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miércoles, 14 de julio de 2021

Carmelo Urdaneta Aquí, el corrupto exfuncionario de PDVSA que de declaró culpable de lavado de dinero, será sentenciado en septiembre de 2021

  El sujeto pagó una fianza de 1.5 millones de dólares. Permanecerá en libertad hasta que sea sentenciado en septiembre de 2021.

Por Maibort Petit

  El ex abogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que ayudó a las autoridades estadounidenses a profundizar en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares impulsado por la corrupción del gobierno venezolano, se declaró culpable este miércoles, casi un año después de su arresto y entrega en la corte federal de Miami.

   Carmelo Urdaneta Aquí, el ex-asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, y quien cruzó la frontera colombo-venezolana para llegar a Miami, es el cuarto imputado en declararse culpable en el masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Hay cinco acusados ​​que siguen prófugos y algunos de ellos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.

  Urdaneta  Aquí, fue acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos con otros funcionarios de PDVSA pagados de contratistas petroleros a cambio de contratos entregados de manera fraudulenta.

    Urdaneta Aquí fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares desde su rendición. 

  El sujeto enfrenta hasta 10 años de prisión, pero podría reducir sustancialmente su sentencia en septiembre debido a su colaboración con las autoridades.  La jueza de distrito Kathleen Williams es la única autoridad que tomará la decisión de  definir los años que el ex-funcionario corrupto de  PDVSA pasará en una cárcel estadounidense.

 Como parte de su declaración de culpabilidad por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero, los fiscales federales confiscaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, así como dos departamentos en Miami Beach y todos los activos en una cuenta bancaria que Urdaneta  tenía en un banco suizo.

   Los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden informaron en un memorando que el gobierno de Estados Unidos, decidió confiscar más de $ 49 millones a Urdaneta, fondos que se atribuyen a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de acceso a lucrativos contratos del gobierno venezolano como préstamos comerciales y comercio de divisas.  

    Urdaneta Aquí es un abogado de 47 años que ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015. En la demanda en su contra, aparece señalado como un actor del gobierno central en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones presentado en Miami. Asimismo, se le señala de haber participado en otro programa de préstamos y divisas a principios de su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.

El caso

  El esquema de corrupción y de lavado de dinero denunciado contrado Urdaneta Aquí, comenzó a fines de 2014 con un préstamo ficticio a PDVSA, que fue reembolsado a través de un programa de cambio de divisas del gobierno, desviando 600 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según la demanda de los fiscales. 

  Los acusados ​​utilizaron a un asociado para lavar parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, el complot se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados ​​de la compañía petrolera nacional venezolana.

  El presunto líder de esta trama es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, un miembro del clan conocido en Venezuela como los bolichicos que se enriquecieron con contratos fraudulentos del Estado venezolano a cambio del pago de millonarias coimas.  

  Francisco Convit Guruceaga fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar con Urdaneta Aquí, otros funcionarios de PDVSA y empresarios corruptos con acceso a los más altos niveles de gobierno.

   Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han decidido congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve acusados ​​nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y el caso relacionado. .

  El primero en declararse culpable en este caso fue el banquero Matthias Krüll, quien asumió la responsabilidad de haber conspirado para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas. 

   Krüll fue condenado a pagar $ 600,000 para satisfacer una sentencia de decomiso y tres años y medio de cárcel.

  En mayo de 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también fue sentenciado a dos años y cuatro meses tras admitir haber aceptado más de $ 12 millones en sobornos que había recibido en secreto. transferidos a instituciones financieras estadounidenses y otros.

  Ortega, quien fue el máximo funcionario financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió haber conspirado con el jefe de la red de lavado de dinero, Francisco Convit Guruceaga.

  Ortega también dijo que trabajó con el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, con sede en Miami. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parezcan legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue condenado a casi cuatro años.

  Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de confiscación de $ 12 millones, pero los registros judiciales indican que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en Nueva York y una casa en Miami como activos de reemplazo para su orden de decomiso.

   En este caso también aparece vinculado, Raúl Gorrín, un hombre corrupto, el dueño del canal Globovisión y de otras empresas que fueron adquiridas con dinero de la industria criminal. Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos.

 


viernes, 18 de diciembre de 2020

Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa

  La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Florida la fiscal, Adriana Fajardo Orshan, presentó acusación contra Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, 9 cargos de Blanqueo de instrumentos monetarios y Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La trama

  Refiere la acusación que desde 2008 hasta alrededor de 2017, Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, así como sus co-conspiradores constituyeron una trama de corrupción sustentada en los cambios de moneda extranjera realizados para el gobierno venezolano. Gorrín habría pagado cientos de millones de dólares en sobornos para asegurar su participación en negociaciones cambiarias que superaban los USD 1.000 millones que le rindieron ganancias de cientos de millones de dólares.

  Gorrín Belisario y otros, “ofrecieron, prometieron, autorizaron y realizaron pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos Tesoreros Nacionales consecutivos en Venezuela”, a saber, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. El empresario utilizó para ello, tanto cuentas bancarias personales como a nombre de empresas de las que era propietario y controlaba.

  En primer término, Gorrín Belisario, a partir de 2008, ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a Alejandro Andrade Cedeño con el fin de que le permitiera realizar cambios de divisas, asegurándose una ventaja indebida derivada del control de cambios imperante en Venezuela.

   En 2010, Raúl Gorrín se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray con objetivo de comprar el Banco Peravia y así ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y el producto de este y otros esquemas.

  En 2011, cuando Claudia Patricia Díaz Guillén fue designada Tesorera Nacional, Alejandro Andrade Cedeño le presentó —a ella y a su cónyuge Adrián José Velázquez Figueroa— a Raúl Gorrín y, a partir de entonces, el empresario igualmente le ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la funcionaria, de manera de poder mantener con ella las negociaciones cambiarias que llevaba a cabo con su antecesor.

  Para encubrir los pagos, Raúl Gorrín Belisario y otros, se valió de cuentas bancarias a nombre de tres empresas fantasmas y disfrazó los sobornos realizados en favor de Claudia Díaz Guillén a través de su esposo.

  De este modo, entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó alrededor de USD 65 millones en sobornos a Claudia Díaz Guillén. Por ejemplo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 8,6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida a beneficio de Díaz Guillén y Velázquez Figueroa.

  Igualmente, mientras Claudia Díaz fue tesorera nacional, Gorrín Belisario pagó sobornos por USD 94 millones a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño, con el propósito de completar los pagos que le adeudaba cuando estaba al frente de la Tesorería y para para evitar que interfiriera o impidiera el esquema en curso con Díaz Guillén y su esposo. También buscaba premiar a Alejandro Andrade Cedeño por presentarle a su sucesora en el cargo.

   Entre diciembre de 2012 y junio de 2013, Raúl Gorrín transfirió USD 1,78 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en Estados Unidos, incluyendo cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida, a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño.

   Además de los sobornos pagados en beneficio de Andrade Cedeño, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, el empresario compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda de diseño en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas a beneficio de estos.

  Gorrín Belisario recibió facturas y mantuvo correspondencia vía correo electrónico con los proveedores de Alejandro Andrade Cedeño, Claudia Díaz y Adrián Velázquez que el empresario hizo que se pagaran mediante transferencias bancarias desde cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

  Raúl Gorrín instruyó a sus empleados para que mantuvieran una hoja de cálculo con el propósito de rastrear algunos de los pagos de sobornos hechos a Alejandro Andrade y a Claudia Díaz, incluidos los pagos realizados a través de su esposo Adrián Velázquez.

  Señala la acusación que Raúl Gorrín continuó entregando dinero y otras cosas de valor a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez, aun después de dejar la Tesorería, con el objeto de que le brindara su asistencia en la obtención de ventajas comerciales.

Las operaciones y correos

   El 25 de octubre de 2012, Raúl envió un correo electrónico con el asunto "485.000" a uno de sus empleados y socios comerciales, instruyéndolos acerca de una operación próxima a realizar con una empresa de yates y diciendo: "Por favor, haga la transferencia y cárguela a AV''. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012 ordenó transferir USD 485.000 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates ubicada en el Distrito Sur de Florida, en beneficio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa.

   El 13 de noviembre de 2012, Gorrín ordenó transferir USD 4,35 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de la misma compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, esto con relación a la compra de un yate para Claudia Díaz y Adrián Velázquez.

  El 11 de diciembre de 2012, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios y las instrucciones para realizar el pago.

  El 12 de diciembre de 2012, Raúl Gorrín transfirió USD 15.000 desde una cuenta en Suiza a una cuenta ubicada en el Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para la casa de Alejandro Andrade Cedeño en Caracas, Raúl envió por correo electrónico la propuesta de la compra dirigiéndose a Andrade como “Jefe”, solicitándole su aprobación. El 30 de enero de 2013 Gorrín ordenó transferir USD 1.103.371 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza, a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la compra del citado sistema de seguridad.

   El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos. El 7 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 174.800 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debía pagar por los gastos relacionados con sus caballos. El 25 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a beneficio de dicha persona.

   El 4 de marzo de 2013, Andrade Cedeño le envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de las instrucciones de transferencia para una empresa de transporte de caballos. El 7 de marzo de 2013, Gorrín Belisario, mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida, ordenó transferir USD 228.768 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

  El 15 de marzo de 2013, el empresario ordenó transferir USD 281.051 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, para la compra de un yate para Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velázquez Figueroa.

   El 17 de mayo de 2013, Raúl Gorrín ordenó transferir USD 4 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida mantenida por una compañía de moda propiedad de Claudia Díaz y su esposo.

  El 29 de mayo de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por obras de mejoramiento para su casa. El 6 de junio de 2013, el empresario ordenó transferir USD 117.087,15 desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la empresa de mejoras para el hogar.

Confiscación de bienes

   La acusación contempla la confiscación de los siguientes bienes de los imputados:  1) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143; (2) 144 lsla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 3) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny lsles Beach, Florida 33160; 4) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180; 5) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146; 6) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 7) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 8) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 9) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146; 10) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146; 11) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 12) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146; 13) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 14) 20 W. 53 rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019; 15) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022; 16) 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022; 17) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y 18) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.




 

miércoles, 4 de noviembre de 2020

Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano

   El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra Claudia Díaz Guillén y su esposo, señalados de recibir sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit


Señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, fue acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación de la fiscal Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Hace pocos días, circuló una información que asegura que Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

   Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

   En la actualidad, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, esperan la decisión de la Audiencia Nacional de España respecto a la solicitud de extradición que Venezuela ha formulado por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1].

  En una entrevista concedida a BBC Mundo, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: "Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado", criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. "El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos"[2].

La acusación

  El pasado 30 de octubre del corriente, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  La fiscalía precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.


 


 


 


 




[1] Tal Cual. “AP: Exenfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/


 


[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037


martes, 9 de junio de 2020

Raúl Gorrín tramitó fraudulentamente duplicados de los títulos de propiedad de sus vehículos de lujo que iban a ser confiscados por EE.UU. usando una licencia y un pasaporte falsificados

   El prófugo de la justicia norteamericana pretendió vender un Rolls Royce (2012); un Ferrari (2016); un Porsche (2017) y un Maserati (2014), que forman parte de la lista de bienes objetos de confiscación por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Tramitó las copias de los títulos de propiedad con documentos falsificados. El acusado de corrupción y lavado de dinero, se atrevió, inclusive, a enviar a uno de sus empleados al Departamento de Policía de Coral Gables, para reportar un incidente ficticio, para hacerle creer a las autoridades que los costosos autos habían sido robados del estacionamiento de un lujoso edificio donde posee varios apartamentos. Recientemente, Gorrín certificó la propiedad sobre uno de los vehículos, a través de su abogado. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Usando una licencia del estado de la Florida y un pasaporte venezolano falsificados, Raúl Antonio Gorrín tramitó fraudulentamente copias de los títulos certificados de propiedad de cuatro vehículos de lujos que estaban en la lista de los bienes congelados por el gobierno de los Estados Unidos, para venderlos a un broker de autos en Homestead, de acuerdo a una investigación revelada en una demanda civil que cursa en la corte de Miami que busca recuperar los costosos automóviles.
   La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida realizó todos los procedimientos ante la Corte del Distrito para proceder con la confiscación de los cuatro vehículos de lujo, un Rolls Royce (2012), un Ferrari (2016), un Porsche (2017) y un Maserati (2014) pertenecientes a Gorrín, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero y quien se encuentra bajo estatus de fugitivo de la la justicia de los Estados Unidos.

  En la acción civil, los fiscales federales exigen que se haga entrega de los vehículos que pertenecen a Raúl Gorrín,  y que fueron adquiridos con dinero proveniente de la industria criminal, según los representantes del gobierno.

En el documento de describen los siguientes vehículos:

1) 2012 Rolls Royce Phantom Drophead, VIN SCA682D53CUX16710
Un modelo del vehículo solicitado (Foto cortesía)
2) 2016 Ferrari Modelo FF VIN ZFF73SKA0G0215301
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
3) 2017 Porsche 911 Turbo Coupe, VIN WP0AD2A94HSI166412
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
4) 2014 Maserati Quattroporte, VIN ZAM56PPA7E1084665.
Modelo del vehículo referenciado, (foto cortesía)
   La demanda explica que el 16 de agosto 2018, un Gran Jurado del Distrito Sur de la Florida aprobó una acusación contra Raúl Gorrín Belisario, por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que incluye 10 cargos relacionados con delitos de lavado de dinero.

  La querella describe que desde 2011 hasta apróximadamente 2017, Raúl Gorrín pagó unos 94 millones de dólares en sobornos a varios funcionarios del gobierno de Venezuela. Durante la investigación federal, los agentes de la ley identificaron que Gorrín era el dueño de los mencionados vehículos y que fueron registrados a su nombre ante el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de la Florida. Hasta noviembre de 2018, los automóviles estaban a su nombre y con su dirección en Coral Gables.

   En noviembre de 2018, a la acusación contra Gorrín se le levantó el sello y se hizo pública el 3 de diciembre de 2018. Luego que se conocieran los cargos criminales, Gorrín tramitó una duplicación de los certificados de los títulos de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati, con una licencia de la Florida número G287-681-68-140-0.

  En la aplicación fraudulenta, "Gorrín alegó que los títulos originales de los vehículos estaban perdidos". En la aplicación de la duplicación del título del Ferrari no se incluyó la licencia de conducir a nombre de Gorrín, sino que se solicitaba una copia del título porque se había perdido, y la petición fue firmada con las iniciales RG (Raúl A. Gorrín).

  Los investigadores del gobierno determinaron que la licencia de conducir, usada por Gorrín para pedir las copias de los título de propiedad, N-G287-681-68-140-0 no existía en los récords de la Florida. De hecho se supo que en el estado de la Florida nunca se emitió una licencia a nombre de Gorrín y que, el prófugo de la justicia, había usado la licencia de Venezuela para comprar todos sus autos.

   La falsa licencia de conducir del estado de la Florida que usó el dueño de Globovisión para obtener de manera dolosa las copias duplicadas de los títulos de propiedad de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati tenían el nombre de Gorrín, su fecha de nacimiento y dirección local, "pero, basado en las fotos de Gorrín en línea y de acuerdo a las bases de datos de las autoridades, la imagen de la licencia no correspondía a la del acusado". 

  Los fiscales sostienen que Raúl Gorrín usó la foto de un pasaporte venezolano falso, para hacer una licencia de conducir de la Florida falsa.

  De acuerdo a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, Raúl Gorrín salió de los Estados Unidos un año antes de los trámites, el 4 de noviembre de 2017, desde el Aeropuerto de Opa Locka en Florida, y desde esta fecha no regresó a Norteamérica.

  Entre el 30 de noviembre de 2018 y el 3 de diciembre de 2018, Raúl Gorrín ordenó trasladar los vehículos desde el edificio ubicado en 4100 Salzedo Street, Coral Gables [donde posee varios apartamentos que son también objeto de confiscación] hasta Auto Brokers USA Corp. en Homestead, Florida, usando las copias duplicadas de los certificados de los títulos de los vehículos que fueron ejecutados por una persona que se hizo pasar por Raúl Gorrín usando una licencia falsa de ese estado.
  La firma de la persona que estaba haciendo las gestiones fraudulentas con la licencia falsa, no se correspondía con la de Gorrín. El 5 de enero de 2019, un reporte del Departamento de la Policía de Coral Gables dice que seis vehículos de lujo fueron robados a Gorrín. Los autos del reporte incluyen los cuatro que son objeto de la acción civil. La persona que actúo por Gorrín, J.D. dijo a la policía que era un empleado de Gorrín y que este lo había autorizado a vender los vehículos a Auto Brokers.

   Otro reporte de la policía del 3 de enero de 2019, dice que J.D. descubrió que los vehículos habían sido robados del estacionamiento del edificio. JD dijo que el gerente del edificio le advirtió que un representante de Auto Brokers habían buscando los vehículos y que para llevárselos mostró los certificados de los títulos, indicando que los mismos habían sido transferidos a dicha empresa.

  En el reporte se indica que un oficial de policía de Coral Gables contactó telefónicamente a Raúl Gorrín a Venezuela, y éste le indicó que J.D. tenía un poder de un abogado para representarlo en esas diligencias.

  Actualmente el Rolls Royce se encuentra en poder de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, y el Ferrari, Porsche y Maserati están en manos de Auto Brokers USA Corp. ubicado en 29951 South Federal Highway, Homestead, Florida, 33022.

  El gobierno de los Estados Unidos está solicitando su confiscación de acuerdo a lo establecido en las leyes estadounidenses, según el documento firmado por la Fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan.

Reclamo del Rolls Royce

  El 6 de enero de 2020,  Estados Unidos hizo un reclamo verificado del Rolls Royce. En el expediente, aparece el documento donde Raúl Gorrín declara que es el dueño del auto y que hace un reclamo de la propiedad. La comunicación está firmada por Gorrín y el abogado Howard Srebnick del bufete Black, Srebnick, Kornspan y Stumpf, cuyas oficinas se encuentran en 201 South Biscayne Boulevard, en Miami, FL 33131.


martes, 17 de marzo de 2020

Piden auditar a Ministerios en Bolivia que otorgaron contratos a empresas de Carlos Gill Ramírez

   En esta segunda entrega continuamos dando cuenta de las empresas en Bolivia pertenecientes al venezolano-paraguayo y las cuales, según denuncia, habrían servido llevar a cabo una serie de negociaciones, supuestamente irregulares, con el gobierno del expresidente Evo Morales.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Una denuncia del senador y aspirante a la presidencia de Bolivia, Oscar Ortiz, dirigió todas las miradas y atención a las empresas propiedad del venezolano-paraguayo, Carlos Gill Ramírez, señalado de amasar una gran fortuna a la sombra del chavismo y de los regímenes afines al denominado Socialismo del siglo XXI que impulsó, en y desde Venezuela, el finado Hugo Chávez. El parlamentario instó a la Contraloría boliviana a instrumentar una serie de auditorías en los ministerios que contrataron con Gill Ramírez.
   Como apuntamos en la primera entrega, Carlos Gill Ramírez admitió poseer siete empresas en territorio boliviano, según recoge la revista Economy 21, a saber, Ferroviaria Oriental, Ferroviaria Andina, la constructora Cotienne, OCM Trading, los diarios La Razón y Extra, Tiendas Montana y la Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon)[1].

Empresario privilegiado

  En su denuncia, Oscar Ortiz[2] refiere que el gobierno del expresidente Evo Morales favoreció a las empresas de Carlos Gill Ramírez por encima de otras compañías.
  En particular hace mención al proyecto del Tren Bioceánico, para el cual el estado ha debido convocar a diferentes firmas para que concursaran por los contratos para las obras que la ejecución de dicho proyecto conlleva.

  Contrario al deber ser —subraya Ortiz— el gobierno boliviano encabezado por Morales priorizó a una sola empresa y a un solo empresario, Carlos Gill Ramírez, con lo que privilegió la relación que con este mantenía en razón de sus afinidades políticas e ideológicas a la hora de adjudicar los contratos. Privaron, pues, los intereses particulares por encima de los colectivos, advirtió el parlamentario.

El tren bioceánico

  Refiere Ortiz que Gill Ramírez en muchas oportunidades se ha presentado él mismo como pionero del proyecto del Tren Bioceánico y sus declaraciones, coinciden con las inversiones que ha realizado en los últimos años, no sólo en Bolivia sino también en países vecinos como Brasil, Argentina y Paraguay en empresas ferroviarias que trabajan en acuerdos para unir ambos océanos.

  Según ha explicado el propio Gill Ramírez en una entrevista al portal El Deber, el Tren Bioceánico es un proyecto que consta de una de red de vías férreas que permitirán la unión de los puertos brasileños del Atlántico con los puertos peruanos sobre el Pacífico, de manera de crear “una especie de canal de Panamá para trenes” en Sudamérica (…) El bioceánico es un proyecto que debe realizar el Estado boliviano. Nosotros, como el consorcio privado que tiene la concesión, empujamos para que esto suceda”[3].

  El senador Ortiz destaca que Carlos Gill Ramírez ha adquirido la propiedad, participación o concesión de toda la red logística que une estos dos puntos donde ha realizado una serie de inversiones que, si bien preparan el camino para la conformación del corredor bioceánico, también han significado importantes ingresos para sus empresas.

  En Bolivia, Gill Ramírez adquirió las empresas ferroviarias Andina y Oriental, mientras que en Brasil es dueño de 20 por ciento de la empresa Rumo ALL, la cual se conoce formalmente como América Latina Logística (ALL), la cual se dedica a la logística de transporte, especialmente por vía férrea. La compañía posee cuatro concesiones ferroviarias que operan la Malla Oeste de Brasil. Hay que acotar que, en 2013, como lo informa la revista Fortuna, el gobierno argentino le retiró la concesión de trenes de carga a este grupo, debido a incumplimientos e irregularidades[4].

  El consorcio a cargo del proyecto del Tren Bioceánico lo conforman las empresas Rumo, Transfesa, Hub Intermodal de Tres Lagos, Ferroviaria Andina y Ferroviaria Oriental. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”, dijo Gill cuando explicó su participación en la concesión de la Malla Oeste de Brasil, la cual va desde Corumbá hasta casi Santos. “Con esto completamos nuestro sueño de hacer el Corredor Bioceánico y ya hoy podemos decir que es una realidad”.

  Refiere el denunciante que Carlos Gill Ramírez informó en julio de 2018 que el Tren Bioceánico presentaba 85 por ciento de avance, habiendo transcurrido para entonces 10 años de los 20 programados para poner el proyecto en completo funcionamiento. Agrega que se anunciaron nuevas inversiones por una cantidad que oscila entre 80 y 100 millones de dólares, los cuales permitirían terminar el lado occidental, consistente en un puerto en Rosario, Argentina, obra que garantizaría que la carga boliviana tuviera acceso a un precio razonable. Sin embargo, acota que desde 1969 cuando el gobierno argentino concedió a Bolivia una zona franca en Puerto Rosario, ningún gobierno boliviano se preocupó por invertir en la construcción del terminal.

  Carlos Gill también tiene inversiones en la Hidrovía Paraguay-Paraná, donde su empresa Sociedad Administradora de Puertos Continental (Sapcon S.R.L.), opera la terminal de granos y aceites de Puerto Aguirre. Allí también hay un terminal petrolero que presta servicios de importaciones de diésel, exportaciones de gasolina, exportaciones de nafta, exportaciones de alcohol, así como también brinda aprovisionamiento de combustibles a remolcadores fluviales. Se trata, según narra Ortiz, de un negocio de gran rentabilidad, lo cual se recoge de los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que recopila el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), los cuales indican que en 2018 Bolivia importó 1.213.547 toneladas de diésel por un valor de USD 897 millones, de los cuales el 21 por ciento (258.000 toneladas por un valor de USD 188.37 millones) ingresaron por vía fluvial.

  Se pregunta Oscar Ortiz, por qué razón las empresas ferroviarias Andina y Oriental —propiedad de Gill Ramírez— no han sido nacionalizadas, siendo las únicas en esta condición.

  Recuerda Ortiz la que calificó como respuesta evasiva de Gill Ramírez cuando fue consultado al respecto en 2018, cuando dejó claro que mantenía conversaciones con Evo Morales: “Voy a contestar eso como lo contesté a otras personas. ¿Usted tenía el deseo de que todo fuera nacionalizado? Si se está haciendo un buen trabajo y se permite el crecimiento del país, todo lo contrario. Yo se lo dije también al presidente: ‘estoy sujeto a que me nacionalicen’. Le dije que el día que quiera nacionalizar ferrocarriles llámeme y yo le digo cuánto invertí y me voy”. Con el exmandatario boliviano asegura que conversaba de logística. “Yo soy el pionero del tren bioceánico, es muy importante para Bolivia”[5].

  Este proyecto del Tren Bioceánico tiene eco en Brasil[6], Perú[7], Paraguay[8] y Uruguay[9].

  Ortiz reconoce el empeño y prioridad que Carlos Gill Ramírez le ha dado a este proyecto, pero igualmente advierte que el gobierno de Morales y el MAS llevó a cabo una serie de diligencias diplomáticas internacionales para que el tren oceánico obtuviera respaldo. Una actitud que a ojos del senador Ortiz, “Lamentablemente, no se ha visto con otras iniciativas privadas ni empresariales”.

Ferroviaria Oriental

   En su página web la Ferroviaria Oriental S.A. se define como una compañía que ofrece servicios de transporte ferroviario de carga y pasajeros, así como de logística integral y que “Administra una concesión de 1.244 Km de vía férrea, conectando el entorno que rodea Santa Cruz, al sur con Argentina y hacia el este con Brasil y los mercados mundiales, a través de barcazas que operan en la Hidrovía Paraguay-Paraná”[10].

   La sede principal de la empresa se encuentra en Santa Cruz, en la avenida Montes Final, S/N, Zona Terminal Bimodal. 

   El portal de la Bolsa Boliviana de Valores[11] informa que se trata de una sociedad constituida mediante Testimonio Nº 3134/95 el 23 de noviembre de 1995 como Empresa Ferroviaria Oriental SAM que, posteriormente, el 5 de julio de 1996, mediante Testimonio Nº 63/96 se convirtió en Empresa Ferroviaria Oriental S.A. El objeto de la sociedad se modificó mediante Testimonio Nº 792/2002, el 24 de junio de 2002 se modificó el objeto social e, igualmente, mediante Testimonio Nº 1063/2002 cambió la denominación a Ferroviaria Oriental S.A.

   El objeto principal de la firma es “realizar por cuenta propia, ajena y/o asociada a terceros, servicios de transporte, en general, y ferroviario en, particular, pudiendo intervenir en toda clase de sociedades legalmente constituidas en Bolivia o en el exterior, así como las actividades relacionadas a estos servicios e inversiones”.

   Indica que los accionistas de la empresa son: Trenes Continentales S.A., con el 50,0003 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A., con 25,9554 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9554 por ciento de las acciones; mientras que otros accionistas poseen el 0,0889 por ciento del paquete accionario.
   El directorio de la empresa está constituido por Carlos Enrique Gill Ramírez, presidente; Ignacio Andrés Echeverría Aranda, vicepresidente; Ignacio Bedoya Sáenz, secretario.

  Como directores figuran Rafael Enrique Abreu Anselmi, Kathya Vaca Diez Jiménez, José Antonio de Chazal Palomo, Wu Long Le.

   Los directores suplentes son Rodrigo Andrés Iturri Sandoval, Mauricio Sergio Rodrigo Arturo Costa Du Reis Flores, Dubraska Elena Inojosa Avellanada, Amelia Ibarra, César Eduardo Rodríguez Gómez, Mauricio Etienne Solares Solares.

  Carlos Butteler Bravo y Pablo Herrera Suárez son síndicos; mientras que Hugo Enrique Riskowsky Arraya y Mario Torrico Montaño, figuran como síndicos suplentes.
  Como informa el portal Poderopedia[12], en Venezuela Rafael Enrique Abreu Anselmi, fue relacionado en un caso de corrupción en el Banco Latino en 1993. Por ello, se le acusó de estafa continuada y agavillamiento.

  Carlos Gill Ramírez llegó a Ferroviaria Oriental S.A. en junio de 2014, cuando compró al Grupo Genesse & Wyoming Inc. de Estados Unidos el 50 por ciento de las acciones que esta poseía en la empresa que presta servicios en los departamentos de Santa Cruz y Tarija con conexiones a Brasil y Argentina. Figuró como director de la sociedad en las gestiones 2016, 2017 y 2018.

  El empresario venezolano-paraguayo asegura que recibió una empresa en muy mal estado que solamente movía un millón de toneladas de soya, mientras que en la actualidad la soya representa sólo el 23 por ciento de la carga que transportan. En la entrevista que citamos anteriormente dijo que “Cuando se dio la posibilidad de consolidar la sociedad en la ferroviaria vimos el Canal de Panamá en Sudamérica, que es la gran ventaja de Bolivia, vimos la hidrovía con salida a Rosario y ¿ qué más vimos? El granero del mundo”.

  Esas habrían sido las razones para invertir en la empresa que ahora transporta 2,2 millones de toneladas en 1.500 vagones y en la que ha invertido 250 millones de dólares.

Ferroviaria Andina

   La página de la Bolsa Boliviana de Valores informa que Empresa Ferroviaria Andina S.A.[13] tiene su oficina principal en La Paz, en la Calle Delgado (Calle 1 de Achumani), N° 156, (casi esq. Av. Tomasa Murillo). Los teléfonos de la compañía son (591-2)2184555 y 2184597. Correo electrónico  info@fca.com.bo.

   Según Testimonio 86/1996, Empresa Ferroviaria Andina S.A. tiene por objeto principal “realizar por cuenta propia y/o asociada con terceros, la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación de servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta , mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones, vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría, asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina”.

  Los accionistas son Inversiones Bolivian Railways S.A., con 50,0038 por ciento de las acciones; AFP Futuro de Bolivia S.A. con 24,9644 por ciento de las acciones; AFP Previsión BBVA S.A., con 24,9644 por ciento de las acciones; otros con 0,0590 por ciento; Eduardo Mac Lean Abaroa con 0,0038 por ciento; Victor Ibañez Oblitas, con 0,0015 por ciento; Jorge Ardaya Calderón, con 0,0008 por ciento;  José Cáceres Choque, con 0,0008 por ciento; Rene Torrico Sempertegui, con  0,0005 por ciento; Augusto Oblitas Garcia, con 0,0005 por ciento; y Anna Monje Estrada con 0,0005 por ciento.

   El directorio de la empresa está conformado por Rafael Enrique Abreu Anselmi, Jorge Alberto Ortiz Saucedo, Mauricio Etienne Solares, Carlos Enrique Gill Ramírez, Gerardo Roberto Velasco Téllez, Jorge Mauricio Galindo Canedo, Leonor Montiel Parra, como directores titulares.

  Los directores suplentes son José Gabriel Espinoza Yañez, César Eduardo Rodriguez Gómez, Eduardo Bedoya Corujo, Carlos Jorge Gómez Nuñez.

  Raúl Villarpando Salamanca y Rodrigo Víctor Argote Pere, son síndicos; y Fernando Palacios es síndico suplente.
   Carlos Gill Ramírez compró la mitad de las acciones de la Empresa Ferroviaria Andina en septiembre de 2015, al Grupo chileno Luksic, el cual opera en Oruro y Potosí y se encarga de la conexión con Chile. Este Grupo, es también propietario de FCAB Ferrocarril de Antofagasta, línea férrea que une el puerto de Antofagasta con Oruro.

  Informó que compró tres locomotoras nuevas de tecnología suiza, las cuales comenzarían a llegar en febrero de 2019, de manera de poder responder a proyectos como la urea, el cemento y el hierro, en los cuales el estado boliviano mantiene empresas estratégicas y tiene grandes inversiones. Al respecto, una nota de La Razón especificó que las locomotoras tenían “la capacidad de transportar 3.200 toneladas, son de última generación suministradas por la compañía suiza Stadler para fortalecer el transporte de carga de Ferroviaria Andina y se invirtieron 15 millones de dólares para su adquisición”[14].

  El periodista peruano, Jaime Bayly, acusó a Carlos Gill de haber recibido USD 30 millones, de manera irregular, de parte del ex-escolta de Hugo Chávez, Adrián Velázquez, actualmente detenido en España. El comunicador, según recoge una nota de El Diario[15], sostiene que el “empresario chavista” buscó protección en República Dominicana para lavar dinero.

   Refiere la reseña que Gill Ramírez y otros “chavistas (Carlos Aguilera, Said Aurelio Cabrera y Maximiliano Camino) entregaron “generosos aportes al expresidente dominicano Leonel Fernández, en busca de protección para poder realizar tareas de lavado de dinero”.

  Jaime Bayly indicó que esta información proviene de fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos y agregó que “Estos cuatro personajes, todos de origen venezolano, Aguilera, Cabrera, Gill Ramírez y Camino, avecindados en República Dominicana, con la protección del presidente Danilo Medina y del expresidente Fernández comparten su dinero quizás a cambio de protección. La inmunidad no sale gratis, si tú quieres que te sigan protegiendo, entonces tienes que ‘mojarte’”.

  Carlos Gill Ramínrez rechazó las acusaciones diciendo “Con relación a las declaraciones que en los últimos días el presentador de televisión Jaime Bayly realizó haciendo alusión a mi persona, relacionándome con asuntos ilícitos y corruptos, puedo decir con claridad que carecen de total asidero y que están muy lejos de la realidad’ (…) las aseveraciones de Bayly son irresponsables (y) no miden las consecuencias sobre las personas a las que afecta”.

 CITAS

[1] Economy 21. “Carlos Gill tiene siete empresas en Bolivia y ha invertido más $us 320 millones”. 3 de julio de 2018. https://www.economy.com.bo/portada-economy/2-uncategorised/411-carlos-gill-tiene-siete-empresas-en-bolivia-y-ha-invertido-mas-us-320-millones

[2] Oscar Ortíz. Informe de fiscalización. Carlos Gill Ramírez: El Empresario favorito del MAS. http://oscarortiz.com.bo/documentos/los-negocios-en-bolivia-del-empresario-gill-ramirez/gill-el-empresario-favorito-del-mas-1/


[3] El Deber. “Carlos Gill revela que es parte del tren biocéanico”. Sin fecha. https://eldeber.com.bo/105515_carlos-gill-revela-que-es-parte-del-tren-bioceanico

[4] Fortuna. “El Gobierno quitó la concesión de trenes de carga al grupo brasileño ALL”. 4 de junio de 2013. https://fortuna.perfil.com/2013-06-04-122877-a-la-megaempresa-brasilena-all-le-quitaron-las-concesiones-de-trenes/


[5] Bolivia Hoy. “Carlos Gill: Con el presidente Evo Morales hablo de logística. Yo soy el pionero del tren bioceánico”. 8 de julio de 2018. https://www.hoybolivia.com/movil/noticia.php?IdNoticia=269094

[6] Gobierno Plurinacional de Bolivia. Ministerio de comunicación. “Bolivia y Brasil firman memorándum de entendimiento para el Corredor Ferroviario Bioceánico.” 5 de diciembre de 2017. https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20171205/24511

[7] La Razón. “Bolivia y Perú sellan acuerdos de integración en cuatro ejes temáticos”.3 de septiembre de 2018. http://www.la-razon.com/nacional/Bolivia-Peru-Evo-Morales-Vizcarra-acuerdos-presidentes_0_2995500451.html

[8] ABC Color. “Bolivia y Paraguay tratan proyecto tren bioceánico”. 8 de noviembre de 2018. https://www.abc.com.py/internacionales/bolivia-y-paraguay-tratan-proyecto-tren-bioceanico-1757753.html

[9] Página Siete. “Uruguay confirmó su participación en bioceánico.” 6 de abril de 2017. https://www.paginasiete.bo/economia/2017/4/6/uruguay-confirmo-participacion-bioceanico-133277.html

[10] Ferroviaria Oriental. https://www.fo.com.bo/AcercaDeNosotros/LaEmpresa/default.aspx

[11] BBV. Ferroviaria Oriental S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/EFO_CAR.pdf

[12] Poderopedia. Ferroviaria Oriental. https://poderopediave.org/empresa/ferroviaria-oriental/

[13] BBV. Empresa Ferroviaria Andina S.A. https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/FCA_CAR.pdf


[14] La Razón. “Tres locomotoras nuevas de Ferroviaria Andina están en periodo de prueba”. 6 de enero de 2020. http://www.la-razon.com/economia/oruro-locomotoras-ferroviaria-andina-periodo-prueba_0_3289471053.html

[15] El Diario. “Periodista peruano acusa a Carlos Gill de corrupción”. https://www.eldiario.net/movil/index.php?n=45&a=2019&m=06&d=08

[16] Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders  https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583

miércoles, 12 de febrero de 2020

Seguros La Vitalicia: Empresa surgida a la sombra de los negocios criminales de Raúl Gorrín

  Adquirida con fondos provenientes del negocio bursátil, según confesara el propio empresario, hoy prófugo de la justicia estadounidense, la aseguradora, replicada en EE. UU. formaría parte de un entramado de corrupción que permitió esquilmar millones de dólares al Estado venezolano.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Dos son las empresas emblemáticas de quien ha sido señalado de ser presunto testaferro del extesorero nacional, Alejandro Andrade, quien en Estados Unidos se declaró culpable de lavar más de mil millones de dólares provenientes de manejos corruptos de los dineros públicos venezolanos[1]. Hablamos de Raúl Antonio Gorrín Belisario, prófugo de la justicia norteamericana al ser acusado de cargos conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de conspirar para cometer lavado de dinero[2]. Dichas compañías son Globovisión y Seguros La Vitalicia, adquiridas presuntamente a la sombra de irregulares negociaciones con funcionarios del gobierno de Venezuela.
   En esta entrega, resultado de consultas a diversas fuentes del negocio asegurador que hablaron a condición de que se preservara su identidad en el anonimato, haremos referencia a La Vitalicia, la cual, junto a la televisora Globovisión, habría sido el centro de una estructura criminal mediante la cual, valiéndose de un conjunto de empresas fantasmas, lavó millones de dólares habidos de manera fraudulenta.

  Gorrín, quien es acusado de presuntamente sobornar a altos funcionarios de la administración chavista con unos USD 159 millones, así como de haber supuestamente lavado fondos ilícitos[3], habría adquirido con dudosos fondos Globovisión y La Vitalicia, las cuales fueron sancionadas el 8 de enero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al señalarlas de formar parte de un esquema “diseñado para tomar ventaja de las prácticas de cambio de divisas del gobierno de Venezuela”[4]. La acción se ejecutó a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) que en un comunicado especificó que la trama de corrupción habría generado alrededor de USD 2.4 millardos en ganancias irregulares[5].
   Tanto Globovisión como La Vitalicia se replicaron en Estados Unidos. La segunda, según confesara el propio Gorrín en una entrevista concedida a la prevista Producto aludida en una nota del portal El Pitazo, la compró con las ganancias del negocio bursátil. Allí admitió que todo lo que tiene se lo debe a Interbursa, una casa de bolsa de la que era propietario del 50 por ciento de las acciones junto a Juan Domingo Cordero, manifestando que “Ganábamos mucho dinero. En Venezuela se transaban 500 millones de dólares semanales y en Interbursa aprovechábamos esa bonanza”. Allí dijo que con el dinero obtenido del negocio bursátil compró Seguros La Vitalicia[6].

Sobre Seguros La Vitalicia

    De acuerdo a la información que arroja el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Seguros La Vitalicia fue inscrita el 13 de junio de 2001, en el Primer Registro Mercantil del Distrito Capital, Seguros La Vitalicia bajo el Libro número 106-A, Archivo No. 55175.

   Esta compañía, dedicada al área de seguros y reaseguros, ofrece diversos productos, tales como seguro de vida, accidentes personales; funerario; hospitalización, cirugía y maternidad (HCM); clínicas; seguros de propiedad y vehículos, entre otros.

   Según la página web[7], la aseguradora tiene como objetivo “proporcionarles [a los clientes] soluciones integrales oportunas y calidad de servicio, manteniendo constantemente la innovación y mejora continua en nuestros procesos y plataforma tecnológica, con el firme propósito de consolidarnos como una de las empresas líderes en el mercado asegurador”. Desde su fundación, refieren, procuran “establecerse en el mercado venezolano como una nueva alternativa en seguros de vida, inscrita en la Superintendencia de Seguros bajo el N° 119”.

   Igualmente, el sitio informa que el 19 de diciembre de 2008, la aseguradora fue comprada “por un Grupo Financiero en plena expansión, en aras de aprovechar las sinergias existentes para lograr más y mejores oportunidades de negocio, fortalecer la imagen corporativa y proporcionar servicios adicionales a la amplia clientela existente. En el año 2011, los accionistas deciden replantear el enfoque estratégico en virtud de nuevas leyes, pero con una gran confianza en el potencial de nuestro país, ampliando la gama de productos y servicios, implementando un agresivo plan de expansión por todo el territorio nacional, fortaleciendo el patrimonio y adecuando la plataforma tecnológica, marcando una nueva era para la organización, que constituirá a Seguros La Vitalicia como una empresa única en su género y referencia en el mercado”.

  El portal hace referencia a la información financiera de la empresa y sostiene que Seguros La Vitalicia, S.A. tiene un “patrimonio de Bs. 30.704.847,77 y un capital suscrito y pagado de Bs. 1.300,00”, y agrega que el porcentaje de suficiencia del margen de solvencia al 30 de septiembre de 2018 era de 740 por ciento. “Asimismo, experimentamos un crecimiento sostenido de primas cobradas, además de contar con valores públicos” y está en condiciones de “garantizar el respaldo y confiabilidad que sus clientes necesitan para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de los productos y servicios que ofrece actualmente”[8]. Se indica que su número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J-31020536-1.

  Seguros La Vitalicia tiene su sede principal en la avenida Blandín, Centro San Ignacio, La Castellana, 1060 Nueva Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Su teléfono es 0212-8225000. En 2018, Seguros La Vitalicia estrenó nueva sede en la calle Orinoco de Las Mercedes[9].

  Al 31 de diciembre de 2012, el capital pagado de Seguros La Vitalicia era de Bs. 3.000.000 de acuerdo a datos aportados por el RNC.

   Para esa fecha, la junta y los accionistas la integraban Raúl Gorrín, como presidente; Juan Domingo Cordero, Raúl Palumbo Oyarzabal, Jesús Liendo Algarín y Fenelón Giménez González, como directores principales; Pedro José Bracho Hernández, Azael Socorro Morales, William Phelan, Gustavo Perdomo Rosales y Carlos Lipp Laporta, como directores alternos. En el directorio también figuran Inversora Fein-Gin S.A., Inmobiliaria 20316 C.A. y Conivenca.

  La participación accionaria para ese entonces era de 82,8 por ciento para Conivenca; de 9,0 por ciento para Inmobiliaria 20316 C.A.; de 7,9 por ciento para Inversora Fei-Gin S.A.; de 0,2 por ciento para Jesús Liendo; y de 0,1 por ciento para Fenelón Giménez González.

Conivenca con el control

  Como se apuntó anteriormente, Gorrín se hizo del control Seguros La Vitalicia a través del Consorcio Inversionista Venvalor Conivenca la adquirió la aseguradora en septiembre de 2008, convirtiéndose de esta manera en la casa matriz de la aseguradora.

  Desde entonces, La Vitalicia se reubicó su ranking en el índice de clasificación de las empresas del ramo, al pasar del puesto 48 en el que se mantenía al momento de la compra, al número 10, según cifras oficiales de abril de 2015.

   De acuerdo al análisis de mercado realizado por CE.CA-Cifras Online C.A. empresa especializada en investigación de mercados en bancos y seguros, estableció al estudiar las primas cobradas por las compañías, que Seguros La Vitalicia se ubicaba en el tercer lugar al experimentar un crecimiento del 44.38 por ciento, al pasar de 2.991.480,4 en 2015 a 4.319.203,1 en 21016[10].

   Sin embargo, una nota de la agencia de noticias Reuters publicada el 5 de noviembre de 2014, asegura que Seguros La Vitalicia experimentó en los últimos 5 años a la fecha de la nota, pérdidas por el orden de los USD 4 millones[11].

  Son Seguros La Vitalicia y Globovisión, los activos más importantes que Raúl Gorrín posee en Venezuela.

  Sin embargo, Gorrín sólo figuraría en la empresa con acciones a su nombre en el orden del 0,6567 por ciento.

   Así tenemos que Consorcio Inversionista Conivenca C.A. posee el 98 por ciento del paquete accionario de La Vitalicia, mientras Raúl Gorrín es dueño, como ya dijimos, del 0.657 por ciento, Juan Domingo Cordero posee el 0.657 por ciento, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales es dueño de 0.657% por ciento y Juan José Ramírez posee el 0.03 por ciento.

La venta

   Indagando con las fuentes, supimos que en junio de 2001, Seguros La Vitalicia entró al mercado asegurador venezolano, cuando sus acciones pertenecían en 90 por ciento a Provincial de Reaseguros, mientras que José Francisco López, Mónica Rebolledo de Porfa y Hernán Rebolledo de Campos poseía cada uno el 1 por ciento de las acciones, mientras el restante 7 por ciento era de Hernán Rebolledo Matamala. Tenía para esa fecha la compañía, un capital autorizado de Bs. 500.000.000 y un capital pagado del 50 por ciento, equivalentes a Bs 250.000.000.

   Para diciembre de 2008 se llevó a cabo la venta por Bs. 12.500.000 al Consorcio Inversionista Venvalor Conivenca C.A. (82.8 por ciento), Inversora Fen Gim (7.9 por ciento), Inmobiliaria 20136 C.A. (9 por ciento), Jesus Liendo (0.2 por ciento) y Fenelón Giménez (0.1 por ciento).

  El capital aumentó a Bs. 17.000.000 en agosto de 2011 por exigencia de la Superintendencia de Seguros. El asunto fue que solamente Conivenca incrementó su contribución, elevando así su participación a 97,420 por ciento. Inversora Fen Gim pasó a 1.35 por ciento, Inmobiliaria 20136 C.A. a 1.185 por ciento, Jesus Liendo quedó con 0.030 por ciento y Fenelón Giménez se ubicó en 0.015 por ciento.

   En agosto de 2011, Conivenca C.A. pasó a 98.0 por ciento, Raúl Gorrín tenía 0.657 por ciento, Juan Domingo Cordero poseía 0.657 por ciento, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales tenía 0.657 por ciento y Juan José Ramírez el 0.03 por ciento.

   Para agosto de 2012 el capital aumentó en Bs. 72.200.000 con la misma participación accionaria y se mantuvo la participación de los accionistas. Ahora el capital era de Bs. 130.000.000.

Los negocios de La Vitalicia

   Los datos a los que tuvimos acceso a través de fuentes en el mercado asegurador, nos refieren que a partir de la compra de La Vitalicia por el grupo dominado por Gorrín, la empresa se hizo de contratos con el gobierno venezolano entre julio de 2010 y julio de 2011, habiéndosele vetado ofertar al no haber cumplido con los requisitos exigidos para la actualización de la firma en el Registro Nacional de Contratistas.

   La misma fuente refiere que entre 2012 y 2014, Seguros La Vitalicia emitió pólizas que pasaron de totalizar en 2012 Bs. 268.867.494 (entre HCM, automóvil individual, automóvil flota, Provital, combinado de industria y comercio, riesgos diversos, entre otros productos); en 2013 el monto creció a Bs. 1.324.926.002; para 2014 fue de Bs. 3.284.528.023.

   La venta de servicios al gobierno para los mismos años fue de Bs. 8.446.037 en 2012; de Bs. 17.306.924 en 2013; y de Bs. 25.399.370 en 2014. La puntualizó que las pólizas de HCM fueron las que más se vendieron a las entidades gubernamentales, lo cual ocurrió sin licitación pues fueron negociadas directamente entre cada institución y la aseguradora.

   Luego, los seguros de vehículos individuales suscritos a nombre de las instituciones del gobierno, ocuparon en segundo lugar de los productos contratados, seguidos por las flotas de vehículos. Los restantes contratos se reparten entre unas 127 entidades gubernamentales.

   Se trataría en consecuencia de una relación poco significativa entre el gobierno y la aseguradora de Gorrín.

De Conivenca

   La empresa utilizada para adquirir el mayor paquete de acciones de Seguros La Vitalicia fue Consorcio Inversionista Venvalor Conivenca C.A. como ya lo hemos señalado líneas arriba, cuyo número de Registro de Información Fiscal (RIF) es J306464476.

  Esta compañía fue registrada el 23 de septiembre de 1999 ante en el Quinto Registro Mercantil del Área Metropolitana de Caracas, bajo el Archivo número 467572, registro 52, volumen 349-A-QTO.

  La firma ingresó al registro mediante Compañía Inversora DeepDale, la cual poseía el 99,5 por ciento de sus acciones, mientras que el restante 0,5 por ciento estaba en manos de Welkys de Cordero.

  Un mes después, específicamente en octubre de 1999, comenzaron una serie de operaciones que significaron que, finalmente, Raúl Gorrín se hiciera del dominio de Conivenca al comprar las acciones en poder de Inversora DeepDale, mientras la otra accionista le vendió las suyas a la Administradora Perad. Al final, Gorrín poseía el 66 por ciento y Administradora Perad tenía 34 por ciento.

  La empresa fue capitalizada e diciembre de 2012 en Bs. 21.401.000, lo cual no era proporcional al volumen de acciones. Ahora Raúl Gorrín tenía 85 por ciento de la empresa y la Compañía y Administradora Perad el 15 por ciento. El capital siguió incrementándose en marzo de 2014, Administradora Perad vendió sus acciones a Gorrín que ahora tenía en sus manos el cien por ciento de la empresa.

  El objetivo único de Conivenca es la administración de su capital en Seguros La Vitalicia.

La Vitalicia en EE. UU.

   En Estados Unidos también fue registrada la aseguradora de Raúl Gorrín, de acuerdo a lo indica el portal Sunbiz[12], donde la empresa figura con la denominación de Seguros La Vitalicia CA Corp., instituida en el estado de la Florida bajo el número P11000033427, FEI/EIN 27-4817977.

   Esto ocurrió el 4 de abril de 2011, estando esta compañía en la actualidad inactiva al haber sido disuelta voluntariamente el 16 de mayo de 2014.

   La compañía tenía sede en el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174 que también era dirección postal y domicilio dl agente registrador Martorell’s Office Group Corp y de los directivos.

   La presidencia la ejercía Raúl Antonio Gorrín y la gerencia estaba en manos de Gustavo Adolfo Perdomo.

  Sunbiz también informa que el 23 de febrero de 2011 fue registrada en el estado de la Florida la empresa Inversora Conivenca CA Corp.[13], bajo el número P11000021864, FEI/EIN 45-1622672, siendo su estatus actual inactivo por haberse disuelto voluntariamente el 16 de mayo de 2014.

   La compañía tenía su sede en el 11046 West Flager ST, Miami, Fl 33174, misma dirección que tenía Seguros La Vitalicia CA Corp., el agente registrador que fue Martorell’s Office Group Corp, así como sus funcionarios y directores.

   Raúl Gorrín fungía como presidente y Gustavo Adolfo Perdomo como gerente.

CITAS


[1] Venezuela Política. “Ex tesorero de Hugo Chávez se declara culpable de lavado de dinero en tribunal de EE. UU.”. 20 de noviembre de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/11/ex-tesorero-de-hugo-chavez-se-declara.html

[2] Venezuela Política. “Conoce detalles de la estructura criminal de Raúl Gorrín Belisario, uno de los delincuentes más buscados de la justicia de EE. UU.”. 21 de noviembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/11/raul-gorrin-belisario-en-la-lista-de.html

[3][3] BBC Mundo. “Quién es Raúl Gorrín, el magnate de Venezuela acusado en EE.UU. de lavar millones de dólares junto a un exguardaespaldas de Hugo Chávez”. 21 noviembre 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46270105

[4] Prodavinci. “Estados Unidos impone sanciones a Globovisión y Seguros La Vitalicia”. 8 de enero de 2019. https://prodavinci.com/estados-unidos-impone-sanciones-a-globovision-y-seguros-la-vitalicia/

[5] U.S. Department of the Treasury. “Venezuela-related Designations; Issuance of Venezuela-related General License; Publication of New FAQ”. 8 de enero de 2019. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190108.aspx

[6] El Pitazo. “El emporio de Gorrín en EE. UU. tiembla tras su implicación en lavado de dinero”. 30 de mayo de 2019. https://elpitazo.net/investigacion/el-emporio-de-gorrin-en-ee-uu-tiembla-tras-su-implicacion-en-lavado-de-dinero/



[7] Seguros La Vitalicia. La empresa. https://lavitalicia.com/nosotros/la-empresa/

[8] Seguros La Vitalicia. Información financiera. https://lavitalicia.com/nosotros/situacion-financiera/

[9] YouTube. “Seguros La Vitalicia estrenó nueva sede en Caracas, ubicada en la calle Orinoco de Las Mercedes”. 4 de enero de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=jZ9yfN-qElk



[10] InfocifrasOnline. “Entre las primeras 20 aseguradoras se reparten el 90 por ciento del mercado”. 17 de agosto de 2016. https://cifrasonlinecomve.wordpress.com/tag/seguros-la-vitalicia/

[11] Reuters. “Venezuelan socialists and media-owning London socialite make strange bedfellows “. 5 de noviembre de 2014. https://www.reuters.com/article/venezuela-media/venezuelan-socialists-and-media-owning-london-socialite-make-strange-bedfellows-idUSL2N0S918U20141105



[12] Sunbiz. Division of Corporations. Seguros La Vitalicia CA Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=SEGUROSLAVITALICIACA%20P110000334270&aggregateId=domp-p11000033427-96d2507a-1d1f-419f-a465-8d957b560a83&searchTerm=S%20E%20G%20SOLEIL%20ENTERPRISE%20GROUP%2C%20INC&listNameOrder=SEGUROSFLAMINGO%20M457090

[13] Sunbiz. Division of Corporations. Inversora Conivenca CA Corp. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640&aggregateId=domp-p11000021864-85f5da09-fc02-4730-9c0d-44f8948683b7&searchTerm=Inversora%20Conivenca%2C%20CA%20Corp.&listNameOrder=INVERSORACONIVENCACA%20P110000218640