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lunes, 19 de septiembre de 2022

Estas son las razones expuestas por el expresidente de Bariven (filial de compras de PDVSA) —acusado por EE. UU. de corrupción y lavado de dinero— para pedir al tribunal que desestime la acusación del Gran Jurado

  Javier Alvarado pidió al Tribunal desestimar acusación en su contra por inconsistente y "fatalmente defectuosa"

Por Maibort Petit 

   El expresidente de Bariven, la división de PDVSA que se encargaba de comprar bienes y servicios para PDVSA, denuncia grandes diferencias en la causa criminal que igualmente se ventila en los juzgados de España donde reside, además de asegurar que no cometió delitos en EE. UU.

   El 15 de septiembre de 2022, Michael J. Wynne, abogado de Javier Alvarado Ochoa, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas-División de Houston, una moción para desestimar los cargos en su contra, por cuanto la Acusación de Remplazo por la que se le pretende someter, “es fatalmente defectuosa, insuficiente, contradictoria, e inexacta y, en consecuencia, no cumple con los requisitos constitucionales mínimos del debido proceso”.

   En dicha instancia judicial estadounidense, Alvarado, junto Nervis G. Villalobos-Cárdenas, Alejandro Istúriz Chiesa, Rafael E. Reiter-Muñoz, Daisy T. Rafoi-Bleuler y Paulo JDC Casqueiro-Murta, es acusado de 17 cargo de delitos de lavado de dinero.

 La acusación de remplazo que Alvarado exige desestimar, fue presentada por la fiscalía el el 24 de abril de 2019.

  Del mismo modo, Alvarado advierte al tribunal que él no encaja en el perfil de las personas extranjeras sujetas a enjuiciamiento bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)

  A su parecer, la acusación de remplazo en su contra está cargada de una se serie de elementos distractivos, como teorías de conspiración, para así evitar la atención sobre las deficiencias jurisdiccionales de la misma.

 Refiere que el gobierno pretende que el tribunal y el acusado desentrañen los hechos de que se le acusa dentro de un conjunto de alegaciones que de ningún modo respaldan la jurisdicción, en lugar de simplemente alegar los hechos de manera concreta.

  La moción expone en primer término que Javier Alvarado fungió como presidente de Bariven entre 2011 y 2013, la filial de PDVSA encargada de las compras de equipos y servicios fueran d e Venezuela. Este periodo se enmarca durante una etapa comprendida entre 2009 y 2015 en el que, gracias a la bonanza petrolera y los altos precios del crudo, la estatal debió realizar muchas adquisiciones para cubrir la demanda que experimentaba.

  Se indica que PDVSA tenía para entonces dos tipos de proveedores internacionales, por un lado, los fabricantes de equipos o componentes de equipos y, por el otro, los intermediarios. Entre este último tipo se encontraban Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas, quienes crearon a través de un conjunto de empresas bajo su control, la apariencia de que las licitaciones eran competitivas. Llegaron a obtener contratos de la petrolera que totalizaron más de USD 2.000 millones. Mediante el pago de comisiones a funcionarios de PDVSA habrían tenido acceso a información privilegiada; se convirtieron en proveedores únicos de la estatal; obtuvieron condiciones de pago preferenciales frente a otros contratistas; entre otros privilegios.

 Apunta la moción que la acusación de la fiscalía señala a Javier Alvarado de, igualmente, haber mantenido una “supuesta complicidad” con Rincón y Shiera aun cuando durante su mandato solamente se reunión con estos en tres ocasiones, todas ellas fuera del territorio de los Estados Unidos.

  Señalan que Alvarado advirtió a la junta directiva de PDVSA en un informe a finales de do11, que las empresas de Rincón Shiera “obtuvieron contratos que estipulaban pagos que promediaban un 75% más que los otorgados a los fabricantes”, además de las irregularidades ya señaladas.

  La moción describe en una larga exposición el proceso de compras de equipos de PDVSA y la participación de Bariven en estos. Particularmente, hacen mención a un contrato adjudicado a Venmar Inc. una de las empresas de Rincón, en el que el papel de Alvarado se habría limitado a “verificar que, en el proceso de compra, todas las firmas requeridas, incluidas, específicamente, las del Usuario Final que aprueba y prioriza cada factura, se colocaron correctamente en la secuencia correcta”.

  Además, refiere que, respecto a los pagos y extraordinarios y los pagos directos, Bariven se limitaba “a verificar el cumplimiento legal y la integridad de estas propuestas y, en su caso, firmar dichas propuestas para certificar el cumplimiento, con la firma de Alvarado. En cuanto a las Propuestas de Pago Directo, utilizadas para pagar las facturas que habían sido aprobadas y enviadas para el pago por parte de la junta directiva de PDVSA, estas propuestas no fueron procesadas ni ejecutadas a través de Bariven. En consecuencia, ni Alvarado, ni nadie más en Bariven, estaba obligado a revisar o firmar Propuestas de Pago Directo”.

Acusa discrepancias en los procesos

  Javier Alvarado a través de sus abogados refiere que en España y los Estados Unidos se ventila la misma causa, pero acusa discrepancias en los procedimientos y operaciones de PDVSA descritos en el caso español con el señalado por los fiscales en la Acusación de sustitución.

  Indica la moción que a Javier Alvarado se le menciona muy pocas veces y cuando se hace es de manera infundada e incorrecta.

 Alega Alvarado que los fiscales acusan a que César Rincón y Alejandro Istúriz-Chiesa de ser responsables “de desarrollar y aprobar las propuestas de pago” que luego autorizaba Alvarado, cuando es totalmente falso puesto que los primeros no tenían esa facultad, como tampoco la tenía el acusado, pues en la práctica y la realidad le corresponde al Usuario final de los procesos.

  También alerta sobre la falta de comprensión por parte de la fiscalía de los procesos de compra de PDVSA, al tiempo que denuncia que la Acusación de Remplazo contempla alegatos inconsistentes con las declaraciones juradas de PDVSA presentadas en España.

 Refiere las facturas citadas en la acusación no fueron revisadas por Alvarado, pues tenían montos por debajo del mínimo requerido para su autorización. Además, acotan que el gobierno obvia el tipo de pago que se señala debían ser revisados y autorizados parte del Director de Finanzas de PDVSA o de la Junta Directiva de PDVSA. Del mismo modo señalan que en muchas ocasiones Alvarado refutó pagos a empresas de Rincón y Shiera. Estas discrepancias se explicaron a los fiscales, pero no fueron tomadas en cuenta.

  La acusación de remplazo señala que Javier Alvarado era el responsable de “garantizar que Rincón y Shiera no fueran objeto de ninguna investigación interna en PDVSA”, cuando en realidad ordenó siete auditorías e investigaciones que involucraron a empresas de Rincón Shiera, las mismas que los fiscales denuncian como parte de la conspiración de Alvarado. Refieren que sus denuncias fueron respaldadas por el finado expresidente Hugo Chávez, pero que al morir este fue destituido.

  Alerta que la fiscalía en la acusación de remplazo presupone que PDVSA Services Inc. (PSI) fue el agente de compras involucrado  en las contrataciones con la empresas de Rincón y Shiera, lo cual es incorrecto, pues la documentación se ñala que el agente involucrado era uno más grande, a saber, PDVSA Services B.V. en los Países Bajos (PSBV). Destacan que las presentaciones de PDVSA en España señalan que Javier Alvarado no tuvo que ver con la compra de de equipos relacionados con PSI.

  Dicha acusación de reemplazo tampoco reconoce el enjuiciamiento paralelo que tiene lugar en España y en el que están formuladas las mismas alegaciones de hecho. Refiere que PDVSA presentó en los juzgados españoles una descripción detallada de sus procesos y prácticas de compras oficiales.

Retención de documentos

 La moción de Alvarado acusa que no existe coordinación entre los procesos judiciales que tienen lugar en EE. UU. y los que se llevan a cabo en España, aun cuando son por la misma causa.

  Entretanto, Javier Alvarado presentó en el proceso español los mismos documentos que proporcionó a los fiscales y agentes del Gobierno de EE. UU. en 2018.

 El juez español ordenó a PDVSA presentar la documentación que fundamenta su denuncia, pero la petrolera, según la moción, sólo presentó registros parciales sobre las adjudicaciones de contratos a las empresas de Rincón y Shiera. Según lo entregado por la estatal venezolana, no se requería la aprobación del Comité de Operaciones y/o el Directorio de PDVSA.

Es decir, PDVSA estaría reteniendo esos documentos.

 En razón de las fallas presentadas en la acusación de la fiscalía estadounidense, Javier Alvarado estima que solamente debe mantenerse el proceso español.

Colaboración con EE. UU.

  Expone la moción que entretanto trabajaba en contra de la corrupción en PDVSA, entre 2010 y 2015, informó a la Embajada de EE. UU. en Caracas sobre estos hechos irregulares en la estatal. Suministró información y documentos sobre el Ministerio de Electricidad, Corpoelec, PDVSA y Bariven, en atención a pedidos del Consejero de Asuntos Económicos de la Embajada para la fecha, Richard T. Yoneoka.

  Después ayudó al Departamento de Justicia, a la Oficina del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York y al Fiscal para el Distrito Sur de Texas.

  La información suministrada por Alvarado contempló, por ejemplo, el papel que César Rincón tuvo en la aprobación de contratos con sobreprecio a la empresa de Roberto Rincón ya referida, Venmar Inc., así como a otras compañías del empresario que superaron los USD 154 millones.

Lo que pide

 La defensa de Alvarado solicita que el tribunal desestime la acusación fatalmente defectuosa en aras de la economía judicial.

 Alvarado, quien vive en España, no debería verse obligado a rendirse en EE. UU. para ejercer su derecho, sino tendría que ir a Estados Unidos para impugnar la acusación de reemplazo en su contra, con el riesgo de ser encarcelado.

  Sostiene la moción que la fiscalía no alega que Javier Alvarado estaba en los Estados Unidos en el momento de la comisión del presunto delito. Subrayan que Alvarado no califica como un “fugitivo” y no se convierte en uno solo porque continúa residiendo fuera de EE. UU. Advierten que nada sugiere que se ausentó de los Estados Unidos para evitar la lectura de cargos.

 Se asegura que con la califica en el perfil de la FCPA pues no se han establecido los hechos que lo prueben. La Acusación de reemplazo no alega que Alvarado realizó o intentó realizar ninguna transacción financiera en los Estados Unidos.

 Se alega que la Acusación de reemplazo no refiere que Javier Alvarado sea un agente de Roberto Rincón o Abraham Shiera o cualquier otra persona doméstica.


 


 


  

martes, 25 de mayo de 2021

Juez de Texas sentenció a directivos de Venequip y a ex-PDVSA por delitos de corrupción en la petrolera venezolana

  En la Corte Federal de Houston se dictó sentencia contra exdirectivos de la empresa Venequip por corrupción relacionada con PDVSA Servicios.

Por Maibort Petit

 El caso de los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, cabecillas de uno de los más grandes desfalcos cometidos contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), continúa generando decisiones importantes en las cortes de los Estados Unidos. Esta vez se trata de  Rafael Enrique Pinto Franceschi, y a Franz Hermán Müller Huber ex-directivos de Venequip Machinery Sales Corporation, una contratista  de la petrolera venezolana con sede en Florida que pagó sobornos para lograr negocios millonarios de manera fraudulenta. Los dos condenados se declararon culpables en 2019 y fueron sentenciados el 6 de mayo de 2021. 
  El juez de Distrito, Gray H. Miller estableció que Rafael Enrique Pinto Franceschi (representante de ventas de Venequip hasta que fue acusado por los Estados Unidos) tendrá que permanecer 24 meses tras las rejas, los cuales deben cumplir concurrentemente. También deberá cumplir 3 años de libertad condicional y pagar una multa de $12.500 más $200 de evaluación especial.
   En el expediente público aparece solamente la sentencia de Rafael Enrique Pinto Franceschi, sin embargo, fuentes internas informaron que  Franz Hermán Müller Huber fue también condenado el 6 de mayo de 2021 a 20 meses de prisión que debe cumplir concurrentemente, más 3 años de libertad condicional.
  
  El 26 de febrero de 2019, el Departamento de Justicia desveló los cargos por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) contra los venezolanos Franz Hermán Müller Huber y Rafael Enrique Pinto Franceschi, respectivamente presidente y representante de ventas de Venequip, una empresa con sede en EE. UU. Los dos hombres fueron acusados de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero. 

  El gobierno de los Estados Unidos alegó que, entre 2009 y 2013, los dos acusados ​​pagaron sobornos a tres funcionarios de PDVSA para obtener un trato de licitación favorable, información privilegiada sobre los competidores y pago preferencial de facturas vencidas. Tanto Müller como Pinto se declararon culpables al igual que dos de los tres presuntos destinatarios de sobornos de PDVSA, José Orlando Camacho e Iván Alexis Guedez.

  Los dos exfuncionarios de PDVSA también fueron sentenciados: José Orlando Camacho fue condenado a cumplir 12 meses de prisión más 2 años de libertad condicional; a Iván Guédez le corresponderá purgar 18 meses de cárcel, más 2 años de libertad condicional.

  La fuente dijo que tanto Pinto Franceschi como Müller Huber, al término de la libertad condicional deberán presentarse ante los servicios de inmigración estadounidenses para discutir procedimientos de su deportación de Estados Unidos. Ambos son residentes legales.

   Venezuela Política confirmó que el gobierno de EE. UU. buscará obtener propiedades de los condenados, tanto personales como aquellas que hayan sido obtenidas irregularmente a consecuencia de los delitos cometidos.

  Estos sujetos formaban parte del grupo de 19 individuos que se declararon culpables de delitos de conspiración, soborno y lavado de dinero relacionados con la millonaria estafa cometida por Rincón y Shiera.

  El 26 de febrero de 2019, el secretario de justicia auxiliar, Brian A. Benczkowski, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal, Ryan K. Patrick, del Distrito Sur de Texas; y el Agente Especial a cargo, Mark Dawson, de la Oficina de Campo de Houston de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos anunciaron las acciones legales contra los señalados, imputados por cargos de soborno extranjero, fraude electrónico y lavado de dinero por su supuesta participación en un plan para asegurar de manera corrupta ventajas comerciales, incluidos contratos y pagos atrasados de facturas, de la empresa estatal venezolana PDVSA.

Referencia
 
[1] Department of Justice. “Two Businessmen Charged with Foreign Bribery in Connection with Venezuela Bribery Scheme”. 26 de febrero de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-charged-foreign-bribery-connection-venezuela-bribery-scheme










miércoles, 19 de febrero de 2020

EE.UU.: Condenan a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz a 70 meses de prisión por delitos de corrupción en PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   A 70 meses de prisión que deberán ser servidos consecutivamente fue condenado este miércoles, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un exgerente de PDVSA Servicios en Houston, que fue procesado criminalmente por haber recibido millonarios sobornos de contratistas corruptos para lograr contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
  Gravina Muñoz también fue sentenciado por haber obstruido la justicia, durante el tiempo en que colaboraba con los fiscales en una investigación que involucra al contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien está siendo procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero con contratos de PDVSA y CITGO.

   Gravina Muñoz llegó a la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Texas, vestido con una chaqueta y pantalón azul, sin corbata, con unos zapatos casuales de suela blanca. El hombre lucía cansado, agobiado, con los párpados  cansados. Durante la audiencia de sentencia, se mantuvo sereno aunque su semblante cambió cuando el magistrado leyó su condena.

   El juez Gray H. Miller, luego de la evaluación de las pautas de sentencia, decidió condenar a Gravina Muñoz a 60 meses de cárcel por el primer cargo, más 10 meses por  el segundo delito que suman un total 70 meses que deberán ser servidos consecutivamente en una cárcel federal del estado. Adicionalmente, el magistrado ordenó que el ex funcionario de PDVSA debe hacer una restitución de $214,000 al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS). 

   Además, la condena de Gravina Muñoz incluye un régimen de libertad condicional por 3 años, una vez concluyan los 6 años de prisión obligatoria que se iniciarán en una fecha que se dará a conocer en los próximos días.

  Durante la audiencia, el juez hizo referencia a los delitos cometidos por los conspiradores del caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera, que protagonizaron un enorme esquema de corrupción que incluyó el pago de más de mil millones de dólares en sobornos a empleados de Petróleos de Venezuela para beneficiarse de contratos de manera fraudulenta.

   Igualmente se hizo mención al caso que involucra al contratista José Manuel González Testino, quien está acusado de corrupción, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El sentenciado, Gravina Muñoz trabajó con González Testino y mientras colaboraba con los fiscales federales de Houston, informó al contratista que era objeto de una investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Una vez que González Testino supo que lo estaban investigando por sus operaciones fraudulentas en contratos con PDVSA y CITGO, intentó huir a Venezuela, y fue arrestado por las autoridades en el aeropuerto de Miami.

Fue entonces cuando Gravina Muñoz fue acusado de delitos de obstrucción a la justicia.

Los fiscales presentes en la audiencia de Gravina Muñoz hablaron sobre las recomendaciones de sentencia para los contratistas corruptos que están involucrados en este caso. Señalaron que en el caso de Roberto Rincón esperan que sea condenado a 13 años de prisión máximo y en el caso de José Manuel González Testino por 15 años de prisión, todo esto basado en la Guía de Pautas de Sentencia de los Estados Unidos. 

   El Juez Miller dijo —en relación a las recomendaciones de los fiscales que la guía de sentencias es un referentes y que para tomar su decisión se consideran otros factores.

El sentenciado pidió perdón 


   Antes de escuchar la sentencia, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz pidió perdón a los ciudadanos venezolanos y americanos y a su familia por sus faltas y su conducta. 

  Entre otros aspectos, se refirió a las consecuencias negativas que trajo su proceder para sus hijos, quienes han sufrido de abusos en las escuelas. Asimismo, comentó que su hija perdió su trabajo como consecuencia de su actuación delictiva y su padre fue amenazado en Venezuela. 

  La defensa explicó que "gracias a la colaboración ofrecida a las autoridades por su cliente, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz ha sido posible que otros casos criminales relacionados con los esquemas de corrupción y lavado de dinero en Venezuela avancen". 

Desmienten a la defensa

   La defensa sostuvo que el gobierno estadounidense permitió que Gravina Muñoz fuera a Venezuela, donde realizó una serie de grabaciones para aportar pruebas sobre los delitos. Ante esa afirmación, el fiscal aseguró que no era verdad lo del viaje de cooperación y que Gravina Muñoz había hecho mucho daño ayudando a su socio, José Manuel González Testino al violar su acuerdo de cooperación con las autoridades y ofrecerle detalles de una investigación federal con la que él estaba comprometido para que el otro conspirador [González Testino] evadiera la justicia. 

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz estaba trabajando para José Manuel González Testino cuando estaba cooperando con el gobierno de los Estados Unidos, y no reveló esa información a los fiscales, sino que por el contrario negó que sostenía una relación con González.

  El fiscal sostuvo además que Gravina Muñoz sólo restituyó el soborno que recibió de Roberto Rincón y Abraham Shiera pero no entregó ni un sólo centavo de las coimas que le pagó por sus operaciones fraudulentas José Manuel González Testino y otros contratistas corruptos.

   A petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, el juez aprobó la apertura de información de los casos de Alfonzo Gravina que estaban cerrados. En ese sentido, se informó que se suministran detalles en un corto tiempo.

El caso

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, residente de Fort Bend County,, en Texas, es un ciudadano venezolano nacionalizado estadounidense— que trabajó en PDVSA desde 1998 hasta marzo de 2014 aproximadamente. Durante ese tiempo, Gravina Muñoz ocupó varios cargos en la petrolera, incluyendo la gerencia de compras de equipos y servicios.

  En los documentos federales dice que su trabajo de alta gerencia, Gravina Muñoz era responsable de manejar las subastas de contratos para los proveedores de servicios al entonces gigante petrolera venezolano.

  Fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, en operaciones que se realizaron desde el inicio de 2007 hasta al menos 2014, y que facilitaron a los contratistas que participaron en el megafraude, cometer ofensas contra los Estados Unidos, amparando actividades y operaciones ilegales que afectaron el comercio internacional.

  Los contratistas (Roberto Rincón, Abraham Shiera, José Manuel González Testino, entre otros) pagaron a Gravina Muñoz sobornos para lo lograr la asignación de contratos de la PDVSA, violando las prácticas y normas de la empresa.

  El 12 de abril de 2010,  uno de los contratistas transfirió a la cuenta de banco de otro de los contratistas, USD 164,570,63 para pagar el remanente de la hipoteca de la residencia de Gravina Muñoz en Texas, a cambio que este le otorgara a los conspiradores jugosos contratos.

   El 7 de mayo de 2010,se  transfirió a favor de Gravina Muñoz USD 135,429  como parte de los sobornos.

  El 28 de enero de 2011, uno de los empresarios transfirió a una cuenta en Panamá de uno de los contratistas USD 15,000. como parte de los sobornos. Otros USD 15,000 fueron transferidos a su favor el 6 de junio de 2011 para que siguiera haciendo las operaciones fraudulentas a favor de las empresas de los contratistas. Asimismo, se le pagó el 29 de enero de 2012 USD 6.688.22 para el pago de servicios contables de una casa a nombre de Gravina Muñoz.

  Entre muchas otras transacciones, aparecen unas operaciones hechas el 3 de enero de 2014 por USD 15.000,00  desde una cuenta en Panamá propiedad de un contratista a la de Gravina en Texas.

   En la acusación federal se señala que un contratista (1) dueño de varias empresas proveedoras de equipos y servicios de PDVSA. Otra el 20 de marzo de 2014, donde Gravina Muñoz sacó de una cuenta conjunta USD 93,267.87 para pagarlo a uno de sus familiares.

  Gravina Muñoz también fue acusado de Fraude y falsa declaración  en sus impuestos del año fiscal 2010.





martes, 28 de enero de 2020

Nuevamente posponen sentencia de contratistas de PDVSA y CITGO, acusados de corrupción por EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


    Un documento emitido por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller, informa que se pospuso nuevamente la fecha de la lectura de la sentencia de los contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero. La nueva fecha es el 19 de agosto del 2020.
   En la orden del juez Miller, aparecen los nombres de Roberto Rincón, Abraham Shiera Bastidas, Charles Quintard Beech, Juan Carlos Castillo-Rincón y José Manuel González Testino.
   La razón del cambio de fecha se debe a los nuevos elementos del caso. Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015.

    El expediente Rincón-Shiera se ha ampliado tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

   Rincón y Shiera han suministrado información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

   La acusación del gobierno de los Estados Unidos señala que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

    Rincón y Shiera gozan de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. Rincón pasa sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera se encuentra en su residencia en Miami.

    Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.

     La orden del juez dice que para julio 17 de 2020 se concluirán las diligencias del caso, los abogados de los acusados tienen hasta el 31 de julio para hacer las revisiones de rigor. Los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional deben presentar los reportes de sentencia previa con los anexos y agregados el 14 de agosto, y todas las mociones, cartas de apoyo deben ser presentadas a la corte el lunes antes de la fecha de la lectura de las condena.




miércoles, 11 de diciembre de 2019

Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO

 González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El empresario venezolano, José Manuel González Testino, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y CITGO, será sentenciado el 19 de febrero de 2020, de acuerdo a un comunicado emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas.
   En la orden, firmada por el Juez principal de distrito de los Estados Unidos, Gray H. Miller se da a conocer el calendario, donde se señala lo siguiente:

1. El informe de investigación de presentación estará disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020.

2. El abogado debe objetar por escrito los hechos utilizados y la aplicación de las pautas o una declaración de que no hay objeción antes del 31 de enero de 2020.

3. El oficial de libertad condicional debe presentar al Juez el informe final de presentación con una adición que aborde los temas en disputa antes del 14 de febrero de 2020.

4. Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberán presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas.

5. La sentencia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m.

El caso

   González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

González Testino en la 29a Ceremonia 
de Investidura de los Caballeros de Malta

 el 11 de febrero de 2017 en Florida,
   González Testino,  quien reside en Miami, Florida, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la FCPA y un cargo por no informar sobre sus cuentas bancarias extranjeras. 

 González Testino controlaba una serie de compañías estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA. De acuerdo a las admisiones que hizo en relación con su declaración de culpabilidad, a inicios de 2012 y continuando al menos hasta 2018, González Testino conspiró con otros para sobornar a funcionarios de PDVSA para lograr contratos millonarios. 

  González Testino admitió que a partir de noviembre de 2012 y hasta al menos junio de 2013, él y un conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a César David Rincón  Godoy, el ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. El acusado también admitió que él y sus cómplices pagaron sobornos a Alfonso Eliezer Gravina Muñoz durante el tiempo en que Gravina era un funcionario de PDVSA en PDVSA Services Inc., con sede en Houston.

  A cambio de estos sobornos, Rincón y Gravina proporcionaron a González Testino información privilegiada sobre PDVSA, los procesos de adquisición y tomó medidas para otorgar los contratos de PDVSA a las empresas de González Testino. Asimismo, los funcionarios de la petrolera venezolana le dieron a las empresas de González Testino otras ventajas comerciales, que incluyeron obtener prioridad sobre otros proveedores para recibir pagos.

  De acuerdo a los documentos federales, González Testino también admitió haber realizado pagos de sobornos a varios funcionarios de PDVSA con sede en Houston y empleados de CITGO. 

   Destacan que aunque Citgo actuó principalmente como refinador, transportador y comercializador de productos derivados del petróleo, también adquirió bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de su grupo de Proyectos Especiales. 

  González Testino admitió que él y sus co-conspiradores le pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO del equipo de Proyectos Especiales, y le proporcionaron obsequios y otros artículos de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus empresas a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA.

  Gracias al esquema de corrupción, González Testino tenía prioridad para el pago por facturas pendientes de PDVSA. 

   Otro aspecto que aparece detallado en el pliego de culpabilidad de  González Testino es que el sujeto admitió que tenía un interés financiero y que tenía autoridad como firmante en múltiples cuentas bancarias extranjeras. El acusado no presentó  en 2017, un informe de esas cuentas bancarias extranjeras ante el FBAR, que es un requerimiento de la Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, órgano que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. 

  González Testino es uno de los 21 individuos que se ha declarado culpable de haber formado parte de la enorme red criminal de sobornos en PDVSA que es investigada por el gobierno de Estados Unidos.

Investigación federal en CITGO

  Luego de la confesión de culpabilidad de González Testino los fiscales estadounidenses realizaron las diligencias pertinentes para buscar los registros de CITGO Petroleum Corp como parte de una investigación sobre sobornos por parte de proveedores estadounidenses que involucran a su empresa matriz venezolana, Petróleos de Venezuela.

  CITGO, con sede en Houston, está bajo el control del presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, Juan Guaidó.  

  Cuando se realizó el anuncio de las investigaciones federales en CITGO, la filial de PDVSA emitió un comunicado donde aseguraron  que la nueva junta directiva contrató a un asesor externo para llevar a cabo una investigación independiente, y se comprometió a tomar todas las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los hallazgos. Los resultados de dichas diligencias no fueron dados a conocer.

Últimos movimientos del expediente


  En las últimas acciones que se han tomado en el expediente criminal de González Testino aparece una orden aprobada por el juez para la liberación temporal de los pasaportes venezolano y norteamericano de María Alejandra Díaz para realizar un viaje fuera del territorio estadounidense. La orden fue dada el 13 de septiembre de 2019.


  También se le otorgó un permiso de viaje a Walter Alexander González Testino para ir a Madrid del 19 al 27 de octubre de 2019, para lo cual se le devolvieron temporalmente los pasaportes venezolano y estadounidense. 

   González Testino pudo viajar desde Texas a Florida, para renovar su licencia de conducir. Ese viaje fue aprobado por los fiscales y por los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional en Houston. 




viernes, 20 de septiembre de 2019

Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20  personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera.

En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.

Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.

Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.

Roberto Rincón y  Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020. 
Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron  acusados ​​de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.

En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades 

Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.

Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.

Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados.

Los personajes de la trama criminal

Nervis Villalobos, alias el "Enano", trabajó para el gobierno de Venezuela y durante el período acusado era una persona clave en el proceso.

Alejandro Isturiz Chiesa, alias "el Piojo", ex empleados de Bariven y asistente del presidente de Bariven. Prófugo de la justicia.

Rafael Reiter, alias "Nadal", era empleado de PDVSA, y jefe de Prevención y Pérdidas. Está arrestado en Madrid peleando contra su extradición a Estados Unidos.

Javier Alvarado Ochoa, alias "eléctrico", fue a lo largo del tiempo que duró el esquema acusado, el presidente de Bariven.

Daisy Teresa Rafoi Bleuler era una socia de la empresa suiza que actuaba como agente de De León. y que des descrita  en el caso de huera y Rincón  en una compañía con sede e agente doméstico

Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta es un ciudadano portugués, y suizo, empleado de la empresa suiza y actuaba bajo las órdenes de De León, Shiera y Rincón en las compañía de Estados Unidos.

Luis Carlos De león Pérez, venezolano-americano fue empleado del gobierno de Venezuela pero no trabajaba para el momento de la conspiración en PDVSA. Se declaró culpable y colabora con la justicia.
Compañías de gestión patrimonial suizas A y B, BES Banker 1, 2; 1 oficial B que era empleado relevante del gobierno de Venezuela, un oficial C también empleado del gobierno y en la acusación aparecen como funcionarios extranjeros.

Asimismo están acusados un bufete de abogados estadounidenses, una compañía de Producción y  otra firma de abogados (2).

Los cargos

A los siguientes individuos se les acusa de Conspiración para cometer lavado de dinero: Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado Ochoa, y Daisy teresa Rafoi Bleuler. A De León y César Rincón se les señala además de solicitar y ofrecer pago de sobornos. Los acusados prometieron a Rincón y Shiera y a otros, "conseguir el pago de las facturas de los contratos de PDVSA y asistencia para ganar nuevos contratos a cambio del pago de sobornos".

Los acusados solicitaron la asistencia de Rincón, Shiera y Rafoi para abrir cuentas bancarias, incluyendo unas en los bancos de suiza, para poder depositar los dineros provenientes de los sobornos que se hicieron a nombre de varias empresas de maletín.

De león y Villalobos participaron en reuniones con Rincón y Shiera para discutir los pagos en EEUU.

De León, Villalobos y Alvarado acordaron hacer las transacciones monetarias en varias cuentas abiertas para ese sentido, mientras que  Rafoi y César Rincón  crearon justificaciones falsas para los sobornos, incluyendo facturas de servicios que nunca se hicieron así como otros instrumentos para justificar los pagos.

Rincón y Shiera hicieron transferencias directas de los sobornos a las cuentas de banco que estaban a nombre de empresas que fueron creadas por los conspiradores y sus asociados para cometer el crimen.

En 2010, Venezuela experimentó una crisis de liquidez en sus finanzas y un significante baja de sus ganancias como resultado de la misma. Los ingresos petroleros no eran suficientes para pagar los gastos del gobierno. Esa crisis de liquidez no permitió pagar a los contratistas a tiempo y a la vez se se hacía presión para que se siguieran produciendo, dice la demanda.

En 2011, Rincón y Shiera  se acercaron a De León y Villalobos que actuaban a nombre de PDVSA y se hacían llamar el "Grupo de los Gerentes".

Las ganancias del esquema de corrupción descritas por los fiscales fueron lavadas a través de una cuenta en un banco ubicado en Curazao. 

Los acusados prometieron a Rincón y Shiera ayudarlos con la prioridad de pagos y poner sus compañías en la lista de de ganadores a cambio del pago de sobornos. Isturiz, Reiter y César Rincón pidieron pagos extras a los dos contratistas y que explicaron que esos pagos eran para repartirlos entre ellos y un oficial B de PDVSA. Rincón y Shiera acordaron pagar los sobornos y ellos garantizaron el pago del esquema de corrupción. 


viernes, 13 de abril de 2018

Luis Carlos De León Pérez deberá permanecer en prisión: Corte niega libertad bajo fianza

En un documento de la corte de Houston se informa que el dinero en efectivo era traficado en aviones privados y era entregado a los funcionarios corruptos de PDVSA y de la Electricidad de Caracas. La nueva defensa intentará en una nueva audiencia conseguir la libertad condicional para el acusado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Francis H. Stacy, consideró que existe un alto riesgo de que el acusado huya del territorio estadunidense a Venezuela, país con el que no existe tratado de extradición, razón poa cual decidió que el demandado permanezca bajo la custodia de las autoridades federales en la ciudad de Houston.
De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Javier Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos.
Debido a la historia criminal del acusado y al dinero que este posee y que le permitirían huir del país, el juez Stacy decidió en la audiencia del 10 de abril de 2018 que De León Pérez no era merecedor del beneficio de libertad bajo fianza.

El magistrado Stacy consideró creíble el testimonio y la información sometida a consideración de la corte por los fiscales del caso. De León Pérez está acusado de cometer crímenes relacionados con lavado de dinero, corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos.

En el documento del juez se señala que Luis Carlos De León Pérez y los cuatro coacusados en este caso, pagaron sobornos para obtener contratos con Petróleos de Venezuela, (PDVSA). De acuerdo al agente de caso —citato por el juez— De León y sus asociados desarrollaron un sofisticado y enorme esquema de corrupción off shore.

Citan una testificación del agente del caso donde este explica que De León Pérez y los otros acusados llevaban grandes cantidades de dinero en efectivo a bordo de aviones privados a Venezuela para pagar los sobornos a los funcionarios de las empresas estatales de petróleo y electricidad. Uno de los aviones usados fue el del contratista acusado en este caso, Roberto Rincón Fernández, quien se declaró culpable de los cargos y acordó colaborar con la justicia norteamericana.
El documento señala que Roberto Rincón tenía 30 empresas de petróleo y gas que hacían negocios con PDVSA. Los récords bancarios de Rincón, que fueron obtenidos por la fiscalía a través de una orden judicial, muestran que fueron transferidas grandes cantidades de dinero para ser enviados a los funcionarios del gobierno de Venezuela.

Asimismo señalan que los documentos de la aduanas muestran que los equipos enviados a Venezuela tenían un grosero sobreprecio que cubría el monto de las coimas pagadas a los funcionarios gubernamentales.
Dice que la investigación encubierta cubrió 630 cuentas bancarias. Desde 2009 hasta 2014, cerca de mil millones de dólares fueron parte de la conspiración. Existen grabaciones de reuniones entre los conspiradores, entre los cuales se encuentra De León Pérez. Un encuentro en el que De León figuró como anfitrión, se produjo en el apartamento del acusado en Caracas. El acusado empezó su conversación señalando que él podía pagar compañías para hacer trabajos que ya estaban hechos y prometía contratos futuros con un 10 por ciento de comisión.

Reseñan otro encuentro que tuvo lugar en Aruba y otro en España. Evidencias generadas desde la mensajería de Blackberry confirman una conversación entre De León Pérez y Abraham José Shiera Bastida. En uno de esos mensajes Shiera se quejaba que no le habían pagado y De León Pérez le aseguró que lo iba ayudar.
Otras grabaciones muestran a De León Pérez dando instrucciones para transferir dinero desde su propia cuenta off shore a una cuenta de un funcionario del gobierno de Venezuela.

En el documento se destaca que De León Pérez es ciudadano con nacionalidad americana-venezolana que su esposa es venezolana. El acusado tiene residencia en el estado de la Florida, en Venezuela y en España. Asegura que el acusado viajó 26 veces en aviones privados. Uno de los pilotos olvidó la lista de nombres de los pasajeros.

El juez dice que De León Pérez fue detenido en España y extraditado a los Estados Unidos, pero que no tiene ataduras a esta comunidad. Las evidencias de culpabilidad son muy fuertes y el riesgo de fuga es muy alto.

Acota que escapar de la jurisdicción es una motivación del acusado ya que tiene apartamento en Venezuela, un país con el cual los Estados Unidos no tiene tratado de extradición, por lo que sería imposible obtener su retorno si escapa de suelo estadounidense.

Igualmente el juez señala que De León Pérez tiene millones de dólares en sus cuentas bancarias que podrían pagar su estilo de vida fugitivo, por lo que el tribunal considera que es muy elevado el riesgo de huida del país del acusado, razón por la cual se niega la fianza.

En el expediente de de León Pérez aparece que su abogado George Vila debió renunciar al cargo por un conflicto de intereses advertido por la fiscalía, ya que Vila representan a otro coacusado en el caso.

De León Pérez también firmó una forma para un juicio rápido al que todos los acusados en los Estados Unidos. 10 de los involucrados en este caso de corrupción masiva y lavado de dinero se han declarado culpables, y han decidido colaborar con la justicia. 
La próxima audiencia de De León está prevista para el 15 de mayo de 2018. 
La nueva defensa intentará en la próxima cita convencer al juez Stacy de que el acusado no se fugará del país y que tiene todo el interés de hacer frente al proceso que enfrenta con la justicia norteamericana.

Negociación

Con su defensa, el demandado podrá negociar con los fiscales una sentencia menos severa y beneficios adicionales, que en ocasiones incluyen la protección para familiares cercanos, que si bien han cometido delitos y  han participado como terceros en la trama de corrupción y lavado de dinero, no son los responsables directos de los hechos imputados. 

La esposa de De León Pérez posee una fortuna inexplicable

Andreína Gámez Rodríguez nació en el Hatillo, estado Miranda, en noviembre de 1977. Es portadora de la cédula de identidad N° V-13.137.451. La mujer cotizó para el seguro social de Venezuela apenas Bs. 6.529,44. Trabajó para la empresa Luegar Ingeniería S.A, Número Patronal D-2832588, donde devengaba un salario de Bs. 268,33.

Los récords de propiedad en los Estados Unidos reflejan que Gamez Rodríguez, esposa de Luis Carlos De León Pérez, es propietaria de varios apartamentos de lujo en la Florida. Por ahora, la descripción de esas unidades no aparece públicamente en los bienes bajo custodia de las autoridades norteamericanas.
Uno de los apartamentos está ubicado en una de las zonas residenciales más costosas del condado de Miami Dade. De acuerdo al folio 12-2226-050-0080 del Registro de Propiedades de la Florida, Andreína Gámez Rodríguez es la dueña de un apartamento en el edificio Oceana Bal Harbour Condo, Unidad 150u, ubicado en 10203 Collins Avenue, Bal Harbour, FL. Gámez Rodríguez pagó siete millones 450 mil dólares (USD 7.450.000,00). La unidad fue adquirida por la mujer el 30 de noviembre de 2016.



Curiosamente la madre de Andreína Gámez Rodríguez, Darlly Rodríguez también posee un apartamento en el mismo edificio. Los récords de propiedad del estado de la Florida corroboran que la unidad 909 del edificio ubicado en 10203 COLLINS AVE 905 , BAL HARBOUR FL, 33154 es propiedad de Rodríguez. El condominio fue adquirido por 2.4 Millones de dólares.

Andreína Gámez Rodríguez tiene varias empresas, entre ellas unas en Madrid y  otra en Nevis, a saber:

1) En los récords aparece la empresa MAGNOLIA PRODUCTS LIMITED, ubicada en Dixcart House, Fort Charles, Charlestown, Nevis, St Kitts-Nevis constituida por De León Pérez y otros asociados el 17 de diciembre de 2012, según el registro de empresas de Nevis N-C41192. Esta empresa está reportada en el informe del gobierno de los Estados Unidos.

2) SANSOBINO 1977 SL constituida el 22 de octubre de 2010 y donde aparece como dueña única 22/10/2010 Ubicada en Del Mediterraneo, 12 1 D. 28007 MADRID. (MADRID).  

3) IBERMILENIUM SICAV SA registrada el 20 de noviembre de 2014, (Consejera). Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID).

4) IBERMILENIUM SICAV SA. Registrada el 20 de noviembre de 2014, donde figura como presidente. Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID)
5) BABY GAAM 10 SL. Esta empresa fue registrada el 16 de diciembre de 2010 y cerrada el 13 de julio de 2011. BERMEO, 31 28023 MADRID. (MADRID). 

Disclaimer 

Venezuela Política no pudo obtener una versión de los hechos por parte de las empresas mencionadas ni de su propietaria Andreína Gámez Rodríguez ni con Darlly Rodríguez. 

Asimismo, tratamos de comunicarnos vía telefónica con varios número de teléfonos, entre ellos el que se nos dijo era el celular personal del Gámez pero tampoco logramos comunicación. 


El blog Venezuela Política está abierto a que todas las personas, instituciones y empresas mencionadas en esta nota periodística puedan expresar libremente sus versiones de los hechos. Invitamos a todos mencionados que deseen aportar mayor información para esclarecer el tema, a comunicarse con nosotros a nuestro correo blogvenezuelapolitica@tuta.io. 

El derecho a réplica está garantizado.