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martes, 26 de septiembre de 2023

Piloto se declara culpable de haber violado las sanciones impuestas por EE. UU. contra Tareck El Aissami y Samark López

  Este miércoles se realizará una audiencia en la corte para completar este procedimiento. Los fiscales escribieron al juez una carta donde plantean los señalamientos discutidos en la audiencia del 10 de agosto de 2023, sobre la naturaleza del reconocimiento de la responsabilidad basado en la teoría de la evitación consciente.

Por Maibort Petit

    El piloto del expoderoso presidente de PDVSA y vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami se declaró culpable de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al dirigente chavista y su presunto testaferro, frente al juez Alvin K. Hellerstein en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, según documentos judiciales.

  Michols Orsini Quintero fue acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de haber  trasladado a El Aissami y Samark López a varios países en una avión con matrícula estadounidense, a pesar de saber que los prominentes pasajeros estaban sancionados por la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.



   Orsini Quintero presentó su declaración de culpabilidad y aceptó su responsabilidad en un cargo que incluye conspiración para participar y ayudar a Tareck El Aissami y a Samark López Bello a violar las sanciones interpuestas por la OFAC. El acusado enfrenta una condena máxima de 5 años de prisión. La defensa y los fiscales tramitan los últimos elementos sobre este caso.

     
  El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado. Desde entonces vive en Miami, Florida.

La carta de la Fiscalía

   En una carta enviada por al fiscalía al tribunal se señala que el procedimiento de declaración de culpabilidad del acusado Orsini Quintero, programado para ser concretado el 26 de septiembre de 2023, incluirá elementos sobre la discusión planteada en la anterior audiencia  sobre la aplicación de la teoría de la evitación consciente en el contexto de la conspiración. 

  Destaca que el acusado participó conscientemente en una conspiración y afirma haber evitado el conocimiento específico del objeto ilegal de la conspiración, su evitación consciente del objeto ilegal de la conspiración sería una base adecuada para determinar que poseía los conocimientos necesarios para establecer su culpabilidad.

  En este caso, el acusado expresó su declaración de culpabilidad de participar en una conspiración para violar y evadir la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos (la “Ley Kingpin”) y las regulaciones de la Ley Kingpin, en relación con un plan para ayudar a Tareck Zaidan El Aissami. Maddah y Samark José López Bello violan y evaden las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al transportarlos en un avión pilotado por el acusado, según se acusa en el Primer Cargo de la Información. 

 Durante una audiencia de cambio de declaración celebrada anteriormente el 10 de agosto de 2023, el acusado afirmó a través de su abogado que, si bien había aceptado y transportó a El Aissami y López Bello, (1) no le “dijeron” en ese momento que habían sido sancionados, (2) sólo le dijeron que estaban siendo investigados por posibles sanciones, y (3) evitó conscientemente saber que en realidad estaban sancionados.

  Tras una investigación adicional del Tribunal, el abogado defensor explicó que el acusado “le diría al Tribunal que, en el momento en que estas acciones [ es decir, transportar a El Aissami y López Bello]”, El Aissami y López Bello fueron de hecho designados bajo la Ley Kingpin, y que el acusado “le diría nuevamente a la Corte que en algún lugar recóndito de la mente [del acusado] lo hizo”. Lo sé, pero conscientemente evitó tener ese conocimiento de antemano".

Si las declaraciones del acusado durante una alocución de declaración de culpabilidad establecen que él conscientemente evitó saber que El Aissami y López Bello fueron sancionados cuando aceptó volarlos, esa evitación consciente del objeto ilegal de la conspiración – es decir, transportar a los sancionados.

La acusación  original

    Michols Orsini Quintero está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y Samark López. El piloto logró su libertad bajo fianza, tras pagar $250.000 y argumentando que necesitaba 'tratamiento de salud mental, incluida la consejería'. 

  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.

  En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

Detalles del caso

    Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien fuera el Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien también fue acusado de delitos de corrupción por el gobierno de EE. UU., se encuentra en el estatus de fugitivo y se la fijado una recompensa de $5 millones para quienes ayuden a su captura.

  En estos momentos, Ramírez Camacho se encuentra en prisión en Venezuela, tras ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro se haber estado involucrado en una trama de corrupción en PDVSA que superó los 3 mil millones de dólares.  

   El Aissami y López Bello han sido miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante el Tribunal de NY por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

    Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

   La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

  El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

  

domingo, 20 de agosto de 2023

Detalles insólitos del juicio en NY del piloto asociado con Tareck El Aissami y Samark López, acusado de violar las sanciones de la OFAC

  El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado. Se enfrenta a un rango de sentencia en prisión de 37 a 46 meses.

Por Maibort Petit

   La fecha del juicio del piloto que fue acusado de haber violado las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Tareck El Aissami, a su presunto testaferro, Samark López y a Joselit Ramírez Camacho, ha sido cambiada varias veces ante la posibilidad que Michols Orsini Quintero concrete su declaración de culpabilidad. En una audiencia, que tuvo lugar el 10 de agosto de 2023 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el piloto iba hacerse responsable de los delitos pero la acción no se concretó, como ocurrió ya en otras ocasiones. Esta vez el juez ordenó a la defensa y a los fiscales retomar el caso el 18 de septiembre 2023, 'para que las partes diriman sus diferencias sobre las instrucciones que le darán al jurado' que definirá el futuro del ex-militar venezolano.

     Son los varios los intentos frustrados de llegar a un acuerdo de culpabilidad. Lo ocurrido el 10 de agosto, ya había pasado el 27 de marzo de 2023, en la sala del juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, donde se tenía previsto que Michols Orsini Quintero cambiara su declaración de no culpable a culpable. Pero no ocurrió. La fecha se aplaza de manera recurrente ante la falta de consenso.

  La defensa de Orsini Quintero introdujo una moción donde solicitaba al tribunal aplazar el convenio de culpabilidad, y consolidar la sentencia, pero el juez negó la petición alegando que era indeseable.
 
   Hellerstein advirtió a Orsini Quintero que "la forma y el alcance de la alocución del acusado en una audiencia de declaración de culpabilidad es una consideración importante en la sentencia".
   
     En la misma audiencia, el piloto le dijo al juez que no tenía dinero para pagar los gastos del viaje para su regreso a Florida, donde reside con su familia. El juez comentó que entendía que el Servicio de alguaciles llevará al acusado ante el tribunal para que pueda cambiar su declaración de culpabilidad, pero se negará a pagar el costo de su devolución a Miami. 

   El juez le ordenó a la abogado de oficio del acusado, designado por el Centro de Justicia y Responsabilidad [Center for Justice and Accountability (CJA)], que solicitara ayuda con los fondos a la Oficina de Defensores Federales. 

  Ese día el calendario volvió a correr. Se ordenaron los protocolos para que el acusado fuera a la corte y se fijó una nueva fecha para la conferencia el 14 de junio de 2023. 
 
   El magistrado reprogramó dos veces más de la audiencia para el 2 de agosto de 2023 y finalmente, para el 10 de agosto cuando se realizó, pero donde no se decidió la aceptación del acuerdo de culpabilidad, y por el contrario se avanzó hacia una fecha de juicio.

  El juez de Distrito, Alvin K. Hellerstein le advirtió a Michols Orsini Quintero que la condena por los delitos acusados acarrea entre 37 a 46 meses de prisión. 

   La polémica sobre la instrucción a los jurados

 En el marco de la audiencia antes del juicio, los fiscales del caso argumentaron que el tribunal debe aprobar una instrucción de 'evitación consciente' que le permitirá al jurado determinar que el Orsini Quintero tenía conocimiento culpable de que estaba transportando a personas que estaban sancionados por Estados Unidos, y que la evidencia "muestra que el Acusado intencionalmente evitó confirmar el hecho".

  La defensa rechaza que se incluya en las instrucciones de jurado la explicación del cargo de 'evitación consciente'  porque su cliente no estaba al tanto que los pasajeros estaban sancionados.

   Según la regla federal, la prueba de cuándo se permite un cargo de evasión consciente tiene dos vertientes:

1) el acusado debe alegar la falta de algún aspecto específico del conocimiento requerido para la condena.

2) debe haber un predicado fáctico apropiado para la acusación; la evidencia es tal que un jurado racional puede llegar a la conclusión, más allá de una duda razonable,  de que el Demandado estaba al tanto de una alta probabilidad del hecho en disputa y conscientemente evitó confirmar ese hecho. 

   Los fiscales advierten que la corte debe autorizar  una instrucción de 'evasión consciente', para evitar errores procesales en el futuro, esto a pesar de que el gobierno presentará ante el jurado pruebas abrumadoras para respaldar la conclusión de que el Demandado, tenía conocimiento real del hecho en cuestión y conscientemente evitó confirmar ese hecho.

  La defensa debe probar que Orsini, cuando estaba piloteando el avión, 'no sabía que las personas que estaba transportando (Tareck El Aissami y Samark López) estaban en la lista OFAC, y por ende no confirmó el hecho. Pero la credibilidad del argumento es cuestionable porque para volar el piloto debe presentar los planes y registros de vuelo, y obviamente la lista de los pasajeros con identificación.

    No obstante, los fiscales federales han dejado claro que Orsini si sabía y que por ende el acusado cometió un delito con intención específica, y ahora argumenta ignorancia deliberada, alegando desconocimiento del hecho intentando evadir su responsabilidad penal.

    La audiencia fue interrumpida 15 minutos ante el desacuerdo de las partes por el tema en las instrucciones del jurado. El juez fijó para el 18 de septiembre de 2023, una nueva audiencia para continuar con los preparativos para el juicio.

La acusación  

    Michols Orsini Quintero está acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas al ex-vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami y Samark López. El piloto logró su libertad bajo fianza, tras pagar $250.000 y argumentando que necesitaba 'tratamiento de salud mental, incluida la consejería'. 

  Michols Orsini Quintero es un Oficial (R) de la Fuerza Aérea Venezolana desde 1999, del estado Aragua, quien pilotó varios vuelos privados para trasladar a Tareck El Aissami y Samark López Bello a varios países.

  En marzo de 2019, Orsini Quintero fue arrestado en Miami junto a los socios, Víctor Mones Caro y Alejandro Miguel León Maal. Los 3 sujetos fueron acusados de participar en una conspiración para ayudar a El Aissami Maddah a violar las sanciones de la OFAC.

La orden del juez para el viaje del acusado de Miami a NY

   En una acción extraordinaria, el juez del caso, Alvin K. Hellerstein ordenó el 2 de agosto de 2023, que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos organizara el transporte sin custodia, a través de un boleto de ida en clase económica comercial para que el Acusado se trasladara desde Miami, Florida a Nueva York, antes de la audiencia que tuvo lugar el 10 de agosto de 2023.

   La orden de magistrado incluyó que "el costo del viaje de regreso en autocar sea adelantado por un abogado". 

    Orsini Quintero ha sostenido en corte que no cuenta con los recursos para pagar los pasajes para trasladarse desde Miami a Nueva York para atender las citas procesales.

  El juez de distrito ordenó que "el gasto del viaje de Orsini Quintero es un gasto razonable y necesario para evitar perjuicios al Demandado y para permitir que el Tribunal realice una asignación adecuada de la Regla 11". 

  Hellerstein dijo que "el caso es complicado y no se presta a una presencia virtual a través de teléfono o video. La comparecencia personal es requerida por ley". 

  En el fallo del juez, se autorizó el reembolso de gastos del viaje, según lo estipulado en el Título 18 del Código Penal 3006A(e). 

  Fue así como el tribunal argumentó que la defensora de Orsini, Sabrina Shoroff, adelantará el pago del pasaje aéreo de regreso a Miami del acusado y presentará un comprobante para el reembolso. "No se concederán aplazamientos", advirtió Hellerstein

Eventos destacados de la acusación

    Entre 2017 y marzo de 2019, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero, entre otros, proporcionaron vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin.

  Específicamente, los acusados operaban una compañía en American Charter Services en Florida, que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designados en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados.

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien fuera el Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien también fue acusado de delitos de corrupción por el gobierno de EE. UU., se encuentra en el estatus de fugitivo y se la fijado una recompensa de $5 millones para quienes ayuden a su captura.

  En estos momentos, Ramírez Camacho se encuentra en prisión en Venezuela, tras ser acusado por el régimen de Nicolás Maduro se haber estado involucrado en una trama de corrupción en PDVSA que superó los 3 mil millones de dólares.  

   El Aissami y López Bello han sido miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante el Tribunal de NY por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

  Orsini Quintero está acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

    Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

Los eventos

   Entre febrero de 2017, fecha en la cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

   La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

   El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo chárter privado fuera de Estados Unidos, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

  El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

   El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidense a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo chárter para López Bello.

  El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo

   En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

  Luego de 21 meses de detención en de MCC de Nueva York, Orsini Quintero fue puesto en libertad bajo fianza. Posteriormente, su abogada, Shroff logró que se le ampliaran los beneficios de libertad condicional alegando que "Mientras estaba en libertad bajo fianza, no podía dormir, tenía ansiedad y depresión y sufrió pérdida de peso". 

   Shroff dijo que Orsini Quintero, en lugar de aumentar de peso, perdió perdido 10 libras. Gracias a las gestiones de la defensa con el oficial de servicios previos al juicio, David Stwarka, se logró la liberación del piloto.

  El Oficial de Servicios Previos al Juicio Stwarka dijo que Orsini se beneficiaría de (i) una evaluación y tratamiento de salud mental  y (ii) de asistir a una casa de culto ya que la religión y Dios son una fuente de consuelo para el Sr. Orsini".

miércoles, 12 de octubre de 2022

Samark López insiste ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en pedir la desestimación de los cargos en su contra

   Asegura que no es prófugo de la justicia de EE. UU. y que la fiscalía no alegó conductas delictuales que avalen los cargos que se le imputan.
Por Maibort Petit

  A Samark José López Bello se lo acusa de apoyar las actividades de narcotráfico del exvicepresidente y actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de quien se le señala como testaferro. Por ello la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. lo designó el 13 de febrero de 2017, como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley Kingpin, la cual considera no sustentada, como tampoco lo estaría, a decir de sus abogados, la acusación de la fiscalía en su contra. Por ello, insiste en el sobreseimiento de su causa ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York donde se le procesa.

Pedido de sobreseimiento

 El 16 de septiembre de 2022, Edward Y. Kim, en representación de Samark José López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York un Memorándum de ley en apoyo al recurso de sobreseimiento del imputado.

  Insiste la representación legal de López Bello en que es necesario desestimar los cargos de este, toda vez que la acusación presentada por la fiscalía lo señala de conspirar para defraudar a los Estados Unidos, así como de violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y las regulaciones de Sanciones de Cabecillas Extranjeras de Narcóticos, sin alegar la conducta que viole dichos estatutos y reglamentos.

  Se remiten a la jurisprudencia que establece que una “acusación federal puede ser impugnada sobre la base de que no alega un delito dentro de los términos del estatuto aplicable”.

  En tal sentido, sostiene la defensa que no se alega que López Bello haya accedido a obstruir una función lícita del gobierno por medios engañosos o deshonestos, ni se establece una conspiración de Klein.

  Subraya el memorándum que Samark. López Bello no es una persona estadounidense ni se alega que actuó dentro de los Estados Unidos, por lo que se encuentra fuera de la categorización bajo la Ley Kingpin y sus regulaciones.

  Recuerdan que la Ley Kingpin sanciona con bloqueo a personas extranjeras involucradas en el tráfico de estupefacientes, pero estas solamente se aplican a estadounidenses y a personas involucradas en transacciones o tratos dentro de los Estados Unidos. Por ello, en razón de que Samark López Bello no es estadounidense y en la acusación no se alega que haya delinquido dentro del territorio de EE. UU. los cargos son defectuosos.

  Subrayan los abogados que si bien en mayo de 2021 la OFAC modificó el Reglamento de la Ley Kingpin para ampliar el alcance de las prohibiciones e incluir “[a] cualquier transacción (…) que (…) causa una violación de” el reglamento, la modificación fue realizada después de que se devolvió la acusación de López. Por tanto, asevera los abogados defensores que no había una prohibición comparable en la Ley Kingpin o en las Regulaciones de esta que estuvieran vigentes en el momento de la supuesta conducta delictual del acusado.

  Del mismo modo, aseguran los abogados del acusado que los cargos contra su cliente también fallan bajo la presunción contra la extraterritorialidad. Se asevera que la acusación contra López Bello de conspirar para defraudar a los Estados Unidos al violar las sanciones no se alegó adecuadamente una conspiración de Klein, por cuanto el gobierno sólo refirió un acuerdo para violar la ley, y no un acuerdo para obstruir una función legal del gobierno por medios engañosos o deshonestos. Además, agregan que este cargo es una aplicación extraterritorial inadmisible por lo que debe ser desestimado.

  Para la defensa, no procede que Samark López sea obligado a viajar a EE. UU. para impugnar los defectos de la acusación en su contra. Reiteran que el acusado no es un fugitivo, sino un ciudadano extranjero que vive en su país de origen, Venezuela. No puede alegarse que huyó de los Estados Unidos. En este sentido, se destaca que López bello estuvo por última vez en EE. UU. antes de que ocurrieran los presuntos crímenes que se le imputan, por lo que, de acuerdo a la jurisprudencia, tiene derecho a quedarse en casa mientras el tribunal decide la validez de la acusación.

  Con López no aplica la doctrina de privación del derecho al prófugo, primero, porque esto no se ha establecido, ni porque desacreditarlo servirá a los objetivos de la doctrina.

  La defensa subraya que a López Bello no se le acusa de ningún delito de narcotráfico o lavado de dinero, sino que los cargos en su contra obedecen a un solo acto manifiesto, a saber, tomar un vuelo entre la República Dominicana y Venezuela, en un avión registrado en los EE. UU. Reiteran una y otra vez que en la acusación contra su cliente no se alega que haya cometido ningún delito dentro de los Estados Unidos.

Declaración del abogado

  El 16 de septiembre de 2022, Edward Y. Kim, presentó declaración ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para informar que es socio de la firma de abogados Krieger Kim & Lewin LLP, la cual representa al demandado Samark José López Bello siendo para ello abogado debidamente habilitado para ejercer ante dicha Corte.


  Tal declaración la presentó en relación con la moción de sobreseimiento del señor López Bello y adjuntó el formulario I-94 más reciente de su cliente.

  También entregó el historial de llegadas y salidas de EE. UU. de López Bello, ambos del sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza el 13 de septiembre de 2022.

  Asimismo, en la misma fecha, 16 de septiembre de 2022, Edward Y. Kim, presentó ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, el aviso de moción al juez, Alvin K. Hellerstein, solicitando la desestimación de los cargos en su contra y para que se le conceda cualquier otra reparación adicional que el Tribunal considere apropiada.


 

viernes, 26 de agosto de 2022

Samark López Bello logra un respiro al conseguir que un tribunal de apelaciones revierta [temporalmente] la medida que permitía que víctimas de las FARC le pusieran la mano a su fortuna [confiscada por EE. UU.]

   Tanto Tareck El Aissami como Samark López se encuentran en la lista de los más buscados de ICE señalados por tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero.

Por Maibort Petit

    Samark López Bello, contratista del Estado venezolano, y acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de ser el testaferro del actual Ministro de petróleo, Tareck El Aissami (también designado en la lista OFAC por narcotráfico y blanqueo de capitales), acaba de lograr que una corte de apelaciones estadounidense, devolviera  a un juez de primer circuito del Sur de la Florida el dictamen que autorizaba a las víctimas de la FARC a cobrar un premio con los bienes incautados al demandado. Ahora, se debe esperar a que un jurado dictamine si López es o no, agente del grupo terrorista colombiano.

  El fallo de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unido es considerado un logro para Samark López Bello. La defensa busca  detener las acciones contra López Bello, incluyendo una demanda contr a los funcionarios de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro por haberlo incluido en la lista Clinton y sancionarlo, tras lo cual se limita su capacidad de operar en el sistema financiero norteamericano y de otros países.

  La Corte de Apelaciones determinó que la decisión de un juez de primer circuito del estado de la Florida, de declarar a Samark López como agente de la FARC, debe ser ratificada por un veredicto de un jurado que lo designe como tal. En ese sentido, las consideradas víctimas de la FARC tendrán que esperar que se realice el proceso que conlleve a use veredicto unánime, cuyo proceso tomará mucho tiempo. 

   Esta decisión del tribunal de apelaciones responde a la demanda contra Samark López  por parte de Stansell, Gonsalves, Howes y Janes, son hijos sobrevivientes de Thomas Janis, víctima secuestrada por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes obtuvieron en 2010 una sentencia en rebeldía por $ 318 millones contra la referida agrupación rebelde colombiana en virtud de la Ley Antiterrorista, 28 USC § 2333 y, desde entonces, procuran cobrar el fallo mediante la incautación de “los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumento [de las FARC]” de conformidad con el § 201 de la Ley de Seguros contra Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA).

   De acuerdo a este instrumento legislativo, los acreedores judiciales pueden satisfacer una sentencia de la Ley Antiterrorista si (1) el activo es designado como "bloqueado" por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; y (2) los acreedores del fallo establecen que las propiedades bloqueadas son propiedad de la organización terrorista contra la que recibieron un fallo, o son propiedad de agencias o instrumentos de esa organización terrorista.

  El 13 de febrero de 2019, Stansell, Gonsalves, Howes y Janes presentaron una moción ex parte acelerada ante el Tribunal de Distrito para hacer cumplir la sentencia en rebeldía obtenida contra las FARC en 2010, en procura de hacerla cumplir a través de las propiedades de Samark López Bello.  

   En dicha oportunidad, el Tribunal de Distrito determinó que los hoy demandantes-apelados establecieron (1) que “han obtenido una sentencia de la Ley Antiterrorista contra un partido terrorista (las FARC) que se basa en un acto de terrorismo internacional”, (2) que los activos “sobre los cuales (…) pretenden ejecutar” son “'activos bloqueados' tal como se define ese término en TRIA y ATA, 18 USC §2333(e)”, (3) que “el monto total de las ejecuciones no excede el monto pendiente de la Sentencia ATA [Ley Antiterrorista] de los Demandantes”, y que (4) que según “la Ley Kingpin las partes bloqueadas y los propietarios de los activos bloqueados en cuestión identificados en el Cuadro OFAC son cada uno una agencia o instrumento de las FARC”. En razón de ello, el Tribunal de Distrito concedió la moción y ordenó a los Alguaciles de EE. UU. que ejecutaran, gravaran y vendieran los activos bloqueados, que incluían tres parcelas de bienes inmuebles, dos embarcaciones (yates), un avión y cuatro automóviles. Se programó una venta de la propiedad inmueble para el 16 de abril de 2019. López Bello recibió notificación de esta orden el 25 de febrero de 2019.

  El 15 de marzo de 2019, Samark López Bello presentó una moción para enmendar la orden de embargo y ejecución del Tribunal de Distrito y solicitó la suspensión de los procedimientos, así como la oportunidad de impugnar la determinación de que él y sus entidades afiliadas eran agencias o instrumentos de las FARC antes de que ocurriera cualquier venta. El pedido fue rechazado por Tribunal bajo el argumento de que López Bello tenía entre el 25 de febrero (fecha en que recibió la orden judicial de embargo y ejecución) y el 16 de abril (fecha en que estaba programada la venta) para impugnar. Por tanto, la afirmación de que "no había tenido ninguna oportunidad de impugnar las acusaciones" no fue convincente. La defensa apeló.

  El panel del jueces de la corte de Apelaciones, decidió discutir el caso, y luego de escuchar los argumentos orales de las partes, acordó enviar nuevamente al juez Scola para que la decisión tomada a favor de las víctimas de las FARC sea objeto de un juicio y pueda ser ratificada por un jurado, garantizando así el pedido de López de debido proceso.

¿Por qué agente de la Farc?

   De acuerdo al Departamento del Tesoro, Samark López logró amasar una fortuna gracias a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, y en particular su relación con Tareck El Aissami. En la designación se señala que ambos están relacionados con grupos terroristas y cárteles de la droga. La designación de la OFAC es de carácter administrativo.

  Por otro lado, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York cursa actualmente  una causa criminal que señala que López y El Aissami violaron las sanciones impuestas por Estados Unidos en el marco de la designación de ambos en la lista OFAC. En ese caso ya han sido sentenciadas 3 personas, incluyendo una fuente de la fiscalía que habría mentido a los fiscales durante su proceso de colaboración.

Caso criminal contra Tareck El Aissami en Nueva York permanece sin actividad luego de la sentencia del piloto, Alejandro Javier Marín

  Hasta ahora, EE. UU, ha confiscado a Samark López varios bienes inmuebles, yates de lujo, cuentas bancarias donde destaca una de $269 millones en Citibank, aviones y otros instrumentos de valores en el mercado financiero.

  Según la defensa de Samark López, los fiscales no han presentado evidencia sobre las vinculaciones de López con las FARC. El juez de primer circuito declaró al contratista vinculado al régimen venezolano como "un agente" de la FARC.  

Samark López Bello insiste ante el tribunal de Nueva York en que se le otorgue un juicio sumario Sostiene que se violó el debido proceso con su designación por parte de la OFAC.

  El dictamen de la corte de apelaciones indica que el caso debe ser considerado nuevamente por el tribunal de Miami a la vez que determinó que los fondos confiscados a Samark López se mantengan bajo custodia de las autoridades estadounidenses hasta que no se produzca un veredicto de un jurado que condene que López es ciertamente un agente de la FARC.

  De lograrse ese veredicto, entonces las víctimas de las FARC podrán cobrar el premio de los fondos confiscados a López Bello.

Conozca los términos de la apelación de quienes reclaman en activos de Samark López Bello el pago de una sentencia a su favor

Otras acciones 

    Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2021, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami. 

   La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia. 

  En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, ​​han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional. 

  Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados". 

   La demanda dice que los acusados ​​"han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".

    En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".

   Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados". 

    López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo.

   Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".

    La demanda dice que "los acusados ​​están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT". 

   Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común". 

   Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".

  Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades". 

   "Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados ​​en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".

   Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:

1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin, 

2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos. 

3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos. 

4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.

5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello. 

   Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación. 

    En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción. 

   Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera". 

   En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".

   En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes". 

    La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.

   "En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.

   Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".

López pide un juicio sumario

  En febrero de 2022, López Bello pidió ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la necesidad de que se le procese en juicio sumario, toda vez que como lo ha establecido en la contrademanda que ejerce contra funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estos sobrepasaron sus funciones al aplicar una designación derivativa en su contra de la aplicada a Tareck El Aissami, que quien las autoridades sostienen, es testaferro.

   Denuncia que la acción de la OFAC alteró irreparablemente su vida en los Estados Unidos, donde sus casa, bienes e intereses comerciales se han visto afectados, como producto de la acción arbitraria de los demandados.

    El 6 de febrero de 2022, Erich C. Ferrari, En representación de Samark López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorándum de respuesta en apoyo de la contrapropuesta de sentencia sumaria.

lunes, 18 de abril de 2022

Samark López Bello insiste ante el tribunal de Nueva York en que se le otorgue un juicio sumario

  Sostiene que se violó el debido proceso con su designación por parte de la OFAC.

Por Maibort Petit

   Quien es señalado de actuar como testaferro de Tareck El Aissami expresó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la necesidad de que se le procese en juicio sumario, toda vez que como lo ha establecido en la contrademanda que ejerce contra funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estos sobrepasaron sus funciones al aplicar una designación derivativa en su contra de la aplicada a Tareck El Aissami, que quien las autoridades sostienen, es testaferro.

   Denuncia que la acción de la OFAC alteró irreparablemente su vida en los Estados Unidos, donde sus casa, bienes e intereses comerciales se han visto afectados, como producto de la acción arbitraria de los demandados.

  Entretanto, Antonio Caballero —quien igualmente lo considera como agente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, por ende, a través de sus bienes pretende cobrarse la sentencia compensatoria que le otorgara la justicia estadounidense como víctima de las actuaciones del grupo terrorista— solicitó una pausa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, en la causa que sigue contra el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelongo —igualmente señalado por Caballero como agente de las FARC— mientras tal situación se dirime en otras cortes de los EE. UU.

Samark López pide juicio sumario

  El 6 de febrero de 2022, Erich C. Ferrari, En representación de Samark López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorándum de respuesta en apoyo de la contrapropuesta de sentencia sumaria.

    Samark José López Bello, quien demanda a Bradley T. Smith, en su carácter de Director Interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como a otros funcionarios de ese despacho, estima que estos sobrepasaron sus atribuciones legales en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin), 21 U.S.C. § 1901 et seq., e incumplieron las protecciones del debido proceso que le otorga la ley.

  Sostiene, que Bradley y los otros demandados, en lugar de proporcionarle un aviso suficiente para impugnar la acción ilegal de la OFAC, retuvieron casi todas las partes sustanciales del registro administrativo que subyace a su designación. Refiere que los demandados proporcionaron cuatro resúmenes no clasificados que consisten en alegaciones concluyentes, trayendo sus acciones la erradicación completa de las propiedades, los intereses comerciales y la vida familiar de la demandante en los Estados Unidos.

   Amparándose en lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia, López Bello asegura que ni las acciones ni los argumentos de los demandados sorprenden, toda vez que ceden a la “tentación de prescindir de las garantías constitucionales fundamentales”, por lo que instó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a no “otorgar su imprimatur a tal tentación, para que no se rompa el cuidadoso equilibrio alcanzado en nuestra jurisprudencia y se descarten las protecciones fundamentales del debido proceso en la búsqueda de una política”.

   Insiste en que toda su vida en los Estados Unidos se ha visto alterada irreparablemente, pues su residencia fue ejecutada, sus intereses comerciales se han derrumbado, sus propiedades incautadas y su propia persona ha sido objeto de cargos penales derivados directamente de la acción impugnada de los demandados. Todo ello, asevera, en razón de que los demandados no observaron los límites de sus autoridades estatutarias en virtud de la Ley Kingpin y los requisitos del debido proceso, lo cual le ha impedido mitigar estos daños y refutar la base fáctica de la acción de la OFAC.

  En opinión de Samark López Bello su designación por parte de los demandados en virtud de la Ley Kingpin viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y los argumentos contrarios de los demandados carecen de fundamento.

   Considera que la OFAC no evaluó por completo la credibilidad de los informes en los que se basó para sustentar su designación y ahora han revelado que la mayoría, si no todo, del apoyo probatorio para la designación son contenidos en otros "informes". Esto deja abierta la posibilidad de que la agencia haya seleccionado los informes, incluso de fuentes de mala reputación, para garantizar el resultado deseado.

  Refiere que el hecho de que ningún tribunal ha señalado que la OFAC está obligada a evaluar expresamente la credibilidad de cada fuente que considere, contradice lo que la jurisprudencia establece de que “la confianza de una agencia en un informe o estudio sin determinar la exactitud de los datos contenidos en el estudio o la metodología utilizada para recopilar los datos 'es una acción arbitraria de la agencia, y los hallazgos basados en [tal] estudio no están respaldados por pruebas sustanciales'”.

  Por otra parte, López Bello cree que la interpretación de los demandados y el uso de sus facultades en virtud de la Ley Kingpin es contrario a una lectura simple del texto estatutario de dicha ley y su historial legislativo. Para él es improcedente que la OFAC lo designe a él derivativamente como parte de la misma acción de la designación de Tareck El Aissami.

  Samark López insta al Tribunal para que requiera que la OFAC proporcione una notificación previa de aquellas personas sujetas a sanciones en virtud de la Ley Kingpin antes de hacer una designación derivada de una persona con un reclamo legítimo a las protecciones constitucionales del debido proceso.

  Ante esta y otras consideraciones, Samark José López Bello solicitó al Tribunal que le conceda la nación de juicio sumario y. dicte sentencia a su favor en todos sus reclamos.

Entrega de material privilegiado

   El 22 de febrero de 2022, Brian M Boynton, Fiscal General Adjunto Principal, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia un aviso de alojamiento clasificado y privilegiado.

  El abogado, en representación de Andrea M. Gacki, en su carácter de directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como el resto de los demandados por Samark López Bello, estaban notificando a la Corte que en la referida fecha estaban presentando información clasificada y privilegiada en respaldo a su moción de desestimación o, alternativamente, de juicio sumario, así como en apoyo de su oposición a la contra-moción de juicio sumario del demandante.

  Se advierte que la presentación ex parte, in camera incluye porciones reservadas del expediente administrativo en esta materia y también declaraciones sobre las afirmaciones del gobierno del privilegio de aplicación de la ley.

  Se indicó que la presentación se presentaba para almacenamiento seguro y para transmisión segura al Tribunal (a pedido) con el Grupo de Seguridad de Litigios del Departamento de Justicia de EE. UU., Washington, D.C., (202) 514-9016.

Informe conjunto

  El 29 de marzo de 2022, José I. Zumpano, en representación de Antonio Caballero, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, el Informe de estado conjunto que su cliente y la parte interesada, Julio César Álvarez Montelongo, debían entregar según resolución de la corte del 25 de enero de 2022.

   Refirieron al tribunal que como en este ya se sabía, se encuentra pendiente una acción que involucra a Caballero y a Álvarez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y otras dos cortes de distrito, donde las partes decidieron que se debían resolver antes por ser idénticas o similares. Se trata de una acción en la que se debe establecer si Álvarez actúa como agencia o instrumento de las FARC.

  Por ello, Caballero y Álvarez solicitaron al Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, continuar su paralización y que el próximo informe de estado de las partes sea pospuesto hasta después de la audiencia probatoria en California.

Certificación de la desestimación

   El 19 de febrero de 2021, David J. Smith, secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, certificó la emisión de la copia de la Orden de desestimación dictada por dicha Corte, la cual fue expedida atendiendo el mandato del tribunal.

  Smith informó a los abogados que de conformidad con 11th Cir. R. 27-2, "una moción para reconsiderar, anular o modificar una orden debe presentarse dentro de los 21 días posteriores a la entrada de dicha orden. No se permitirá tiempo adicional para el envío por correo".

Desestimación de la apelación de Caballero

  La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos desestimó el recurso por falta de jurisdicción, indicándose que el recurrente, Antonio Caballero, pretendía apelar la denegación de su moción de intervención conforme a la Fed. R. Civ. Pág. 24(b).

  Se advierte que la orden de denegación del tribunal de distrito no fue una orden final ni se incluyó en una clase específica de órdenes interlocutorias que son apelables por excepción estatutaria o jurisprudencial.

  Se dejó sentado que la Corte no puede ejercer jurisdicción provisional bajo la “regla anómala” porque la solicitud de intervención de Caballero buscaba expresa e inequívocamente una intervención permisiva únicamente y, en consecuencia, se estableció que se carecía de jurisdicción para conocer el recurso.

  Asimismo, todas las mociones pendientes se negaron como discutibles y se dejó sentado que no se podía presentar ninguna moción de reconsideración a menos que cumpla con el tiempo y otros requisitos del 11th Cir. R. 27-2 y demás normas aplicables.

viernes, 25 de febrero de 2022

Arrecia campaña de desinformación sobre procesos judiciales de chavistas corruptos en Estados Unidos

  Se pretenden obviar años de investigaciones llevadas a cabo por diversas agencias gubernamentales estadounidenses.

Por Maibort Petit

    El régimen venezolano arrecia su campaña de descrédito del sistema judicial de los Estados Unidos, especialmente aquellas causas en que se procesa a chavistas corruptos en diferentes cortes estadounidenses. Para ello se valdría de agentes de la desinformación que dirigen todos sus esfuerzos a descalificar las investigaciones que las agencias del gobierno desarrollan durante años para sustentar cada uno de estos litigios.

   Cuando el 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Tareck Zaidan El Aissami Maddah como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin) por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional y a Samark José López Bello por brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico y actuar para o en nombre del primero,  lo hizo luego de una investigación desarrollada por años, la cual estuvo sustentada en los parámetros del referido instrumento legislativo.

 Tales investigaciones llevaron a la instancia gubernamental a establecer que Tareck El Aissami desde las distintas posiciones de gobierno que ha ocupado facilitó envíos de droga desde Venezuela, mantenía el control de aviones que salen de una base aérea venezolana, así como las rutas de la droga por los puertos de Venezuela.

 Las averiguaciones del Departamento del Tesoro lo llevaron a determinar que El Aissami, estuvo a cargo, bien como supervisor o propietario parcial de cargamentos de droga que superaron los mil kilos, desde Venezuela a destinos finales en México y Estados Unidos.

  El alto funcionario, revelaron las investigaciones, facilitó, coordinó y protegió a otros narcotraficantes que operaban en Venezuela, específicamente a Walid Makled García, como también está vinculado a operaciones de narcotráfico para el cartel mexicano de Los Zetas, brindar protección al narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco.

   Entretanto, estas averiguaciones llevaron al Departamento del Tesoro a establecer que Samark López Bello actuó como testaferro clave de Tareck El Aissami y, desde esa posición, se dedicó al lavado de las ganancias de las drogas.

 Precisaron las investigaciones que, a través de López Bello, El Aissami ha comprado algunos activos, maneja algunas operaciones comerciales y sus asuntos financieros.

  Específicamente, López Bello estaría a cargo de la supervisión de una serie de empresas, tales como Alfa One C.A. (Venezuela); Grupo Sahect C.A. (Venezuela); MFAA Holdings Limited (Islas Vírgenes Británicas); Profit Corporation, C.A. (Venezuela); Servicios Tecnológicos Industriales, C.A. (Venezuela); SMT Tecnología, C.A. (Venezuela); y Yakima Trading Corporation (Panamá).

 Asimismo, se determinó que cinco empresas estadounidenses controladas por Samark López Bello y/o MFAA Holdings Limited, a saber, 1425 Brickell Ave 63-F LLC; 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, LLC; 1425 Brickell Avenue 64E, LLC; Agusta Grand I LLC; y 200G PSA Holdings LLC, formarían parte de las operaciones y, por tanto, fueron bloqueadas por efecto de la designación de la OFAC[1].

  Igualmente, la acusación contra López Bello en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se establece que, de acuerdo a investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., las ejecutorias que sustentan los cargos en su contra, se ejecutaron a través de diversas entidades bajo su control, a saber, PYP International LLC; PEP filial venezolana de International LLC, Profit Corporation C.A.; y la filial panameña de PYP International LLC, Yakima Trading Corporación.

  Se determinó en las investigaciones que llevaron a la acusación, que López Bello junto a Tareck El Aissami y otros involucrados en las operaciones irregulares, llevó a cabo una serie de transacciones y tratos con funcionarios, directores y agentes de American Charter Services LLC y SVMI Solution LLC dentro de los Estados Unidos, las cuales violaban el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1904 (c) (1) y 190 6 (a) (2), y Título 31, Código de Reglamentos, Secciones 598.203(a) y 598.406.

  A través de esas mismas empresas. Tareck El Aissami, Samark López Bellos y sus socios, llevaron a cabo operaciones destinadas a evadir y evitar las prohibiciones contenidas en la Ley Kingpin.

Referencias

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman Samark López Bello”. 13 de febrero de 2017. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/as0005.aspx