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viernes, 26 de agosto de 2022

Samark López Bello logra un respiro al conseguir que un tribunal de apelaciones revierta [temporalmente] la medida que permitía que víctimas de las FARC le pusieran la mano a su fortuna [confiscada por EE. UU.]

   Tanto Tareck El Aissami como Samark López se encuentran en la lista de los más buscados de ICE señalados por tráfico internacional de narcóticos y lavado de dinero.

Por Maibort Petit

    Samark López Bello, contratista del Estado venezolano, y acusado por los fiscales federales de Estados Unidos de ser el testaferro del actual Ministro de petróleo, Tareck El Aissami (también designado en la lista OFAC por narcotráfico y blanqueo de capitales), acaba de lograr que una corte de apelaciones estadounidense, devolviera  a un juez de primer circuito del Sur de la Florida el dictamen que autorizaba a las víctimas de la FARC a cobrar un premio con los bienes incautados al demandado. Ahora, se debe esperar a que un jurado dictamine si López es o no, agente del grupo terrorista colombiano.

  El fallo de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unido es considerado un logro para Samark López Bello. La defensa busca  detener las acciones contra López Bello, incluyendo una demanda contr a los funcionarios de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro por haberlo incluido en la lista Clinton y sancionarlo, tras lo cual se limita su capacidad de operar en el sistema financiero norteamericano y de otros países.

  La Corte de Apelaciones determinó que la decisión de un juez de primer circuito del estado de la Florida, de declarar a Samark López como agente de la FARC, debe ser ratificada por un veredicto de un jurado que lo designe como tal. En ese sentido, las consideradas víctimas de la FARC tendrán que esperar que se realice el proceso que conlleve a use veredicto unánime, cuyo proceso tomará mucho tiempo. 

   Esta decisión del tribunal de apelaciones responde a la demanda contra Samark López  por parte de Stansell, Gonsalves, Howes y Janes, son hijos sobrevivientes de Thomas Janis, víctima secuestrada por guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes obtuvieron en 2010 una sentencia en rebeldía por $ 318 millones contra la referida agrupación rebelde colombiana en virtud de la Ley Antiterrorista, 28 USC § 2333 y, desde entonces, procuran cobrar el fallo mediante la incautación de “los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumento [de las FARC]” de conformidad con el § 201 de la Ley de Seguros contra Riesgos de Terrorismo de 2002 (TRIA).

   De acuerdo a este instrumento legislativo, los acreedores judiciales pueden satisfacer una sentencia de la Ley Antiterrorista si (1) el activo es designado como "bloqueado" por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro; y (2) los acreedores del fallo establecen que las propiedades bloqueadas son propiedad de la organización terrorista contra la que recibieron un fallo, o son propiedad de agencias o instrumentos de esa organización terrorista.

  El 13 de febrero de 2019, Stansell, Gonsalves, Howes y Janes presentaron una moción ex parte acelerada ante el Tribunal de Distrito para hacer cumplir la sentencia en rebeldía obtenida contra las FARC en 2010, en procura de hacerla cumplir a través de las propiedades de Samark López Bello.  

   En dicha oportunidad, el Tribunal de Distrito determinó que los hoy demandantes-apelados establecieron (1) que “han obtenido una sentencia de la Ley Antiterrorista contra un partido terrorista (las FARC) que se basa en un acto de terrorismo internacional”, (2) que los activos “sobre los cuales (…) pretenden ejecutar” son “'activos bloqueados' tal como se define ese término en TRIA y ATA, 18 USC §2333(e)”, (3) que “el monto total de las ejecuciones no excede el monto pendiente de la Sentencia ATA [Ley Antiterrorista] de los Demandantes”, y que (4) que según “la Ley Kingpin las partes bloqueadas y los propietarios de los activos bloqueados en cuestión identificados en el Cuadro OFAC son cada uno una agencia o instrumento de las FARC”. En razón de ello, el Tribunal de Distrito concedió la moción y ordenó a los Alguaciles de EE. UU. que ejecutaran, gravaran y vendieran los activos bloqueados, que incluían tres parcelas de bienes inmuebles, dos embarcaciones (yates), un avión y cuatro automóviles. Se programó una venta de la propiedad inmueble para el 16 de abril de 2019. López Bello recibió notificación de esta orden el 25 de febrero de 2019.

  El 15 de marzo de 2019, Samark López Bello presentó una moción para enmendar la orden de embargo y ejecución del Tribunal de Distrito y solicitó la suspensión de los procedimientos, así como la oportunidad de impugnar la determinación de que él y sus entidades afiliadas eran agencias o instrumentos de las FARC antes de que ocurriera cualquier venta. El pedido fue rechazado por Tribunal bajo el argumento de que López Bello tenía entre el 25 de febrero (fecha en que recibió la orden judicial de embargo y ejecución) y el 16 de abril (fecha en que estaba programada la venta) para impugnar. Por tanto, la afirmación de que "no había tenido ninguna oportunidad de impugnar las acusaciones" no fue convincente. La defensa apeló.

  El panel del jueces de la corte de Apelaciones, decidió discutir el caso, y luego de escuchar los argumentos orales de las partes, acordó enviar nuevamente al juez Scola para que la decisión tomada a favor de las víctimas de las FARC sea objeto de un juicio y pueda ser ratificada por un jurado, garantizando así el pedido de López de debido proceso.

¿Por qué agente de la Farc?

   De acuerdo al Departamento del Tesoro, Samark López logró amasar una fortuna gracias a sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, y en particular su relación con Tareck El Aissami. En la designación se señala que ambos están relacionados con grupos terroristas y cárteles de la droga. La designación de la OFAC es de carácter administrativo.

  Por otro lado, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York cursa actualmente  una causa criminal que señala que López y El Aissami violaron las sanciones impuestas por Estados Unidos en el marco de la designación de ambos en la lista OFAC. En ese caso ya han sido sentenciadas 3 personas, incluyendo una fuente de la fiscalía que habría mentido a los fiscales durante su proceso de colaboración.

Caso criminal contra Tareck El Aissami en Nueva York permanece sin actividad luego de la sentencia del piloto, Alejandro Javier Marín

  Hasta ahora, EE. UU, ha confiscado a Samark López varios bienes inmuebles, yates de lujo, cuentas bancarias donde destaca una de $269 millones en Citibank, aviones y otros instrumentos de valores en el mercado financiero.

  Según la defensa de Samark López, los fiscales no han presentado evidencia sobre las vinculaciones de López con las FARC. El juez de primer circuito declaró al contratista vinculado al régimen venezolano como "un agente" de la FARC.  

Samark López Bello insiste ante el tribunal de Nueva York en que se le otorgue un juicio sumario Sostiene que se violó el debido proceso con su designación por parte de la OFAC.

  El dictamen de la corte de apelaciones indica que el caso debe ser considerado nuevamente por el tribunal de Miami a la vez que determinó que los fondos confiscados a Samark López se mantengan bajo custodia de las autoridades estadounidenses hasta que no se produzca un veredicto de un jurado que condene que López es ciertamente un agente de la FARC.

  De lograrse ese veredicto, entonces las víctimas de las FARC podrán cobrar el premio de los fondos confiscados a López Bello.

Conozca los términos de la apelación de quienes reclaman en activos de Samark López Bello el pago de una sentencia a su favor

Otras acciones 

    Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2021, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami. 

   La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia. 

  En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, ​​han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional. 

  Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados". 

   La demanda dice que los acusados ​​"han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".

    En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".

   Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados". 

    López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo.

   Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".

    La demanda dice que "los acusados ​​están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT". 

   Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común". 

   Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".

  Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades". 

   "Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados ​​en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".

   Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:

1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin, 

2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos. 

3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos. 

4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.

5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello. 

   Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación. 

    En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción. 

   Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera". 

   En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".

   En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes". 

    La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.

   "En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.

   Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".

López pide un juicio sumario

  En febrero de 2022, López Bello pidió ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la necesidad de que se le procese en juicio sumario, toda vez que como lo ha establecido en la contrademanda que ejerce contra funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estos sobrepasaron sus funciones al aplicar una designación derivativa en su contra de la aplicada a Tareck El Aissami, que quien las autoridades sostienen, es testaferro.

   Denuncia que la acción de la OFAC alteró irreparablemente su vida en los Estados Unidos, donde sus casa, bienes e intereses comerciales se han visto afectados, como producto de la acción arbitraria de los demandados.

    El 6 de febrero de 2022, Erich C. Ferrari, En representación de Samark López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorándum de respuesta en apoyo de la contrapropuesta de sentencia sumaria.

lunes, 18 de abril de 2022

Samark López Bello insiste ante el tribunal de Nueva York en que se le otorgue un juicio sumario

  Sostiene que se violó el debido proceso con su designación por parte de la OFAC.

Por Maibort Petit

   Quien es señalado de actuar como testaferro de Tareck El Aissami expresó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia la necesidad de que se le procese en juicio sumario, toda vez que como lo ha establecido en la contrademanda que ejerce contra funcionarios de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, estos sobrepasaron sus funciones al aplicar una designación derivativa en su contra de la aplicada a Tareck El Aissami, que quien las autoridades sostienen, es testaferro.

   Denuncia que la acción de la OFAC alteró irreparablemente su vida en los Estados Unidos, donde sus casa, bienes e intereses comerciales se han visto afectados, como producto de la acción arbitraria de los demandados.

  Entretanto, Antonio Caballero —quien igualmente lo considera como agente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, por ende, a través de sus bienes pretende cobrarse la sentencia compensatoria que le otorgara la justicia estadounidense como víctima de las actuaciones del grupo terrorista— solicitó una pausa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, en la causa que sigue contra el cantante mexicano Julio César Álvarez Montelongo —igualmente señalado por Caballero como agente de las FARC— mientras tal situación se dirime en otras cortes de los EE. UU.

Samark López pide juicio sumario

  El 6 de febrero de 2022, Erich C. Ferrari, En representación de Samark López Bello, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, un Memorándum de respuesta en apoyo de la contrapropuesta de sentencia sumaria.

    Samark José López Bello, quien demanda a Bradley T. Smith, en su carácter de Director Interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como a otros funcionarios de ese despacho, estima que estos sobrepasaron sus atribuciones legales en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin), 21 U.S.C. § 1901 et seq., e incumplieron las protecciones del debido proceso que le otorga la ley.

  Sostiene, que Bradley y los otros demandados, en lugar de proporcionarle un aviso suficiente para impugnar la acción ilegal de la OFAC, retuvieron casi todas las partes sustanciales del registro administrativo que subyace a su designación. Refiere que los demandados proporcionaron cuatro resúmenes no clasificados que consisten en alegaciones concluyentes, trayendo sus acciones la erradicación completa de las propiedades, los intereses comerciales y la vida familiar de la demandante en los Estados Unidos.

   Amparándose en lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia, López Bello asegura que ni las acciones ni los argumentos de los demandados sorprenden, toda vez que ceden a la “tentación de prescindir de las garantías constitucionales fundamentales”, por lo que instó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a no “otorgar su imprimatur a tal tentación, para que no se rompa el cuidadoso equilibrio alcanzado en nuestra jurisprudencia y se descarten las protecciones fundamentales del debido proceso en la búsqueda de una política”.

   Insiste en que toda su vida en los Estados Unidos se ha visto alterada irreparablemente, pues su residencia fue ejecutada, sus intereses comerciales se han derrumbado, sus propiedades incautadas y su propia persona ha sido objeto de cargos penales derivados directamente de la acción impugnada de los demandados. Todo ello, asevera, en razón de que los demandados no observaron los límites de sus autoridades estatutarias en virtud de la Ley Kingpin y los requisitos del debido proceso, lo cual le ha impedido mitigar estos daños y refutar la base fáctica de la acción de la OFAC.

  En opinión de Samark López Bello su designación por parte de los demandados en virtud de la Ley Kingpin viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y los argumentos contrarios de los demandados carecen de fundamento.

   Considera que la OFAC no evaluó por completo la credibilidad de los informes en los que se basó para sustentar su designación y ahora han revelado que la mayoría, si no todo, del apoyo probatorio para la designación son contenidos en otros "informes". Esto deja abierta la posibilidad de que la agencia haya seleccionado los informes, incluso de fuentes de mala reputación, para garantizar el resultado deseado.

  Refiere que el hecho de que ningún tribunal ha señalado que la OFAC está obligada a evaluar expresamente la credibilidad de cada fuente que considere, contradice lo que la jurisprudencia establece de que “la confianza de una agencia en un informe o estudio sin determinar la exactitud de los datos contenidos en el estudio o la metodología utilizada para recopilar los datos 'es una acción arbitraria de la agencia, y los hallazgos basados en [tal] estudio no están respaldados por pruebas sustanciales'”.

  Por otra parte, López Bello cree que la interpretación de los demandados y el uso de sus facultades en virtud de la Ley Kingpin es contrario a una lectura simple del texto estatutario de dicha ley y su historial legislativo. Para él es improcedente que la OFAC lo designe a él derivativamente como parte de la misma acción de la designación de Tareck El Aissami.

  Samark López insta al Tribunal para que requiera que la OFAC proporcione una notificación previa de aquellas personas sujetas a sanciones en virtud de la Ley Kingpin antes de hacer una designación derivada de una persona con un reclamo legítimo a las protecciones constitucionales del debido proceso.

  Ante esta y otras consideraciones, Samark José López Bello solicitó al Tribunal que le conceda la nación de juicio sumario y. dicte sentencia a su favor en todos sus reclamos.

Entrega de material privilegiado

   El 22 de febrero de 2022, Brian M Boynton, Fiscal General Adjunto Principal, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia un aviso de alojamiento clasificado y privilegiado.

  El abogado, en representación de Andrea M. Gacki, en su carácter de directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como el resto de los demandados por Samark López Bello, estaban notificando a la Corte que en la referida fecha estaban presentando información clasificada y privilegiada en respaldo a su moción de desestimación o, alternativamente, de juicio sumario, así como en apoyo de su oposición a la contra-moción de juicio sumario del demandante.

  Se advierte que la presentación ex parte, in camera incluye porciones reservadas del expediente administrativo en esta materia y también declaraciones sobre las afirmaciones del gobierno del privilegio de aplicación de la ley.

  Se indicó que la presentación se presentaba para almacenamiento seguro y para transmisión segura al Tribunal (a pedido) con el Grupo de Seguridad de Litigios del Departamento de Justicia de EE. UU., Washington, D.C., (202) 514-9016.

Informe conjunto

  El 29 de marzo de 2022, José I. Zumpano, en representación de Antonio Caballero, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, el Informe de estado conjunto que su cliente y la parte interesada, Julio César Álvarez Montelongo, debían entregar según resolución de la corte del 25 de enero de 2022.

   Refirieron al tribunal que como en este ya se sabía, se encuentra pendiente una acción que involucra a Caballero y a Álvarez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California y otras dos cortes de distrito, donde las partes decidieron que se debían resolver antes por ser idénticas o similares. Se trata de una acción en la que se debe establecer si Álvarez actúa como agencia o instrumento de las FARC.

  Por ello, Caballero y Álvarez solicitaron al Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, continuar su paralización y que el próximo informe de estado de las partes sea pospuesto hasta después de la audiencia probatoria en California.

Certificación de la desestimación

   El 19 de febrero de 2021, David J. Smith, secretario del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, certificó la emisión de la copia de la Orden de desestimación dictada por dicha Corte, la cual fue expedida atendiendo el mandato del tribunal.

  Smith informó a los abogados que de conformidad con 11th Cir. R. 27-2, "una moción para reconsiderar, anular o modificar una orden debe presentarse dentro de los 21 días posteriores a la entrada de dicha orden. No se permitirá tiempo adicional para el envío por correo".

Desestimación de la apelación de Caballero

  La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos desestimó el recurso por falta de jurisdicción, indicándose que el recurrente, Antonio Caballero, pretendía apelar la denegación de su moción de intervención conforme a la Fed. R. Civ. Pág. 24(b).

  Se advierte que la orden de denegación del tribunal de distrito no fue una orden final ni se incluyó en una clase específica de órdenes interlocutorias que son apelables por excepción estatutaria o jurisprudencial.

  Se dejó sentado que la Corte no puede ejercer jurisdicción provisional bajo la “regla anómala” porque la solicitud de intervención de Caballero buscaba expresa e inequívocamente una intervención permisiva únicamente y, en consecuencia, se estableció que se carecía de jurisdicción para conocer el recurso.

  Asimismo, todas las mociones pendientes se negaron como discutibles y se dejó sentado que no se podía presentar ninguna moción de reconsideración a menos que cumpla con el tiempo y otros requisitos del 11th Cir. R. 27-2 y demás normas aplicables.