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jueves, 7 de mayo de 2020

Los riesgos para los compradores de los Bonos PDVSA 2020 y la estrategia de la defensa en la corte de NY

  Estrategia del 'gobierno interino' apunta a la declaratoria de nulidad del canje de los Bonos PDVSA 2020 y del préstamo de Rosneft a PDVSA con garantía de CITGO. Respaldados en la falta de aprobación de las operaciones por parte de la Asamblea Nacional, el interinato de Venezuela solicitó ante los tribunales de EE. UU. que se declaren nulos por ilegales esos bonos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   La emisión de bonos por parte de Petróleos de Venezuela S.A. con el objetivo de lograr financiamiento, es una actividad normal en toda empresa. Sin embargo, una operación habida en 2016, cuando PDVSA convocó a los inversionistas para llevar a cabo una operación de canje de los denominados Bonos PDVSA 2017 que vencían en esta última fecha, por unos nuevos llamados Bonos PDVSA 2020, llamó la atención pues, para hacer atractiva la negociación en medio de un escenario en el que la estatal petrolera mostraba —y sigue mostrando— una grave crisis de iliquidez y de operatividad, se ofreció como respaldo una garantía prendaria de CITGO. Al parecer era tal el riesgo que suponía comprar papeles de una empresa prácticamente quebrada, que fue necesario comprometer el principal activo de Venezuela en los Estados Unidos.

   Fue así que el canje de bonos se respaldó con nada menos que el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc., la propietaria de CITGO Petroleum Corporation.

  No conforme con esto, el restante 49,9 por ciento de las de CITGO Holding, Inc., se usó para garantía prendaria para respaldar un préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A.

   Ninguna de estas operaciones contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, pues eran violatorias de lo establecido en la legislación venezolana. En tal sentido apunta la estrategia que el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó para defender y proteger CITGO ahora que los bonistas reclaman el pago por los papeles y se adelantan a cualquier acción legal que pudiera emprender Rosneft al momento de exigir la restitución de su dinero.

  Todo deja ver que el interinato de Guaidó busca sentar un precedente frente a este tipo de operaciones irregulares que el gobierno de Nicolás Maduro busca instituir, según lo deja ver un llamado de alarma que el muy criticado procurador especial de Venezuela, José Hernández, lanzó recientemente cuando alertó que el régimen tiene como propósito entregar activos de PDVSA a bonistas extranjeros, a cambio de nuevos préstamos.

  “Hoy se pretende repetir la misma estrategia entregando activos de PDVSA, incluyendo la Refinería de Amuay, a terceros y a gobiernos extranjeros, en una clara privatización de facto que resulta inconstitucional”, dijo Hernández en declaraciones que recoge una nota del Diario Las Américas

 Hernández agregó que “la entrega de activos de PDVSA a terceros, violando la Constitución no es idea nueva del régimen de Maduro. Por el contrario, esa entrega comenzó en 2016, cuando Maduro cedió en garantía a favor de bonistas extranjeros la mayoría accionaria de CITGO con el Bono PDVSA 2020”.

  Y entonces Hernández recordó el hecho de que el Poder Legislativo Nacional no ofreció su aval a estas operaciones, tal como lo exige la ley. “La Asamblea Nacional se opuso al colateral sobre CITGO a favor de bonistas extranjeros en Acuerdo del 27 de septiembre de 2016. La decisión sólo fue rechazada por los diputados del régimen de Maduro”[1].

Gobierno interino preservó CITGO

  El embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, corroboró esta posición y aseguró que todas las acciones emprendidas por el gobierno interino están dirigidas a preservar la propiedad de CITGO por parte de Venezuela.

  Advertido de que la defensa de los bonistas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde los tenedores de los papeles reclaman el pago de los bonos o la ejecución de la garantía, alegando que el gobierno de Juan Guaidó reconoció la legalidad de la operación de canje cuando en 2019 pagó USD 71 millones por concepto de intereses, el embajador aseguró que, por el contrario todo el accionar de la administración de la que forma parte, apunta a proteger a CITGO.

  Vecchio refiere que, efectivamente, “cuando se hizo ese pago se comunicó que se estaba haciendo por la emergencia, [pero se advirtió] que no implicaba ningún reconocimiento de la deuda, que lo estábamos haciendo porque no tuvimos otro mecanismo para proteger a CITGO sino ese, y lo hicimos. Pero luego, cuando tuvimos más tiempo y se correspondía el otro pago en noviembre, sí nos dio tiempo para, primero, trabajar en la protección de los activos de CITGO y hoy podemos decir que CITGO está totalmente protegida con una acción ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo logramos”.

  Vecchio rebate la argumentación de los bonistas y recuerda que cuando el pago de los intereses en aquel entonces se hizo, se advirtió que Venezuela atravesaba por una circunstancia especial y el gobierno interino apenas se encontraba asumiendo el control de CITGO.

   Sostiene que el pago de intereses de los Bonos PDVSA 2020 en 2019 se hizo con la advertencia de que, por atravesar una circunstancia especial, el gobierno interino procedía al pago de los intereses sin que se reconociera con ello la legitimidad de la deuda y reservándose Venezuela, el derecho de demandar la nulidad de un bono que es ilegal.

  Vecchio calificó de irresponsable la acción de Nicolás Maduro de ofrecer CITGO como garantía de sus operaciones irregulares y del mil millonario endeudamiento a que ha sometido el país y a PDVSA. Destacó como inaudito que hasta se haya otorgado un Premium a quienes adquirieran por Bonos PDVSA 2020. Calificó todas estas operaciones de inconstitucionales.

“Nosotros lo que estamos haciendo es, uno, preservando CITGO, y dos, demandando la nulidad de una deuda que lo que hizo fue darle beneficios a unas personas que están detrás de los bonistas y a algunos bonistas que se aprovecharon de esa circunstancia para desangrar a Venezuela. Nosotros estamos manteniendo una posición de principios y hemos puesto en manos de un juez imparcial y que conoce el tema, esta decisión. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, defendiendo a CITGO, defendiendo los intereses de los venezolanos y señalando a los responsables del desangramiento que le hicieron a nuestro país”.

El informe de Chafardet

  El abogado e internacionalista residenciado en los Estados Unidos, Joaquín F. Chaffardet, en su “Informe sobre las operaciones ilegales de crédito público de PDVSA y su filial PDV Holding Inc.”, sostiene que las distintas operaciones llevadas a cabo por la estatal petrolera con los Bonos PDVSA 2017 y PDVSA 2020, así como del préstamo que la rusa Rostneft Trading a PDVSA, son ilegales, advirtió sobre una serie de riesgos que corren, tanto los responsables de tales negociaciones, como los inversionistas que se aventuren a adquirir tales papeles.


 En su análisis, Chaffardet pone al descubierto el consuetudinario irrespeto a la Constitución y las leyes que rige a las actuaciones gubernamentales venezolanas, dándole a las mismas un carácter de ilegalidad.

  Se refiere, en primer término, a la operación de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020 llevada a cabo para evitar el default en el año 2017 al vencimiento en abril y noviembre de dichos papeles. Estos se cambiaron en el mercado por unos a vencimiento en 2020, de manera de extender el plazo de vencimiento.

  En razón de lo arriesgado que tal negociación resultaba, dado el deteriorado crédito e imagen de PDVSA, el gobierno venezolano procedió a garantizar la operación con 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. —propietaria de CITGO Petroleum Corporation, la filial de PDVSA en los EE. UU.— como “garantía prendaria de primer grado”.

  En segundo lugar, el informe cita el contrato de préstamo que PDVSA, a través de su filial PDV Holding Inc., firmó con la estatal rusa Rosneft Trading S.A con garantía prendaria del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO Holding, Inc. Aunque oficialmente no se informó del monto del préstamo, fuentes ligadas a la petrolera refirieron que era por USD 1.500 millones.

   De tal manera, que en dos operaciones se comprometió el 100 por ciento de las acciones de CITGO Holding y, en consecuencia, de CITGO Petroleum Corporation.

  Chaffardet califica este negocio como una venta oculta de CITGO “a precio de gallina flaca” dirigida a “insolventar a la empresa en perjuicio de los acreedores de la República”.

   Por estas operaciones en tribunales de los Estados Unidos se han iniciado demandas por parte de otros acreedores de Venezuela que acusan la ilegalidad de esta transferencia fraudulenta de activos.

  El informe se remite al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que en su artículo 5 menciona los entes que conforman el sector público, incluyendo en los numerales 8 y 9 a “Las sociedades mercantiles en las cuales la República (…) [que] tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional. 9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social”.

  De acuerdo a esto, PDVSA y sus filiales PDV Holding Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum Corporation —propiedad de la petrolera— son igualmente entes del sector público y, en consecuencia, están sujetas a las regulaciones de dicha ley.

  Cita también el reporte, el artículo 80 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público que como “operaciones de crédito público” así: “1) La emisión y colocación de títulos valores, incluidas las letras del Tesoro, constitutivos de empréstitos o de operaciones de tesorería, exceptuando los destinados al reintegro de tributos. (…) 5) La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento o reestructuración de deuda pública existente”.

  Encajan, por tanto, en lo definido, la emisión de los Bonos PDVSA 2020, su canje por los Bonos PDVSA 2017 que, en la práctica son un refinanciamiento o restructuración de una deuda pública existente.

  Asimismo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público en su artículo 105, prohíbe a PDVSA y sus filial PDV Holding Inc. “contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estatales o municipales”.

   Advierte el informe de Joaquín Chaffardet, que aun lo expresado en la ley, PDVSA con la anuencia del Ejecutivo Nacional, “en su desesperado esfuerzo de obtener fondos y de paso evitar el default en 2017”, emitió los Bonos PDVSA 2020 con garantía prendaria de primer grado sobre bienes públicos nacionales, lo que también ocurre con la garantía del 49,9 por ciento de las acciones de CITGO que respaldan el préstamo de Rosneft a PDVSA.

  El reporte alerta que estas operaciones prohibidas por la ley pueden tener consecuencias nefastas para los intereses venezolanos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos lugar de asiento de CITGO Petroleum.

   Se deja sentado que, si se estableciera un nuevo gobierno en Venezuela apegado a la letra de ley, podría desconocer la validez de la garantía ilegal otorgada y, hasta la validez de los mismos bonos, lo que representa un gran riesgo para los inversionistas involucrados.

Los argumentos de PDVSA

  El informe alerta que si bien PDVSA aseguró el 23 de diciembre de 2016 que “PDVSA mantiene propiedad total sobre CITGO” bajo el argumento de que “cualquier empresa de clase mundial, como Petróleos de Venezuela, utiliza sus activos para el respaldo de sus transacciones y el apalancamiento de sus inversiones, razón por la cual es totalmente falso que se estén cediendo activos a terceros”, justificando de esta manera el que se haya puesto como garantía el 50,1 por ciento de CITGO para la operación de canje de bonos y el restante 49,9 por ciento  en el “levantamiento de nuevos financiamientos.

  Ante tal justificación de PDVSA, Joaquín Chaffardet señala, en primer lugar, que PDVSA hace años dejó de ser una “empresa de clase mundial” puesto que ha llegado al extremo de tener que ser financiada por el “Banco Central de Venezuela mediante operaciones financieras que lindan con el fraude contable”.

  A esto suma el hecho de que CITGO otorgue como garantía prendaría para una operación de bonos supere la mitad de las acciones de la compañía sin siquiera informar cuál es el monto en dólares que se está garantizando.

  Tampoco informa de cuánto es el financiamiento alcanzado que supuso una garantía de 49,9 por ciento de las restantes acciones de CITGO, ni tampoco de dónde proviene. En este sentido, Chafardet indica que, según fuentes independientes, el préstamo fue otorgado por la empresa rusa Rosneft Trading S.A., pero sin que exista certeza del monto del mismo.

Sobre PDVSA y sus filiales

  El reporte informa sobre la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) e indica que es una empresa estatal venezolana que, hasta la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República, se dedicaba ala a explotación, producción, refinación, mercadeo y transporte del petróleo venezolano, la cual se constituyó luego de la nacionalización de la industria petrolera en 1975, por decreto del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez. El acta constitutiva-estatutaria se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de septiembre de 1975, bajo el No 23, Tomo 99-A.

  La república de Venezuela es propietaria del 100 por ciento del capital de la sociedad, es la única accionista de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  Sobre PDV Holding, Inc., el informe dice que es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 21 de abril de 1997 con el Nº 2742595. Se trata de una empresa filial de PDVSA cuya participación es el 100 por ciento del capital de la sociedad.

  A su vez, PDV Holding, Inc., es propietaria del 100% de las acciones que representa el capital de CITGO Holding, Inc.

  Por su parte, CITGO Holding, Inc. es una compañía mercantil constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, donde fue registrada el 14 de noviembre de 1986 con el Nº 2107402. El 100 por ciento del capital de CITGO Holding, Inc., es propiedad de PDV Holding, Inc.

  Entretanto, CITGO Holding, Inc. posee el 100 por ciento de las acciones que representan el capital social del CITGO Petroleum Corporation.

  CITGO Petroleum Corporation es una sociedad mercantil registrada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el 18 de marzo de 1983 con el Nº 2005114.

  CITGO Holding, Inc. es dueña del 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation.

  La oferta de canje de Bonos PDVSA 2017 por Bonos PDVSA 2020, petrolera deja sentado que se trata de una compañía “totalmente propiedad de Venezuela y somos la holding de un grupo de empresas de petróleo y gas (...)”, al tiempo que sobre sus filiales dijo: “A través de PDV Holding, una filial de propiedad total, poseemos indirectamente el 100% de CITGO Holding y CITGO Petroleum Corporation ("CITGO"), esta última una refinadora y comercializadora de combustibles para el transporte, productos petroquímicos y otros productos industriales a base de petróleo en los Estados Unidos."[2].

  Sostiene Chaffardet que las acciones de PDVSA y sus filiales son bienes públicos nacionales de acuerdo a lo estipulado en la legislación venezolana, la cual advierte que estos, así como las “rentas, derechos o acciones que formen parte del patrimonio de la república, no están sujetos a embargos, secuestros, hipotecas, ejecuciones interdictales y en general, a ninguna medida preventiva o ejecutiva y están exentos además, de contribuciones o gravámenes nacionales, estadales y/o municipales”.

  Explica el informe que tal disposición legal significa que los bienes propiedad de Venezuela no pueden ser dados en garantía.

Las operaciones

   Ante la grave crisis económica venezolana producto de las “absurdas” políticas económicas del gobierno —refiere el informe—, la caída de las reservas internacionales y  la merma de la producción petrolera que, según la OPEP, se ubicó al momento de la redacción del reporte en 1,997 barriles de diarios, la administración de Nicolás Maduro recurrió “de manera irresponsable” a realizar operaciones de crédito público expresamente prohibidas por la ley, como es el caso de la oferta de canje de bonos PDVSA 2017 por PDVSA 2020.

  En su sitio web, PDVSA publicó la oferta el 16 de septiembre de 2016,la cual rezaba que “la quinta la quinta compañía petrolera integrada verticalmente más grande del mundo” inició “las ofertas de intercambio (las ‘Ofertas de Canje’) de todos y cada uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los ‘bonos de abril de 2017’) y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (‘los bonos de noviembre de 2017’), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los ‘Bonos Existentes’) por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los ‘Nuevos Bonos’)”.

   Y agregaba la oferta la información sobre la garantía prendaria que advertía que la misma sería de primer grado sobre el 50,1 por ciento de las acciones que conforman el capital social de CITGO Holding Inc. y serán “garantizados de manera incondicional e irrevocable por PDVSA Petróleo S.A.”. Se alertó de que los “Bonos Existentes no están ni estarán garantizados por la Garantía Prendaria que garantiza los Nuevos Bonos. Los pagos de capital de los Nuevos Bonos se pagarán anualmente en cuatro cuotas iguales, en cada aniversario de la fecha de liquidación de los Nuevos Bonos”[3].

  Asimismo, el informe califica la operación préstamo como un “contrato de venta a futuro, prepagada, por PDVSA a través de su filial PDV Holding Inc., con la empresa rusa Rosneft Trading S.A., garatizado con garantía prendaria sobre el 49. 99% de las acciones de su filial CITGO Holding Inc.”, la cual tuvo lugar el 30 de noviembre de 2016.

  La negociación se mantuvo en secreto hasta que las agencias noticiosas la informaron el 23 de diciembre de 2016. Tampoco oficialmente se dio a conocer el monto del préstamo, pero extraoficialmente se supo que alcanzaría USD 1.500 millones.

Ilegales

  Sostiene Joaquín Chaffardet en su informe que estando PDVSA y sus empresas filiales PDV Holding, Inc., CITGO Holding Inc. y CITGO Petroleum, sujetas a las regulaciones del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y siendo la emisión y colocación de dichos bonos y el contrato de préstamo operaciones de crédito público garantizadas con garantías prendarias sobre acciones de PDVSA CITGO Holding Inc., califican dichas negociaciones como operaciones de crédito público.

  Por tanto, de acuerdo a las pautas de ley, son sujeto de las prohibiciones que en materia de operaciones de crédito público se establecen en la legislación venezolana. En tal sentido, tanto el canje de los bonos como el préstamo son ilegales.

Empeño ilegal de CITGO

   Se asegura en el reporte que dado que PDVSA emitió y colocó los Bonos PDVSA 2020 garantizados ilegalmente con el 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Holding Inc. que equivalen al 50,1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation y, además, comprometió el 49,9 por ciento restante de las acciones como garantía prendaria en el préstamo obtenido de Rosneft Trading S.A., se ha procedido a un empeño ilegal de la filial[4].

   Categóricamente se afirma en el informe que el 100 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corporation se dieron en garantía o, sencillamente, fueron “empeñadas”.

Las posibles consecuencias

  De acuerdo a lo expuesto, en el informe de Joaquín Chaffardet se alerta de que las operaciones ilegales de canje de bonos y el préstamo de Rosneft podrían traer una serie de consecuencias.

  En primer término, las que sufrirían los funcionarios el ente emisor de los Bonos PDVSA 2020, es decir PDVSA, así como los responsables de la contratación del préstamo con Rosneft Trading S.A., ambas operaciones con garantías prendarias de primer grado sobre acciones de CITGO, estarían sujetos a las sanciones previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

  El artículo 160 de la cita ley establece la obligación del funcionario o servidor público de indemnizar a la república o al ente del sector público afectado por los daños que le causaren en el desempeño de sus funciones por infracción del mismo. La obligación de indemnizar surge independientemente de que su actuación haya sido dolosa o culposa.

  Asimismo, en él se estipula la sanción de destitución e inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años.

  Por otro lado, las consecuencias para los inversionistas derivan de que la Asamblea Nacional de Venezuela podría declarar la ilegalidad evidente de los nuevos bonos.

  Se precisa que en caso de un impago de dichos bonos, la república pudiera desconocer la validez, tanto de los bonos como de la garantía prendaria. Esto podría dar pie a costosos litigios internacionales para ambas partes.

  Se alerte que de producirse un cambio de gobierno en Venezuela antes de la fecha de vencimiento de los nuevos bonos, este podría desconocer la validez de los nuevos bonos y, en particular, de la garantía ilegal que los respalda.

  En tercer lugar, el reporte de Chaffardet refiere que podría haber consecuencias para la república y para PDVSA por la emisión ilegal de los “bonos y su colocación en el mercado contribuirá a un fuerte deterioro en el ya maltrecho crédito de la República y en el aumento del riesgo país. La situación de crédito de Petróleos de Venezuela S.A., es sencillamente catastrófica y aparentemente irreparable por ahora”.

CITAS

[1] Diario Las Américas. “Procurador denuncia que Maduro entrega activos de PDVSA a cambio de bonos”. 1 de mayo de 2020. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/procurador-denuncia-que-maduro-entrega-activos-pdvsa-cambio-bonos-n4198239

[2] Scribd. PDVSA 2017 into 2020 Exchange Offer - OC - 16 September 2016. https://es.scribd.com/document/324333858/PDVSA-2017-into-2020-Exchange-Offer-OC-16-September-2016

[3] PDVSA. “PDVSA anuncia la Oferta de Intercambio de Todos y Cada Uno de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2020”. 16 de septiembre de 2016. http://www.pdvsa.com/templates/pdvsa/img/bonos/bonopdvsa2017/Anuncio%20de%20Prensa%20(PDF).PDF


[4] Reuters. “Venezolana PDVSA usa el 49,9 pct de acciones de su filial Citgo para "nuevos financiamientos": comunicado”. 23 de diciembre de 2016. https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN14C2AC

sábado, 15 de septiembre de 2018

Crystallex acusa a PDVSA de intentar "saquear" a CITGO ante la inminente ventas de sus acciones

Como si se tratara de una piñata, cuando se conoció la orden del juez para subastar las acciones de Citgo como pago a las deudas que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la canadiense Crystallex, Rosneft Trading S.A., Citgo y los titulares de los bonos venezolanos presentaron al tribunal una solicitud para que fueran declarados "interventores propuestos". La defensa de Crystallex dice que la República Bolivariana de Venezuela busca "saquear a PDV Holding y sus filiales y quitarle valor" antes de que se produzca la venta de las acciones de la filial por parte de los aguaciles de los Estados Unidos. He aquí la historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
En un documento de 49 paginas entregado este viernes a la corte de Delaware los abogados de la transnacional Cristallex International Corp. pidieron al juez negar las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante por concepto de la expropiación de sus activos en las minas las Cristinas por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Leonard P. Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.


El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 


CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

El documento dice que "PDVSA no ofrece en su recurso ninguna razón legítima por la que Crystallex, que ya pasó años esperando que Venezuela satisfaga la sentencia y el laudo arbitral a su favor,   tenga que dar más tiempo a PDVSA y Venezuela para despojar aún más a sus subsidiarias de los EE. UU. del valor que poseen en este momento". 

Piden que la moción de PDVSA sea negada de inmediato por el juez Stark.

Nuevos acreedores tras el botín de CITGO

Esta semana también llegaron a la corte tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

Antecedentes de este caso


1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Además, sostienen que PDVSA y Venezuela tienen un historial de participar en esquemas para obstaculizar y evadir a sus acreedores, incluso mediante el saqueo de los activos de sus subsidiarias en Delaware. Ahora, más que nunca, PDVSA tiene un incentivo para tomar medidas que pueden destruir el valor de las acciones de PDVH. Cualquier acción de ese tipo despojaría a Crystallex del beneficio de la Orden de esta Corte y perjudicaría irreparablemente su capacidad de cobrar la sentencia de $ 1,200 millones (más intereses) que Venezuela le adeuda. 

Asegura que PDVSA y los Interventores Propuestos no muestran ninguna prueba de que sean irreparablemente perjudicados por la ejecución de la venta de las acciones. 



miércoles, 3 de mayo de 2017

Alarmas en el Congreso de EEUU ante posibilidad que Rusia tome el control de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Poder Legislativo estadounidense debatirá este miércoles los mecanismos que evitarían que Rosneft asuma el control de la filial de la petrolera venezolana Citgo en los Estados Unidos en el caso que Pdvsa no pueda honrar sus compromisos de deuda con la empresa rusa, un asunto que el criterio de varios legisladores —republicanos y demócratas— significaría una amenaza para la seguridad estadounidense.

Gran expectativa reina en la comunidad internacional y en los mercados tras el anuncio de que el Congreso de los Estados Unidos discutirá este miércoles la crisis que vive Venezuela desde el punto de vista político, económico y social. Especial atención tendrá en el debate, el gravamen que Pdvsa otorgó a la empresa rusa Rosneft que de ejecutarse le podría dar a la empresa ligada al gobierno de Vladimir Putin un 49.9 por ciento de las acciones de Citgo en territorio norteamericano.

Caso legal Pdvsa-ConocoPhillips-Rosneft

El pasado 10 de enero del presente año, ante la Corte Federal de Delaware, la estadounidense Conoco Phillips, demandó a Petróleos de Venezuela, PDVSA, así como a PDV Holding y a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A. por supuestamente haber transferido de manera fraudulenta las acciones de la refinería Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana en Estados Unidos. 

La acción legal de la petrolera de EEUU coincide con la entablada por Crystallex ante la misma instancia judicial. La empresa canadiense sostiene que Petróleos de Venezuela a través de su PDV Holding actuó fraudulentamente en un canje de bonos con vencimiento en 2017 por otros títulos al 2020, los cuales están respaldados por 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc.

Los demandantes aducen que la estatal venezolana habría recurrido a este ardid para evitar cumplir con las obligaciones emanadas de la expropiación de activos de Conoco y Crystallex en Venezuela que fueron ratificadas en un laudo arbitral.

El argumento esgrimido por Conoco y Crystallex es que la operación de canje de bonos en favor de Rosneft tiene como único fin violar las normas y acuerdos de cumplimiento de las obligaciones que Venezuela tiene ante los tribunales estadounidenses.
El asunto se complica aún más con la entrada de Rusia a escena, al ser Rosneft Trading S.A. una empresa cuyo mayor paquete accionario es propiedad del gobierno ruso. 

El origen del conflicto

La demanda de ConocoPhillips es la reacción de la empresa al accionar de la estatal PDVSA luego de la sentencia del laudo arbitral a que hemos hecho mención líneas más arriba.

Todo comenzó cuando ConocoPhillips demandó a Petróleos de Venezuela por 22 mil millones de dólares luego de que fuera nacionalizada su participación en la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el desarrollo del bloque Petrozuata, cuya producción es de aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares.

Cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez llevó a cabo la expropiación de los activos de Conoco Phillips en virtud de que esta no quiso aceptar las nuevas condiciones que imponía la administración venezolana porque violaban los contratos iniciales, la petrolera estadounidense acudió al Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el cual falló en fecha de 9 de febrero de 2016 a favor de la compañía estadounidense y ordenó el pago de las obligaciones. 
En mayo de 2016, PDVSA solicitó al tribunal arbitral la reconsideración de la sentencia bajo el argumento de que el Ciadi había incurrido en un conjunto de irregularidades que atentaban contra los intereses de Venezuela. 

Indicó Venezuela que ConocoPhillips se negó a migrar al esquema soberano de empresas mixtas que contemplaba la posesión de 60 por ciento de las acciones en manos de Venezuela y 40 por ciento para la empresa extranjera que planteaba la legislación venezolana. Conoco no quiso plegarse al nuevo acuerdo de participación en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco de los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro que en la actualidad se conocen con los nombres de PetroAnzoátegui, PetroPiar y PetroSucre y decidió que proceder legalmente desde 2007.

El fraude

En el caso que nos ocupa con relación a la demanda de entablada por la ConocoPhillips contra PDVSA, la primera reclama que el gobierno venezolano y la estatal petrolera, a través de sus filiales en Delaware PDVH, Citgo Holding, Inc., Petroleum Corporation Citgo Petroleum, llevaron a cabo un conjunto de transacciones que tenían como objetivo liquidar activos de Venezuela en los Estados Unidos como estrategia para obstaculizar o impedir el pago de obligaciones a la demandante ConocoPhillips.
PDVSA, según establece la demanda, procura no dar cumplimiento al pago de las obligaciones como lo determinó la sentencia de CIADI mediante la venta de sus activos de Citgo a Rosneft y así defraudar a sus acreedores.

Sostiene ConocoPhillips que con la transferencia fraudulenta del 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía del préstamo de 1,500 millones de dólares obtenido por Pdvsa de parte de Rosneft PJSC de Rusia, Venezuela busca manipular sus bienes en EEUU con el simple objetivo de no pagarle a sus acreedores. 

Ya con anterioridad a esta demanda, ConocoPhillips había demandado a PDVSA en octubre de 2016, cuando destinó el 50,1 por ciento de las acciones de Citgo como garantía de un canje de deuda de 2.8 mil millones de dólares. 

Ante la corte de Delaware la empresa estadounidense argumenta en su demanda que Petróleos de Venezuela procura monetizar Citgo para así evitar pagar las reparaciones que reclaman los operadores extranjeros cuyos activos fueron incautados en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

La petrolera Conoco en su demanda ante la corte de Delaware pidió que se proceda con la cancelación del gravamen sobre las acciones de Citgo al tiempo que declare como fraudulenta la transferencia que llevó a cabo Petróleos de Venezuela a Rosneft, pues considera que no se trató más que de una hipoteca de las refinería en Estados Unidos a favor de la empresa rusa.

Como sustento de tal planeamiento, ConocoPhillips refirió que Rosneft presentó documentación que muestra el Código Comercial Uniforme contra PDV Holding, una firma propiedad de PDVSA, también propietaria de Citgo Holding Inc. y de Citgo Petroleum Corporation.

Si la demanda de ConocoPhillips y Crystalex no prospera, sencillamente Rosneft se convertiría en la dueña de Citgo, es decir, en manos del gobierno ruso estarían refinerías, oleoductos y gasoductos que la filial venezolana posee en todo el territorio de Estados Unidos.

PDVSA sin dinero con qué pagar

La situación financiera de PDVSA, es motivo de preocupación, no solamente para la población venezolana, sino en los mercados económicos internacionales.

Diversas voces, tanto en Venezuela como en el exterior, aseguran que la empresa petrolera se encuentra hipotecada, en bancarrota, carece de liquidez a tal extremo que pudiera quedarse sin dinero con que pagar entre otras deudas, el préstamo ruso. De llegar a materializarse tal hecho, Rosneft podría hacerse, literalmente hablando, del control de los activos de Citgo en Estados Unidos al tener la posibilidad de adquirir bonos adicionales de PDVSA y obteniendo así más de la mitad del paquete accionario de la filial venezolana.

Congregantes demócratas y republicanos, tal es el caso de Marco Rubio y Bob Menéndez, dirigieron una comunicación al titular del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, donde expresan su extrema preocupación ante la posibilidad cada vez más real de que Rosneft  tome el control de un importante proveedor de energía estadounidense, lo que cual representa una amenaza para la seguridad energética del país. Estiman los parlamentarios que esto podría afectar el flujo y el precio de la gasolina en EEUU y hasta podría exponer la infraestructura estadounidense y “poner el peligro la seguridad nacional".

También el republicano Jeff Duncan, de Carolina del Sur, y el representante demócrata, Albio Sires, de Nueva Jersey, advirtieron al secretario del tesoro que si no se controla esta situación, la seguridad nacional de los Estados Unidos podría verse socavada.

No es cualquier cosa lo que ocurre, toda vez que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no se encuentran en su mejor momento a raíz del conflicto en Siria, el ciberespionaje y las acusaciones de intromisión rusa en las pasadas elecciones de EEUU. Estas razones pesan a pesar que el presidente Donald Trump sostuvo este martes una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin y acordaron reunirse en el mes de julio de 2017.

La crisis financiera de PDVSA es una realidad que se agrava con la inestabilidad de los precios petroleros cuya recuperación no parece vislumbrarse ni siquiera en el mediano plazo. Ni Venezuela ni su principal industria parecen tener posibilidades ciertas de obtener dinero en 2017 y el préstamo ruso exhibe menos probabilidades de ser cancelado. La economía venezolana depende casi exclusivamente del petróleo, una situación que se ha agudizado durante los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Y si bien los 800 mil barriles de petróleo al día que procesa Citgo distan mucho de los 20 millones que consume diariamente EEUU, no hay que menospreciar las maniobras que el gobierno ruso —con un largo historial de manipulaciones en los suministros de petróleo y gas— podría plantear para tratar de afectar a los Estados Unidos en materia energética. 

Como uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, Rusia no pocas veces ha sido señalada de valerse de sus compañías energéticas, como Rosneft y Gazprom, como palancas para accionar su política exterior. Su proceder con su vecina Ucrania respecto al suministro de gas es el mejor ejemplo de esto.

Y es que en manos rusas podrían quedar 48 terminales de productos petroleros en 20 estados de EEUU, al igual que tres refinerías en Luisiana, Illinois y Texas, la propiedad total de tres tuberías en Texas y la propiedad parcial de seis oleoductos. Además, la gasolina marca Citgo se expende en más de 5 mil estaciones de servicio de propiedad local en 29 estados.

El peso de las sanciones

De allí la importancia que las sanciones de Estados Unidos al gobierno ruso adquieren en estos momentos con relación a este caso.

Las acciones del Departamento del Tesoro representan un freno para que Rusia se haga de los activos de Citgo en territorio de EEUU.

Las dudas que hace unos meses privaban acerca de la posibilidad de que Donald Trump levantase las sanciones ante el peso que la presencia del secretario de Estado, Rex Tillerson, parecen haberse diluido de momento.

Pero la amenaza persiste y pende como una espada de Damocles sobre todo cuando la bancarrota venezolana es cada vez más una posibilidad cierta. Una situación que impediría el pago de la deuda a Rosneft lo cual, a su vez, terminaría otorgando a Rusia el control de una refinería en territorio de Estados Unidos obtenida a muy bajo precio, toda vez que se estima que el valor de Citgo oscila entre los 8 y los 11 mil millones de dólares. Solo queda esperar el desarrollo que los acontecimientos y el curso que la intervención del Congreso de los Estados Unidos le imprima a este caso.

Las sanciones vigente hasta este momento

El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro decidió mantener las sanciones impuestas por la pasada administración de Barack Obama, quien acusó al gobierno de Vladimir Putin de haber intervenido en las elecciones presidenciales estadounidenses orquestando ataques informáticos que afectaron duramente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Ahora el gobierno de Donald Trump resolvió no emitir exenciones a empresas de EEUU, entre ellas la ExxonMobil, para llevar a cabo operaciones comerciales con Rusia. Es que la petrolera estadounidense desde hace meses gestiona una dispensa con el objetivo de reanudar sus actividades con Rosneft con el fin de explorar yacimientos de petróleo en el Mar Negro.

Ya en 2012, el gobierno de EEUU había resuelto castigar a Rusia por haberse anexado la región ucraniana de Crimea. Para esa misma fecha Exxon y Rosneft habían suscrito los referidos acuerdos para operar en el Mar Negro donde se estiman existen reservas petroleras por el orden de los 30 mil millones de barriles de crudo. Además, Exxon alega que estas sanciones le causarán pérdidas por mil millones de dólares.

Todo indica que el actual secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, quien viene de desempeñarse en el gigante petrolero estadounidense como su principal directivo, ha decidido marginarse de cualquier decisión que la administración de Donald Trump tome al respecto.

Cuando Tillerson ocupó la dirección general de la Exxon desarrolló vínculos con la petrolera rusa, con funcionarios gubernamentales y, en particular, con Vladimir Putin. De hecho, en 2014 se pronunció en contra de las sanciones impuestas por el gobierno de Obama a raíz de los sucesos de Crimea.

Las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU prohíben a las empresas petroleras de ese país transferir a Rusia tecnología avanzada para desarrollar perforaciones más eficientes en yacimientos marinos y en las formaciones de esquisto.