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miércoles, 17 de febrero de 2021

Los papeles secretos de Andorra: La poderosa maquinaria de Pdvsa (Parte I)

Por Maibort Petit

   Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra que se está en nuestro poder, revela como Diego Salazar y otros altos personeros del oficialismo —entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías Luces— estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un sistema que obligaba a empresas al pago de jugosas comisiones para verse beneficiadas con contratos de PDVSA y sus filiales. De este modo, a través de cuentas de los señalados y de sociedades panameñas por ellos controladas ingresaron a la BPA más de dos mil millones de euros.
   AnuncioAmante del vino Pomerol Petrus de 1990 cuyo precio es 5.560 euros la botella, decidió adquirir en diciembre de 2012, 694 unidades del néctar y otras selectas bebidas como Dom Perignon que lo harían extender un pago a favor de Lavinia, en el bulevar de la Madelaine de París, por 493.573 euros. Otras menudencias, como compras en joyerías por tres millones de euros, dos millones en obras de arte, más de medio por alquiler de helicópteros, caviar, jamón, delicatesen, formar su propia orquesta y grabar un disco dada su afición por cantar aunque posea pocos atributos para hacerlo. Comprar por 3,4 millones de euros un centenar de relojes Rolex y Cartier. Pasión y gusto por la buena vida, los placeres y las excentricidades que terminaron delatándolo: una propina de 99 mil euros obsequiada al “concierge” —empleado hotelero encargado de complacer a los clientes— del hotel Crillón en París y que habría llevado a éste a declararla a sus jefes y a estos, a su vez, a referir el hecho a los entes fiscales, encendió las alarmas y dirigió las miradas escrutadoras de las autoridades financieras galas hacia Diego Salazar Carreño.


   Las averiguaciones llevaron a que la Banca Privada de Andorra, BPA, por orden judicial, congelara el 5 de diciembre de 2012, una de las cuentas que Diego Salazar mantenía en esa entidad. Estados Unidos a través de acciones del FBI, fiscales de Miami y Nueva York, había iniciado la investigación y logró rastrear los fondos irregulares de Salazar desde cuentas de empresas de maletín de Belice y Panamá.

   En Venezuela, el 1° de diciembre de 2017, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, había sido detenido por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra. Quien pasara de ser un modesto vendedor de seguros a un multimillonario egocéntrico fue imputado por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

  Saab también anunció que las investigaciones que adelanta su despacho guardan relación con la utilización de la BPA para lavar más de 4 mil 200 millones de euros. “Hemos decidido abrir una investigación penal (…) al ciudadano Rafael Ramírez (…) porque en uno de los documentos que hemos encontrado el ciudadano Diego Salazar lo señala directamente, lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compraventa de petróleo”, señaló el fiscal, al tiempo que agregó que igualmente por el mismo caso solicitaron la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica quien “aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal”.

   Hasta ese momento Salazar se habría creído inmune a la justicia —aunque la actuación del fiscal Saab muchas veces parezca más una venganza o la manifestación de una lucha poderes a lo interno del chavismo— creyendo que su parentesco con el exzar petrolero podría mantenerlo a salvo, lejos del alcance de las autoridades no solamente venezolanas, sino también de las internacionales. Pero la caída en desgracia de Rafael Ramírez también lo arrastró a él.


   Desde su arresto en Caracas se encuentra detenido bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según precisó Saab, quien informó que el familiar de Rafael Ramírez es el primer aprehendido de una trama que las investigaciones señalan que podría resultar en la detención de otras personas que integraban esta red de corrupción. En los primeros señalamientos, la fiscalía indicó que los “reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos”, así como otros documentos encontrados por el Ministerio Público vinculaban a Salazar Carreño con el blanqueo de capitales a través de una trama de la que fue artífice y que manejó fondos milmillonarios entre los años 2011 y 2012. Los estimados de la fiscalía venezolana ubican en mil 347 millones 339 mil 972 euros el dinero manejado bajo este esquema de corrupción.

   Extra fronteras venezolanas, las investigaciones han determinado que los pagos efectuados por Diego Salazar tenían por detrás un enrevesado mecanismo por el cual se accionaban 37 cuentas bancarias que se manejaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). A su vez, los depósitos en estas cuentas involucraban a sociedades creadas en Panamá. Las averiguaciones emprendidas por la juez de Andorra, Canòlic Mingorance, tratan de rastrear si la red de Salazar se valió de este conjunto de cuentas para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que habrían sido beneficiadas con millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Según da cuenta El País, después de estas maniobras financieras el dinero era enviado desde el Principado a paraísos fiscales, tales como Suiza o Belice, un objetivo que se lograba valiéndose “de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas”.

 La nota agrega que el periódico español tuvo acceso a las cuentas corrientes de los protagonistas de la trama de corrupción, así como a los detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. Añade que ante el banco andorrano se justificaban los millonarios ingresos de los integrantes de la red —Diego Salazar, los exviceministros de Energía venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado y directivos de PDVSA— bajo la denominación de honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Así se argumentó ante el órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. De acuerdo a las investigaciones, estos supuestos trabajos de asesoría nunca tuvieron lugar. La jueza Mingorance intuye que los involucrados cobraron comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a empresas extranjeras, especialmente chinas, que luego fueron beneficiadas con contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. Las averiguaciones del tribunal establecen que los manejos de la red conectan con un acuerdo suscrito entre Venezuela y China que estipula que el primero de los países recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares de parte del segundo a cambio de petróleo.

Sobre Javier Alvarado —expresidente de la Electricidad de Caracas y Bariven— se conoció que las autoridades venezolanas procedieron al allanamiento de su vivienda ubicada en la urbanización La Lagunita, recoge una nota del portal 7 Clicks que reseña una información dada a conocer por el periodista de investigación Casto Ocando. Esto se contradice con la decisión de la jueza 37 en funciones de Control, Luisa Renee Garrido, quien a petición de la Fiscalía dejó sin efecto las órdenes internacionales de aprehensión contra Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

  El portal agrega que tanto Javier Alvarado, como Nervis Villalobos Cardenas colaboran ahora con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el esclarecimiento de esta trama de corrupción. Indica la reseña que Alvarado salió de España rumbo EE. UU., llevando una amplia información sobre Bariven. Estos detalles no fueron confirmados por ninguna de las fuentes que esta comunicadora tiene en diversas agencias federales.

  Por otra parte, es preciso recordar que Nervis Villalobos y Javier Alvarado también son investigados por el caso de haber recibido presuntos sobornos de Duro Felguera en Venezuela a cambio de contratos.

  Duro Felguera es un grupo empresarial internacional con sede en el Principado de Asturias, (España), que se especializa en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético e industrial.

  La Fiscalía Anticorrupción de España ha señalado a Javier Alvarado cuando estuvo al frente de la Electricidad de Caracas en 2009, de haber recibido sobornos de Duro Felguera, empresa que se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros, reseña el portal Expansión.

  En diciembre de 2017 Duro Felguera fue notificada por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre la admisión a trámite de “la querella formulada contra la compañía por la Fiscalía Especial por los delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales en el caso de supuestos pagos de comisiones ilegales de más de 88 millones de euros a expolíticos y funcionarios venezolanos para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro”, informó el sitio web La Nueva España.

 Tratamos de establecer comunicación con Javier Alvarado Ochoa y con sus supuestos abogados pero hasta el cierre de esta nota no logramos respuesta a nuestra solicitud.
Su debilidad por la ostentación lo delató

La debilidad por lo excéntrico y el derroche, han terminado como indicios que han permitido a las autoridades seguirle la pista, tal como lo señala una nota de El País en la que se refiere que el ostentoso pago de 3,4 millones de euros en joyería, se habría gestionado a través de una sociedad panameña controlada por Salazar.

Igualmente, mediante otra empresa panameña, a saber Josland Investments, Salazar Carreño pagó en 2011 una factura de compra de dos relojes de oro amarillo marca Rolex, por 90.500 euros, un adquisición en la que figura el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, arrestado en Madrid en octubre de 2017 por un caso distinto también investigado en Andorra.

Para Salazar Carreño el lujo y exhibir su fortuna era un asunto vital y así lo demuestra su manía de hospedar a sus relacionados en los mejores hoteles, tal es el caso Javier R. e Irma T., cuyo alojamiento en el Ritz de París corrió por su cuenta pese a que la cuenta alcanzó los 575.000 euros por varias estadías en un periodo de diez años que incluían cargos de 34.216 euros por el alquiler de limusinas y de 6.223 por unos tragos en el bar del establecimiento, el Hemingway.

En 2011 también cubrió la estadía de dos venezolanas en el Four Seasons de París. En esa ocasión la factura sumó 150.000 euros por varias temporadas.

El portal RunRun.es refiere que cuatro altos gerentes de la Banca Privada Andorra aceptaron grandes comisiones para blanquear 2 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos entre los que se encontraban los de Salazar. Se trataba de una jugada para “ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control”.

Conversaciones de Salazar Carreño habían sido grabadas por la Guardia Civil española y ello permitió en una operación que recibió el nombre de “Clotilde” y que pinchó a Andre Petrov por una serie de acciones irregulares que involucraban a la BPA, que las conversaciones con los venezolanos salieran a flote. Allí Diego Salazar habría admitido poseer una cuenta con 1.000 millones y en “otra, hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares”. Se lee en la reseña del citado portal.

El fiscal dijo que se pensaba que el grupo delictivo de Salazar pudo haber venido funcionando desde el año 2006, estimándose que el monto de los capitales legitimados superará los 4.200 millones de dólares. Añadió que los detenidos estaban vinculados con una compañía conformada por al menos 40 personas, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.

Agregó que esta organización “utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas y unas pocas reales para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción y, a la vez, ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Tarek William Saab dijo que estos hechos de corrupción contaron con la complicidad de la Banca Privada de Andorra, la cual ayudó a la conformación de empresas y aceptó efectuar transacciones sin respaldos.

Al frente de todas estas irregularidades, estaba supuestamente, a decir de Saab, Diego Salazar Carreño.

Se conoció que también arrestado José Enrique Luongo, quien junto a Salazar, representaba a la empresa Antigua Omega INC.
El documento del Tribunal Supremo de Justicia de Andorra

En nuestro poder se encuentra un documento oficial de los tiempos en que se inició la averiguación referida líneas arriba y que mundialmente se conoce como el “Caso de Andorra”.


El citado oficio del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra, clasificado con el número 4103434/2012, hace mención a las diligencias previas que arrojaron los primeros señalamientos a conjunto de personas involucrados en hechos de corrupción, entre los cuales se encuentran Diego José Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano Bonet, Luis Pablo Laplana Moraes, José Luis Zabala y Omar Farías Luces.

El documento en nuestras manos es una rogatoria que hacen las autoridades del Principado de Andorra a las autoridades de Francia solicitando información sobre los antes señalados, así como otras personas e instituciones que se sirvieron para instrumentar la trama de legitimación de capitales a través de la BPA.

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra acusó a estas personas de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo masivo de capitales y valores tipificado en el artículo 409 y 410 del Código Penal de ese país. Asimismo, se aclara que Diego José Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, quien para la época de la comisión del delito era el Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA.

Entretanto, de Nervis Villalobos se dice que fue viceministro de Energía, que Javier Alvarado Ochoa fungió como presidente de la empresa estatal Electricidad de Caracas y Omar Farías Luces era el propietario de una de las empresas del sector seguro más importantes de Venezuela, a saber, Seguros Constitución.

Se indica que Salazar Carreño, Villalobos Cárdenas, Alvarado Ochoa, Farías Luces están acusados de aprovecharse de su influencia en los círculos de poder y de, con la ayuda del resto de las personas imputadas, organizar un sistema de comisiones o sobornos relacionados a los contratos públicos de la petrolera venezolana PDVSA, que establecía que las empresas que accedían a las licitaciones estaban obligadas a contratar con ese entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones. Por este “servicio”, lo imputados cobraban millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones. Quedó establecido que los pagos de sobornos eran un requisito imprescindible para conseguir el acceso al mercado público de PDVSA y sus filiales.

Cita el documento que gran parte de los pagos se hacían a través de cuentas de los acusados y de sociedad panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria Banca Privada de Andorra, determinándose que por las mismas circularon más de dos mil millones de euros (€2.000.000.000).

En la rogatoria se hace referencia a que la investigación se inició con sustento en una información recibida por la Unidad de Inteligencia de Andorra (UIFAND), del Servicio Lucha contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Finanzas francés, TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), relacionada a la averiguación de la sociedad panameña Highlands Assets Corp., desde cuya cuenta en la Banca Privada de Andorra se efectuó una transferencia por USD 99.980,00 a Francia, cuyo beneficiario era un empleado de una cadena hotelera gala, un pago que representaba una gratificación o regalo por los servicios prestados por dicho empleado. La sociedad Highlands Assets Corp. que está bajo investigación, es propiedad de Diego Salazar Carreño, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Se conoció que la averiguación había determinado que los implicados y, principalmente, Diego Salazar Carreño y su hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, donde gastaban millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo. También habrían efectuado transferencias a bancos ubicados en esa ciudad, como el banco Monte Paschi Banque S.A de París.

La citada nota de El País indica que a pesar de que la Banca Privada de Andorra tuvo recelos, terminó abriendo las cuentas bajo sospecha, obviando las advertencias de su unidad de fiscalización interna que alertó la condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), por haber ocupado un cargo público y a quienes debe someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Hay que apuntar que las autoridades de Andorra intervinieron el BPA en marzo de 2015 luego de que Estados Unidos denunciara que este banco fue empleado por bandas criminales para la legitimación de capitales, una acusación que los dueños de la entidad financiera niegan.
Los involucrados en la trama de corrupción

En enrevesado mecanismo de corrupción fue configurándose por Diego Salazar Carreño, uno de sus principales protagonistas, y en torno a él, fueron apareciendo otros personeros que le dieron cuerpo a la trama.


El 17 de julio de 2015 se dicta auto de detención, aún vigente, y se acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que dispongan las siguientes personas:

1. Luis Mariano Rodríguez Cabello, nacido el 06-12-1965 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, número 036731648.
2. Estibaliz Basoa de Rodríguez, nacida el 09-03-1973 en Bilbao, España, nacionalidad venezolana, pasaporte número D0665766.
3. Diego José Salazar Carreño, nacido 23-02-1968 en Caracas, Venezuela, nacionalidad venezolana, pasaporte número 9423332.
4. Rosycela Díaz Gil, nacida el 04-09-1972 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 10806551
5. Omar Jesús Farías Luces, nacido el 15-08-1962 en Güiria, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte 005880296
6. José Luis Zabala, nacido el 12-06-1973 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 009633799
7. José Enrique Luongo Rotundo, nacido el 24-01-1954 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, documento de identidad número V-4083540

8. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, nacido el 11-06-1967 en Maracaibo, Venezuela, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número V-7830467

Así como también de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros S.A.; Westshore International Limited; Baychester Investment S.A.; Baluja International Limited; Lutmill International S.A.; Fundación Terramar Hall; Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; ISB Sociedad de Corretaje de Seguros I Reaseguros C.A.; Lomond Overseas S.A.; Mills Advisores S.A.; Trismas Foundation; Monterrey Management Limited; Tristaina Trading S.A.; Josland Investment S.A.; Megana International LTD; Highland Assets Corp.; High Rise Proyects S.A.; Central Berfort S.A.; Fundation Caixa Bella; Wordwide Traders Line S.A.; Red Boutique Fundation; Calabrias Overseas S.A.; ISB Sociedad CS, S.A.; Antigua Omega INC.
El pedido a Francia

El documento del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra en su primer considerando señala que dado el estado de las cosas, se hace necesario solicitar la cooperación de las autoridades judiciales francesas para determinar si parte de los beneficios objeto de la medida acordada por el Principado se encuentran en su territorio y, en caso de ser afirmativo, piden que se proceda al bloqueo de los mismos.

En el considerando dos se señala que la información a la que se hace referencia en el considerando uno, al tratarse de procedimientos judiciales extranjeros solo pueden ser obtenidos mediante una comisión rogatoria y en vista del artículo 2 de la Ley de Cooperación Internacional y la Lucha Contra el Blanqueo de Capital y Valores Producto de la Delincuencia Internacional y Contra el Terrorismo que establece que tal rogatoria precisa de una exposición que informe suficientemente de los hechos y el objeto del procedimiento, así como de una exposición del motivo de la demanda, se procede en consecuencia.

Agrega que considerando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto de la sentencia 572-2011 del 2 de abril 2012, establece que las comisiones rogatorias tienen el acuerdo auto motivado cuando puede resultar afectado el derecho a la intimidad, deben respetarse las garantías para la protección de lo establecido en el código de procedimiento penal.

Igualmente, considerando que los hechos investigados son sumamente graves y podrían constituir delitos establecidos en el artículo (409.1) sobre blanqueo de dinero o valores, y ante la necesidad de identificar el destino de los bienes afectados por la medida cautelar a fin de poder continuar con la presente medida de instrucción, se procederá oportunamente a enviar comisión rogatoria a la autoridad judicial competente de Francia, no pudiendo obtener dicha información de manera oficial por otro medio.
Decisiones

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra decidió transmitir la comisión rogatoria a las autoridades competentes francesas para que se proceda a investigar el patrimonio de los implicados y verificar las personas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 15 de julio de 2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de la medida.

La corte determinó que los vinculados se aprovecharon de sus influencias políticas para organizar un esquema de corrupción para apoderarse de contratos públicos de la empresa PDVSA. Asimismo, refiere que los implicados establecieron una trama que obligada a pagar comisiones para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los aplicables por concepto de asesoramiento en contrapartida por sus gestiones. Además, se determinó que el pago era imprescindible para entrar al mercado público de PDVSA y sus filiales.

El Tribunal también estableció que gran parte de los sobornos fueron pagados a través de sociedades panameñas controladas por los implicados en cuentas del Banca Privada de Andorra por las cuales transitaron más de 2.000.000.000 de euros.

Refiere el tribunal que el 30 de noviembre de 2012 se inició una causa penal y se dictó el primer bloqueo, un hecho que ocurrió antes de que la entidad bancaria tramitara una transferencia de Diego Salazar Carreño por 40 millones de euros a Francia, vía Suiza para la adquisición de una unidad inmobiliaria en París, hace suponer que el imputado tenía ingresos económicos en dicha ciudad.

En consecuencia, el Tribunal dictaminó el 17 de julio de 2015 llevar a cabo un bloqueo y embargo de las cuentas cuyos beneficiarios estaban relacionados con esta trama de corrupción.
La intervención de Villepin

Ante la acción de bloqueo por parte de las autoridades francés de 200 millones de dólares de la cuenta en la BPA, Diego Salazar Carreño procedió a contratar como su abogado al exprimer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, quien se convirtió en el artífice de las acciones que llevó que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros miembros de la denominada boliburguesía venezolana, refiere el portal Cuentas Claras Digital.

En esas mismas páginas se hace referencia a las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, investigado por lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Allí se indica que durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin le dijo a Luis Laplana de parte de Diego Salazar que estaba trabajando lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.

En una ocasión Villepin le comentó a Laplana la estrategia de la defensa que haría de Salazar: “Ahora bien… y aquí viene la pequeña trampa… que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar… de ocultar el origen del dinero”.

Puntualiza Cuentas Claras que a juzgar por los resultados de la defensa “la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados. En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que ‘Diego de lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París’. Al parecer, ‘el primo’ también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles”.

Otra nota del sitio web Secretos Revelados refiere que Villalobos y Alvarado intentaron detener las averiguaciones en su contra a través de la compra de jueces y policías en Europa. Se cita allí que Diego Salazar manejó la posibilidad de sobornar a investigadores europeos, pero desistieron de ello al entender que la justicia y jueces europeos no se manejaban con el mismo desparpajo que los venezolanos.

Agrega la información que el hombre de confianza de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, “confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA, Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012”.
¿Quién es Diego Salazar?

Sobre Diego Salazar Carreño el portal Poderopedia informa que es hijo del exguerrillero, exconstituyente y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo y primo por la línea materna de Rafael Ramírez.

Agrega que de acuerdo a la periodista Olga Wornat, del diario La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela, S.A.

El portal refiere que se le conoce como el “Rojo de Oro” y lo describe como un hombre a quien le encanta la fiesta, el derroche y los lujos, que vacaciona en Dubái, a donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Posee mansiones en Estados Unidos y Europa, mientras que en Caracas adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre que, al resultarle insuficiente, lo llevó a decir comprar el edificio entero.

Se da cuenta de que dada su afición al canto decidió formar su propia orquesta de salsa conformada por cien músicos a quienes paga salarios en dólares y con los que ensaya tres veces por semana en el Hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda.

Durante años se le ha adjudicado al exguerrillero Douglas Bravo la autoría de un artículo aparecido el 9 de diciembre de 2011 en el portal “ABC de la semana” titulado “A quien pueda interesar” en donde se hace referencia a la vida y andares de Diego Salazar Carreño, a quien califica de “boliburgués” que —además de lo ya señalado sobre él en estas líneas— es propietario de varias oficinas en la Torre Edicampo, también en Campo Alegre, “donde funciona su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado ‘Inversiones y Asesorías Inverdt S.A.’ y la Fundación Diego Salazar, este último un artificio sin fines de lucro para darle algo de shampoo social a las actividades de este filántropo de la revolución y quizás para evadir algunas de las obligaciones fiscales con el generoso Estado socialista y revolucionario”.

Refiere que a los ensayos de su orquesta llega “con su sequito de espalderos dirigidos por su jefe de seguridad, el Comisario General (antigua PTJ) Leonardo Díaz Paruta. El mismísimo primo menor, socio y compinche de Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA, a cumplir con su sueño de ser cantante, con orquesta propia, pero sin cualidades especiales en el gañote. Son bien conocidas las presentaciones artísticas del magnate bolivariano Diego Salazar Carreño, rociadas por varios frascos de bebidas espirituosas de exquisita selección en la que se alternan en la sección de vinos: el Château Lafite Rothschild, el Petrus Pomerol, el Romanée-Conti, el Château Margaux. En la sección de champagne Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado, dignos de tirar cohetes. Entre los caprichos de mi ahijado boliburgués no solo se destaca su especial hábito de vacacionar con su familia, amigotes más allegados y parte de su séquito de espalderos y asistentes a la paradisiaca locación saudita de Dubái, sin dejar de pasar la compra hace ya unos años, de una acción en el Caracas Country Club. Este hecho tuvo alguna resonancia en las altas esferas de la oligarquía ortodoxa capitalina, ya que por no tener pedigrí encopetado, se corrió el rumor de que la directiva del club le iba a cerrar el paso a su incorporación, echándole la tradicional ‘bola negra’. La maniobra fue inteligentemente contrarrestada, con el oportuno lobby de algunos amigotes de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo. Los mencionados obsequios ablandaron de manera casi mágica los orgullos clasistas y respingados de una Junta Directiva que rechazan visceralmente, las guayaberas rojas”.

De este escrito Douglas Bravo se desdijo en una entrevista que le hiciera Alicia Hernández para la página KonZapata.com, en la que aseguró que “ese no soy yo” y advierte que ha ido a protestar al respecto y no ha obtenido respuesta. “Yo he criticado al gobierno, he hecho análisis profundos, hemos sido inflexibles. Pero nunca he usado el lenguaje despreciativo, insultante, que usa este gobierno. Hago análisis. De modo que ese @douglasarrecho no soy yo. Y lo que hizo ese fulano fue, ante las denuncias que hicimos, copiarse muchas cosas mías”. Agregó que no ha tenido contactos con Salazar Carreño, pues su relación era con el padre de este y que solamente lo llamó por teléfono para comentarle el artículo en cuestión y advertirle que no era el autor del mismo. “…me dijo que ellos sabían que ese no era yo, porque ellos sí sabían que yo atacaba duro al gobierno, con estilo… Soy más duro que esas ridiculeces”.
¿Las verdaderas razones?

Lo cierto es que resulta altamente curioso que todas estas acusaciones salgan a la luz sólo hasta ahora, pese a que durante años se llamó la atención sobre las irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y su primo.

Más aun, el propio Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto las investigaciones que sobre el exzar petrolero adelantó la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la malversación de 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares entre 2004 y 2014.

Al respecto, en el portal TururuTururu.com de la periodista Berenice Gómez se afirma que la actuación del fiscal Tarek William Saab se encuentra muy alejada de la intención de impartir justicia, toda vez que Diego Salazar operaba dentro y fuera de Venezuela con total impunidad sin que las instancias judiciales trataran de poner fin a esta situación. “Diego Salazar siguió operando con toda libertad en Venezuela y en el exterior… hasta que fue víctima, no de la justicia… para nada. Ha sido víctima de la pelea por las caletas de dinero que Hugo Chávez le encomendó a Ramírez, un fondo para sus hijos de USD 3 mil millones, y que Ramírez no quiere entregarle a Cilia y Maduro… entonces, el régimen desempolvó la investigación, las rogatorias y denuncias de Andorra sobre un cuarteto de primos, donde la cabeza de Rafael Ramírez, el dojo, dojito…”.

Igualmente, en la Asamblea Nacional fueron bloqueadas todas las iniciativas de investigación tan pronto la información salió a la luz a través de la prensa española. El diputado Julio Montoya del opositor partido Primero Justicia encabezó las averiguaciones pero su colega oficialista Pedro Carreño, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría articuló todos los mecanismos para impedir que se investigara a Carlos Aguilera Borjas, exdirector de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip) con una estrecha amistad con el parlamentario chavista.

miércoles, 28 de octubre de 2020

Darwin Padrón Acosta: El empresario condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su condena

   Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73. 

Por Maibort Petit

   El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal. En marzo de 2020 empezó a pagar la condena que logró reducir a sólo 18 meses debido a su amplia colaboración con la justicia. Desde mediados de 2021 estará libertad condicional.



   Padrón Acosta, quien igualmente sería propietario de un Bingo, ha salido a relucir como persona relacionada al empresario colombiano responsable del programa de alimentación CLAP, el cual supuestamente está plagado de irregularidades que le suministraron millonarias ganancias a costa del hambre del pueblo venezolano.

  De este modo, quien ya es un confeso violador de la ley, habría persistido en su conducta irregular al mantener supuestos negocios turbios con el colombiano señalado de ser prestanombre del dictador venezolano.

Los cargos en su contra

   En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, ex-empleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

   La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

  Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

  El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

  Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

  El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

  Además, el acusado podría recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

  Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

   Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

  Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

  Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

  Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

  Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

  También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

  El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión. Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada. Está pagando su condena en el FCI Camps en Miami.


 

lunes, 21 de septiembre de 2020

Destruyeron plantas de gas en PDVSA con la intención de comprar otras con sobreprecio

Por Maibort Petit

  Un proceso de desmantelamiento habría operado en las instalaciones de plantas de compresión de gas en el Lago de Maracaibo, donde muchas de estas instalaciones, las cuales habían sido repotenciadas entre los años 2004 y 2012 a un muy alto costo para Petróleos de Venezuela S.A., con el supuesto objetivo de llevar a cabo negociaciones irregulares y con sobreprecios en la compra de equipos sustitutos.

  De la tal obsolescencia habló el 6 de marzo de 2017, el presidente de PDVSA para la fecha, Eulogio Del Pino, quien en visita a las plantas compresoras de Gas Bachaquero I y Bachaquero II, cuando inspeccionaba las áreas operacionales ubicadas en diferentes regiones del país.

“Estas plantas forman parte de un sistema que lleva más de ocho décadas funcionando; muchas de ellas necesitan ser sustituidas; por ello estuvimos revisando un proyecto denominado Sorocaima, que será una nueva planta para el manejo del gas en el Lago de Maracaibo, adaptada a la nueva situación de los yacimientos lacustres, dado que las condiciones de producción y manejo de gas ha cambiado”, dijo Del Pino.

 Allí el presidente de la estatal anunció que Orlando Chacín, vicepresidente de Producción estaba encargado, a través de un comité, de repensar la producción de crudo y gas en el Lago de Maracaibo y, en tal sentido, debía plantear nuevas estrategias de infraestructura en esa área operacional. Sin embargo, advirtió que a pesar de la obsolescencia de los equipos, en la zona había una producción de” 400 mil barriles de crudo por día y tiene la oportunidad de crecer, porque tenemos las reservas que es lo más importante. Las reservas probadas del Lago de Maracaibo superan las de cualquier país, calculadas en 10 mil millones de barriles. Eso da para producción con una infraestructura diferente, nueva”[1].

  Fuentes ligadas a la industria petrolera nos indican que el deterioro inducido se habría provocado, no únicamente en las viejas plantas de turbocompresores en cadena (1 cadena=6 o 7 turbocompresores en serie), como es el caso de las plantas PC-Bachaquero-1, PC-TJ-3 (Tía Juana 3) y PC-TJ-2, sino también en las más nuevas de tipo Modulares como PC-TJ4, PC-TJ-5, PC-LL-1 (Lagunillas 1), MiniPlantas MP-LL-1, 2, 3, 4, 5, 6 (Lagunillas 1 a la 6), PC-UD-1 (Urdaneta 1), entre otras con 1 y hasta 4 Módulos independientes (1 Módulo= 1 Turbocompresor); además, en los complejos donde operan cantidad de diversos módulos, incluidos los de generación eléctrica, como los de Complejo LAMA y LAMARGAS.


  Se nos hace saber que entre esos módulos había unos denominados “portátiles”, los cuales se suponía, podían movilizarse en razón de que poseían en sus bases los mecanismos para trasladarlos "fácilmente" de un lado al otro del Lago de Maracaibo. De estos equipos, quedaban dos operativos de los años ´90, los cuales eran conocidos como PORTA-6 y PORTA-7.

  Sustentados en esta experiencia, Héctor Roque, Héctor Roque, exgerente de Operación Integral de Plantas y Luis Nieto, comenzaron a proponer un megaproyecto denominado "Compresión Portátil", que no consistió en otra cosa que provocar la obsolescencia de algunas plantas, para ser sustituidas por este tipo de módulos "portátiles", a un costo de USD 1.000.000.000. Para ello habrían contactado a un grupo de ingenieros en Estados Unidos para implementar el proyecto y se estimaba que los referido “módulos portátiles” serían comprados en Asia. El 6 de septiembre de 2017, Héctor Roque y otros 7 funcionarios de PDVSA Occidente fueron detenidos, acusados del presunto desvío multimillonario de crudo, mediante el agregado de emulsionantes y agua que era exportado por el Puerto Miranda por donde salen 1.5 millones de barriles diarios[2].

  Fue a partir de ese momento —señala la fuente— cuando comenzó a apresurarse la destrucción de cuanta planta de compresión de gas pudieran. De este modo, en PC-TJ-2, para el año 2015, las dos cadenas estaban inservibles (300 MMPCED de inyección perdidos). Igualmente, los equipos se dejaban a merced de los piratas del Lago que procedían a su desvalijamiento. También se recurría al descuido en el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, una cadena de PC-TJ estuvo 3 años sin arrancar efectivamente, mientras cantidad de módulos de compresión (de las modulares) se dejaron sin mantenimientos. MP-Ba-1 y MP-Ba-2, por su parte, fueron desvalijadas (miniplantas Bachaquero 1 y 2), entre otros daños provocados.

 Fue así como fueron desincorporándose equipos que, según los informantes, estaban operativos.












[1] PDVSA. “Presidente de PDVSA recorrió plantas compresoras de gas en el Lago de Maracaibo”. 6 de marzo de 2015. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7673:presidente-de-pdvsa-recorrio-plantas-compresoras-de-gas-en-el-lago-de-maracaibo&catid=10&Itemid=589&lang=es

[2] El Nacional. “Detienen a 9 gerentes de Pdvsa Occidente”. 6 de septiembre de 2017. https://www.elnacional.com/economia/detienen-gerentes-pdvsa-occidente_202260/


miércoles, 26 de agosto de 2020

¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?

   Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV, interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios. El 26 de agosto de 2020, retiraron voluntariamente la querella.

Por Maibort Petit

  Una comunicación de los abogados de Harvest Natural Resources Inc, en relación a una demanda que se impuso contra de Rafael Ramírez con fecha 26 de agosto de 2020, informa que la empresa retira voluntariamente la querella y advierte que el querellado no está obligado a responder ante el tribunal.

    Fuentes ligadas al caso explicaron a Venezuela Política que la acusación fue retirada porque no se había logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio". Vale destacar que el fallo inicial a favor de Ramírez se produjo en la ausencia de representación legal del acusado.


   El tribunal había otorgado a Rafael Ramírez el derecho a que se iniciara un nuevo proceso debido a que el acusado no había ejercido su derecho a la defensa, por estar fuera de los Estados Unidos y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.

Ver detalles aquí.

  La jueza de distrito, Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda en 2019. Esta fue la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.

  Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

  La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplicó.

Juan José García Mendoza: 

El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

 Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadounidense demandó civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadounidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

  Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

  Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

  Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

  Pero pese a que la venta se concretó, Harvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

  La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

  Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

  Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].

 La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

  Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

  A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

  Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

 La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

 Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

  Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

  Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

  En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

  Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

  En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

  Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

  La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

  El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

  Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

  El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

  Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Baruta, municipio Baruta del estado Miranda.

  Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

  Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

  El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

  Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

  Sobre esta empresa, Juan José García Mendoza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

  Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

  De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

 De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Freddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

  Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

 Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

 Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/


[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613


[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf


[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721


[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599


[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341


[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 


[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031


[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 


Nota


Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 


En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:


“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.


Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.



Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada. 



jueves, 24 de enero de 2019

Documentos comprueban la negligencia de Chávez y Maduro frente al reclamo sobre el Esequibo

Más allá de la retórica política, una serie de documentos comprueban que las dos administraciones chavistas tuvieron pleno conocimiento de las actividades desarrolladas por el gobierno guyanés en la zona en reclamación e, incluso, en la proyección marítima del estado Delta Amacuro, sin que actuaran en defensa de los intereses de Venezuela.


Por Maibort Petit

El fallecido expresidente, Hugo Chávez, como su sucesor en el cargo, Nicolás Maduro, podrían llegar a ser los responsables de que la república pierda definitivamente el territorio del Esequibo —o Guayana Esequiba—, dada la ineptitud, negligencia y hasta la indiferencia mostrada ante las señales y alarmas que en diversas oportunidades advirtieron de que podría estar a punto de concretarse la pérdida definitiva de la que se conoce como la zona en reclamación. Así lo prueban diversos documentos de los que hemos tenido conocimiento.
Durante la administración de Chávez, este fue debidamente informado de todas las acciones emprendidas por el gobierno guyanés que atentaban contra la soberanía venezolana en el territorio del Esequibo y en el mar territorial, el área de la proyección marítima de la zona en reclamación y la proyección marítima del estado Delta Amacuro y, sin embargo, nada hizo para frenar esta situación, muy por el contrario promovió una posición que fue interpretada como de amparo a las pretensiones del vecino país sobre el territorio y la fachada atlántica reclamada por Venezuela. Su ministro de Relaciones Exteriores y también vicepresidente ejecutivo, a la sazón el presidente actual, Nicolás Maduro, fue alertado sin que entonces ni ahora haya asumido una posición firme ante lo que se perfila como la consolidación del más grande despojo territorial que ha sufrido el país en toda su historia.

Los documentos en cuestión igualmente comprueban las erráticas decisiones y posturas adoptadas por los gobiernos de Chávez y Maduro denunciadas en múltiples oportunidades por expertos en la materia que se han levantado para alertar sobre las equivocaciones cometidas por las administraciones chavistas en el proceso de reclamo.

La advertencia de Ramírez a Maduro

En fecha 21 de febrero de 2013, cuando Nicolás Maduro ejercía la vicepresidencia ejecutiva, recibió un punto de cuenta en el que Rafael Ramírez, para entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, le informó que la concesión petrolera que el gobierno de Guyana le otorgó a las empresas Exxon Mobil y Shell en el denominado bloque Stabroek para que estas compañías iniciaran las labores de exploración sísmica 3D Costa afuera, comprendían no solamente el área de la proyección marítima de la zona en reclamación sujeta al Acuerdo de Ginebra de 1966, sino también la proyección marítima del estado Delta Amacuro.

En esa oportunidad Ramírez alertó a Maduro de que tal hecho ameritaba la activación de los canales diplomáticos ante el gobierno guyanés, a objeto de fijar una posición en correspondencia al resguardo de la soberanía marítima venezolana y de la defensa de los intereses de la nación.

Recomendó informar a Guyana sobre los estudios geotécnicos, geofísicos, oceanográficos y batrimétricos que se disponía a desplegar Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con el fin de obtener los datos técnicos necesarios que le permitieran solicitar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, adscrita a la Convención del Derecho al Mar de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la determinación oficial de la extensión de la plataforma continental de la fachada atlántica de Venezuela.

Rafael Ramírez le recordó a Nicolás Maduro que en 1999 el gobierno guyanés le otorgó a la compañía Esso Exploration and Production Guyana LTD, una subsidiaria de la empresa estadounidense Exxon Mobil Corp, una concesión para la exploración de hidrocarburos en el Bloque Stabroek, en la que Shell Exploration and Production Guyana adquirió el 25 por ciento de los derechos de exploración, conservando Exxon el 75 por ciento restante. Igualmente, para la misma fecha, la administración guyanesa dio una concesión similar a la empresa canadiense Century GY en el Bloque Pomeroon. Tanto una como otra, preveían operaciones en aguas marítimas ubicadas en la proyección marítima de la zona que reclama Venezuela y ocupan un 60 por ciento del área que corresponde a la fachada atlántica venezolana. Tales hechos fueron protestados diplomáticamente por Venezuela, al tiempo que se denunció ante el Consejo Mundial del Petróleo en los años 2000 y 2002, objetando firmemente los  trabajos exploratorios en esa área.

También el titular de la cartera petrolera para la época hizo referencia a la advertencia formulada por el Ministerio de Recursos Naturales de Guyana a los pescadores y marineros, a objeto de que tomaran precauciones ante las actividades de exploración sísmica 3D que se realizaría costa afuera de Guyana entre el 20 de enero y mediados de marzo de 2013. El despacho guyanés refería en esa oportunidad que las exploraciones petroleras en la fachada atlántica se enmarcaban en la política de concesiones que adelanta Guyana, las cuales tienen una doble connotación, la captación de inversión extranjera en lo económico y el ejercicio de la soberanía en un espacio marítimo generado por el Territorio Esequibo en disputa con Venezuela, en el ámbito político.

Ramírez le explicó a Maduro que la estrategia de Guyana estaba dirigida a crear condiciones de hecho que favorecieran la solicitud de extensión de su plataforma continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en 2009, así como también favorecer su posición en la reclamación del Esequibo mediante la participación de terceros estados en las concesiones para la explotación de recursos en espacios en reclamación.
Ante el persistente riesgo y amenaza de extender su plataforma continental afectando los derechos soberanos venezolanos en la fachada atlántica, Ramírez refirió que era prioritario y fundamental el conocimiento preciso y oportuno del límite de la Plataforma Continental Extendida de Venezuela de modo de fortalecer el ejercicio de la soberanía en el Océano Atlántico, con la posibilidad de identificar zonas prospectivas para la explotación de hidrocarburos. Informó que su despacho había incluido en la cartera de Proyectos Mayores del Plan Sectorial de Hidrocarburos 2013-2019, que PDVSA ejecutara estudios para la adquisición de información para determinar la extensión de la plataforma continental. Refirió que los resultados de los estudios aportarían los fundamentos técnicos y jurídicos para respaldar y sustentar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental el pronunciamiento oficial sobre la extensión de la Plataforma Continental de la República Bolivariana de Venezuela.

Rafael Ramírez recomendó a Nicolás Maduro instruir a los órganos competentes a incoar las acciones diplomáticas pertinentes para impedir la continuidad de las actividades exploratorias autorizadas por Guyana y patrocinadas por empresas trasnacionales, en el área marítima que  comprende a la proyección marítima de la zona en reclamación que está sujeta al Acuerdo de Ginebra de 1966, así como a la proyección marítima del estado Delta Amacuro.

Subrayó lo pertinente de informar al gobierno guyanés sobre las actividades programadas por PDVSA relativas a los estudios geotécnicos, geofísicos, oceanográficos y batimétricos para la adquisición de información con fines de determinar la extensión de la Plataforma Continental en la fachada atlántica de Venezuela, a desarrollarse en una área marítima de 54.270 Km2 aproximadamente, al sur de la línea fronteriza entre Venezuela y Trinidad y Tobago y al norte de Guyana y Surinam.

El recordatorio a Asdrúbal Chávez

El 9 de marzo de 2015, desde el Despacho del Viceministro de Hidrocarburos, Ángel González, se remitió un documento dirigido al titular del Ministerio, Asdrúbal Chávez, en el que le recordaba que en 2013 se le informó oportunamente al presidente de la república, Nicolás Maduro, sobre la situación de la delimitación entre Venezuela y Guyana.

Específicamente se le alertaba con relación al área marítima cercana al estado Delta Amacuro como consecuencia del otorgamiento por parte del gobierno guyanés de una concesión a las empresas Exxon Mobil y Shell en el bloque denominado Stabroek para exploración sísmica 3D costa afuera en el área que comprende tanto la proyección marítima de la zona en reclamación sujeta al acuerdo de ginebra de 1966, como a la proyección marítima del Estado Delta Amacuro, tal como ya se apuntó líneas arriba.

Se le refirió en ese entonces a Maduro que tal situación podía constituir una potencial amenaza, por lo que debían activarse los canales diplomáticos ante el gobierno guyanés, para fijar posición respecto al resguardo de la soberanía marítima y en defensa de los intereses venezolanos.

Igualmente se instaba a informar a Guyana sobre los estudios técnicos y científicos necesarios que desplegaría PDVSA y que constituirán el soporte fundamental para determinar la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en la fachada atlántica de Venezuela, la cual sería solicitada a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) adscrita a la ONU.


A Asdrúbal Chávez se le expusieron —tal como se le había referido a Nicolás Maduro en su oportunidad— que en 1999 el gobierno de Guyana otorgó a Esso Exploration and Production Guyana               LTD una concesión para la exploración de hidrocarburos en el Bloque Stabroek en la que la compañía subsidiaria de Shell adquirió el 25 por ciento de los derechos de exploración, conservando Exxon el 75 por ciento restante. También se le refirió que en la misma fecha, el gobierno guyanés otorgó otra concesión similar a la empresa canadiense Century GY en el Bloque Pomeroon. Estas dos concesiones se hicieron sobre aguas pertenecientes a la proyección marítima de la zona en reclamación por parte de Venezuela, las cuales ocupan el 60 por ciento del área que corresponde a la fachada atlántica venezolana.

Al ministro se le dio a conocer un resumen de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, precisando las distintas acciones emprendidas por el gobierno, entre ellas, la denuncia  ante el Consejo Mundial del Petróleo en 2000 y 2002 para objetar los trabajos exploratorios en esa área y el reiterado accionar de Guyana que contravienen las normas que rigen en situaciones en las que está vigente un reclamo territorial como el planteado en el caso entre Venezuela y Guyana. Esto porque la estrategia guyanesa gira en torno a crear condiciones de hecho que favorezcan su posición en la reclamación por el Territorio Esequibo.

Del mismo modo se le refirió que Trinidad y Tobago, Surinam y Barbados entregaron a la CLPC la información técnica, científica y jurídica para solicitar la extensión de sus respectivas Plataformas Continentales, lo cual fue protestado por la cancillería de Venezuela. Se le indicó que, además, Barbados inició una ronda licitatoria para la exploración de hidrocarburos en 26 bloques costa afuera que ocupaban aguas territoriales venezolanas en 2008, hecho que también fue protestado por el gobierno venezolano.

Estimando que persiste el riesgo y amenaza latente por parte de los países señalados de querer extender sus respectivas plataformas continentales en afectación de los derechos soberanos venezolanos en la Fachada Atlántica, se hacía imperativo conocer exactamente y con precisión el límite de la Plataforma Continental Extendida de Venezuela.

En aras de esto último, se refirió que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería incluyó en la cartera de Proyectos Mayores del Plan Sectorial de Hidrocarburos 2013-2019, la ejecución, por parte de PDVSA de los Estudios para la Adquisición de Información para Determinar la Extensión de la Plataforma Continental con carácter prioritario.

Se le informaron al ministro las recomendaciones que se le habían formulado al presidente Nicolás Maduro y a las que ya hemos hecho referencia en las líneas precedentes.

El 13 de abril de 2015, desde el despacho del ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, se remitió al presidente de PDVSA para la época, Eulogio Del Pino, una esquela suscrita por el viceministro de Hidrocarburos, Ángel González, relativa a un viaje realizado a la República de Guyana en compañía del canciller venezolano.

En dicha esquela, el viceministro, Ángel González, refirió a Asdrúbal Chávez que siguiendo sus instrucciones, el 26 de marzo de 2015, había acompañado a la canciller, Delcy Rodríguez, a una reunión bilateral con su homólogo guyanés celebrada en Trinidad y Tobago, en la que los representantes de ambas naciones trataron los aspectos legales, técnicos y políticos relacionados con las controversias asociadas a los límites fronterizos entre los dos países.

González se refirió, en primer lugar, a los temas legales, siendo el primero de estos asuntos la figura del Buen Oficiante elegido y aceptado por las partes con el objetivo de acercar a ambos gobiernos en procura de una solución satisfactoria, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966.

Recayó esta responsabilidad en el jamaiquino, Norman Girvan, representante de la ONU hasta la fecha de su fallecimiento en abril del 2014. Se acordó en la reunión mantener esta figura y nominar de común acuerdo al sustituto.

Las cancillerías de ambos gobiernos debían coordinarse para cumplir este cometido.

El segundo de los temas legales, refería que el Acuerdo de Ginebra buscaba primero dirimir el reclamo sobre la delimitación del territorio terrestre, para luego proceder a realizar la proyección de dichos límites hacia la fachada atlántica y, de esta manera, delimitar el territorio marítimo.

El tercer tema legal apuntaba la importancia de activar la asesoría legal de un bufete corno Kurtis, con experiencia resolver las controversias limítrofes ante instancias internacionales.

El segundo asunto discutido por los representantes de ambas naciones fueron los temas técnicos que, como primer punto planteaba la creación de un Comité Técnico entre ambas repúblicas cuya finalidad era el análisis de la delimitación de las áreas terrestres y marítimas, con metas y objetivos establecidos de forma clara y cumpliendo un cronograma de trabajo que permitiera la obtención de resultados concretos.

También refería que la canciller Delcy Rodríguez ofreció la posibilidad de que PDVSA se encargara de desarrollar el programa de exploración sísmica en el área en disputa y no la Exxon-Mobil, pues la participación de esta última representa para Venezuela una gran preocupación, amenaza y provocación imperial.

Por último, las representaciones de Venezuela y Guyana trataron los temas políticos y, así, en primer lugar, se ratificó la preocupación por la presencia de Exxon Mobil en las aguas territoriales aún en reclamación.

En segundo término, se dejó sentado que Venezuela no teme a la confrontación con el imperio más poderoso del mundo, pero sí desea evitar que tal situación afecte la relación bilateral.

Por último, se recordó el compromiso que Venezuela ha demostrado con la región mediante iniciativas como Petrocaribe y la Unasur con el propósito de estrechar los lazos de cooperación y apoyo entre países hermanos.

Informe sobre Exxon

Existe un informe sobre ExxonMobil fechado en julio de 2015 en el que se realiza un análisis de la empresa que destaca que los indicadores del sector aguas arriba están alineados con las estrategias trazadas las cuales apuntan a un ciclo de inversiones intenso en capital enfocadas, particularmente, en proyectos de largo plazo.

Indica el informe que aun cuando las inversiones se encontraban a la baja, se preveía que la producción se incrementaría después de tres años de caída, esperándose llegar a los 4,3 millones de barriles diarios para el 2017 y que la tasa de crecimiento se mantuviera al 2020.

En 2015 ExxonMobil confirmó su estrategia de disciplina en las inversiones de largo plazo y advirtió que la empresa no esperaba una recuperación de los precios, sino soportar el suministro por la resiliencia de la recuperación de la producción del petróleo de esquisto y el de crudo en áreas geopolíticamente volátiles.

En cuanto a inversiones, en el largo plazo, ExxonMobil perfiló una estrategia sustentada en la gestión del riesgo, la excelencia de las operaciones, inversiones y disciplina en costos, una mayor ejecución de proyectos, gestión de portafolio, y liderazgo en la integración y tecnología.

Estimaban que para 2015 el presupuesto sería de USD 34 mil millones es, es decir un declive de 12 por ciento con respecto a los USD 38,5 mil millones de 2014 y 10 por ciento inferior con relación a la estrategia planteada en las guías del 2014.

Entre otras consideraciones relativas al desempeño operacional, la producción de líquidos y gas, lo recursos, los proyectos principales, el informe preveía que en materia de exploración los principales planes de la Exxon Mobil se dirigirían, en lo que a pozos principales se refería, a Argentina, Angola, Australia, Papúa Nueva Guinea, Kurdistán, Rumania, Noruega, Canadá, Golfo de México, Colombia y Guyana. Mientras que las nuevas adquisiciones apuntaban a Argentina, Brasil, Golfo de México, Canadá, Costa Este, EE.UU. Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mar del Norte, Rumania y Papúa Nueva Guinea.

Sobre el proyecto de exploración en Guyana en el Pozo Liza-1, el informe indica que el 20 de mayo de 2015, ExxonMobil anunció el descubrimiento de crudo en el mismo, ubicado en el Bloque Stabroek en aguas afueras a una profundidad de 5.433 metros en 1.743 metros de agua. Refiere que también participaron las empresas Hess (30%) y Nexen (25%, subsidiaria de CNOOC).

Se apunta que este sería el primer descubrimiento de crudo en la historia de Guyana, pero se advertía que llevaría meses para comprobar el tamaño y potencial comercial del descubrimiento. Aun así, se creía que dicho pozo podría tener una reserva de 350 millones de barriles que podían explotarse a través de un Contrato de Producción Compartida, lo que permitiría ganancias al momento de que se incrementara el precio del crudo.

El informe refiere que de acuerdo a la consultora WoodMackenzie, “este nuevo descubrimiento (pozo) se encuentra en aguas territoriales que no están en disputa con Venezuela, sin embargo una porción del Bloque Stabroek se extiende hacia el territorio en reclamación por Venezuela”.

Las actividades petroleras de Guyana

En fecha 23 de julio de 2015, la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos adscrita a la Gerencia General de Exploración de PDVSA, presentó un informe relativo a la importancia del descubrimiento del Pozo Liza-1 del Bloque Stabroek ubicado Costa Afuera de Guyana y del Territorio en Reclamación del Esequibo, así como a las implicaciones exploratorias y económicas que esto tiene para la fachada atlántica de Venezuela.


El reporte da cuenta de los dos tipos de licencias de hidrocarburos otorgadas por el gobierno de Guyana, entre las que hace mención a la licencia de prospección de petróleo y la licencia de Producción de Petróleo, las cuales son expedidas de acuerdo a las pautas de la Ley de Petróleo N° 3 (1986).

Las solicitudes de licencias deben formularse ante el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, a través de la Comisión de Geología y Minas de Guyana y son otorgadas mediante el análisis de los recaudos exigidos en la solicitud realizada por cada empresa, a discreción del ministro.

Hasta el momento las licencias otorgadas por Guyana están referidas a las etapas previas a la producción petrolera, pues de este última no se ha expedido ninguna.

El informe hacía mención a las licencias de exploración otorgadas y por otorgar en Bloques Costa Afuera de Guyana y de la Guayana Esequiba.

Así tenemos, en primer lugar, en el Bloque Costa Afuera Corentyne, el cual se ubica 100 por ciento en Aguas Territoriales de Guyana), las otorgada en agosto de 1998 a la empresa canadiense CGX Energy con participación del 100 por ciento, cubre un área de 6.212 Km2.

Luego de haber cubierto diversas etapas el gobierno guyanés aprobó una extensión del 31 mayo 2015 hasta el 31 octubre 2015, para el inicio de la perforación del siguiente pozo exploratorio, a los fines de asegurar el tiempo de arribo del taladro a Guyana.

En segundo lugar está el Bloque Costa Afuera Demerara, ubicado 100 por ciento en Aguas Territoriales de Venezuela en la Guayana Esequiba.

El bloque se asignó en enero de 2001 a la canadiense CGX Energy con participación del 100 por ciento para cubrir un área de 3.975 Km2. Esta compañía tiene como accionista mayoritario de CGX Energy es la empresa Pacific Rubiales de Canadá.

La empresa reprocesó los datos sísmicos existentes en el bloque e identificó dos prospectos que fueron calificados de alto riesgo.

En febrero de 2013 se negoció con el gobierno una nueva licencia de exploración y la empresa aceptó realizar 1.000 Km2 de sísmica 3D y perforar un pozo exploratorio dentro del período inicial de 4 años. Se planificó la perforación del pozo exploratorio para el segundo semestre de 2016.

El Bloque Costa Afuera Roraima, que se ubica 90 por ciento en Aguas Territoriales de Venezuela y 10 por ciento en Aguas Territoriales de Venezuela en la Guayana Esequiba, se asignó por parte de Guyana a mediados del 2012 a la empresa Anadarko Petroleum, quien posee el 100 por ciento de interés. El bloque cubre un área de 20.000 Km2.

Anadarko planificó la adquisición en el 2013 de nuevos datos sísmicos 2D en el bloque y en octubre 2013, cuando el barco “RV Teknik Perdana” llevaba a cabo tal tarea, fue detenido por la patrullera oceánica venezolana “Yakuana”.

Las operaciones de exploración han sido pospuestas por Anadarko hasta la resolución de los límites entre los dos países.

El Bloque Costa Afuera Kanuku, ubicado 100 por ciento en Aguas Territoriales de Guyana, se otorgó en mayo 2013 a Repsol, que en julio del mismo año se asoció con Tullow Oil (Reino Unido). El bloque cubre un área de 6.525 Km2.

En diciembre de 2013 se amplió la sociedad con la entrada de la empresa RWE (Alemania) y la participación en el bloque quedó conformada con Repsol (Operador) con 40 por ciento, Tullow con participación de 30 por ciento y RWE con participación de 30 por ciento.

En el 2014, los socios adquirieron 3.157 Km2 de sísmica 3D y 857 Km. de sísmica 2D y luego de finalizar los estudios técnicos dichos socios debían determinar si pasaban a la siguiente fase que incluía la perforación de un pozo exploratorio. Esta decisión debía tomarse a finales de 2015.

Respecto al Pozo Liza-1

La licencia de exploración de este pozo se otorgó a ExxonMobil en junio de 1999 con 100 por ciento de interés. Sin embargo, para ese momento la empresa buscaba socios.

El área del bloque es de 26.806 Km2, ubicándose el 67 por ciento —a saber, 17.960 Km2— del bloque en el Esequibo.

En 2008, la GGMC contrató a la empresa PGS para los trabajos de levantamiento 2D tipo multi cliente.

En 2009, Shell ingresó con 25 por ciento y en 2012 esta participación se incrementó un 25 por ciento para un total de 50 por ciento.

En marzo de 2013, los socios completaron la adquisición de sísmica 3D sobre una parte del bloque y en 2014 Shell vendió su 50 por ciento, por lo que al momento de emitirse el informe ExxonMobil (Operador) tenía una participación de 45 por ciento, Hess Corporatíon (EE. UU.) participaba con 30 por ciento y China National Offshore Oil Company (CNOOC) lo hacía con 25 por ciento.

Para marzo de 2015, Esso Exploration and Production Guyana Ltd. (EEPGL) programó el inicio de la perforación del primer pozo en el prospecto Liza con el barco Deepwater Champion. Como resultado de esta actividad exploratoria encontró 295 pies (90 metros) de arena neta con petróleo de alta calidad.

Sobre esto la empresa Exxon comunicó: “Analizando datos obtenidos por el pozo para determinar con precisión la viabilidad comercial del prospecto y evaluar el potencial de recursos en el bloque. Hay razones para ser optimistas”.

Este fue el primer descubrimiento exitoso costa afuera de Guyana.