparecían el demandante Caballero y el embargado JPMC.

   Antonio Caballero cree que JPMC tiene activos a nombre putativo de Samark López (incluido, entre otros, el número de cuenta xxxxxx036) y Álvarez (incluido, entre otros, el número de cuenta xxxxxx498). Caballero obtuvo una orden de ejecución dirigida a JPMC, relacionada con los activos bloqueados de Samark López. 

  Refirieron que los procedimientos relacionados con ese escrito avanzarían ante la jueza en el caso de Caballero y que  antes de la destitución por parte de Álvarez, el Juez Richard G. Latin de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, emitió una Orden para demostrar causa para un Auto de ejecución el 26 de febrero de 2021, con respecto a la activos mantenidos en JPMC relacionados con Álvarez. Este último había presentado su Aviso de Remoción ante el tribunal en la Acción de la Corte del Estado del Estado de Nueva York pero tal proceso no procedió en esa acción. 

  Sobre esto último, Caballero manifestó su intención de perseguir la emisión de una orden judicial dirigida a JPMC relacionada con Álvarez si el asunto se devuelve al levantar la suspensión. Dado que ni el Tribunal federal ni estatal (del que se eliminó este caso) emitieron ningún escrito en relación con López o Álvarez, por lo que JPMC no había recibido ningún documento relacionado con estos o alguien más.

   Indicaron que el 29 de abril de 2021, el abogado de JPMC compareció, en nombre de su cliente, en su calidad de parte potencialmente interesada. Según la información y las creencias, tal aparición hizo que JPMC se reflejara como parte (específicamente, como un "Embargado") en el informe del expediente del caso. 

   Aunque JPMC niega ser una “parte” en este caso, por precaución y en cumplimiento de la Orden de este Tribunal se unió a Caballero para solicitar al tribunal la suspensión del caso, así como la cancelación de la conferencia de estado programada para el 10 de septiembre de 2021. Caballero solicitó además que dicha suspensión no afectara de ninguna manera los procedimientos relacionados en cualquiera de los casos en la corte distrital de Nueva York.

REFERNCIAS 

[1] Venezuela Política. “Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol”. 12 de febrero de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/02/victima-de-las-farc-quiere-cobrar.html

[2] Venezuela Política. “Enrevesadas interpretaciones convierten a activos venezolanos en el extranjero en objeto de demandas de resarcimiento económico para víctimas de las FARC”. 25 de abril de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/04/enrevesadas-interpretaciones-convierten.html

[3] Venezuela Política. “Cantante mexicano busca suspender un proceso en EE. UU. en el que se le señala como agente de las FARC en juicio que reclama activos de PDVSA”. 5 de julio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/07/corte-niega-mocion-del-cantante.html


martes, 29 de marzo de 2022

Demandan a la OPEP por promover terrorismo económico para dañar a EE. UU. y a Europa Occidental: El cartel no se da por aludido

  Se señala que, en el caso de Venezuela, esta promueve el comunismo y apoya a los miembros musulmanes del cartel a objeto de que atacar la cultura occidental.

Por Maibort Petit

   La estrategia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de establecer cuotas de producción petróleo y sus derivados  a sus miembros con miras a hacer aumentar y estabilizar el precio del crudo por encima de los niveles competitivos, no sería más que una conspiración para violar las leyes antimonopolio de los Estados Unidos y desestabilizar a Occidente, según Freedom Watch Inc., demandante de la OPEP ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

  Hasta la fecha han sido inútiles los intentos del demandante para notificar a la OPEP de la acción legal en su contra. DE no ocurrir esto el juez de la causa, Donald M. Middlebrooks, podría desestimar el caso.

La demanda

  El 30 de noviembre de 2021, Larry Klayman del despacho de abogados Klayman Law Firm, en representación de Freedom Watch Inc., presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, una demanda en contra de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), acusándola de cometer acciones anticompetitivas ilegales, aplicar una forma de terrorismo económico cuyas prácticas están dirigidas a dañar gravemente la economía e intereses de los Estados Unidos y Europa Occidental.

   Freedom Watch Inc. —registrada en Washington, D.C. y con oficinas en Boca Ratón, Florida— que se presenta como una organización que busca promover y proteger la libertad en los Estados Unidos y en todo el mundo, refiere en la demanda que compró gasolina a la OPEP y sus co-conspiradores en el distrito judicial federal en el que se estableció la demanda.

  La OPEP, indica la demanda, está conformada por varios miembros que se encuentran empeñados en promover la guerra del Islam radical contra la civilización judeocristiana occidental, especialmente los Estados Unidos e Israel, mientras que en el caso de Venezuela, esta promueve el comunismo. Refiere la demanda que Venezuela colabora con los países musulmanes que componen la OPEP para promover el terrorismo contra Occidente.

  En resumen, de acuerdo al demandante, el reciente, enorme y calculado aumento en el precio de la gasolina y los derivados del petróleo, que se espera supere los USD 120 dólares por barril en 2022, es el resultado de violaciones per se de la ley antimonopolio, y es parte de una estrategia calculada para hacer avanzar a los miembros constituyentes de la guerra latente de la OPEP contra los intereses democráticos occidentales. Tales acciones políticas, explica, obedece a que los actos terroristas manifiestos y otros medios hasta ahora no han producido los resultados "deseados", por lo que han agregado "inteligentemente" el terrorismo económico a su panoplia de armas.

   Acota la demanda, que algunos de los miembros de la OPEP, como es el caso de la República Islámica de Irán, se encuentran, no por casualidad, en la lista de naciones designadas como terroristas del Departamento de Estado de EE. UU., mientras que Venezuela ha estado en proceso de ser agregada a esta lista de estados patrocinadores del terrorismo por su uso del petróleo y otros ingresos para apoyar y financiar grupos terroristas como las FARC colombianas, los talibanes de Afganistán, el estado comunista de Cuba, así como a otras naciones y grupos empeñados en destruir los intereses estadounidenses y occidentales.

  Se asegura que los mayores ingresos que generan las violaciones antimonopolio de la OPEP se utilizan en gran parte para financiar organizaciones terroristas y estados nacionales, apoyados y promovidos en particular por la República Islámica de Irán, Arabia Saudita y Venezuela.

Cómo actúa

  Por ser Estados Unidos el mayor consumidor de gasolina y derivados petroleros del mundo, las acciones de la OPEP están dirigidas a afectar directa y sustancialmente los precios de estos productos en territorio estadounidense.

  Las acciones de la OPEP —que controla la mayor parte de las reservas mundiales de petróleo— serían violatorias de la Sección 1 de la Ley Sherman, 15 U.S.C. § 1 y Secciones 4 y 16 de la Ley Clayton, 15 U.S.C. §15,26.

  Señalan que la OPEP —constituida por Argelia, Angola, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Islámica de Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela— está organizada y existe bajo las leyes de Austria, por lo que ésta y toda la Unión Europea, debería adherirse a la demanda.

  El cártel petrolero que vende gasolina y otros derivados del crudo en todo Estados Unidos ha violado —de acuerdo a los términos de la demanda— las leyes antimonopolio federales en al menos tres formas:

 Primero, mediante la práctica de celebrar acuerdos entre sus miembros para facilitar, habilitar y brindar asistencia directa a su esquema de fijación de precios. Se asegura que la OPEP ha analizado el mercado petrolero de EE. UU. y sobre esta base ha preparado una estrategia a largo plazo.

  Segundo, mediante la participación de los miembros de la OPEP en un acuerdo anticompetitivo y una conspiración para ayudar y facilitar la venta de gasolina y otros productos derivados del petróleo a clientes en los Estados Unidos a precios igualmente anticompetitivos.

 Tercero, extendiendo sus actos y prácticas anticompetitivos directamente a suelo estadounidense a través de diversos proveedores como instrumentos de su esquema ilegal. La OPEP, según Freedom Watch, es responsable de los efectos anticompetitivos en los Estados Unidos de su plan de fijación de precios ilegal y del cártel.

  Se indica en la demanda que, para el momento de su presentación ante la corte, el plan ilegal de la OPEP había conseguido elevar los precios del petróleo a más de USD 72 por barril, “poniendo de rodillas a la economía de los Estados Unidos y de todo el mundo occidental”. Agregan que el precio de la gasolina en EE. UU. bordeaba en ese entonces los USD 6 por galón y seguiría subiendo debido al esquema ilegal y la reducción del suministro de petróleo de la OPEP.

 Se advierte que los actos denunciados en la demanda no pueden ser catalogados como unilaterales e independientes de naciones soberanas tomados y realizados enteramente dentro de los límites de sus propios límites territoriales, sino que como cartel multinacional, la OPEP depende de los actos comerciales concertados y acordados de todos sus miembros, y de aquellos que actúan en concierto con ella, para lograr el esquema de fijación de precios de la conspiración.

El cargo y el pedido al tribunal

  El cargo por el cual Freedom Watch Inc. demanda, señala que la OPEP es un conspirador con sus miembros y co-conspiradores no miembros en violación de la Sección 1 de la Ley Sherman y la Sección 4 de la Ley Clayton.

 La demandante Freedom Watch Inc. solicitó al tribunal dictar sentencia a su favor  y en contra de la OPEP, declarando que las acciones de esta son per se y/o una restricción irrazonable del comercio en violación de la Sección 1 de la Ley Sherman, 15 U.S.C. § 1 y Sección 4 de la Ley Clayton, 15 U.S.C. § 15 y que de conformidad con la Sección 16 de la Ley Clayton, 15 U.S.C. § 26, se debe emitir una Orden preliminar y permanente prohibiendo a la demandada OPEP y los co-conspiradores no identificados, las violaciones continuas de las leyes antimonopolio como se describe en la demanda y ordenando cualquier reparación legal o equitativa adicional que se pueda considerar justa y adecuada.



lunes, 28 de junio de 2021

Denuncian que empresario turco ayudó a negociar un vuelo chárter para que Tareck el Aissami viajara a Turquía en 2019


   El empresario turco Sezgin Baran Korkmaz, quien es buscado por Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, compró un avión privado con fondos del gobierno de Estados Unidos y la aeronave fue utilizada por el ministro de Petróleo venezolano sancionado por Washington, Tareck El Aissami, según la declaración del académico turco İmdat Öner, publicada por el portal de noticias ahvalnews.com


   El Aissami, quien ha sido acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, usó el avión de Korkmaz para viajar a Turquía en enero de 2019, cuando se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dijo el analista de políticas en Twitter en la reseña difundida por Ahval.

   Estados Unidos acusa a Korkmaz, quien se encuentra bajo custodia policial en Austria, de lavar más de $ 133 millones en ganancias de fraude a través de cuentas bancarias que controlaba en Turquía y Luxemburgo y busca extraditar al empresario de Austria para que pueda comparecer ante un juez estadounidense, dice la nota del portal turco.

   El Aissami está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Y figura en la lista de los 10 más buscados de la agencia de aduanas de EE. UU. Como narcotraficante, utilizó el avión privado de Korkmaz para volar de Estambul a Moscú el 23 de febrero. 2019, y de allí de regreso a Caracas, según Önder.

   Korkmaz compró el avión con fondos del Tesoro de Estados Unidos, utilizado en un plan de lavado de dinero en Turquía, dijo, citando la acusación contra el empresario turco de 43 años.

   Los vuelos de Korkmaz a Venezuela continuaron a pesar de los arrestos de sospechosos acusados ​​de violar las sanciones de Estados Unidos, dijo el académico, refiriéndose al caso de León Maal, quien ayudó a El Aissami a fletar un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional Vnukovo en Rusia al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela en febrero. de 2019.

   Posteriormente, Maal fue arrestado y acusado en Florida por ser parte de la conspiración contra la Ley Kingpin de los Estados Unidos al participar en vuelos a Rusia, Turquía, República Dominicana y Venezuela con El Aissami.

   El Aissami llegó a Turquía en febrero de 2019 para finalizar un acuerdo sobre el comercio de oro con Ankara en un momento en que el gobierno del asediado presidente venezolano Nicolás Maduro recurría cada vez más a Turquía como socio para romper su aislamiento.

   Las conexiones de Korkmaz con el presidente turco y su círculo íntimo hacen que su posible extradición y testimonio con respecto al lavado de dinero y los cargos de fraude electrónico sea un asunto delicado para Erdogan y su partido gobernante.


lunes, 3 de mayo de 2021

Siria y no Cuba: El modelo con el cual destruyeron la democracia venezolana

   Se trata de un proceso diseñado desde hace mucho tiempo, incluso, desde antes de la incursión de Hugo Chávez en el panorama venezolano, pues él sólo fue el instrumento de una estrategia que llevaba años proyectada.

Por Maibort Petit

   La grave crisis que padece Venezuela en todos los órdenes sin que, hasta la fecha, las iniciativas adoptadas para restituir el sistema democrático, tanto a lo interno como lo externo, hayan dado resultado, obedecería a un mal diagnóstico de la misma, lo cual ha derivado en propuestas de solución equivocadas y la agudización del problema. Quien así lo considera es Joseph Humire, experto en seguridad global, especializado en el análisis de amenazas transregionales en el hemisferio occidental del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS, por las siglas en inglés de Center for a Secure Free Society).
  Explica Humire que, en 2017, cuando la crisis venezolana estaba en su punto más neurálgico, decidieron darle un vuelco a los análisis que hasta el momento se había, formulado hasta el momento, los cuales acusaban a Cuba como la responsable de dirigir el colapso de Venezuela y, además, de presentar sólo como criminal al régimen de Nicolás Maduro. Un mal diagnóstico que a ojos del experto ha llevado al fracaso de todas las iniciativas para acabar con la tiranía que gobierna el país suramericano. Luego de una serie de estudios el SFS ha desarrollado una exposición denominada “Venezuela, de crisis a conflicto” que se han propuesto difundir a objeto de que todos comprendan lo que en realidad ocurre en el país.

  Humire sustenta su mensaje en dos premisas, la primera, que no se trata de una amenaza con conflicto convencional y, por tanto, no requiere fuerza militar para atenderlo; y la segunda, que el venezolano es mucho más que un régimen criminal —sin que esto signifique el régimen no recurra al crimen— sino que lo utiliza como método, mas no como objetivo.
  “Están usando el crimen organizado, las redes ilícitas, como herramientas para llegar a otro fin con una visión geopolítica que ni siquiera nace en Venezuela, no es propio de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro, sino que viene específicamente del Medio Oriente. Esto no vino de Cuba, esto no es la estrategia de Cuba, sino de Siria”, sostiene.

  Se remite a Gamal Abdel Nasser, ex-presidente egipcio entre 1954 y 1970, como el personaje de la historia que guarda más similitudes con el finado mandatario venezolano, Hugo Chávez, precursor de la revolución bolivariana que llevó al caos a Venezuela. Sus historias, asegura, son idénticas, destacando del primero la conquista que hizo de Siria sin un solo disparo, algo que logró con la implementación de una estrategia asimétrica, construyendo una identidad socio-cultural, ganando y manipulando a los pueblos árabes. A través de ella constituyó la República Árabe Unida, anexionándose a Siria, bajo la premisa de que no existe frontera ni soberanía, sino que eran un país Pan-árabe.
Los antecedentes

  Y en tal sentido refiere que Hugo Chávez aplicó esta estrategia en la implementación de revolución bolivariana, aprendiéndola, no de Fidel Castro —lo que no quiere decir que no haya trabajado de cerca con Cuba— sino de personeros sirios. Cuba participó en la ejecución, no en el diseño.

   Pero advierte que el finado presidente fue sólo el implementador del proyecto que busca implementar la revolución bolivariana en toda Latinoamérica como simulación de la Gran Colombia de Simón Bolívar, pues se trata de una idea que tiene mucho más tiempo en gestación. En este sentido recuerda que a Venezuela han arribado tres migraciones masivas provenientes de Siria, la primera, en el siglo 19, en 1880, por efecto de la agresión otomana a la comunidad cristiana maronita; la segunda, en 1910, cuando los turcos arremetieron contra el pueblo de Armenia; la tercera, en los años 60 del siglo 20, cuando se instala la dictadura en Siria y luego durante la guerra civil en Líbano.

  En esta última ocasión, comienzan a infiltrarse entre los refugiados ciertos actores subversivos, entre ellos Nehemet Chagin Simón, conocido en Venezuela como “Simón el Árabe”, quien en 1964 ayuda a escapar a líderes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) del Cuartel san Carlos, donde estaban presos por su colaboración con cubanos que buscaban implementar las guerrillas en el país.

  Luego llega entre los años 60 y 70, el padre de Tareck El Aissami, Zaidan Amin El-Aissami “El Mufi”, con el propósito de enseñar a los comunistas cómo hacer una revolución con otras estrategias y tácticas, sin necesidad de recurrir a las fuerzas armadas. Se buscaba implementar la táctica denominada “comparmentalización”, consistente en la utilización del propio equipo, la propia red, para crear división y conquistar más terreno. “Así es como el partido Baaz conquistó Siria y después a Irak”. Del padre de Tareck El-Aissami, aprende Chávez l táctica para expandir su revolución bolivariana.

  Como dato curioso, Joseph Humire apunta que más de 350 mil venezolanos viven en Siria en la región de As Suwayda, conocida como la pequeña Venezuela, mientras en Brasil solamente hay 280 mil venezolanos.

  Destaca Humire que As Suwayda es el corazón del pueblo venezolano Siria y que esta red migratoria actúa como un comando de control de todos aspectos ilícitos que unen el régimen con Irán, Hezbollah, Rusia. “Para comprender todo lo relativo a Álex Saab, a Hezbollah, etc., es necesario conocer lo que sucede en As Suwayda”, subraya.

El protagonismo de Tareck El-Aissami

  Todo este antecedente le sirve a Joseph Humire para resaltar el papel que en esta historia juega Tareck El-Aissami, quien se perfila a su modo de ver como un hombre con gran poder, incluso, superior al del propio Nicolás Maduro. Recuerda que este maneja cadenas de migración históricas que han construido la revolución bolivariana y agrega que, si no fuera por su línea familiar, no habría existido Hugo Chávez ni Nicolás Maduro. “No existiera la revolución bolivariana si no fuera por los refugiados sirios”.
   Humire lleva más de una década estudiando a Tareck El-Aissami, análisis que varió de rumbo a partir de 2017, cuando dejó de lado el mapeo típico del personaje, concentrado en sus negocios, actividades ilícitas, conexiones, etc., y se enfiló hacia su biografía, su historia.

   Recuerda que un asesor diplomático de la embajada de Venezuela en Irak documentó la vinculación de las redes de El-Aissami con los consulados de Venezuela en el Medio Oriente y miembros de grupos terroristas, especialmente Hezbollah. La conclusión es que el asunto sobrepasa el mero suministro de pasaportes a terroristas, sino que apunta a la construcción de identidades e historia a personas que necesitan tener presencia en dos lugares al mismo tiempo. “Al ver los apellidos se puede ver claramente que estaban construyendo dinastías”. Son las familias más poderosas de Siria y Líbano que están relacionadas de una manera muy íntima con el gobierno de Venezuela y eso fue el propósito, construir una doble identidad.

  Todo esto fue perfectamente diseñado y el papel de Tareck El-Aissami es fundamental, pues sus vínculos con Hezbollah son determinantes.

viernes, 19 de marzo de 2021

Nayib Bukele el neoautoritario que no rompe los lazos con el FMLN

   Lo que en un principio resultó una curiosa —y por momentos hasta divertida— manera de gobernar, devino en autoritarismo y una estrategia para distraer a la opinión pública del verdadero foco de atención que son las cada vez más reiteradas irregularidades que tienen lugar en la actual administración salvadoreña.

Por Maibort Petit
   El hartazgo que el pueblo de El Salvador respecto a una hegemonía bipartidista corrupta que gobernó la nación centroamericana durante 30 años, le allanó el camino a un joven político que se erigió como la esperanza para restituir la institucionalidad, la justicia y la democracia: Nayib Bukele, quien recibió todo el apoyo de una nación que se identificó con sus postulados, ideas y opiniones, expresados en mensajes de 120 caracteres vertidos en las redes sociales. Sin embargo, una vez en el poder, sus decisiones, órdenes y actuaciones develaron ver el verdadero talante de un gobierno que ha hecho del secretismo, la confrontación y la arbitrariedad, una política de estado que lo ubica en la frontera, muy al borde, de lo irregular, de la criminalidad.
   Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador, donde tuvo unas gestiones creativas y exitosas que le captaron la simpatía de todo el país, pero que al mismo tiempo le permitieron distraer la atención de la opinión pública de lo que ocurría tras bastidores, un entramado de negociaciones entre las empresas de su familia, especialmente, Obermet, S.A. de C.V., una compañía de su propiedad que ahora estaba en manos de su hermano Karim Armando Bukele, que obtenían múltiples contratos y licitaciones.

  Se presentó como el candidato antisistema que ofrecía una transformación del país centroamericano a través de un programa denominado Plan Cuscatlán de "nueva gobernanza", que contenía sus propuestas de seguridad, inclusión social, combate a las maras y la corrupción, reformas educativas y becas universitarias, la exención de impuestos a 100.000 familias en situación de vulnerabilidad, así como la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Gobierno de amigos

   Nayib Bukele comenzó a gobernar El Salvador el 1º de junio de 2019, luego de asumir la presidencia de la república en un acto público que, por primera vez, se realizaba en la plaza central de San Salvador.
Cuando finalmente se conoció la integración del gabinete de gobierno, pudo observarse que el núcleo del mismo lo constituían 14 personas pertenecientes al círculo de confianza de Nayib Bukele. Se trataba de amigos de la infancia, personas que habían sido empleados de sus empresas, exfuncionarios que lo acompañaron en la Alcaldía de San Salvador y dirigentes de Nuevas Ideas. Un grupo que dejaba ver que, para su escogencia, más que las capacidades, preparación, experiencia y mérito, había privado la incondicionalidad. 
   Todo aquello que hasta entonces había sostenido Bukele como bandera se iba al traste. Parecía no recordar cómo había criticado a Salvador Sánchez Cerén, de quien dijo “estaba intoxicado de familiares y amigos”. Tampoco se acordaba del nepotismo de GANA, del PCN y de Arena, que tanto había acusado. Ahora su gabinete ministerial lo integraban miembros de su familia, socios y amigos íntimos.

Rodeado de familia

   Hijo de Armando Bukele Kattán y Olga Marina Ortez, oriundos de Belén, él musulmán y ella católica, Nayib Armando Bukele Ortez nació en San Salvador en 1981. De ese núcleo familiar —Armando Bukele tuvo más uniones e hijos— forman parte también Karim Alberto y los mellizos Yusef Alí e Ibrajim Antonio.

   Sus hermanos, aunque no ostentan oficialmente cargos en el gobierno, oficiosamente forman parte de la administración del presidente Nayib Bukele con un gran poder y ascendente sobre el mandatario. De hecho, según refieren las investigaciones periodísticas, la opinión de los hermanos supuestamente prevalecen por encima de la de los 16 ministros, seis secretarios de la presidencia y tres comisionados que integran el gabinete, en lo que se refiere a asuntos de primera línea.

   Se afirma, incluso, que cuando se trata de decisiones importantes, Nayib Bukele sólo consulta a sus hermanos, lo que les otorga a los Bukele Ortez un papel decisivo, pero poco controlado, esto porque al no tratarse de funcionarios públicos, no están sometidos a los dictámenes de la contraloría de los empleados públicos. 
    
  Otro hermano del presidente, a saber, Yamil Alejandro Bukele Pérez, preside el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), mientras sus primos, Xavier Zablah Bukele (presidente de Nuevas Ideas) y su hermano Francisco, también integran este primer anillo.

   Su tío, Jorge Miguel Kattán, es secretario de Comercio e Inversiones de la presidencia de la república y la esposa de Nayib Bukele, Gabriela Rodríguez, ejercería la función de reclutar los integrantes del gabinete Social.

   De acuerdo a una nota de El Faro, los hermanos “Se han repartido por áreas: Yusef es el del gabinete económico; Karim, el estratega político, el de los discursos; Ibrajim es emisario para negociaciones o misiones especiales del presidente: por ejemplo, ejecutar proyectos de reactivación económica”. Sin embargo, esta misma fuente advierte que no se trata de una división absoluta de tareas, pues “cada uno se mueve a su antojo en toda la estructura del Ejecutivo, pero sí un ordenamiento tácito de los rubros en los que, tras un año de gestión, cada uno tiene más control”. La reseña comenta que el propio presidente reconoció públicamente el papel de sus hermanos, especialmente de Karim.

  Sobre Ibrajim y Yusef Bukele Ortez, la nota periodística refiere que “Suelen ser parte en reuniones privadas. Ibrajim fue, por ejemplo, delegado de Bukele en una reunión del comité creado para administrar 2,000 millones de dólares para la emergencia por el coronavirus, y que estaba conformado por seis funcionarios de Gobierno y cinco representantes de sociedad civil”.
   Se desconoce si los hermanos Bukele reciben algún salario por sus funciones, aunque Nayib Bukele ha asegurado que sus asesorías son gratuitas.

  Se sabe que los hermanos Bukele han participado de misiones oficiales tanto nacionales como en el exterior. Karim Bukele tuvo un papel fundamental cuando El Salvador suscribió una serie de acuerdos de cooperación y comerciales con China en 2019, durante una visita oficial del presidente a esa nación asiática. Una labor que, incluso, reconoció la embajadora de China en el país centroamericano: “Un agradecimiento especial al Sr. Karim @bukele. Sin su trabajo valioso y su aporte importante, no habríamos logrado los éxitos de la Visita de Estado del Presidente Bukele a China”.

   Sin embargo, El Faro destaca que tales reconocimientos no fueron suficientes a la hora de que “la Presidencia de El Salvador declaró inexistente cualquier información relacionada al viaje de Karim Bukele. ‘Según el proceso de investigación realizado en las diferentes unidades respecto al Señor Karim Bukele, le informo que no se encuentra nombrado en la Presidencia, según datos de la Gerencia de Recursos Humanos al igual que no se han encontrado registros de viajes pagados con fondos institucionales, según respuesta de la Gerencia Financiera’, dice un memorándum de la Secretaría Privada. Una muestra más del limbo en el que se mueven los hermanos del presidente: ejecutan, acuerdan, negocian, pero nada de eso es público si no lo revelan ellos, nada es auditable, no hay información oficial. A efectos prácticos, parece ser que un ciudadano salvadoreño como cualquier otro, a título personal, negoció acuerdos con China en nombre de El Salvador”.

  Respecto a Yusef Alí Bukele, este se definió como “un intermediario entre el sector privado y el presidente, como una puerta de entrada: ‘Yo tengo el oído del presidente’”. Formó parte de una misión oficial que acompañó a la canciller, del 18 al 25 de agosto de 2019, a Turquía, aunque “No existe un documento gubernamental que describa a Ibrajim Bukele de esa forma ni que explique cuáles son sus funciones como representante del pueblo salvadoreño”, aunque recibió pasajes y viáticos”.

Nayib, ¿el dictador?

 Aunque en principio se tornó como un hecho curioso, excéntrico, ocurrente y, en ocasiones, divertido, devino en una agresiva estrategia política y de comunicación para la que Nayib Bukele se valió de las redes sociales. De hecho, el presidente, ha terminado gobernando a través de Twitter.
  Así, a través de mensajes de 120 caracteres, Bukele comenzó a impartir directrices y órdenes a los integrantes de su gabinete. De hecho, recién llegado a la presidencia, procedió al despido de funcionarios de la anterior administración por medio de agresivos tweets.

  La confrontación y la agresividad se convirtieron en un hecho recurrente que empezó a extenderse a los otros poderes públicos, por lo que las miradas se dirigieron en torno suyo, pues la constante controversia ponía cada vez más en jaque el ejercicio democrático en El Salvador. La institucionalidad salvadoreña está comenzando a verse amenazada, por el giro autoritario que había tomado su gestión.

   La curiosidad de comunidad internacional manifestada al principio de su gobierno, ahora se tornaba en preocupación, pues sus actuaciones estaban encaminadas a controlar el resto de los poderes públicos, especialmente el legislativo, que tuvo su máxima expresión en la toma de la sede de la Asamblea Legislativa por parte del mandatario, acompañado de las fuerzas militares el 9 de febrero de 2020. El asalto de Nayib Bukele al parlamento, obedecía, según su criterio, a la exigencia de que se le aprobara un préstamo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por USD 109 millones, destinado al equipamiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio de la Defensa.'

   Un hecho que encendió las alarmas nacional e internacionalmente, habiéndose producido un pronunciamiento masivo en contra de la toma por parte de la Comisión de Derechos de la Organización de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, las embajadas de Reino Unido, Canadá y la Unión Europea en El Salvador.

   El poder legislativo rechazó la actuación de Bukele y advirtió que no aceptaría presiones del mandatario. El presidente, entonces, retrocedió un poco e intentó calmar los ánimos, pidiendo paciencia a la población y dando un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que aprobaran el crédito.

  Pero estos hechos no han sido los únicos que han alarmado a la opinión pública nacional e internacional. Por ejemplo, las medidas adoptadas por Nayib Bukele en contra de las pandillas, conocidas como “maras” en El Salvador, llamaron poderosamente la atención de los organismos de los derechos humanos que hicieron serios cuestionamientos de las mismas.


   El presidente Bukele autorizó el uso de la fuerza letal contra pandillas y generó una convulsión total, a o que se agregó la publicación de unas fotografías que mostraban a decenas de miembros de pandillas sin camisa y forzados a sentarse uno encima del otro en prisión, en plena crisis por el coronavirus.

  También ordenó el cierre de las fronteras salvadoreñas, del aeropuerto para vuelos internacionales y aplicó una estricta cuarentena. Para remate, giró la orden a las fuerzas armadas de arrestar a quien infringiera y remitirlos a “centros de cuarentena”.

   La Corte Suprema de Justicia intervino y declaró inconstitucionales los arrestos, al tiempo que ordenó su suspensión. La respuesta de Bukele fue la negativa a obedecer y en su cuenta en Twitter advirtió: “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños” y agregó: “Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo”, rematando con que la “sala no tiene facultades para implementar o quitar medidas sanitarias, ni para decidir sobre contenciones epidemiológicas”.

   El combate contra el coronavirus, en El Salvador se convirtió en una guerra entre los poderes públicos. El enfrentamiento del presidente con el resto de los poderes público era ahora absoluto, desatando una crisis institucional que se veía sazonada con el temor sobre el peligro de la instauración de un gobierno autoritario.

  Ante las acusaciones que lo señalan como un autoritario, Nayib Bukele se defiende: “Si yo fuera un dictador o alguien que no respeta la democracia, ahora hubiera tomado el control de todo. Según las encuestas, el 90% del pueblo nos apoya. También lo hacen las Fuerzas Armadas y la policía. El pueblo se enojó cuando pedí calma, pero si hubiera querido hubiera tomado el control de todo el Gobierno esta noche. Si alguien prefiere enfocarse en una fotografía [la imagen que retrató la toma de la Asamblea Legislativa por los militares], está en su derecho, pero hay que ver todo lo que está pasando. El pueblo se dio cuenta que los diputados retiraron el apoyo a los soldados y a los policías que están en las calles y a quienes están matando. Porque El Salvador es un pueblo violento, no hay una sola familia en el país a la que no le hayan matado un familiar. No quiero ni imaginar si a España le sucediera el 10% de lo que pasa aquí. En El Salvador se dan todas las condiciones para el estallido social, pero si no sucede es porque yo pedí al pueblo que tuviera calma. Aunque me griten y pierda apoyo entre mis propios seguidores, pero pienso que es mejor que el país esté en calma”, advirtió Bukele en una entrevista que le hizo El País vía telefónica a propósito de la toma de la Asamblea Legislativa.

Presencia venezolana en el gabinete salvadoreño

   Aparte de los amigos, familiares y allegados de Nayib Bukele, en su equipo de gobierno llama la atención la presencia de un grupo de venezolanos ligados a la organización política, Voluntad Popular, liderada por Leopoldo López.

   En primer término, se trata de Sara Hanna Georges, Miguel Arvelo y Miguel Ángel Sabal Matheus, denunciados recientemente por funcionarios adscritos al ministerio de salud, como personas que supuestamente se estarían sobrepasando en el ejercicio de sus funciones como integrantes de la mesa de Crisis de la Pandemia de Coronavirus en carácter de asesores presidenciales.

   Georges, Arvelo y Sabal, según documentos, estarían dictando órdenes dirigidas a manipular las cifras y estadísticas de afectados por Covid 19 en la nación centroamericana. De hecho, ordenaron no procesar más de 1.600 pruebas para COVID-19 que habían sido tomadas el 22 de mayo y días anteriores, según el documento que circuló en redes.

   Ante la acusación de injerencia de los venezolanos, la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, admitió la contratación, pero advirtió que es el gobierno el que toma las decisiones sobre el Covid 19. "Sí tenemos asesores venezolanos que están trabajando, pero no están tomando las decisiones, solo son asesores y están haciendo un buen trabajo (…) Todo el resto es parte de una campaña política para tratar de afectar el excelente trabajo del Gobierno reconocido por la población y por el mundo entero”.

  También el ministro de Salud, Francisco Alabí, defendió las asesorías de los venezolanos y aseguró que no tienen poder de decisión.

  El mandatario se hizo acompañar de un gran equipo de asesores internacionales durante su campaña electoral y, a los que ya habían trabajado con él en Nuevo Cuscatlán, se sumó el grupo vinculado a la oposición venezolana, contándose entre ellos —además de los citados anteriormente— a Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa, Juan Carlos Gutiérrez y Elisa Totaro, esta última “ganadora de diversos premios Reed y dueña de un extraordinario talento en la producción de spots y eventos políticos”, según refiere una nota de El Salvador.

  También Lester Toledo asesora a Bukele, como lo admitió en una entrevista concedida al portal Panampost, que trabaja para Bukele. También negó las acusaciones en su contra respecto al supuesto manejo irregular de ayuda humanitaria. Toledo fue designado como coordinador de dicha ayuda. El diputado aclaró que el dinero que posee para sus operaciones personales proviene de su trabajo como asesor de campañas políticas. “Yo salí al exilio en noviembre de 2016 y justo al salir, toda la historia la conoce la gente, perseguido, con orden de captura, con 86 días en clandestinidad, con prohibición de salir del país… Al salir, el primer apoyo que recibí fue de Freedom House [la organización le donó USD 15.000 de un fondo para perseguidos políticos] Yo tenía pocos ahorros. Vendí los carros que teníamos en Maracaibo. Pensé que con eso sobreviviría seis meses y fue pasando el tiempo hasta que descubrí: ‘Bueno, tengo que ponerme a trabajar'”.

   Toledo trabajó en la campaña de Guillermo Lasso en Ecuador y las de José Antonio Meade y Nayib Bukele, habiendo sido bien retribuido por estos trabajos, afirma. “Yo soy el jefe de la oficina de organización de Bukele en El Salvador. Si tiene algún corresponsal en El Salvador, pueden abordar al presidente y preguntárselo de frente: ‘¿Quién dirigió tu campaña?’. Todos reconocen que fui yo”.

  Por su parte, Elisa Totaro contó en su cuenta en la red social Facebook su experiencia: “Hace unos meses tuve el privilegio de trabajar en la campaña de Nayib Bukele, el nuevo presidente de El Salvador. Hoy todo ese esfuerzo se materializó en su toma de posesión (…)”.
Sobre los antecedentes de Elisa Tótaro, se sabe que durante una década ella y su agencia estuvieron vinculadas a las campañas electorales de líderes opositores venezolanos y a otras de respaldo a los presos políticos venezolanos. En 2015, la venezolana fue la encargada de la creación de los spots televisivos y del sitio web de la coalición Unidad, que llevó a la oposición venezolana a ganar mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

  Entretanto, Miguel Sabal fue nombrado por Juan Guaidó como encargad o del manejo de la ayuda humanitaria proporcionada por USAID, siendo señalado de cometer irregularidades en el manejo de esta.

  Por su parte, Eugenia Mercedes de Lourdes Vegas Rodríguez Aizpurúa está adscrita al Ministerio de Turismo. Fue contratada de manera directa por Casa Presidencial como experta en marketing y turismo.

  En el caso de  Juan Carlos Gutiérrez, abogado que defendió a Leopoldo López durante el juIcio en el que fue declarado culpable por un tribunal al servicio del régimen de Nicolás Maduro, es poco lo que se conoce sobre sus funciones en El Salvador. Sólo se sabe que funge como asesor internacional en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

¿Lucha contra la corrupción?

  La presidencia de la república llegó Nayib Bukele, principalmente enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción, pero ya desde la campaña estaba siendo investigado por parte de la Fiscalía General de la República, por supuesta evasión fiscal, lavado de dinero y fraude de ley. La Corte Suprema de Justicia encontró indicios de presunto enriquecimiento ilícito de Bukele, por haber recibido USD 850.000 donados por una empresa familiar que contrataba con el estado, un dinero por el que, además, no había pagado impuestos.

   El discurso anticorrupción de Bukele podría no ser más que retórica, pues hasta la fecha no ha concretado sus promesas electorales de acabar con el flagelo en la administración pública. Tampoco ha cumplido con el nombramiento del comisionado presidencial para el mal manejo de fondos públicos que contempla el Plan Cuscatlán, una responsabilidad que recaería en un personaje de la oposición con altas credenciales éticas.

  La creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), marcha a medias y con muchas limitaciones que dejan en duda su efectividad.

  Durante el poco más de un año que lleva de gestión, ministros, secretarios, colaboradores, amigos y socios de Bukele han sido señalados de cometer hechos de corrupción o, por lo menos, irregularidades altamente reñidas con la ética, son que por parte del mandatario haya habido el más mínimo indicio de que investigar las acusaciones. Al respecto InSight Crime advierte que las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito que pesa sobre algunos de los funcionarios del gabinete de gobierno o de la alta dirigencia de los partidos políticos que lo respaldan, hacen sospechar que no haya avance en materia de castigo a los responsables. Asimismo, se acota el “rechazo de la empresa privada local que, acaso amedrentada por investigaciones de corrupción que la CICIG abrió contra poderosos empresarios guatemaltecos, insiste en que una CICIES no es necesaria”.

  Otro hecho que empaña la trayectoria de Nayib Bukele es el descubrimiento de que recibió dinero del consorcio Alba Petróleos que recibe fondos provenientes de PDVSA en Venezuela y que es investigada por posible lavado de dinero en El Salvador y Estados Unidos”. Esto ocurrió en tiempos en que éste fungía como alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando Inversiones Valiosas de El Salvador (Inverval, S.A. de C.V.), investigada por lavado de dinero, le entregó USD 1.974.200. Además de estos desembolsos de Inverval también dio préstamos a personas que ahora figuran en su gabinete de gobierno por USD 3.474.894,70.

  La Revista Factum dice que “Entre el 1 de febrero y el 24 de octubre de 2013, Inverval emitió ocho cheques desde una cuenta del Banco Promérica a favor de Nayib Bukele; de Obermet, la empresa de publicidad de la familia del presidente; y de Starlight, compañía propietaria del Canal TVX. Todos esos fondos, según consta en los documentos en poder de la Fiscalía, estaban destinados a la compra de acciones y a inversión de capital en Starlight, una empresa de comunicación audiovisual que llegó a ser importante en el ascenso político de Bukele, y de la cual Carolina Recinos, actual jefa de gabinete, fue apoderada especial”.

  Pablo Anliker, ministro de Agricultura, y Nelson Fuentes, de Hacienda, también obtuvieron préstamos de Alba Petróleos entre 2012 y 2016. “El primer préstamo que Alba dio a Pablo Anliker fue a título personal y se registró en 2012: $2.3 millones. El año siguiente, Alba reportó un dato consolidado de la deuda a pagar por Pablo Anliker y la empresa Precocidos de El Salvador, fundada el 3 de septiembre de 2009, de la que Anliker es accionista junto a su padre. La deuda total había crecido a $3.3 millones, aunque no se especificó el monto por el que debía responder cada parte”. Para 2016, la deuda de Nelson Fuentes con Alba Petróleos era de USD 72.411.

  Todos estos hechos, sumados a la negativa de la administración de Nayib Bukele ha convertido el respaldo popular con que cuenta en una patente de corso para actuar sin control en la presidencia de la república, reacio a rendir cuentas y a someterse al escrutinio público, lo que ubica a su gobierno muy al borde de la irregularidad y la criminalidad.

viernes, 27 de noviembre de 2020

Defensa de acusados del caso El Aissami en la corte de NY busca descalificar la fuente confidencial del gobierno y desmontar la demanda

  La inapropiada conducta de la fuente confidencial de la fiscalía, según la defensa de Michols Orsini Quintero en el caso del piloto de Tareck El Aissami

Por Maibort Petit 

   Según la abogada defensora de Orsini, Alejandro Javier Marín mantuvo trató con la esposa de su representado, mientras actuaba como fuente confidencial del gobierno.

  El piloto venezolano Michols Orsini Quintero, a través de su abogada defensora, Sabrina Shroff, se sumó a los involucrados en el caso que acusan la conducta irregular de la fuente confidencial de la fiscalía, cuyo testimonio consume casi en su totalidad el gran volumen de pruebas presentadas tardíamente en su contra por el gobierno.

  Orsini Quintero está acusado de formar parte de la conspiración para que las empresas registradas en Estados Unidos, a saber, American Charter Services LLC y SVMI Solutions LLC, llevaran a cabo transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y sus normas regulatorias, de modo de así evadir las sanciones impuestas por el departamento del Tesoro al ex vicepresidente y actual ministro de petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami y el socio de este, Samark López Bello.

  El primero en denunciar la producción tardía del descubrimiento fue el coacusado, Víctor Mones Coro, señalado de negociar el transporte aéreo de pasajeros privados para Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Ahora lo hace Michols Orsini Quintero, cuya representante legal refiere que el gobierno hizo 15 producciones de pruebas que totalizan casi 6 terabytes de información, las cuales fueron entregadas meses después de la interrupción del proceso de descubrimiento, aun cuando estas evidencias estuvieron a disposición de la fiscalía durante mucho tiempo.

  La cuestionada fuente confidencial, el piloto Alejandro Marín, quien es propietario de la empresa Administración Aeronáutica My Jet Server LLC, fue acusado de mentir a agentes federales de Estados Unidos mientras actuaba como colaborador en las investigaciones. Entre otros señalamientos en contra, está el de haber sustraído USD 140.000 de un paquete de dinero en efectivo incautado a una organización criminal.

   Marín se acogió a la defensa pública, pero ha habido observaciones al respecto, por lo que el juez ordenó determinar la realidad financiera del acusado. A su favor se dice que aún cuando es un empresario, la totalidad de los ingresos de la compañía están destinados al pago de un préstamo de USD 1,4 millones. Marín obtuvo un préstamos de USD 400.000 del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia que él alega fueron usados para el pago de nómina de la empresa.

  El descrédito de Alejandro Marín también fue acusado por Víctor Mones Coro.

  La defensa de Michols Orsini Quintero sostiene que es imposible revisar la evidencia presentada por el gobierno, toda vez que el juicio contra su defendido tendrá lugar el 25 de enero de 2021.

   El juez, incluso, recomendó a la fiscalía incluir a Orsini Quintero en la misma acusación contra Tareck El Aissami, Samark López, Joselit Ramírez, Víctor Mones Coro, Alejandro León Maal y Alejandro Quintavalle Yrady.

  Víctor Mones Coro, Michols Orsini Quintero y Alejandro Miguel León Maal se declararon inocentes en agosto de 2019, pero luego, en noviembre del mismo año, Mones Quintero se declaró culpable a cambio de algunas reconsideraciones en su acusación.

   El pasado 10 de noviembre, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York se advirtió del riesgo de fuga que existe en torno Alejandro Marín, dado su acceso a aviones privados venezolanos y sus relaciones con el Tareck El Aissami y otros altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

  Igualmente, Sabrina Shroff le aseguró al juez de la causa, Alvin K. Hellerstein, que Alejandro Marín, en su carácter de fuente confidencial de la fiscalía "se acercó repetidamente a la esposa del señor Orsini Quintero y la interrogó sobre el juicio de su esposo” y le requirió información acerca de si este se sentía satisfecho con la defensa que se le había designado por el tribunal.

“Aún más preocupante, parece que el Sr. Marín continuó empleando a la esposa del Sr. Orsini Quintero sin informar al gobierno ni a los agentes del caso de esta relación en curso. Y, por supuesto, el Sr. Marín no informó a los agentes del DHS que estaba comprometido en una conducta que, incluso, el gobierno categoriza como fraude migratorio durante el tiempo que estuvo cooperando y consiguiendo arrestar a otros”, le manifestó la abogada al juez en su comunicación.

  Se apunta que cuando la defensa informó al gobierno de las continuas interacciones inapropiadas de Marín con la esposa de Orsini Quintero, la fiscalía procedió asumir sola las consultas, pero simplemente hizo que los mismos agentes que estaban a cargo de CS le preguntaran a este sobre su conducta que este negó. El gobierno no hizo más averiguaciones al respecto.

  Otro asunto irregular acusado por la defensa de Orsini Quintero al magistrado, son las cantidades de beneficios financieros que el gobierno y las fuerzas del orden otorgaron a la fuente confidencial, consistentes en la entrega de grandes cantidades de dinero para mantener una empresa endeudada y que no se habría mantenido a flote sin la inyección financiera del gobierno.

   Del mismo modo, la defensa le manifestó al juez Hellerstein que era preocupante la relación de cercanía que habían entablado la fuente confidencial y los agentes a cargo de la investigación. En este sentido, citó una conversación sostenida por chat entre Marín y los agentes del DHS, en la cual se observa una gran familiaridad al hacerle referencia a los problemas que confrontaba con su solicitud de “ciudadanía”, por lo que necesitaba de su ayuda.

“Buenos días, por favor, ¿puede preguntarle a George (agente del DHS) por qué es tan difícil ayudar a acelerar algo tan importante como mi ciudadanía? Hombre, nada de lo que prometió sucedió, lo mismo y la situación de mierda en grupo que tengo con el IRS si te digo cuántas veces te digo que no te preocupes, estoy pasando por una situación muy delicada en la que unas 20 personas dependen de mi empresa, lo siento TJ para decirte esto, pero de manera realista esto es una tontería, yo (por qué) no puedo HSI no puedo hablar con HSI para (...)”, le escribió Marín al agente.

   Sobre la gran cantidad de evidencia tardía, la defensa apunta que se requerirían 185 revisores trabajando 2 mil horas cada uno durante un año para analizar todas las pruebas contenidas en los 6 terabytes de información entregada por la fiscalía, toda vez que se estima que un terabyte contenga 75 millones de páginas y suponiendo que un abogado o asistente legal pueda revisar 50 documentos por hora.

  La defensa Orsini Quintero sostiene que las mismas pruebas de la fiscalía evidencian que su cliente no estuvo ligado a la conspiración y que era simplemente un empleado contratado por Alejandro Marín y, luego, por sugerencia de este último, para Víctor Mones Coro.




 


 


 


 




 

jueves, 19 de noviembre de 2020

Aunque está siendo procesado por mentirle a los agentes federales, el piloto venezolano, Alejandro J. Marín consiguió un préstamo para su empresa de $400 mil otorgado por el gobierno de EE. UU.

 Por Maibort Petit

   Aunque había dudas sobre la certeza de la declaración financiera presentada ante el tribunal, el piloto y empresario de aviación[propietario de Jet Server], Alejandro J. Marín, acusado de haber metido a los agentes federales de los Estados Unidos cuando actuaba como fuente confidencial de la investigación vinculada al caso que involucra al Ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y a otros altos jerarcas venezolanos.

   Gracias a lo argumentado por los fiscales del caso se supo que Marín se las arregló para lograr un préstamo de $400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del presidente, Donald Trump para ayudar a las empresas norteamericanas para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

  Alejandro Javier Marín, dueño y director de la empresa de Administracion Aeronautica My Jet Saver LLC, una compañía de unos 16 empleados, habría aplicado al préstamo del gobierno federal para supuestamente pagar a los trabajadores.

  Los fiscales acusan al empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida de mentir respecto a un dinero que retuvo durante una operación encubierta en la que participaba como informante del gobierno federal, según documentos judiciales.

   Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo que sería incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

  El 13 de noviembre de 2020 se presentó inicialmente el imputado Alejandro Javier Marín ante la  Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la juez, Debra Freeman, quien luego de evaluar el caso decidió designar un abogado para defensa del acusado.

  A Marín se le imputan de tres cargos de declaración falsa a un agente federal, en violación de 18 U.S.C. § 1001 (a). 

  La Corte designó temporalmente a Kelley J. Sharkey, del panel de CJA para representar al Sr. Marín, pero observó que, con base en la información financiera proporcionada al tribunal en la declaración jurada financiera del Sr. Marín y declaraciones hechas por la Fiscalía (que objetó el nombramiento de un abogado),  "No estaba claro si Marín era, de hecho, elegible para representación designada por el tribunal". 

  La corte ordenó la abogada Sharkey proporcionar información adicional después de la presentación y ayudar al Tribunal a determinar si debe continuar el nombramiento temporal.

    Sharkey envió una carta a la Corte el 12 de noviembre de 2020, en respuesta a su directiva. 

    La juez dijo que "habiendo revisado esa carta, el Tribunal concluye que, si bien Marín parece tener activos sustanciales, también parece estar significativamente endeudado y tener poca liquidez en su activos y no hay efectivo disponible. Además, aunque, antes de su arresto, Marín recibía ingresos de su trabajo (como piloto) a un nivel superior al que normalmente calificaría a un acusado para recibir servicios de un abogado de oficio, la Corte ha ordenado ahora su prisión preventiva y no tiene indicios de que su los ingresos continuarán". 

 Asimismo, la magistrada indicó que "sí bien el Gobierno ha argumentado que el señor Marín podría sacar fondos de su negocio familiar que aún funciona, que recientemente obtuvo un préstamo del programa de ayuda federal para paliar la crisis de la pandemia, de aproximadamente $ 400,000, la abogada Sharkey ha manifestado que, según el acusado cualquier beneficios que la empresa obtenga actualmente se utilizan para pagar una deuda de 1,4 millones de dólares, y el préstamo PPE se utilizó para pagar a los empleados de la empresa".

  “Para calificar para el nombramiento de abogado, uno no necesita estar totalmente sin recursos financieros. Para determinar si un acusado no puede pagar un abogado, un tribunal generalmente considera “las realidades económicas que enfrenta el acusado, es decir, los costos realistas de defensa y las necesidades financieras del acusado y su familia". 

   Sostuvo que en este caso, es demasiado pronto en el proceso para conocer con certeza los costos realistas de la defensa, pero bien pueden ser alto, y, si bien es posible que Marín tenga acceso a activos más allá de lo que ha representado ante la Corte, ni su declaración jurada ni las declaraciones realizadas en su nombre por abogado refleja que actualmente tiene los fondos disponibles para contratar un abogado.

  En ese sentido, la juez ordenó que Sharkey siga sirviendo como abogado de oficio aunque advirtió a Marín que, en una etapa posterior de este procedimiento, es posible que el Gobierno solicite el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de lo establecido en la  Ley de Justicia Penal. 

  La carga recaerá sobre Marín para demostrar por una preponderancia de la evidencia que ha sido financieramente incapaz de obtener un abogado. “está bien establecido que la carga recae en acusado de demostrar por una preponderancia de la evidencia que no puede obtener abogado. 

  Además, la juez ordenó  a la abogada Sharkey que informe al Tribunal de cualquier cambio en las circunstancias financieras del Sr.Marín del que tenga conocimiento durante el curso de su enjuiciamiento, en la medida en que ella crea que tales cambios podrían tener un impacto material sobre la determinación de la Corte de la continua elegibilidad de  Marín para un abogado designado.