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miércoles, 19 de febrero de 2020

EE.UU.: Condenan a Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz a 70 meses de prisión por delitos de corrupción en PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   A 70 meses de prisión que deberán ser servidos consecutivamente fue condenado este miércoles, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un exgerente de PDVSA Servicios en Houston, que fue procesado criminalmente por haber recibido millonarios sobornos de contratistas corruptos para lograr contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
  Gravina Muñoz también fue sentenciado por haber obstruido la justicia, durante el tiempo en que colaboraba con los fiscales en una investigación que involucra al contratista venezolano-americano, José Manuel González Testino, quien está siendo procesado por delitos de corrupción y lavado de dinero con contratos de PDVSA y CITGO.

   Gravina Muñoz llegó a la sala de audiencias de la Corte del Distrito Sur de Texas, vestido con una chaqueta y pantalón azul, sin corbata, con unos zapatos casuales de suela blanca. El hombre lucía cansado, agobiado, con los párpados  cansados. Durante la audiencia de sentencia, se mantuvo sereno aunque su semblante cambió cuando el magistrado leyó su condena.

   El juez Gray H. Miller, luego de la evaluación de las pautas de sentencia, decidió condenar a Gravina Muñoz a 60 meses de cárcel por el primer cargo, más 10 meses por  el segundo delito que suman un total 70 meses que deberán ser servidos consecutivamente en una cárcel federal del estado. Adicionalmente, el magistrado ordenó que el ex funcionario de PDVSA debe hacer una restitución de $214,000 al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS). 

   Además, la condena de Gravina Muñoz incluye un régimen de libertad condicional por 3 años, una vez concluyan los 6 años de prisión obligatoria que se iniciarán en una fecha que se dará a conocer en los próximos días.

  Durante la audiencia, el juez hizo referencia a los delitos cometidos por los conspiradores del caso de Roberto Rincón y Abraham Shiera, que protagonizaron un enorme esquema de corrupción que incluyó el pago de más de mil millones de dólares en sobornos a empleados de Petróleos de Venezuela para beneficiarse de contratos de manera fraudulenta.

   Igualmente se hizo mención al caso que involucra al contratista José Manuel González Testino, quien está acusado de corrupción, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El sentenciado, Gravina Muñoz trabajó con González Testino y mientras colaboraba con los fiscales federales de Houston, informó al contratista que era objeto de una investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Una vez que González Testino supo que lo estaban investigando por sus operaciones fraudulentas en contratos con PDVSA y CITGO, intentó huir a Venezuela, y fue arrestado por las autoridades en el aeropuerto de Miami.

Fue entonces cuando Gravina Muñoz fue acusado de delitos de obstrucción a la justicia.

Los fiscales presentes en la audiencia de Gravina Muñoz hablaron sobre las recomendaciones de sentencia para los contratistas corruptos que están involucrados en este caso. Señalaron que en el caso de Roberto Rincón esperan que sea condenado a 13 años de prisión máximo y en el caso de José Manuel González Testino por 15 años de prisión, todo esto basado en la Guía de Pautas de Sentencia de los Estados Unidos. 

   El Juez Miller dijo —en relación a las recomendaciones de los fiscales que la guía de sentencias es un referentes y que para tomar su decisión se consideran otros factores.

El sentenciado pidió perdón 


   Antes de escuchar la sentencia, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz pidió perdón a los ciudadanos venezolanos y americanos y a su familia por sus faltas y su conducta. 

  Entre otros aspectos, se refirió a las consecuencias negativas que trajo su proceder para sus hijos, quienes han sufrido de abusos en las escuelas. Asimismo, comentó que su hija perdió su trabajo como consecuencia de su actuación delictiva y su padre fue amenazado en Venezuela. 

  La defensa explicó que "gracias a la colaboración ofrecida a las autoridades por su cliente, Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz ha sido posible que otros casos criminales relacionados con los esquemas de corrupción y lavado de dinero en Venezuela avancen". 

Desmienten a la defensa

   La defensa sostuvo que el gobierno estadounidense permitió que Gravina Muñoz fuera a Venezuela, donde realizó una serie de grabaciones para aportar pruebas sobre los delitos. Ante esa afirmación, el fiscal aseguró que no era verdad lo del viaje de cooperación y que Gravina Muñoz había hecho mucho daño ayudando a su socio, José Manuel González Testino al violar su acuerdo de cooperación con las autoridades y ofrecerle detalles de una investigación federal con la que él estaba comprometido para que el otro conspirador [González Testino] evadiera la justicia. 

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz estaba trabajando para José Manuel González Testino cuando estaba cooperando con el gobierno de los Estados Unidos, y no reveló esa información a los fiscales, sino que por el contrario negó que sostenía una relación con González.

  El fiscal sostuvo además que Gravina Muñoz sólo restituyó el soborno que recibió de Roberto Rincón y Abraham Shiera pero no entregó ni un sólo centavo de las coimas que le pagó por sus operaciones fraudulentas José Manuel González Testino y otros contratistas corruptos.

   A petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, el juez aprobó la apertura de información de los casos de Alfonzo Gravina que estaban cerrados. En ese sentido, se informó que se suministran detalles en un corto tiempo.

El caso

  Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, residente de Fort Bend County,, en Texas, es un ciudadano venezolano nacionalizado estadounidense— que trabajó en PDVSA desde 1998 hasta marzo de 2014 aproximadamente. Durante ese tiempo, Gravina Muñoz ocupó varios cargos en la petrolera, incluyendo la gerencia de compras de equipos y servicios.

  En los documentos federales dice que su trabajo de alta gerencia, Gravina Muñoz era responsable de manejar las subastas de contratos para los proveedores de servicios al entonces gigante petrolera venezolano.

  Fue acusado de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero, en operaciones que se realizaron desde el inicio de 2007 hasta al menos 2014, y que facilitaron a los contratistas que participaron en el megafraude, cometer ofensas contra los Estados Unidos, amparando actividades y operaciones ilegales que afectaron el comercio internacional.

  Los contratistas (Roberto Rincón, Abraham Shiera, José Manuel González Testino, entre otros) pagaron a Gravina Muñoz sobornos para lo lograr la asignación de contratos de la PDVSA, violando las prácticas y normas de la empresa.

  El 12 de abril de 2010,  uno de los contratistas transfirió a la cuenta de banco de otro de los contratistas, USD 164,570,63 para pagar el remanente de la hipoteca de la residencia de Gravina Muñoz en Texas, a cambio que este le otorgara a los conspiradores jugosos contratos.

   El 7 de mayo de 2010,se  transfirió a favor de Gravina Muñoz USD 135,429  como parte de los sobornos.

  El 28 de enero de 2011, uno de los empresarios transfirió a una cuenta en Panamá de uno de los contratistas USD 15,000. como parte de los sobornos. Otros USD 15,000 fueron transferidos a su favor el 6 de junio de 2011 para que siguiera haciendo las operaciones fraudulentas a favor de las empresas de los contratistas. Asimismo, se le pagó el 29 de enero de 2012 USD 6.688.22 para el pago de servicios contables de una casa a nombre de Gravina Muñoz.

  Entre muchas otras transacciones, aparecen unas operaciones hechas el 3 de enero de 2014 por USD 15.000,00  desde una cuenta en Panamá propiedad de un contratista a la de Gravina en Texas.

   En la acusación federal se señala que un contratista (1) dueño de varias empresas proveedoras de equipos y servicios de PDVSA. Otra el 20 de marzo de 2014, donde Gravina Muñoz sacó de una cuenta conjunta USD 93,267.87 para pagarlo a uno de sus familiares.

  Gravina Muñoz también fue acusado de Fraude y falsa declaración  en sus impuestos del año fiscal 2010.





martes, 28 de enero de 2020

Nuevamente posponen sentencia de contratistas de PDVSA y CITGO, acusados de corrupción por EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


    Un documento emitido por el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller, informa que se pospuso nuevamente la fecha de la lectura de la sentencia de los contratistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber participado en un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero. La nueva fecha es el 19 de agosto del 2020.
   En la orden del juez Miller, aparecen los nombres de Roberto Rincón, Abraham Shiera Bastidas, Charles Quintard Beech, Juan Carlos Castillo-Rincón y José Manuel González Testino.
   La razón del cambio de fecha se debe a los nuevos elementos del caso. Rincón y Shiera fueron arrestados en diciembre de 2015.

    El expediente Rincón-Shiera se ha ampliado tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.

   Rincón y Shiera han suministrado información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.

   La acusación del gobierno de los Estados Unidos señala que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.

    Rincón y Shiera gozan de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente. Rincón pasa sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera se encuentra en su residencia en Miami.

    Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecerán detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.

     La orden del juez dice que para julio 17 de 2020 se concluirán las diligencias del caso, los abogados de los acusados tienen hasta el 31 de julio para hacer las revisiones de rigor. Los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional deben presentar los reportes de sentencia previa con los anexos y agregados el 14 de agosto, y todas las mociones, cartas de apoyo deben ser presentadas a la corte el lunes antes de la fecha de la lectura de las condena.




miércoles, 11 de diciembre de 2019

Tribunal de EE. UU. fija fecha de sentencia de José Manuel González Testino culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero en PDVSA y CITGO

 González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018 en el aeropuerto internacional de Miami cuando pretendía abandonar el país y regresar a Venezuela. Se declaró culpable de tres cargos en mayo de 2019. Tras pagar 5 millones de dólares, disfruta de libertad bajo fianza otorgada por el tribunal.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   El empresario venezolano, José Manuel González Testino, acusado por el gobierno de Estados Unidos de delitos de corrupción, lavado de dinero y pago de sobornos a funcionarios de Petróleos de Venezuela y CITGO, será sentenciado el 19 de febrero de 2020, de acuerdo a un comunicado emitido por la Corte del Distrito Sur de Texas.
   En la orden, firmada por el Juez principal de distrito de los Estados Unidos, Gray H. Miller se da a conocer el calendario, donde se señala lo siguiente:

1. El informe de investigación de presentación estará disponible para el acusado antes del 17 de enero de 2020.

2. El abogado debe objetar por escrito los hechos utilizados y la aplicación de las pautas o una declaración de que no hay objeción antes del 31 de enero de 2020.

3. El oficial de libertad condicional debe presentar al Juez el informe final de presentación con una adición que aborde los temas en disputa antes del 14 de febrero de 2020.

4. Todas las mociones, memorandos de sentencia y cartas de apoyo deberán presentarse a más tardar el lunes anterior a la sentencia para ser consideradas.

5. La sentencia se llevará a cabo el 19 de febrero de 2020 a las 10:00 a.m.

El caso

   González Testino fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. De acuerdo a la demanda, el acusado controlaba varias empresas con sede en los Estados Unidos que fueron usadas para lograr contratos fraudulentos en PDVSA y su filial estadounidense, CITGO Petroleum Corp. para lo cual pagó sobornos a los funcionarios de la petrolera estatal venezolana.

   El 29 de mayo de 2019, González Testino se declaró culpable el en un tribunal federal de Houston, Texas, por su papel en un esquema de soborno para asegurar y retener corruptamente los contratos de energía y logística de PDVSA y CITGO.

González Testino en la 29a Ceremonia 
de Investidura de los Caballeros de Malta

 el 11 de febrero de 2017 en Florida,
   González Testino,  quien reside en Miami, Florida, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo por violar la FCPA y un cargo por no informar sobre sus cuentas bancarias extranjeras. 

 González Testino controlaba una serie de compañías estadounidenses e internacionales que proporcionaban bienes y servicios a PDVSA. De acuerdo a las admisiones que hizo en relación con su declaración de culpabilidad, a inicios de 2012 y continuando al menos hasta 2018, González Testino conspiró con otros para sobornar a funcionarios de PDVSA para lograr contratos millonarios. 

  González Testino admitió que a partir de noviembre de 2012 y hasta al menos junio de 2013, él y un conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a César David Rincón  Godoy, el ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. El acusado también admitió que él y sus cómplices pagaron sobornos a Alfonso Eliezer Gravina Muñoz durante el tiempo en que Gravina era un funcionario de PDVSA en PDVSA Services Inc., con sede en Houston.

  A cambio de estos sobornos, Rincón y Gravina proporcionaron a González Testino información privilegiada sobre PDVSA, los procesos de adquisición y tomó medidas para otorgar los contratos de PDVSA a las empresas de González Testino. Asimismo, los funcionarios de la petrolera venezolana le dieron a las empresas de González Testino otras ventajas comerciales, que incluyeron obtener prioridad sobre otros proveedores para recibir pagos.

  De acuerdo a los documentos federales, González Testino también admitió haber realizado pagos de sobornos a varios funcionarios de PDVSA con sede en Houston y empleados de CITGO. 

   Destacan que aunque Citgo actuó principalmente como refinador, transportador y comercializador de productos derivados del petróleo, también adquirió bienes y servicios en nombre de PDVSA a través de su grupo de Proyectos Especiales. 

  González Testino admitió que él y sus co-conspiradores le pagaron al menos a cuatro funcionarios de CITGO del equipo de Proyectos Especiales, y le proporcionaron obsequios y otros artículos de valor a un alto ejecutivo de CITGO. A cambio, González Testino admitió que los funcionarios de CITGO ayudaron a sus empresas a obtener contratos para nuevos negocios, proporcionaron información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA, ayudaron a ocultar el hecho de que González Testino controlaba varias compañías en ciertos paneles de licitación para proyectos de PDVSA.

  Gracias al esquema de corrupción, González Testino tenía prioridad para el pago por facturas pendientes de PDVSA. 

   Otro aspecto que aparece detallado en el pliego de culpabilidad de  González Testino es que el sujeto admitió que tenía un interés financiero y que tenía autoridad como firmante en múltiples cuentas bancarias extranjeras. El acusado no presentó  en 2017, un informe de esas cuentas bancarias extranjeras ante el FBAR, que es un requerimiento de la Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, órgano que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. 

  González Testino es uno de los 21 individuos que se ha declarado culpable de haber formado parte de la enorme red criminal de sobornos en PDVSA que es investigada por el gobierno de Estados Unidos.

Investigación federal en CITGO

  Luego de la confesión de culpabilidad de González Testino los fiscales estadounidenses realizaron las diligencias pertinentes para buscar los registros de CITGO Petroleum Corp como parte de una investigación sobre sobornos por parte de proveedores estadounidenses que involucran a su empresa matriz venezolana, Petróleos de Venezuela.

  CITGO, con sede en Houston, está bajo el control del presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por el gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países, Juan Guaidó.  

  Cuando se realizó el anuncio de las investigaciones federales en CITGO, la filial de PDVSA emitió un comunicado donde aseguraron  que la nueva junta directiva contrató a un asesor externo para llevar a cabo una investigación independiente, y se comprometió a tomar todas las medidas correctivas apropiadas en respuesta a los hallazgos. Los resultados de dichas diligencias no fueron dados a conocer.

Últimos movimientos del expediente


  En las últimas acciones que se han tomado en el expediente criminal de González Testino aparece una orden aprobada por el juez para la liberación temporal de los pasaportes venezolano y norteamericano de María Alejandra Díaz para realizar un viaje fuera del territorio estadounidense. La orden fue dada el 13 de septiembre de 2019.


  También se le otorgó un permiso de viaje a Walter Alexander González Testino para ir a Madrid del 19 al 27 de octubre de 2019, para lo cual se le devolvieron temporalmente los pasaportes venezolano y estadounidense. 

   González Testino pudo viajar desde Texas a Florida, para renovar su licencia de conducir. Ese viaje fue aprobado por los fiscales y por los oficiales de la Oficina de Libertad Condicional en Houston. 




viernes, 20 de septiembre de 2019

Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Gracias a la información lograda por conspiradores que llegaron a un acuerdo de colaboración con el Departamento de justicia de Estados Unidos, el gobierno norteamericano logró ampliar los elementos y acusaciones entorno al enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que se desarrolló entre 2011 y 2014, y que permitió la expoliación de millones de dólares del estado venezolano y que fueron a parar en cuentas bancarias y propiedades en varios países del mundo.
En una acusación aprobada por el Gran Jurado, el gobierno estadounidense demanda al ex presidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos de haber lavado dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela. Estas nuevas acciones están relacionadas con la investigación federal sobre un esquema de corrupción que incluyó el pago de más mil millones de dólares en coimas, que ha llevado a la cárcel a más de 20  personas, entre los cuales hay exfuncionarios y contratistas de PDVSA, incluyendo a los procesados Roberto Rincón y Abraham Shiera.

En la demanda, Javier Alvarado Ochoa, un venezolano y ex presidente de la unidad de compras de PDVSA. Bariven, y los administradores de activos, Daisy Teresa Rafoi Bleuler, (ciudadana suiza), y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, (ciudadano de Suiza y Portugal) fueron acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero.
La acusación es la continuación de las averiguaciones que realiza el Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. La fiscalía del Distrito Sur de Texas sostiene que los acusados son profesionales del lavado de dinero que trabajaron por años para blanquear dinero robado a través de sobornos y fraude a PDVSA, que es la principal fuente de ingresos del estado venezolano.

Los fiscales sostienen que Javier Alvarado Ochoa recibió sobornos de los contratistas venezolanos Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas. Ambos acordaron con los acusados pagar coimas para lograr nuevos contratos con PDVSA, así como el pago de facturas pendientes por trabajos anteriores, ofreciendo una comisión del 10 por ciento de lo cobrado a los funcionarios del gobierno que intervinieron en la fraudulenta operación.

Las ganancias del plan fueron lavadas a través de cuentas bancarias en Suiza, Curazao y Dubai, según la acusación. Algunos de los sobornos fueron para pagar estadías en hoteles de lujo en Aruba, comida gourmet como langosta y vinos comprados en tiendas venezolanas, dijeron los fiscales.

Roberto Rincón y  Abraham Shiera se declararon culpables de sus cargos en la conspiración en abril de 2018 y han estado cooperando con los fiscales mientras esperaban la sentencia, que luego de ser pospuesta en varias oportunidades quedó fijada para enero de 2020. 
Los operadores financieros Rafoi y Murta fueron  acusados ​​de lavar el dinero a través de numerosas transacciones financieras que involucran a empresas, familiares, amigos, acreedores y asociados personales.

En las alegaciones generales, los fiscales señalan que Nervis Villalobos Cárdenas, Alejandro Isturiz Chiesa, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa, Daisy Rafoi-Bleuler y Paulo Casqueiro Murta son acusados de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el extranjero al hacer pagos de sobornos a oficiales de Petróleos de Venezuela, a través de Bariven en su sede en Houston, Texas en varias oportunidades 

Al inicio de 2011 y hasta al menos 2013, Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado, Luis Carlos De Léon Pérez y César David Rincón Godoy solicitaron a los contratistas de PDVSA el pago de sobornos y comisiones a cambio de proveerles asistencia en la obtención de contratos. Adicionalmente, les brindaron "los servicios" de gestoría para lograr que el gigante petrolero les pagara las facturas que adeudadas de manera expedita durante la crisis de liquidez que experimentó PDVSA en ese período en el que se desarrolló la conspiración.

Los ex-funcionarios mencionados anteriormente, con la asistencia de Daisy Teresa Rafoi Bleuler y Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta, elaboraron un esquema para lavar el dinero de los sobornos a través de una serie de transacciones financieras a bancos que operaban en Suiza, Curazao, Dubai y en otros lugares a nombre de varias nombres de compañías.

Los acusados acordaron la naturaleza del esquema a través de varias y complejas transacciones financieras dirigidas a lavar los pagos de los sobornos que eran enviadas a nombre de varias compañías, incluyendo empresas de intermediarios, familiares, amigos, creditors, personal asociado a los exfuncionarios de acusados.

Los personajes de la trama criminal

Nervis Villalobos, alias el "Enano", trabajó para el gobierno de Venezuela y durante el período acusado era una persona clave en el proceso.

Alejandro Isturiz Chiesa, alias "el Piojo", ex empleados de Bariven y asistente del presidente de Bariven. Prófugo de la justicia.

Rafael Reiter, alias "Nadal", era empleado de PDVSA, y jefe de Prevención y Pérdidas. Está arrestado en Madrid peleando contra su extradición a Estados Unidos.

Javier Alvarado Ochoa, alias "eléctrico", fue a lo largo del tiempo que duró el esquema acusado, el presidente de Bariven.

Daisy Teresa Rafoi Bleuler era una socia de la empresa suiza que actuaba como agente de De León. y que des descrita  en el caso de huera y Rincón  en una compañía con sede e agente doméstico

Paulo Jorge Da Costa Casqueiro Murta es un ciudadano portugués, y suizo, empleado de la empresa suiza y actuaba bajo las órdenes de De León, Shiera y Rincón en las compañía de Estados Unidos.

Luis Carlos De león Pérez, venezolano-americano fue empleado del gobierno de Venezuela pero no trabajaba para el momento de la conspiración en PDVSA. Se declaró culpable y colabora con la justicia.
Compañías de gestión patrimonial suizas A y B, BES Banker 1, 2; 1 oficial B que era empleado relevante del gobierno de Venezuela, un oficial C también empleado del gobierno y en la acusación aparecen como funcionarios extranjeros.

Asimismo están acusados un bufete de abogados estadounidenses, una compañía de Producción y  otra firma de abogados (2).

Los cargos

A los siguientes individuos se les acusa de Conspiración para cometer lavado de dinero: Nervis Villalobos, Alejandro Isturiz, Rafael Reiter, Javier Alvarado Ochoa, y Daisy teresa Rafoi Bleuler. A De León y César Rincón se les señala además de solicitar y ofrecer pago de sobornos. Los acusados prometieron a Rincón y Shiera y a otros, "conseguir el pago de las facturas de los contratos de PDVSA y asistencia para ganar nuevos contratos a cambio del pago de sobornos".

Los acusados solicitaron la asistencia de Rincón, Shiera y Rafoi para abrir cuentas bancarias, incluyendo unas en los bancos de suiza, para poder depositar los dineros provenientes de los sobornos que se hicieron a nombre de varias empresas de maletín.

De león y Villalobos participaron en reuniones con Rincón y Shiera para discutir los pagos en EEUU.

De León, Villalobos y Alvarado acordaron hacer las transacciones monetarias en varias cuentas abiertas para ese sentido, mientras que  Rafoi y César Rincón  crearon justificaciones falsas para los sobornos, incluyendo facturas de servicios que nunca se hicieron así como otros instrumentos para justificar los pagos.

Rincón y Shiera hicieron transferencias directas de los sobornos a las cuentas de banco que estaban a nombre de empresas que fueron creadas por los conspiradores y sus asociados para cometer el crimen.

En 2010, Venezuela experimentó una crisis de liquidez en sus finanzas y un significante baja de sus ganancias como resultado de la misma. Los ingresos petroleros no eran suficientes para pagar los gastos del gobierno. Esa crisis de liquidez no permitió pagar a los contratistas a tiempo y a la vez se se hacía presión para que se siguieran produciendo, dice la demanda.

En 2011, Rincón y Shiera  se acercaron a De León y Villalobos que actuaban a nombre de PDVSA y se hacían llamar el "Grupo de los Gerentes".

Las ganancias del esquema de corrupción descritas por los fiscales fueron lavadas a través de una cuenta en un banco ubicado en Curazao. 

Los acusados prometieron a Rincón y Shiera ayudarlos con la prioridad de pagos y poner sus compañías en la lista de de ganadores a cambio del pago de sobornos. Isturiz, Reiter y César Rincón pidieron pagos extras a los dos contratistas y que explicaron que esos pagos eran para repartirlos entre ellos y un oficial B de PDVSA. Rincón y Shiera acordaron pagar los sobornos y ellos garantizaron el pago del esquema de corrupción. 


viernes, 13 de abril de 2018

Luis Carlos De León Pérez deberá permanecer en prisión: Corte niega libertad bajo fianza

En un documento de la corte de Houston se informa que el dinero en efectivo era traficado en aviones privados y era entregado a los funcionarios corruptos de PDVSA y de la Electricidad de Caracas. La nueva defensa intentará en una nueva audiencia conseguir la libertad condicional para el acusado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Durante la audiencia de presentación de Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Francis H. Stacy, consideró que existe un alto riesgo de que el acusado huya del territorio estadunidense a Venezuela, país con el que no existe tratado de extradición, razón poa cual decidió que el demandado permanezca bajo la custodia de las autoridades federales en la ciudad de Houston.
De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Javier Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos.
Debido a la historia criminal del acusado y al dinero que este posee y que le permitirían huir del país, el juez Stacy decidió en la audiencia del 10 de abril de 2018 que De León Pérez no era merecedor del beneficio de libertad bajo fianza.

El magistrado Stacy consideró creíble el testimonio y la información sometida a consideración de la corte por los fiscales del caso. De León Pérez está acusado de cometer crímenes relacionados con lavado de dinero, corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos.

En el documento del juez se señala que Luis Carlos De León Pérez y los cuatro coacusados en este caso, pagaron sobornos para obtener contratos con Petróleos de Venezuela, (PDVSA). De acuerdo al agente de caso —citato por el juez— De León y sus asociados desarrollaron un sofisticado y enorme esquema de corrupción off shore.

Citan una testificación del agente del caso donde este explica que De León Pérez y los otros acusados llevaban grandes cantidades de dinero en efectivo a bordo de aviones privados a Venezuela para pagar los sobornos a los funcionarios de las empresas estatales de petróleo y electricidad. Uno de los aviones usados fue el del contratista acusado en este caso, Roberto Rincón Fernández, quien se declaró culpable de los cargos y acordó colaborar con la justicia norteamericana.
El documento señala que Roberto Rincón tenía 30 empresas de petróleo y gas que hacían negocios con PDVSA. Los récords bancarios de Rincón, que fueron obtenidos por la fiscalía a través de una orden judicial, muestran que fueron transferidas grandes cantidades de dinero para ser enviados a los funcionarios del gobierno de Venezuela.

Asimismo señalan que los documentos de la aduanas muestran que los equipos enviados a Venezuela tenían un grosero sobreprecio que cubría el monto de las coimas pagadas a los funcionarios gubernamentales.
Dice que la investigación encubierta cubrió 630 cuentas bancarias. Desde 2009 hasta 2014, cerca de mil millones de dólares fueron parte de la conspiración. Existen grabaciones de reuniones entre los conspiradores, entre los cuales se encuentra De León Pérez. Un encuentro en el que De León figuró como anfitrión, se produjo en el apartamento del acusado en Caracas. El acusado empezó su conversación señalando que él podía pagar compañías para hacer trabajos que ya estaban hechos y prometía contratos futuros con un 10 por ciento de comisión.

Reseñan otro encuentro que tuvo lugar en Aruba y otro en España. Evidencias generadas desde la mensajería de Blackberry confirman una conversación entre De León Pérez y Abraham José Shiera Bastida. En uno de esos mensajes Shiera se quejaba que no le habían pagado y De León Pérez le aseguró que lo iba ayudar.
Otras grabaciones muestran a De León Pérez dando instrucciones para transferir dinero desde su propia cuenta off shore a una cuenta de un funcionario del gobierno de Venezuela.

En el documento se destaca que De León Pérez es ciudadano con nacionalidad americana-venezolana que su esposa es venezolana. El acusado tiene residencia en el estado de la Florida, en Venezuela y en España. Asegura que el acusado viajó 26 veces en aviones privados. Uno de los pilotos olvidó la lista de nombres de los pasajeros.

El juez dice que De León Pérez fue detenido en España y extraditado a los Estados Unidos, pero que no tiene ataduras a esta comunidad. Las evidencias de culpabilidad son muy fuertes y el riesgo de fuga es muy alto.

Acota que escapar de la jurisdicción es una motivación del acusado ya que tiene apartamento en Venezuela, un país con el cual los Estados Unidos no tiene tratado de extradición, por lo que sería imposible obtener su retorno si escapa de suelo estadounidense.

Igualmente el juez señala que De León Pérez tiene millones de dólares en sus cuentas bancarias que podrían pagar su estilo de vida fugitivo, por lo que el tribunal considera que es muy elevado el riesgo de huida del país del acusado, razón por la cual se niega la fianza.

En el expediente de de León Pérez aparece que su abogado George Vila debió renunciar al cargo por un conflicto de intereses advertido por la fiscalía, ya que Vila representan a otro coacusado en el caso.

De León Pérez también firmó una forma para un juicio rápido al que todos los acusados en los Estados Unidos. 10 de los involucrados en este caso de corrupción masiva y lavado de dinero se han declarado culpables, y han decidido colaborar con la justicia. 
La próxima audiencia de De León está prevista para el 15 de mayo de 2018. 
La nueva defensa intentará en la próxima cita convencer al juez Stacy de que el acusado no se fugará del país y que tiene todo el interés de hacer frente al proceso que enfrenta con la justicia norteamericana.

Negociación

Con su defensa, el demandado podrá negociar con los fiscales una sentencia menos severa y beneficios adicionales, que en ocasiones incluyen la protección para familiares cercanos, que si bien han cometido delitos y  han participado como terceros en la trama de corrupción y lavado de dinero, no son los responsables directos de los hechos imputados. 

La esposa de De León Pérez posee una fortuna inexplicable

Andreína Gámez Rodríguez nació en el Hatillo, estado Miranda, en noviembre de 1977. Es portadora de la cédula de identidad N° V-13.137.451. La mujer cotizó para el seguro social de Venezuela apenas Bs. 6.529,44. Trabajó para la empresa Luegar Ingeniería S.A, Número Patronal D-2832588, donde devengaba un salario de Bs. 268,33.

Los récords de propiedad en los Estados Unidos reflejan que Gamez Rodríguez, esposa de Luis Carlos De León Pérez, es propietaria de varios apartamentos de lujo en la Florida. Por ahora, la descripción de esas unidades no aparece públicamente en los bienes bajo custodia de las autoridades norteamericanas.
Uno de los apartamentos está ubicado en una de las zonas residenciales más costosas del condado de Miami Dade. De acuerdo al folio 12-2226-050-0080 del Registro de Propiedades de la Florida, Andreína Gámez Rodríguez es la dueña de un apartamento en el edificio Oceana Bal Harbour Condo, Unidad 150u, ubicado en 10203 Collins Avenue, Bal Harbour, FL. Gámez Rodríguez pagó siete millones 450 mil dólares (USD 7.450.000,00). La unidad fue adquirida por la mujer el 30 de noviembre de 2016.



Curiosamente la madre de Andreína Gámez Rodríguez, Darlly Rodríguez también posee un apartamento en el mismo edificio. Los récords de propiedad del estado de la Florida corroboran que la unidad 909 del edificio ubicado en 10203 COLLINS AVE 905 , BAL HARBOUR FL, 33154 es propiedad de Rodríguez. El condominio fue adquirido por 2.4 Millones de dólares.

Andreína Gámez Rodríguez tiene varias empresas, entre ellas unas en Madrid y  otra en Nevis, a saber:

1) En los récords aparece la empresa MAGNOLIA PRODUCTS LIMITED, ubicada en Dixcart House, Fort Charles, Charlestown, Nevis, St Kitts-Nevis constituida por De León Pérez y otros asociados el 17 de diciembre de 2012, según el registro de empresas de Nevis N-C41192. Esta empresa está reportada en el informe del gobierno de los Estados Unidos.

2) SANSOBINO 1977 SL constituida el 22 de octubre de 2010 y donde aparece como dueña única 22/10/2010 Ubicada en Del Mediterraneo, 12 1 D. 28007 MADRID. (MADRID).  

3) IBERMILENIUM SICAV SA registrada el 20 de noviembre de 2014, (Consejera). Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID).

4) IBERMILENIUM SICAV SA. Registrada el 20 de noviembre de 2014, donde figura como presidente. Ubicada en Cantabría s/n CIUDAD GRUPO SANTANDER. 28660 BOADILLA DEL MONTE. (MADRID)
5) BABY GAAM 10 SL. Esta empresa fue registrada el 16 de diciembre de 2010 y cerrada el 13 de julio de 2011. BERMEO, 31 28023 MADRID. (MADRID). 

Disclaimer 

Venezuela Política no pudo obtener una versión de los hechos por parte de las empresas mencionadas ni de su propietaria Andreína Gámez Rodríguez ni con Darlly Rodríguez. 

Asimismo, tratamos de comunicarnos vía telefónica con varios número de teléfonos, entre ellos el que se nos dijo era el celular personal del Gámez pero tampoco logramos comunicación. 


El blog Venezuela Política está abierto a que todas las personas, instituciones y empresas mencionadas en esta nota periodística puedan expresar libremente sus versiones de los hechos. Invitamos a todos mencionados que deseen aportar mayor información para esclarecer el tema, a comunicarse con nosotros a nuestro correo blogvenezuelapolitica@tuta.io. 

El derecho a réplica está garantizado.

lunes, 6 de marzo de 2017

Otro empresario venezolano es vinculado al esquema de sobornos y lavado de dinero de PDVSA

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Un informe en poder de las autoridades federales norteamericanas vincula a un empresario de  doble nacionalidad (estadounidense-venezolana) de nombre Franco Tortolani a la red de corrupción y de sobornos de funcionarios de la Petrolera estatal Pdvsa que se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

De acuerdo al informe, Tortolani junto a su familia, y al igual que otros empresarios, habría utilizado sus contactos con ejecutivos de Pdvsa para hacerse de contratos millonarios. A través del pago de comisiones, este hombre creó un una red de empresas con presencia en varios países, las cuales le habrían generado ganancias millonarias a través de un esquema fraudulento.

La investigación federal que se sigue sobre el esquema de sobornos y lavado de dinero que supuestamente opera entre varios empresarios venezolanos, poseedores de empresas con jurisdicción en los Estados Unidos, y funcionario de la estatal de Petróleos de Venezuela pone al descubierto un complejo sistema creado para mover dinero evadiendo las normas de licitación venezolanas y violando Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ("FCPA").

En el sumario de dicho informe se lee que Franco Tortolani pasó en pocos años de ser un trabajador humilde, inclusive taxista, a un millonario proveedor de Pdvsa y poseedor de propiedades en los Estados Unidos y otros países.  

De acuerdo al reporte que sigue las actividades del ahora empresario por más de 5 años, Tortolani estableció sus primero contactos con autoridades de Pdvsa cuando servía como taxista en la ciudad del oriente venezolano Puerto La Cruz. Gracias a las amistades, logró convertirse en un agente de suministros para PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco con excelentes órdenes de compra que proporcionaban jugosas comisiones en dólares a sus contactos en la petrolera estatal.

En el informe se destaca que Franco Tortolani es presidente de siete empresas que tienen operaciones y oficinas en Estados Unidos, Panamá, Singapur, China, Colombia, Curazao, Barbados y Venezuela. Dichas corporaciones se beneficiaron de la asignación de contratos de compra de equipos adquiridos en el extranjero con grandes sobreprecios, de 300, 500 y hasta el mil por ciento. Para obtener los contratos su benefactor debe pagar cuantiosas comisiones en dólares a los funcionarios de Pdvsa.

Según las averiguaciones Tortolani continúa recibiendo jugosos contratos y además de sobornos, el empresario ha contribuido al financiamiento de campañas electorales de políticos ligados al partido de gobierno en Venezuela. 

El informe destaca las actividades del investigado no se circunscriben únicamente a PDVSA, sino que abarcan a las empresas básicas de Guayana y algunos despachos ministeriales.

De acuerdo a las averiguaciones  el empresario y algunos de sus familiares habrían comprado propiedades en los Estados Unidos  y en Venezuela con los dineros proveniente de la industria criminal. También adquirieron aviones y otros bienes. 

Socios y relacionados

El empresario Franco Tortolani estaría involucrado según las averiguaciones con individuos que ya han sido acusados por la comisión de hechos de corrupción, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, entre quienes figuran otros contratistas, así como funcionarios y exfuncionarios de la industria petrolera venezolana.

La investigación vincula a Tortolani con los empresarios procesados por la justicia norteamericana como Roberto Rincón y  Abraham Shiera, así  como también a otros nombres de funcionarios, algunos de los cuales ya han sido reseñados en expedientes en Venezuela y EEUU entre quienes se  destacan: Owen Manrique; Jesús Guaraco, expresidente de BARIVEN; Nelson Martínez (Citgo-Pdvsa); César Rincón, exdirector de BARIVEN; José Luis Parada, exdirectivo de PDVSA; Ramiro Rodríguez, gerente de Procura BARIVEN; Leída Martínez, supervisor de desarrollos de Proveedores Nacionales; Luis Ghersi, gerente de servicios técnicos; Nervis Villalobos; George Kaboul, expresidente de BARIVEN; Alexis Flores; Carlos Enrique Urbano; Charles Beech; Charles Moreno y Pedro José León Rodríguez. 

También figuran en la lista un individuo llamado Yosmel Espinoza, exgerente BARIVEN en Caracas y Houston; Leonardo Ramón Díaz, E.G, socio Charles Beech; Pietro Micale; Eusevio Zavatti, exgerente servicios técnicos BARIVEN entre otros.

El informe incluye un esquema a través del cual se hicieron transferencias de dinero y pagos de coimas en varios países, incluyendo a los Estados Unidos, resaltando las instituciones bancarias usadas en la red de sobornos y para la compra de propiedades en el estado de la Florida.

Asimismo, aparece una serie de empresas que posee Tortolani y su esposa María Rosa Ramos de Tortolani. La pareja se hizo de un conjunto de empresas en varios países de América y Asia, siendo que la principal de estas compañías en Estados Unidos es “911 Equipment, INC.”, registrada en el estado de la Florida el 9 de junio de 2003. Está ubicada en el 2645 Executive Park Drive, Weston Fl 33331. En ella, Franco Tortolani ocupa la presidencia y María Rosa Ramos de Tortolani se encarga de la vicepresidencia.

“911 Equipment, INC.”, aparece como la empresa principal Franco Tortolani en EEUU, la cual vende equipos y suministros a “Metro Emergencia, C.A.” en Venezuela, también propiedad del empresario y la cual aparece como empresa contratista de Petróleos de Venezuela, C.A.

Posteriormente se encuentra “Fox Capital, LLC”, empresa registrada en Delaware, el 25 de julio de 2013 y también en la Florida, el 26 de diciembre de 2013. Como dirección de esta compañía aparece el 3411 Silverside Road Rodney Building N° 104, Wilmington 19810. La dirección en la Florida es 15970 W. State Road 84 N° 503, Sunrise, Fl 33326.
Entretanto, Alpha Jet 307 LLC figura como propietaria de dos aviones que la familia Tortolani. Una de estas aeronaves es el Astra, siglas N30FT, dice el reporte.

Los Tortolani no figuran como dueños directos del avión, no obstante una nota escrita a mano dice que la nave se identifica con el empresario “con el Tail Number que hace referencia a ellos, a saber, la N da cuenta que es una aeronave norteamericana; el 307 hace alusión al fecha de nacimiento de Franco Tortolani, mientras que FT son las iniciales de su nombre”.

El segundo de los aviones de Alpha Jet 307 LLC es un Beech, siglas (Tail Number) M307MT. Aquí ocurre lo mismo que con el anterior, sólo que las últimas letras MT, aluden al nombre de la esposa de Franco Tortolani, María Tortolani, dice la nota escrita a mano.
Ambas aeronaves permanecen estacionadas en Fontainebleau Aviation. 4200 NW 145th St, Opa-locka, FL 33054, cuyo número telefónico es (305) 685-4646, en el aeropuerto de Opa-locka.
Otra empresa es Global Fox, LLC., registrada en la Florida, por el matrimonio Tortolani el 21 de mayo de 2009. Su dirección es 548 Shotgun Road, Suite 520, Sunrise FL 33325.
Entretanto, la empresa Hidramax, LLC, aparece registrada a nombre de terceras personas en Delaware, el 2 de noviembre de 2011. La dirección es 3511 Silverside Road, Suite 105, Wilmington. No se aclara en el documento la relación exacta de dicha corporación con el empresario y su familia pero dice que hay anexos en el original, al igual que la referencia hecha a la empresa Inequip, C.A. registrada en Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela, a nombre de terceras personas e identificada con el número de RIF J-31681496-3.
La principal de las empresas de Franco Tortolani en Venezuela  Metro Emergencias, C.A., está registrada igualmente en la capital del estado Anzoátegui por él mismo, el 16 de enero de 2002. La dirección de esta compañía es Avenida Principal de Lechería, Centro Empresarial Lechería, piso 1, Oficinas 101, 102 y 103, Sector Las Palmeras, Lechería, Estado Anzoátegui. El número de Registro de Información Fiscal es J-30892258-7. El teléfono en Venezuela es +58 281 2811396 y en EEUU es +1 786 664 4706. También aparece como referencia Carmen Bruzual cuyo número telefónico es +58 414 795 5459. El correo electrónico es metroemergencias@gmail.com, la página web es metroemergencias.com, la cuenta en Facebook es Metro Emergencias Equipos Petroleros, mientras que en Twitter figura como Metro Emergencias.
Se hace mención a otra compañía registrada en Barcelona, el 23 de septiembre de 2007, a nombre de terceros, Centex, C.A., RIF J-294852149, ubicada en la Avenida Principal de Lechería, Edificio Centro Empresarial Lechería, piso 2, oficina 203, Sector Las Palmeras, Lecherías, Estado Anzoátegui.
Colombia

En Colombia, Franco Luis Tortolani Bruzual y María Rosa Ramos de Tortolani, registraron Diamond Mining Group, antiguamente “911 Equipment Sucursal Colombia”. Número de NIT 900.728.325-4, ubicada en la Carrera 7B BIS, N° 126-36, Bogotá DC. En esta empresa Franco Tortolani figura como presidente y María de Tortolani es la vicepresidenta.

En Panamá, las empresas de Franco Tortolani son General Procurement Services, GPS Panamá, Inequip Panamá y Metro Emergencias Panamá. En la nación centroamericana el matrimonio Tortolani se vale de terceras personas para la conformación de sus compañías.
Finalmente, en Singapur, también registrada a nombre de terceras personas, es Worldwide Cable & Steel PTE. LTD.

¿Cómo funciona internacionalmente?

Los Tortolani diseñaron un esquema de funcionamiento para operar sus negocios internacionalmente, a través de una fundación panameña de nombre Arawac Private Foundation y dos empresas de Barbados denominadas Overseas Caribbean Group Limited Ltd. y Smart Realty Ltd.
En el plano nacional, los Tortolani traspasaron cuatro inmuebles (tres oficinas propiedad de Metro Emergencias y un apartamento propiedad de María Tortolani) a dos empresas venezolanas (una para cada inmueble), las cuales están conectadas con la estructura internacional, a través de una de las empresas barbadenses.

Igualmente, se hace referencia a la transferencia del título de propiedad de un apartamento en Puerto La Cruz (Siete Mares) a la empresa Alpha Realty.

El reporte dice que en la estructura internacional ha dejado de figurar Franco Tortolani, al haber sido sustituido como representante legal por su esposa María de Tortolani.

Asimismo refiere a la venta de las tres oficinas de Metro Emergencias a una nueva sociedad mercantil, de nombre Alpha Realty 1520, C.A., cuya propietaria es María Tortolani.

Del mismo modo, se describe una serie de transacciones hechas en los últimos meses, entre las que destaca la venta del 51 por ciento de las acciones de Metro Emergencias a la estructura internacional y 49 por ciento restante a una persona llamada Carmen Bruzual.

Asegura además que se firmó una permuta de acciones en Barbados que permite conectar la estructura internacional con Metro Emergencias.
Residencias en Florida

Tortolani tiene una casa que usa como residencial en Weston( 3425 SaddleBrook Ln, Weston FL 33331) y aparece vinculado a la compra de un apartamento para otra mujer que no es su esposa, María de Los Angeles Díaz Medina. 

Tortolani adquirió a nombre de Díaz Medina una lujosa unidad en la isla de Brickel Key por un monto apróximado de 1.3 millones de dólares ubicado en 900 Brickell Key Blvd. Apt 2305, Miami, FL 33131. De acuerdo a los récords, la propiedad fue comprada en efectivo, es decir sin necesidad de una hipoteca. Al empresario se le relaciona sentimentalmente con la mujer venezolana de 29 años y a quien no se le conoce profesión en los EEUU.

Acá pueden ver la información de la propiedad en cuestión, adquirida por el empresario a nombre de Díaz Medina nacida en diciembre de 1988 en Venezuela. La mujer no tiene residencia legal en los Estados Unidos hasta el momento. 
Díaz Medina puso en venta el apartamento por 1 millón 180 mil dólares el 14 de febrero de 2017, según consta en el siguiente portal.

Escándalo en Anzoátegui

El nombre de Franco Tortolani también se hizo muy sonoro en febrero de 2016, cuando reventó un escándalo a raíz de un suceso que dejó varias personas heridas en la localidad de Guanta, estado Anzoátegui, durante un concierto que ofrecieron en esa ciudad oriental el cantante colombiano Maluma y el puertorriqueño Jerry Rivera.

El alcalde de la ciudad oriental, el oficialista Jhonnathan Marín, dijo que el referido festival musical fue costeado por dos empresarios anzoatiguenses, a quienes agradeció públicamente por su generosidad. 

Tales empresarios son Carlos Enrique Urbano y Franco Tortolani. El primero es presidente Constructora Urbano Fermín, Cuferca C.A., beneficiaria de seis contratos con la alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo (Puerto La Cruz) y dos con la de Guanta entre 2008 y 2009, según puede constatarse en el Registro Nacional de Contratistas, RNC. También PDVSA Gas contrató en dos oportunidades a esta constructora.

De Franco Tortolani ya hemos hecho referencia a sus empresas, por lo que sólo agregaremos que  Metro Emergencias, C.A. ha contratado en tres ocasiones con la gobernación de Anzoátegui y, por lo menos 54, con la empresa mixta Petrocedeño S.A., que opera en la Faja Petrolífera del Orinoco, de acuerdo al portal oficial de Petróleos de Venezuela.

Los diputados del Estado Anzoátegui, Tatiana Montiel, José Brito y Richard Arteaga, informaron que el costo del concierto de Maluma y Jerry Rivera fue de 3 millones de dólares.

Los citados parlamentarios solicitaron por ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, que se investigue el origen de los fondos con que se cubrió tal actividad artística.

Seguiremos informando ....