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lunes, 12 de octubre de 2020

Diputados de la Fracción CLAP habrían cobrado USD 3.500.000 por desaparecer informe de Álex Saab

  Cada parlamentario habría recibido USD 400.000, USD 10.000 mensuales durante 2019 y USD 100.000 por cada gestión realizada.

Por Maibort Petit

   Un reporte llegado a nuestras manos revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción CLAP, habría cobrado USD 3.500.000 por hacer desaparecer el informe de la investigación sobre el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, encargado del negocio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programa de alimentación del gobierno venezolano, señalado de manejos irregulares y corrupción.
 El grupo parlamentario integrado por los diputados Conrado Pérez (Primero Justicia), Richard Arteaga (Voluntad Popular), Luis Parra Rivero (Primero Justicia), Adolfo Superlano (Cambiemos), José Brito (Primero Justicia, Chaim Bucaram (Un Nuevo tiempo) y Guillermo Luce (Voluntad Popular), sería el responsable de haber hecho “desaparecer” de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el informe de las investigaciones que se desarrollaron sobre Saab y la irregularidades por él cometidas en la implementación del programa CLAP.
  Precisa el informe que cada uno de estos diputados habría supuestamente recibido USD 400.000 a cambio de ·esconder” el expediente de la investigación; USD 10.000 mensuales durante el año 2019, y USD 100.000 por cada gestión realizada. También se les aseguró —de acuerdo a la versión del reporte— continuidad como diputados en las elecciones parlamentarias programadas irregularmente por el Consejo nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional Constituyente. Para lograr tal propósito, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, se apropiarían de los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo tiempo. Desde el seno de estos partidos títeres, establecerían alianzas con el PSUV.

  Igualmente, los citados parlamentarios se habrían encargado de una serie de jugadas destinadas a la destitución de Juan Guaidó de la presidencia del Poder Legislativo Nacional. Este hecho se materializó el 5 de enero de 2020, cuando los diputados CLAP se confabularon con los parlamentarios del PSUV para impedir la entrada de Juan Guaidó y los demás diputados de la fracción democrática de oposición al Palacio Federal Legislativo, para así poder defenestrarlos del poder parlamentario y designarse con directivos de la Asamblea Nacional[1].

  Esta jugada parlamentaria se conoció como “operación alacrán”, habiendo sido descubierta cuando el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia) publicó un video en el que intentaban sobornarlo para que se sumara a la Fracción CLAP[2].

  La diputada de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, había denunciado previamente —el 19 de diciembre de 2019— que Nicolás Maduro había instrumentado la referida operación para evitar que Guaidó fuera reelecto titular del Parlamento el 5 de enero de 2020. “La dictadura ha intentado comprar conciencias ofreciendo un millón de dólares a parlamentarios para comprarle su voto el 5 de enero” y agregó que “como no lo lograron encarcelan y allanan sus inmunidades”. Explicó que la propuesta oficialista consistía en pagarles a cambio de que no asistieran a la sesión en que se produciría la votación para así romper el quorum[3].

  La Fracción CLAP también habría hecho paralizar leyes y deshacerse de la oposición democrática del parlamento, para lo cual presuntamente contaron con el financiamiento de Álex Saab en toda la trama de corrupción.

  Luis Parra, quien fue designado de manera fraudulenta como presidente de la Asamblea Nacional, fue protagonista de un nuevo escándalo recientemente, cuando circuló un video en el que se le veía contando un fajo de billetes —euros o dólares— en un baño cuando se encontraba de compras por Europa.

  Parra, de acuerdo a investigaciones desarrolladas por el periodista, Roberto Deniz, encabezó “La llamada ‘rebelión de las regiones’ [la cual] comenzó en Europa defendiendo a Alex Saab y contando fajos de euros. El chavismo había dicho que iba a investigar a los diputados involucrados en el caso. Luego formaron un frente para asaltar la Asamblea Nacional y dijeron que Saab es diplomático (…) En 2019 Luis Parra dirigió la operación para defender en Europa y Colombia a Alex Saab, sus colaboradores y sus empresas, especialmente las relacionadas al negocio de los CLAP. Posteriormente llegó el asalto a la presidencia de la AN el pasado 5 de enero con el apoyo del chavismo”[4].

  El periplo europeo de Parra y el resto de los diputados CLAP se. Llevó a cabo sin que nunca el referido parlamentario explicara nunc, cómo no formando parte de la Comisión de Contraloría, viajó a Bulgaria en abril de 2019 junto a Conrado Pérez y Richard Arteaga, en inexplicada gira, que según sugirió el portal Armando.Info tuvo como objetivo entregar oficios en favor de Álex Saab y sus empresas relacionadas con los CLAP. No explicó quién costeó ese viaje y el realizado en mayo con parlamentarios de esa comisión a Roma y Madrid[5].

La desaparición del expediente de Saab

  De acuerdo a lo referido en el informe, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente extrajeron las pruebas del expediente sobre la investigación que se le siguió al programa alimentario del gobierno y a los empresarios y empresas encargados del mismo que se desarrollaba desde el año 2016 en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.

  Los parlamentarios presuntamente también ocultaron que el hijo de Álex Saab, igualmente formaba parte de la empresa Grand Group Limited.

 En tal sentido, habrían elaborado un informe paralelo en los que eximieron y favorecieron a Álex Saab y su entramado de 20 empresas de toma responsabilidad en la trama de corrupción de que se les acusaba. Las denuncias en su contra sostienen que estos empresarios conformaron y registraron empresas en el exterior con apoderados venezolanos y cuentas bancarias diferentes a las del país de origen de dichas empresas de maletín, con el objetivo de crear un velo corporativo y así dificultar las investigaciones y su detección.

 El informe real que los diputados CLAP supuestamente desaparecieron, demostraba el sobreprecio aplicado por todas las empresas involucradas en el esquema, ocasionando con esto un daño al patrimonio público por miles de millones de dólares.

 Del mismo modo, el informe comprobaba el daño a la salud ocasionado a la población venezolana debido a los productos de mala calidad que se suministraban para el programa CLAP.

 A pesar del daño y los crímenes de lesa humanidad causados, inexplicablemente la Comisión permanente de Contraloría de la AN, otorgó cartas de buena conducta a los empresarios señalados y sus empresas para trámites en bancos en España y Estados Unidos.

  El reporte en nuestras manos que da cuenta de las acciones de la Fracción CLAP, recomienda que Álex Saab, Shadi Saab, Carlos Lizcano, así como los diputados, sean denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la vulneración al derecho de la alimentación y a la salud cometidas por ellos, lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad.

Las cartas de buena Conducta

  Refiere en informe, que la Fracción CLAP habría emitido 48 oficios desde el seno de la subcomisión de contraloría encargada de la averiguación de las denuncias formuladas por supuestas irregularidades y corrupción imperante en el programa alimentario oficialista. Estas comunicaciones estuvieron dirigidas a organismos internacionales, instituciones financieras y ministerios de gobiernos extranjeros, con el objeto de exculpar a Alex Saab y Carlos Lizcano y sus empresas de denunciadas.

  Tales oficios de la Comisión de Contraloría, según reza el informe, fueron emitidos como cartas de buena conducta en favor de las firmas Salva Foods 2015, Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited, Adon Trading, Asasi Food Fze. En detalle, estos oficios se emitieron a favor de Group Grand Limited, el 29 de noviembre de 2018; Salva Food, el 28 de noviembre de 2018; de Ramsés Reyes, el 1 de agosto de 2018.

  Se emitió, además, una Resolución de la Subcomisión Especial; un Poder para el abogado italiano, Frediano Sanneris, el 2 de julio de 2019.

  Oficios de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018; (P/18/06314), el 27 de junio de 2018; (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018, dirigido a Luisa Ortega Díaz (Fiscal General).

 También se remitieron informes para el Primer Ministro de los Emiratos Árabes, Mohamed Bin Rachid Al Maktun, el 2 de mayo de 2019; para Grand Group Limited, el 29 de noviembre de 2018.

 Igualmente, una Constancia de fecha 29 de noviembre de 2018; una Certificación de documentos, el 14 de agosto de 2018; a los Servicios Financieros de Dubai, Saeb Eigner, el 3 de mayo de 2019; a favor de Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano Presidente de Salva Foods (P/18/11505), el 16 de noviembre de 2018.

  A la ministra de Asuntos Exteriores, Justicia y Cultura del Principado Liechtestein, Aurella C.K. Frick, se le dirigieron varias comunicaciones, una el 9 de abril de 2019; otra el 8 de abril de 2019; y otra el 10 de abril de 2019.

 A favor de Adon Trading Fze, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano, presidente de Salva Foods, el 16 de noviembre de 2018.

La absolución a Alex Saab se emitió el 29 de noviembre de 2018.

  Una comunicación de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/000520/2018), dirigida al Banco Itau Panamá, se remitió el 27 de noviembre de 2018; otra identificada con el código CPC/P/000519/2018, para el Banco Banesco, se emitió el 27 de noviembre de 2018; una para el Banco Itau Bogotá, el 27 de noviembre de 2018; una con el código CPC/P/000522/2018, para el Banco Corp Banca Helm, se remitió el 27 de noviembre de 2018.

  Al ministro de asuntos exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, le enviaron un oficio el 9 de abril de 2019; al embajador de Suiza en Venezuela, Didier Chassot, el 29 de mayo de 2019; al Primer Ministro de Bulgaria, Boyko Borissov, se le enviaron dos comunicaciones, una el 9 de abril de 2019 y la otra el 10 de abril de 2019; a Miguel Oliveira, director de Novo Banco, el 10 de abril de 2019 y el 9 de abril de 2019.

  Por su parte, los diputados señalados, así como también el ex vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Conrado Pérez (padre), con propiedades en Georgia (EE. UU.), consignaron ante la Fiscalía de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cartas de Buena Conducta y Certificación de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, en las que se absuelve de toda responsabilidad en la comisión de irregularidades y corrupción a los empresarios Álex Saab y Carlos Lizcano.

CITAS

[1] El Nacional. “Golpe al Parlamento: Fracción CLAP y PSUV juramentan a Luis Parra como presidente de la AN”- 5 de enero de 2020. https://www.elnacional.com/venezuela/golpe-al-parlamento-fraccion-clap-y-psuv-juramentan-a-luis-parra-como-presidente-de-la-an/

[2] Tal Cual. “La Operación Alacrán en 16 frases: montos, nombres y Maduro”. 17 de enero de 2020. https://talcualdigital.com/la-operacion-alacran-en-16-frases-montos-nombres-y-maduro/

[3] CNN en español. “Venezuela: ¿qué es la Operación Alacrán?”. 18 de diciembre de 201. https://cnnespanol.cnn.com/radio/2019/12/18/venezuela-que-es-la-operacion-alacran/

[4] Infobae. “Escándalo en Venezuela: videos muestran al diputado Luis Parra contando un fajo de billetes en un baño y de compras por Europa”. 6 de octubre de 2020. https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/06/escandalo-en-venezuela-videos-muestran-al-diputado-luis-parra-contando-un-fajo-de-billetes-en-un-bano-y-de-compras-por-europa/

[5] La Gran Aldea. “Luis Parra: La bisagra entre la ‘fracción CLAP’ y la ‘Operación Alacrán’” . 23 de diciembre de 2019. https://lagranaldea.com/2019/12/23/luis-parra-la-bisagra-entre-la-fraccion-clap-y-la-operacion-alacran/



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jueves, 5 de diciembre de 2019

Comisión de Contraloría de la AN dio "cartas de buena conducta" a Alejandro Ceballos Jiménez

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional entregó cartas que exoneran a Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, cabeza principal del Grupo 7C C.A. y otras empresas, de supuestos hechos de corrupción denunciados en el ente parlamentario por  los diputados  Richard Arteaga y Conrado Pérez. Ceballos Jiménez aparece mencionado en varios casos de corrupción y lavado de dinero, incluyendo, el informe del Banco Central de Curazao y San Martín relacionado con la intervención del Banco del Orinoco, N.V, propiedad del banquero Víctor Vargas.
Alejandro Ceballos Jiménez es señalado de haber participado en diversos casos de corrupción, incluyendo una trama de lavado de dinero con empresas vinculadas al expresidente fallecido, Néstor Kirchner, su viuda, Cristina Fernández, Diego Marynberg en el Banco del Orinoco N.V. , propiedad del banquero Víctor Vargas, intervenido por las autoridades de Curazao por violación de normas de Lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
La investigación de la Comisión de Contraloría

  Hace un año — específicamente el 2 de diciembre de 2018 se produjo una declaración del diputado de Primero Justicia, Richard Arteaga, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde anunciaba que se había abierto una investigación sobre la venta de unos terrenos en Barcelona, estado Anzoátegui, donde habría supuestas irregularidades.

   Arteaga es uno de los 12 diputados que aparecen involucrados en la trama de corrupción vinculada al empresario colombiano, Alex Saab, y a su asociado, Carlos Lizcano. Los parlamentarios entregaron a Saab su socio unas misivas donde se establece que fueron exonerados de las investigaciones supuestamente realizadas por los parlamentarios. Las cartas de buena conducta son utilizadas por sus portadores como escudo protector ante las denuncias y acusaciones judiciales en su contra. El escándalo llevó a que el presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó, anunciará la intervención de la Comisión de Contraloría y la separación temporal de sus cargos de los parlamentarios involucrados. Ver detalles aquí.


Ceballos Jiménez pasó de acusado a exonerado



   El parlamentario explicó que este caso “es un entramado de corrupción” en el que empresarios, en complicidad con el ex alcalde  de Barcelona, Guillermo Martínez y una la representación de la empresa Kamacuto, adquirieron terrenos del ejido municipal “a precios de regalía para comerciarlos en  250.000 dólares por hectárea, y que en su totalidad se calculan 3.000 hectáreas vendidas”.

  Arteaga declaró que la Comisión de Contraloría llamó a comparecer al empresario Alejandro Ceballos “para que explique sus vínculos con la firma Kamacuto, así como para aclarar alianzas de la empresa Inversiones Alfamaq, propiedad de un familiar de Ceballos, con el empresario Franklin Durán, vinculado con Antonini Wilson y Gold Reserved”.

  El parlamentario dijo que Ceballos Jiménez ya tenía un expediente por presuntas irregularidades en sectores económicos de la CVG, relacionado con la empresa Grupo 7C, responsable del saneamiento del río Guaire, por 430 millones de dólares, en la gestión de Jacqueline Farías.

    A principios de 2019, se informó que la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), continuaba con las investigaciones de corrupción que afectan a instituciones del país, entre ellas la que forma parte del caso que se ha identificado como "Acapulco Venezolano". 

    El 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una comunicación a la empresa Grupo 7C, C.A. donde se informa que ese ente parlamentario inició una investigación sobre la empresa KAMACUTO, C.A. en virtud de los señalamientos hechos por el diputado Richard Arteaga donde se presume irregularidades administrativas en la concesión de terrenos ejidos municipales para la ejecución de un complejo recreacional del Caribe denominado "La Gran Barcelona". En la misma se señala al Grupo 7C. C.A como acreedora de los terrenos, y careciendo de evidencias reales que permitan demostrar la veracidad de los señalamientos. Por ello se determinó la IMPROCEDENCIA del caso y se decidió no continuar con la investigación al respecto.

   El mismo 6 de mayo de 2019, la Comisión de Contraloría envió una carta firmada por el diputado Freddy Superlano en la cual se informa a Alejandro Ceballos, presidente de la empresa Grupo 7C, C.A., que "sobre la investigación sobre presupuestas irregularidades administrativas cometidas en el extravío de 500 millones de dólares destinados para potenciar las plataformas de las Empresas Básicas de Aluminio y para ventas a futuro de aluminio, por parte del ciudadano Rodolfo Sanz, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y ex ministro de Industrias Básicas y Minería y por la ciudadana Lina Marcano, ex gerente de administración y finanzas de la (CVG), en la misma se pudo establecer una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión. Por tales motivos, se determinó la  IMPROCEDENCIA  del caso, y a su vez vez, hemos decidido que tanto su persona como su empresa, nada tiene que ver con la investigación que se lleva respecto al caso". 

  El 13 de mayo de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, emitió otra carta donde se le informa a Ceballos Jiménez que "la investigación realizada sobre el Saneamiento del Río Guaire, una obra adelantada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 430 mil dólares". Al respecto señaló que ese ente parlamentario "no pudo establecer, una vez consignados y verificados los elementos presentados ante la Comisión, que los mismos desvirtúan cualquier relación o indicios que le puedan relacionar con la investigación en cuestión y por tanto se determinó la IMPROCEDENCIA del caso, y se decidió que tanto Ceballos Jiménez como  la empresa Grupo 7C, C.A. nada tienen que ver con el caso señalado". 
El caso de los 500 millones de $ de la CVG

    Una denuncia consignada el 29 de abril de 2010, ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Ciudad Guayana, interpuesta por el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana de Aluminio (SUTRAPUVAL), Manuel F. Díaz señala que  Alejandro Ceballos participó en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano. En esta denuncia también se menciona al bolichicho (señalado del gigantesco caso de corrupción en el sector eléctrico de Venezuela),  Leopoldo Alejandro Betancourt López.


  Los compradores a futuro transfirieron los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax… Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señala la denuncia.

Una nota del portal Principas24.com hace referencia a que supuestamente la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), aprobó el día 19 de junio un acuerdo en donde solicitan la cooperación de organismos internacionales, y parlamentos  de otros países para que conllevara a la detención y enjuiciamiento de los ciudadanos  Rodolfo Sanz, Joel Orta Moros, Jorge Rojas Montero, Carlos Morán y Alejandro Ceballos por daños causados al patrimonio público y otras actividades contrarias al orden público, entre ellas: Peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y  legitimación de capitales, entre otros.
   El dueño del Portal, Carlos Herrera aparece entre las personas mencionadas en el reportaje del Armando.info que destapó la crisis  e intervención de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ver detalles aquí.

   Conrado Pérez pidió enjuiciar a Alejandro Ceballos y repatriar los capitales robados.

  Pérez declaró que la Asamblea Nacional "solicitó la congelación de las cuentas bancarias de los mismos, así como títulos, valores e inversiones que mantengan los ciudadanos y la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad" del caso. 

 El diputado dijo que "el Parlamento venezolano autorizó a esta Comisión para que hiciera la denuncia ante los órganos jurisdiccionales de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, China y países que conforman la Unidad Económica Europea". 

  Recordó que "la actuación de la Comisión de Contraloría estaba basada en lo dispuesto del numeral 3 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que es un deber ineludible de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el control sobre el Gobierno y la administración Pública Nacional".

 Asimismo, dijo que "la acción se realizaba dentro de las atribuciones conferidas en el artículo 64 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le otorga la función de la vigilancia, Control y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las entidades Públicas Sujetas a su Control". 

  Pérez sostuvo que "el artículo 65 del Reglamento faculta a la Comisión a dar inicio a las investigaciones, sustanciar y emitir un informe definitivo sobre las denuncias que se propongan ante su seno".

  Explicó el parlamentario que "la denuncia presentada en contra de Rodolfo Sanz, en su condición de ex Ministro de Empresas Básicas y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y Johel Orta Moros, es por estar relacionados con la presunta emisión y negociación de bonos emitidos por la empresa CVG, colocación de oro de la también empresa Nacional Minerven y negociación fraudulenta de cabillas, todo ello en perjuicio del Estado venezolano".

   Argumentó que "debido a la gravedad de los hechos denunciados que involucran el interés público y patrimonio de la Nación se había dado inicio a la apertura del procedimiento correspondiente para la determinación de la responsabilidad política, administrativa de los funcionarios públicos y terceros que aparezcan relacionados con esos hechos e incluso la solicitud de apertura de la averiguación penal ante los órganos jurisdiccionales, de ser procedente". 

Caso "Acapulco Venezolano"

  En el año 2018 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela anunció el inicio de investigaciones al llamado “Acapulco Venezolano” por presuntos hechos de corrupción.

   En ese sentido, el parlamentario Richard Arteaga, miembro de la delegación permanente, explicó que el caso del “Acapulco Venezolano” fue una estructura de presunta corrupción entre funcionarios públicos de la provincia de Anzoátegui y empresarios vinculados al gobierno chavista.

  El diputado Arteaga declaró sobre la consignación de un informe ante la Comisión de Contraloría, donde se destaca la creación de una empresa municipal en el año 2014, por parte de autoridades de la Alcaldía de Simón Bolívar en la provincia de Anzoátegui, denominada KAMACUTO C.A., donde aparecían como directores Zelim Avendaño y Luis Medrano, quienes les cedían terrenos, que pertenecían al ejido municipal, a otras empresas privadas y que a su vez, éstas, vendían a un precio que oscilaba los 250 mil dólares (USD 250.000$), retornando al erario público solo los aranceles, establecidos por la misma alcaldía.

    Arteaga denunció ventas con un 10.000% de sobreprecio”. Detalló que estos hechos ocurrieron en la gestión del ex-alcalde Guillermo Martínez, con la presunta complicidad de los empresarios Alejandro Ceballos, Carlos Kauffman y Franklin Durán. Otro vinculado al caso, por el que todavía no se han impuesto sanciones, sería un abogado de nombre Augusto Adolfo Calzadilla. La trama de corrupción conllevó la repartición, saqueo y venta de terrenos en una zona donde se construiría una «ciudad hospitalaria» y dónde se desarrollaría un proyecto turístico llamado «Acapulco venezolano».

Alejandro Ceballos publicó las cartas de buena conducta de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

  En la página web de  sus empresas, Alejandro Ceballos público las cartas  con la siguiente información:

A Manera de Aclaratoria

  El Grupo 7C, corporación de empresas de la familia Ceballos que durante 40 años ha venido desarrollando actividades en la industria de la construcción y sus extensiones, ha sido víctima de acusaciones infundadas producto de la ignominia de intereses malsanos que pretendían vilipendiar el prestigio ganado gracias al trabajo y honestidad que el consorcio ha mantenido a lo largo de su trayectoria.

   En el mes de noviembre de 2018 Alejandro Ceballos, Presidente del Grupo 7C, fue citado a comparecer ante la Asamblea Nacional, totalmente opositora, para responder antes las acusaciones que sobre su persona y el grupo que preside, hiciera por diferentes medios digitales: Richard Arteaga, Diputado a la Asamblea Nacional por el partido político MUD (Mesa del Unidad). La convocatoria fue hecha por el Diputado por el partido Voluntad Popular: Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Las investigaciones que llevó a cabo la comisión fueron:

1 - Presunto entramado de corrupción en complicidad con el exalcalde del Municipio “Simón Bolívar” del estado Anzoátegui: Guillermo Martínez y bajo la representación de la empresa Kamacuto, por adquisición de terrenos del ejido municipal a precios de regalía para comerciarlos en un costo de doscientos cincuenta mil dólares (USD 250.000$) por hectárea.

2 - Presunta irregularidad en la adjudicación de cuatrocientos treinta millones de dólares (USD 430.000.000) para la obra “Saneamiento del Río Guaire” sin que esta fuera ejecutada.

3 - Presuntas irregularidades administrativas en el extravío de quinientos millones de dólares (USD 500.000.000) destinados a potenciar las plataformas de las empresas básicas de aluminio.

En mayo de 2019, una vez que Grupo 7C presentara a la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional elementos y documentos en su defensa, dicha Comisión emanó los resultados de las investigaciones en documentos separados dejando claro que Grupo 7C, sus empresas y su Presidente: Alejandro Ceballos, no tuvieron relación alguna con los casos mencionados declarando IMPROCEDENTES las denuncias hechas por el Diputado Opositor: Richard Arteaga; los documentos resultantes fueron firmados por el Diputado Freddy Superlano, Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Ver la original aquí.


    Denuncias de lavado de dinero por autoridades de las islas de Curazao y San Martín.

   Alejandro Ceballos Jiménez aparece mencionado en una investigación de blanqueo de capitales a nivel internacional, según un informe presentado por las autoridades del Banco Central de Curazao y San Martín que se realizó antes de la intervención del Banco del Orinoco N.V. propiedad del banquero Víctor Vargas, dueño del Grupo Banco Occidental de Descuento en Venezuela.

   El informe de las autoridades de Curazao sostiene que el Banco del Orinoco N.V. — Grupo Financiero BOD- Venezuela — incurrió en una conducta comercial violatoria de las regulaciones relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo aplicables en Curazao y en las irregularidades aparece transacciones con empresas relacionadas con el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner, su viuda y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, el operador venezolano Alejandro Ceballos Jiménez y el multimillonario de origen israelí, Diego Marynberg. Ver informe  completo aquí.




domingo, 1 de diciembre de 2019

Piden a las autoridades estadounidenses investigar a diputados de la Comisión de Contraloría (AN) que supuestamente exoneraron a Alex Saab

    Los parlamentarios mencionados en las denuncias niegan los señalamientos y aseguran que están dispuestos a someterse al escrutinio público y que, de hallarse alguna irregularidad, están dispuestos asumir su responsabilidad. Luisa Ortega Díaz asegura que no recibió ningún documento donde se absuelve a Saab y ratifica que hay evidencias sobre la corrupción de quien es considerado el testaferro de Maduro. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA también señalado de corrupción es quien prende la mecha del escándalo, mientras que Juan Guaidó promete tomar acciones contundentes.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Unos documentos dados a conocer por el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez (señalado por delitos de corrupción en Venezuela) muestran una supuesta exoneración de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional al empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, acusado por Estados Unidos se formar parte del entramado conformado por varias empresas que se habrían aprovechado de sus vínculos con Nicolás Maduro para expoliar al Estado venezolano a través de contratos de  importación de alimentos para surtir a los Comités Locales de Abastecimientos (CLAP) con dólares preferenciales. La referida misiva de "exoneración" a favor de Saab está firmada por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga. El presidente del ente contralor parlamentario, Freddy Superlano niega la veracidad de los documentos publicados por el ex zar petrolero venezolano. El hecho ha generado una verdadera tormenta política que incluye anuncios de separación de cargos, dimes y diretes, y hasta una  solicitud de investigación internacional contra los presuntos responsables. He aquí parte de la historia.
  La denuncia inicial  fue hecha por la Fiscal General designada por la Asamblea Nacional desde Bogotá, Luisa Ortega Díaz. La funcionaria quien sirvió al régimen del fallecido Hugo Chávez desde 2007 hasta 2017— pidió investigar a Alex Nain Saab Morán y las empresas Salva Foods 2015, CA, Group Grand Limited y Asasi Food FZC alegando que había irregularidades en el uso de los fondos entregados por el Estado venezolano para la importación de alimentos y asegurando que Saab Morán actúa como testaferro del Nicolás Maduro Moros.

Los señalamientos contra Saab en la Asamblea Nacional.

  Para el momento que llega la solicitud de investigación al parlamento venezolano el presidente del mismo era Omar Barboza del partido un Nuevo Tiempo. La Comisión Permanente de Contraloría estaba presidida por el diputado Freddy Superlano y como vicepresidente, Conrado Pérez Linares. Ambos se mantuvieron en el cargo hasta el presidente.

  Como ordenan los reglamentos de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión de Contraloría realizaron todos los procedimientos pertinentes para hacer la averiguación solicitada por Ortega Díaz. Enviaron citaciones, solicitaron información a las empresas, viajaron a Europa, y en menos de seis meses, el ente parlamentario encargado de  acosar la corrupción dio por concluida la investigación, y acordó exonerar a Carlos Lizcano, y a su presunto socio, Alex Saab Morán de los señalamientos hechos por la fiscalía en exilio. 

  Varios documentos presentados como soporte de una solicitud de investigación contra los diputados envueltos en el escándalo  ante las autoridades estadounidenses muestran que los parlamentarios Conrado Pérez, Richard Arteaga y Freddy Superlano habrían incurrido en irregularidades cuando le otorgaron la supuesta carta de exoneración a Alex Saad y a Carlos Lizcano, quien aparece como propietario de las empresas señaladas de ser parte del esquema de corrupción y lavado de dinero de millones de dólares provenientes del erario público venezolano. 

  Los supuestos documentos de la Comisión de Contraloría que exoneran de los delitos de corrupción a contratistas y empresas —en especial de las empresas que presuntamente sacaron provecho del sistema de control de cambio (Cadivi, Sicad, y otros) para importar comida, y que resultó en un desfalco a la nación—  son usadas por los abogados y firmas de lobby en Estados Unidos para recuperar las visas que han sido canceladas a los individuos acusados de corrupción y lavado de dinero por el gobierno del presidente Donald Trump (las cartas son presentadas como evidencia de la inocencia de los acusados ante el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas), y en  usadas por la defensa en las Cortes federales estadounidenses.

Saad es acusado en EE. UU. por delitos de corrupción y blanqueo

  En julio de 2019, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Saab Morán y a su socio Álvaro Pulido Vargas por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones. Según la acusación, los dos empresarios colombianos habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en Venezuela con empresas ligadas a la importación de alimentos para el gobierno.

Citación a Saab Morán para comparecer en la Comisión

    El 11 de julio de 2018, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional envió una citación oficial a Alex Naim Saab Morán, CI. 21-495-350. En la misma se le informa que en la sesión ordinaria del ente parlamentario "se acordó citarlo a comparecer  el 25 de julio de 2018, a las 9:00 A.M. con el objeto de conocer las presuntas irregularidades administrativas cometidas en el otorgamiento de divisas por parte del Estado venezolano para el manejo de los alimentos relacionados con los Comité Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) con la empresa Group Grand Limited y Asasi Food FZC del cual usted posea conocimiento".  

  Dice la citación que el ente parlamentario le garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  en el artículo 49.

 Se le advierte que "de no acudir a la comparecencia, sin causa justificada, será sancionado de acuerdo a lo establecido en los títulos I y II de la Ley sobre el Régimen de Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares a la Asamblea Nacional o sus comisiones". 

La carta está firmada por el diputado Conrado Pérez Linares. 
Los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga 

Las copias  fueron certificadas 

  Las copias publicadas por varios medios de comunicación en Venezuela habrían sido supuestamente certificadas por el secretario de la Comisión de Contraloría de la AN, Anderson Abreu Santelis, CI. 17.313.156. En la certificación se informa que Abreu Santelis fue designado el 2 de marzo de 2018 en su cargo y que en base a su responsabilidad y funciones certifica que "la copia de la carta es fiel y exacta  de su original, sus contenidos y firmas fueron suscritos por el presidente y demás miembros de la comisión. La certificación fue firmada el 14 de agosto de 2018". 
La exoneración otorgada a Alex Saab Morán por los diputados

   La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional nombró una la Subcomisión Especial que se  instaló el 27 de junio de 2018, para que investigara a Alex Naim Saab Morán y las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited, a las cuales se le otorgaron recursos para la importación de alimentos en el cual no ingresan al país y no eran entregados, por lo que se presume que causó daño al patrimonio público venezolano. 

  La denuncia de Ortega Díaz señalaba que "Saab Morán es testaferro de Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a su vez accionista y dueño de las empresas Asasi Food FZE y Group Grand Limited" y que Saab Morán habría "desviado divisas otorgadas por el Estado venezolano para la importación de alimentos".

 La referida investigación se le asignó el número de expediente #1714 en la Comisión de Contraloría.

   La resolución dice que en una reunión celebrada el 8 de agosto de 2018 se aprobó el informe de la Subcomisión Especial que investigaba el caso que estuvo presidida por el diputado Conrado Pérez e integrada por Adolfo Superlano y Richard Arteaga. 

  La resolución dice que se determinó que "Alex Saab Morán no es dueño ni accionista, ni director de la empresa Asazi Food FZE y Group Grand Limited, por lo que se comprobó ninguna irregular participación, una vez vistas las actas constitutivas de las empresas".

  Se informó que "la Subcomisión Especial no pudo comprobar que Alex Saab Morán tuviese la condición de testaferro o socio del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros en virtud que se no se aportaron prueba fehacientes que demuestren el referido nexo, requisito indispensable para establecer algún tipo de responsabilidad que corresponde a esta Subcomisión".

Una carta dirigida a Salva Foods 2015, CA. 

  En una Resolución de la Subcomisión Especial de Investigación del caso —fechada el 16 de noviembre de 2018— dirigida al presidente de la Empresa Salva Foods 2015, CA., Carlos Rolando Lizcano Manríquez se le notifica que de acuerdo a la visita parlamentaria realizada el 13 de noviembre de 2018, se recibieron los recaudos de la empresa, y que a documentación revierte la denuncia interpuesta en plenaria de la Comisión Permanente de Contraloría.

  Se informa que "es improcedente continuar llevando adelante la investigación, ya que no se aportó ningún medio de prueba idónea o suficiente, que permita seguir con la investigación para determinar que hubo irregularidad administrativa en el otorgamiento de contratos  por parte del Estado venezolano a la empresa Salva Foods 2015, CA entre otros fines lícitos o ilícitos, ni conducta funcionarial responsable, o causando daño al patrimonio público del Estado". 

   Por tal motivo — dice la resolución— "consideramos que no es pertinente continuar con la investigación y se somete a plenaria el acuerdo con lo que establece el reglamento de la organización y funcionamiento de la Comisión  Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional". La carta está firmada por el presidente de esa instancia parlamentaria, Freddy Superlano y el vicepresidente Conrado Pérez.

    La denuncia inicial dice que Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Food 2015, C.A.  es socio de Alex Saab y que esa es una de las firmas que maneja la importación de los alimentos y a la que el Estado venezolano  entregó la Concesión de los Abastos Bicentenarios ahora tiendas CLAP.  

Más elementos sobre la denuncia que generó la investigación

  Tal como se dijo al inicio, la denuncia sobre la corrupción de los CLAP y contra el empresario Alex Saab fue realizada por la Fiscal en exilio, Luisa Ortega Díaz, el 26 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá.

 Ortega Díaz sostuvo que "Alex Naim Saab era el dueño de las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED que recibieron dinero del Estado venezolano para comprar alimentos que no se entregaron y que el ciudadano en cuestión fungía como testaferro del régimen de Nicolás Maduro".

  Dicha denuncia fue objetada a través de una carta de fecha 01 de agosto de 2018 dirigida a la Fiscal por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga en la que aseguraron que Alex Saab no era testaferro de Maduro, no era accionista, ni director de las empresas Asasi Food FZE  y Group Grand Limited.

  La resolución dice que a Alex Naim Saab Morán no se le comprobó en la presente investigación que hasta la fecha le haya causado como dueño, accionista o director de las empresas mencionadas.












  
   En una carta dirigida a GROUP GRAND LIMITED el 29 de noviembre de 2018 por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga, rectifican que no se continuará con la investigación por considerar que Alex Saab o era testaferro de Maduro y sus empresas no estaban vinculadas a la corrupción.



  La Resolución de la subcomisión especial de investigación, firmada por los diputados Freddy Superlano y el secretario Anderson Santelis en la que se manifiesta que se cierra la investigación contra Alex Saab y las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED.



  El 24 de noviembre de 2019, el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien es señalado a su vez por hechos de corrupción en Venezuela, publicó en su cuenta Twitter una copia de los documentos, acusando a la Comisión de Contraloría de la AN de haber absuelto a Alex Saab. "Una prueba más de cómo la oposición burrundanga negocia y favorece a maduro. Que le dirá @jguaido a sus seguidores? Si la misma oposición protege la corruption del madurismo. No lo creen? Aquí está", dijo el exjerarca del régimen venezolano.
El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano respondió a través de su cuenta Twitter a los señalamientos de Ramírez, y negó haber solicitado a Luisa Ortega Díaz, que cerrara la investigación contra Alex Nain Saab Morán.

A continuación los tweets publicados por el parlamentario:

"Desde 2015, cuando asumimos las competencias del Poder Legislativo, hemos adelantado investigaciones sobre el desfalco de la Nación, a manos del gobierno usurpador y el anterior. Y tales pruebas y procesos se harán públicos apenas sea pertinente, según el Derecho Internacional".

"Hoy, entre muchos otros casos, tenemos pruebas sobre el funcionamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sistema perverso de control social mediante el cual armaron una red de corrupción que acabó con la producción nacional y dejó al país sin comida".

"Delincuentes como Álex Saab y Álvaro Pulido han sido investigados y denunciados ante cada instancia pertinente. Así se hizo contra Freddy Bernal, por el robo de 1.000.000 de cajas CLAP, y Rafael Ramírez, partícipe de un desfalco de al menos 10 mil millones de dólares en PDVSA".

"Estamos investigando y recabando pruebas sobre cada caso. Así cada una de las denuncias tendrá nombres, apellidos y pruebas que determinarán a los responsables y hacerlos declarar ante la justicia".

¡Vamos a proteger y devolver a Venezuela cada centavo robado por el régimen!

  Voluntad Popular desincorpora los diputados

 El domingo 1° de noviembre, Armando Info publicó un reportaje titulado “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin” donde se revela que un grupo de parlamentarios opositores habrían participado en una trama de corrupción para salvaguardar los intereses de Alex Saab.

A raíz de los señalamientos, Voluntad Popular decidió desincorporar de la Comisión Permanente de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y Freddy Superlano. Superlano había anunciado su separación del cargo para facilitar las investigaciones.

 Voluntad Popular expresó en un comunicado que iniciarán una investigación interna, un proceso disciplinario y que tomarán las medidas pertinentes. 

LEE TAMBI


Un reporte parlamentario sobre los CLAP
  Uno de los documentos que aparece en la denuncia hecha ante autoridades estadounidenses es una presentación de la Comisión de Contraloría presenta una revisión sobre un supuesto esquema de corrupción vinculado a los Comités de Abastecimientos (CLAP) donde se mencionan algunas empresas y personas relacionadas a las mismas. No queda claro si este reporte antes o después de la denuncia de Ortega Díaz.
  El documento, de 25 páginas, cita una comunicación firmada por la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la empresa Group Grand Limited donde se señala que dicha corporación está estrechamente vinculada con Nicolás Maduro Moros.

   En informe describe "el esquema de enmascaramiento de varias empresas vinculadas a la firma Group Grand Limited, cuyos propietarios son otras empresas de origen panameño como  Eolo Energies, Inc y Viladrake Internacional Inc".

    En el documento se asegura que la Comisión Permanente de Contraloría estaría realiando las respectivas diligencias en solicitud de información al respecto de estas “empresas” a las autoridades panameñas desde el mes de marzo de 2019.

    La empresa Group Grand Limited se encarga— entre otras firmas— de la venta de alimentos para el programa de los CLAP del gobierno de Nicolás Maduro Moros. "Son productos de procedencia mexicana para su importación y proceso de empaque", acotan.

  La mencionada empresa, Group Grand Limited está vinculada a un sujeto de nombreSantiago Uzcátegui Pinto, cédula de identidad V-17.341.620, dice el documento.

    Hay otras firmas que aparecen relacionadas en ese informe en particular, a saber: Mass Joy Industries LTD., Millon Rice, Mir Importation I Exportatio, FB Foods LLC, S.A., RMJ Inversiones Ramaja Limitada, Modexel Consultores E Servicios, S.A., Agrovarius, S.A., J&B International, Shining Capital Luck Fortune, Max Power Eneering LTD, Sirab Longistic, S.A., Porstar Intertrade Limited, Bamfaster Trading And Consulting LLC. y Agravius, S.A.

   Y varias personas ligadas a las firmas: Samark López Bello, Yousset Abou, Omar Abou, Juan Vicente Roversi, María Ojeda, Hernan Matheua, Rustinko Rodríguez, Esteban Correa, Jose Antonio Achram, Edmundo Rotondaro, Miguel González, Claudio Sira, Rafael Morales y Esteban Correa. 

  En la presentación se señala que "ciudadanos venezolanos, a través de empresas panameñas, adquieren empresas mexicanas con el objetivo de elaborar y envasar alimentos destinados al programa CLAP. Los alimentos en muchas ocasiones se encuentran en condiciones no aptas para el consumo humano".

  Destaca que "las empresas responsables de suministrar los alimentos al programa CLAP adquieren productos lácteos cuya presentación señala ser “Leche en Polvo” y cuyo valor monetario no llega a 0,90$ por kilo, la cual representa un escaso valor nutricional".         

 Esta bebida láctea que esta valorada en menos de 0,90$ por kilo, finalmente es adquirida por el programa CLAP en un costo que varía entre los 5$ y 7$ por kilo, lo que implica una ganancia aproximada de 777%.

 "En el mes de febrero de este año, resultados de pruebas efectuadas por el Instituto de Tecnología de la UCV, confirman que el producto no cumple con la normativa nacional “CONVENIN” para ser considerada como leche en polvo", agregan.

 Las marcas involucradas en la estafa de la Leche son: Rancho Nuevo, McLeche, Kosland, Suprema, KFMilk, VitalMilk, PureMilk, SoyMas.

  "Muchas de estas marcas de Leche no son comerciales en México, por lo que se sospecha que estas empresas fueron creadas por los mismos que manejan los CLAP, con accionistas, apoderados o directores colombianos y venezolanos, involucrados en el programa de alimentos" dice el informe.

  "El capital con el que se financia la compra de alimentos para el programa CLAP es solicitado al FONDEN, S.A. y está aumentando la deuda externa venezolana", añaden.


 "Se estima que mediante este sistema de corrupción se hayan malversado unos 5 mil millones $", dice el reporte.

Piden investigar a diputados que exoneraron a Saab y a Carlos Lizcano


  En una denuncia paralela, entregada a las autoridades de Estados Unidos, se solicita que se investigue a los diputados que participaron en la exoneración de Saab Morán en la Comisión de Contraloría de la AN. 

  Sostiene que hay supuestas evidencias que muestran que Carlos Liscano es presuntamente "el principal testaferro de Alex Saab y fue el encargado de convertir la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión especial de investigación de la Asamblea Nacional en un bufete privado, en el que se entregó al presidente de la comisión, diputado Conrado Pérez la cantidad de 500 mil euros en efectivo que sirvieron a su vez para pagar a varios diputados la cantidad de 10 mil euros mensuales". 

 La denuncia asostiene que el diputado Adolfo Superlano supuestamente se habría "encargado de realizar varios informes que eximían de cualquier acto de corrupción a Carlos Lizcano y Alex Saab. Esta acción fue reforzada con varios viajes que realizaron los parlamentarios a Bulgaria, Suiza, Portugal e Italia en los que le solicitaron a reconocidas entidades bancarias la liberación inmediata del dinero bloqueado de ambos empresarios".

  Dice la denuncia que "el parlamentario Conrado Pérez fue (habría sido) el encargado de desaparecer todas las pruebas de la corrupción de los CLAP, incluyendo cuentas bancarias, exámenes de laboratorio, contratos de Corpove y otras denuncias que fueron realizadas en varias ocasiones por la Fiscal Luisa Ortega Díaz contra Alex Saab".

   La denuncia sostiene que supuestamente "la comisión designada para la investigación de la corrupción de los CLAP, elaboró un informe dirigido a la OFAC, Departamento del Tesoro certificando que el empresario colombiano, Carlos Lizcano no tenía ninguna investigación vigente en la comisión". ***No hay evidencias de esta información en el informe que está en poder de Venezuela Política, así como tampoco de los supuestos pagos en efectivo.

   En las evidencias presentadas en una denuncia ante las autoridades estadounidenses contra los diputados que actuaron en este caso de Saab Morán, se suministra una copia de los boletos de avión de un viaje realizado por los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga a París, Francia con el fin de realizar las diligencias pertinentes para la investigación sobre el caso de Alex Saab Morán. El viaje se realizó el 23 de abril de 2019 por la línea aérea Air France.
  Sostiene la denuncia que se debe hacer una investigación que "permita verificar si los diputados actuantes fueron cómplices del daño patrimonial que se le ocasionó a Venezuela".

   Asimismo, solicitan que "el presidente (e) Juan Guaidó nombre una comisión que investigue a los parlamentarios que se prestaron para los presuntos actos de corrupción y demuestren donde están las pruebas que contradicen las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump hacia los corruptos que se beneficiaron con el hambre de los ciudadanos venezolanos”.

  Agrega la denuncia que el presidente (e) Juan Guaidó debe solicitar la destitución de estos diputados, investigarlos y solicitar la cooperación del gobierno de EEUU para actuar de manera inmediata y sancionar a los mencionados parlamentarios que se burlaron del presidente Guaidó y estafaron la nación".

   Sostienen que "para cometer delitos, usaron su investidura como diputados y miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para defender y beneficiar a empresarios corruptos sancionados por legitimación de capitales y corrupción por el Departamento del Tesoro de los EE. UU.".

  La denuncia involucra a jerarcas de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Se asegura que el mencionado grupo de diputados habría gestionado ante entes del gobierno de Donald Trump y de la Comunidad Europea la exoneración de empresarios que se han enriquecido a la sombra del Estado venezolano, y que han sido acusados y sancionados para que estos fueran sacados de las listas de sanciones.

Guaidó anuncia acciones contra "individualidades" del parlamento

A través de su cuenta Twitter @jguaido, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente (e) Juan Guaidó aseguró lo siguiente: “Todo el país debe conocer mi posición en torno a una serie de hechos de corrupción que involucra a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del Parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan”. Y agregó: "No permitiremos que la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir. En horas de la tarde, cuando se normalice la situación del internet en Venezuela, daremos más información sobre el caso y las medidas que he decidido tomar. Información importante. Atentos”.

Guaidó agregó: “Además, anunciaré decisiones y medidas que van directamente contra quienes pretenden jugar con la confianza de nuestro pueblo”, precisó. "No permitiré que la corrupción ponga en riesgo “todo cuanto hemos sacrificado por recuperar la Libertad. Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie: olvídense de eso”.

Conrado Pérez niega todas las acusaciones 

   En un comunicado enviado por el diputado Conrado Pérez Linares titulado: "Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas", el parlamentario denunció que se ha desatado una campaña de descrédito contra la Comisión Permanente de Contraloría de la AN "interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero".

   Pérez Linares quien habló en su condición de Presidente(e) de la Comisión Permanente de Contraloría, sostiene que su declaración tiene el aval de los diputados: Richard Arteaga, Chain Bucarán, José Brito y Adolfo Superlano.

 Pérez subrayó que "no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción, están formalmente implicados en hechos de corrupción y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como Rafael Ramírez, junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

  Aseguró que "Ramírez y sus tarifados pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones".

  Pérez Linares dijo que "las decisiones legítimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN".

  "Cada una de las actuaciones que hemos realizado han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria", sostuvo.

   Comentó que "su función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión". 

No hay carta de buena conducta a favor de Saab Morán

  En relación a la presunta carta de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

  En referencia a las conclusiones de la investigación sobre Saab Morán, dijo que que el mencionado ciudadano "no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong, por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas".

  Respecto a las presuntas empresas de maletín, Pérez Linares aseguró que "la investigación arroja que la misma cuenta con una sede física y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletín".

  Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos orígenes lícitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

Abiertos a una investigación

 El parlamentario dijo que "quienes tengan fundamentos y soportes de lo requeridos por esta Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable".

  Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chantaje". 

"Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria", dijo el diputado. 

Ortega Díaz niega haber recibido carta del diputado Pérez

  La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, negó haber recibido una carta firmada por el diputado Conrado Pérez, presidente de la subcomisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en la que se absuelve al empresario Alex Saab de su vinculación con la corrupción en la importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

  “(El documento) No ha llegado a mis manos. Si esa carta existe o salió de la AN, yo desconozco eso. Ya nosotros teníamos esa investigación (en contra de Alex Saab). Yo denuncié este caso (la corrupción en la importación de alimentos); si alguien tiene interés en que se esclarezca este hecho soy yo”, dijo en conversación exclusiva con El Pitazo, este jueves 28 de noviembre (1).

   En la nota de El Pitazo se destaca que a pesar que Ortega Díaz desestimó el documento, afirmó que cualquier postura similar a la expuesta en la supuesta carta significa un desprecio hacia los venezolanos. La fiscal cuestionó que Saab sea absuelto de las investigaciones, tal y como quedó por sentado en el documento presuntamente emanado del Poder Legislativo y que hizo público a través de su cuenta en Twitter el exministro de Petróleo Rafael Ramírez.

Freddy Superlano niega las acusaciones y pide investigación

  En una carta enviada al presidente (e) Juan Guaidó, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Freddy Superlano solicitó que se inicie una investigación desde la plenaria de la Asamblea Nacional "con participación de la prensa especializada y la sociedad civil, con el fin de determinar si alguno de los diputados miembros esta comisión, hemos incurrido en alguna irregularidad que comprometa la responsabilidad individual por el incumplimiento de las funciones como parlamentarios".

  Sustuvo que "en caso de que se determine que existan elementos suficientes, se expresen públicamente y los señalados asuman su responsabilidad". 

  Manifiesta que "en el caso en que no se determine ninguna irregularidad, se comunique públicamente, y quienes han hecho acusaciones generalizadas o infundadas asuman también su responsabilidad".

  Advierte que tiene la absoluta disposición para someterse al escrutinio público. "Soy el principal interesado en que exista transparencia absoluta sobra la gestión de la Comisión de Contraloría y que si existiese alguna irregularidad los responsables asuman lo que corresponda", acota.

  ***En la solicitud de investigación a autoridades estadounidenses aparecen fotografías de un grupo de parlamentarios a Europa. Venezuela Política ha intentado conversar (sin éxito) con los parlamentarios que aparecen en las fotografías para conocer sus comentarios sobre los señalamientos, una vez que se obtengan dichas declaraciones publicaremos las imágenes.

***Igualmente ha llegado a nuestras manos cartas de exoneración a otros empresarios de alimentos que han sido señalados de corrupción vinculados a la estafa del sistema de cambios preferencial (CADIVI). En ese caso hay otros diputados de la Comisión de Contraloría involucrados, pues las cartas de absolución fueron entregadas a los contratistas del régimen de Nicolás Maduro en 2016 y 2017. De hecho, algunas de esas cartas han sido usadas como escudo protector en Estados Unidos por los empresarios involucrados y como evidencia para probar su inocencia ante las autoridades y como argumento para recuperar sus visas canceladas por el gobierno del presidente Donald Trump. Una vez que concluyamos las investigaciones las publicaremos en este mismo portal.


Inclusión de Alex Saab en la OFAC y acusación federal

El 25 de julio de 2019 se reveló una acusación federal contra Alex Saab en el Distrito Sur de la Florida horas después de que la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) sancionara al empresario colombiano junto a su socio Álvaro Pulido Vargas por cargos de corrupción vinculados a la explotación del programa de alimentos de Venezuela y la conversión de reservas de oro en divisas.

  "Alex Saab participó con el círculo de Maduro en una red de corrupción de amplia escala que usó insensiblemente para explotar la población hambrienta de Venezuela’’, dijo el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin.

  La designación de la OFAC incluyó a los hijastros de Maduro Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, a quienes Saab les enviaba dinero para obtener contratos con el gobierno venezolano, afirma el comunicado.

  La acusación en la Florida señala que a partir de 2011, Saab y Pulido se confabularon para lavar dinero producto de un esquema de sobornos entre bancos localizados en Venezuela y Estados Unidos.

  En el documento se afirma que Alex Saab obtuvo contratos relacionados con los Clap, sin licitación y privilegiados a través de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías fantasmas.




















PRONUNCIAMIENTO

Señala Conrado Pérez Linares: Lucha contra la corrupción en la AN es frontal y sin cortapisas

Como Miembro de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, quiero denunciar ante la opinión pública del país y particularmente del Estado Trujillo, que en contra de ésta instancia parlamentaria se  ha desatado una campaña de descrédito interesada a nivel nacional e internacional para tratar de destruir, mal informar y vilipendiar, al único poder legítimo y democrático en Venezuela reconocido por el mundo entero.

El señalamiento lo hizo el Dip. Conrado Pérez Linares en su condición de Presidente(e) para el momento de la Comisión Permanente de Contraloría, quien precisó que su declaración tiene el aval de los Diputados: Richard Arteaga, Chain Bucaran, José Brito y Adolfo Superlano.

En lo que se refiere a nuestra actuación en éste Parlamento y desde ésta Comisión quiero subrayar que " no vamos a sucumbir ante la presiones, influencias, chantajes y manipulaciones de quienes hoy, producto de nuestras investigaciones con elementos de convicción,  están formalmente implicados en hechos de CORRUPCIÓN y desfalco a la nación, como este personaje nefasto y despreciado por todo el pueblo de Venezuela, quien es el rostro público de la corrupción,  identificado como RAFAEL RAMIREZ,  junto  toda su estructura mediática, que es pagada con el dinero que se robó, para tratar de limpiar su falsa moral con una campaña direccionada dentro y fuera del país".

Ramírez y sus tarifados - advirtió Pérez Linares - pretende lincharnos moralmente  con el propósito de desvirtuar las denuncias e investigaciones que hemos realizado contra él y su pandilla de ladrones.

 APEGADOS A DERECHO. 

-"Queremos manifestar que nuestras decisiones legitimas están ajustadas a derecho de conformidad a lo establecido en la Constitución Nacional, el Reglamento Interior y de Debate y de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.
Cada una de las actuaciones que hemos realizado - afirmó el parlamentario - han sido apegadas a derecho y ajustadas a la objetividad y rigurosidad que demanda la función parlamentaria.
En tal sentido, ratificamos que nuestra función no está dirigida a cuidar privilegios de nadie, ni de grupos mafiosos, ni de sectores económicos, como tampoco nos prestaríamos a forjar elementos vinculantes donde no existieran para  inducir  fundamentos de prueba que asentaran una decisión. 

 NO HAY CARTA DE BUENA CONDUCTA 
En relacion a la presunta carta  de Buena Conducta otorgada al Ciudadano Alex Saab y remitida a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, el parlamentario refirió que esa misiva no existe tal como lo corroboró dicha funcionaria en declaración pública. "Nosotros no otorgamos cartas de buena conducta, esa no es nuestra función, nosotros nos dedicamos a investigar y combatir la corrupción caiga quien caiga".

Consultado acerca de las conclusiones de la investigación respondió que el ciudadano en cuestión  objeto de la misma, no aparece en el registro de comercio de las empresas señaladas, según se comprueba en documento signado con la numeración 1871367 del registro de Hong Kong,
 por lo tanto, la Comisión no podía forjar pruebas para involucrar al mencionado ciudadano como accionista, socio o directivo de las mismas.

Respecto a las presuntas empresas de maletín, el parlamentario aseguró que la investigación arroja que la misma cuenta con una sede fisica y operativa, con personal activo de obreros y empleados, con diversos proveedores y distintos productos de mercado, en consecuencia no es una empresa de maletin.

Sobre el hecho de si es testaferro del presidente Nicolás Maduro, la investigación no pudo determinar el vínculo directo que acreditara esa cualidad, más allá de la sindicación pública, personal y familiar de que esté ciudadano ostenta una fortuna cuyos origenes licitos deben ser probados, pues no puede olvidarse que los delitos de corrupción son imprescriptibles.

ABIERTOS A CUALQUIER INVESTIGACIÓN

Ahora bien, quien tenga fundamentos y soportes de lo requeridos por está Comisión para una investigación objetiva las puertas de esta instancia legislativa están abiertas, porque denuncias al boleo, de periódicos, radios y televisión solo para escandalizar y ganar tribuna, no pueden tener eco en nuestra actuación vertical, así que no pretendan que actuemos en forma irresponsable.

Pérez Linares expresó que "no nos van a amilanar, no vamos a dejar de trabajar y luchar por combatir la corrupción, vamos a seguir dando lo mejor para garantizar el cambio que reclama Venezuela sin ceder frente a la canalla y el chanteje". Quiero expresar en forma clara y contundente, mi disposición de someterme a cualquier averiguación de cualquier índole con el propósito de salvaguardar mi honestidad, mi transparencia y moral en el ejercicio de la función parlamentaria, dijo para finalizar Conrado Pérez Linares