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miércoles, 22 de julio de 2020

En Miami, Venden por $ 12.25 millones la mansión que perteneció a Samark López Bello, testaferro de El Aissami

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Los federales alegan que Samark José López Bello participó en actividades de narcotráfico.

   Una nota publicada en el portal The Real Deal  informa que la mansión que perteneció al presunto narcotraficante, Samark López Bello, acusado por los Estados Unidos de ser el testaferro Tareck El Aissami, fue vendida por USD 12 millones. 

   The Real Deal sostiene: "Cuando un supuesto líder de un narcotraficante necesitaba un lugar para estacionar su dinero en 2016, Samark José López Bello eligió un hogar apropiado: una finca palaciega blanca en Coral Gables con un sorprendente parecido con la mansión de Tony Montana en "Scarface".

   "Ahora, más de cuatro años después, después de que el gobierno federal confiscó sus activos, el gobierno vendió la propiedad costera de 15,000 pies cuadrados de López Bello en 325 Leucadendra Drive por $ 12.25 millones. 777 Florida Properties LLC, dirigida por Steven Lempera, presidente de Future Environmental, compró la casa, según muestran los registros".

  López Bello es un fugitivo de alto perfil y es el supuesto testaferro del líder de Tareck Zaidan El Aissami, ex vicepresidente de Venezuela y presunto narcotraficante, según el gobierno federal. López Bello presuntamente proporcionó asistencia y apoyo financiero para las actividades de narcotráfico cometidas por El Aissami.

   López Bello compró la mansión en Gables Estates de Coral Gables poco después de su construcción en 2015 por $ 16.5 millones, según los registros. Cuenta con nueve habitaciones y nueve baños y medio en 1.3 acres. La casa también cuenta con una piscina con vista al agua, según el listado. La mansión fue construida y propiedad del constructor de viviendas de Miami Sergio Pino.

   El Aissami también presuntamente coordinó los envíos de drogas a Los Zetas, un cartel mexicano de drogas, y brindó protección al narcotraficante colombiano, Daniel Barrera Barrera, según el gobierno federal.

   Gables Estates de Coral Gables y Cocoplum se han convertido en destinos populares para la supuesta actividad de lavado de dinero. En 2018, se incautaron dos casas de lujo en el área después de que funcionarios del gobierno alegaron que el magnate venezolano de la televisión Raúl Gorrín sobornó a funcionarios venezolanos para obtener acceso a la tasa de cambio de moneda fija especial del país.

  El sur de Florida ha sido un paraíso para la actividad de lavado de dinero de América del Sur y Central. La industria de bienes raíces tiene obligaciones mínimas requeridas para realizar la debida diligencia con respecto a compradores y vendedores o cuando se trata de informar actividades sospechosas.

Ver nota original aquí


martes, 31 de marzo de 2020

Fiscales de Nueva York se oponen rotundamente a que el cómplice de Tareck El Aissami salga en libertad bajo fianza bajo el argumento del coronavirus

   En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales para huir de Estados Unidos "como mínimo, unos $6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

Por Maibort Petit
@maibortpetit


  La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se opuso a la solicitud  de libertad bajo fianza presentada ante el tribunal por los abogados de uno de los cómplices del vicepresidente de Economía e Industria de Venezuela, Tareck El Aissami, quien está a la espera de ser sentenciado, luego de declararse culpable. Víctor Mones Coro enfrenta una condena máxima de 30 años, y pidió que lo dejaran salir de la cárcel debido, entre otros argumentos, a su temor al contagio de coronavirus.
  La defensa de Víctor Mones Coro presentó el 25 de marzo de 2020  una petición ante la corte donde pide que se le permita abandonar la prisión ante los posibles riesgos de COVID-19.

  Los fiscales neoyorquinos sostiene que el acusado no tiene derecho a ser puesto en libertad porque no puede demostrar "con evidencia clara y convincente" que no va a huir del país. 

  Aseguran que Mones Coro tiene contactos sustanciales en el extranjero, incluida la ciudadanía en España y Venezuela, tiene acceso a millones de dólares, aviones privados y tiene un historial de manipulación de manifiestos de vuelo y organización de viajes ilícitos. 

   Si bien el acusado afirma en términos generales que no huirá —argumentan los fiscales— en su solicitud no presenta evidencia insuficiente de eso, y tampoco es creíble debido a sus esfuerzos anteriores para engañar a las fuerzas del orden público y entrenar a otros para que mientan, "mientras llevaba a cabo un delito extremadamente grave, que el Congreso ha identificado como amenazante Seguridad nacional de los Estados Unidos al apoyar a los narcotraficantes a gran escala". 

  Los fiscales dicen que Mones Coro tiene una motivación significativa para huir, "dada la sustancial sentencia de prisión que enfrenta y, como único en este caso, tiene acceso a personas poderosas en el extranjero que tienen interés en ayudar al acusado a huir de los Estados Unidos". 

  En la presentación de argumentos de la fiscalía se destacan los esfuerzos del acusado por utilizar el brote de COVID-19 para justificar su liberación, razón por la cual, el juez debe rechazar la petición.

  Los abogados del gobierno señalan que no existe ninguna autoridad legal que justifique la liberación del acusado, y que además, el Centro Correccional Metropolitano, donde se aloja Mones Coro, ha emprendido medidas para proporcionarle acceso a su abogado. 

  "De hecho, al menos cuatro tribunales de distrito en este circuito han rechazado, en los últimos días, solicitudes similares de liberación. Por todas estas razones, la solicitud del acusado debe ser denegada", afirma la fiscalía.

La acusación 

   Entre 2017 y marzo de 2019,  Víctor Mones Coro proporcionó vuelos privados y otros servicios de charter a personas designadas en violación de la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros y de las regulaciones de la Ley Kingpin. 

  Específicamente, el acusado operaba una compañía en American Charter Services en Florida,  que proporcionaba vuelos y otros servicios al vicepresidente de economía de Venezuela, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, y a su socio, Samark José López Bello. Ambos fueron designado en Febrero de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC como narcotraficantes especialmente designados. 

  La acusación sostiene que los cómplices del acusado incluyen a El Aissami, López Bello y Joselit Ramírez Camacho, quien es el actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela, y quien fue acusado el pasado 26 de marzo por el fiscal General de Estados Unidos, William Barr. 

  Cabe destacar que El Aissami y López Bello son miembros prominentes del círculo íntimo de Nicolás Maduro, el líder de facto de Venezuela, que fue acusado por separado ante este Tribunal en la acusación por delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas. 

  Moros Coro proporcionó servicios de vuelo y hangar a El Aissami y López Bello desde al menos 2014. Luego de la designación de El Aissami y López Bello por la OFAC, el acusado trabajó con otros para continuar brindándoles servicios en violación de la ley. 

  Además de proporcionar servicios de vuelo internacional, el acusado y sus cómplices organizaron vuelos en nombre de El Aissami y López Bello dentro de Venezuela en apoyo de la campaña presidencial de Maduro en 2018. "Para enmascarar su conducta ilícita, el acusado y sus cómplices usaron nombres en clave para referirse a El Aissami y López Bello en los manifiestos de vuelo y crearon facturas falsas. Igualmente,  utilizó pagos en efectivo a granel transportados en aviones volados desde Venezuela a los Estados Unidos", dicen los fiscales. 

   El acusado también ordenó a un miembro de la conspiración que mintiera a la policía durante la tramitación de la investigación. 

   Moros Coro fue arrestado en el Distrito Sur de Florida el 8 de marzo de 2019 y ha estado detenido desde entonces en el Centro Correccional Metropolitano. 

   El 26 de noviembre de 2019, el acusado se declaró culpable  y está programado para ser sentenciado el 24 de abril de 2020.

   Moros Coro solicitó que el Tribunal se base en el Informe de la Oficina de Prisiones del 24 de marzo de 2020, en lugar de un Informe de servicios previos al juicio, para que el juez le otorgue el beneficio de libertad bajo fianza.

   Los fiscales dijeron que la solicitud de libertad bajo fianza de Moros Coro no cumple con la evidencia que se requiere, y que los argumentos no son convincentes.

  Rechazaron la posibilidad de que se le deje en libertad en el proceso de espera de la sentencia porque existen altas posibilidades que el acusado huya. Asimismo, los fiscales le restaron importancia a una serie de cartas de amigos que presentó Moros Coro, que declaran que el acusado no va a huir del país.

  El registro demuestra que el acusado tiene el incentivo, los medios y las relaciones para huir, acusan la Fiscalía.

  En el documento manifiestan que el acusado tiene recursos financieros sustanciales "como mínimo, unos increíbles $ 6.8 millones en activos, incluido el acceso inmediato a más de $ 40,000 en efectivo, un avión privado y un bote". 

   La Oficina de Libertad Condicional concluyó que, a pesar de las deudas reclamadas por el acusado y el flujo de caja negativo, tiene la capacidad de pagar una multa y que la declaración jurada financiera del acusado, que puede haber sido técnicamente correcta al momento de la finalización, "aparentemente sub-representa la capacidad del acusado de pagar una multa". 

   De hecho, hace solo unas semanas, el acusado vendió una de sus residencias en Boca Ratón por más de $ 1.7 millones, y el abogado defensor aclaró a la Oficina de Probation que ciertas deudas que figuran en la declaración jurada financiera no se cobrarían. 

   Igualmente, el acusado tiene contactos extranjeros sustanciales, incluidas personas con recursos significativos que tienen un incentivo para sacar al acusado de los Estados Unidos para protegerse contra los cargos de anuncio reciente. 

   Si bien el acusado es ciudadano de los Estados Unidos, también es ciudadano de España y Venezuela. La madre del acusado reside en España  y su hermana reside en las Islas Canarias españolas. 

  Los fiscales destacan que tiene relaciones con altos funcionarios venezolanos que tienen un incentivo creciente para ayudarlo a huir de los Estados Unidos. 

  Los conspiradores acusados ​​del acusado incluyen a El Aissami, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industria y Producción Nacional; López Bello; y Joselit Ramírez Camacho,  actual Superintendente de Criptomonedas para Venezuela. 

  El Aissami y López Bello son parte del círculo interno del gobernante venezolano de facto, Nicolás Maduro, quien también está acusado en este Distrito.

  El acusado ayudó a proporcionar vuelos en apoyo  a la más reciente campaña electoral de Maduro, que la Organización de los Estados Americanos concluyó que "carecía de legitimidad" y contribuyó al "empeoramiento de la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela como resultado del colapso del orden democrático y graves violaciones de los derechos humanos.

   La conducta del acusado fue extremadamente grave, y su conducta en violación de la Ley Kingpin empeoró la" emergencia nacional resultante de las actividades de los narcotraficantes internacionales y sus organizaciones que amenazan la seguridad nacional, la política exterior y economía de los Estados Unidos ".

  Agregan los fiscales que Moros Coro tiene una habilidad única para huir porque es un piloto experimentado,  Es dueño de un avión privado  y ha pasado años en la industria de la aviación en los Estados Unidos, durante los cuales indudablemente construyó una red de asociados que también tienen acceso a aviones privados. 

  Además, como lo demuestra la conducta delictiva por la cual el acusado se declaró culpable, el acusado tiene experiencia en el uso de manifiestos de vuelo falsificados y enmascarando viajes ilícitos.

  Estas circunstancias únicas requieren un encarcelamiento continuo en este caso. 

  Los fiscales sostiene que Moros Coro, de 52 años, enfrenta una sentencia de prisión significativa. Su declaración de culpabilidad lo somete a una sentencia máxima de treinta años de prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión. 


  En el documento de moción, donde la fiscalía rechaza la petición, se señala que las condiciones del Centro Correccional Metropolitano (MCC), el acusado tiene acceso a sus abogados y que si bien la situación de COVID-19 ha requerido cambios temporales en el prisión en relación con las interacciones abogado-cliente, MCC está trabajando de manera constante y rápida para presentar alternativas a las reuniones en persona. 

  El abogado defensor se comunicó recientemente con el acusado por teléfono, y el Gobierno entiende que se atenderán las futuras solicitudes de llamadas telefónicas del defensor.

  El abogado defensor tiene la capacidad de comunicarse con el acusado por correo electrónico. Además, el MCC está trabajando para establecer capacidades de videoconferencia a partir de la próxima semana, a las cuales el acusado tendrá acceso. 

  Estas medidas, dicen los fiscales,  son apropiadas para proteger la salud de los reclusos y el personal al tiempo que equilibran las necesidades de los acusados ​​para comunicarse con un abogado. 

  Dado el mandato casi universalmente aceptado de la comunidad médica de que las reuniones en persona deben evitarse para todos, ya sea que estén encarcelados o no, el acceso del acusado a llamadas legales y correo electrónico es claramente una alternativa adecuada a las reuniones presenciales durante la duración del peligro más grave planteado por COVID-19.

   Además, gran parte del argumento del acusado con respecto a los desafíos de prepararse para su sentencia se basa en la falta de voluntad del acusado de aplazar la fecha de la sentencia. 

   El Gobierno entiende que el acusado está ansioso por proceder a la sentencia, y el Gobierno está dispuesto a proceder a la sentencia tan pronto como la próxima semana si el Tribunal lo desea. Pero el acusado no puede quejarse de que no puede cumplir con las expectativas de tiempo de su sentencia mientras se opone simultáneamente a la flexibilización de esos plazos. 

  Un breve aplazamiento de la fecha de la sentencia permitiría al abogado tiempo adicional para mantener llamadas y videoconferencias con el acusado, o tal vez para reunirse en persona cada vez que los protocolos COVID-19 puedan ser relajados de manera segura. 

   Dado que el acusado enfrenta una sentencia máxima de 30 años en prisión y un rango de pautas de 70 a 87 meses de prisión, un aplazamiento de algunas semanas no es irrazonable, y es una solución infinitamente más adecuada para abordar las preocupaciones del acusado de lo que es liberación de la custodia dado el riesgo de fuga que plantea.

  Por su parte, la Oficina de Prisiones  ha informado al Gobierno que está preparado para manejar los riesgos planteados por COVID-19, al igual que con otras enfermedades infecciosas y otras condiciones médicas. Desde al menos octubre de 2012, BOP ha implementado un Plan de influenza pandémica. 

martes, 22 de octubre de 2019

Juez de NY fija audiencia previa al juicio para los tres hombres acusados de violar sanciones impuestas por EE. UU. contra a Tareck El Aissami

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Este martes se fijó una nueva audiencia —previa al juicio— del caso de los tres ciudadanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro). La nueva cita será el 3 de enero de 2020 y en la misma se acordará el calendario del juicio.

Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero se declararon No culpables ante un tribunal en Nueva York en agosto de 2019. Los tres individuos fueron arrestados en marzo de este año en el estado de la Florida. 

La audiencia de este martes tuvo que ser prorrogada debido a que en el piso 34 de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se presentó un conato de incendio que obligó a desalojar el edificio. Una vez controlado el incidente, los abogados de la defensa y el fiscal estadounidense, Emil Bove se hicieron presentes en la sala el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein para acordar la nueva fecha de la audiencia, que busca aclarar todos los pasos del proceso que implica la entrega del descubrimiento (evidencias), y la aprobación del calendario para la selección del jurado y fechas de inicio del juicio que podría ser para el segundo semestre del 2020.   

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo del cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos:

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas.

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar las empresas registradas en Estados Unidos, American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.

Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones.

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana.

La fiscalía sostiene que Tareck El Aissami y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela.

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York, a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.
 Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos, podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal.


Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.

Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos.


El Aissami y López Bello fueron acusados ​​cada uno de cinco cargos de eludir sanciones y violar la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, que se dirige a personas que se cree amenazan los intereses de la política económica y exterior de Estados Unidos.


El Aissami y Samark López fueron los primeros sujetos de las sanciones de la OFAC en febrero de 2017, por su presunta participación en el tráfico de drogas. En ese momento, varios de sus activos estaban congelados y los ciudadanos y las empresas de EE. UU. estaban bloqueados para realizar actividades comerciales con ellos.

El Aissami ha estado vinculado a narcotraficantes y delincuentes como los Zetas en México y el narcotraficante colombiano, Daniel "El Loco" Barrera, desde 2008 cuando operaba como ministro de relaciones interiores de Hugo Chávez. También se le ha asociado con grupos terroristas como Hezbolá, aunque estas conexiones aún no se han verificado por completo.


jueves, 1 de agosto de 2019

Tres acusados en el caso de Tareck El Aissami se declaran "no culpables" ante juez de Nueva York y deciden ir a juicio

Por Maibort Petit
@maiborpetit

Tres ciudadanos venezolano-americanos, Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones impuestas bajo la Ley Kipping (dirigida a los narcotraficantes extranjeros que cometen delitos en los Estados Unidos) al facilitar vuelos charters al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami y a su socio, Samark López, (sancionados por el Departamento del Tesoro), se declararon no culpables ante un tribunal en Nueva York. El juez no ha fijado aún la fecha del juicio. 
Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal y Michols Orsini Quintero fueron arrestados en marzo de 2019 en el estado de la Florida. Luego de la primera audiencia de presentación y el respectivo traslado a Manhattan, los acusados fueron presentados ante el juez de Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein quien estará al frente del caso.

Mones Caro y León Maal se declararon no culpables de cinco cargos y Orsini Quintero no admitió su responsabilidad en un cargo por el cual está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos.

En la demanda de la fiscalía, Tareck El Aissami, Samark López, Víctor Mones Caro, Alejandro Miguel León Maal están acusados de cinco cargos: 

(1) conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas;(2) utilizando American Charter Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y otras regulaciones relacionadas; (3) usando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas; (4) usando SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y regulaciones relacionadas, y (5) usar SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. 

De ser hallados culpables, en cada uno de los cinco cargos representa una pena máxima de 30 años de prisión, recibirían un máximo total de sentencia de 150 años de cárcel.

Orsini Quintero y Quintavalle Yrady (Panamá) están acusados ​​de conspirar para usar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las reglamentaciones relacionadas con dicho instrumento.


Los fiscales sostienen que los acusados violaron las sanciones al usar aviones privados suministrados por empresas estadounidenses. Las sanciones prohíben a las empresas y ciudadanos norteamericanos hacer negocios y tener relaciones con personas designadas bajo la ley Kingpin.

De acuerdo al documento, que cita unos expedientes del Departamento de Seguridad Nacional, El Aissami y Samark López hicieron arreglos con empresas del Sur de la Florida propiedad de los detenidos. Víctor Mones Coro es el presidente de American Charter Services LLC, y Alejandro Miguel León Maal trabajó desde 2008 hasta 2019 con Mones. 

Dice el documento que León Maal registró la compañía SVMI Solution LLC, que tiene las mismas siglas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Dicha firma fue usada para la conspiración.

Los eventos 

Entre febrero de 2017, fecha en al cual fue designado Tareck El Aissami y Samark López en la lista OFAC, y marzo de 2019, se realizó la conspiración que ocurrió en cinco países: EE. UU. (Nueva York), Venezuela, Turquía, Rusia y República Dominicana. 

La fiscalía sostiene que Tareck  El Aissami  y Samark López Bello, violaron la ley al tomar los vuelos, incluido uno el 23 de febrero de 2019, desde Rusia a Venezuela. 

El 28 de enero de 2018, León Maal usó una cuenta de correo asociada a American Charter Services LLC para enviar un mensaje relacionado a un vuelo charter privado fuera de Estados Unido, describiendo la nave que sería usada por uno de los conspiradores, López Bello.

El 17 de Julio de 2018, León Maal hizo una transferencia de aproximadamente USD. 108.407.69. El dinero fue enviado de una cuenta en Manhattan, New York,  a una cuenta a nombre de SVMI Solution LLC por el pago de los servicios de vuelos charter privados a López Bello.

El 6 de septiembre de 2018, Mones Coro usó una cuenta de un banco estadounidenses a nombre de American Charter Services LLC para transferir USD. 30.000 en conexión con un vuelo charter para López Bello.

El 9 de septiembre de 2018, López Bello tomó un vuelo privado en una avión con matrícula estadounidense desde República Dominicana a Venezuela. Mones Coro ayudó con los arreglos de dicho vuelo.

En febrero de 2019, El Aissami tomó un vuelo privado desde Rusia a Venezuela arreglado también  por León Maal.

La demanda señala que Víctor Mones Coro es el presidente American Charter Services, una compañía de alquiler de aviones particulares que ofrece vuelos a destinos tan diversos como Bolivia, Brasil, México, Turquía, Cuba, España, Venezuela, China, República Dominicana o EEUU.

Los avances del caso en Nueva York

La fiscalía solicitó a la corte que dictara una orden de protección de los materiales que conforman el llamado descubrimiento, que de conformidad con la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, el gobierno debe entregar a los demandados para que se preparen para el juicio.

Dice la petición que considerando que el Gobierno ha declarado que la producción de las evidencias incluirá grabaciones, comunicaciones electrónicas, datos y otros materiales "que revelan las identidades de las personas que actuaron bajo la dirección de la policía en relación con la investigación subyacente", la fiscalía desea proteger las identidades de los participantes en las comunicaciones reflejadas en los materiales que deben estar bajo la orden de protección.

Los fiscales declararon que "si los materiales protegidos se difunden a terceros, dentro o fuera de los Estados Unidos,  podrían, entre otras cosas, implicar la seguridad de testigos e impedir investigaciones en curso", por ello reiteraron que los mismos reciban una orden de protección por parte del tribunal.

Los Materiales Protegidos sólo serán utilizados por los Demandados, sus abogados y los agentes de sus defensas con el propósito de defender los cargos, en relación con la sentencia y presentar cualquier apelación en la acción penal. 

La próxima audiencia del caso se realizará en la segunda semana de agosto donde se dará a conocer el cronograma para el juicio cuya fecha no se ha dado a conocer.

Los más buscados

Cabe destacar que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional,  Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos incluyó a El Aissami, el ex vicepresidente de Venezuela, y López Bello en la lista de los 10 más buscados, tras haber sido declarados fugitivos de la justicia norteamericana.
Los dos hombres, El Aissami y López Bello fueron sancionados en febrero de 2017 bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, por cargos de narcotráfico y por estar vinculados a grupos terroristas islámicos. 







martes, 21 de mayo de 2019

La empresa de Samark López y Tareck El Aissami obtuvo contratos con CITGO y PDV USA violando la normativa interna de la petrolera

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, CITGO  Petroleum Corporation pagó millones de dólares a la empresa Yakima Trading Corporation, propiedad de Samark López Bello, de acuerdo a lo argumentado en una demanda hecha por una ex ejecutiva de CITGO, que alega que la empresa la despidió por haberse negado a participar en acciones criminales ordenadas por el CEO de la época, el fallecido Nelson Martínez.
Los abogados de Marisol Gómez señalaron en un documento presentado ante la Corte del Condado de Harris, en Texas,  que los pagos hechos por CITGO a Yakima totalizan USD2,378,534. 00, además de otras transacciones con dicha empresa que desde 2017 está sancionada por la OFAC por vinculaciones con el narcotráfico, lavado de dinero, entre otros delitos atribuidos al ex vicepresidente y actual Ministro de Industria venezolano, Tareck Zaidan El Aissami.

En la primera petición modificada de la demanda presentada por Marisol Gómez contra el demandado CITGO Petroleum Corporation, la ex Vicepresidenta de Recursos Humanos de CITGO señala que en los meses anteriores a la culminación de sus servicios en la petrolera, el entonces presidente y CEO de la corporación, Nelson Martínez, quien posteriormente fue arrestado por corrupción y robo, le solicitó a la demandante que participara en actos criminales que se mencionan a continuación:

1) Nelson Martínez habría solicitado a Marisol Gómez que ejecutara un contrato de $ 1.7 millones que formaba parte de un plan de devolución multimillonario con una compañía propiedad de su hijo, Charles Martínez, a través del cual CITGO y una de sus filiales, pagaron a la compañía un monto exorbitante de dinero. La referida empresa, ubicada en Miami, Florida, "devolvió algunos de los pagos" (sobornos) a Martínez, y también ofreció coimas  a Gómez si ella aceptaba firmar el contrato el millonario contrato.

2) Martínez solicitó a la demandante que cambiara el Administrador del Plan de pensiones de CITGO, para que se pudieran cambiar los términos del mismo.  Si lo hubiera hecho, habría resultado en: (1) un pago inicial del Administrador del Plan de Martínez que normalmente iría a un fondo de caridad de la Compañía; y (2) elevar la pensión mensual de Martínez de aproximadamente $ 2,700 por mes a unos $17,300 mensuales, al tiempo que se cobraba la pensión de una gran cantidad de empleados de CITGO.

3) Asimismo, Martínez solicitó a Gómez aprobar un contrato de CITGO con Yakima Trading Corporation u otra entidad de Yakima que era propiedad o estaba controlada por un fugitivo multimillonario venezolano Samark José López Bello. López Bello es el testaferro principal de Tareck Zaidan El Aissami, un narcotraficante internacional quien también es el ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela, y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, que depende directamente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 

La demanda sostiene que Samark José López Bello usó las entidades de Yakima para lavar dinero proveniente de la droga para Tareck Zaidan El Aissami. "Esta fue la razón por la que Gómez se negó a hacer negocios con las entidades de Yakima, a pesar de la solicitud de Martínez para hacerlo". 
Señala la querella civil que después de que Estados Unidos acusó a Samark José López Bello y Tareck Zaidan El Aissami de haber violado la Ley Kingpin, "López Bello salió corriendo de EE. UU., y actualmente es un prófugo de la justicia que escapó de las autoridades estadounidenses en la República Dominicana hace sólo tres días".

Alegan que "si Gómez hubiese respondido a las solicitudes de Nelson Martínez y hubiese cometido los actos ilegales que él le pidió, ella habría violado la ley y podría haber sido procesada en virtud de los delitos contemplados en las leyes norteamericanas".

Gómez se negó repetidamente a participar en las acciones criminales e ilegales que le pedía Martínez y como resultado de esa negativa, Martínez ordenó despedirla el 14 de marzo de 2017,  "únicamente porque se negó a cometer el delito".

Sostiene que por las razones antes expuestas, presentó una demanda contra CITGO. Los abogados de Gómez informaron a la corte que las evidencias (descubrimiento) se llevarán a cabo según el Nivel 2 de la Regla de Procedimiento Civil de Texas 190, en el que el demandante busca alivio monetario por un total de más de $ 50,000.00.

Sostiene la demanda que CITGO es una refinería, transportista y comercializadora de combustibles para el transporte, lubricantes, productos petroquímicos y otros productos industriales, propiedad de CITGO Holdings, Inc., una subsidiaria indirecta, propiedad absoluta de Petróleos de Venezuela, S.A. y tiene un patrimonio neto de miles de millones de dólares.

Marisol Gómez trabajó para Petróleos de Venezuela por más de 25 años. A partir del 1 de noviembre de 2014, PDVSA la designó como Vicepresidente de Recursos Humanos de CITGO en Houston, Texas, con salario anual de $ 431,500. Además de su salario, Gómez tenía derecho a un incentivo anual en efectivo a corto plazo. 

En 2016, su último año completo con CITGO, la compensación en efectivo total de Gómez fue de $ 1,028,638.86. Gómez también participó en una amplia gama de programas de salud, bienestar y beneficios de pensión patrocinados por CITGO.

Como vicepresidente de Recursos Humanos, Gómez le debía a CITGO un deber legal de no robar a la empresa, no permitir conscientemente que otros robaran y no participar en cualquier esquema por el cual los fondos de CITGO (o sus afiliados) fueran malversados.

El documento destaca que Nelson Martínez fue presidente y director ejecutivo de CITGO durante un período de tiempo relevante y en el momento en que Gómez comenzó a trabajar para CITGO en noviembre de 2014, ocupaba la más alta posición.  Martínez se unió a PDVSA en 1980 y supervisó las oficinas de la compañía en Gran Bretaña, Argentina y Ecuador antes de ser nombrado Presidente y CEO de CITGO en junio de 2013. Martínez ocupó esos cargos hasta enero de 2017, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo nombró Ministro de Petróleo y fue en esa época que Martínez se trasladó a Venezuela. 

Le sustituyó en el cargo José Pereira quien "reportó y fue la marioneta de Martínez en CITGO" por aproximadamente dos meses antes de que Gómez fuera despedida en marzo de 2017. 

En el documento se señala que en noviembre de 2017, Martínez fue arrestado y encarcelado por actos de corrupción, robo y criminalidad relacionados con CITGO.

Esquema de corrupción de Martínez

La demanda explica que Nelson Martínez ejecutó el esquema de corrupción ilegal con la empresa GFC, una compañía registrada con su amigo y propiedad de su hijo Charles Martínez.

Durante el transcurso de sus actividades como presidente, Martínez contrató y pagó a GFC Consultores L.L.C. para robar dinero de un afiliado de CITGO, PDV USA. y CITGO. Posteriormente, la empresa "le devolvía a Martínez parte del dinero que CITGO y sus filiales le habían pagado a GFC, una corporación de Florida registrada por Gustavo Felice (amigo de Martínez) y como copropietario de Charles Martínez, (hijo Martínez)".

Destaca que "PDV USA. carecía de controles, o de un comité de cumplimiento, y que nunca fue se hizo una auditoría.  "Era una "caja negra" que se utilizaba para canalizar el dinero con fines corruptos e ilegales aun hasta la administración de Asdrúbal Chávez, primo de Hugo Chávez quien ocupó la presidencia hasta marzo de 2019".

Sostiene la demanda que "la empresa GFC fue contratada para proporcionar múltiples servicios para CITGO, con costos inflados y fraudulentos, que usó para compensar  las "comisiones" sobre los pagos por esos "servicios" a su co-conspirador en el esquema fraudulento, Nelson Martínez". 

GFC era una "Agencia de Logística Intermediaria" entre CITGO y el gobierno comunista de Nicolás Maduro. Bajo la dirección de Martínez y otros, CITGO otorgó contratos a empresas que beneficiaban a Martínez, al gobierno venezolano del presidente Maduro y a sus secuaces, incluidas entidades de propiedad o controladas por un líder del ex vicepresidente ejecutivo de Venezuela y actual ministro de Industrias y Nacionales. Producción, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien es un  capo del narcotráfico internacional".

Martínez había contratado y pagado a GFC a pesar de que los departamentos de adquisiciones, crédito, legales o de cumplimiento de CITGO no habían aprobado a GFC para realizar el trabajo para CITGO, como exigían los protocolos de la corporación. 

Asegura la demanda que "las facturas falsas de GFC reflejaban cargos por banquetes, eventos, comidas, mejoras y reparaciones para los hogares personales de los empleados, regalos y otros gastos personales e injustificados, significativamente inflados, falsos y fraudulentos para los ejecutivos de CITGO y PDVSA y sus familias. Sin embargo, con pleno conocimiento de esto, millones de dólares de pagos fueron autorizados por escrito por Martínez, Pereira y otro vicepresidente ahora encarcelado".

"El Presidente y CEO de CITGO entre finales de 2017 y principios de 2019, estaba aterrado de lo que encontraría el gobierno de los Estados Unidos si alguna vez se auditara PDV USA", añade la demanda".

Durante el tiempo relevante, su administrador fue Krizia Gravina, cuyo padre, Alfonso Gravina, era un íntimo confidente de Martínez. El 10 de diciembre de 2015, Gravina se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y por hacer declaraciones falsas en  de impuestos federales en Estados Unidos. 

En 2018, Gravina se declaró culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluido Gravina, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación ligada al caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera. 

La demanda dice que bajo la administración de Nelson Martínez, GFC recibió pagos totales de $ 6,164,823 desde octubre de 2014 hasta noviembre de 2017, que consisten en $ 4,576,784 de PDV USA y $ 1,588,039 de CITGO. 

Otros altos pagos fraudulentos fueron aprobados por la alta gerencia utilizando las cuentas de PDV USA. Como resultado, debido al esquema de corrupción de Martínez con GFC, PDV USA y CITGO pagaron muchos millones de dólares a GFC basándose en pretensiones falsas y fraudulentas. Como se señaló anteriormente, GFC devolvió parte de ese dinero a Martínez.

En resumen, dice el documento,  "durante su tiempo como CEO de CITGO, y después, Martínez participó en múltiples conspiraciones criminales para estafar a CITGO y PDV USA, y para lavar las ganancias del fraude, de varias maneras. Martínez conspiró con su hijo Charles Martínez, y Gustavo Felice, para dirigir millones de dólares en pagos por cuenta propia a GFC".

La solicitud de Nelson Martínez, a mediados de 2016, para que participara en el esquema de corrupción ilegal con GFC, a lo cual se negó Gómez, conllevó a que fuera despedida, sostiene la querella.

Martínez quería que Gómez se involucrara en actos criminales para promover su esquema de devolución ilegal con GFC. A mediados de 2016, Martínez le pidió personalmente a Gómez que aprobara y firmara un contrato en nombre de CITGO con GFC, según el cual GFC proporcionaría a CITGO un curso de liderazgo ejecutivo de aproximadamente tres días para doce empleados de la petrolera en Arizona por unos $ 1.7 millones, dice los documentos federales. 

GFC no tenía experiencia, ni antecedentes impartiendo cursos de liderazgo ejecutivo. Destaca el documento que Gómez investigó los costos de tales programas de proveedores calificados, y eran una pequeña fracción de la cantidad que GFC buscaba cobrar a CITGO.

En la demanda se asegura que Gustavo Felice viajó a Houston, Texas (desde Florida) y le dijo a Gómez que si ella aprobaba y firmaba el contrato para el curso de liderazgo ejecutivo provisto por GFC, él: (1) le proporcionaría comida a su familia de Venezuela como un regalo, y afirmó que estaba haciendo lo mismo para el entonces Embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, en Nueva York, Rafael Ramírez, y su esposa, Beatrice Sansó de Ramírez (y que la comida era entregada en Venezuela, llevada desde Nueva York a través de un jet privado propiedad de CITGO), esta información fue confirmada a Gómez por el entonces Gerente de Aviación de CITGO, Álvaro Maldonado; y (2) le daría un reloj y/o teléfono como regalo de GFC. De este modo, Felice le ofreció a Gómez su propio soborno si aprobaba y firmaba el contrato en cuestión.

Gómez sabía que este contrato no sería para gastos legítimos, sino para llenar más aun los bolsillos de Martínez y sus co-conspiradores. Por ello, Gómez recibió información de otros empleados dentro de CITGO (incluidas Patricia Milano y Adriana Santaella) que verificaron que Martínez y GFC estaban orquestando un esquema de corrupción ilegal, por el cual Martínez y sus secuaces robaron millones de dólares de las arcas de PDV USA y CITGO a través de contratos falsos que otorgaban a GFC y por los cuales la mencionada firma hizo poco o nada para PDV USA o CITGO, pero en cambio devolvió parte del dinero que recibió a Martínez.

En el documento dice que si Gómez hubiese aprobado y firmado personalmente los contratos para que GFC pudiera obtener los aproximadamente $ 1.7 millones, a sabiendas que Martínez estaba robando ese dinero de PDV USA y CITGO y enviándolo a GFC por poco o ningún valor, y luego recibiendo un premio financiero de GFC (y Gómez misma hubiese recibido los regalos de los sobornos de GFC por jugar su parte) - ella habría estado cometiendo un crimen contemplado en muchas leyes penales de los Estados Unidos.

La demandante dice que viajó a Caracas, Venezuela, y advirtió a la Junta Directiva de PDVSA de lo que Martínez le había pedido que hiciera e informó que el alto ejecutivo estaba tratando de cometer un "crimen", porque equivalía a robar los beneficios de pensión de un gran número de empleados de CITGO para beneficiarse así mismo y a un pequeño puñado de sus compinches. El Controlador de CITGO en ese momento, John Butts, analizó la propuesta y estuvo de acuerdo con Gómez.

Dicen los documentos que el director financiero de CITGO en ese momento, José Pereira, dijo que "todos iremos a la cárcel" si la propuesta se implementaba.

Martínez, enojado y profanamente, atacó a Gómez por no apoyar su plan. Justo después que despidieron a Gómez, Martínez le ordenó a Trina García que volviera a presentar el cambio propuesto para su aprobación en la sede de PDVSA en Caracas, Venezuela. Guillermo Blanco, Vicepresidente de Refinación y Director de PDVSA, llamó a Gómez, quien para entonces era una ex empleada, para comprender la propuesta. Blanco le dijo a Gómez que sentía que García le estaba ocultando información y fue cuando Gómez explicó por qué adoptar la propuesta sería un delito y, en última instancia, la propuesta no se implementó.

En la demanda se reitera que el 13 de febrero de 2017, la OFAC determinó que las empresas contratantes preferidas de Nelson Martinez y CITGO, como Yakima Trading Corporation, formaban parte del vasto imperio de narcotraficantes y actividades de lavado de dinero de un narcotraficante internacional, razón por la cual Gómez rechazó la solicitud de Martínez de aprobar un contrato entre CITGO y una entidad controlada por El Aissami.

Nelson Martínez le pidió a Gómez que aprobara un contrato de CITGO con Yakima Trading Corporation u otra entidad de Yakima que fuera propiedad de o estuviera controlada por  Samark José López Bello. 

López Bello posee o controla varias compañías, incluidas las entidades de Yakima, como parte de una red internacional de lavado de dinero que abarca a los británicos. Islas Vírgenes, Panamá, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela. Como se explica en el documento, Martínez le solicitó a la Gómez que aprobara un contrato con una entidad de Yakima controlada por López Bello como parte de un plan de lavado de dinero criminal internacional, y ella se negó a hacerlo.

El 30 de julio de 2015, Yakima fue creada por Joel Rutledge, un agente de Compras Corporativo en el sistema CITGO SAP, bajo el proveedor #1116949. Antes de configurar a Yakima como proveedor en el sistema CITGO, Iván Parra, Gerente de Proyecto de CITGO para el proyecto de actualización de Aruba, y Gustavo Cárdenas no realizaron la debida diligencia normal de los proveedores en Yakima; nadie lo hizo. 

Señala la demanda que "Iván Parra presentó a Yakima ante el Comité de Adquisiciones de CITGO (CPC), y falsamente informó a los miembros del CPC que el premio directo y urgente era la obtención de servicios de consultoría especializados. Yakima Trading Corp brindaría apoyo para la debida diligencia de producción y logística de petróleo crudo (upstream). Partiendo de la práctica habitual, Iván Parra, Gustavo Cárdenas, José Pereira y los gerentes de proyecto no solicitaron la revisión por parte de los Departamentos legal y de crédito de CITGO o cumplimiento antes de agregar este proveedor a la lista maestra de proveedores aprobados. Además, nuevamente a partir de la práctica normal, no se realizaron evaluaciones técnicas y comerciales".

El 23 de septiembre de 2015, una excepción a la competencia competitiva ("CBE") fue aprobada por José Pereira, CFO de CITGO; Gustavo Cárdenas; Iván Parra y José Zambrano, gerentes generales de la oficina central recomendaron no realizar un proceso de licitación competitiva y seleccionar a Yakima como un "proveedor único / proveedor preferido" para este contrato. 

El 25 de septiembre de 2015, CITGO y Yakima Trading Corp.  (una compañía establecida bajo las leyes de Panamá) firmaron un contrato de servicio. El CPC estimado para su aprobación fue de $1 mil millones. 

El 4 de abril de 2016, CITGO había realizado pagos a Yakima de $ 2.4 millones en solo seis meses, 140% sobre la cantidad inicial aprobada.

Dada la persistencia y la presión de Martínez para asignar el contrato a Yakima y la violación de los controles internos, Gómez informó los hechos irregulares al Departamento de Auditoría Interna para que Yakima pudiera ser investigada. Específicamente, en mayo de 2016, Gómez ordenó una investigación de Yakima y a López Bello, a cargo de Franklin Domond, Auditor General de CITGO. La auditoría interna de Domond: (a) detectó y notificó deficiencias de control interno durante el proceso de contratación de Yakima e identificó más de 56 entidades principales utilizadas por López Bello para hacer negocios con CITGO, PDVSA y otras instituciones gubernamentales venezolanas; y (b) reveló que López Bello era propietario o controlaba las entidades de Yakima, y ​​era un narcotraficante y lavador de dinero internacional que usaba a las entidades de Yakima para lavar dinero ilegalmente (no por casualidad, Martínez y CITGO despidieron a Domond poco después de que Gómez fuera despedida).

En ese momento, fue claro para Domond, el entonces Contralor de CITGO, John Butts, y el entonces Vicepresidente de Asuntos Legales, Jeff Bednar, que López Bello era un lavado de dinero, traficante de drogas y delincuente, que utilizó a las entidades de Yakima para lavar dinero ilegalmente. 

Sin embargo -dice la demanda- Nelson Martínez, muy probable bajo la dirección del Presidente y vicepresidente ejecutivo de Venezuela, El Aissami, insistió en que Gómez aprobara un contrato entre CITGO y una entidad de Yakima que estaba controlada por López Bello. 

El contrato en cuestión era para que Yakima proporcionara al personal en Houston y Aruba, un proyecto de mejora en la isla caribeña a un costo por encima del mercado, inflado e injustificable para CITGO.  Gómez le informó a Martínez que CITGO ya tenía empleados en el personal que podían hacer ese trabajo, y se negó a aprobar el contrato, porque era parte de la red ilegal de lavado de dinero de López Bello. Martínez se enojó con Gómez y decidió sacarla de todo lo relacionado con el proyecto de actualización de Aruba y asignó ese aspecto de su trabajo a su subordinada maleable, Trina García.

La demanda dice que "hay fuertes razones para creer que López Bello y sus compañías fueron favorecidas por Nicolás Maduro, porque el vicepresidente venezolano las utilizó para traficar drogas ilegales y lavar dinero". En esa línea, el 1 de agosto de 2016, un Tribunal de Distrito de EE. UU. anunció el procesamiento de Néstor Reverol, actual  ministro del interior de Venezuela, acusado de participar en una conspiración internacional de tráfico de cocaína. Asimismo, en diciembre de 2017, dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, fueron condenados en el tribunal federal de Estados Unidos por tráfico de drogas.

 El 14 de marzo de 2017,  Gómez estaba fuera de la ciudad con su esposo e hijos en unas vacaciones de primavera. Recibió una llamada telefónica de Gustavo Cárdenas y José Pereira. Cárdenas le dijo que Martínez había decidido unilateralmente terminar su empleo. Pereira le informó que no estaba de acuerdo con la decisión, ya que causaría enormes problemas a CITGO. Tres semanas antes, Martínez había consolidado su poder de tal manera que entonces tenía la capacidad unilateral de despedir a  Gómez (un poder que le había faltado hasta ese momento).

Poco después de que Gómez fue informada de su despido, recibió una llamada telefónica de los miembros de su equipo en el departamento de recursos humanos de CITGO en Houston, quien le señalaron que su oficina estaba siendo invadida, registrada y que se incautaban materiales.  Gómez llamó al ex ministro de Petróleo de Venezuela y luego al presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, para quejarse y Pereira desde Hawai. Pereira primero negó que su oficina estuviera siendo invadida y registrada, y los materiales incautados, pero luego admitió que era cierto. 

La demanda sostiene además que Pereira estaba molesto y animado cuando habló con Gómez y le aseguró: (1) que Martínez había ordenado que su oficina fuera invadida y registrada, y que se incautaran materiales, porque él (Martínez) creía que ella tenía pruebas de sus planes ilegales y conducta en su oficina; y (b) Martínez le dijo que no quería a Gómez en ningún lugar cerca de CITGO, porque ella era la única barrera entre él y todas las actividades ilegales que él estaba haciendo y quería seguir haciendo en CITGO. Pereira también le afirmó que fue "injusto" por parte de Martínez despedirla, y que no fue una buena idea, porque ella podría hacer fuertes reclamos contra CITGO.

Eulogio del Pino ordernó a Pereira que permitiera a Gómez regresar a CITGO para recoger sus pertenencias personales. Esto ocurrió después de regresar de Hawaii. La mujer fue a su oficina a buscar sus cosas verificó que la misma había sido violada, y que todos los materiales habían sido incautados. Mientras Gómez esperaba que sus pertenencias personales, otros empleados de la gerencia de CITGO se lamentaron de lo estúpido e injusto que fue despedirla. A todos les quedó claro que lo ocurrido se debió a  su negativa a cometer actos ilegales ilegales. Desde ese entonces Gómez ha estado desempleada.

Aproximadamente en agosto de 2017, el presidente Maduro trasladó a Eulogio del Pino a otro puesto y lo reemplazó conMartínez. Como tal, en ese momento, Martínez se convirtió en el presidente de PDVSA.

Posteriormente el presidente Maduro anunció que había varios arrestados por corrupción, entre ellos Martínez, y los calificó de "traidores corruptos y ladrones".

El 9 de noviembre de 2018 o alrededor de esa fecha, Gómez presentó un informe escrito en el que exponía algunas de las conductas ilegales de Martínez en CITGO al entonces Presidente y CEO de CITGO, Asdrúbal Chávez, su Vicepresidente Ejecutivo, Frank Gygaz, su Director de Estrategia, Rick Essser, y su Vicepresidente Legal, Alejandro Escarrá Gil. 

En diciembre de 2018, Martínez murió mientras aún estaba bajo custodia del Estado venezolano.

En marzo de 2019, el ex vicepresidente venezolano y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, El Aissami, y su testaferro, López Bello, el multimillonario narcotraficante internacional y lavador de dinero que era propietario y operaba en las compañías, a las que Martínez había insistido en entregarle contrato de CITGO  - fueron acusados ​​de violaciones criminales de la Ley Kingpin y actualmente son fugitivos de la justicia norteamericana. 

Hace apenas unos días, López Bello escapó a la captura. Específicamente, el domingo 12 de mayo de 2019, las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos allanaron dos villas en Cap Cana, en el este de la provincia de La Altagracia de la República Dominicana, en busca de López Bello, quien fue descrito con precisión en el canal de noticias Dominica Today como "un fugitivo internacional presuntamente vinculado con el lavado de dinero y el tráfico de drogas".

Durante la redada cerca de la playa Juanillo, los agentes también registraron dos villas de un complejo turístico en el municipio de Verón, Punta Cana, supuestamente propiedad de López Bello, y se apoderaron de $ 25,000 dólares estadounidenses , 8,000 euros, tres SUV y más de 30 relojes.




martes, 14 de mayo de 2019

Dos empresas vinculadas a Samark López tienen acuerdos millonarios con PDVSA (Punta de Mata y Orocual )

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Dos empresas vinculadas a Samark López Bello, Oryx Resources de Venezuela C.A y Helios Petroleum Services, forman parte del acuerdo de servicio conjunto por USD 430 millones de dólares que Petróleos de Venezuela firmó con siete compañías para aumentar su producción de petróleo en 641,000 b/d en agosto de 2018. Fuentes internas confirman que las dos firmas ligadas al presunto testaferro del ex vicepresidente Tareck El Aissami, operan en PDVSA División Punta de Mata en el estado Monagas, Venezuela.
Samark López Bello fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los operadores de El Aissami, quien fue designado por el Departamento del Tesoro norteamericano como narcotraficante y por ser un agente vinculado a grupos terroristas del Medio Oriente, entre ellos, Hezbollah (1).

López Bello fue visto en el mes de marzo de 2019 en la ciudad de Maturín cuando realizó una visita oficial a las instalaciones petroleras de Punta de Mata y Orocual. 
El presunto testaferro de Tareck El Aissami estuvo en calidad de asociado a las citadas empresas que fueron favorecidas en la adjudicación de las áreas de producción de los campos de Punta Mata y Orocual. Las empresas Oryx Resources de Venezuela C.A y Helios Petroleum Services consiguieron formar parte del Proyecto Integral de Recuperación de la Producción, Petróleos de Venezuela, S.A., para lo cual se suscribió un acuerdo con siete empresas prestadoras de servicios en actividades necesarias para la explotación y extracción de crudo, bajo un plan de desarrollo acordado en campos de la Faja Petrolífera del Orinoco en agosto de 2018. (2)

Para el momento de la firma del mencionado acuerdo no entró en la lista ORYX Resources de Venezuela C.A., pero si consiguió la asignación posteriormente en sustitución de la compañía VENENCA. Esta última, según a los reportes, no reunía el perfil mínimo necesario para ejecutar obras en la industria petrolera ya que su razón social era de reparaciones de aires acondicionados y radiadores. Este aspecto trajo como consecuencia un alto rechazo por parte de los trabajadores de PDVSA para con la firma que luego conllevó, a un cambio por la compañía vinculada a Samark José López Bello. 
Estos documentos de Oryz Resources fueron hallados durante el allanamiento realizado por funcionarios antinarcóticos de República Dominicana a la mansión del venezolano Samark Lopez, testaferro de Tareck El Aissami. 

De acuerdo al portal Infobel, en Caracas aparece registrada la firma Oryx Resources de Venezuela, C.A. La empresa refleja supuestamente volumen de negocios estimado 8.440 millones de euros y tiene sólo 11 empleados(3).
En los registros internacionales, por ejemplo aparece una empresa denominada Oryx Resources en Durbanville, en Cabo Occidental una provincia en el sudoeste de Sudáfrica, anteriormente parte de la Provincia del Cabo. La dirección es 3 The Crescent Durbanville, Durbanville, Cabo Occidental 7550, ZA. (4)

Hay otra empresa Oryx Resources DMCC que se presenta como una compañía privada, independiente e internacional de servicios de yacimientos petrolíferos incorporada en el Centro de Productos Múltiples de Dubai en Dubai, EAU. Dice tener experiencia en servicios de asistencia técnica y logística a un amplio espectro de industrias, concretamente Oil & Gas, utilizando una red global de profesionales.(5)

Hay empresa bajo al denominación Oryx Resources Limited registrada en Bermuda el 12 de diciembre de 2007 y cerrada el 18 de septiembre de 2013 y que fue incluida en la lista de Offshores los Papeles de Panamá (6)

La firma denominada ORYX  Resources Pte. LTD. bajo el número 201107619Z fue creada el 30 de marzo de 2011 en Singapore.(7) 

Helios Petroleum Services LLC

En relación a la segunda empresa vinculada a Samark López, Helios Petroleum Services LLC aparece una con el número 6407090, creada el 11 de mayo de 2017 en Delaware, registrada por National Registered Agents INC con la dirección 160 Greentree Dr. Suite 101, Dover, Kent, DE, 19904.(8) 

Una segunda fima Helios Petroleum Services S.A está registrada en Panamá bajo el número 806925 y el NCN 806925S. Fue creada el 27 de junio de 2013.(9)

En PDVSA la cabeza visible de Helios Petroleum Services es Alberto Madail, ex gerente de las EPS- Empresas de Producción Nacional en Occidente. Alberto junto a su hermano Wenceslao Madail (ex Gerente de Gas Nacional de Pdvsa); su sobrino, Marcos Madail y su hijo Alberto Madail Pérez han sido acusados de diversas irregularidades en la petrolera tanto en Maturín como en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.




Los contratos con PDVSA 

La petrolera estatal venezolana PDVSA firmó un acuerdo de servicio de $ 430 millones con siete compañías para aumentar su producción de petróleo en 641,000 b/d, dijo el presidente de la compañía, Manuel Quevedo en un comunicado en agosto de 2018.

Las empresas que se encuentran en el acuerdo son: Servicios de Pozos Cavallino, Petro Karina, Helios Petroleum Services,  Shandong Kerui Group, Rinaca Centauro Karina Consortium, Oil Consortium Tomoporo y Venenca (esta fue sustituida por  Oryx Resources). Las compañías supuestamente ayudarían a impulsar la producción de los pozos en los campos Arecuna, Sanvi Guere, Orocual, Dacion, Jusepin, Franquera-Tomoporo y Carito-Pirital, se lee en el comunicado. En el caso de las empresas vinculadas a Samark López están operando en El Furial Orocual y Punta de Mata. 

Citas
1. Sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Samark López Bello y Tareck El Aissami https://www.treasury.gov/press-center/press releases/Pages/as0005.aspx


3) Infobel.com directorio https://www.infobel.com/en/venezuela/Search/BusinessResults?token=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

4)https://www.linkedin.com/company/oryx-resources/about/

5) http://www.oryxresources.com/

6) https://offshoreleaks.icij.org/nodes/82008322


8)https://opencorporates.com/companies/us_de/6407090

9) https://www.heliospetroleum.com/