El Gerente General de Procura de CITGO testificó ante la corte en el caso de Rothwell

El juicio fue fijado por el tribunal para el 19 de abril de 2021. 

Por Maibort Petit

   Brian Paulson, Gerente General de Procura de CITGO, testificó bajo juramento ante la Corte del Condado de Harris en Texas, en el marco del caso de la empresa Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO. Paulson ocupaba una posición privilegiada en la empresa cuando la filial de PDVSA en Estados Unidos otorgó contratos a la compañía vinculada al sobrino del entonces CEO de CITGO.

   El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela.

   En este pleito legal también testificaron otros ejecutivos de CITGO, entre ellos Glenn Hilman y Gina Coon.

 Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701.

  Brian Paulson habría participado, por su posición privilegiada, en el proceso de entrega de contratos a la empresa Rothwell propiedad del sobrino del ex-ceo de CITGO, Nelson Martínez, quien falleció bajo la custodia del régimen de Nicolás Martínez. 

  Fuentes internas de CITGO sostienen que Paulson estaría vinculado a Glenn Hilman y Laymar Peña, dos ex ejecutivos que fueron denunciados por haberse supuestamente prestado a colaborar con operaciones fraudulentas durante la administración de Nelson Martínez. 

   "Brian Paulson, sigue trabajando en CITGO, aunque fue señalado por irregularidades en la aprobación de contratos de compras fraudulentas de CITGO y CITGO Aruba (bajo las órdenes de Glenn Hilman y Nelson Martínez) en las auditorías de la corporación [que fueron entregadas a la actual directiva de la corporación en el primer trimestre de 2019], Paulson se mantuvo en su puesto, bajo la protección por Luisa Palacios y Carlos Jordá", advierte una fuente vinculada al caso que declaró en condición de anonimato.

  La misma fuente señala que "durante las administraciones de Nelson Martínez y Asdrúbal Chávez se estableció un esquema de corrupción que involucró a varios ejecutivo de la empresa, incluyendo a Glenn Hilman y Brian Paulson para beneficiar a proveedores como Danel Corp, Grupo RO, Rothwell, entre otros."

Rothwell Energy Services LLC

   Rothwell Energy Services LLC es una entidad registrada  en 2013 en el estado de la Florida por Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La empresa fue creada después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

  De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano.

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro.

 

“Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos” sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

  Durante 2014 y 2015, a Rothwell Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente $ 900 mil de acuerdo a los récords de la corporación.

   Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

 1) Enero de 2017, 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00 

2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones.

3)Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermúdez, todos ellos en calidad de “Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO“.

   El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios de empleados de CITGO confirman que “los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña”.

   Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO.

    De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente “colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero”.

  Un funcionario recalcó que CITGO “No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad“.

   La fuente consultada sostiene que “Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO”.

   Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

   Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], “CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos”.

   Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, “Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro“.

    En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

  Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.

   Por su parte, José Pereira y Gustavo Cárdenas fueron sentenciados a 10 años y José Luis Zambrano a 8 años 10 meses de cárcel en Venezuela por delitos de corrupción junto a otros 4 ex-ejecutivos de CITGO.

La demanda en el tribunal de Texas

   La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020 y el juicio para el 19 de abril de 2021.

  El demandante alega que CITGO ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon.

   El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

   De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

 CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

   La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

 Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

   En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

   CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 “CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción“, dice la comunicación.

    Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

   Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

CITGO exige juicio con jurado y contrademanda a Rothwell

  La tesorera de la filial petrolera y un consultor técnico aseguraron la inexistencia de deuda por parte de la demandada.

Por Maibort Petit

   Ante el Tribunal 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, CITGO Petroleum Corporation exigió la celebración de un juicio con jurado en la causa que ella entabló Rothwell Energy Services LLC, una empresa de maletín propiedad Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del expresidente de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Nelson Martínez, quien murió mientras permanecía en custodia del estado venezolano en 2018.

  A la par de esta solicitud contenida en la segunda respuesta enmendada a su petición original como demandante, CITGO contrademandó a Rothwell y presentó la declaración jurada de la tesorera de la filial petrolera venezolana, Gina Coon, en la que esta asegura no existe deuda, pues a la demandante se le cancelaron USD 5.542.241,77, monto que sobrepasa lo exigido en la demanda y, por tanto, solicita la restitución del excedente.

Declaración de Gina Coon

  El pasado 28 de septiembre de 2020, rindió su declaración ante la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, Gina Coon, tesorera de CITGO Petroleum Corporation respecto al caso que contra esta última mantiene en esa instancia, la empresa Rothwell Energy Services LLC.

  Ante dicha corte, la funcionaria de la filial de PDVSA en EE. UU., además de sus datos personales, refirió que labora en CITGO desde 1992, ejerciendo el cargo de tesorera desde julio de 2018, posición a la que ascendió desde el puesto de tesorero adjunto que ocupó a partir de marzo de 2017. Antes de eso, trabajó como gerente de operaciones de efectivo.

 Respecto al caso que se ventila en el tribunal, Rothwell contra CITGO, dijo que la petrolera venezolana pagó a la demandante por el proyecto objeto de la demanda, un total de USD 5.542.241,77.

 Tal monto lo discriminó de la siguiente manera: USD 876.150 el 29 de junio de 2017; USD 2.044.350 al 31 de agosto de 2017; USD 778.000 el 15 de noviembre de 2017; USD 778.800 al 13 de abril de 2017; USD 515.216,73 al 15 de mayo de 2018; USD 499.205,04 al 18 de junio de 2018; y USD 50.520 el 3 de agosto de 2018.

CITGO pide juicio con jurado

  El 28 de septiembre de 2020, CITGO Petroleum Corporation presentó ante la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas, la segunda respuesta enmendada a su petición original como demandante y las contrademandas originales, en la que solicitó que se lleve a cabo un juicio con jurado en la Causa Nº 2019-20949, en la que es demandada por Rothwell Energy Services LLC.

  En tal sentido, CITGO solicitó que la Corte desestime lo demandado por Rothwell y declare daños reales incurridos por ella en virtud del Acuerdo; exima de responsabilidad a CITGO y se ordene su indemnización; que se ordene el pago de intereses previos y posteriores al juicio a la tasa máxima permitida por la ley; que se ordene a Rothwell pagar los honorarios de abogados, las costas judiciales y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad, a la que CITGO tenga derecho justamente.

  En esta segunda respuesta enmendada CITGO reitera su negación de todas las acusaciones contenidas en la Petición Original del Demandante y exige una prueba estricta de las mismas por preponderancia de evidencia creíble.

  CITGO niega todas las partes de la demanda, especialmente, que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tenga un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda.

  Se asegura que CITGO no debe dinero al demandante y presenta la declaración jurada de Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

  CITGO afirma que cualquier pago al demandante sería ilegal en el sentido de que violaría las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884, que establecen sanciones contra Venezuela y PDVSA.

  Por otra parte, CITGO afirma la defensa afirmativa del pago, específicamente, refiere que ya pagó al demandante USD 5.542.241,77 de conformidad con el Acuerdo, que es más que la cantidad a la que el demandante tenía derecho legalmente, lo cual confirma la declaración de Gina Coon. Agrega que Rothwell no le ha proporcionado ningún estado de cuenta o indicación de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que se emitiera el pago de los montos que solicita, tales como la certificación de que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores, vendedores, y que se hayan liberado todos los gravámenes. Tampoco el demandante ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de desempeño de los trabajos por los cuales reclama el pago, ni ha entregado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  Recuerda que el 7 de noviembre de 2018, CITGO terminó y detuvo todos los trabajos del Proyecto y para el 9 de noviembre del mismo año rescindió el contrato en razón de que para la primera de las fechas Rothwell solamente había transferido 2 de las 10 plantas de agua. El contrato concluía el 31 de diciembre de 2018, fecha para cual la contrademandada nunca habría cumplido con su obligación contractual de completar y transferir 10 plantas de agua.

  Igualmente, CITGO estima que tiene derecho al pago de Rothwell por la cantidad de todos los pagos en exceso realizados en relación con el proyecto.

Petición de compensación

  Del mismo modo, CITGO Petroleum Corporation reclama una compensación monetaria superior a USD 1.000.000.

  Subraya que los daños solicitados se encuentran dentro de los límites jurisdiccionales de la Corte.

La contrademanda

  CITGO alega, en primer término, incumplimiento de contrato pues Rothwell no entregó la cantidad acordada de plantas de agua en las fechas previstas, ni realizó correctamente su trabajo. Igualmente, acometió trabajos no autorizados en virtud del Acuerdo, ni completó la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y la puesta en marcha en todas las ubicaciones de plantas de agua seleccionadas.

  Tampoco Rothwell entregó un cronograma adecuado del proyecto adecuado, ni realizó su trabajo de manera expedita y eficiente; no informó del avance de la obra; no cumplió con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; no pagó oportunamente a sus contratistas, vendedores y proveedores por el trabajo realizado en el Proyecto; entre otras razones.

  Asimismo, CITGO contrademanda por incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, en razón de que no realizó su trabajo de manera expedita y eficiente; no proporcionó una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; no realizó trabajos libres de defectos de mano de obra; no entregó al personal las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y el registro adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional, en estricta conformidad con el Acuerdo, las buenas prácticas de ingeniería y todos los estándares industriales aplicables.

  En tercer lugar, CITGO contrademanda a Rothwell por Sentencia declaratoria y procura una declaración de que el Contrademandado ha violado las disposiciones de defensa, exención de responsabilidad e indemnización del Acuerdo.

  El cuarto cargo de la contrademanda es por enriquecimiento injusto pues, a su juicio, Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO dado el monto de los pagos en exceso que ha realizado.

  Por último, CITGO contrademanda a Rothwell por dinero recibido en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a la contrademandante.

  CITGO considera que tiene derecho a los honorarios de abogados razonables y necesarios de conformidad con los términos del Acuerdo.

Declaración de Brian Bourdreaux

  En la misma fecha, 28 de septiembre de 2020, también rindió declaración ante el referido Tribunal de Harris, Brian Boudreaux, exgerente de proyectos/consultor técnico para refinación y generación de energía, inspecciones de turbinas de gas e instalaciones de tratamiento de agua para RECON Management Services Inc., empresa que se desempeñó como agente y consultor de CITGO Petroleum Corporation en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y sistemas de ósmosis inversa de agua salada. Anteriormente había sido empleado de CITGO durante más de 30 años, siendo su última posición en la petrolera, la de Gerente de Proyectos de Capital.

  Expuso ante la corte que estuvo muy involucrado con el proyecto de plantas de agua objeto de la demanda, “incluso en la negociación de ciertas secciones del Acuerdo de Contrato de Servicio entre CITGO y el Demandante. Estos incluían las secciones del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago”.

  Explicó que, según el Acuerdo, los servicios y equipos que proporcionó Rothwell y su trabajo en general, debían cumplir con ciertos criterios antes de que CITGO emitiera el pago. Habiendo tenido a su cargo la revisión técnica de primera línea de la documentación facturada y de respaldo que el demandante presentó a CITGO, le correspondió ayudar a determinar qué pagos vencían y si las cantidades que el demandante buscaba eran justas y verdaderas.

  Brian Boudreaux le manifestó a la corte que luego de haber revisado la petición original del demandante y los anexos adjuntos, determinó que, a su criterio, lo sostenido por Rothwell no es justo y verdadero, pues lo reclamado por la demandante, a saber, USD 2.383.008,70, no se adeuda actualmente.

“Esto se debe a la emisión de una factura del Demandante a CITGO, los estándares de desempeño descritos en el Acuerdo y sus anexos, que todos los subcontratistas fueron pagados de acuerdo con los términos del Acuerdo, que todos los gravámenes fueron liberados y que la rotación del proyecto y la documentación de cierre se había presentado o estaba lista para su ejecución”.

  Agregó Boudreaux que su opinión sirvió para respaldar los pagos que la tesorera de CITGO, Gina Coon, alega que fueron cancelados a Rothwell por el orden de USD 5.542.241,77.

  Sostuvo que el demandante no le ha proporcionado a CITGO ninguna indicación de que la cantidad que solicita en la demanda tenga en cuenta estas compensaciones, pagos y créditos justos y legales. “También he revisado la segunda respuesta enmendada de CITGO y las contrademandas originales, y los hechos expuestos en la segunda respuesta enmendada son verdaderos y correctos”.

CITGO paga la tarifa del jurado

  El 30 de septiembre de 2020, Rey Flores, de la firma Ahmad Zavitsanos Anaipakos Alavi Mensing (AZA), que lleva la defensa de CITGO, remitió Marilyn Burgess, Secretaria de Distrito del Condado de Harris, para informar del pago de la Tarifa de Jurado en la Causa Nº 2019-20949, Rothwell Energy Services LLC contra CITGO Petroleum Corporation que se dirime en la Corte 152 del Distrito Judicial del Condado de Harris, Texas.

Glenn Hilman, consultor de CITGO declaró en corte en el caso de Rothwell Energy Services, empresa de maletín que obtuvo contrato de manera irregular

  La contratista propiedad del sobrino del finado CEO de CITGO, Nelson Martínez, insiste ante la Corte de Harris por el pago de supuestas deudas por parte de la filial de PDVSA en EE. UU.

Por Maibort Petit

  Tal como ocurrió con la tesorera de CITGO Petroleum Corporation, Gina Coon, quien fue obligada por la Corte del Condado de Harris, Texas, a declarar en el caso de la demanda que Rothwell Energy Services LLC entabló con la filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)[1], igualmente tuvo que hacerlo Glenn Hilman, uno de los responsables de la aprobación del contrato millonario irregular con la empresa demandante, una firma de maletín perteneciente Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, quien murió mientras permanecía en custodia del estado venezolano en 2018.

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  Hilman, sobre quien pesan múltiples señalamientos por supuestas irregulares cometidas durante el ejercicio de sus funciones bajo la administración chavista, inexplicablemente continúa fungiendo —junto a otros funcionarios también de la vieja junta también acusados— como consultor externo [jubilado como VP y contratado de nuevo] en la gestión dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

  En la presente entrega se presenta también la declaración jurada de Eugene Riccetti, abogado interno que reporta a Judith Colbert, quien es señalado de facilitar la aprobación de presuntos contratos irregulares en colusión con Glenn Hilman.

  Del mismo modo, damos a conocer el proceso por medio del cual las partes en conflicto pulsaron ante la corte, respecto a la entrega de documentos privilegiados relacionados con el objeto del contrato entre las dos compañías.

  El 6 de junio de 2017, Rothwell Energy Services LLC y CITGO Petroleum Corporation suscribieron un contrato para la construcción de 10 plantas desalinizadoras en comunidades costeras de Venezuela, el cual debía culminarse el 1º de enero de 2018, pero que se extendió por acuerdo de las partes hasta el 31 de diciembre de 2018. 

  CITGO abandonó el proyecto el 7 de noviembre de 2018, cuando Rothwell solamente había transferido la propiedad de sólo dos las plantas y, apenas, estaba terminando una tercera. Debido que, para la fecha de ejecución del contrato, Estados Unidos había ya sancionado al régimen de Nicolás Maduro, así como contra sus socios y relacionadas con dicho gobierno y Petróleos de Venezuela S.A., matriz de CITGO, no pueden efectuarse los pagos que la demandante alega que se le adeudan.

  En la actualidad las partes se encuentran enfrascadas en una disputa que, al parecer de CITGO, va más allá de lo relativo al contrato objeto de la demanda por parte de Rothwell Energy Services LLC, pues esta última aspira acceder a documentación que la petrolera estima que forma parte del privilegio abogado-cliente, los cuales son inviolables. Se trata de los documentos y comunicaciones que CITGO mantuvo con sus abogados durante el desarrollo del proyecto objeto del contrato entre las dos empresas, incluso, aquellas cartas y reclamos que los representantes legales de la parte acusadora remitieron luego de que CITGO dejó de trabajar en el referido proyecto que constituyeron la antesala del litigio.

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Abogado de Rothwell se presentó ante CITGO

 El 1º de marzo de 2019, Brian Abramson, de la firma Williams Kherkher, representante legal de Rothwell Energy Services LLC, remitió una comunicación a CITGO Petroleum Corporation, a la atención de Laymar Peña, Daniel Beuses, Gerente General de Adquisiciones ; Glenn Hilman, consultor externo de CITGO y exvicepresidente de servicios compartidos; y Judith Colbert, asesora jurídica.

  En dicha carta informaba que su despacho de abogados había sido contratado para reclamar el incumplimiento del contrato suscrito entre las partes y para exigir el pago del dinero adeudado a su representado en virtud del acuerdo.

  Abramson aseguró que Rothwell había cumplido con todas sus obligaciones en virtud del contrato, entre ellas, la presentación de reclamaciones adeudadas por CITGO dentro de los 60 días posteriores a la terminación de conformidad con la Sección 7 (d) del Anexo Al del Acuerdo.

 Refiere que Rothwell había hecho varios intentos de resolver amistosamente la disputa infructuosamente.

  Agrela la comunicación que la Sección 24 del Anexo A-1 del contrato establece que Rothwell "acuerda que se hará un esfuerzo de buena fe para resolver cualquier disputa que surja entre las Partes por mediación u otros medios similares no vinculantes de resolución de disputas", por lo que esa misma comunicación debía entenderse como la continuación de dichos esfuerzos.

  Finalizó la carta con la advertencia de que “si CITGO no responde a la propuesta de Rothwell o si esta disputa no se resuelve de otra manera antes del 22 de marzo de 2019, Rothwell emprenderá acciones legales para proteger y hacer cumplir sus derechos en virtud del Acuerdo”.

Esta advertencia se materializó el 22 de marzo de 2019.

Rothwell pide moción para exigir documentos privilegiados

  Ante el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, la empresa demandante Rothwell Energy Services LLC en la causa Nº 2019-20949 que esta sigue en contra de CITGO Petroleum Corporation, presentó una moción para que se obligue a la demandada a presentar los documentos del Primer Privilegio Suplementario y Enmendado de CITGO Registro o, alternativamente, para una inspección a puerta cerrada de los documentos en el Registro de privilegios modificado de CITGO. Esto, de acuerdo a lo establecido en la Regla de Procedimiento Civil de Texas 193.4 (a).

  Tal exigencia obedece a que el demandante considera que el Registro de privilegios enmendado de CITGO no describe la información o los materiales retenidos con suficiente detalle para permitir que Rothwell evalúe la aplicabilidad del privilegio. Refieren que se utilizan descripciones como "comunicación por correo electrónico con el abogado (o entre los representantes de los clientes) realizada para facilitar la prestación de servicios legales".

  Por pedido de Rothwell, CITGO proporcionó el 14 de enero de 2020 su Registro de privilegios original, que contenía 214 entradas, pero el mismo día Rothwell informó a CITGO que era insuficiente y no cumplía con la Regla de Procedimiento Civil de Texas 193.3 (b) (1).

El Registro enmendado, asimismo contenía 254 entradas.

  En fecha 21 de enero de 2020, CITGO manifestó que, aunque no estaba de acuerdo con expuesto por Rothwell respecto al Registro de privilegios original, aceptaba proporcionar el un registro enmendado con Información Adicional, lo cual ocurrió el 22 de julio de 2020 que igualmente fue objetado por la demandante por estimar que no describe de ninguna manera la información o los materiales retenidos para permitir que Rothwell evalúe la aplicabilidad del privilegio.

  Dadas estas circunstancias, Rothwell Energy Services LLC solicitó a la Corte obligar a CITGO a que produzca los documentos privilegiados; anule la afirmación de privilegio de CITGO o, alternativamente, que pruebe los privilegios reivindicados; y ordene a CITGO que presente los documentos retenidos en su Registro de privilegios modificado o, alternativamente, inspeccione estos documentos a puerta cerrada.

CITGO se opone al descubrimiento

  CITGO Petroleum Corporation respondió a la petición de una moción de de obligar al descubrimiento interpuesta ante la Corte por Rothwell, dando a conocer las fechas en que Gina Coon (tesorera) y Glenn Hilman  (Consejo externo contratado) podían presentar ante el tribunal su deposición. En tal sentido, Coon estaría disponible para el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman podía hacerlo el 22, 23 o 24 de septiembre en razón de sus diversos compromisos profesionales y personales.

  Igualmente, en respuesta a las afirmaciones del demandante, CITGO negó que se hubiera opuesto a la deposición de otros testigos, por cuanto ya había proporcionado fechas para un tercer testigo.

  CITGO no quiere que Rothwell acceda al registro privilegiado

  En la misma fecha, 17 de septiembre de 2020, CITGO pidió al tribunal que niegue la moción de Rothwell de que se le entreguen documentos privilegiados o se le permita una revisión a puerta cerrada de los mismos.

  CITGO detuvo todo el trabajo objeto del contrato el 7 de noviembre de 2018 alegando que las sanciones económicas del gobierno de EE. UU. impedían su continuación y a partir del 19 de noviembre de 2018, Rothwell envió a CITGO reclamos de pagos a sus "abogados externos" y exigiendo una respuesta por escrito.

   Las comunicaciones emanadas del proyecto y por los reclamos del de la demandante ahora son exigidas por esta, pero CITGO sostiene que “una parte nunca puede acceder al producto de trabajo principal de otra parte, definido como las ‘impresiones mentales, opiniones, conclusiones o teorías legales’ de un abogado o el representante del abogado (…) Otro producto de trabajo ‘se puede descubrir sólo si se demuestra que la parte que busca el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de los materiales en la preparación del caso de la parte y que la parte no puede, sin dificultades indebidas, obtener el equivalente sustancial del material por otros medios’".

 CITGO sostiene que Rothwell sólo busca encontrar en dicha documentación las pruebas de que carece su acusación.

  Alega la demandada que “Rothwell ha tomado solo una declaración de un representante de CITGO hasta la fecha [mientras que]. Por el contrario, CITGO ha producido casi 8.000 páginas de documentos y ha revelado los nombres y la información de contacto de personas con conocimiento de hechos relevantes. En particular, Rothwell no explica por qué el producto de trabajo de CITGO es necesario para establecer cualquier elemento de sus afirmaciones que de otra manera no podría establecer. Particularmente con las numerosas deposiciones de los representantes de CITGO ya programadas para las próximas semanas, los intentos de Rothwell de invadir el producto de trabajo no esencial de CITGO parecen prematuros, en el mejor de los casos”.

  Por tanto, CITGO asegura que su Registro de privilegios es adecuado.

El juez, Robert Schaffer, negó la moción de Rothwell.

La declaración de Eugene Riccetti

  El 17 de septiembre de 2020, el abogado interno de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Eugene Riccetti, presentó su declaración jurada ante Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, con relación a la causa Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, que dirime la controversia entre Rothwell Energy Services LLC y CITGO Petroleum Corporation.

  En dicha declaración refiere que es Consejero Delegado de CITGO y ha ejercido como abogado en Texas desde 1994. A la filial petrolera venezolana ingresó en abril de 2007 y en su cargo actual como Consejero Administrativo se encuentra desde 2019.

  Manifestó estar familiarizado con el proyecto que dio lugar a la demanda, al haber actuado como el principal asesor legal de sobre el mismo. Igualmente dijo conocer a las personas identificadas en el Registro de privilegios suplementario y enmendado de CITGO y los documentos asociados.

  Del mismo modo, en su declaración Riccetti brindó su apoyo a la respuesta de CITGO a la moción del demandante para imponer un documento privilegiado o, alternativamente, para la inspección en cámara de documentos privilegiados.

  Informó que todos los autores y destinatarios identificados en el Registro de privilegios de CITGO son abogados internos o externos de la empresa,  miembros del departamento legal o sus representantes, a saber: Judith Colbert, Consejera General; Alejandro Escarrá, Vicepresidente de Asuntos Legales; Eugene (Gene) Riccetti, Consejero Gerente; Erika Courtade, Asesora Corporativa; Pavlova Brizuela, Asesora Jurídica Extranjera; Patricia Bonnel, Consejera; Samuel Hall, Michael Gottlieb, Robert Meyer, Scott Wilson, Camilo Cardozo, Scott Flicker, Randall Johnston, abogados.

  Precisó que las entradas del Registro de privilegios 132, 182, 185, 190, 219, 221 y 235 estaban liberadas y en manos de los demandantes.

  Aseguró que luego de revisar las entradas restantes en el Registro de privilegios y los documentos asociados para cada entrada, estableció que los mismos son precisos y constituyen comunicaciones abogado-cliente en el sentido de que fueron realizadas o recibidas por los abogados de CITGO.

Las órdenes ejecutivas

  El 8 de marzo de 2015, el para entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emitió la Orden Ejecutiva 13692, con la cual se bloquearon todos los bienes e intereses de Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Justo José ́ Noguera Pietri, Katherine Nayarith Haringhton Padrón, Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, Manuel Gregorio Bernal Martínez, Miguel Alcides Vivas Landino, y a cualquier persona que determine el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado, en Estados Unidos y, por tanto, estos no pueden ser transferido, pagados, exportados, retirados ni negociados.

  Se les prohibió la entrada al territorio de los Estados Unidos; la realización de donaciones en beneficio de estas personas; la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para, o en beneficio de estas personas; y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dichas personas.

   Posteriormente, el 21 de mayo de 2018, el presidente Donald Trump, emitió la orden ejecutiva 13835, mediante la cual amplió la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo, 2015, y se basó en las medidas adicionales tomadas en la Orden Ejecutiva 13808 del 24 de agosto de 2017 y la Orden Ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018, particularmente a la luz de las actividades del régimen de Nicolás Maduro, y prohibió todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos en lo atinente a la compra de cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar; cualquier deuda contraída con el Gobierno de Venezuela que esté pignorada como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar; y la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que tenga una participación del 50 por ciento o más.

[1] Venezuela Política. “Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez”. 9 de septiembre de 2020. https://www.venezuelapolitica.info/tesorera-actual-de-citgo-obligada-a-declarar-en-una-corte-de-texas-sobre-transacciones-a-favor-de-una-empresa-del-sobrino-de-ex-ceo-de-la-corporacion-nelson-martinez/

 

Continúan las audiencias en la corte del caso Rothwell vs. CITGO por incumplimiento de contrato

  La petrolera venezolana procuraba una orden de abatimiento en razón de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde que el 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC introdujera una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation ante la Corte del Condado de Harris, Texas, se han producido una serie de atrasos y contratiempos que llegaron a su fin. Estas últimas semanas altos ejecutivos de CITGO prestaron declaraciones ante el juez, que había ordenado a la filial de PDVSA en Estados Unidos entregar la información requerida por el demandante y realizar las deposiciones de la tesorera, Gina Coon, el ahora consultor contratado, Glenn Hilman, entre otros. 

  Rothwell Energy Services es una empresa propiedad del sobrino del fallecido CEO de CITGO, Nelson Martínez que alega ante la Corte de Harris  que CITGO no concluyó con los pagos por sus servicios.

  Se trata de una disputa que involucra  una deuda que no fue pagada en base a un contrato que fue otorgado gracias a la complicidad de ejecutivos de CITGO a quienes se les ha vinculado a otras irregularidades internas de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  El tribunal fijó las fechas de las deposiciones de varios empleados de CITGO en un calendario de obligatorio cumplimiento. Entre los funcionarios, como anunciamos están Rick Esser, Jennifer Moos, Gina Coon, Alejandro Sabatino, Glenn Hilman, entre otros.

  CITGO alegó para evitar que se produjeran las declaraciones de los ejecutivos incursos en el contrato con Rothwell y en los pagos varios alegatos, entre ellos lo relativo a la pandemia del coronavirus.

  Tal como lo señalan los documentos, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos, dueños de empresas de maletín, y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros, tienen que ver con las irregularidades están involucrados en este caso que, igualmente, es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Los hechos objeto de la demanda tuvieron lugar durante la gestión como CEO de CITGO Petroleum Corporation, de Nelson Martínez, fallecido mientras se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y tiene que ver con un proyecto de USD 100 millones que Rothwell Energy Services LLC cobraría por una unas plantas desalinizadoras que instalaría en varios estados de Venezuela. La citada empresa es propiedad de Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del finado Martínez.

 Funcionarios de CITGO, entre los cuales se citan José Luis Zambrano, Laymar Peña, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, todos con posiciones de control dentro de la petrolera, presuntamente habrían violado los controles internos relativos a la revisión de proveedores y habrían facilitado así la aprobación de los contratos y los pagos ilegales emanados de los mismos, que comenzaron en el 2017 y siguieron en el 2018. El régimen de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano, impidió que pudieran seguir las operaciones.

CITGO niega los cargos

 La demanda presentada por Rothwell ante la corte muestran una comunicación enviada por CITGO como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones de la petición original de la demanda, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda, dado que al término de cada una de las plantas desalinizadoras de agua que debía construir Rothwell, debía presentarse una Factura de Venta y Cesión se ejecutará entre esta última y PDVSA.

  De acuerdo a la cisión de CITGO, esta no debe dinero a Rothwell, aunque admitió que si el tribunal determina alguna cantidad ésta no correspondería a una cuenta jurada. CITGO sostiene que la deuda que se quiere cobrar la demandante es ilegal y que cualquier pago que se le hiciera violaría la Orden Ejecutiva del gobierno de los EE. UU. 13808 y 13850. La petrolera se refiere a la designación de PDVSA por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a PDVSA, empresa matriz indirecta de CITGO, el 28 de enero de 2019, lo que significa que la propiedad de PDVSA y CITGO se encuentran bloqueadas.

  Es que al ser PDVSA el usuario y el beneficiario de los sistemas de agua que son objeto del contrato, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar en razón de las sanciones, puesto que la participación de PDVSA podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles según la ley de los Estados Unidos.

Defensa afirmativa del pago

  También CITGO cree que la disposición de fuerza mayor del contrato le impide adeudar o realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. se encuentren vigentes.

  Según las cuentas de la filial de PDVSA, ésta ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del Acuerdo. Del mismo modo refiere que Rothwell no ha entregado a CITGO ningún estado de cuenta que reflejen las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  CITGO asegura que Rothwell no cumplió con todas las exigencias para que se emitieran los pagos de los montos que solicita el demandante. Rothwell tampoco habría certificado el pago a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo.

  La petrolera venezolana exigió exige un juicio con jurado y pide que el tribunal dicte sentencia en favor de la demandada y que la demandante pague los costos judiciales y otorgue a CITGO todas las reparaciones a las que tiene derecho.

Declaración de experto

  Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior y Consultor Técnico de RECON Management Services Inc. — agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS— presentó una declaración jurada ante la corte en la que subraya que durante 30 años fue empleado de CITGO durante más de tres décadas.

  Ahora con RECON trabaja en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de Contrato de Servicio objeto de la demanda y refirió PDVSA tiene el interés final en las plantas.

  Dijo que para que CITGO pague una factura, deben cumplirse una serie de que permitan la emisión del pago, siendo él la persona que revisa técnicamente las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía para su pago. "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión del proceso

  El juez Roberto Schaffer, ordenó el 24 de mayo de 2019 la suspensión de la demanda hasta que se produzca el levantamiento de las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell reciba una licencia de la OFAC que dé luz verde al proceso judicial.

  Después, las partes, de manera conjunta, presentaron conjuntamente una moción acordada pidiendo la continuación del juicio.

 Rothwell pidió una moción para obtener el descubrimiento de CITGO. Manifestó que en seis meses hizo esfuerzos infructuosos para trabajar junto a CITGO de buena fe para comprometerse de hecho descubrimiento.

  Por eso acudió a la Corte, por estimar que es necesario para hacer avanzar en el litigio.

  El 14 de enero de 2020, Rothwell Energy Services LLC envió a CITGO una carta solicitando un registro de privilegios modificado y luego de esto, ha reiterado la petición el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

  Desde entonces, las partes han terciado por el asunto. Mientras la demandante exige detalles y documentos de las comunicaciones que involucró el acuerdo, CITGO aduce el privilegio abogado-cliente, el cual es inviolable.

Finalmente, el CITGO afirma la defensa afirmativa del pago.

Las deposiciones

  Otro asunto que ha ocupado a las partes, ha sido el desacuerdo respecto a la deposición, virtual o presencial, de los testigos ante el tribunal.

  En enero de 2020, Rothwell las fechas de deposición de Gina Coon (Tesorera) y Glenn Hilman (Consultor legal) y, finalmente, el 27 de febrero, CITGO respondió que la primera podía hacerlo el 9 de abril y el segundo el 16 de abril. 

  El 18 de marzo, Rothwell informó a CITGO que, en razón de la pandemia, podían seguir el proceso de manera virtual. CITGO respondió el 24 de marzo, que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  Finalmente, luego de una serie de evasivas, la Corte del Condado de Harris ordenó que la tesorera de CITGO, Gina Coon, presente su declaración sobre este caso. Su testimonio es vital, toda vez que ella ocupaba un puesto clave en el proceso de aprobación y pagos del contrato objeto de la demanda. Coon, finalmente se produjo en septiembre 2020.

 

 

 

 

Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]

Por Maibort Petit

  Los abogados de empresa Rothwell Energy Services están ejerciendo presiones a CITGO para que paguen una deuda que según la entidad no le fue cancelada, y que llevó a que se interpusiera una demanda civil ante la Corte del Distrito Harris, ubicado al sur del estado de Texas. 

  De acuerdo a los nuevos documentos del caso, los abogados de Rothwell Energy Services expusieron en la corte que CITGO no cumplió con la entrega de información que se había solicitado en el proceso desde enero de 2020.

Ver detalles del caso en: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. La empresa demandante es del sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, fallecido bajo custodia del estado venezolano en 2018. Los contratos de CITGO fueron entregados con sobreprecio y de manera fraudulenta. 

  Las nuevas piezas incluye una lista de correos electrónicos de los funcionarios vinculados al caso, que son: Pereira, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, Boudreaux, Laymar Peña, Brian Paulson, Riccetti y Alejandro Escará del 14 de marzo de 2017, Riccetti, Hillman, Paulson, Peña, Boudreaux y Zambrano del 13 de marzo de 2017. Asimismo, los correos de José Pereira, Hillman y Zambrano correspondiente al 14 de marzo de 2017.

  El juez Robert Schaffer,  ordenó a a CITGO entregar los documentos relacionados con registro de privilegios modificado y, alternativamente ,producir los documentos del mismo para la inspección de la cámara en los próximos 30 días, empezando con los documentos fechados en 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018.

  CITGO respondió por medio de su abogado Rey Flores que debido a que ellos estaban en desacuerdo con el argumento que  el registro entregado por CITGO no proveía suficiente información sobre las evidencias requeridas.

    Los documentos que se requieren pueden probar el esquema de corrupción que ha operado en CITGO por años, y que permitió que contratistas y funcionarios corruptos de la corporación consiguieran contratos de manera fraudulenta. Muchos de los ejecutivos y empleados de CITGO que participaron en la entrega de contrato siguen en sus puestos de trabajo, ratificados por la nueva junta directiva designada por la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó.

  "Si hubiese voluntad de acción, el caso Rothwell permitiría que CITGO atacar la corrupción interna de la corporación", sostiene una fuente consultada por Venezuela Política.  "Una acción efectiva a favor de los intereses de CITGO en este caso, hubiese sido contrademandar a Rothwell por conspiración para lo cual tenían que responsabilizar a los funcionarios corruptos que permanecen en CITGO, y que debieron haber sido investigados y retirados de sus cargos desde febrero de 2019 por haber aprobado contratos fraudulentos a sabienda que eran ilegales y que atentaban contra los intereses de los venezolanos, cuando la directiva designada por Juan Guaidó tomó las riendas de la filial de PDVSA en Estados Unidos", agrega la fuente que declaró en condición de anonimato debido a la persecución que hay en la empresa contra los empleados que denuncian la corrupción.

Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez

Por Maibort Petit

  A pesar de las evasivas de la empresa, la actual tesorera de CITGO, Gina Coon fue solicitada a declarar esta semana ante la Corte del Condado de Harris, Texas por el caso de Rothwell Energy, Coon  ocupó un puesto clave de la corporación cuando se le otorgó un contrato millonario a la empresa propiedad del ex-presidente de CITGO, Nelson Martínez. Rothwell Energy Service forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener negocios de CITGO a cambio del pago de sobornos a los funcionarios involucrados en los procesos de adjudicación y procesamiento de las contrataciones.

  La demanda civil que se procesa en la Corte del Condado de Harris, fue interpuesta por Rothwell Energy Services LLC en contra de CITGO. 

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   En un documento del tribunal  dice que este miércoles 9 o jueves 10 de septiembre, Gina Coon, Tesorera de CITGO ratificada por la directiva de Luisa Palacios y Carlos Jordá, [quien fue designada en el cargo bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez], está solicitada para declarar y explicar los manejos que se dieron el CITGO en la entrega de contratos fraudulentos.

        Según los récords, durante el 2014 al 2018, bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, Gina Coon, fungió como Asistente y posteriormente fue designada Tesorera de CITGO Petroleum Corporation por la Junta Directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó. En su gestión, Coon aprobó y procesó pagos por USD 10.6 millones por compras para PDVSA con significativos sobre precios a Rotwell Energy Services, LLC, una entidad registrada en Texas en Octubre 2013 por Juan Carlos Hurtado Angarita, director nominal de Rothwell Energy, y sobrino de Nelson Martínez, Presidente y CEO de CITGO del 2013 al 2016.[fallecido en 2018 bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro].

   Los récords de la corporación establecen que desde 2014 al 2018, el dinero fue transferido por Gina Coon desde Houston, TX directamente a la cuenta bancaria a nombre de Rothwell.  El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   Dos fuentes internas, consultadas por Venezuela Política en calidad de anonimato, dijeron que "la actual Tesorera de CITGO, Gina Coon, junto a Glenn Hilman y José Luis Zambrano, directores de compras, Rick Esser y Jennifer Moos, directores de cumplimiento, y Judith Colbert del departamento legal de CITGO facilitaron y aprobaron los procesos de licitación, contratos y transacciones de compras con Rothwell". 

   José Luis Zambrano, junto a otros 5 ex ejecutivos de CITGO, se encuentra actualmente bajo arresto en Venezuela acusado de delitos en CITGO que presuntamente le involucran en cargos de corrupción, fraude, malversación, sobornos, lavado de dinero, conspiración para delinquir y abuso de autoridad. Ver detalles aquí.

   Las fuentes de la corporación, consultadas para este caso, señalan que los mencionados "ejecutivos confrontan varias denuncias internas por formar parte del esquema de corrupción masiva en CITGO, por facilitar la aprobación ilícita de transacciones de compras fraudulentas, y evadir controles internos para la evaluación de proveedores (vendor due diligence) para asistir a dueños de compañías fantasma a obtener ganancias ilícitas y el posterior lavado del dinero". 

   Los ejecutivos de CITGO habrían violado las normas internas de la corporación, con pleno conocimiento, estos directores asistieron a proveedores como: José Manuel González Testino, Tulio Farías, Juan Carlos Hurtado Angarita, entre otros, en los procesos de licitaciones fraudulentos y en ocultar al beneficiario (ultimate beneficiary) final de sus cuentas bancarias. González Testino y Tulio Farías se encuentran a la espera de sentencia por un juez federal de Texas, ambos contratistas se declararon culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero.

    Las fuentes consultadas confirman que los ejecutivos señalados de haber participado en procesos fraudulentos "fueron beneficiados con promociones injustificables, asignación de vehículos de lujo (ej.: Porsche, BMW, Mercedes, etc.), aumentos sueldos y bonos excesivos, que le permiten vivir un estilo de vida de lujo".

  Venezuela Política tuvo acceso a documentos que evidencia las operaciones que se hicieron desde CITGO a la cuenta de Rothwell Energy Services LLC. Desde 2014 al 2018, múltiples transferencias bancarias fueron procesadas por Gina Coon, [Tesorera] desde las oficinas de CITGO en Houston, Texas directamente a cuentas bancarias de Juan Carlos Hurtado Angarita (Rothwell Energy Services). "Como parte de esquema de corrupción, las transferencias se realizaron desestimando los controles internos de identificación de proveedores, y la debida evaluación de Rothwell como proveedor por los departamentos de crédito (Tesorería), legal y cumplimiento", sostuvo la fuente, que agregó que "Los directores de cumplimiento, intencionalmente desestimaron el evidente conflicto de interés y facilitaron la aprobación de contratos de compras por millones de dólares para beneficiar a un familiar de Nelson Martínez y sus cómplices en estas transacciones".

Evidencias de los pagos

  La imagen a continuación evidencia algunos de pagos detallados aprobados y procesados durante el 2018 por Gina Coon, Glenn Hilman y Asdrúbal Chávez:

  Las transacciones fraudulentas entre CITGO y Rothwell, son unas de múltiples transacciones comerciales con compañías fantasmas que sirvieron como vehículo para defraudar al accionista (Venezuela) y extraer el dinero de los bancos de CITGO, utilizando las ganancias ilegales provenientes de operaciones corruptas como fase inicial del blanqueo de capitales, que envolvió sobreprecios, colusión, conspiración con proveedores y el pago sobornos y beneficios laborales para directores de CITGO.  

  Otra fuente interna sostiene que los referidos directores "están envueltos en un número excesivo de casos y transacciones fraudulentas incluyendo el pago de USD 15 millones, realizado por Gina Coon y José Pereira a través de tres transferencias bancarias de $5 millones cada directamente a la cuenta del ex congresista republicano David Rivera utilizando como fachada pagos de consultoría a Interamerican Consulting Inc, una entidad de papel registrada por el congresista en Florida, USA; pagos por más de $70 millones de dólares bajo la administraciones de José Pereira y Asdrúbal Chávez a entidades fantasmas con fuertes lazos a oficiales del régimen de Nicolás Maduro donde también se violaron los controles internos, y muchas otras excepciones y casos fraudulentos que aún no han sido resueltos por la administración encabezada por Luisa Palacios, Carlos Jordá".  

  Importante destacar que las evidencias y testimonios en contra de los mencionados directores fueron presentadas a Palacios y a la nueva junta directiva desde Febrero 2019, cuando fue designada por el presidente interino Juan Guaidó y los partidos que conforman el G4, pero. a pesar de tener el conocimiento y las evidencias, decidieron ratificarlos en sus cargos, jubilarlos y contratarlos nuevamente".

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