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lunes, 8 de agosto de 2022

Tribunal establece nuevo cronograma para el juicio entre PDV USA y la empresa del excongresista David Rivera, Interamerican Consulting

 El juez de la causa advirtió que no habrá más prórrogas.

Por Maibort Petit

     La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó las fechas del juicio de un caso que ha escandalizado a los venezolanos. En marzo de 2017, PDVSA, aún bajo el control total del régimen de Nicolás Maduro, contrató a la consultora del excongresista, David Rivera (Interamerican Consulting Inc) para mejorar la posición de la empresa en Estados Unidos. En 2020, una unidad de PDVSA bajo el control de la oposición, PDV USA, demandó a la firma, afirmando que recibió $15 millones de PDVSA pero no prestó servicios significativos. El demandado ha dicho que parte de los fondos los entregó al líder del partido Voluntad Popular. En medio del pleito legal, aparece como protagonista aparece un corrupto que es buscado por los Estados Unidos por diversas causas criminales.

   El objeto de la disputa es un supuesto contrato de asesoría cuyo precio era de USD 50 millones que comprometía a Interamerican Consulting Inc. a “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”. De esa suma fueron cancelados USD 15 millones cuyo reembolso ahora reclama PDV USA, dado que la demandada no habría cumplido con lo pautado. Posteriormente, la acusada contra demandó y reclamó de PDV USA Inc. el pago del resto de la suma contratada inicialmente, es decir, USD 35 millones.

   En el centro de la demanda aparecen involucrados, Raúl Gorrín, un sujeto que se ha enriquecido a las sombras de Maduro y sus aliados, y que actualmente se encuentra el prófugo de la justicia y otros individuos entre quienes se menciona al líder opositor Leopoldo López, a su esposa Lilian Tintori y a otras personales que supuestamente sirvieron de intermediarias para la entrega y recibimiento de los fondos pagados por CITGO a la consultora de David Rivera.

Calendario sin prórroga

   El juez del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, Robert W. Lehrburger, a cargo del proceso judicial en el que PDV USA Inc. demanda contra Interamerican Consulting Inc., aprobó la nueva propuesta de cronograma presentada por las partes en disputa.

   De este modo, se fijó para el 19 de agosto de 2022, la fecha límite para completar el descubrimiento de hechos, incluidas las declaraciones de los testigos de hecho que, anteriormente estuvo pautada para el 23 de junio de 2022, fecha en la que, por cierto, se adoptó la decisión.

  La misma fecha, 19 de agosto de 2022, también será el tope para modificar alegatos y/o incorporar partes adicionales. Como la anterior, esta diligencia tenía fecha límite de 23 de junio de 2022.

  Para el 2 de septiembre se fijó el plazo para servir informes periciales de apertura, un evento que anteriormente tenía fecha de 14 de julio de 2022.

 Será ahora el 16 de septiembre de 2022, el plazo para la entrega de informes periciales de refutación que antes tenía límite para el 4 de agosto de 2022.

  El 23 de septiembre de 2022 será ahora la fecha límite para completar declaraciones de expertos, un evento que antes debía realizarse antes del 18 de agosto de 2022.

  Para el 30 de septiembre de 2022 se estipuló el plazo para presentar las cartas previas a la moción para las mociones dispositivas, si las hubiere. Anteriormente, esta diligencia debía realizarse con tope de 25 de agosto de 2022.

  El 7 de octubre de 2022, será ahora la fecha límite para las respuestas a las cartas previas a la moción para las mociones dispositivas, un evento que antes debía realizarse hasta el 1 de septiembre de 2022.

 Las mociones de juicio sumario deberán presentarse el 4 de noviembre de 2022 y no el 3 de octubre de 2022, como estaba pautado anteriormente.

  La orden conjunta previa al juicio quedó establecida ahora para el 22 de noviembre de 2022 (o 21 días después de la decisión de cualquier moción dispositiva). Anteriormente, estaba fijada para el 24 de octubre de 2022.

 Las partes deben estar listas para el juicio con 48 horas de preaviso o después de 21 días de presentada la orden de instrucción conjunta.

 El juez Robert W. Lehrburger, ordenó este nuevo cronograma y advirtió que no habrá más prórrogas en ausencia de circunstancias convincentes.



jueves, 30 de junio de 2022

Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa piden desestimar tres cargos de la acusación en su contra en la cual está involucrado Raúl Gorrín

  Juez de EE. UU. fija para el jueves 7 de julio la audiencia en la que podría acordarse desestimar tres cargos de la acusación contra la enfermera de Chávez y su marido.


Por Maibort Petit

   La extesorera de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, conocida también como la enfermera de Chávez, solicitó al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Palm Beach, en el estado de la Florida, donde cursa la acusación por lavado de dinero, desestimar tres de los cargos de la Acusación de Reemplazo presentada en su contra y de su esposo, Adrián Velázquez Figueroa, el 15 de diciembre de 2020.

  Inicialmente, la decisión del juez estaba pautada para el 27 de junio de 2022, pero la fiscalía solicitó, sin oposición de la defensa, una prórroga hasta el 1 de julio del corriente año.

 A continuación, presentamos las diligencias relacionadas con esta acción de la causa.

Solicitud de sobreseimiento de cargos

  El 21 de junio de 2022, Marissel Descalzo, abogada de Claudia Patricia Díaz Guillén, presentó ante el Tribunal, una Moción conjunta de sobreseimiento de los cargos 2, 9 y 10 de la acusación de reemplazo y solicitó la celebración de audiencia acelerada.

    En primer lugar, se expone que la acusada y su esposo, Adrián José Velázquez Figueroa tienen doble ciudadanía de Venezuela y España; que, desde 2011 hasta abril de 2013, Claudia Díaz fue tesorera de Venezuela, rol en el que actuó sin independencia, sino con base en las estrictas y específicas directivas del entonces presidente, Hugo Chávez. Posteriormente, en 2013, cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en Venezuela, Figueroa y Díaz fueron desterrados de Venezuela y buscaron refugio en España en 2016, no debido a ninguna investigación de EE. UU., sino porque temían por sus vidas y las de sus familiares.

  Agrega que, en 2018, los acusados un tribunal español desestimó una solicitud de extradición a los Estados Unidos por razones humanitarias y luego, el 16 de agosto de 2018, el gobierno de los Estados Unidos acusó a Raúl Gorrín. 

  El 15 de diciembre de 2020, EE. UU. presentó una acusación de reemplazo y solicitó la extradición de España de los acusados. Esta acusación de reemplazo alega que, mientras Díaz Guillén actuó como tesorera de Venezuela, Raúl Gorrín pagó los gastos de yates y una empresa de diseño en beneficio de Velázquez Figueroa y Díaz al iniciar transferencias bancarias desde sus cuentas bancarias suizas a cuentas de Florida, ninguna de las cuales estaba controlada por los demandados. La fiscalía alega que las transferencias de Gorrín buscaban adquirir y conservar los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables mientras Díaz era tesorera de Venezuela.

  Se indica que, en mayo de 2022, después de que España negara las impugnaciones de extradición de los demandados, Claudia Díaz, pero Adrián Figueroa, fue entregada a la custodia de los alguaciles de los Estados Unidos.

  La abogada Marissel Descalzo, solicitó que los cargos dos, nueve y diez de la Acusación de reemplazo sean desestimados, primero, porque a criterio de la defensa, el gobierno carece de jurisdicción para enjuiciar a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez Figueroa bajo el brazo extraterritorial de la Ley de Control de Lavado de Dinero (MLCA), 18 U.S.C. Sección 1956(f). Alega que la conducta acusada ocurrió completamente fuera de los Estados Unidos y nada de lo sostenido en los referidos cargos involucró ninguna conducta en EE. UU. por parte de los demandados. Se refiere que la conducta incluye transferencias electrónicas desde cuentas bancarias suizas iniciadas por Gorrín a cuentas bancarias estadounidenses para supuestamente promover supuestos actos oficiales realizados por Díaz mientras fue tesorera de Venezuela desde 2011 hasta principios de 2013.

  En segundo lugar, se indica que los cargos nueve y diez, que acusan violaciones sustantivas de lavado de dinero deben ser desestimados porque el gobierno no alega que los demandados transfirieron, transportaron o transmitieron algún instrumento monetario con la especificidad requerida. Por el contrario, la Acusación de sustitución establece claramente que Raúl Gorrín fue quien llevó a cabo las transferencias.

   En tercer lugar, las alegaciones de los cargos en cuestión que señalan a Claudia Díaz a Adrián Velázquez Figueroa de promover o acordar promover una actividad ilegal específica en violación de 18 U.S.C. La Sección 1956(c)(7)(B)(iv), debe ser desestimada con perjuicio.

  Los cargos se basan completamente en la promoción de (i) una violación de la FCPA o (ii) una violación de la ley venezolana de conformidad con la Sección 1956(c)(7)(B)(iv). En este caso, el gobierno no proporcionó a Velázquez Figueroa ni a Claudia Díaz ninguna notificación en la Acusación de reemplazo sobre la cual supuestamente se violó la ley venezolana, es decir, qué ley contra una nación extranjera involucraba el soborno de un funcionario público o qué ley contra un país en el que supuestamente se violó la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público.

  Sostiene la moción que el gobierno de los EE. UU. busca extraditar y enjuiciar a Velázquez Figueroa por una conducta sobre la cual los Estados Unidos carecen de jurisdicción, lo cual no es una violación de las leyes de lavado de dinero alegadas en los Cargos Dos, Nueve y Diez, y que está específicamente prohibido por el Tratado y la Regla de Especialidad.

  Dado que según la defensa, Velázquez Figueroa podría ser entregado a los Estados Unidos en cualquier momento por conducta que no constituye un delito o para la cual no existe jurisdicción extraterritorial, los demandados también solicitan una audiencia y una decisión sobre esta solicitud de manera expedita.

  Se advierte que en la acusación de reemplazo las únicas acusaciones que describen cualquier conducta o transacción en los Estados Unidos:

  El 29 de octubre de 2012, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz. Véase Acusación de reemplazo, en 11. ("Transferencia 1")

   El 13 de noviembre de 2012, el Sr. Gorrín realizó una transferencia electrónica desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en relación con la compra de un yate en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz . Ver Acusación de reemplazo, en 11. ("Transferencia 2")

  El 15 de marzo de 2013, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de Florida de una empresa de yates en relación con la compra de un yate en beneficio del Sr. Figuero y la Sra. Díaz . Véase Acusación de reemplazo, en 13. ("Transferencia 3")

  El 17 de mayo de 2013, el Sr. Gorrín realizó una transferencia bancaria desde una cuenta bancaria suiza controlada por Gorrín a una cuenta bancaria del sur de la Florida mantenida por una empresa de moda propiedad de la Sra. Díaz y la Sra. Figueroa y en beneficio de las mismas. Véase Acusación de reemplazo, en 13. (“Transferencia 4”).

  Tales alegaciones constituyen la base del Segundo Cargo (una conspiración para transportar, transmitir o transferir instrumentos monetarios desde fuera de los Estados Unidos a un lugar en los Estados Unidos) en violación de 18 U.S.C. Sección 1956(h) y Cargos Nueve a Diez que alegan una violación sustantiva de 18 U.S.C. Sección 1956 (a)(2)(A). El Cargo Nueve se basa completamente en la Transferencia 3. Del mismo modo, el Cargo Diez se basa completamente en la Transferencia 4.

  Entre los alegatos de la defensa, se remiten a unos mensajes de Raúl Gorrín en su cuenta de la red social Twitter en lo que, según el punto de vista de los demandados, las transferencias 1-4 no tuvieron nada que ver con los acusados.

   Gorrín afirma inequívocamente que la Transferencia 1 fue transferida a Interglobal Yacht Sales LLC para comprar un yate para uso personal y que la Transferencia 2 fue para una transferencia destinada a beneficiar a Patric Love, una empresa de diseño propiedad controlada por María Torres Millán, ciudadana española. Como tal, los mensajes demuestran aún más que el despido está justificado.

El gobierno pide prórroga

  Kurt K. Lunkenheimer, Fiscal federal adjunto de Juan Antonio González, pidió prorrogar la fecha de respuesta a la moción conjunta para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la acusación de reemplazo y solicitud de audiencia acelerada hasta el 1 de julio de 2022. El fiscal consultó con la defensa respecto a su posición sobre la presentación de esta moción y no mostraron oposición.

La Corte había ordenado responder el 27 de junio de 2022 o antes.


Se concede la moción

El magistrado, resolvió conceder la moción.

  Para el 1 de julio de 2022, el juez de la causa, William P. Dimitrouleas, presentará su respuesta a la moción conjunta para desestimar los cargos 2, 9 y 10 de la Acusación de Reemplazo y solicitud de audiencia acelerada.




lunes, 20 de junio de 2022

Declaración de propietario de empresa de yates en Miami confirmó el pago que Interamerican Consulting hizo a Raúl Gorrín

  Una transcripción certificada de lo declarado por el Joel Brakha deja ver que la empresa de David Rivera pagó a la naviera USD 3,75 millones que cubrirían los gastos de servicio y mantenimiento de las embarcaciones del magnate venezolano fugitivo de la justicia de EE. UU..

Por Maibort Petit

  La declaración del directivo de Interglobal Yacht Management LLC, Joel Brakha, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York con relación al caso en que PDV USA Inc. demanda a la firma Interamerican Consulting Inc., confirma que, efectivamente, la empresa propiedad del excongresista estadounidense, David Rivera, realizó pagos millonarios a dicha empresa administradora de yates para Raúl Gorrín.

  Interamerican Consulting Inc. habría pagado USD 3.750.000 millones a Interglobal Yacht Management LLC la cual administra yates que son propiedad de Gorrín, dueño de Globovisión y la aseguradora La Vitalicia y uno de los supuestos criminales más buscado de la justicia norteamericana.

  Interglobal Yacht Management LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida bajo el número L12000089959, número FEI/EIN 81-4824898, el 11 de julio de 2012, cuyo agente registrado es Robert L. Gardana. El directorio lo conforman Daniel Marinucci y Joel Brakha[1], quien, de acuerdo a documentos judiciales que han sido dados a conocer recientemente, declaró que la firma de Rivera hizo el referido pago.

   Joel Brakha, representado por Robert L. Gardana y Alexander Fox, rindió su declaración el 28 de febrero de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, con presencia de los abogados Brady Sullivan y Jeffrey B. Korn de la firma Willkie Farr & Gallagher LLP en representación de la demandante PDV USA Inc.; Jason Johnson Byrd Campell P.A. en representación de la demandada Interamerican Consulting Inc

En el documento —una transcripción certificada de la declaración ante el tribunal— Joel Brakha refiere que los pagos recibidos en su empresa Interglobal Yacht Management de Interamerican Consulting, ocurrieron todos en 2017 —entre el 31 de marzo de 2017 y el 24 de abril de 2017— y corresponderían a montos adeudados por Raúl Gorrín.

  El pago se habría realizado a través de varios depósitos que totalizaron USD 3,75 millones.


    El dinero depositado por el Interamerican Consulting Inc. habría sido usado para cubrir los gastos de servicio y operación de los yates de Raúl Gorrín administrados por Interglobal Yacht Management LLC, según lo declarado por Joel Brakha ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York.

   En 2020 PDV USA Inc. demandó a la empresa Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de un contrato suscrito en marzo de 2017 con la empresa de David Rivera en tiempos en que los activos venezolanos en Estados Unidos estaban bajo el control de la administración de Nicolás Maduro. La acusación ocurrió cuando los bienes venezolanos estaban ya bajo control del denominado gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  El objeto de la disputa es un supuesto contrato de asesoría cuyo precio era de USD 50 millones que comprometía a Interamerican Consulting Inc. a “desarrollar un plan estratégico para crear una identidad separada y distinta y desvincularse de su matriz final, Petróleos de Venezuela, SA”. De esa suma fueron cancelados USD 15 millones cuyo reembolso ahora reclama PDV USA, dado que la demandada no habría cumplido con lo pautado. Posteriormente, la acusada contra demandó y reclamó de PDV USA Inc. el pago del resto de la suma contratada inicialmente, es decir, USD 35 millones.

  Pero tras la demanda de PDV USA se ocultarían otros intereses han señalado algunas fuentes, pues el resarcimiento económico estaría lejos de los objetivos del gobierno interino, que solamente habría llevado a cabo la acción judicial como una cortina de humo, siendo la auténtica razón desarrollar una estrategia para presentarse como en interesado en acabar con los manejos irregulares en CITGO[2].

  En medio de refriega, el nombre de Raúl Gorrín salió a la luz cuando se dijo que, supuestamente, el empresario recibió parte de los USD 15 millones pagados por PDV USA a Interamerican Consulting, a través de una empresa que administra sus yates en el estado de la Florida. Actualmente, la batalla en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para que se obligue a Interamerican a que entregue unas comunicaciones de WhatsApp que revelarían el destino del dinero pagado por la filial de PDVSA en Estados Unidos[3]. Como argumento para negarse a ello, Interamerican sostiene que tales conversaciones forman parte del privilegio abogado-cliente, toda vez que asegura que Raúl Gorrín le prestó servicios como abogado, para lo cual han presentado un Acuerdo de retención que así lo probaría. PDV USA sostiene que la supuesta relación abogado-cliente entre Rivera y Gorrín es ficticia[4].

 [1] Sunbiz. Division of Corporations. Interglobal Yacht Management LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INTERGLOBALYACHTMANAGEMENT%20L120000899590&aggregateId=flal-l12000089959-43970bbc-0651-40e6-8876-73ed3db5c377&searchTerm=INTERGLOBAL%20YACHT%20MANAGEMENT%2C%20LLC&listNameOrder=INTERGLOBALYACHTMANAGEMENT%20L120000899590

[2] Venezuela Política. “PDV USA versus Interamerican Consulting: Una demanda que ocultaría otros ilícitos distintos a los que acusa”. 25 de agosto de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/08/pdv-usa-versus-interamerican-consulting.html

[3] Venezuela Política. “Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC”. 7 de abril de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/04/caso-pdv-usa-en-nueva-york-david-rivera.html

[4] Venezuela Política. “David Rivera e Interamerican se escudan tras un contrato en el que Raúl Gorrín figura como su abogado, para impedir que se revelen conversaciones que darían cuenta de los fondos pagados por CITGO”. 30 de mayo de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/05/david-rivera-e-interamerican-se-escudan.html

viernes, 13 de mayo de 2022

En un tribunal de WPB: Claudia Díaz Guillén, "la enfermera de Hugo Chávez" se enfrenta a la justicia norteamericana

   Claudia Díaz Guillén, exenfermera y extesorera venezolana aceptó sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

    Este viernes 13 de mayo, un juez de Distrito del estado de la Florida leyó los cargos por corrupción a Claudia Patricia Díaz Guillén, una mujer que pasó de ser una enfermera del exmandatario Hugo Chávez, a Tesorera de Venezuela y posteriormente, una potentada millonaria que vivía entre lujos y caprichos con su marido, Adrián José Velázquez Figueroa quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber cometidos delitos que violan las leyes federales estadounidenses. 

  Díaz Guillén fue extraditada desde Madrid, España el 12 de mayo de 2022, luego de un proceso que buscaba, por medio de acciones legales,  paralizar su entrega [por parte del Reino de España] a las autoridades de los Estados Unidos.  

   En la audiencia de arraigo, el juez auxiliar William Matthewman leyó los cargos por los cuales es acusada Díaz Guillén.  El magistrado se comunicó con la acusada a través de su abogada provisional, Marissel Descalzo. 

  La defensa solicitó una nueva audiencia para presentar todos los recaudos de una fianza. El magistrado Matthewman fijó la cita para el martes 17 de mayo. Este proceso se realiza en la Corte del Distrito de West Palm Beach, tribunal que juzgó a uno de los co-acusados, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado. Gracias a su colaboración con la justicia y buen comportamiento, la condena de Andrade se redujo en mas de un 60 %. El exfuncionario corrupto está en libertad desde febrero 2022.

Los cargos 

  Díaz  Guillén es señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ser acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación firmada por la exfiscal del Distrito, Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Según varios medios de comunicación, Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

    Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

Doble apelación

  Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, apelaron ante la Audiencia Nacional de España la solicitud de extradición que Venezuela hizo por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1]. Asimismo, Díaz y Velásquez apelaron la petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos a España y que se concretó primeramente con la ex-enfermera de Hugo Chávez.

  En una entrevista concedida a BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: “Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado”, criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. “El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”[2].

La acusación

  El 30 de octubre del 2020, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

 El gobierno de Estados Unidos precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

[1] Tal Cual. “AP: Ex-enfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037

miércoles, 9 de febrero de 2022

Raúl Gorrín Belisario: Una causa de lavado de dinero que no ha sido olvidada por la justicia de los Estados Unidos

   El prófugo de la justicia estadounidense es ampliamente buscado por las autoridades y su causa, sellada en los tribunales, sigue su curso.

Por Maibort Petit

   No se trata de una causa olvidada, de ninguna manera. Los cargos formulados por Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión y Seguros La Vitalicia, siguen vigentes y al caso que se le sigue en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida donde la fiscalía lo señala de la comisión de delitos de lavado de dinero, se suma el expediente abierto contra él por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, donde, igualmente, se formuló una orden de captura en contra del empresario ligado al chavismo por los mismos ilícitos.

  La instancia judicial de EE. UU. lo acusa de blanqueo de capitales y ha emprendido una campaña que lleve a su captura, poniendo el número 1-866-347-2423 a disposición de quienes puedan dar información certera que lleve a su captura.

  La solicitud la presentó el HSI Honolulu a través de su cuenta en la red social Twitter @HSIHonolulu, en la que se indica que el empresario es buscado por lavado de dinero[1].

  Gorrín insiste en decir que las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía de los Estados Unidos se sustentan en “pruebas falsas”. Afirmación que hizo a través de un mensaje en su cuenta en Twitter[2]

“Quiero alertar que con pruebas falsas los EE.UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan”.

  Gorrín aseguró en el citado mensaje que la primera operación a la que hace referencia el gobierno estadounidense, la realizó desde su cuenta personal de HSBC por USD 281.051.

  Tal cantidad la transfirió a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13 de marzo de 2013 por la compra de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

  Agregó que la lancha estuvo a nombre de su empresa Inversiones Play Andes C.A, y la vendió a Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014.

  Asimismo, dijo que la segunda transacción fue una operación de permita que llevó a cabo el 15 de marzo de 2013 por USD 4 millones a la empresa Patric Love Holdings INC.

  La referida empresa es propiedad de la española María Torres Millán de quien recibí la cantidad al cambio en bolívares.

   Justificó con el argumento de que “En ese momento las operaciones en el mercado cambiario se sustentaban mediante la figura de un pagaré.

   Según Raúl Gorrín, sus evidencias demuestran que la fiscalía de los Estados Unidos “no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo”.

La acusación contra Gorrín

   El 16 de agosto de 2018 se conoció de la demanda que la Fiscalía presentó en contra de Raúl Gorrín Belisario ente el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, acusado de tres cargos, el primero de ellos Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; el segundo, Conspiración para cometer lavado de dinero; y el tercero, Lavado de instrumentos monetarios.

   Respecto al primero de estos cargos, la acusación indica que Raúl Gorrín Belisario fue residente de los Estados Unidos durante varios períodos de la conspiración, específicamente en Coral Gables, Florida, quien a partir de 2008 ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 con el fin de obtener y retener negocios.

  Este Oficial Extranjero 1 le permitía a Gorrín realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno de Venezuela y obtener una ventaja indebida.

  En 2010, Gorrín se asoció con quien en la acusación se identifica como Oficial Bancario Extranjero, para adquirir un Banco Extranjero, que le permitía asistencia en el lavado de dinero de sobornos pagados a funcionarios venezolanos.

  Entre 2011 y 2017, después de que el Funcionario Extranjero 1 dejó el cargo, Gorrín pagó sobornos que sumaron por lo menos USD 94 millones en beneficio del Funcionario Extranjero 1, con el propósito de continuar realizando pagando los sobornos, impedir que el Oficial Extranjero 1 interfiriera o impidiera el esquema y para recompensarlo por presentarle al Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este último. Por ejemplo, entre diciembre de 2012 y junio de 2013, transfirió USD 1,78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York en beneficio del Funcionario Extranjero 1.

  En sus operaciones, Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y de empresas de su propiedad o bajo su control para transferir pagos de sobornos.

  A partir de 2011, Gorrín Belisario pagó al Oficial Extranjero 2 y al co-conspirador 1 para influir e inducir al Oficial Extranjero 2 que le permitiera cambios de divisas y obtener una ventaja indebida de estas operaciones.

  Entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos por un total USD 65 millones al Funcionario Extranjero 2. Para ello, transfirió USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 en beneficio del Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1.

  Además de transferir dinero al Oficial Extranjero 1, al Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó por tres aviones, un yate, varios caballos campeones y numerosos caballos en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas en beneficio de estos. También compró jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficio del Oficial Extranjero 2 y co-conspirador l. Igualmente pagó facturas de estos mediante transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

  Estos pagos quedaron registrados en hojas de cálculo que empleados de Gorrín le enviaron por correo electrónico.

  La acusación refiere que, en 2010, Raúl Gorrín Belisario, Funcionario Bancario Extranjero y otros, compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

  En 2012, Gorrín se reunió con el Oficial Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos y el 18 de junio del mismo año el Funcionario Extranjero 2 transfirió un bono de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco le informó a Gorrín que sería liquidado, intercambiado y retenido en su cuenta.

  Asimismo, la acusación da cuenta de que el 25 de octubre de 2012, Gorrín envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales, adjuntando instrucciones para una empresa de yates y indicando: "Por favor, haga la transferencia y cargue a [co-conspirador 1]". El 29 de octubre de 2012, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago de USD 485.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 13 de noviembre de 2012, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 4.35 millones, Gorrín ordenó transferir dicha cantidad de la cuenta de la empresa 1 en Suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida.

  Igualmente, el 11 de diciembre de 2012, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones para realizar el pago, por lo que el 12 de diciembre, Gorrín ordenó una transferencia de USD 15.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta del veterinario.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad de USD 1.103.371 para el hogar del Funcionario Extranjero l en Caracas, Gorrín envió por correo electrónico la propuesta de dicho sistema de seguridad al Funcionario Extranjero 1, dirigiéndose a éste como "Jefe", y solicitó su aprobación. El 30 de enero de 2013, Gorrín ordenó el pago desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad en el Distrito Sur de Florida.

  El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos, la cual fue cancelada por el 7 de febrero mediante la transferencia de la citada cantidad desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta en Nueva York de la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, el Funcionario Extranjero 1 envió un correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debían pagar los gastos relacionados con sus caballos y el 25 de febrero el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la persona a quien se debían los gastos relacionados con los caballos en el Distrito Sur de Florida.

  El 4 de marzo de 2013, estando en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario una copia de las instrucciones para una empresa de transporte de caballos y el 7 de marzo de 2013, ordenó una transferencia de USD 228.768 desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la empresa de transporte de caballos.

  De igual manera, el 15 de marzo de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago por dicha cantidad de la cuenta en Suiza de la Compañía 1 a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 4 millones desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de moda del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

  El 29 de mayo de 2013, el Oficial Extranjero 1 le envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por trabajos de mejoras en su hogar y el 6 de junio el empresario transfirió la suma indicada desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar en el Distrito Sur de Florida.

La conspiración para lavar dinero

   El segundo de los cargos que la fiscalía presentó contra Raúl Gorrín Belisario fue por Conspiración para cometer lavado de dinero, refiriendo que entre 2008 y 2017, el empresario, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, llevó a cabo actividades para transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica.

  Se indica en la acusación que Gorrín transfirió fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de un esquema para pagar y ofrecer dinero y otras cosas de valor a funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Funcionario Extranjero 1 y el Funcionario Extranjero 2, para obtener y retener negocios.

Lavado de instrumentos monetarios

  El tercero de los cargos, Lavado de instrumentos monetarios, refiere que Raúl Gorrín Belisario entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, “transportó, transmitió y transfirió a sabiendas, y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de Estados Unidos, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el cohecho de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos”.

Estas actividades según se explica a continuación:

Decomiso de propiedades de Gorrín

  La acusación de la fiscalía incluyó el decomiso de una serie de propiedades de Raúl Gorrín Belisario en los Estados Unidos, a saber:

(1) 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;

(2) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;

(3) 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;

(4) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

(5) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;

(6) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;

(7) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;

(8) 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;

(9) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;

(10) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;

(11) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;

(12) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;

(13) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;

(14) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;

(15) 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;

(16) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;

(17) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;

(18) 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;

(19) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022;

(20), 330 E. 57th Street, apartamento 9, Nueva York, Nueva York 10022;

(21) 330 E. 57th Street, apartamento 11, Nueva York, Nueva York 10022;

(22) 330 E. 57th Street, apartamento 12, Nueva York, Nueva York 10022;

(23) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y

(24) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Acusación de reemplazo

  El 15 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó una Acusación de reemplazo en la que ya, quienes en la acusación inicial se identificaban como Funcionario Extranjero 2 y co-conspirador 1, pasan a ser demandados y se identifican como Claudia Patricia Díaz Guillén —Funcionario Extranjero 1 era Alejandro Andrade, extesorero nacional— y Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la Díaz Guillén.

  Claudia Díaz sustituyó a Alejandro Andrade en la Oficina Nacional del tesoro de Venezuela y fue incorporada al esquema de corrupción de Raúl Gorrín Belisario.

  Al igual que lo hiciera Alejandro Andrade, Claudia Patricia Díaz Guillén facilitó a Gorrín Belisario las ventajas indebidas en la obtención de divisas a precio preferencial ofrecidos por el gobierno venezolano donde imperaba un control de cambio.

  De tal manera que, a las operaciones y cargos descritos anteriormente, se incorporan ahora la descripción de las transacciones fraudulentas protagonizadas por la ex-tesorera nacional venezolana y su esposo.




 


 




[1] Twitter. HSI Honolulu. @HSIHonolulu. https://twitter.com/HSIHonolulu/status/1483846727765577735


[2] Twitter. Raúl Gorrín. @RaulGorrinB. https://twitter.com/RaulGorrinB/status/1459962788814757892?ref_src=twsrc%5Etfw

miércoles, 14 de julio de 2021

Carmelo Urdaneta Aquí, el corrupto exfuncionario de PDVSA que de declaró culpable de lavado de dinero, será sentenciado en septiembre de 2021

  El sujeto pagó una fianza de 1.5 millones de dólares. Permanecerá en libertad hasta que sea sentenciado en septiembre de 2021.

Por Maibort Petit

  El ex abogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que ayudó a las autoridades estadounidenses a profundizar en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares impulsado por la corrupción del gobierno venezolano, se declaró culpable este miércoles, casi un año después de su arresto y entrega en la corte federal de Miami.

   Carmelo Urdaneta Aquí, el ex-asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, y quien cruzó la frontera colombo-venezolana para llegar a Miami, es el cuarto imputado en declararse culpable en el masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Hay cinco acusados ​​que siguen prófugos y algunos de ellos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.

  Urdaneta  Aquí, fue acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos con otros funcionarios de PDVSA pagados de contratistas petroleros a cambio de contratos entregados de manera fraudulenta.

    Urdaneta Aquí fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares desde su rendición. 

  El sujeto enfrenta hasta 10 años de prisión, pero podría reducir sustancialmente su sentencia en septiembre debido a su colaboración con las autoridades.  La jueza de distrito Kathleen Williams es la única autoridad que tomará la decisión de  definir los años que el ex-funcionario corrupto de  PDVSA pasará en una cárcel estadounidense.

 Como parte de su declaración de culpabilidad por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero, los fiscales federales confiscaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, así como dos departamentos en Miami Beach y todos los activos en una cuenta bancaria que Urdaneta  tenía en un banco suizo.

   Los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden informaron en un memorando que el gobierno de Estados Unidos, decidió confiscar más de $ 49 millones a Urdaneta, fondos que se atribuyen a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de acceso a lucrativos contratos del gobierno venezolano como préstamos comerciales y comercio de divisas.  

    Urdaneta Aquí es un abogado de 47 años que ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015. En la demanda en su contra, aparece señalado como un actor del gobierno central en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones presentado en Miami. Asimismo, se le señala de haber participado en otro programa de préstamos y divisas a principios de su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.

El caso

  El esquema de corrupción y de lavado de dinero denunciado contrado Urdaneta Aquí, comenzó a fines de 2014 con un préstamo ficticio a PDVSA, que fue reembolsado a través de un programa de cambio de divisas del gobierno, desviando 600 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según la demanda de los fiscales. 

  Los acusados ​​utilizaron a un asociado para lavar parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, el complot se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados ​​de la compañía petrolera nacional venezolana.

  El presunto líder de esta trama es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, un miembro del clan conocido en Venezuela como los bolichicos que se enriquecieron con contratos fraudulentos del Estado venezolano a cambio del pago de millonarias coimas.  

  Francisco Convit Guruceaga fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar con Urdaneta Aquí, otros funcionarios de PDVSA y empresarios corruptos con acceso a los más altos niveles de gobierno.

   Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han decidido congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve acusados ​​nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y el caso relacionado. .

  El primero en declararse culpable en este caso fue el banquero Matthias Krüll, quien asumió la responsabilidad de haber conspirado para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas. 

   Krüll fue condenado a pagar $ 600,000 para satisfacer una sentencia de decomiso y tres años y medio de cárcel.

  En mayo de 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también fue sentenciado a dos años y cuatro meses tras admitir haber aceptado más de $ 12 millones en sobornos que había recibido en secreto. transferidos a instituciones financieras estadounidenses y otros.

  Ortega, quien fue el máximo funcionario financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió haber conspirado con el jefe de la red de lavado de dinero, Francisco Convit Guruceaga.

  Ortega también dijo que trabajó con el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, con sede en Miami. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parezcan legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue condenado a casi cuatro años.

  Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de confiscación de $ 12 millones, pero los registros judiciales indican que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en Nueva York y una casa en Miami como activos de reemplazo para su orden de decomiso.

   En este caso también aparece vinculado, Raúl Gorrín, un hombre corrupto, el dueño del canal Globovisión y de otras empresas que fueron adquiridas con dinero de la industria criminal. Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos.

 


viernes, 18 de diciembre de 2020

Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa

  La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Florida la fiscal, Adriana Fajardo Orshan, presentó acusación contra Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, 9 cargos de Blanqueo de instrumentos monetarios y Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La trama

  Refiere la acusación que desde 2008 hasta alrededor de 2017, Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, así como sus co-conspiradores constituyeron una trama de corrupción sustentada en los cambios de moneda extranjera realizados para el gobierno venezolano. Gorrín habría pagado cientos de millones de dólares en sobornos para asegurar su participación en negociaciones cambiarias que superaban los USD 1.000 millones que le rindieron ganancias de cientos de millones de dólares.

  Gorrín Belisario y otros, “ofrecieron, prometieron, autorizaron y realizaron pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos Tesoreros Nacionales consecutivos en Venezuela”, a saber, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. El empresario utilizó para ello, tanto cuentas bancarias personales como a nombre de empresas de las que era propietario y controlaba.

  En primer término, Gorrín Belisario, a partir de 2008, ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a Alejandro Andrade Cedeño con el fin de que le permitiera realizar cambios de divisas, asegurándose una ventaja indebida derivada del control de cambios imperante en Venezuela.

   En 2010, Raúl Gorrín se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray con objetivo de comprar el Banco Peravia y así ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y el producto de este y otros esquemas.

  En 2011, cuando Claudia Patricia Díaz Guillén fue designada Tesorera Nacional, Alejandro Andrade Cedeño le presentó —a ella y a su cónyuge Adrián José Velázquez Figueroa— a Raúl Gorrín y, a partir de entonces, el empresario igualmente le ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la funcionaria, de manera de poder mantener con ella las negociaciones cambiarias que llevaba a cabo con su antecesor.

  Para encubrir los pagos, Raúl Gorrín Belisario y otros, se valió de cuentas bancarias a nombre de tres empresas fantasmas y disfrazó los sobornos realizados en favor de Claudia Díaz Guillén a través de su esposo.

  De este modo, entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó alrededor de USD 65 millones en sobornos a Claudia Díaz Guillén. Por ejemplo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 8,6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida a beneficio de Díaz Guillén y Velázquez Figueroa.

  Igualmente, mientras Claudia Díaz fue tesorera nacional, Gorrín Belisario pagó sobornos por USD 94 millones a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño, con el propósito de completar los pagos que le adeudaba cuando estaba al frente de la Tesorería y para para evitar que interfiriera o impidiera el esquema en curso con Díaz Guillén y su esposo. También buscaba premiar a Alejandro Andrade Cedeño por presentarle a su sucesora en el cargo.

   Entre diciembre de 2012 y junio de 2013, Raúl Gorrín transfirió USD 1,78 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en Estados Unidos, incluyendo cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida, a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño.

   Además de los sobornos pagados en beneficio de Andrade Cedeño, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, el empresario compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda de diseño en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas a beneficio de estos.

  Gorrín Belisario recibió facturas y mantuvo correspondencia vía correo electrónico con los proveedores de Alejandro Andrade Cedeño, Claudia Díaz y Adrián Velázquez que el empresario hizo que se pagaran mediante transferencias bancarias desde cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

  Raúl Gorrín instruyó a sus empleados para que mantuvieran una hoja de cálculo con el propósito de rastrear algunos de los pagos de sobornos hechos a Alejandro Andrade y a Claudia Díaz, incluidos los pagos realizados a través de su esposo Adrián Velázquez.

  Señala la acusación que Raúl Gorrín continuó entregando dinero y otras cosas de valor a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez, aun después de dejar la Tesorería, con el objeto de que le brindara su asistencia en la obtención de ventajas comerciales.

Las operaciones y correos

   El 25 de octubre de 2012, Raúl envió un correo electrónico con el asunto "485.000" a uno de sus empleados y socios comerciales, instruyéndolos acerca de una operación próxima a realizar con una empresa de yates y diciendo: "Por favor, haga la transferencia y cárguela a AV''. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012 ordenó transferir USD 485.000 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates ubicada en el Distrito Sur de Florida, en beneficio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa.

   El 13 de noviembre de 2012, Gorrín ordenó transferir USD 4,35 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de la misma compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, esto con relación a la compra de un yate para Claudia Díaz y Adrián Velázquez.

  El 11 de diciembre de 2012, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios y las instrucciones para realizar el pago.

  El 12 de diciembre de 2012, Raúl Gorrín transfirió USD 15.000 desde una cuenta en Suiza a una cuenta ubicada en el Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para la casa de Alejandro Andrade Cedeño en Caracas, Raúl envió por correo electrónico la propuesta de la compra dirigiéndose a Andrade como “Jefe”, solicitándole su aprobación. El 30 de enero de 2013 Gorrín ordenó transferir USD 1.103.371 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza, a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la compra del citado sistema de seguridad.

   El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos. El 7 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 174.800 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debía pagar por los gastos relacionados con sus caballos. El 25 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a beneficio de dicha persona.

   El 4 de marzo de 2013, Andrade Cedeño le envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de las instrucciones de transferencia para una empresa de transporte de caballos. El 7 de marzo de 2013, Gorrín Belisario, mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida, ordenó transferir USD 228.768 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

  El 15 de marzo de 2013, el empresario ordenó transferir USD 281.051 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, para la compra de un yate para Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velázquez Figueroa.

   El 17 de mayo de 2013, Raúl Gorrín ordenó transferir USD 4 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida mantenida por una compañía de moda propiedad de Claudia Díaz y su esposo.

  El 29 de mayo de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por obras de mejoramiento para su casa. El 6 de junio de 2013, el empresario ordenó transferir USD 117.087,15 desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la empresa de mejoras para el hogar.

Confiscación de bienes

   La acusación contempla la confiscación de los siguientes bienes de los imputados:  1) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143; (2) 144 lsla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 3) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny lsles Beach, Florida 33160; 4) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180; 5) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146; 6) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 7) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 8) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 9) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146; 10) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146; 11) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 12) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146; 13) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 14) 20 W. 53 rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019; 15) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022; 16) 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022; 17) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y 18) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.