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miércoles, 2 de diciembre de 2020

Natalino D'Amato, imputado por lavado de dinero en EE. UU., asegura que sus millonarios negocios con PDVSA son legítimos

   Sus cuentas en Miami recibieron USD 160 millones que la fiscalía sostiene son el producto de negocios irregulares mantenidos con empresas mixtas de PDVSA.

Por Maibort Petit

   Mientras las autoridades de los Estados Unido dirigen todos sus esfuerzos para confiscar dinero proveniente de negociaciones irregulares depositados en cuentas de Miami, los protagonistas de las tramas de corrupción se defienden y aseguran que sus fondos no son el producto de corrupción que quisieran lavar en el sistema bancario norteamericano, sino de negocios legítimos entablados con Petróleos de Venezuela S.A.

   Es el caso del empresario ítalo-venezolano, Natalino D'Amato — quien se encuentra en Venezuela— y a través de su abogado, David O. Markus, aseguró ser inocente y agregó que luchará ante las autoridades federales de los Estados Unidos para demostrar la legitimidad de sus fondos y sus negociaciones. El representante legal también negó que su cliente se encuentre cooperando con la fiscalía.

“Natalino D’Amato es inocente y no está cooperando con Estados Unidos, en lo único que está interesado es en el dinero que ha ganado con sus negocios legítimos”, aseguró Markus[1].

  D'Amato fue acusado de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan, luego de una investigación llevada a cabo por la oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina local del IRS-CI en Miami; el abogado litigante, Alexander Kramer, de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Entretanto, la Fiscal Federal Auxiliar, Adrienne E. Rosen, maneja lo concerniente al decomiso de activos.

  La acusación del gobierno refiere que entre 2013 y 2017, D'Amato conspiró con otras personas, entre ellos funcionarios de las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a saber, Petrocedeño y Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar el producto de una operación ilegal consistente en el pago de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.

   El acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

  Las empresas de D’Amato con las cuales entabló negocios para el suministro de bienes y servicios con la petrolera venezolana a través de las referidas empresas mixtas, de acuerdo a lo que señala la acusación, son Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca); Alpha Energy de Venezuela C.A. (Alfa); Industria Techno Parts C.A. (ITP); e Industria Nacional de Goma C.A. (GNL). Éstas compañía poseían una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank, en el Distrito Sur de Florida.

  Asimismo, el acusado es propietario de una corporación con sede en Nevis, denominada Kronos Enterprises Corp., la cual mantuvo cuentas en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.

 La acusación sostiene que Natalino D’Amato habría ofrecido y pagado sobornos a numerosos funcionarios de las referidas empresas mixtas, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios de estas. En concreto, según la acusación, las empresas controladas del acusado recibieron aproximadamente USD 160 millones en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. D’Amato supuestamente destinó una parte de esos fondos para pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  El proceso iniciado por la fiscalía, igualmente procura la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente USD 45 millones.

Las transferencias

  La acusación contra Natalino D'Amato describe una serie de transferencias que tuvieron lugar entre 2013 y 2017 por un total de más de USD 160 millones, desde cuentas bancarias de las Subsidiarias de PDVSA a cuentas de las empresas del demandado en el banco Mercantil.

  En este sentido, se describe una transferencia de USD 99,8 millones de Petrocedeño; una de USD 34,4 millones de Petropiar; una de USD 15,5 millones de Petromonagas; otra de USD 11,3 millones de Sinovensa; y una de USD 1.0 millón de Petromiranda.

  En mayo de 2015, Natalino D'Amato ofreció pagar al Oficial Venezolano 1 USD 1 millón en sobornos a cambio de su asistencia para lograr contratos de Petrocedeño, así como otras ventajas comerciales.

  Entre julio de 2015 y diciembre de 2016, Natalino D'Amato transfirió USD 2 millones de dólares en sobornos al Funcionario venezolano 1, desde las cuentas de sus Empresas D'Amato en Mercantil Bank, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, D'Amato ordenó una transferencia que constituía un soborno por USD 30.000 a beneficio del Oficial Venezolano 2. Esta operación se hizo desde una cuenta personal del acusado en Mercantil Bank a una cuenta a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 2.

  Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2017, Natalino D'Amato ordenó transferencias por más de USD 800.000 que constituyen sobornos a beneficio del funcionario venezolano, desde cuentas de las empresas D'Amato en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 3.

  Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, D'Amato transfirió más de USD 160.000 en sobornos a beneficio del Funcionario venezolano 4, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a cuentas corporativas controladas por el Funcionario Venezolano 4.

 Entre agosto de 2017 y octubre de 2017, el demandado transfirió sobornos por más de USD 170.000 al Funcionario venezolano 5, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 5.

Lavado internacional de instrumentos monetarios

  Para concretar el delito de lavado internacional de instrumentos monetario, el acusado, Natalino D'Amato, llevó a cabo una serie de operaciones.       Así, el 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 1.034.576,70 desde una cuenta de la empresa ITP en el Banco Mercantil en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta en el Banco Banesco en Panamá a beneficio del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, transfirió USD 30.000 desde una cuenta del Banco Mercantil a nombre de D'Amato, a una cuenta personal en España a beneficio del Oficial Venezolano 2.

  El 1 de mayo de 2017, transfirió USD 3.434.345,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

  El 15 de junio de 2017, el acusado transfirió USD 2.908.943,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en el Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

Lavado de dinero

  Para materializar el delito de lavado de dinero que se le imputa, Natalino D'Amato, según la acusación, llevó a cabo las siguientes operaciones:

  El 1 de junio de 2016, transfirió USD 151.506,22 desde una cuenta de Vemeca en Mercantil Bank a una cuenta en BB&T Bank a beneficio del Funcionario Venezolano 3.

  El 22 de diciembre de 2016, ordenó transferir USD 105.958,16 desde una cuenta del lTP en el Mercantil Bank a una cuenta en Banesco Bank a beneficio del Oficial Venezolano 4.

  El 24 de octubre de 2017, transfirió USD 130.000 desde una cuenta de Vemeca en el Banco Mercantil a una cuenta en Bank of America a beneficio del Oficial Venezolano 5.

Participar en transacciones con propiedad derivada del delito

  El delito de Participar en transacciones con propiedad derivada del delito del que también se señala a Natalino D'Amato, se habría concretado a través de las siguientes operaciones:

  El 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 5.000.000 desde una cuenta de Vemeca en el Mercantil Bank a una cuenta de Kronos en Wells Fargo.

   EL 16 de mayo de 2017, el acusado transfirió fondos relacionados con la compra de bonos del Grupo Goldman Sachs por USD 301.623,61, desde una cuenta de inversión de Kronos en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de julio de 2017, D'Amato transfirió USD 3.000.000 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank a una cuenta de él mismo en Titleist Asset Management.

Los decomisos

   En el proceso judicial que la fiscalía sigue contra Natalino D'Amato, aspira recuperar activos a través de una serie de decomisos.

  La fiscalía contabiliza hasta el momento, USD 14.691.851.79 a nombre de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors; USD 9.854.646.81 de Kronos Enterprises Corp, en una cuenta de Wells Fargo Advisors identificada con el número 3700-8508; USD 7.791.854,82 de L.J.D. en una cuenta de Wells Fargo Advisors con el número 7103-8027.

  Igualmente, USD 6.968.670,01 de Kronos Enterprises Corp en la cuenta número 8950-0365 en el Wells Fargo Advisors; USD 5.897.975,66 de Natalino D'Amato y L.J.D. la cuenta de Tigress Financial Partners, número P82-004055;  USD 746.950,98 a nombre de L.J.D. en la cuenta número 898095788895 del Bank of America; y USD 34.280,03 a nombre de Natalino D'Amato, en la cuenta número 898071640481 en el Bank of America.

REFERENCIAS

[1] MSN de la original publicada en El Nuevo Herald. “EEUU intensifica esfuerzos contra venezolanos acusados de lavado de dinero en Miami”. 1 de diciembre de 2020. https://www.msn.com/es-us/noticias/miami/eeuu-intensifica-esfuerzos-contra-venezolanos-acusados-de-lavado-de-dinero-en-miami/ar-BB1bwWxg


lunes, 1 de junio de 2020

Sinovensa: La empresa mixta devastada por las llamas y las irregularidades

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Este proyecto es el reflejo del fracaso de los planes de inversión de Venezuela y China, pues la mayoría de las metas se quedaron en el papel o nunca se completaron.
   Una reseña periodística firmada por Jeanfreddy Gutiérrez Torres[1] y publicada en el portal Diálogo Chino el 26 de mayo de 2020, para dar cuenta de un siniestro ocurrido el 26 de marzo de 2020 en el Complejo Operativo Morichal[2], estado Monagas, donde se procesa crudo proveniente de la Faja Petrolífera del venezolana, sirvió al autor para destacar el declive que ha experimentado el proyecto de inversión implementado por los gobiernos de Venezuela —primero con Hugo Chávez y, después, con su sucesor, Nicolás Maduro— y China. La nota, pues, se pasea de la devastación causada por las llamas, a la ocurrida en el seno de la principal industria del país y sus consecuencias económicas, a causa de los manejos irregulares que tienen lugar en la misma.

  Se remite la información a los inicios del gobierno de Hugo Chávez al término del siglo 20, cuando en procura de nuevas inversiones para Venezuela que diversificaran las relaciones comerciales venezolanas, el mandatario presentó a la administración china la orimulsión, una invención desarrollada por PDVSA-Intevep S.A. dirigida a permitir la explotación de los yacimientos de hidrocarburos extra pesados de la Faja del Orinoco. Además, este combustible se convirtió en la opción ideal para hacer funcionar las plantas termoeléctricas, dado que su precio es más bajo que el del carbón. La orimulsión fue ampliamente promovida por Chávez en los mercados de Europa y Asia durante las giras que llevó a cabo durante los primeros años de su gestión.

La orimulsión como promesa de crecimiento económico

  La orimulsión era un combustible de gran aceptación en Japón, Canadá e Italia, donde era utilizado en sus centrales eléctricas.

  En medio de este panorama, se suscribieron los acuerdos petroleros entre China y Venezuela en 1999. Para ese entonces, refiere la reseña, en razón de esta nueva alianza se formularon planes y proyectos de los que surgieron una serie de promesas de crecimiento económico. Chávez firmó en Pekín —durante su primera visita a China— un memorando que proyectaba la creación de un comité conjunto de energía, así como un tratado de protección de inversiones, puso sobre la mesa la primera línea de crédito a la exportación del Banco de Desarrollo de China, así como un acuerdo para construir viviendas.

  La mayoría de estas proyecciones se quedaron solamente en eso, en planes u obras inconclusas, concretándose únicamente Sinovensa, una empresa mixta Empresa Mixta constituida en sociedad entre la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y China National Petroleum Corporation (CNPC) y sobre la cual reposan hoy día las esperanzas de éxito de la alianza. Sin embargo, parecer cada vez más cuesta arriba, toda vez que la compañía, que producía 105 mil barriles de petróleo diarios, una séptima parte de la mermada producción de 700 barriles al día.

  Por otra parte, otros males hacen estragos en la empresa petrolera y en los acuerdos de China y Venezuela, tal como lo refiere un informe de la organización Transparencia Venezuela[3]. Refiere la nota que solamente las empresas mixtas Petroboscán y Sinovensa se erigieron como excepción en el conjunto de acuerdos con irregularidades.

  Una de las primeras acciones derivadas de los primeros acuerdos entre China y Venezuela, fue la creación de Orifuels Sinoven en 2001, empresa conjunta entre BITOR, la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) y su filial Petrochina Fuel, a la cual se le adjudicó un área de 11 kilómetros cuadrados en el campo Morichal, que le permitía la perforación de 75 pozos y la extracción de 90 mil barriles diarios. El crudo se transportaba por una tubería de 330 kilómetros hasta el Complejo Petroquímico Industrial José Antonio Anzoátegui (José), desde donde era embarcado a China.

  Para el año 2003, comenzó a construirse el segundo módulo de la Planta de Orimulsión José y la perspectiva era la producción de 125 mil barriles de combustible diarios, una cantidad que se hacía posible al agregar agua a los 90 mil barriles de crudos que se estaban produciendo. Esto significaba que China tendría orimulsión para su generación eléctrica y Venezuela obtendría ingresos por el orden de USD 2,2 mil millones en los primeros 20 años de la concesión.

  Pero tres años después, la situación cambió de manera radical en virtud de que Venezuela abandonó la producción de orimulsión con el alegato de que era un mal negocio para el país, de acuerdo al ministro del ramo para la época, Rafael Ramírez. El nuevo discurso sostenía era preferible y mas rentable mezclar los crudos extra pesados con otros más livianos, que utilizar el bitumen para la producción de la orimulsión. El detalle estaba en que una versión corrió, en la que se aseguraba que China había comprado la tecnología y continuaría pagando por su uso.

La nueva compañía

  El fracaso de los planes, llevó a la conformación de una nueva compañía producto de la sociedad de la estatal china CNPC con la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Nació así, la Empresa Mixta Petrolera Sinovensa, en la que la primera tendría el 40 por ciento de las acciones y la segunda el 60 por ciento y esta compañía se encargó desde entonces de continuar la explotación de los pozos petroleros asignados. La siguiente decisión fue invertir en una planta de mejoramiento del crudo extra pesado mediante la reducción de su acidez y viscosidad, lo cual facilita la producción de gasolina y gasóleo, así como su transporte a través de tuberías. En Merey 16 de la Faja Petrolífera del Orinoco se produce un crudo de alta demanda en las refinerías asiáticas.

   Pero, tampoco este cometido se cumplió, pues desde septiembre de 2019 se incumple con el envío diario de los 350 mil barriles de petróleo crudo que permitirían pagar los USD 50 mil millones. Y es que en la FPO están paralizados cuatro mejoradores y los incendios son una amenaza constante.

  Además, desde la misma fecha, septiembre 2019, la CNPC detuvo su producción en Venezuela en razón de las sanciones que Estados Unidos impuso a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al gobierno venezolano.

Gran endeudamiento

  La nota de Gutiérrez Torres refiere que en 2013, el Banco de Desarrollo de China (BDC) se comprometió al envío de USD 4 mil millones a una tasa variable entre 1 por ciento y 8,5 por ciento, más una tasa fija de 5,8 por ciento, que se destinarían al crecimiento y desarrollo de la planta de mejora de petróleo crudo José que operaba Sinovensa. Se buscaba incrementar la producción de crudo de 105 mil a 230 mil barriles diarios, una tarea que estaría en manos de la subsidiaria Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (HCQ).

  Petróleos de Venezuela S.A. no ha dado a conocer más sus informes de deudas, ni sus estados financieros y estadísticas, siendo 2016 el último año en que se produjera la divulgación de estos datos.

  En dicha fecha, el informe de la deuda refirió que la petrolera venezolana había recibido USD 699 millones en 2015 y otros USD 1.3 millones en 2016 que estaban destinados a Sinovensa. Una deuda que se debía terminar de pagar en 2023.

  La reseña agrega que, en 2018, PDVSA decidió reducir su participación en Sinovensa a 54,35 por ciento y de esta manera honrar parte del financiamiento, pero se desconocen las cifras de estas transacciones. El presidente de CNPC, Zhang Jianjua, se trasladó a Venezuela para concretar la venta del 9,9 por ciento de las acciones.

  Cuando después de estos, la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, viajó a Pekín para participar en la XVI Reunión de la Comisión Conjunta de Alto Nivel China-Venezuela, solicitó un nuevo empréstito por USD 5 mil millones.

  Subraya la nota que la vicepresidenta Rodríguez y el entonces presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, se atrevieron a decir que el suministro de petróleo de Venezuela a China estaba garantizado en razón del aumento de la producción de Sinovensa, obviando el objetivo que diez años antes se había establecida para este proyecto era el incremento de la producción diaria de crudo a 230 mil barriles.

  Ahora Zhang y Quevedo hablaban de una meta de incremento de las exportaciones totales de petróleo a China a 1 millón de barriles por día, llevando la producción de Sinovensa a 165 mil barriles. Un objetivo que nunca se alcanzó.

Corrupción en Sinovensa

  Muy poco tiempo había transcurrido desde la visita de la junta china a Venezuela, cuando el presidente de dicha empresa, Alberto Bockh, fue arrestado por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Igual suerte corrieron parte de los gerentes de la empresa. Se les acusó de malversación de fondos, conspiración de funcionarios con contratistas, falsificación de procedimientos de licitación o hacer acusaciones falsas y conspirar para desviar fondos y falsificar contratos en la Faja del Orinoco.

   Un informe de Transparencia Venezuela refiere que de los USD 25 mil millones que China prestó a Venezuela para desarrollar proyectos conjuntos, USD 15 mil millones fueron desviados para otros fines, tal como la importación de bolsas CLAP, el programa de alimentación implementado por el gobierno de Nicolás Maduro.

Tal hecho ha creado desconfianza en China acerca del manejo de los fondos y ha derivado en la supervisión directa de los proyectos.

  Alberto Bockh se había comprometido en abril de 2019 con el fundador de Orifuel Sinoven y vicepresidente ejecutivo para las Américas en la CNPC, Chen Jintao, a incrementar la supervisión por parte del ejército pues ocurrían muchos robos que retrasaban la producción, pero las irregularidades continuaron, como lo revelaron las quejas de los sindicalistas que aseguraron que los militares participaban en la comisión de estos delitos.

Los incendios

  A la situación descrita, el reporte de prensa agrega los efectos que los incendios causan en el Complejo Morichal.

  Así, por ejemplo, el sindicalista Eudis Girot refirió que en fecha 27 de abril de 2020, se produjo un gran incendio cuando una chispa de material de soldadura cayó sobre un arbusto sin cortar alrededor del complejo.

  Los trabajadores debieron ser evacuados y cuatro kilómetros de tuberías quedaron destruidos, como también resultaron afectados varios tanques de almacenamiento. Toda esta situación ocasionó fallas eléctricas que paralizaron el transporte de petróleo crudo desde la FPO. El evento afectó, además de los pozos petroleros, a las plantas donde el crudo se separa de la arena y la sal.

  Se especifica en la información, que como los tanques no podían bombear el crudo extraído a la planta, hubo un desbordamiento por cuatro días, advirtiendo el sindicalista que de ninguna manera este podría calificarse como hecho fortuito, por cuanto era algo se ocurría muy a menudo.

  Finaliza la nota de Jeanfreddy Gutiérrez Torres refiriendo que la agencia de noticias Reuters corroboró la información el 4 de mayo y subrayó que los incendios afectaron los pozos petroleros de Chevron, Repsol y Sinovensa y remata con el hecho de que la producción petrolera venezolana continúa disminuyendo.

CITAS

[1] Diálogo Chino. “Fire devastates key China–Venezuela oil Project”. 26 de mayo de 2020. https://dialogochino.net/en/extractive-industries/35547-fire-devastates-iconic-china-venezuela-oil-friendship-project/

[2] ACN. “Incendios cierran campos y producción de petróleo sigue en picada”. 5 de mayo de 2020. https://www.acn.com.ve/incendios-cierran-campos-y-produccion-de-petroleo-sigue-en-picada/



[3] Transparencia Venezuela. VENDATA | Información sobre acuerdos suscritos entre Venezuela y China es escasa. https://transparencia.org.ve/vendata-informacion-sobre-acuerdos-suscritos-entre-venezuela-y-china-es-escasa/

jueves, 30 de abril de 2020

Leonardo Santilli, el contratista de PDVSA acusado de lavado de dinero en EE.UU.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $ 44.7 millones.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de lavado de dinero relacionados con contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.
  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones . Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

  En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.