Chavismo: La destrucción del adversario político y su designación como 'terrorista doméstico'

   Oponerse al ideario del pensamiento oficialista derivó en causa de prisión durante el periodo que se inició con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la república, una situación que se agravó en tiempos de su sucesor, Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

   La vena autoritaria del fallecido ex-mandatario venezolano, Hugo Chávez Frías, le impedía aceptar el pensamiento divergente y, mucho menos, la disidencia política. Quien no estaba alineado con sus ideas y difería de sus decisiones, sencillamente era, no su adversario como en toda sociedad democrática ocurre, sino su enemigo y como tal era tratado por el régimen que encabezaba.

   Su verbo encendido arremetió desde el inicio de su mandato contra sus oponentes políticos a quienes catalogó de “escuálidos”, “oligarcas rancios”, “pitiyanquis”, “lacayos del imperialismo”, "terroristas [domésticos]" entre muchos insultos. La disidencia llegó a castigarse, incluso, en la oposición a través de la “lista Tascón”, un procedimiento de discriminación a quienes firmaron a favor de la realización del referendo revocatorio en contra del mandatario entre los años 2003 y 2004.

      El accionar del Chávez, se dirigió desde el inicio de su gestión en el rebase institucional del país, la acumulación y acaparamiento del poder a través de la aniquilación de la separación de poderes que lo llevó tanto al control político, como de los tribunales y la conformación de un alto militar constituido por acólitos.

Presos políticos

  El chavismo, pues desde sus comienzos, se encaminó a la conformación de un régimen totalitario en el que la disidencia política es inaceptable para la cúpula gubernamental. Situación que lejos de cambiar con la asunción de Nicolás Maduro al poder a la muerte de Chávez, se ha incrementado a niveles en el que ya ni las formas se guardan y el pensamiento político divergente se ha convertido en un delito y la figura del preso por la objeción de conciencia está ya prácticamente institucionalizada, así el oficialismo insista en recurrir al eufemismo de asegurar de que “no se trata de presos sino de políticos presos”. Al 25 de octubre del presente 2021, el Foro Penal contabiliza 254 presos políticos en Venezuela, de los cuales 15 son mujeres, 132 son militares y uno es un adolescente[1].

  El “Reporte sobre la represión en Venezuela” que emite el referido Foro Penal indica en el informe correspondiente al mes de agosto de 2021 que, entre los meses de enero a agosto del citado año, se contabilizaron un total de cuarenta y dos personas registradas como “detenidos políticos”, ubicándose en ese octavo mes la cifra de estos en 264 personas. La ONG señala que el número de “detenciones con fines políticos desde enero de 2014 hasta agosto de 2021 es de 15.762 personas arrestadas, de las cuales 875 civiles han sido procesados en tribunales militares en ese período”.

   Destaca el reporte que Gabriel Medina Díaz, murió el 29 de agosto mientras se encontraba en custodia tras sufrir un paro respiratorio. Medina Díaz estaba recluido en el anexo “Nelson Mándela” del Internado Judicial de Monagas, recinto conocido popularmente como “La Pica”. Pese a encontrarse en grave estado de salud desde hacía casi 2 meses, no recibió atención médica. Sólo fue trasladado de emergencia a un hospital el día previo a su muerte donde finalmente falleció. Este deceso elevó a nueve el número presos político muertos bajo custodia estatal. Le precedieron desde el año 2015 hasta agosto de 2021: Nelson Martínez, Salvador Fernando Franco, Pedro Pablo De San Lu Santana Carballo, Rafael Acosta Arévalo, Fernando Alberto Albán, Rafael Eduardo Arreaza Soto, Carlos Andrés García y Rodolfo Pedro González Martínez[2].

   De estas muertes es bastante significativa la del exconcejal del municipio Libertador de Caracas por el partido Primero Justicia, Fernando Albán, la cual ocurrió el 8 de octubre de 2018 cuando cayó de unos de los últimos pisos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Aunque en un principio las autoridades insistieron en que se trataba de un suicidio, la oposición venezolana denunció que lo habían lanzado sus torturadores. El fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, quien se hizo eco de esta tesis desde un principio, cambió su versión en 2021 cuando acusó “homicidio culposo” por parte de sus custodios[3]. Un viraje que, de acuerdo a la opinión de no pocos, obedece más a un intento de evitar que la Corte Penal Internacional abra un caso contra el régimen de Nicolás Maduro en razón de su política de violación a los Derechos Humanos, que de un afán de justicia.

La 'joya' de la corona

  Del castigo a la disidencia a los adversarios políticos, catalogados más bien como “enemigos” por el chavismo, tal vez que haya tenido mayor relevancia derivada de la repercusión internacional que tuvo, fue el del dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, tenido como “la joya de la corona” pues, por años, fue moneda de cambio en las negociaciones entre el gobierno y la oposición.

  Para Hugo Chávez resultó ser un sujeto incómodo, dado que su gestión en la administración pública adquirió notoriedad, incluso internacional y por ello maniobró para truncar su acceso a nuevas posiciones de poder promoviendo su inhabilitación política. Chávez tampoco olvidaba el papel de López en el golpe de estado de abril de 2002.

   El pleito entre López y el chavismo tuvo su clímax ya en tiempos de Nicolás Maduro, cuando su marcado espíritu confrontacional derivó en acusaciones penales en su contra que concluyeron en un juicio sin garantías de ningún tipo que lo condenó a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión[4].

   El propio fiscal del caso, Franklin Nieves, huyó a los Estados Unidos poco tiempo después y denunció que el juicio a López había sido una farsa y aseguró que la orden de su detención y enjuiciamiento provino directamente de Nicolás Maduro[5].

No solamente los adversarios políticos

   El castigo a la disidencia no se limita a los rivales del chavismo militantes de la oposición, sino que ha restado dirigido a quienes, perteneciendo a las filas del oficialismo, han osado manifestar su descontento o desacuerdo con las políticas del gobierno.

   El caso del general Raúl Isaías Baduel, exministro de la defensa del gobierno de Hugo Chávez, es quizás el más emblemático e ilustrativo de esta situación. Quien fuera el responsable de la restitución de Hugo Chávez en el poder luego del golpe de estado que lo sacó de la presidencia durante 48 horas en 2002, murió en una celda el 12 de octubre de 2021 en brazos de su hijo —también preso político— Josnar Adolfo Baduel, en las instalaciones del servicio de inteligencia venezolano en la sede que se conoce como El Helicoide. La fiscalía dijo que el deceso fue por causa del Covid-19 sin que a la par haya explicado por qué, entonces, no estaba en un centro de salud[6].

   Chávez no le perdonó a Baduel el haber denunciado la intención totalitaria de su mandato, ni su oposición a la reforma constitucional propuesta por el finado mandatario en 2007. La venganza por esto se materializó en 2009, cuando el militar fue arrestado y condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción[7]. En mayo de 2015 salió de la cárcel gracias a una medida de libertad condicional, pero fue nuevamente encarcelado en 2017.

Arremetida a los opositores

   En 2017, cuando el pueblo venezolano se lanzó a las calles en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de usurpar las funciones y poderes de la Asamblea Nacional, titular del Poder Legislativo, de mayoría opositora luego de que la ciudadanía se pronunciara en favor de la disidencia política en los comicios parlamentarios de 2015. La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a los reclamos populares fue la violencia y brutalidad a niveles de extremo. “(…) la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela”, refirieron Human Rights Watch y el Foro Penal en un informe denominado “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”, publicado el 29 de noviembre del referido año.

   El informe documentó 88 casos en los que se vieron afectados 314 personas que fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos entre abril y septiembre de 2017 por parte de fuerzas de seguridad estatal y por los grupos paramilitares conocidos en Venezuela como “colectivos” en 13 estados del país. El reporte advierte que no se trata de casos aislados, ni fueron el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad, sino que forman parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.

  En este último sentido, HRW y el Foro Penal indican en el informe que sus conclusiones coinciden con las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), fechado en agosto de 2017 alertando la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en Venezuela. El ACNUDH manifestó en su informe que identificó ‘un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes’, así como ‘un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas’”.

   El informe da cuenta de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos en las protestas, detenciones y juicios arbitrarios, uso excesivo de la fuerza pública, así como de la falta de rendición de cuentas y responsabilidad por parte de altos funcionarios gubernamentales. Una situación que respondería al hecho de que “Desde que en el 2004 el ex Presidente Hugo Chávez y sus aliados en la Asamblea Nacional de entonces tomaron el control político del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el poder judicial ha dejado de actuar como rama independiente del Estado, como freno ante los abusos de poder por parte del ejecutivo y como garante de derechos fundamentales”.

   Cita el caso de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, antigua aliada del chavismo del que se distanció a comienzos de 2017. Tal cambio de actitud le valió el puesto, siendo destituida por la Asamblea Nacional Constituyente oficialista que la reemplazó por un partidario oficialista, a saber, Tarek William Saab[8].

  El representante chavista del Ministerio Público ha devenido en gendarme del régimen valiéndose de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con instrumento para arremeter en contra de todo aquel que se muestre en desacuerdo de la gestión chavista.

  Desde entonces, la política de acabar con la disidencia política por los métodos que sea ha ido in crescendo, multiplicándose las llamadas “desapariciones forzadas” como método de control dirigido a mantener en el carril al movimiento opositor y es que, en Venezuela, pensar distinto es un delito.

REFERECIAS

[1] Foro Penal. https://foropenal.com/

[2] Foro Penal. “Reporte sobre la represión en Venezuela. Agosto 2021”. 6 de octubre de 2021. https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-agosto-2021/

[3] Infobae. “Quiénes son los 10 presos políticos del régimen de Maduro que murieron bajo custodia en Venezuela desde 2014”. 13 de octubre de 2021. https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/10/13/quienes-son-los-10-presos-politicos-del-regimen-de-maduro-que-murieron-bajo-custodia-en-venezuela-desde-2014/

[4] El País. “La Justicia venezolana condena a Leopoldo López a 13 años de prisión”. 11 de septiembre de 2015. https://elpais.com/internacional/2015/09/10/actualidad/1441891200_087531.html

[5] El Nacional. “Franklin Nieves: "La orden de detener a Leopoldo López partió directamente de Maduro". 1 de noviembre de 2015. https://web.archive.org/web/20160303222030/http://www.el-nacional.com/presos_politicos/Franklin-Nieves-Leopoldo-Lopez-Maduro_0_730726939.html

[6] DW. “Venezuela: muere en prisión Raúl Isaías Baduel, considerado ‘preso político’". 13 de octubre de 2021. https://www.dw.com/es/venezuela-muere-en-prisi%C3%B3n-ra%C3%BAl-isa%C3%ADas-baduel-considerado-preso-pol%C3%ADtico/a-59487079

[7] Notiamérica. “La Justicia venezolana condena a 7 años y 11 meses de cárcel al ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel”. 8 de mayo de 2010. https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-justicia-venezolana-condena-anos-11-meses-carcel-ex-ministro-defensa-raul-isaias-baduel-20100508061425.html

[8] HRW. “Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela”. 29 de noviembre de 2017. https://www.hrw.org/es/report/2017/11/30/arremetida-contra-opositores/brutalidad-tortura-y-persecucion-politica-en

El adoctrinamiento de niños y adolescentes, una práctica del totalitarismo implementada por el chavismo en los 20 años de su “revolución bolivariana”

  El modelado del pensamiento comienza desde muy temprana edad, cuando el sector más vulnerable de la sociedad, los niños, es víctima del proceso de ideologización a través de distintas vías.

Por Maibort Petit

   Los regímenes totalitarios requieren de un pueblo inerte, sumiso, obediente y, sobre todo, no cuestionador, algo difícil de lograr en una sociedad acostumbrada a la libertad que brinda la democracia, por lo que, entonces, deben recurrir a la aplicación de distintos métodos destinados al cambiar y moldear el pensamiento de los ciudadanos a sus intereses. El lavado de cerebro aplica en la población adulta, mientras el adoctrinamiento es la fórmula en el caso del sector más vulnerable de la sociedad: los niños.

   El régimen surgido en diciembre de 1998 con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela no fue ajeno a este tipo de procedimientos, aunque su primer paso al instalarse en el poder fue arrasar con la institucionalidad a través de la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente que redactó una nueva Constitución y procedió a dar los primeros pasos en la demolición de las instituciones fundamentales del país, o mejor, de la democracia, de sus cimientos. En ese trámite transcurrió la primera de sus administraciones, teniendo en el golpe de estado del 11 de abril de 2002, la justificación para acelerar el proceso y dar al traste y de forma definitiva con la meritocracia como valor y camino para avanzar y crecer, para sustituirlo por la incondicionalidad en desmedro de que se reúnan las condiciones para ocupar posiciones.

  Ya en su segundo mandato se afianzó la acción dirigida a la transformación del hombre, para convertirlo de ciudadano democrático a militante socialista, una tarea que debía iniciar desde la primera edad. Durante mucho tiempo circuló insistentemente la especie de que el gobierno planeaba instaurar la patria potestad estatal mediante la nueva la Ley Orgánica de Educación que discutía la Asamblea Nacional. No era esto algo difícil de creer, toda vez que el gobierno desde 2006 actuaba a su antojo en razón de que el Poder Legislativo Nacional estaba en absoluto dominio chavista al haberse retirado la oposición de los comicios parlamentarios que tuvieron lugar el 4 de diciembre de 2005.

   Regímenes totalitarios como el de la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin pusieron en práctica este tipo de control sobre los hijos de la población de sus países, implementando la patria potestad en manos del Estado. La sociedad civil venezolana —aun para ese entonces con capacidad de maniobrar y accionar— se movilizó y tuvo éxito. El ministro de Educación para época, Héctor Navarro, salió al paso y negó que esto formara parte del proyecto de ley que se discutiría en el Poder Legislativo y aseguró que tal rumor era sólo el producto “una campaña basada en mentiras”.

   Aseguró el ministro Navarro que la especie de que la nueva ley despojaría de la patria potestad a la familia de los menores se difundió a través de emisoras de Miami, cuyas transmisiones sostenían que "el régimen iba a concentrar a los niños en círculos infantiles desde los tres hasta los 20 años''. Subrayó que la patria potestad "no es de ámbito educativo'', sino que era un asunto recogido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente[1].

  Pero haya sido cierto o no que el régimen de Chávez haya pretendido implementar la patria potestad estatal, no cabe dudas sobre su firme intención de adoctrinar a los menores.

“Con mis hijos no te metas”

   Uno de esos primeros intentos de Chávez fue el Decreto Presidencial 1011 de octubre del referido año, con el cual se modificaba parcialmente el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente al instituirse los supervisores itinerantes con amplias facultades sobre las escuelas y que se erigía como una amenaza a la educación privada. Además, permitía la participación de maestros cubanos en los planes de alfabetización que instrumentaba el gobierno[2].

   La respuesta de la sociedad civil fue contundente y se popularizó a través del lema “Con mis hijos no te metas” y el gobierno se vio obligado a desistir de su implementación.

La resolución 058

   No quiere decir que no se haya habido intentos del gobierno chavista para cambiar el sistema educativo, su politización y su intervención.

  Según decir de algunos, desde 1999 en dieciocho ocasiones se intentó dicha intervención de las escuelas hasta que en 2012 el asunto se recogió en la Resolución 058 del Ministerio del poder Popular para la Educación, mediante la cual se establece el Consejo Educativo. Esta medida derogaba la Resolución 751 vigente desde el 10 de noviembre de 1986, la 114 del 19 de febrero de 1987 y la 1.675 del 31 de octubre de 1997 Esta resolución 751 versaba sobre la Comunidad Educativa “como una institución democrática y participativa, a los fines de contribuir al desarrollo de la gestión educativa; formada por educadores, padres o representantes y alumnos de cada Plantel, previendo de forma optativa la participación de otras personas vinculadas con el desarrollo de la Comunidad en general, tal como lo establecían los artículos 1 y 2 de la mencionada resolución”.

  Estos integrantes de la Comunidad Educativa se organizaban a través de el Consejo Consultivo, los Docentes, la Sociedad de Padres y Representantes y la Organización Estudiantil. Al derogarse la resolución 751, se suprimían entonces dichos órganos que daban funcionamiento a la Comunidad Educativa.

   La Comunidad Educativa de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación de 2009 definía la Comunidad Educativa como “(…) un espacio democrático, de carácter social comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario. Sus integrantes actuarán en el proceso de educación ciudadana de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, leyes y demás normas que rigen el Sistema Educativo. A tales efectos: 1. La comunidad educativa está conformada por padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y trabajadoras administrativas, obreros y obreras de las instituciones y centros educativos, desde la educación inicial hasta la educación media general y media técnica y todas las modalidades del subsistema de educación básica.

“También podrán formar parte de la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones y centros educativos”.

  La Ley Orgánica de Educación promulgada por el chavismo modificaba, como puede verse la constitución de la Comunidad Educativa que, hasta entonces, como vimos líneas arriba estaba integrada únicamente por “educadores, padres o representantes y alumnos”.

   La Resolución Nº DM/058 que se publicó el 16 de octubre de 2012 en la Gaceta Oficial Nº 40.029 estableció los Consejos Educativos, los cuales serían las únicas instancias de organización de la Comunidad Educativa y que se definían como (…) la instancia ejecutiva, de carácter social, democrática, responsable y corresponsable de la gestión de las políticas públicas educativas en articulación inter e intrainstitucional y con otras organizaciones sociales en las instituciones educativas. Ella es concebida como el conjunto de colectivos sociales vinculados con los centros educativos en el marco constitucional y en las competencias del Estado Docente. Sus integrantes actuarán en el proceso educativo de acuerdo con lo establecido en las leyes que rigen el Sistema Educativo Venezolano, fundamentado en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar”.

  Los Consejos Educativos estarían integrados “padres, madres, representantes, responsables, estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores administrativos, obreros y obreras de las instituciones educativas, desde la educación inicial hasta la educación media general y media técnica y todas las modalidades del subsistema de educación básica. También podrán formar parte de la comunidad educativa las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas”.

   Quedaba, por tanto, diluido y desarticulado el papel fundamental y protagónico que los padres, representantes o responsables tenían en el proceso educativo de los niño y adolescentes[3].

   La iniciativa gubernamental encendió las alarmas de la sociedad civil venezolana que vio en la resolución la intención de politizar la educación, como advirtió Olatz Isasi, Coordinadora Académica del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien subraya que, si bien en apariencia no violaba el derecho a la educación, sí abría espacios para dicha politización.

  Isasi destacó que, en uno de sus considerandos, la resolución señalaba que “los ambientes escolares son espacios abiertos los 365 días del año para la enseñanza y el aprendizaje, la práctica democrática y la transformación de la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder popular”, mientras que el Poder Popular tiene como uno de sus fines, “(…) construir las bases de la sociedad socialista, democrática, de derecho y de justicia”, haciéndose repetidas referencias a los consejos comunales y a los colectivos sociales como miembros de los comités del Consejo Educativo con injerencia en planificación, ejecución, seguimiento, control, supervisión y evaluación dentro de las instituciones educativas.

   En tal sentido, la experta alertaba de la posibilidad de que la escuela se convirtiera en un espacio de ideologización que atenta contra “el necesario pluralismo que garantiza la educación de calidad, descrita tanto en el artículo 26 párrafo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos como en Art. 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”[4].

  El Observatorio Educativo de Venezuela advirtió que para la formulación de la Resolución 058 no se convocó un proceso formal de consulta pública sobre el contenido de la misma[5].

  La sociedad estaba clara en que el objetivo de la Resolución 058 sólo era el adoctrinamiento socialista[6].

La letra cambiada

  Pero los decretos, reformas legislativas y las resoluciones administrativas no han sido los únicos mecanismos implementados por el chavismo para concretar su objetivo de adoctrinamiento de los niños y adolescentes venezolanos, sino también mediante el contenido de los textos de estudio y de los currículos educativos.

   La tergiversación de la historia, la magnificación de la figura de Hugo Chávez y la minimización del periodo democrático comprendido entre 1958 y 1998, son también parte de la estrategia de ideologizar a los menores.

   La exministra de educación, Maryann Hanson, lo dijo sin cortapisas: "Sabemos, y todo el mundo sabe, que la educación es el aparato de reproducción del Estado. Nosotros estamos intentando crear un Estado socialista y tenemos que reproducir la ideología de un Estado socialista", mientras implementaba el reparto de 5 millones de ejemplares de la Constitución de 1999 “ilustrada” en las escuelas públicas.

  Otro ministro del despacho que tampoco tuvo empachó en admitir el hecho fue Aristóbulo Istúriz, quien manifestó que efectivamente el gobierno procuraba utilizar la educación como vehículo de adoctrinamiento. “Estamos ideologizando y qué”, desafió Istúriz cuando fue consultado al respecto.

  Una versión de la carta magna que de acuerdo a la ONG Asamblea de la Educación inició el proceso ideologización a través de los textos con que se forman los niños venezolanos. La “Colección Bicentenario” que recoge materias sobre Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Matemáticas igualmente fue usada con tal objetivo. La revisión de los textos de Ciencias Sociales permitió constatar, por ejemplo, que 20 páginas condensaron el haber de 9 presidentes venezolanos, mientras que Hugo Chávez se le dedican 26 páginas e, incluso, se lo iguala al libertador Simón Bolívar

  Libros que cantan odas a Hugo Chávez ensalzado prácticamente como héroe nacional, enaltecen las políticas gubernamentales del chavismo y sobredimensionan la “revolución” a nivel de campaña libertaria.

  Analistas como Daniel Lansberg-Rodríguez catalogaron tal acción como la mediocretización e ideologización de la educación pública venezolana. "Con el pasar de los años, los libros escolares lucen cada vez más como panfletos políticos en vez de otorgarles a los jóvenes, herramientas mediante las cuales puedan crear sus propias convicciones como ser pensante e independiente"[7].

Con Maduro el adoctrinamiento continúa

   El adoctrinamiento de infantes y adolescentes no es una actividad que habría desaparecido con la muerte de Chávez, sino que se mantiene y se profundiza en el régimen de Nicolás Maduro a quien en septiembre de 2020 fue denunciado por la organización Prensa Sin Mordaza de haber conformado campos de concentración destinados al adoctrinamiento de niños.

  Se trata, según los denunciantes de "campos de juventud revolucionaria" en los que se les inculca a los menores el pensamiento político comunista y militar del finado Hugo Chávez.

   La denuncia que estuvo acompañada de un video, señala que uno de estos supuestos campamentos está ubicado en las afueras de Valencia, estado Carabobo. Allí, los niños y preadolescentes serían entrenados para "dar una batalla contra el imperio Yankee".

  En el referido video[8] es posible ver el testimonio de un menor de estos campos en el que habla de la "lucha revolucionaria y la batalla contra Estados Unidos"[9].

  El niño dice que en el campo “le han dado una gran formación ideológica, algo muy importante para la juventud. Y, bueno, estoy aquí para eso, para una formación y ser un gran futuro de Venezuela, un joven más que ponga un granito de arena para Venezuela, para que sea una potencia, para invertir aquí un potencial en Venezuela”.

 Le preguntan de qué se trata la formación ideológica y el menor indica que se trata del aprendizaje del “pensamiento de Chávez, algo que nos inculcó, algo muy importante, no nos adoctrinó, ni nos puso, ni nos dijo, nos formó.

  Advierte que parte de las enseñanzas que recibe versa sobre que "EEUU no quiere que haiga (sic) jóvenes formados, porque saben que le vamos a dar la batalla, le da miedo, les duele, no les gusta, porque saben que un joven se les para y les da miedo, porque les recuerda a Chávez. Chávez le da la lucha como la vamos a dar los jóvenes que vamos a defender a Venezuela, como vamos a defender nuestra patria y seguiremos teniendo patria”.

REFERENCIAS

[1] El Nuevo Herald. “Ministro: no peligra la patria potestad de los padres”. 13 de agosto de 2009. https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article1998044.html

[2] Latin American Studies. El Nuevo Herald. “Chávez insiste que el Decreto 1011 va”. 2 de abril de 2001. http://www.latinamericanstudies.org/venezuela/decreto-1011.htm

[3] Redalyc. Cuestiones Jurídicas. “Resolución 058 mediante la cual se establece la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo: contenido e implicaciones”. https://www.redalyc.org/pdf/1275/127532358003.pdf

[4] UCAB. “Análisis de la Resolución 058 del Ministerio de Educación desde un enfoque de derechos humanos”. http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/Lineastematicas/Analisis%20de%20la%20Resolucion%20058%20del%20Ministerio%20de%20Educacion%20def.pdf

[5] Observatorio Educativo. “La resolución 058 y el derecho a la educación”. https://observatorioeducativo.org/2012/10/25/la-resolucion-058-y-el-derecho-a-la-educacion/

[6] Venezuela Awareness. “La larga lucha del ‘con mis hijos no te metas’”. 18 de noviembre de 2012. https://www.venezuelaawareness.com/2012/11/la-larga-lucha-del-con-mis-hijos-no-te-metas/

[7] La Segunda Online. “Concientizacion escolar en Venezuela: ‘¡Con mis hijos no te metas!’". 19 de octubre de 2013. http://www.lasegunda.com/Noticias/Internacional/2013/10/886859/concientizacion-escolar-en-venezuela-con-mis-hijos-no-te-metas

[8] NTN24 Venezuela. @NTN24ve. https://twitter.com/NTN24ve/status/1305237856139567106?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305237856139567106%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ntn24.com%2Famerica-latina%2Fvenezuela%2Fregimen-de-maduro-concentra-ninos-en-campos-de-adoctrinamiento-125885

[9] NTN24. “Régimen de Maduro concentra niños en campos de adoctrinamiento”. 13 de septiembre de 2020. https://www.ntn24.com/america-latina/venezuela/regimen-de-maduro-concentra-ninos-en-campos-de-adoctrinamiento-125885

El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes

  El chavismo trastocó la vida venezolana y la convirtió en un escenario donde conviven las organizaciones criminales y le dan sustento al gobierno de Maduro.

Por Maibort Petit

  “El régimen chavista es una tiranía narco terrorista organizada en redes. Es un ensamblaje reticular y dinámico que opera en un delicado equilibrio binario de pesos y contrapesos de sus estructuras de mando”.

  Así lo establece el informe “Esto es venezuela. Entre la estabilización y la amenaza de un estado en disolución” elaborado por “The Risk Awareness Council” (TRAC), organización no gubernamental dedicada al estudio de los riesgos políticos y de seguridad surgidos de la complejidad del mundo globalizado.

   Refiere el estudio fechado en enero de 2021, que régimen se vale de la actividad criminal para sostener el poder, al tiempo en que está influenciado por los modelos de conflicto desiguales en el poder de fuego o asimétricos.

  Sostiene que los recursos que administra la red están destinados a mantener el poder, para lo que han fraccionado el territorio para entregarlo en comodato a organizaciones criminales que lo explotan en una dinámica sinérgica con la tiranía.

  Se trata, pues, de un esquema cooperativo que destaca el valor que tienen la ocupación y control territorial para los emprendimientos político-criminales, pues generan un ecosistema autosustentable para todas las partes.

  Refieren que esta tiranía criminal convirtió a Venezuela una nación inviable para satisfacer las mínimas condiciones de seguridad humana de sus habitantes, pues en el país no es posible desarrollar políticas públicas sustentables, en razón de la destrucción institucional del Estado y el abandono de su infraestructura. Por ello, es un espacio donde convergen organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas operaciones se han integrado al mando político-militar del régimen, convirtiéndolos en socios para el delito internacional.

  El informe de TRAC estima que los intentos para resolver la crisis venezolana, tanto domésticos como internacionales, se han visto entorpecidos, primero, por la compartimentación del poder dentro del propio régimen, y segundo, por la falta de claridad estratégica de la oposición y sus aliados en el mundo.

  Se indica que el estado al que ha llegado Venezuela, obliga a establecer como prioridad detener el sufrimiento de la población, para lo cual hay que remover de raíz la estructura criminal que detenta el poder. Se alerta que no será posible un cambio positivo si se mantienen las actuales condiciones de vida de los habitantes y si permanecen en el mando algunos de los liderazgos de estas redes. De no atender esta advertencia, se corre el riesgo de que el régimen, contrario a lo esperado, se estabilice y se expanda aún más.

  Igualmente, el informe es enfático al señalar que el dilema para la comunidad internacional no se circunscribe a si se requiere o no su participación activa y decidida en el abordaje de la crisis, sino de establecer “qué tipo de resolución tendrá que ocurrir para detener el drama humanitario, la violencia interna y la amenaza regional que representa la tiranía criminal venezolana”.

El panorama

  A la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, se propuso establecer una revolución transregional financiada con las riquezas venezolanas aun en detrimento de la población del país. El carácter internacional se lo otorga la participación de Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba.

  El proyecto revolucionario se aceleró con la entrada al escenario de Nicolás Maduro, quien estableció alianzas y conformó redes con organizaciones criminales con el objetivo de sostenerse en el poder.

  En la actualidad, las fuerzas armadas que anteriormente eran factor preponderante, han sido desplazadas por “redes ilícitas, junto con los actores externos estatales y no estatales, [que son] el nuevo centro de gravedad del poder y quienes mantienen al régimen de Maduro al mando”.

  Es así como el poder en Venezuela está compartimentado en una compleja red militar, política y criminal dirigida a impedir el cambio de régimen, una tarea que se ha hecho más cuesta arriba, por la utilización de premisas incorrectas al momento de diseñar las estrategias para sacarlos del poder.

  Considerar a las fuerzas armadas como una institución institucional y jerárquica subordinada al poder civil del gobierno interino, es uno de esos errores. De allí que el sector castrense no sea un socio confiable para procurar el fin de la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro.

  Paralelamente, el régimen ha fortalecido el aparato coercitivo a la par de que el país se ha empobrecido.

  El estado venezolano se ha hecho inviable mientras el crimen organizado, las redes terroristas globales y otras amenazas transregionales convergen en el país, convirtiéndolo en centro de operaciones logísticas para su beneficio.

  En este panorama, los recursos provenientes de economías criminales, tales como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, “facilitan el uso de herramientas de conflictos asimétricos que tienen como objetivo expandir su área de influencia y asegurar la permanencia de la tiranía en el poder”.

  En el plano internacional ha habido un desgaste de la política de los EE. UU. que brindó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. También se discute la efectividad de las sanciones impuestas al régimen. El régimen de Maduro las denuncia como causa del deterioro de la calidad de vida de la población. Sin embargo, son muchas las evidencias que apuntalan su pertinencia.

  Venezuela se ha convertido en un eje importante del narcotráfico, las empresas estatales en instrumentos para la legitimación de capitales y el régimen y sus socios internacionales trabajan sistemáticamente para desestabilizar políticamente el continente.

La pandemia como instrumento de control

  El informe asegura que el régimen de Nicolás Maduro convirtió la pandemia del Covid-19 en estrategia para el control de la población. Es así como, fingiendo un máximo control de la situación, han restringido la movilidad de las personas, con lo cual han podido paliar la crisis por la escasez de gasolina.

  Hay un férreo control de la información sobre los casos y muertes que indican un subregistro de las cifras.

El posible conflicto interno

  El estudio refiere que el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU evidenció la violación sistemática y continuada del debido proceso, la tortura física y psicológica y la comisión de delitos ordenados desde la cúpula del poder en contra de la población civil.

  Apunta la existencia de un clima de conflictividad del país que se manifiesta a diario en decenas de protestas por múltiples causas. También se indica que en Venezuela hay 359 presos políticos y en los últimos 6 años, más de 15 mil personas han sido procesados por protestar. Se alerta que de no cambiar esta dinámica de la violencia es predecible que en poco tiempo el caos se apodere del país.

  Además, la población podría quedar en el medio del fuego cruzado que se podría generar por la debilidad del estado y la fragmentación del territorio para entregarlo a los grupos criminales que pudieran llegar a enfrentarse.

El futuro

  El régimen intenta construir la percepción de que la llegada de nuevo gobierno a la Casa Blanca, podría favorecer su estabilización en el poder.

  Su objetivo es sobrevivir en el poder a cualquier costo, puesto que esa es la única manera que posee para desarrollar su política. Depredar el orden productivo es su modus operandi y por ellos requiere expandirse y tomar el control de nuevos territorios, lo cual es una grave amenaza para la región.

  La confrontación convertida en política y estrategia ya trasciende el escenario nacional, habiendo instaurado el régimen el modelo Modelo de Guerra Popular Prolongada (GPP). No se descarta, advierte el informe, que la confrontación vaya más allá de la narrativa política.

  Entretanto, Estados Unidos y el resto de los países han construido un dique de contención del régimen que entorpece la expansión de la revolución mediante acciones como las investigaciones por violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, las sanciones económicas y la operación antinarcóticos desplegada en el Mar Caribe desde abril de 2020.

  El enfrentamiento de estas fuerzas podría derivar en una desescalada a través de una negociación de salida de los jerarcas del régimen para dar paso a la transición democrática; o en la ascensión a un estadio final y resolutivo mediante “una operación multidimensional orientada a salvaguardar los intereses de los estados que podrían ser agredidos por la revolución bolivariana y/o sus aliados transnacionales, proteger la población y estabilizar el territorio”. 

EE. UU. debe entender como actúa la criminalidad para poder enfrentar su avance en América Latina

 El problema no es Venezuela, sino la revolución bolivariana como grupo criminal organizado, advierte el experto en seguridad Douglas Farah.

Por Maibort Petit

 No será posible para los Estados Unidos detener el avance que la criminalidad experimenta en América Latina a través del “bolivarianismo” que se ha instaurado en el poder en algunos países, mientras no entienda cómo actúa lo que claramente es una organización, una empresa, que gana espacios en la región y amenaza el sistema democrático. Estas son las reflexiones de Douglas Farah, consultor y analista de seguridad nacional, miembro visitante senior en el Centro de Operaciones Complejas de la Universidad de Defensa Nacional y presidente de IBI Consultants, una empresa que brinda servicios estratégicos en el campo de la seguridad nacional.

  En conversación con Venezuela Política, Farah explicó que el fracaso en la lucha contra el “eje del mal”, cuya expresión en Latinoamérica es el “bolivarianismo”, parte del mal diagnóstico de la situación y, por ende, de la forma de enfrentarlo y combatirlo.

   Advierte que si bien la posición y papel de Estados Unidos frente a la región con la administración de Donald Trump, es de estar dispuesto a acabar o contribuir a que se geste un cambio democrático en países como Venezuela y Nicaragua, difícilmente tendrá éxito en este cometido mientras insista abordarlos como individualidades y no como la empresa criminal global que es.

 “Parte del problema es una falta de entendimiento dentro de la política de EE. UU. de que el problema no es Venezuela. El problema es la revolución bolivariana y sus posibilidades de oxigenarse desde Irán, con Rusia, con China, con Nicaragua, con Bolivia, con El Salvador, hasta hace poco con Surinam. Es decir, hay un montón de huecos en el sistema mundial de globalización que permiten a estos grupos que están dispuestos a actuar o utilizar a los grupos del crimen organizado, mantenerse como instrumentos del estado para va a seguir existiendo”, alerta.

  Explica que es la red criminal que opera detrás de uno de los regímenes instaurados en países tanto de América Latina como de otras latitudes, lo que les da sustento y permite que se mantengan en el tiempo a pesar de los múltiples problemas que enfrentan en el ámbito económico, social y político. Detrás de ellos, pues, una organiza criminal global los sostiene.

  Se remite, para ejemplificar, a los casos de Corea del Norte y Siria, entre otros, cuyos regímenes han alcanzado cierto nivel de sobrevivencia a pesar de que ya no disponen de los mismos recursos que antes, esto porque existe detrás de ellos una red criminal que les permite mantenerse a flote.  “Entonces el problema para mi es que los Estados Unidos no ven que es una sola una sola estructura donde hay que cortar todas las herramientas financieras de todos los grupos simultáneamente o, por lo menos, uno por uno, para ir achicando este espacio, porque sin eso no van a durar”.

  Llama la atención acerca de en la actualidad, ni en Estados Unidos, ni en América Latina, existe un consenso sobre el peligro que representa la revolución bolivariana para el hemisferio. Por ello, Douglas Farah convoca al entendimiento conjunto, de manera que pueda gestarse una acción orquestada por todos los países democráticos de la región y que se exprese en la aplicación de sanciones económicas a regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela, de manera de frenar su avance y detener sus acciones criminales.

El bolivarianismo es una empresa criminal dispuesta a todo

Sin ambages, Douglas Farah asegura que en tanto no se corrija el mal diagnóstico del problema que no aborda la situación como la empresa criminal que es y está dispuesta a todo a cualquier costo para mantener el poder donde ya opera, para conquistarlo donde aún no ha llegado y reconquistarlo donde lo perdió, no será posible acabar con el flagelo.

  “No hemos entendido todavía que Venezuela está dispuesto a emplear grupos como las FARC, como el ELN, como sus propios grupos internos, como las milicias internas que tiene, los colectivos, etcétera, como instrumentos del estado. Es decir, estamos acostumbrados a pensar que un estado, aunque sea corrupto, va a combatir esos grupos, no a utilizarlos, invitarlos y darles dinero para que cumplan una política de gobierno. Yo creo que cambiar esa mentalidad es muy difícil, pero cuando haya ese cambio, se podrán ver realmente muchas más opciones para combatir esas redes criminales”.

  Esta acción es urgente, sentencia Farah, pues la criminalidad avanza y es preciso no seguir perdiendo el tiempo para combatir el eje del mal con contundencia y efectividad. De hecho, el dinero del sistema criminal está ingresando al sistema financiero de los Estados Unidos. Recuerda que, hasta hace unos diez años, habría sido posible manejar y frenar la situación, pero no se hizo. Fue de esta manera que avanzaron, como el caso del Frente Farabundo Martí en El Salvador, de Daniel Ortega en Nicaragua, Maduro en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia o de Correa.

“Ya en ese momento era obvio que era un proyecto en conjunto basado en la criminalidad. No logramos con nuestras advertencias que se cambiara la política con que se enfocaba esta situación (…) Ahora tienen una capacidad enorme, hay una cantidad enorme de casos, por ejemplo el del profesor Bruce Bagley, un experto en lavar dinero que cayó por lavar dinero para los narcos.  Tienen un poder de corrupción muy grande que llega a muchas cosas, a mucha gente. Entonces, hay una red de complicidad también en EE. UU.”.