Mostrando entradas con la etiqueta Rosneft. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Rosneft. Mostrar todas las entradas

miércoles, 22 de septiembre de 2021

Proponen vender el 100 por ciento de las acciones de PDV Holding en CITGO para maximizar el precio de venta de la refinería venezolana en EE. UU.

    Convertirse en socio de Venezuela le restaría atractivo a la venta de la refinería.

Por Maibort Petit

   De acuerdo al director general senior de Evercore Group LLC, William O. Hiltz, lo ideal en el proceso de venta de acciones de PDV Holding Inc., propietaria de las acciones de CITGO, para que dicha operación sea atractiva, es que la misma englobe el 100 por ciento de las acciones de PDV H, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que, al restringir el porcentaje de acciones, los posibles compradores presenten una oferta reducida que evite la maximización de la transacción. Y es que a los ojos del asesor financiero, sólo será posible obtener un buen precio por la empresa si se le garantiza a los posibles compradores el control total de la compañía.
   Aunque hace poco menos de una semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos negó un pedido de Crystallex para recibir acciones de CITGO Petroleum Corp, filial de la estatal venezolana PDVSA, como pago parcial de la deuda[1] y esta declaración jurada de Hiltz se formuló el 9 de agosto de 2021, no deja de ser significativo lo advertido por el banquero.

“La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro le dijo a Crystallex que el Departamento de Estado había determinado que tal venta no sería incompatible con los intereses de la política exterior de Estados Unidos, pero que Washington volvería a evaluar esas consideraciones durante la primera mitad de 2022”.

  Cabe recordar que un juez aprobó a principios de año la venta de acciones de la matriz de CITGO para cumplir la sentencia de Crystallex que procura el cobro de USD 1.400 millones por la expropiación de sus activos en Venezuela.

   William O. Hiltz, director general senior de Evercore Group LLC, una firma de banca de inversión y asesoría financiera y banquero de inversión del Magistrado Especial en el caso Crystallex International Corporation contra a la República Bolivariana de Venezuela que se ventila en la Corte del Distrito de Delaware. Evercore fue contratada el 2 de junio de 2021, con el objetivo de que brindara servicios de banca de inversión y asesoría del e Magistrado Especial en relación con el diseño de un plan para la venta de acciones de PDV Holding Inc. (PDV-H) propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según sea necesario para satisfacer la sentencia pendiente de Crystallex International Corporation, así como la sentencia de cualquier otro acreedor de sentencia agregado a la venta por la Corte y/o idear cualquier otra transacción que satisfaga dichos juicios pendientes mientras se maximiza el precio de venta de los activos que se venderán.

   El director de Evercore estima que los posibles compradores solamente presentarán buenas y atractivas ofertas en la medida en que se garantice el control de CITGO. Cree que la venta de una participación minoritaria de la refinería será menor si PDVSA sigue siendo el accionista mayoritario.

    Hiltz recordó que el universo de licitadores de un activo como CITGO ya está necesariamente limitado a grandes compradores estratégicos estadounidenses e internacionales, sí como a firmas de inversión selectas, las cuales tendrán más probabilidades de participar en una estructura de proceso tradicional de fusiones y adquisiciones que esté enrumbado claramente a la obtención del 100 por ciento de propiedad.

“Creo que la capacidad de adquirir una participación de control en la compañía aumenta el mercado de postores potenciales, ya que el potencial de una participación de control será fundamental para atraer compradores estratégicos que buscan aprovechar las sinergias de una combinación. Además, en mi experiencia, los compradores suelen estar dispuestos a pagar una prima por el control”.

   Agregó que, históricamente, las transacciones de control en el espacio público han tenido una prima de entre el quince y el veinticinco por ciento, mientras que las ventas de participaciones minoritarias sólo han obtenido hasta un diez por ciento de descuento.” Finalmente, los postores potenciales pueden valorar la capacidad de optimizar y mejorar la estructura de capital de la deuda financiera de la compañía sin el riesgo crediticio percibido como resultado de la propiedad de PDVSA”.

   Tales afirmaciones forman parte de la declaración que William O. Hiltz formuló ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, en apoyo del informe presentado por el Magistrado Especial encargado de formular la recomendación sobre la orden de procedimiento de venta de CITGO.

Ser socio de Venezuela limitaría las ofertas

  William O. Hiltz y su equipo en Evercore, refieren que una venta de menos del 100 por ciento de las acciones de PDVH, requeriría que un postor potencial se asocie con la República Bolivariana de Venezuela como copropietario, lo que, según estiman, limita drásticamente el universo de compradores potenciales que puedan estar interesados en adquirir las acciones de PDVH.

   Para ilustrar esta afirmación se remitió al historial de relaciones difíciles con empresas internacionales e inversionistas extranjeros de Venezuela, que probablemente desalienten a los posibles postores de presentar ofertas que resulten en una nueva asociación. “Además, creo que la inestabilidad política y económica reportada en Venezuela y las sanciones en curso de los Estados Unidos, limitan la capacidad de las personas estadounidenses de participar en negocios con entidades afiliadas al gobierno venezolano”, advirtió.

   Del mismo modo, Hiltz alertó acerca de que una venta parcial proporciona menos flexibilidad para abordar los gravámenes estructuralmente senior en relación con cualquier oferta. Una venta de la compañía completa brinda la mejor oportunidad de generar ingresos suficientes o algún otro resultado negociado con respecto a las reclamaciones que, supuestamente, están garantizadas por los gravámenes estructurales superiores. Un refinanciamiento u otra reestructuración del balance de CITGO será más difícil en el contexto de una venta parcial en comparación con una venta integral de la compañía.

   Por ello se pronunció porque se ofrezca a los posibles postores que especifiquen el porcentaje de acciones de PDV-H que están interesados en comprar, incluida la opción de licitar el 100 por ciento de las acciones de PDV-H. Esto, sostiene, brinda la mejor oportunidad de obtener licitaciones que maximicen el valor bajo las circunstancias del caso Crystallex. La oferta del 100 por ciento de las Acciones de PDV-H, no limita que una vez un licitante potencial presente tal oferta, una discusión o negociación con el Auxiliar Judicial, finalmente lo lleve a aceptar menos del 100 por ciento de las acciones de PDVH para una oferta revisada.

Sobre los reclamos de los bonistas y Rosneft

   El director de Evercore también hizo referencia a la revisión que han hecho de los reclamos que ciertos Tenedores de Bonos de PDVSA 2020 y Rosneft Trading SA (RTSA) han presentado respecto a poseer garantías por un 50,1 por ciento y compromiso del 49,9 por ciento de las participaciones accionarias de CITGO Holding, respectivamente.

   En tal sentido, William O. Hiltz advirtió que su opinión nada tiene que ver con que dichos gravámenes sean o no legalmente exigibles o evitables. Refirió en tal sentido que el abogado del Magistrado Especial le informó que los tenedores de los Bonos PDVSA 2020 obtuvieron una sentencia contra PDVSA por la cantidad de USD 1.924.126.058 al 1 de diciembre de 2020 que está garantizada por un gravamen estructural senior sobre el 50,1 por ciento de las participaciones en el capital de CITGO Holding. Dijo tener entendido que a la fecha, la capacidad de los Tenedores de Bonos PDVSA 2020 para ejercer el compromiso de explotación de CITGO permanece pendiente de apelación. “Ni yo ni ningún otro miembro de Evercore hemos podido discernir el monto pendiente. Si lo hubiera, puede ser asegurado por un gravamen estructuralmente senior a favor de RTSA”.

 Alertó acerca de que la resolución de los gravámenes Estructuralmente senior, y particularmente el compromiso de participación de CITGO, será fundamental para minimizar la incertidumbre del proceso de venta y obtener un valor que maximice la transacción de venta. “Si, por ejemplo, tanto los Tenedores de Bonos de PDVSA 2020 como RTSA pudieron ejercitar remedios con respecto a sus supuestas prendas, el comprador de las acciones de PDVH podría quedarse sin interés en CITGO”.

   Considera que, de acuerdo a su experiencia, los licitantes potenciales no están dispuestos a invertir su tiempo y recursos en presentar una oferta por las acciones de PDV-H sin comprender cómo serán resueltos los gravámenes estructuralmente senior.

El modus operandi

   Manifiesta en su declaración que desde su contratación ha venido trabajando con el Auxiliar Judicial y sus otros asesores en el diseño de un proceso de venta de acuerdo con su mandato, el cual equilibre todos intereses en competencia, al tiempo de procurar la mejor oportunidad para lograr una venta que maximice el valor. En el desarrollo de dicho plan, informó que ha sostenido reuniones con las partes interesadas y sus asesores del caso, a saber, Crystallex, la República Bolivariana de Venezuela, PDVSA, Garnishee PDV-H, CITGO Petroleum Corporation. Asimismo, con no partes, como es el caso de Phillips Petroleum Company Venezuela Limited y ConocoPhillips Petrozuata, y con el gobierno de los Estados Unidos, incluidos representantes del Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, incluidos representantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Estado.

   Dijo que el trabajo con el Auxiliar Judicial en relación con el caso Crystallex, le ha permitido a él y a Evercore, conocer sobre las operaciones comerciales y los activos de PDV-H, CITGO Holding Inc. (integrado por CITGO Holding y CITGO Petroleum) y CITGO Petroleum, habiendo revisado detalladamente la información disponible públicamente y la información producida por CITGO, relevante para el diseño de la Orden de Procedimientos de Venta Propuesta. Un plan que, según explicó, requiere la revisión de la información corporativa y estructura de capital, desempeño financiero histórico y proyectado, una revisión y análisis de las operaciones comerciales de CITGO y de cualquier otra diligencia comercial relevante, de las líneas de crédito corporativas y financiadas y otros reclamos e intereses relevantes.

   Hiltz precisó que el 1 de julio de 2021, junto con el Magistrado Especial y sus otros asesores, se reunió con varios miembros del equipo de gestión de CITGO, incluidos sus miembros de mayor jerarquía, durante los cuales esta última brindó una descripción detallada del negocio que desarrolla, incluido su plan estratégico y desempeño financiero proyectado.

   Informó que su equipo también ha llevado a cabo la debida diligencia en el mercado competitivo y los postores potenciales que pueden estar interesados en ofertar por las Acciones de PDV-H para asegurar que los procedimientos contemplados por la Orden de Procedimientos de Venta reflejan mejor un proceso de venta justo y óptimo dada la dinámica del mercado y los participantes más probables en la licitación.

   Como resultado de estas diligencias y el trabajo realizado en relación con la asesoría al Auxiliar Judicial en relación con el diseño del plan, William O. Hiltz consideró que él su equipo Evercore se encuentra en condiciones de brindar el asesoramiento adecuado al Magistrado Especial con respecto al Caso Crystallex, PDV-H y CITGO.

Sobre la estructura corporativa y de capital de PDV-H y CITGO

   El experto en banca de inversión dijo que, vista y analizada, la información disponible públicamente y la producida por PDV-H y CITGO con respecto a su estructura corporativa y de capital, han podido establecerla en el contexto de los reclamos e intereses relevantes se muestra en el Informe.

   Así, quedó establecido que PDV-H es la empresa matriz de CITGO Holding, la cual a su vez es la empresa matriz de CITGO Petroleum , la cual opera tres refinerías de petróleo complejas a gran escala ubicadas en Lake Charles, Louisiana, Corpus Christi, Texas y Lemont, Illinois. Las operaciones de refinación de CITGO están respaldadas por una extensa red de distribución, que brinda acceso a los mercados finales de productos refinados de la compañía. Igualmente, CITGO tiene una presencia de marca reconocida a nivel minorista en los Estados Unidos a través de su red de concesionarios minoristas de la marca.

Sobre la venta

   Para el director de Evercore, la compleja estructura corporativa y de capital de CITGO, combinada con el número de partes interesadas en el caso Crystallex y otras circunstancias dinámicas e internacionalmente sensibles, plantea una serie de desafíos únicos para lograr una transacción de venta que maximice el valor.

  Entre las consideraciones que Hiltz considera relevantes para el diseño de los Procedimientos de venta propuestos están, en primer lugar, las consideraciones OFAC. En este sentido, dijo que, de acuerdo a discusiones con el abogado del Auxiliar Judicial sobre las prohibiciones relacionadas con las sanciones de los EE. UU. y las autorizaciones y orientación asociadas emitidas por la OFAC en relación con el proceso de venta, la incertidumbre puede enfriar materialmente la licitación.

   De acuerdo las reuniones sostenidas con representantes del gobierno de los Estados Unidos, incluida la OFAC, cree que obtener orientación o autorización explícita, o al menos tácita, del organismo antes de iniciar el proceso de marketing, será fundamental para fomentar un entorno de licitación competitivo y, en última instancia, obtener ofertas que maximicen el valor.

   El otro asunto a considerar, según el director de Evercore, es el precio de compensación ilustrativo el cual, con base en una revisión de la información disponible relacionada con las líneas de crédito financiadas por CITGO y los gravámenes estructurales mayores, en ausencia de un compromiso negociado con cualquier otra parte interesada en la refinería, deba contemplar un valor empresarial que por lo menos genere suficiente consideración para que el fallo de Crystallex se cumpla en su totalidad.

  William O. Hiltz presentó un monto estimado que el tribunal silenció al momento de divulgar esta declaración jurada. Pero lo importante es que la oferta debería cubrir tanto el fallo de Crystallex como de ConocoPhillips, si el este se suma finalmente a la transacción de venta por parte del Tribunal.

   Alerta que cualquier fallo adicional que el Tribunal agregue a la venta, aumentará aún más el precio de compensación ilustrativo.

   Por otra parte, el director de Evercore cree que la pandemia del Covid-19, igualmente, ha impactado desfavorablemente las operaciones y negocios de la refinería.

Referencias
[1] Tal Cual. “EEUU niega solicitud de Crystallex sobre acciones de Citgo, revaluarán en 2022”. 15 de septiembre de 2021. https://talcualdigital.com/eeuu-niega-solicitud-de-crystallex-sobre-acciones-de-citgo-revaluaran-en-2022/

viernes, 12 de febrero de 2021

Víctima de las FARC quiere cobrar indemnización con activos de PDVSA y Rosneft en manos de Vitol

   Los activos de la petrolera venezolana en el extranjero se han convertido en blanco de acciones legales destinadas a cobrar acreencias.

Por Maibort Petit

  Activos de Petróleos de Venezuela S.A.  por USD 9.444.116,76 y de la empresa rusa Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98, en manos de Vitol Inc, pero que permanecen bloqueados en razón de las sanciones impuestas contra esta última por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), están en la mira de una de las víctimas de las FARC, el ELN y Cartel del Norte del Valle de Colombia, para cobrar la indemnización por daños y perjuicios que le concediera un tribunal de la Florida.
  La aspiración del demandante, Antonio Caballero, es hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista promulgada por el expresidente Donald Trump, la cual permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por la administración estadounidense sustentados en leyes antidroga, en el Tribunal Distrito Sur de Texas-División de Houston.
   Antonio Caballero se encuentra asilado en los Estados Unidos desde hace varios años, luego de que su padre, Carlos Caballero —líder del Partido Liberal, cinco veces senador y ex-embajador de Colombia en la ONU— fue secuestrado en febrero de 1999 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Cártel del Norte del Valle de Colombia exigiendo USD 6 millones. Pero en lugar de liberarlo después del pago, los secuestradores lo asesinaron de un disparo en la nuca.

  Tras el asesinato de su progenitor, Antonio Caballero debió huir de Colombia y abandonar sus propiedades y negocios, por lo que se ha dedicado a bregar ante diferentes instancias para llevar a los responsables del asesinato ante la justicia, donde ha reclamado por las torturas de que fuera objeto su padre en manos de los rebeldes colombianos.

  En 2014 un tribunal de primera instancia de Florida le otorgó a Antonio Caballero daños y perjuicios de parte de los guerrilleros y narcotraficantes responsables del secuestro de su padre, a quienes había demandado en 2012.

  Para poder cobrar la indemnización, los abogados de Caballero se encuentran rastreando dinero y bienes de los guerrilleros y narcotraficantes que hayan pasado por los Estados Unidos. Es así cómo ha logrado cobrar una parte de la sentencia[1].

  El 20 de mayo de 2020, el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a favor de Antonio Caballero en la demanda que mantenía contra las FARC y determinó que tenía derecho a recuperar su reclamo por daños y perjuicios de conformidad con la Ley Antiterrorista contra las FARC y el Cartel del Norte de Valle (NDVC), otorgándole USD 45.000.000 en daños no económicos compensatorios reales y USD 1.729.667 en daños económicos compensatorios reales más intereses posteriores al juicio a una tasa del 0,15 por ciento anual.

  Luego de esto, el 28 de septiembre de 2020, Caballero registró la referida sentencia en el expediente de la Corte del Distrito Judicial 284 del Condado de Montgomery, Texas, en la causa que en dicha instancia judicial mantiene contra las FARC y otros (Caso Nº 20-09-11744).

  Desde entonces, Caballero ha iniciado varios casos complementarios en procura de obtener la indemnización por daños y perjuicios que aún no ha sido satisfecha en su totalidad. El saldo pendiente se estima en USD 41.734.153,93.

  Ahora, por considerar que la empresa Vitol Inc. es, de acuerdo con las sanciones administradas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, posee ciertos activos bloqueados de Rosneft Trading S.A. por un total de USD 12.661.259,98 y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por USD 9.444.116,76, estas dos empresas son agentes o instrumentalidades de las FARC, uno de los deudores del juicio.

  En tal sentido, Antonio Caballero aspira para embargar los referidos activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la Sentencia Definitiva a su favor.

  Caballero alega que Rosneft y PDVSA son agentes de las FARC y sobre esa base obtuvo un auto de embargo contra Vitol como parte en la Acción del Tribunal del Estado para embargar los activos bloqueados de Rosneft y PDVSA para satisfacer la sentencia Definitiva, de acuerdo a la Ley de seguro contra riesgos de terrorismo de 2002 (TRIA). 

  Sostiene el demandante que “en cualquier acción en la que un nacional de los Estados Unidos haya obtenido una sentencia contra una parte terrorista de conformidad con esta sección, el término ‘activo bloqueado’ incluirá cualquier activo de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte) incautado o congelado por los Estados Unidos en virtud de la sección 805 (b) de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (21 USC 1904 (b))”.

  Destaca que, “los activos bloqueados de esa parte terrorista (incluidos los activos bloqueados de cualquier agencia o instrumentalidad de esa parte terrorista) estarán sujetos a ejecución o embargo en ayuda de la ejecución a fin de satisfacer dicha sentencia en la medida de cualquier daño compensatorio por el cual dicha parte terrorista haya sido declarada responsable”.

   Le corresponde ahora al demandante, demostrar ante el tribunal que, efectivamente, PDVSA y Rosneft son agentes o instrumentalidades de un Deudor de Sentencia bajo TRIA.

   En su favor, Caballero sostiene que los activos están bloqueados de conformidad con las sanciones de la OFAC, refiere que Vitol está sujeta a varias prohibiciones con respecto a transacciones o transferencias que involucren activos bloqueados, como se establece en el Reglamento de Sanciones de Venezuela de la OFAC.

  Como lo exige la ley, Vitol fue informada el 22 de diciembre de 2020 de la acción de Antonio Caballero.

  Se estima que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División de Houston, es competente para llevar este caso, pues la misma comprende el condado de Montgomery donde Caballero presentó la Acción de la Corte Estatal. En consecuencia, la deportación al Distrito Sur de Texas es adecuada de conformidad con 28 U.S.C. § 1441 (a).

  Vitol se reserva expresamente todas las defensas, mociones y/u objeciones que puedan tener en cuanto al servicio, jurisdicción o cualquier otra defensa u objeción que puedan presentar a esta acción.











[1] CNN en Español. “Hijo de diplomático colombiano asesinado por las guerrillas recibe narcodinero como indemnización”. 28 de febrero de 2017. https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/28/hijo-de-diplomatico-colombiano-asesinado-y-torturado-por-las-guerrillas-recibe-un-millon-de-dolares-de-narcodinero/


lunes, 16 de noviembre de 2020

El burladero de las sanciones: Rosneft sirvió al régimen venezolano para vender petróleo y conseguir recursos para mantenerse en el poder (I)

   Una serie de informes y documentos pruebas las operaciones en las que que intervienen empresas fantasmas y el gigante petrolero ruso.

Por Maibort Petit

  Recientemente un informe de la agencia Reuters daba cuenta de las estratagemas urdidas por Venezuela y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para violar las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. 

  El reporte explicaba que la petrolera —por consejo del régimen de Irán— implementó un sistema de identificación errónea de los barcos cargueros, así como la utilización de empresas fantasmas que figuran como los nuevos clientes de PDVSA que, configurando toda una trama en la que los datos de las mismas suelen ser errados y luego desaparecidos, permite a la administración de Maduro burlar las sanciones estadounidenses. 

  En una serie de entregas, mostraremos el mecanismo de burladero implementado por el régimen venezolano para exportar el petróleo y hacerse de recursos para mantenerse en el poder.

   Citan, por ejemplo, el caso del carguero Otoman que el 21 de agosto atracó en la terminal petrolera de Jose ubicado en el oriental estado Anzoátegui de Venezuela, para cargar 1,82 millones de barriles de crudo pesado. Según la documentación, el número de identificación asignado a esta embarcación por la Organización Marítima Internacional, se le asignó a otro petrolero llamado Rubyni. Lo curioso es que el Rubyni —como lo revelan las imágenes de satélite de TankerTrackers.com, un servicio de seguimiento de embarcaciones independiente, fue desguazado en la costa de Bangladesh en 2018.



  Del mismo modo, Reuters hace referencia al petrolero Elisabeth Knutsen, al cual luego se le etiquetó como "Knut", fue contratado por empresas fantasmas que ahora exportan el petróleo venezolano. La embarcación fue vista anclada frente a Las Palmas, Islas Canarias, poco antes de emprender viaje hacia la terminal de Jose.

   La investigación periodística determinó que, de ningún modo, estas identificaciones erróneas puedan ser tenidas como un accidente, sino que responden a una estrategia de PDVSA para darle salida. Su crudo y burlar las sanciones, según lo dejan ver los registros a los que Reuters tuvo acceso.

  Refiere la nota que el Otoman es uno de los 30 barcos petroleros contratados por un grupo de empresas fantasmas constituidas como nuevas clientas de PDVSA, una compañía que ha terminado obviando la normativa que hasta hace apenas unos dos años la regía para registrar nuevos clientes.

  Lo cierto es que el sistema implementado ha permitido a PDVSA saltar de 400 mil barriles de petróleo exportados entre junio y agosto, a 700 mil en septiembre.

  Una vez se concretan las operaciones, los registros de PDVSA son borrados.

 Señala la nota, que de “los 21 nuevos clientes de PDVSA identificados en los documentos internos de la petrolera estatal, ninguno tiene antecedentes en el comercio de petróleo. La mayoría parece tener su sede en Rusia, pero para muchos, no se registró una dirección completa. Aquellos con direcciones no se encontraban en ellos. En total, recibieron más de 25 millones de barriles de crudo y combustible venezolanos entre abril y octubre, según registros de PDVSA. Eso es casi una cuarta parte de las exportaciones totales de petróleo de Venezuela y, a precios de mercado para ese período, valdría alrededor de $ 544 millones”.

Rosneft: ¿Sí o no?

   La empresa rusa Rosneft se convirtió en uno de los principales socios de PDVSA y uno de los destinos preferente de sus exportaciones. 

  De hecho, la gigante rusa tenía participación en varias de las empresas mixtas que PDVSA mantiene, siendo que, por ejemplo, en Petromonagas, Petromiranda, Petroperijá y Petrovictoria, la participación de Rosneft es de 40 por ciento, mientras que en Boquerón es de 26,67 por ciento.

  Incluso, desde marzo de este año, PDVSA mudó su sede internacional de Lisboa, Portugal, a Moscú, Rusia, consolidando la relación de respaldo que el estado ruso brinda al régimen venezolano.

    Cuando se conoció la medida, Rusia la condenó y aseguró que de esta manera no disuadirían a Rosneft de seguir trabajando con Caracas, al tiempo que catalogó las sanciones de “indignantes”, puntualizado que la compañía no participó en ninguna actividad ilegal. Entretanto, desde EE. UU. acusaron a la empresa rusa de “apuntalar el sector petrolero venezolano y participar en ‘trucos’ y transferencias de barco a barco para evadir activamente las sanciones estadounidenses”.

    Pero pese a sus declaraciones, las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA y a la inclusión de unidades de Rosneft en la lista negra de los armadores que hacen negocios con Venezuela, llevaron a la petrolera a anunciar el cese de las negociaciones con la estatal venezolana. La rusa vendió sus activos en Venezuela  Incluso, compañías dejaron de transportar el crudo venezolano para Rosneft, como es el caso de Mercantile & Maritime. 

 Un reporte  en nuestro poder —fechado en 2019— que analiza las relaciones comerciales de PDVSA, da cuenta del respaldo de Rosneft a la estatal petrolera venezolana y de las maniobras irregulares urdidas para burlar las sanciones estadounidenses. 

  El reporte refiere que entre enero y octubre de 2019, se registraron 84 cargas levantadas para Rosneft en Venezuela, lo supone un promedio de casi 9 cargas mensuales. La mayoría se transportaron con VLCC (Very Large Crude Carriers-1.5M a 2M barriles de capacidad) o Suezmaxes (1M barriles). Refiere el informe que, en octubre, Rosneft canalizó el 62 por ciento de las exportaciones totales en Venezuela. 

  Una de las estrategias para evitar ser detectados y de la que da cuenta el reporte, es la de apagar los transpondedores de ubicación durante el trayecto, lo cual se conoce como "viaje oscuro". Hay que apuntar que el transpondedor transmite los detalles únicos de un barco, a saber, su origen, destino y su carga a un satélite. La Organización Marítima Internacional sólo recomienda esta práctica en zonas de piratería y otras circunstancias excepcionales. 

   En tal sentido, el informe indica que 16 embarcaciones recurrieron a esta práctica y apagaron su transpondedor al aproximarse a aguas venezolanas o estando en ellas. Agrega que muchos de estos cargamentos y embarcaciones tienen un destino designado en el conocimiento de embarque que no siempre se cumple. La evidencia recopilada para la elaboración del informe les permitió establecer que algunas la carga se desvía a otros puertos.

   Se cita el ejemplo del MT Bouboulina, cuyo informe final de inspección, refiere que cargó 1M bbls de Merey (más exactamente 979.880 bbls) el 18 en julio de 2019, desde el puerto de Jose, con destino al puerto de Shandong, China, para el cliente Rosneft Trading SA.

  Sin embargo, según fuentes consultadas para la redacción del informe, aseguraron que el buque dado de alta cerca de Melaka, Malasia, a través de operaciones de alumbrado.

Deuda por petróleo

  El informe, además, hace referencia a otro mecanismo utilizado por Rosneft y sus socios comerciales para sortear las sanciones de Estados Unidos.

   Alega la empresa rusa que no se trata de ventas, por cuanto las cargas de crudo que se transportan ya pertenecen a Rosneft que recibió el petróleo como forma de pago de la deuda.

  Recuerda el informe que Rosneft navega FOB (Free on Board) la carga a otros compradores, tales como Reliance, Nayara y otras compañías pequeñas, así como para cuestionados comerciantes petroleros como Tansy Shiptrade, Norteca y otros. Estas empresas fletan embarcaciones que retiran la carga de los puertos venezolanos, figurando, no PDVSA como el vendedor, sino Rosneft. En pocas palabras, sentencia el informe, la compañía petrolera rusa se convirtió en el mayor revendedor de crudo venezolano.

jueves, 7 de mayo de 2020

Los riesgos para los compradores de los Bonos PDVSA 2020 y la estrategia de la defensa en la corte de NY

  Estrategia del 'gobierno interino' apunta a la declaratoria de nulidad del canje de los Bonos PDVSA 2020 y del préstamo de Rosneft a PDVSA con garantía de CITGO. Respaldados en la falta de aprobación de las operaciones por parte de la Asamblea Nacional, el interinato de Venezuela solicitó ante los tribunales de EE. UU. que se declaren nulos por ilegales esos bonos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La emisión de bonos por parte de Petróleos de Venezuela S.A. con el objetivo de lograr financiamiento, es una actividad normal en toda empresa. Sin embargo, una operación habida en 2016, cuando PDVSA convocó a los inversionistas para llevar a cabo una operación de canje de los denominados Bonos PDVSA 2017 que vencían en esta última fecha, por unos nuevos llamados Bonos PDVSA 2020, llamó la atención pues, para hacer atractiva la negociación en medio de un escenario en el que la estatal petrolera mostraba —y sigue mostrando— una grave crisis de iliquidez y de operatividad, se ofreció como respaldo una garantía prendaria de CITGO. Al parecer era tal el riesgo que suponía comprar papeles de una empresa prácticamente quebrada, que fue necesario comprometer el principal activo de Venezuela en los Estados Unidos.

   Fue así que el canje de bonos se respaldó con nada menos que el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., la propietaria de CITGO Petroleum Corporation.

  No conforme con esto, el restante 49,9 por ciento de las de CITGO Holding, Inc., se usó para garantía prendaria para respaldar un préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A.

   Ninguna de estas operaciones contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, pues eran violatorias de lo establecido en la legislación venezolana. En tal sentido apunta la estrategia que el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó para defender y proteger CITGO ahora que los bonistas reclaman el pago por los papeles y se adelantan a cualquier acción legal que pudiera emprender Rosneft al momento de exigir la restitución de su dinero.

  Todo deja ver que el interinato de Guaidó busca sentar un precedente frente a este tipo de operaciones irregulares que el gobierno de Nicolás Maduro busca instituir, según lo deja ver un llamado de alarma que el muy criticado procurador especial de Venezuela, José Hernández, lanzó recientemente cuando alertó que el régimen tiene como propósito entregar activos de PDVSA a bonistas extranjeros, a cambio de nuevos préstamos.

  “Hoy se pretende repetir la misma estrategia entregando activos de PDVSA, incluyendo la Refinería de Amuay, a terceros y a gobiernos extranjeros, en una clara privatización de facto que resulta inconstitucional”, dijo Hernández en declaraciones que recoge una nota del Diario Las Américas

 Hernández agregó que “la entrega de activos de PDVSA a terceros, violando la Constitución no es idea nueva del régimen de Maduro. Por el contrario, esa entrega comenzó en 2016, cuando Maduro cedió en garantía a favor de bonistas extranjeros la mayoría accionaria de CITGO con el Bono PDVSA 2020”.

  Y entonces Hernández recordó el hecho de que el Poder Legislativo Nacional no ofreció su aval a estas operaciones, tal como lo exige la ley. “La Asamblea Nacional se opuso al colateral sobre CITGO a favor de bonistas extranjeros en Acuerdo del 27 de septiembre de 2016. La decisión sólo fue rechazada por los diputados del régimen de Maduro”[1].

Gobierno interino preservó CITGO

  El embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, corroboró esta posición y aseguró que todas las acciones emprendidas por el gobierno interino están dirigidas a preservar la propiedad de CITGO por parte de Venezuela.

  Advertido de que la defensa de los bonistas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los tenedores de los papeles reclaman el pago de los bonos o la ejecución de la garantía, alegando que el gobierno de Juan Guaidó reconoció la legalidad de la operación de canje cuando en 2019 pagó USD 71 millones por concepto de intereses, el embajador aseguró que, por el contrario todo el accionar de la administración de la que forma parte, apunta a proteger a CITGO.

  Vecchio refiere que, efectivamente, “cuando se hizo ese pago se comunicó que se estaba haciendo por la emergencia, [pero se advirtió] que no implicaba ningún reconocimiento de la deuda, que lo estábamos haciendo porque no tuvimos otro mecanismo para proteger a CITGO sino ese, y lo hicimos. Pero luego, cuando tuvimos más tiempo y se correspondía el otro pago en noviembre, sí nos dio tiempo para, primero, trabajar en la protección de los activos de CITGO y hoy podemos decir que CITGO está totalmente protegida con una acción ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo logramos”.

  Vecchio rebate la argumentación de los bonistas y recuerda que cuando el pago de los intereses en aquel entonces se hizo, se advirtió que Venezuela atravesaba por una circunstancia especial y el gobierno interino apenas se encontraba asumiendo el control de CITGO.

   Sostiene que el pago de intereses de los Bonos PDVSA 2020 en 2019 se hizo con la advertencia de que, por atravesar una circunstancia especial, el gobierno interino procedía al pago de los intereses sin que se reconociera con ello la legitimidad de la deuda y reservándose Venezuela, el derecho de demandar la nulidad de un bono que es ilegal.

  Vecchio calificó de irresponsable la acción de Nicolás Maduro de ofrecer CITGO como garantía de sus operaciones irregulares y del mil millonario endeudamiento a que ha sometido el país y a PDVSA. Destacó como inaudito que hasta se haya otorgado un Premium a quienes adquirieran por Bonos PDVSA 2020. Calificó todas estas operaciones de inconstitucionales.

“Nosotros lo que estamos haciendo es, uno, preservando CITGO, y dos, demandando la nulidad de una deuda que lo que hizo fue darle beneficios a unas personas que están detrás de los bonistas y a algunos bonistas que se aprovecharon de esa circunstancia para desangrar a Venezuela. Nosotros estamos manteniendo una posición de principios y hemos puesto en manos de un juez imparcial y que conoce el tema, esta decisión. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, defendiendo a CITGO, defendiendo los intereses de los venezolanos y señalando a los responsables del desangramiento que le hicieron a nuestro país”.

El informe de Chafardet

  El abogado e internacionalista residenciado en los Estados Unidos, Joaquín F. Chaffardet, en su “Informe sobre las operaciones ilegales de crédito público de PDVSA y su filial PDV Holding Inc.”, sostiene que las distintas operaciones llevadas a cabo por la estatal petrolera con los Bonos PDVSA 2017 y PDVSA 2020, así como del préstamo que la rusa Rostneft Trading a PDVSA, son ilegales, advirtió sobre una serie de riesgos que corren, tanto los responsables de tales negociaciones, como los inversionistas que se aventuren a adquirir tales papeles.


 En su análisis, Chaffardet pone al descubierto el consuetudinario irrespeto a la Constitución y las leyes que rige a las actuaciones gubernamentales venezolanas, dándole a las mismas un carácter de ilegalidad.

  Se refiere, en primer término, a la operación de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020 llevada a cabo para evitar el default en el año 2017 al vencimiento en abril y noviembre de dichos papeles. Estos se cambiaron en el mercado por unos a vencimiento en 2020, de manera de extender el plazo de vencimiento.

  En razón de lo arriesgado que tal negociación resultaba, dado el deteriorado crédito e imagen de PDVSA, el gobierno venezolano procedió a garantizar la operación con 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. —propietaria de CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en los EE. UU.— como “garantía prendaria de primer grado”.

  En segundo lugar, el informe cita el contrato de préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A con garantía prendaria del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. Aunque oficialmente no se informó del monto del préstamo, fuentes ligadas a la petrolera refirieron que era por USD 1.500 millones.

   De tal manera, que en dos operaciones se comprometió el 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding y, en consecuencia, de CITGO Petroleum Corporation.

  Chaffardet califica este negocio como una venta oculta de CITGO “a precio de gallina flaca” dirigida a “insolventar a la empresa en perjuicio de los acreedores de la República”.

   Por estas operaciones en tribunales de los Estados Unidos se han iniciado demandas por parte de otros acreedores de Venezuela que acusan la ilegalidad de esta transferencia fraudulenta de activos.

  El informe se remite al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que en su artículo 5 menciona los entes que conforman el sector público, incluyendo en los numerales 8 y 9 a “Las sociedades mercantiles en las cuales la República (…) [que] tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional. 9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social”.

  De acuerdo a esto, PDVSA y sus filiales PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation —propiedad de la petrolera— son igualmente entes del sector público y, en consecuencia, están sujetas a las regulaciones de dicha ley.

  Cita también el reporte, el artículo 80 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que como “operaciones de crédito público” así: “1) La emisión y colocación de títulos valores, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, exceptuando los destinados al reintegro de tributos. (…) 5) La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente”.

  Encajan, por tanto, en lo definido, la emisión de los Bonos PDVSA 2020, su canje por los Bonos PDVSA 2017 que, en la práctica son un refinanciamiento o restructuración de una deuda pública existente.

  Asimismo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en su artículo 105, prohíbe a PDVSA y sus filial PDV Holding Inc. “contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estatales o municipales”.

   Advierte el informe de Joaquín Chaffardet, que aun lo expresado en la ley, PDVSA con la anuencia del Ejecutivo Nacional, “en su desesperado esfuerzo de obtener fondos y de paso evitar el default en 2017”, emitió los Bonos PDVSA 2020 con garantía prendaria de primer grado sobre bienes públicos nacionales, lo que también ocurre con la garantía del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO que respaldan el préstamo de Rosneft a PDVSA.

  El reporte alerta que estas operaciones prohibidas por la ley pueden tener consecuencias nefastas para los intereses venezolanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos lugar de asiento de CITGO Petroleum.

   Se deja sentado que, si se estableciera un nuevo gobierno en Venezuela apegado a la letra de ley, podría desconocer la validez de la garantía ilegal otorgada y, hasta la validez de los mismos bonos, lo que representa un gran riesgo para los inversionistas involucrados.

Los argumentos de PDVSA

  El informe alerta que si bien PDVSA aseguró el 23 de diciembre de 2016 que “PDVSA mantiene propiedad total sobre CITGO” bajo el argumento de que “cualquier empresa de clase mundial, como Petróleos de Venezuela, utiliza sus activos para el respaldo de sus transacciones y el apalancamiento de sus inversiones, razón por la cual es totalmente falso que se estén cediendo activos a terceros”, justificando de esta manera el que se haya puesto como garantía el 50,1 por ciento de CITGO para la operación de canje de bonos y el restante 49,9 por ciento  en el “levantamiento de nuevos financiamientos.

  Ante tal justificación de PDVSA, Joaquín Chaffardet señala, en primer lugar, que PDVSA hace años dejó de ser una “empresa de clase mundial” puesto que ha llegado al extremo de tener que ser financiada por el “Banco Central de Venezuela mediante operaciones financieras que lindan con el fraude contable”.

  A esto suma el hecho de que CITGO otorgue como garantía prendaría para una operación de bonos supere la mitad de las acciones de la compañía sin siquiera informar cuál es el monto en dólares que se está garantizando.

  Tampoco informa de cuánto es el financiamiento alcanzado que supuso una garantía de 49,9 por ciento de las restantes acciones de CITGO, ni tampoco de dónde proviene. En este sentido, Chafardet indica que, según fuentes independientes, el préstamo fue otorgado por la empresa rusa Rosneft Trading S.A., pero sin que exista certeza del monto del mismo.

Sobre PDVSA y sus filiales

  El reporte informa sobre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e indica que es una empresa estatal venezolana que, hasta la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República, se dedicaba ala a explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano, la cual se constituyó luego de la nacionalización de la industria petrolera en 1975, por decreto del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El acta constitutiva-estatutaria se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de septiembre de 1975, bajo el No 23, Tomo 99-A.

  La república de Venezuela es propietaria del 100 por ciento del capital de la sociedad, es la única accionista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Sobre PDV Holding, Inc., el informe dice que es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 21 de abril de 1997 con el Nº 2742595. Se trata de una empresa filial de PDVSA cuya participación es el 100 por ciento del capital de la sociedad.

  A su vez, PDV Holding, Inc., es propietaria del 100% de las acciones que representa el capital de CITGO Holding, Inc.

  Por su parte, CITGO Holding, Inc. es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 14 de noviembre de 1986 con el Nº 2107402. El 100 por ciento del capital de CITGO Holding, Inc., es propiedad de PDV Holding, Inc.

  Entretanto, CITGO Holding, Inc. posee el 100 por ciento de las acciones que representan el capital social del CITGO Petroleum Corporation.

  CITGO Petroleum Corporation es una sociedad mercantil registrada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 18 de marzo de 1983 con el Nº 2005114.

  CITGO Holding, Inc. es dueña del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

  La oferta de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020, petrolera deja sentado que se trata de una compañía “totalmente propiedad de Venezuela y somos la holding de un grupo de empresas de petróleo y gas (...)”, al tiempo que sobre sus filiales dijo: “A través de PDV Holding, una filial de propiedad total, poseemos indirectamente el 100% de CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation ("CITGO"), esta última una refinadora y comercializadora de combustibles para el transporte, productos petroquímicos y otros productos industriales a base de petróleo en los Estados Unidos."[2].

  Sostiene Chaffardet que las acciones de PDVSA y sus filiales son bienes públicos nacionales de acuerdo a lo estipulado en la legislación venezolana, la cual advierte que estos, así como las “rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la república, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en general, a ninguna medida preventiva o ejecutiva y están exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o municipales”.

  Explica el informe que tal disposición legal significa que los bienes propiedad de Venezuela no pueden ser dados en garantía.

Las operaciones

   Ante la grave crisis económica venezolana producto de las “absurdas” políticas económicas del gobierno —refiere el informe—, la caída de las reservas internacionales y  la merma de la producción petrolera que, según la OPEP, se ubicó al momento de la redacción del reporte en 1,997 barriles de diarios, la administración de Nicolás Maduro recurrió “de manera irresponsable” a realizar operaciones de crédito público expresamente prohibidas por la ley, como es el caso de la oferta de canje de bonos PDVSA 2017 por PDVSA 2020.

  En su sitio web, PDVSA publicó la oferta el 16 de septiembre de 2016,la cual rezaba que “la quinta la quinta compañía petrolera integrada verticalmente más grande del mundo” inició “las ofertas de intercambio (las ‘Ofertas de Canje’) de todos y cada uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los ‘bonos de abril de 2017’) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (‘los bonos de noviembre de 2017’), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los ‘Bonos Existentes’) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los ‘Nuevos Bonos’)”.

   Y agregaba la oferta la información sobre la garantía prendaria que advertía que la misma sería de primer grado sobre el 50,1 por ciento de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding Inc. y serán “garantizados de manera incondicional e irrevocable por PDVSA Petróleo S.A.”. Se alertó de que los “Bonos Existentes no están ni estarán garantizados por la Garantía Prendaria que garantiza los Nuevos Bonos. Los pagos de capital de los Nuevos Bonos se pagarán anualmente en cuatro cuotas iguales, en cada aniversario de la fecha de liquidación de los Nuevos Bonos”[3].

  Asimismo, el informe califica la operación préstamo como un “contrato de venta a futuro, prepagada, por PDVSA a través de su filial PDV Holding Inc., con la empresa rusa Rosneft Trading S.A., garatizado con garantía prendaria sobre el 49. 99% de las acciones de su filial CITGO Holding Inc.”, la cual tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016.

  La negociación se mantuvo en secreto hasta que las agencias noticiosas la informaron el 23 de diciembre de 2016. Tampoco oficialmente se dio a conocer el monto del préstamo, pero extraoficialmente se supo que alcanzaría USD 1.500 millones.

Ilegales

  Sostiene Joaquín Chaffardet en su informe que estando PDVSA y sus empresas filiales PDV Holding, Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum, sujetas a las regulaciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y siendo la emisión y colocación de dichos bonos y el contrato de préstamo operaciones de crédito público garantizadas con garantías prendarias sobre acciones de PDVSA CITGO Holding Inc., califican dichas negociaciones como operaciones de crédito público.

  Por tanto, de acuerdo a las pautas de ley, son sujeto de las prohibiciones que en materia de operaciones de crédito público se establecen en la legislación venezolana. En tal sentido, tanto el canje de los bonos como el préstamo son ilegales.

Empeño ilegal de CITGO

   Se asegura en el reporte que dado que PDVSA emitió y colocó los Bonos PDVSA 2020 garantizados ilegalmente con el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc. que equivalen al 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation y, además, comprometió el 49,9 por ciento restante de las acciones como garantía prendaria en el préstamo obtenido de Rosneft Trading S.A., se ha procedido a un empeño ilegal de la filial[4].

   Categóricamente se afirma en el informe que el 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation se dieron en garantía o, sencillamente, fueron “empeñadas”.

Las posibles consecuencias

  De acuerdo a lo expuesto, en el informe de Joaquín Chaffardet se alerta de que las operaciones ilegales de canje de bonos y el préstamo de Rosneft podrían traer una serie de consecuencias.

  En primer término, las que sufrirían los funcionarios el ente emisor de los Bonos PDVSA 2020, es decir PDVSA, así como los responsables de la contratación del préstamo con Rosneft Trading S.A., ambas operaciones con garantías prendarias de primer grado sobre acciones de CITGO, estarían sujetos a las sanciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

  El artículo 160 de la cita ley establece la obligación del funcionario o servidor público de indemnizar a la república o al ente del sector público afectado por los daños que le causaren en el desempeño de sus funciones por infracción del mismo. La obligación de indemnizar surge independientemente de que su actuación haya sido dolosa o culposa.

  Asimismo, en él se estipula la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años.

  Por otro lado, las consecuencias para los inversionistas derivan de que la Asamblea Nacional de Venezuela podría declarar la ilegalidad evidente de los nuevos bonos.

  Se precisa que en caso de un impago de dichos bonos, la república pudiera desconocer la validez, tanto de los bonos como de la garantía prendaria. Esto podría dar pie a costosos litigios internacionales para ambas partes.

  Se alerte que de producirse un cambio de gobierno en Venezuela antes de la fecha de vencimiento de los nuevos bonos, este podría desconocer la validez de los nuevos bonos y, en particular, de la garantía ilegal que los respalda.

  En tercer lugar, el reporte de Chaffardet refiere que podría haber consecuencias para la república y para PDVSA por la emisión ilegal de los “bonos y su colocación en el mercado contribuirá a un fuerte deterioro en el ya maltrecho crédito de la República y en el aumento del riesgo país. La situación de crédito de Petróleos de Venezuela S.A., es sencillamente catastrófica y aparentemente irreparable por ahora”.

CITAS

[1] Diario Las Américas. “Procurador denuncia que Maduro entrega activos de PDVSA a cambio de bonos”. 1 de mayo de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/procurador-denuncia-que-maduro-entrega-activos-pdvsa-cambio-bonos-n4198239

[2] Scribd. PDVSA 2017 into 2020 Exchange Offer - OC - 16 September 2016. https://es.scribd.com/document/324333858/PDVSA-2017-into-2020-Exchange-Offer-OC-16-September-2016

[3] PDVSA. “PDVSA anuncia la Oferta de Intercambio de Todos y Cada Uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2020”. 16 de septiembre de 2016. http://www.pdvsa.com/templates/pdvsa/img/bonos/bonopdvsa2017/Anuncio%20de%20Prensa%20(PDF).PDF


[4] Reuters. “Venezolana PDVSA usa el 49,9 pct de acciones de su filial Citgo para "nuevos financiamientos": comunicado”. 23 de diciembre de 2016. https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN14C2AC

sábado, 15 de septiembre de 2018

Crystallex acusa a PDVSA de intentar "saquear" a CITGO ante la inminente ventas de sus acciones

Como si se tratara de una piñata, cuando se conoció la orden del juez para subastar las acciones de Citgo como pago a las deudas que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la canadiense Crystallex, Rosneft Trading S.A., Citgo y los titulares de los bonos venezolanos presentaron al tribunal una solicitud para que fueran declarados "interventores propuestos". La defensa de Crystallex dice que la República Bolivariana de Venezuela busca "saquear a PDV Holding y sus filiales y quitarle valor" antes de que se produzca la venta de las acciones de la filial por parte de los aguaciles de los Estados Unidos. He aquí la historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
En un documento de 49 paginas entregado este viernes a la corte de Delaware los abogados de la transnacional Cristallex International Corp. pidieron al juez negar las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante por concepto de la expropiación de sus activos en las minas las Cristinas por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Leonard P. Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.


El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 


CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

El documento dice que "PDVSA no ofrece en su recurso ninguna razón legítima por la que Crystallex, que ya pasó años esperando que Venezuela satisfaga la sentencia y el laudo arbitral a su favor,   tenga que dar más tiempo a PDVSA y Venezuela para despojar aún más a sus subsidiarias de los EE. UU. del valor que poseen en este momento". 

Piden que la moción de PDVSA sea negada de inmediato por el juez Stark.

Nuevos acreedores tras el botín de CITGO

Esta semana también llegaron a la corte tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

Antecedentes de este caso


1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Además, sostienen que PDVSA y Venezuela tienen un historial de participar en esquemas para obstaculizar y evadir a sus acreedores, incluso mediante el saqueo de los activos de sus subsidiarias en Delaware. Ahora, más que nunca, PDVSA tiene un incentivo para tomar medidas que pueden destruir el valor de las acciones de PDVH. Cualquier acción de ese tipo despojaría a Crystallex del beneficio de la Orden de esta Corte y perjudicaría irreparablemente su capacidad de cobrar la sentencia de $ 1,200 millones (más intereses) que Venezuela le adeuda. 

Asegura que PDVSA y los Interventores Propuestos no muestran ninguna prueba de que sean irreparablemente perjudicados por la ejecución de la venta de las acciones.