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sábado, 15 de septiembre de 2018

Crystallex acusa a PDVSA de intentar "saquear" a CITGO ante la inminente ventas de sus acciones

Como si se tratara de una piñata, cuando se conoció la orden del juez para subastar las acciones de Citgo como pago a las deudas que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la canadiense Crystallex, Rosneft Trading S.A., Citgo y los titulares de los bonos venezolanos presentaron al tribunal una solicitud para que fueran declarados "interventores propuestos". La defensa de Crystallex dice que la República Bolivariana de Venezuela busca "saquear a PDV Holding y sus filiales y quitarle valor" antes de que se produzca la venta de las acciones de la filial por parte de los aguaciles de los Estados Unidos. He aquí la historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
En un documento de 49 paginas entregado este viernes a la corte de Delaware los abogados de la transnacional Cristallex International Corp. pidieron al juez negar las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante por concepto de la expropiación de sus activos en las minas las Cristinas por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Leonard P. Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.


El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 


CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

El documento dice que "PDVSA no ofrece en su recurso ninguna razón legítima por la que Crystallex, que ya pasó años esperando que Venezuela satisfaga la sentencia y el laudo arbitral a su favor,   tenga que dar más tiempo a PDVSA y Venezuela para despojar aún más a sus subsidiarias de los EE. UU. del valor que poseen en este momento". 

Piden que la moción de PDVSA sea negada de inmediato por el juez Stark.

Nuevos acreedores tras el botín de CITGO

Esta semana también llegaron a la corte tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

Antecedentes de este caso


1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Además, sostienen que PDVSA y Venezuela tienen un historial de participar en esquemas para obstaculizar y evadir a sus acreedores, incluso mediante el saqueo de los activos de sus subsidiarias en Delaware. Ahora, más que nunca, PDVSA tiene un incentivo para tomar medidas que pueden destruir el valor de las acciones de PDVH. Cualquier acción de ese tipo despojaría a Crystallex del beneficio de la Orden de esta Corte y perjudicaría irreparablemente su capacidad de cobrar la sentencia de $ 1,200 millones (más intereses) que Venezuela le adeuda. 

Asegura que PDVSA y los Interventores Propuestos no muestran ninguna prueba de que sean irreparablemente perjudicados por la ejecución de la venta de las acciones. 



miércoles, 3 de mayo de 2017

Alarmas en el Congreso de EEUU ante posibilidad que Rusia tome el control de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Poder Legislativo estadounidense debatirá este miércoles los mecanismos que evitarían que Rosneft asuma el control de la filial de la petrolera venezolana Citgo en los Estados Unidos en el caso que Pdvsa no pueda honrar sus compromisos de deuda con la empresa rusa, un asunto que el criterio de varios legisladores —republicanos y demócratas— significaría una amenaza para la seguridad estadounidense.

Gran expectativa reina en la comunidad internacional y en los mercados tras el anuncio de que el Congreso de los Estados Unidos discutirá este miércoles la crisis que vive Venezuela desde el punto de vista político, económico y social. Especial atención tendrá en el debate, el gravamen que Pdvsa otorgó a la empresa rusa Rosneft que de ejecutarse le podría dar a la empresa ligada al gobierno de Vladimir Putin un 49.9 por ciento de las acciones de Citgo en territorio norteamericano.

Caso legal Pdvsa-ConocoPhillips-Rosneft

El pasado 10 de enero del presente año, ante la Corte Federal de Delaware, la estadounidense Conoco Phillips, demandó a Petróleos de Venezuela, PDVSA, así como a PDV Holding y a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A. por supuestamente haber transferido de manera fraudulenta las acciones de la refinería Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana en Estados Unidos. 

La acción legal de la petrolera de EEUU coincide con la entablada por Crystallex ante la misma instancia judicial. La empresa canadiense sostiene que Petróleos de Venezuela a través de su PDV Holding actuó fraudulentamente en un canje de bonos con vencimiento en 2017 por otros títulos al 2020, los cuales están respaldados por 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc.

Los demandantes aducen que la estatal venezolana habría recurrido a este ardid para evitar cumplir con las obligaciones emanadas de la expropiación de activos de Conoco y Crystallex en Venezuela que fueron ratificadas en un laudo arbitral.

El argumento esgrimido por Conoco y Crystallex es que la operación de canje de bonos en favor de Rosneft tiene como único fin violar las normas y acuerdos de cumplimiento de las obligaciones que Venezuela tiene ante los tribunales estadounidenses.
El asunto se complica aún más con la entrada de Rusia a escena, al ser Rosneft Trading S.A. una empresa cuyo mayor paquete accionario es propiedad del gobierno ruso. 

El origen del conflicto

La demanda de ConocoPhillips es la reacción de la empresa al accionar de la estatal PDVSA luego de la sentencia del laudo arbitral a que hemos hecho mención líneas más arriba.

Todo comenzó cuando ConocoPhillips demandó a Petróleos de Venezuela por 22 mil millones de dólares luego de que fuera nacionalizada su participación en la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el desarrollo del bloque Petrozuata, cuya producción es de aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares.

Cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez llevó a cabo la expropiación de los activos de Conoco Phillips en virtud de que esta no quiso aceptar las nuevas condiciones que imponía la administración venezolana porque violaban los contratos iniciales, la petrolera estadounidense acudió al Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el cual falló en fecha de 9 de febrero de 2016 a favor de la compañía estadounidense y ordenó el pago de las obligaciones. 
En mayo de 2016, PDVSA solicitó al tribunal arbitral la reconsideración de la sentencia bajo el argumento de que el Ciadi había incurrido en un conjunto de irregularidades que atentaban contra los intereses de Venezuela. 

Indicó Venezuela que ConocoPhillips se negó a migrar al esquema soberano de empresas mixtas que contemplaba la posesión de 60 por ciento de las acciones en manos de Venezuela y 40 por ciento para la empresa extranjera que planteaba la legislación venezolana. Conoco no quiso plegarse al nuevo acuerdo de participación en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco de los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro que en la actualidad se conocen con los nombres de PetroAnzoátegui, PetroPiar y PetroSucre y decidió que proceder legalmente desde 2007.

El fraude

En el caso que nos ocupa con relación a la demanda de entablada por la ConocoPhillips contra PDVSA, la primera reclama que el gobierno venezolano y la estatal petrolera, a través de sus filiales en Delaware PDVH, Citgo Holding, Inc., Petroleum Corporation Citgo Petroleum, llevaron a cabo un conjunto de transacciones que tenían como objetivo liquidar activos de Venezuela en los Estados Unidos como estrategia para obstaculizar o impedir el pago de obligaciones a la demandante ConocoPhillips.
PDVSA, según establece la demanda, procura no dar cumplimiento al pago de las obligaciones como lo determinó la sentencia de CIADI mediante la venta de sus activos de Citgo a Rosneft y así defraudar a sus acreedores.

Sostiene ConocoPhillips que con la transferencia fraudulenta del 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía del préstamo de 1,500 millones de dólares obtenido por Pdvsa de parte de Rosneft PJSC de Rusia, Venezuela busca manipular sus bienes en EEUU con el simple objetivo de no pagarle a sus acreedores. 

Ya con anterioridad a esta demanda, ConocoPhillips había demandado a PDVSA en octubre de 2016, cuando destinó el 50,1 por ciento de las acciones de Citgo como garantía de un canje de deuda de 2.8 mil millones de dólares. 

Ante la corte de Delaware la empresa estadounidense argumenta en su demanda que Petróleos de Venezuela procura monetizar Citgo para así evitar pagar las reparaciones que reclaman los operadores extranjeros cuyos activos fueron incautados en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

La petrolera Conoco en su demanda ante la corte de Delaware pidió que se proceda con la cancelación del gravamen sobre las acciones de Citgo al tiempo que declare como fraudulenta la transferencia que llevó a cabo Petróleos de Venezuela a Rosneft, pues considera que no se trató más que de una hipoteca de las refinería en Estados Unidos a favor de la empresa rusa.

Como sustento de tal planeamiento, ConocoPhillips refirió que Rosneft presentó documentación que muestra el Código Comercial Uniforme contra PDV Holding, una firma propiedad de PDVSA, también propietaria de Citgo Holding Inc. y de Citgo Petroleum Corporation.

Si la demanda de ConocoPhillips y Crystalex no prospera, sencillamente Rosneft se convertiría en la dueña de Citgo, es decir, en manos del gobierno ruso estarían refinerías, oleoductos y gasoductos que la filial venezolana posee en todo el territorio de Estados Unidos.

PDVSA sin dinero con qué pagar

La situación financiera de PDVSA, es motivo de preocupación, no solamente para la población venezolana, sino en los mercados económicos internacionales.

Diversas voces, tanto en Venezuela como en el exterior, aseguran que la empresa petrolera se encuentra hipotecada, en bancarrota, carece de liquidez a tal extremo que pudiera quedarse sin dinero con que pagar entre otras deudas, el préstamo ruso. De llegar a materializarse tal hecho, Rosneft podría hacerse, literalmente hablando, del control de los activos de Citgo en Estados Unidos al tener la posibilidad de adquirir bonos adicionales de PDVSA y obteniendo así más de la mitad del paquete accionario de la filial venezolana.

Congregantes demócratas y republicanos, tal es el caso de Marco Rubio y Bob Menéndez, dirigieron una comunicación al titular del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, donde expresan su extrema preocupación ante la posibilidad cada vez más real de que Rosneft  tome el control de un importante proveedor de energía estadounidense, lo que cual representa una amenaza para la seguridad energética del país. Estiman los parlamentarios que esto podría afectar el flujo y el precio de la gasolina en EEUU y hasta podría exponer la infraestructura estadounidense y “poner el peligro la seguridad nacional".

También el republicano Jeff Duncan, de Carolina del Sur, y el representante demócrata, Albio Sires, de Nueva Jersey, advirtieron al secretario del tesoro que si no se controla esta situación, la seguridad nacional de los Estados Unidos podría verse socavada.

No es cualquier cosa lo que ocurre, toda vez que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no se encuentran en su mejor momento a raíz del conflicto en Siria, el ciberespionaje y las acusaciones de intromisión rusa en las pasadas elecciones de EEUU. Estas razones pesan a pesar que el presidente Donald Trump sostuvo este martes una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin y acordaron reunirse en el mes de julio de 2017.

La crisis financiera de PDVSA es una realidad que se agrava con la inestabilidad de los precios petroleros cuya recuperación no parece vislumbrarse ni siquiera en el mediano plazo. Ni Venezuela ni su principal industria parecen tener posibilidades ciertas de obtener dinero en 2017 y el préstamo ruso exhibe menos probabilidades de ser cancelado. La economía venezolana depende casi exclusivamente del petróleo, una situación que se ha agudizado durante los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Y si bien los 800 mil barriles de petróleo al día que procesa Citgo distan mucho de los 20 millones que consume diariamente EEUU, no hay que menospreciar las maniobras que el gobierno ruso —con un largo historial de manipulaciones en los suministros de petróleo y gas— podría plantear para tratar de afectar a los Estados Unidos en materia energética. 

Como uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, Rusia no pocas veces ha sido señalada de valerse de sus compañías energéticas, como Rosneft y Gazprom, como palancas para accionar su política exterior. Su proceder con su vecina Ucrania respecto al suministro de gas es el mejor ejemplo de esto.

Y es que en manos rusas podrían quedar 48 terminales de productos petroleros en 20 estados de EEUU, al igual que tres refinerías en Luisiana, Illinois y Texas, la propiedad total de tres tuberías en Texas y la propiedad parcial de seis oleoductos. Además, la gasolina marca Citgo se expende en más de 5 mil estaciones de servicio de propiedad local en 29 estados.

El peso de las sanciones

De allí la importancia que las sanciones de Estados Unidos al gobierno ruso adquieren en estos momentos con relación a este caso.

Las acciones del Departamento del Tesoro representan un freno para que Rusia se haga de los activos de Citgo en territorio de EEUU.

Las dudas que hace unos meses privaban acerca de la posibilidad de que Donald Trump levantase las sanciones ante el peso que la presencia del secretario de Estado, Rex Tillerson, parecen haberse diluido de momento.

Pero la amenaza persiste y pende como una espada de Damocles sobre todo cuando la bancarrota venezolana es cada vez más una posibilidad cierta. Una situación que impediría el pago de la deuda a Rosneft lo cual, a su vez, terminaría otorgando a Rusia el control de una refinería en territorio de Estados Unidos obtenida a muy bajo precio, toda vez que se estima que el valor de Citgo oscila entre los 8 y los 11 mil millones de dólares. Solo queda esperar el desarrollo que los acontecimientos y el curso que la intervención del Congreso de los Estados Unidos le imprima a este caso.

Las sanciones vigente hasta este momento

El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro decidió mantener las sanciones impuestas por la pasada administración de Barack Obama, quien acusó al gobierno de Vladimir Putin de haber intervenido en las elecciones presidenciales estadounidenses orquestando ataques informáticos que afectaron duramente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Ahora el gobierno de Donald Trump resolvió no emitir exenciones a empresas de EEUU, entre ellas la ExxonMobil, para llevar a cabo operaciones comerciales con Rusia. Es que la petrolera estadounidense desde hace meses gestiona una dispensa con el objetivo de reanudar sus actividades con Rosneft con el fin de explorar yacimientos de petróleo en el Mar Negro.

Ya en 2012, el gobierno de EEUU había resuelto castigar a Rusia por haberse anexado la región ucraniana de Crimea. Para esa misma fecha Exxon y Rosneft habían suscrito los referidos acuerdos para operar en el Mar Negro donde se estiman existen reservas petroleras por el orden de los 30 mil millones de barriles de crudo. Además, Exxon alega que estas sanciones le causarán pérdidas por mil millones de dólares.

Todo indica que el actual secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, quien viene de desempeñarse en el gigante petrolero estadounidense como su principal directivo, ha decidido marginarse de cualquier decisión que la administración de Donald Trump tome al respecto.

Cuando Tillerson ocupó la dirección general de la Exxon desarrolló vínculos con la petrolera rusa, con funcionarios gubernamentales y, en particular, con Vladimir Putin. De hecho, en 2014 se pronunció en contra de las sanciones impuestas por el gobierno de Obama a raíz de los sucesos de Crimea.

Las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU prohíben a las empresas petroleras de ese país transferir a Rusia tecnología avanzada para desarrollar perforaciones más eficientes en yacimientos marinos y en las formaciones de esquisto.