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viernes, 13 de mayo de 2022

En un tribunal de WPB: Claudia Díaz Guillén, "la enfermera de Hugo Chávez" se enfrenta a la justicia norteamericana

   Claudia Díaz Guillén, exenfermera y extesorera venezolana aceptó sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit

    Este viernes 13 de mayo, un juez de Distrito del estado de la Florida leyó los cargos por corrupción a Claudia Patricia Díaz Guillén, una mujer que pasó de ser una enfermera del exmandatario Hugo Chávez, a Tesorera de Venezuela y posteriormente, una potentada millonaria que vivía entre lujos y caprichos con su marido, Adrián José Velázquez Figueroa quien también es acusado por el gobierno de Estados Unidos por haber cometidos delitos que violan las leyes federales estadounidenses. 

  Díaz Guillén fue extraditada desde Madrid, España el 12 de mayo de 2022, luego de un proceso que buscaba, por medio de acciones legales,  paralizar su entrega [por parte del Reino de España] a las autoridades de los Estados Unidos.  

   En la audiencia de arraigo, el juez auxiliar William Matthewman leyó los cargos por los cuales es acusada Díaz Guillén.  El magistrado se comunicó con la acusada a través de su abogada provisional, Marissel Descalzo. 

  La defensa solicitó una nueva audiencia para presentar todos los recaudos de una fianza. El magistrado Matthewman fijó la cita para el martes 17 de mayo. Este proceso se realiza en la Corte del Distrito de West Palm Beach, tribunal que juzgó a uno de los co-acusados, Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y fue sentenciado. Gracias a su colaboración con la justicia y buen comportamiento, la condena de Andrade se redujo en mas de un 60 %. El exfuncionario corrupto está en libertad desde febrero 2022.

Los cargos 

  Díaz  Guillén es señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al ser acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación firmada por la exfiscal del Distrito, Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Según varios medios de comunicación, Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

    Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

Doble apelación

  Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, apelaron ante la Audiencia Nacional de España la solicitud de extradición que Venezuela hizo por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1]. Asimismo, Díaz y Velásquez apelaron la petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos a España y que se concretó primeramente con la ex-enfermera de Hugo Chávez.

  En una entrevista concedida a BBC Mundo en 2018, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: “Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado”, criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. “El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos”[2].

La acusación

  El 30 de octubre del 2020, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

 El gobierno de Estados Unidos precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.

[1] Tal Cual. “AP: Ex-enfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/

[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037

miércoles, 9 de febrero de 2022

Raúl Gorrín Belisario: Una causa de lavado de dinero que no ha sido olvidada por la justicia de los Estados Unidos

   El prófugo de la justicia estadounidense es ampliamente buscado por las autoridades y su causa, sellada en los tribunales, sigue su curso.

Por Maibort Petit

   No se trata de una causa olvidada, de ninguna manera. Los cargos formulados por Raúl Gorrín Belisario, propietario de Globovisión y Seguros La Vitalicia, siguen vigentes y al caso que se le sigue en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida donde la fiscalía lo señala de la comisión de delitos de lavado de dinero, se suma el expediente abierto contra él por el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) de Honolulu, Hawaii, donde, igualmente, se formuló una orden de captura en contra del empresario ligado al chavismo por los mismos ilícitos.

  La instancia judicial de EE. UU. lo acusa de blanqueo de capitales y ha emprendido una campaña que lleve a su captura, poniendo el número 1-866-347-2423 a disposición de quienes puedan dar información certera que lleve a su captura.

  La solicitud la presentó el HSI Honolulu a través de su cuenta en la red social Twitter @HSIHonolulu, en la que se indica que el empresario es buscado por lavado de dinero[1].

  Gorrín insiste en decir que las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía de los Estados Unidos se sustentan en “pruebas falsas”. Afirmación que hizo a través de un mensaje en su cuenta en Twitter[2]

“Quiero alertar que con pruebas falsas los EE.UU. pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan”.

  Gorrín aseguró en el citado mensaje que la primera operación a la que hace referencia el gobierno estadounidense, la realizó desde su cuenta personal de HSBC por USD 281.051.

  Tal cantidad la transfirió a la empresa Interglobal Yatch Sales LLC el 13 de marzo de 2013 por la compra de una lancha de uso personal que fue importada y nacionalizada en Venezuela.

  Agregó que la lancha estuvo a nombre de su empresa Inversiones Play Andes C.A, y la vendió a Armando Capriles Capriles en diciembre de 2014.

  Asimismo, dijo que la segunda transacción fue una operación de permita que llevó a cabo el 15 de marzo de 2013 por USD 4 millones a la empresa Patric Love Holdings INC.

  La referida empresa es propiedad de la española María Torres Millán de quien recibí la cantidad al cambio en bolívares.

   Justificó con el argumento de que “En ese momento las operaciones en el mercado cambiario se sustentaban mediante la figura de un pagaré.

   Según Raúl Gorrín, sus evidencias demuestran que la fiscalía de los Estados Unidos “no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo”.

La acusación contra Gorrín

   El 16 de agosto de 2018 se conoció de la demanda que la Fiscalía presentó en contra de Raúl Gorrín Belisario ente el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, acusado de tres cargos, el primero de ellos Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; el segundo, Conspiración para cometer lavado de dinero; y el tercero, Lavado de instrumentos monetarios.

   Respecto al primero de estos cargos, la acusación indica que Raúl Gorrín Belisario fue residente de los Estados Unidos durante varios períodos de la conspiración, específicamente en Coral Gables, Florida, quien a partir de 2008 ofreció y acordó pagar sobornos al Funcionario Extranjero 1 con el fin de obtener y retener negocios.

  Este Oficial Extranjero 1 le permitía a Gorrín realizar cambios de moneda extranjera para el gobierno de Venezuela y obtener una ventaja indebida.

  En 2010, Gorrín se asoció con quien en la acusación se identifica como Oficial Bancario Extranjero, para adquirir un Banco Extranjero, que le permitía asistencia en el lavado de dinero de sobornos pagados a funcionarios venezolanos.

  Entre 2011 y 2017, después de que el Funcionario Extranjero 1 dejó el cargo, Gorrín pagó sobornos que sumaron por lo menos USD 94 millones en beneficio del Funcionario Extranjero 1, con el propósito de continuar realizando pagando los sobornos, impedir que el Oficial Extranjero 1 interfiriera o impidiera el esquema y para recompensarlo por presentarle al Funcionario Extranjero 2 y facilitar la continuación del esquema de soborno con este último. Por ejemplo, entre diciembre de 2012 y junio de 2013, transfirió USD 1,78 millones desde cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York en beneficio del Funcionario Extranjero 1.

  En sus operaciones, Raúl Gorrín usó cuentas bancarias personales y de empresas de su propiedad o bajo su control para transferir pagos de sobornos.

  A partir de 2011, Gorrín Belisario pagó al Oficial Extranjero 2 y al co-conspirador 1 para influir e inducir al Oficial Extranjero 2 que le permitiera cambios de divisas y obtener una ventaja indebida de estas operaciones.

  Entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos por un total USD 65 millones al Funcionario Extranjero 2. Para ello, transfirió USD 8,6 millones de cuentas en Suiza a cuentas en el Distrito Sur de Florida entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 en beneficio del Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1.

  Además de transferir dinero al Oficial Extranjero 1, al Oficial Extranjero 2 y el co-conspirador 1, Raúl Gorrín Belisario compró y pagó por tres aviones, un yate, varios caballos campeones y numerosos caballos en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas en beneficio de estos. También compró jets y un yate en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas para beneficio del Oficial Extranjero 2 y co-conspirador l. Igualmente pagó facturas de estos mediante transferencia bancaria desde cuentas en Suiza y en otros lugares.

  Estos pagos quedaron registrados en hojas de cálculo que empleados de Gorrín le enviaron por correo electrónico.

  La acusación refiere que, en 2010, Raúl Gorrín Belisario, Funcionario Bancario Extranjero y otros, compraron una institución financiera en la República Dominicana con el propósito de lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

  En 2012, Gorrín se reunió con el Oficial Extranjero 1 en el Distrito Sur de Florida para discutir el pago de sobornos y el 18 de junio del mismo año el Funcionario Extranjero 2 transfirió un bono de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela a la cuenta de la Compañía 1 en Suiza, cuyo banco le informó a Gorrín que sería liquidado, intercambiado y retenido en su cuenta.

  Asimismo, la acusación da cuenta de que el 25 de octubre de 2012, Gorrín envió un correo electrónico con el asunto "485,000" a uno de sus empleados y socios comerciales, adjuntando instrucciones para una empresa de yates y indicando: "Por favor, haga la transferencia y cargue a [co-conspirador 1]". El 29 de octubre de 2012, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago de USD 485.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 13 de noviembre de 2012, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 4.35 millones, Gorrín ordenó transferir dicha cantidad de la cuenta de la empresa 1 en Suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida.

  Igualmente, el 11 de diciembre de 2012, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios e instrucciones para realizar el pago, por lo que el 12 de diciembre, Gorrín ordenó una transferencia de USD 15.000 desde la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta del veterinario.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad de USD 1.103.371 para el hogar del Funcionario Extranjero l en Caracas, Gorrín envió por correo electrónico la propuesta de dicho sistema de seguridad al Funcionario Extranjero 1, dirigiéndose a éste como "Jefe", y solicitó su aprobación. El 30 de enero de 2013, Gorrín ordenó el pago desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta de la compañía de seguridad en el Distrito Sur de Florida.

  El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envío por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos, la cual fue cancelada por el 7 de febrero mediante la transferencia de la citada cantidad desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la cuenta en Nueva York de la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, el Funcionario Extranjero 1 envió un correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debían pagar los gastos relacionados con sus caballos y el 25 de febrero el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta de la persona a quien se debían los gastos relacionados con los caballos en el Distrito Sur de Florida.

  El 4 de marzo de 2013, estando en Wellington, Florida, el Oficial Extranjero 1 envió por correo electrónico a Gorrín Belisario una copia de las instrucciones para una empresa de transporte de caballos y el 7 de marzo de 2013, ordenó una transferencia de USD 228.768 desde su cuenta personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a la empresa de transporte de caballos.

  De igual manera, el 15 de marzo de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un yate para "[co-conspirador 1]" por USD 281.051, Raúl Gorrín hizo que se transfiriera un pago por dicha cantidad de la cuenta en Suiza de la Compañía 1 a la cuenta de la compañía de yates en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 4 millones desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de moda del co-conspirador 1 en el Distrito Sur de Florida.

  El 29 de mayo de 2013, el Oficial Extranjero 1 le envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por trabajos de mejoras en su hogar y el 6 de junio el empresario transfirió la suma indicada desde la cuenta de la Compañía 2 en Suiza a la cuenta de la compañía de mejoras para el hogar en el Distrito Sur de Florida.

La conspiración para lavar dinero

   El segundo de los cargos que la fiscalía presentó contra Raúl Gorrín Belisario fue por Conspiración para cometer lavado de dinero, refiriendo que entre 2008 y 2017, el empresario, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, llevó a cabo actividades para transportar, transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de los Estados Unidos con la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica.

  Se indica en la acusación que Gorrín transfirió fondos de Suiza a los Estados Unidos, en cumplimiento de un esquema para pagar y ofrecer dinero y otras cosas de valor a funcionarios extranjeros en Venezuela, incluidos el Funcionario Extranjero 1 y el Funcionario Extranjero 2, para obtener y retener negocios.

Lavado de instrumentos monetarios

  El tercero de los cargos, Lavado de instrumentos monetarios, refiere que Raúl Gorrín Belisario entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y West Palm Beach, en el distrito sur de Florida, “transportó, transmitió y transfirió a sabiendas, y ayudó e instigó el transporte, la transmisión y la transferencia e intentó transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde y a través de un lugar fuera de Estados Unidos, con la intención de promover la realización de actividades ilícitas específicas, es decir, (a) violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y (b) delitos contra una nación extranjera, específicamente Venezuela, que involucran el cohecho de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por o en beneficio de un funcionario público, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos”.

Estas actividades según se explica a continuación:

Decomiso de propiedades de Gorrín

  La acusación de la fiscalía incluyó el decomiso de una serie de propiedades de Raúl Gorrín Belisario en los Estados Unidos, a saber:

(1) 1241 Placetas Avenue, Coral Gables Florida 33146;

(2) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143;

(3) 144 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143;

(4) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny Isles Beach, Florida 33160;

(5) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180;

(6) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 503, Aventura, Florida 33180;

(7) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146;

(8) 4100 Salzedo Street, Unidad 904, Coral Gables, Florida 33146;

(9) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146;

(10) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146;

(11) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146;

(12) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146;

(13) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146;

(14) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146;

(15) 4100 Salzedo Street, Unidad 903, Coral Gables, Florida 33146;

(16) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146;

(17) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146;

(18) 20 W. 53rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019;

(19) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022;

(20), 330 E. 57th Street, apartamento 9, Nueva York, Nueva York 10022;

(21) 330 E. 57th Street, apartamento 11, Nueva York, Nueva York 10022;

(22) 330 E. 57th Street, apartamento 12, Nueva York, Nueva York 10022;

(23) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y

(24) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.

Acusación de reemplazo

  El 15 de diciembre de 2020, la fiscalía presentó una Acusación de reemplazo en la que ya, quienes en la acusación inicial se identificaban como Funcionario Extranjero 2 y co-conspirador 1, pasan a ser demandados y se identifican como Claudia Patricia Díaz Guillén —Funcionario Extranjero 1 era Alejandro Andrade, extesorero nacional— y Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la Díaz Guillén.

  Claudia Díaz sustituyó a Alejandro Andrade en la Oficina Nacional del tesoro de Venezuela y fue incorporada al esquema de corrupción de Raúl Gorrín Belisario.

  Al igual que lo hiciera Alejandro Andrade, Claudia Patricia Díaz Guillén facilitó a Gorrín Belisario las ventajas indebidas en la obtención de divisas a precio preferencial ofrecidos por el gobierno venezolano donde imperaba un control de cambio.

  De tal manera que, a las operaciones y cargos descritos anteriormente, se incorporan ahora la descripción de las transacciones fraudulentas protagonizadas por la ex-tesorera nacional venezolana y su esposo.




 


 




[1] Twitter. HSI Honolulu. @HSIHonolulu. https://twitter.com/HSIHonolulu/status/1483846727765577735


[2] Twitter. Raúl Gorrín. @RaulGorrinB. https://twitter.com/RaulGorrinB/status/1459962788814757892?ref_src=twsrc%5Etfw

miércoles, 14 de julio de 2021

Carmelo Urdaneta Aquí, el corrupto exfuncionario de PDVSA que de declaró culpable de lavado de dinero, será sentenciado en septiembre de 2021

  El sujeto pagó una fianza de 1.5 millones de dólares. Permanecerá en libertad hasta que sea sentenciado en septiembre de 2021.

Por Maibort Petit

  El ex abogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, que ayudó a las autoridades estadounidenses a profundizar en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares impulsado por la corrupción del gobierno venezolano, se declaró culpable este miércoles, casi un año después de su arresto y entrega en la corte federal de Miami.

   Carmelo Urdaneta Aquí, el ex-asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minas de Venezuela, y quien cruzó la frontera colombo-venezolana para llegar a Miami, es el cuarto imputado en declararse culpable en el masivo caso de corrupción y lavado de dinero. Hay cinco acusados ​​que siguen prófugos y algunos de ellos protegidos por el régimen de Nicolás Maduro.

  Urdaneta  Aquí, fue acusado de aceptar decenas de millones de dólares en sobornos con otros funcionarios de PDVSA pagados de contratistas petroleros a cambio de contratos entregados de manera fraudulenta.

    Urdaneta Aquí fue liberado con una fianza de 1,5 millones de dólares desde su rendición. 

  El sujeto enfrenta hasta 10 años de prisión, pero podría reducir sustancialmente su sentencia en septiembre debido a su colaboración con las autoridades.  La jueza de distrito Kathleen Williams es la única autoridad que tomará la decisión de  definir los años que el ex-funcionario corrupto de  PDVSA pasará en una cárcel estadounidense.

 Como parte de su declaración de culpabilidad por un solo cargo de conspiración de lavado de dinero, los fiscales federales confiscaron un condominio de $ 5.3 millones en la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, así como dos departamentos en Miami Beach y todos los activos en una cuenta bancaria que Urdaneta  tenía en un banco suizo.

   Los fiscales Kurt Lunkenheimer y Paul Hayden informaron en un memorando que el gobierno de Estados Unidos, decidió confiscar más de $ 49 millones a Urdaneta, fondos que se atribuyen a su actividad delictiva de aceptar sobornos a cambio de acceso a lucrativos contratos del gobierno venezolano como préstamos comerciales y comercio de divisas.  

    Urdaneta Aquí es un abogado de 47 años que ocupó varios cargos en el Ministerio de Petróleo de Venezuela de 1997 a 2015. En la demanda en su contra, aparece señalado como un actor del gobierno central en el caso de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones presentado en Miami. Asimismo, se le señala de haber participado en otro programa de préstamos y divisas a principios de su carrera, según una declaración fáctica presentada con su acuerdo de culpabilidad.

El caso

  El esquema de corrupción y de lavado de dinero denunciado contrado Urdaneta Aquí, comenzó a fines de 2014 con un préstamo ficticio a PDVSA, que fue reembolsado a través de un programa de cambio de divisas del gobierno, desviando 600 millones de dólares de las arcas de la petrolera estatal, según la demanda de los fiscales. 

  Los acusados ​​utilizaron a un asociado para lavar parte de los fondos de PDVSA en Estados Unidos. Para 2015, el complot se había duplicado a $ 1.2 mil millones malversados ​​de la compañía petrolera nacional venezolana.

  El presunto líder de esta trama es el venezolano Francisco Convit Guruceaga, un miembro del clan conocido en Venezuela como los bolichicos que se enriquecieron con contratos fraudulentos del Estado venezolano a cambio del pago de millonarias coimas.  

  Francisco Convit Guruceaga fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar con Urdaneta Aquí, otros funcionarios de PDVSA y empresarios corruptos con acceso a los más altos niveles de gobierno.

   Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han decidido congelar cientos de millones de dólares en activos bancarios e inmobiliarios pertenecientes a los nueve acusados ​​nombrados en la acusación de lavado de dinero de Miami y el caso relacionado. .

  El primero en declararse culpable en este caso fue el banquero Matthias Krüll, quien asumió la responsabilidad de haber conspirado para lavar parte del dinero de PDVSA escondido en cuentas bancarias europeas. 

   Krüll fue condenado a pagar $ 600,000 para satisfacer una sentencia de decomiso y tres años y medio de cárcel.

  En mayo de 2021, Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, también fue sentenciado a dos años y cuatro meses tras admitir haber aceptado más de $ 12 millones en sobornos que había recibido en secreto. transferidos a instituciones financieras estadounidenses y otros.

  Ortega, quien fue el máximo funcionario financiero de PDVSA de 2014 a 2016, admitió haber conspirado con el jefe de la red de lavado de dinero, Francisco Convit Guruceaga.

  Ortega también dijo que trabajó con el corredor de inversiones Gustavo Adolfo Hernandez Frieri, con sede en Miami. Hernández se declaró culpable de aceptar $ 12 millones de Ortega para invertir en fondos mutuos falsos en los Estados Unidos para que las transacciones parezcan legítimas, dijeron los fiscales. Hernández fue condenado a casi cuatro años.

  Ortega y Hernández enfrentan cada uno órdenes de confiscación de $ 12 millones, pero los registros judiciales indican que el exfuncionario de PDVSA solo se quedó con $ 3 millones de esa cantidad y Hernández se quedó con el resto. Los fiscales apuntan a la residencia de Hernández en Nueva York y una casa en Miami como activos de reemplazo para su orden de decomiso.

   En este caso también aparece vinculado, Raúl Gorrín, un hombre corrupto, el dueño del canal Globovisión y de otras empresas que fueron adquiridas con dinero de la industria criminal. Gorrín es un fugitivo de la justicia de los Estados Unidos.

 


viernes, 18 de diciembre de 2020

Por delitos de lavado de dinero Corte de la Florida acusa a Raúl Gorrín, a Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa

  La acción legal contempla la confiscación 18 bienes inmuebles ubicados en la Florida y Nueva York.

Por Maibort Petit

   Ante la Corte del Distrito Sur de Florida la fiscal, Adriana Fajardo Orshan, presentó acusación contra Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, 9 cargos de Blanqueo de instrumentos monetarios y Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

La trama

  Refiere la acusación que desde 2008 hasta alrededor de 2017, Raúl Gorrín Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, así como sus co-conspiradores constituyeron una trama de corrupción sustentada en los cambios de moneda extranjera realizados para el gobierno venezolano. Gorrín habría pagado cientos de millones de dólares en sobornos para asegurar su participación en negociaciones cambiarias que superaban los USD 1.000 millones que le rindieron ganancias de cientos de millones de dólares.

  Gorrín Belisario y otros, “ofrecieron, prometieron, autorizaron y realizaron pagos corruptos a funcionarios del gobierno venezolano, incluidos dos Tesoreros Nacionales consecutivos en Venezuela”, a saber, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén. El empresario utilizó para ello, tanto cuentas bancarias personales como a nombre de empresas de las que era propietario y controlaba.

  En primer término, Gorrín Belisario, a partir de 2008, ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a Alejandro Andrade Cedeño con el fin de que le permitiera realizar cambios de divisas, asegurándose una ventaja indebida derivada del control de cambios imperante en Venezuela.

   En 2010, Raúl Gorrín se asoció con Gabriel Arturo Jiménez Aray con objetivo de comprar el Banco Peravia y así ayudar en el lavado de sobornos pagados a funcionarios venezolanos y el producto de este y otros esquemas.

  En 2011, cuando Claudia Patricia Díaz Guillén fue designada Tesorera Nacional, Alejandro Andrade Cedeño le presentó —a ella y a su cónyuge Adrián José Velázquez Figueroa— a Raúl Gorrín y, a partir de entonces, el empresario igualmente le ofreció, prometió, autorizó y pagó sobornos a la funcionaria, de manera de poder mantener con ella las negociaciones cambiarias que llevaba a cabo con su antecesor.

  Para encubrir los pagos, Raúl Gorrín Belisario y otros, se valió de cuentas bancarias a nombre de tres empresas fantasmas y disfrazó los sobornos realizados en favor de Claudia Díaz Guillén a través de su esposo.

  De este modo, entre 2011 y 2013, Raúl Gorrín pagó alrededor de USD 65 millones en sobornos a Claudia Díaz Guillén. Por ejemplo, entre noviembre de 2012 y mayo de 2013, Gorrín transfirió USD 8,6 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida a beneficio de Díaz Guillén y Velázquez Figueroa.

  Igualmente, mientras Claudia Díaz fue tesorera nacional, Gorrín Belisario pagó sobornos por USD 94 millones a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño, con el propósito de completar los pagos que le adeudaba cuando estaba al frente de la Tesorería y para para evitar que interfiriera o impidiera el esquema en curso con Díaz Guillén y su esposo. También buscaba premiar a Alejandro Andrade Cedeño por presentarle a su sucesora en el cargo.

   Entre diciembre de 2012 y junio de 2013, Raúl Gorrín transfirió USD 1,78 millones de cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en Estados Unidos, incluyendo cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida, a beneficio de Alejandro Andrade Cedeño.

   Además de los sobornos pagados en beneficio de Andrade Cedeño, Díaz Guillén y Velázquez Figueroa, el empresario compró y pagó gastos relacionados con jets privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda de diseño en el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Texas a beneficio de estos.

  Gorrín Belisario recibió facturas y mantuvo correspondencia vía correo electrónico con los proveedores de Alejandro Andrade Cedeño, Claudia Díaz y Adrián Velázquez que el empresario hizo que se pagaran mediante transferencias bancarias desde cuentas bancarias en Suiza a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

  Raúl Gorrín instruyó a sus empleados para que mantuvieran una hoja de cálculo con el propósito de rastrear algunos de los pagos de sobornos hechos a Alejandro Andrade y a Claudia Díaz, incluidos los pagos realizados a través de su esposo Adrián Velázquez.

  Señala la acusación que Raúl Gorrín continuó entregando dinero y otras cosas de valor a Claudia Díaz y a Adrián Velázquez, aun después de dejar la Tesorería, con el objeto de que le brindara su asistencia en la obtención de ventajas comerciales.

Las operaciones y correos

   El 25 de octubre de 2012, Raúl envió un correo electrónico con el asunto "485.000" a uno de sus empleados y socios comerciales, instruyéndolos acerca de una operación próxima a realizar con una empresa de yates y diciendo: "Por favor, haga la transferencia y cárguela a AV''. Posteriormente, el 29 de octubre de 2012 ordenó transferir USD 485.000 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates ubicada en el Distrito Sur de Florida, en beneficio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa.

   El 13 de noviembre de 2012, Gorrín ordenó transferir USD 4,35 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de la misma compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, esto con relación a la compra de un yate para Claudia Díaz y Adrián Velázquez.

  El 11 de diciembre de 2012, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de una factura por USD 14.422 por servicios veterinarios y las instrucciones para realizar el pago.

  El 12 de diciembre de 2012, Raúl Gorrín transfirió USD 15.000 desde una cuenta en Suiza a una cuenta ubicada en el Distrito Sur de Florida, en los Estados Unidos.

   El 29 de enero de 2013, luego de recibir un correo electrónico con los detalles para la compra de un sistema de seguridad por USD 1.103.371 para la casa de Alejandro Andrade Cedeño en Caracas, Raúl envió por correo electrónico la propuesta de la compra dirigiéndose a Andrade como “Jefe”, solicitándole su aprobación. El 30 de enero de 2013 Gorrín ordenó transferir USD 1.103.371 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza, a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la compra del citado sistema de seguridad.

   El 5 de febrero de 2013, mientras se encontraba en Wellington, Florida, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 174.800 de una empresa de transporte de caballos. El 7 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 174.800 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

   El 15 de febrero de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín con la identificación de la persona a quien se le debía pagar por los gastos relacionados con sus caballos. El 25 de febrero de 2013, el empresario ordenó transferir USD 150.000 de la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida a beneficio de dicha persona.

   El 4 de marzo de 2013, Andrade Cedeño le envió por correo electrónico a Raúl Gorrín una copia de las instrucciones de transferencia para una empresa de transporte de caballos. El 7 de marzo de 2013, Gorrín Belisario, mientras se encontraba en el Distrito Sur de Florida, ordenó transferir USD 228.768 desde su cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA en Suiza a una cuenta bancaria en Nueva York para la empresa de transporte de caballos.

  El 15 de marzo de 2013, el empresario ordenó transferir USD 281.051 desde la cuenta bancaria de la Compañía 1 en Suiza a la cuenta bancaria de una compañía de yates en el Distrito Sur de Florida, para la compra de un yate para Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velázquez Figueroa.

   El 17 de mayo de 2013, Raúl Gorrín ordenó transferir USD 4 millones desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida mantenida por una compañía de moda propiedad de Claudia Díaz y su esposo.

  El 29 de mayo de 2013, Alejandro Andrade Cedeño envió por correo electrónico a Gorrín una copia de una factura por USD 117.062,15 por obras de mejoramiento para su casa. El 6 de junio de 2013, el empresario ordenó transferir USD 117.087,15 desde la cuenta bancaria de la Compañía 2 en Suiza a una cuenta bancaria en el Distrito Sur de Florida para la empresa de mejoras para el hogar.

Confiscación de bienes

   La acusación contempla la confiscación de los siguientes bienes de los imputados:  1) 140 Paloma Drive, Coral Gables, Florida 33143; (2) 144 lsla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 3) 18555 Collins Avenue, Unidad 4401, Sunny lsles Beach, Florida 33160; 4) 21055 Yacht Club Drive, Unidad 2602, Aventura, Florida 33180; 5) 4100 Salzedo Street, Unidad 804, Coral Gables, Florida 33146; 6) 4100 Salzedo Street, Unidad 1010, Coral Gables, Florida 33146; 7) 4100 Salzedo Street, Unidad 608, Coral Gables, Florida 33146; 8) 4100 Salzedo Street, Unidad 807, Coral Gables, Florida 33146; 9) 4100 Salzedo Street, Unidad 809, Coral Gables, Florida 33146; 10) 4100 Salzedo Street, Unidad 811, Coral Gables, Florida 33146; 11) 4100 Salzedo Street, Unidad 813, Coral Gables, Florida 33146; 12) 4100 Salzedo Street, Unidad 909, Coral Gables, Florida 33146; 13) 4100 Salzedo Street, Unidad 913, Coral Gables, Florida 33146; 14) 20 W. 53 rd St, 47A, Nueva York, Nueva York 10019; 15) 310 E. 53th Street, Apt 24C, Nueva York, Nueva York 10022; 16) 330 E. 57th Street, Apt 12, Nueva York, Nueva York 10022; 17) 60 Riverside Boulevard, PH 3702, Nueva York, NY 10069; y 18) 60 Riverside Boulevard, PH 3602, Nueva York, NY 10069.




 

miércoles, 4 de noviembre de 2020

Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano

   El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra Claudia Díaz Guillén y su esposo, señalados de recibir sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit


Señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, fue acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación de la fiscal Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

  Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

   La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

  Hace pocos días, circuló una información que asegura que Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

   Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

  A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP. Las pesquisas judiciales indican que Beaumont supuestamente trabajó con Danilo Diazgranados, un financiero venezolano señalado por hechos de corrupción.

   En la actualidad, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, esperan la decisión de la Audiencia Nacional de España respecto a la solicitud de extradición que Venezuela ha formulado por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1].

  En una entrevista concedida a BBC Mundo, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: "Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado", criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

   Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. "El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos"[2].

La acusación

  El pasado 30 de octubre del corriente, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

   Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

   La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  La fiscalía precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

  Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

  Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

  Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

  Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

  Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

   Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

   Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

Los otros cargos

   Respecto a los cargos 2 y 3 de acusación referidos al Blanqueo de instrumentos monetarios, la acusación indica que el 15 de marzo de 2013, a los acusados se les transfirieron USD 281.051 desde una cuenta en Suiza, a una cuenta en el distrito sur de la Florida.

  También el 17 de mayo de 2013, recibieron una transferencia bancaria por USD 4.000.000 cuenta en Suiza a una cuenta en Estados Unidos, específicamente en el Distrito Sur de Florida.

Penalidades

  La acusación promueve que, de ser declarados culpables, a Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa se les confisque cualquier propiedad en Estados Unidos, relacionada con los delitos que se le imputan

   Si alguna propiedad sujeta a decomiso no se puede localizar, ha sido transferida o vendida a un tercero, ha disminuido su valor o se ha ubicado fuera de la jurisdicción de la corte, los Estados Unidos tendrán derecho a la confiscación de una propiedad sustituta.


 


 


 


 




[1] Tal Cual. “AP: Exenfermera de Chávez habría guardado oro en una bóveda secreta”. 3 de agosto de 2020. https://talcualdigital.com/ap-exenfermera-de-chavez-habria-guardado-oro-en-una-boveda-secreta/


 


[2] BBC Mundo. “‘Cuando Chávez ya no podía ejercer el poder, recibimos instrucciones ajenas a la ley’: Claudia Díaz Guillén, la exenfermera que quiere evitar ser extraditada a Venezuela”. 13 de diciembre de 2018. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46480037


martes, 9 de junio de 2020

Raúl Gorrín tramitó fraudulentamente duplicados de los títulos de propiedad de sus vehículos de lujo que iban a ser confiscados por EE.UU. usando una licencia y un pasaporte falsificados

   El prófugo de la justicia norteamericana pretendió vender un Rolls Royce (2012); un Ferrari (2016); un Porsche (2017) y un Maserati (2014), que forman parte de la lista de bienes objetos de confiscación por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida. Tramitó las copias de los títulos de propiedad con documentos falsificados. El acusado de corrupción y lavado de dinero, se atrevió, inclusive, a enviar a uno de sus empleados al Departamento de Policía de Coral Gables, para reportar un incidente ficticio, para hacerle creer a las autoridades que los costosos autos habían sido robados del estacionamiento de un lujoso edificio donde posee varios apartamentos. Recientemente, Gorrín certificó la propiedad sobre uno de los vehículos, a través de su abogado. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Usando una licencia del estado de la Florida y un pasaporte venezolano falsificados, Raúl Antonio Gorrín tramitó fraudulentamente copias de los títulos certificados de propiedad de cuatro vehículos de lujos que estaban en la lista de los bienes congelados por el gobierno de los Estados Unidos, para venderlos a un broker de autos en Homestead, de acuerdo a una investigación revelada en una demanda civil que cursa en la corte de Miami que busca recuperar los costosos automóviles.
   La Fiscalía del Distrito Sur de la Florida realizó todos los procedimientos ante la Corte del Distrito para proceder con la confiscación de los cuatro vehículos de lujo, un Rolls Royce (2012), un Ferrari (2016), un Porsche (2017) y un Maserati (2014) pertenecientes a Gorrín, acusado de delitos de corrupción y lavado de dinero y quien se encuentra bajo estatus de fugitivo de la la justicia de los Estados Unidos.

  En la acción civil, los fiscales federales exigen que se haga entrega de los vehículos que pertenecen a Raúl Gorrín,  y que fueron adquiridos con dinero proveniente de la industria criminal, según los representantes del gobierno.

En el documento de describen los siguientes vehículos:

1) 2012 Rolls Royce Phantom Drophead, VIN SCA682D53CUX16710
Un modelo del vehículo solicitado (Foto cortesía)
2) 2016 Ferrari Modelo FF VIN ZFF73SKA0G0215301
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
3) 2017 Porsche 911 Turbo Coupe, VIN WP0AD2A94HSI166412
Modelo del vehículo referenciado (Foto cortesía)
4) 2014 Maserati Quattroporte, VIN ZAM56PPA7E1084665.
Modelo del vehículo referenciado, (foto cortesía)
   La demanda explica que el 16 de agosto 2018, un Gran Jurado del Distrito Sur de la Florida aprobó una acusación contra Raúl Gorrín Belisario, por haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que incluye 10 cargos relacionados con delitos de lavado de dinero.

  La querella describe que desde 2011 hasta apróximadamente 2017, Raúl Gorrín pagó unos 94 millones de dólares en sobornos a varios funcionarios del gobierno de Venezuela. Durante la investigación federal, los agentes de la ley identificaron que Gorrín era el dueño de los mencionados vehículos y que fueron registrados a su nombre ante el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de la Florida. Hasta noviembre de 2018, los automóviles estaban a su nombre y con su dirección en Coral Gables.

   En noviembre de 2018, a la acusación contra Gorrín se le levantó el sello y se hizo pública el 3 de diciembre de 2018. Luego que se conocieran los cargos criminales, Gorrín tramitó una duplicación de los certificados de los títulos de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati, con una licencia de la Florida número G287-681-68-140-0.

  En la aplicación fraudulenta, "Gorrín alegó que los títulos originales de los vehículos estaban perdidos". En la aplicación de la duplicación del título del Ferrari no se incluyó la licencia de conducir a nombre de Gorrín, sino que se solicitaba una copia del título porque se había perdido, y la petición fue firmada con las iniciales RG (Raúl A. Gorrín).

  Los investigadores del gobierno determinaron que la licencia de conducir, usada por Gorrín para pedir las copias de los título de propiedad, N-G287-681-68-140-0 no existía en los récords de la Florida. De hecho se supo que en el estado de la Florida nunca se emitió una licencia a nombre de Gorrín y que, el prófugo de la justicia, había usado la licencia de Venezuela para comprar todos sus autos.

   La falsa licencia de conducir del estado de la Florida que usó el dueño de Globovisión para obtener de manera dolosa las copias duplicadas de los títulos de propiedad de los vehículos Rolls Royce, Porsche y Maserati tenían el nombre de Gorrín, su fecha de nacimiento y dirección local, "pero, basado en las fotos de Gorrín en línea y de acuerdo a las bases de datos de las autoridades, la imagen de la licencia no correspondía a la del acusado". 

  Los fiscales sostienen que Raúl Gorrín usó la foto de un pasaporte venezolano falso, para hacer una licencia de conducir de la Florida falsa.

  De acuerdo a la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional, Raúl Gorrín salió de los Estados Unidos un año antes de los trámites, el 4 de noviembre de 2017, desde el Aeropuerto de Opa Locka en Florida, y desde esta fecha no regresó a Norteamérica.

  Entre el 30 de noviembre de 2018 y el 3 de diciembre de 2018, Raúl Gorrín ordenó trasladar los vehículos desde el edificio ubicado en 4100 Salzedo Street, Coral Gables [donde posee varios apartamentos que son también objeto de confiscación] hasta Auto Brokers USA Corp. en Homestead, Florida, usando las copias duplicadas de los certificados de los títulos de los vehículos que fueron ejecutados por una persona que se hizo pasar por Raúl Gorrín usando una licencia falsa de ese estado.
  La firma de la persona que estaba haciendo las gestiones fraudulentas con la licencia falsa, no se correspondía con la de Gorrín. El 5 de enero de 2019, un reporte del Departamento de la Policía de Coral Gables dice que seis vehículos de lujo fueron robados a Gorrín. Los autos del reporte incluyen los cuatro que son objeto de la acción civil. La persona que actúo por Gorrín, J.D. dijo a la policía que era un empleado de Gorrín y que este lo había autorizado a vender los vehículos a Auto Brokers.

   Otro reporte de la policía del 3 de enero de 2019, dice que J.D. descubrió que los vehículos habían sido robados del estacionamiento del edificio. JD dijo que el gerente del edificio le advirtió que un representante de Auto Brokers habían buscando los vehículos y que para llevárselos mostró los certificados de los títulos, indicando que los mismos habían sido transferidos a dicha empresa.

  En el reporte se indica que un oficial de policía de Coral Gables contactó telefónicamente a Raúl Gorrín a Venezuela, y éste le indicó que J.D. tenía un poder de un abogado para representarlo en esas diligencias.

  Actualmente el Rolls Royce se encuentra en poder de la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, y el Ferrari, Porsche y Maserati están en manos de Auto Brokers USA Corp. ubicado en 29951 South Federal Highway, Homestead, Florida, 33022.

  El gobierno de los Estados Unidos está solicitando su confiscación de acuerdo a lo establecido en las leyes estadounidenses, según el documento firmado por la Fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan.

Reclamo del Rolls Royce

  El 6 de enero de 2020,  Estados Unidos hizo un reclamo verificado del Rolls Royce. En el expediente, aparece el documento donde Raúl Gorrín declara que es el dueño del auto y que hace un reclamo de la propiedad. La comunicación está firmada por Gorrín y el abogado Howard Srebnick del bufete Black, Srebnick, Kornspan y Stumpf, cuyas oficinas se encuentran en 201 South Biscayne Boulevard, en Miami, FL 33131.