Mostrando entradas con la etiqueta Rafael Ramirez. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Rafael Ramirez. Mostrar todas las entradas

miércoles, 28 de octubre de 2020

Darwin Padrón Acosta: El empresario condenado por corrupción en EE. UU. que recortó su condena

   Fue condenado a 18 meses de prisión, 3 años de libertad supervisada y la confiscación de USD 9.052.397,73. 

Por Maibort Petit

   El contratista de Petróleos de Venezuela S.A., Darwin Enrique Padrón Acosta, quien el 17 de octubre de 2016, se declaró culpable de cometer el delito de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, al haber pagado sobornos a dos funcionarios de PDVSA a cambio de recibir contratos millonarios de la estatal. En marzo de 2020 empezó a pagar la condena que logró reducir a sólo 18 meses debido a su amplia colaboración con la justicia. Desde mediados de 2021 estará libertad condicional.



   Padrón Acosta, quien igualmente sería propietario de un Bingo, ha salido a relucir como persona relacionada al empresario colombiano responsable del programa de alimentación CLAP, el cual supuestamente está plagado de irregularidades que le suministraron millonarias ganancias a costa del hambre del pueblo venezolano.

  De este modo, quien ya es un confeso violador de la ley, habría persistido en su conducta irregular al mantener supuestos negocios turbios con el colombiano señalado de ser prestanombre del dictador venezolano.

Los cargos en su contra

   En la causa que se siguió en su contra en la Corte del Distrito Sur de Texas-División Houston, a Darwin Enrique Padrón Acosta —un residente legal permanente de los EE. UU. con asiento en Florida— controlaba una serie de sociedades, entre ellas varias empresas estadounidenses, que utilizó para asegurar contratos con PDVSA.

  Procesado bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), Padrón Acosta actuó en sociedad con José Luis Ramos Castillo, residente del Distrito Sur de Texas, ex-empleado de PDVSA y su subsidiaria Bariven, quien se encargaba de seleccionar empresas para que participarían en las licitaciones convocadas por la petrolera y con quien se identifica en la demanda como “Funcionario F”, quien gestionaba las compras y adquisiciones de la estatal.

  La Fiscalía del Distrito Sur de Texas acusó a Darwin Padrón del delito de Conspiración, indicando que entre 2009 y 2014, actuó con la intención y a sabiendas de que se encontraba cometiendo delitos contra los Estados Unidos a través de sus empresas que, según la FCPA, actuaba como una empresa doméstica y un funcionario de la misma que la utilizaba para pagar a un funcionario extranjero, sabiendo que la totalidad o una parte de dicho dinero, buscaba influir en las decisiones de este último, para ayudar a las empresas del demandado a obtener los contratos de PDVSA.

  Padrón Acosta en conjunto con sus co-conspiradores pagaron sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA, entre ellos Ramos Castillo y el “Oficial F” con la intención de obtener lucrativos contratos de PDVSA a través de medios corruptos y fraudulentos. Mediante la realización de transacciones financieras, se buscaba enmascarar el pago de los sobornos.

   La acusación refiere que mientras se encontraban en el Distrito Sur de Texas, Darwin Padrón Acosta pagó los sobornos valiéndose de cables interestatales y extranjeros en procura de influir en las decisiones de ciertos funcionarios de PDVSA y sus empresas resultaran beneficiadas.

Los hechos

  Las investigaciones de la fiscalía presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Texas, señalan que Darwin Padrón Acosta firmó un cheque el 1º de febrero de 2012 por USD 117.000, de una cuenta bancaria a nombre de una empresa de su propiedad, cuyo beneficiario fue un familiar del Oficial F, quien trabajó en la adjudicación de contratos de PDVSA a empresas del demandado.

  El 22 de mayo de 2012, Padrón Acosta transfirió UDD 682.000 de una cuenta de una empresa de su propiedad a una cuenta de una empresa que José Luis Ramos Castillo poseía en sociedad con un pariente.

  Para el 15 de junio de 2012, Darwin Padrón ordenó transferir USD 320.000 de una cuenta de una de sus empresas, a una cuenta a nombre de una empresa que Ramos poseía con un pariente.

  Padrón transfirió el 20 de agosto de 2012, la cantidad de USD 50.000 de una cuenta bancaria de sus empresas, a una cuenta de un familiar del Oficial F.

  Otra transferencia se hizo el 28 de agosto de 2013, por orden de Padrón, desde una cuenta bancaria a nombre de un pariente, en beneficio de Ramos Castillo. Se trata de USD 394.250,74 producto de las ganancias de sobornos que se destinaron a comprar bienes inmuebles en el Distrito Sur de Texas.

El acuerdo

  El 17 de octubre de 2016, Darwin Enrique Padrón Acosta, representado por la abogada, Marisel Descalzo, llegó a un acuerdo con el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, Kenneth Magidson; el subjefe, John Pearson; el Fiscal Auxiliar, Robert S. Johnson; el jefe de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Andrew Weissmann.

  Padrón Acosta aceptó declararse culpable del cargo de Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, Título 15, Código de los Estados Unidos, sección 78dd-2 (FCPA), y de cometer lavado de dinero, Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 371.

  Se estableció que la pena máxima legal por cada violación de la ley era el encarcelamiento por no más de cinco años y una multa de no más de USD 250.000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta.

  Además, el acusado podría recibir un período de libertad supervisada después de un encarcelamiento de hasta tres años por cada violación. Si violaba las condiciones podía ser encarcelado por todo el período de libertad supervisada, sin crédito por el tiempo ya cumplido en el término de liberación supervisada antes de tal violación.

  Por otra parte, el acusado admitió que comprendía que su declaración de culpabilidad podía afectar su estatus migratorio, podría ser expulsado de los Estados Unidos, negársele la ciudadanía y la admisión a EE. UU. en el futuro.

Cooperación

   Darwin Padrón Acosta aceptó cooperar plenamente con los Estados Unidos y no oponerse a la confiscación de activos.

  Por “cooperar plenamente", Padrón entendió que debía proporcionar toda la información relacionada con cualquier actividad delictiva por él conocida, tanto estatal como federalmente.

  Se comprometió a testificar ante un gran jurado o en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo cuando así lo solicite Estados Unidos, así como renunciar a su privilegio de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación a los efectos del acuerdo.

  Asimismo, proporcionar información y testimonio veraces, completos y precisos ante el Gran Jurado o en cualquier procedimiento judicial (penal o civil); proporcionar todos los documentos en su posesión o bajo su control relacionados con todas las áreas de investigación e investigación.

La confiscación

  El acuerdo contempló de al menos USD 9.052.397,73 en su contra y a favor de los Estados Unidos.

  Padrón Acosta renunció a todos y cada uno de los intereses en cualquier activo que sea objeto de un proceso de decomiso administrativo o judicial relacionado, ya sea penal o civil, federal o estatal.

  También renunció al derecho de impugnar el decomiso de la propiedad de cualquier manera, incluso mediante apelación directa o en un procedimiento colateral.

La sentencia

  El 19 de noviembre de 2019, Darwin Enrique Padrón Acosta, fue sentenciado a cumplir una pena de 18 meses de prisión. Asimismo, cumpliría 3 años de libertad supervisada. Está pagando su condena en el FCI Camps en Miami.


 

lunes, 21 de septiembre de 2020

Destruyeron plantas de gas en PDVSA con la intención de comprar otras con sobreprecio

Por Maibort Petit

  Un proceso de desmantelamiento habría operado en las instalaciones de plantas de compresión de gas en el Lago de Maracaibo, donde muchas de estas instalaciones, las cuales habían sido repotenciadas entre los años 2004 y 2012 a un muy alto costo para Petróleos de Venezuela S.A., con el supuesto objetivo de llevar a cabo negociaciones irregulares y con sobreprecios en la compra de equipos sustitutos.

  De la tal obsolescencia habló el 6 de marzo de 2017, el presidente de PDVSA para la fecha, Eulogio Del Pino, quien en visita a las plantas compresoras de Gas Bachaquero I y Bachaquero II, cuando inspeccionaba las áreas operacionales ubicadas en diferentes regiones del país.

“Estas plantas forman parte de un sistema que lleva más de ocho décadas funcionando; muchas de ellas necesitan ser sustituidas; por ello estuvimos revisando un proyecto denominado Sorocaima, que será una nueva planta para el manejo del gas en el Lago de Maracaibo, adaptada a la nueva situación de los yacimientos lacustres, dado que las condiciones de producción y manejo de gas ha cambiado”, dijo Del Pino.

 Allí el presidente de la estatal anunció que Orlando Chacín, vicepresidente de Producción estaba encargado, a través de un comité, de repensar la producción de crudo y gas en el Lago de Maracaibo y, en tal sentido, debía plantear nuevas estrategias de infraestructura en esa área operacional. Sin embargo, advirtió que a pesar de la obsolescencia de los equipos, en la zona había una producción de” 400 mil barriles de crudo por día y tiene la oportunidad de crecer, porque tenemos las reservas que es lo más importante. Las reservas probadas del Lago de Maracaibo superan las de cualquier país, calculadas en 10 mil millones de barriles. Eso da para producción con una infraestructura diferente, nueva”[1].

  Fuentes ligadas a la industria petrolera nos indican que el deterioro inducido se habría provocado, no únicamente en las viejas plantas de turbocompresores en cadena (1 cadena=6 o 7 turbocompresores en serie), como es el caso de las plantas PC-Bachaquero-1, PC-TJ-3 (Tía Juana 3) y PC-TJ-2, sino también en las más nuevas de tipo Modulares como PC-TJ4, PC-TJ-5, PC-LL-1 (Lagunillas 1), MiniPlantas MP-LL-1, 2, 3, 4, 5, 6 (Lagunillas 1 a la 6), PC-UD-1 (Urdaneta 1), entre otras con 1 y hasta 4 Módulos independientes (1 Módulo= 1 Turbocompresor); además, en los complejos donde operan cantidad de diversos módulos, incluidos los de generación eléctrica, como los de Complejo LAMA y LAMARGAS.


  Se nos hace saber que entre esos módulos había unos denominados “portátiles”, los cuales se suponía, podían movilizarse en razón de que poseían en sus bases los mecanismos para trasladarlos "fácilmente" de un lado al otro del Lago de Maracaibo. De estos equipos, quedaban dos operativos de los años ´90, los cuales eran conocidos como PORTA-6 y PORTA-7.

  Sustentados en esta experiencia, Héctor Roque, Héctor Roque, exgerente de Operación Integral de Plantas y Luis Nieto, comenzaron a proponer un megaproyecto denominado "Compresión Portátil", que no consistió en otra cosa que provocar la obsolescencia de algunas plantas, para ser sustituidas por este tipo de módulos "portátiles", a un costo de USD 1.000.000.000. Para ello habrían contactado a un grupo de ingenieros en Estados Unidos para implementar el proyecto y se estimaba que los referido “módulos portátiles” serían comprados en Asia. El 6 de septiembre de 2017, Héctor Roque y otros 7 funcionarios de PDVSA Occidente fueron detenidos, acusados del presunto desvío multimillonario de crudo, mediante el agregado de emulsionantes y agua que era exportado por el Puerto Miranda por donde salen 1.5 millones de barriles diarios[2].

  Fue a partir de ese momento —señala la fuente— cuando comenzó a apresurarse la destrucción de cuanta planta de compresión de gas pudieran. De este modo, en PC-TJ-2, para el año 2015, las dos cadenas estaban inservibles (300 MMPCED de inyección perdidos). Igualmente, los equipos se dejaban a merced de los piratas del Lago que procedían a su desvalijamiento. También se recurría al descuido en el funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, una cadena de PC-TJ estuvo 3 años sin arrancar efectivamente, mientras cantidad de módulos de compresión (de las modulares) se dejaron sin mantenimientos. MP-Ba-1 y MP-Ba-2, por su parte, fueron desvalijadas (miniplantas Bachaquero 1 y 2), entre otros daños provocados.

 Fue así como fueron desincorporándose equipos que, según los informantes, estaban operativos.












[1] PDVSA. “Presidente de PDVSA recorrió plantas compresoras de gas en el Lago de Maracaibo”. 6 de marzo de 2015. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7673:presidente-de-pdvsa-recorrio-plantas-compresoras-de-gas-en-el-lago-de-maracaibo&catid=10&Itemid=589&lang=es

[2] El Nacional. “Detienen a 9 gerentes de Pdvsa Occidente”. 6 de septiembre de 2017. https://www.elnacional.com/economia/detienen-gerentes-pdvsa-occidente_202260/


miércoles, 26 de agosto de 2020

¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?

   Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV, interpusieron en febrero de 2018 una demanda civil en contra Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios. El 26 de agosto de 2020, retiraron voluntariamente la querella.

Por Maibort Petit

  Una comunicación de los abogados de Harvest Natural Resources Inc, en relación a una demanda que se impuso contra de Rafael Ramírez con fecha 26 de agosto de 2020, informa que la empresa retira voluntariamente la querella y advierte que el querellado no está obligado a responder ante el tribunal.

    Fuentes ligadas al caso explicaron a Venezuela Política que la acusación fue retirada porque no se había logrado ubicar "una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio". Vale destacar que el fallo inicial a favor de Ramírez se produjo en la ausencia de representación legal del acusado.


   El tribunal había otorgado a Rafael Ramírez el derecho a que se iniciara un nuevo proceso debido a que el acusado no había ejercido su derecho a la defensa, por estar fuera de los Estados Unidos y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.

Ver detalles aquí.

  La jueza de distrito, Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda en 2019. Esta fue la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.

  Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones. 

  La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplicó.

Juan José García Mendoza: 

El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

 Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadounidense demandó civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

  Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC[1] y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadounidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

  Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

  Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones[2], informó en su momento el portal El Estímulo. 

  Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano[3].

  Pero pese a que la venta se concretó, Harvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

  La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

  Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

  Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston[4].

 La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

  Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest  asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

  A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

  Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

 La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

 Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

  Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos "sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

  Harvest asegura que García Mendoza "trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

  En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

  Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

  En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

  Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

  La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

  El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son "continuos y sistemáticos", sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza "dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades". Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

  Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

¿Quién es Juan José García Mendoza?

  El portal Dateas nos informa que Juan José García Mendoza nació el 24 de junio de 1960 y es portador de la Cédula de Identidad N° V-5.548.420. Lo ubica en el San Antonio de Los Altos, municipio Los Salias, estado Miranda[5].

  Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que ingresó al sistema el 22 de marzo de 1982, apareciendo en la actualidad con estatus cesante de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. con el número patronal D11300057. Indica que su fecha de egresó fue el 30 de diciembre de 1989. Su fecha de contingencia es el 24 de junio de 2020. Acumula 1.032 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 9.343,47[6].

  Ejerce su derecho al voto en la Unidad Educativa Colegio Fray Luis Amigo de la parroquia Baruta, municipio Baruta del estado Miranda.

  Entretanto, Juan José García Mendoza, su hijo, nació el 28 de agosto de 1975 y es titular de la Cédula de Identidad N° V-12.097.084. Se le ubica en la parroquia Sucre, municipio Libertador, Distrito Capital[7].

  Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 1° de octubre de 1999, su fecha de contingencia es el 28 de agosto de 2035. Su estatus actual es cesante de la empresa Serviascorp C.A., con el número patronal D18389484. Acumula 257 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 19.058,92[8].

  El Registro Electoral Permanente informa que ejerce el derecho al sufragio en la Unidad Educativa Colegio Parroquial La Sagrada Familia, de la parroquia Sucre, municipio bolivariano Libertado, Distrito Capital.

  Azure 904, LLC es una empresa registrada en el estado de la Florida en fecha 17 de abril de 2013, bajo el número L13000056934. Su estatus es active. Se ofreció como sede el 9401 Collins Ave. #605, Surfside, FL 33154. Como dirección postal se suministró el P.O. Box 830726, Miami, FL 33283. Como agente registrador figura Cira E. García (8925 Collins Ave. Unit 7C, Surfside, FL 33154). Como titular aparece Juan J. García (misma dirección de la empresa)[9].

  Sobre esta empresa, Juan José García Mendoza dijo ante la Corte de Texas: “Soy el único propietario de Azure 904, LLC ("Azure 904"), una compañía de responsabilidad limitada de Florida. Azure 904 actualmente es propietaria del condominio de Florida donde vive mi madre anciana. La compañía, sin embargo, nunca ha poseído ninguna propiedad u otros activos fuera del Estado de Florida y no tiene cuentas bancarias en los Estados Unidos ni en ningún otro lado. Azure 904, de hecho, no ha llevado a cabo ningún negocio debido a la adquisición y el mantenimiento de bienes inmuebles en Florida. La compañía, especialmente, nunca ha llevado a cabo negocios en Texas ni con ningún residente de Texas”.

  Sobre Petroconsultores SC ("Petro, S.C."), el propio Juan García Mendoza declaró ante el tribunal de Texas que es el único propietario y empleado de la empresa que tiene sede en Venezuela con el único propósito comercial de realizar consultorías de petróleo y gas para empresas venezolanas. “. Cuando trabajo para Petro, S.C., no he prestado servicios para ningún residente o entidad de Texas, me he comunicado con ningún residente de Texas, no estoy registrado para hacer negocios en Texas ni he realizado negocios con ninguna entidad de Texas. Petro, S.C., no tiene una cuenta bancaria en Texas, posee ninguna propiedad real o personal en Texas ni posee ningún activo en Texas”. La compañía tiene su sede en la Calle Suapure, Caracas, Distrito Capital. Teléfono: 0212 7531850[10].

  De Petro Consultores International Trading Company, Inc. ("Petro International"), Juan José García Mendoza dijo ante la corte que esta “fue otra empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro International no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro International, especialmente, nunca ha tenido ningún activo o propiedad en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las cuotas anuales que el gobierno panameño requiere para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan.

 De ella el portal Open Corporates[11] dice que está inscrita en Panamá con el número de registro N846031, en fecha 9 de octubre de 2014 y que en la actualidad exhibe estatus active. El agente registrador fue Anzola Robles & Asociados. Como presidente y director figura Juan José García, quien se encuentra acompañado en el directorio por Freddy Ricardo Salcedo Descombaz (vicepresidente y director), Guido Roberto Danilo Italiani Firrito (director), y Davis Arrocha Medina e Esca Grajales Castillo como directores.

  Con relación a Petroconsultores (Barbados) LTD, García Mendoza expuso que “es una empresa de Barbados. Petro Barbados también fue una empresa comercial fallida que nunca llegó a despegar. Petro Barbados no tiene sedes y nunca tuvo operaciones comerciales de ningún tipo. La compañía nunca ha mantenido ningún activo, pasivo o cuenta bancaria. Petro Barbados, especialmente, nunca ha tenido activos ni propiedades en los Estados Unidos ni ha llevado a cabo negocios en los Estados Unidos o con residentes de los EE. UU. De hecho, no he pagado las tarifas anuales que exige el gobierno de Barbados para mantener a la compañía al día y, por lo tanto, puede que ya no existan”.

 Open Corporates refiere que esta empresa fue registrada en Barbados el 10 de diciembre de 2014, bajo el número 38947[12].

 Entretanto, de Petroconsultores Inc Juan García Mendoza expresó que “es una empresa de Anguila, Islas Vírgenes Británicas. Petro, Inc., es una empresa comercial fallida que no tiene sede ni operaciones comerciales actuales de ningún tipo. Petro, Inc., no tiene cuentas bancarias de Estados Unidos o Texas en absoluto. De hecho, Petro, Inc., nunca ha poseído ningún activo, pasivo o propiedad en ningún estado de EE. UU. Ni ha llevado a cabo ningún negocio en ningún estado de EE. UU. Petro, Inc., especialmente, no se ha comunicado con ningún residente de Texas, no está registrado para hacer negocios en Texas y no ha realizado negocios con ninguna entidad de Texas”.

Notas 

[1] Hasvest. http://www.harvestnr.com/

[2] El Estímulo. “Oswaldo Cisneros invierte $1.000 millones en PetroDelta”. 20 de octubre de 2016. http://elestimulo.com/elinteres/oswaldo-cisneros-invierte-1-000-millones-en-petrodelta/


[3] The Walll Street Journal. “Oswaldo Cisneros invertirá US$1.000 millones en un proyecto petrolero controlado por Venezuela”. https://www.wsj.com/articles/oswaldo-cisneros-invertira-us-1-000-millones-en-un-proyecto-petrolero-controlado-por-venezuela-1476903613


[4] Global Investigations Reiew. Case 4:18-cv-00483 Document 1 Filed in TXSD on 02/16/18.   https://globalinvestigationsreview.com/digital_assets/7f878b2a-fc32-40f7-b31b-862b8a030dae/Harvest-v-Ramirez.pdf


[5] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-9843721


[6] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[7] Dateas. Juan José García Mendoza. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/garcia-mendoza-juan-jose-674599


[8] IVSS. Juan José García Mendoza. Cuenta individual. http://www.ivss.gob.ve:28083/CuentaIndividualIntranet/CtaIndividual_PortalCTRL


[9] Sunbizz. Azure 904, LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=AZURE904%20L130000569341&aggregateId=flal-l13000056934-003e4d01-cc5f-47f0-b33d-f0bb2436bb70&searchTerm=Azure%20904%20LLC&listNameOrder=AZURE904%20L130000569341


[10] Infobel. Petroconsultores SC. https://www.infobel.com/es/venezuela/petroconsultores_sc/caracas/VE100000567-02127531850/businessdetails.aspx 


[11] Open Corporates. Petro Consultores International Trading Company, Inc. https://opencorporates.com/companies/pa/846031


[12] Open Corporates. Petroconsultores (Barbados) LTD. 


Nota


Por un error involuntario en estas páginas se cometió el error de mencionar a la empresa Azure 966 LLC en el caso de la demanda civil presentada por la empresa estadounidense Harvest Natural Resources INC en contra de Juan José Mendoza y sus compañías ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, hecho que reseñamos en la nota publicada el 15 de febrero de 2018 bajo el título “Conoce todos los detalles de la demanda que obliga a Rafael Ramírez a pagas USD 1.400 millones”. 


En la referida reseña se hizo mención a la cita empresa en el siguiente texto:


“Azure 966 LLC está registrada en Florida desde el 17 de junio de 2015, bajo el número L15000108441. Su estatus es activo. Su dirección es 11020 S Powerline RD, Pompano Beach, FL 33069 que también es su dirección postal. El agente registrador fue Totalcorp Business Consultans Corp (1825 Main ST, Weston, FL 33326). Como titular autorizado figura Filianos LLC (misma dirección de la empresa)”, el cual hace referencia a los datos de su registro en el estado de la Florida, Estados Unidos.


Tal error se debió, como puede apreciarse, a la similitud de los nombres de las empresas, la verdaderamente inmiscuida en los hechos y en la demanda, a saber, Azure 904 LLC, y el de la compañía involucrada de manera involuntaria y errónea por nosotros, Azure 966 LLC.



Es por ello, que apegados a la ética periodística a la que siempre hemos estado apegados, y en fiel cumplimiento al deber ser, procedemos a rectificar y eximir de toda responsabilidad a Azure 966 LLC en los hechos señalados en la demanda y en la información que sobre ella dimos a conocer en la oportunidad antes mencionada. 



jueves, 24 de enero de 2019

Documentos comprueban la negligencia de Chávez y Maduro frente al reclamo sobre el Esequibo

Más allá de la retórica política, una serie de documentos comprueban que las dos administraciones chavistas tuvieron pleno conocimiento de las actividades desarrolladas por el gobierno guyanés en la zona en reclamación e, incluso, en la proyección marítima del estado Delta Amacuro, sin que actuaran en defensa de los intereses de Venezuela.


Por Maibort Petit

El fallecido expresidente, Hugo Chávez, como su sucesor en el cargo, Nicolás Maduro, podrían llegar a ser los responsables de que la república pierda definitivamente el territorio del Esequibo —o Guayana Esequiba—, dada la ineptitud, negligencia y hasta la indiferencia mostrada ante las señales y alarmas que en diversas oportunidades advirtieron de que podría estar a punto de concretarse la pérdida definitiva de la que se conoce como la zona en reclamación. Así lo prueban diversos documentos de los que hemos tenido conocimiento.
Durante la administración de Chávez, este fue debidamente informado de todas las acciones emprendidas por el gobierno guyanés que atentaban contra la soberanía venezolana en el territorio del Esequibo y en el mar territorial, el área de la proyección marítima de la zona en reclamación y la proyección marítima del estado Delta Amacuro y, sin embargo, nada hizo para frenar esta situación, muy por el contrario promovió una posición que fue interpretada como de amparo a las pretensiones del vecino país sobre el territorio y la fachada atlántica reclamada por Venezuela. Su ministro de Relaciones Exteriores y también vicepresidente ejecutivo, a la sazón el presidente actual, Nicolás Maduro, fue alertado sin que entonces ni ahora haya asumido una posición firme ante lo que se perfila como la consolidación del más grande despojo territorial que ha sufrido el país en toda su historia.

Los documentos en cuestión igualmente comprueban las erráticas decisiones y posturas adoptadas por los gobiernos de Chávez y Maduro denunciadas en múltiples oportunidades por expertos en la materia que se han levantado para alertar sobre las equivocaciones cometidas por las administraciones chavistas en el proceso de reclamo.

La advertencia de Ramírez a Maduro

En fecha 21 de febrero de 2013, cuando Nicolás Maduro ejercía la vicepresidencia ejecutiva, recibió un punto de cuenta en el que Rafael Ramírez, para entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, le informó que la concesión petrolera que el gobierno de Guyana le otorgó a las empresas Exxon Mobil y Shell en el denominado bloque Stabroek para que estas compañías iniciaran las labores de exploración sísmica 3D Costa afuera, comprendían no solamente el área de la proyección marítima de la zona en reclamación sujeta al Acuerdo de Ginebra de 1966, sino también la proyección marítima del estado Delta Amacuro.

En esa oportunidad Ramírez alertó a Maduro de que tal hecho ameritaba la activación de los canales diplomáticos ante el gobierno guyanés, a objeto de fijar una posición en correspondencia al resguardo de la soberanía marítima venezolana y de la defensa de los intereses de la nación.

Recomendó informar a Guyana sobre los estudios geotécnicos, geofísicos, oceanográficos y batrimétricos que se disponía a desplegar Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con el fin de obtener los datos técnicos necesarios que le permitieran solicitar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, adscrita a la Convención del Derecho al Mar de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la determinación oficial de la extensión de la plataforma continental de la fachada atlántica de Venezuela.

Rafael Ramírez le recordó a Nicolás Maduro que en 1999 el gobierno guyanés le otorgó a la compañía Esso Exploration and Production Guyana LTD, una subsidiaria de la empresa estadounidense Exxon Mobil Corp, una concesión para la exploración de hidrocarburos en el Bloque Stabroek, en la que Shell Exploration and Production Guyana adquirió el 25 por ciento de los derechos de exploración, conservando Exxon el 75 por ciento restante. Igualmente, para la misma fecha, la administración guyanesa dio una concesión similar a la empresa canadiense Century GY en el Bloque Pomeroon. Tanto una como otra, preveían operaciones en aguas marítimas ubicadas en la proyección marítima de la zona que reclama Venezuela y ocupan un 60 por ciento del área que corresponde a la fachada atlántica venezolana. Tales hechos fueron protestados diplomáticamente por Venezuela, al tiempo que se denunció ante el Consejo Mundial del Petróleo en los años 2000 y 2002, objetando firmemente los  trabajos exploratorios en esa área.

También el titular de la cartera petrolera para la época hizo referencia a la advertencia formulada por el Ministerio de Recursos Naturales de Guyana a los pescadores y marineros, a objeto de que tomaran precauciones ante las actividades de exploración sísmica 3D que se realizaría costa afuera de Guyana entre el 20 de enero y mediados de marzo de 2013. El despacho guyanés refería en esa oportunidad que las exploraciones petroleras en la fachada atlántica se enmarcaban en la política de concesiones que adelanta Guyana, las cuales tienen una doble connotación, la captación de inversión extranjera en lo económico y el ejercicio de la soberanía en un espacio marítimo generado por el Territorio Esequibo en disputa con Venezuela, en el ámbito político.

Ramírez le explicó a Maduro que la estrategia de Guyana estaba dirigida a crear condiciones de hecho que favorecieran la solicitud de extensión de su plataforma continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental en 2009, así como también favorecer su posición en la reclamación del Esequibo mediante la participación de terceros estados en las concesiones para la explotación de recursos en espacios en reclamación.
Ante el persistente riesgo y amenaza de extender su plataforma continental afectando los derechos soberanos venezolanos en la fachada atlántica, Ramírez refirió que era prioritario y fundamental el conocimiento preciso y oportuno del límite de la Plataforma Continental Extendida de Venezuela de modo de fortalecer el ejercicio de la soberanía en el Océano Atlántico, con la posibilidad de identificar zonas prospectivas para la explotación de hidrocarburos. Informó que su despacho había incluido en la cartera de Proyectos Mayores del Plan Sectorial de Hidrocarburos 2013-2019, que PDVSA ejecutara estudios para la adquisición de información para determinar la extensión de la plataforma continental. Refirió que los resultados de los estudios aportarían los fundamentos técnicos y jurídicos para respaldar y sustentar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental el pronunciamiento oficial sobre la extensión de la Plataforma Continental de la República Bolivariana de Venezuela.

Rafael Ramírez recomendó a Nicolás Maduro instruir a los órganos competentes a incoar las acciones diplomáticas pertinentes para impedir la continuidad de las actividades exploratorias autorizadas por Guyana y patrocinadas por empresas trasnacionales, en el área marítima que  comprende a la proyección marítima de la zona en reclamación que está sujeta al Acuerdo de Ginebra de 1966, así como a la proyección marítima del estado Delta Amacuro.

Subrayó lo pertinente de informar al gobierno guyanés sobre las actividades programadas por PDVSA relativas a los estudios geotécnicos, geofísicos, oceanográficos y batimétricos para la adquisición de información con fines de determinar la extensión de la Plataforma Continental en la fachada atlántica de Venezuela, a desarrollarse en una área marítima de 54.270 Km2 aproximadamente, al sur de la línea fronteriza entre Venezuela y Trinidad y Tobago y al norte de Guyana y Surinam.

El recordatorio a Asdrúbal Chávez

El 9 de marzo de 2015, desde el Despacho del Viceministro de Hidrocarburos, Ángel González, se remitió un documento dirigido al titular del Ministerio, Asdrúbal Chávez, en el que le recordaba que en 2013 se le informó oportunamente al presidente de la república, Nicolás Maduro, sobre la situación de la delimitación entre Venezuela y Guyana.

Específicamente se le alertaba con relación al área marítima cercana al estado Delta Amacuro como consecuencia del otorgamiento por parte del gobierno guyanés de una concesión a las empresas Exxon Mobil y Shell en el bloque denominado Stabroek para exploración sísmica 3D costa afuera en el área que comprende tanto la proyección marítima de la zona en reclamación sujeta al acuerdo de ginebra de 1966, como a la proyección marítima del Estado Delta Amacuro, tal como ya se apuntó líneas arriba.

Se le refirió en ese entonces a Maduro que tal situación podía constituir una potencial amenaza, por lo que debían activarse los canales diplomáticos ante el gobierno guyanés, para fijar posición respecto al resguardo de la soberanía marítima y en defensa de los intereses venezolanos.

Igualmente se instaba a informar a Guyana sobre los estudios técnicos y científicos necesarios que desplegaría PDVSA y que constituirán el soporte fundamental para determinar la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas en la fachada atlántica de Venezuela, la cual sería solicitada a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) adscrita a la ONU.


A Asdrúbal Chávez se le expusieron —tal como se le había referido a Nicolás Maduro en su oportunidad— que en 1999 el gobierno de Guyana otorgó a Esso Exploration and Production Guyana               LTD una concesión para la exploración de hidrocarburos en el Bloque Stabroek en la que la compañía subsidiaria de Shell adquirió el 25 por ciento de los derechos de exploración, conservando Exxon el 75 por ciento restante. También se le refirió que en la misma fecha, el gobierno guyanés otorgó otra concesión similar a la empresa canadiense Century GY en el Bloque Pomeroon. Estas dos concesiones se hicieron sobre aguas pertenecientes a la proyección marítima de la zona en reclamación por parte de Venezuela, las cuales ocupan el 60 por ciento del área que corresponde a la fachada atlántica venezolana.

Al ministro se le dio a conocer un resumen de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo, precisando las distintas acciones emprendidas por el gobierno, entre ellas, la denuncia  ante el Consejo Mundial del Petróleo en 2000 y 2002 para objetar los trabajos exploratorios en esa área y el reiterado accionar de Guyana que contravienen las normas que rigen en situaciones en las que está vigente un reclamo territorial como el planteado en el caso entre Venezuela y Guyana. Esto porque la estrategia guyanesa gira en torno a crear condiciones de hecho que favorezcan su posición en la reclamación por el Territorio Esequibo.

Del mismo modo se le refirió que Trinidad y Tobago, Surinam y Barbados entregaron a la CLPC la información técnica, científica y jurídica para solicitar la extensión de sus respectivas Plataformas Continentales, lo cual fue protestado por la cancillería de Venezuela. Se le indicó que, además, Barbados inició una ronda licitatoria para la exploración de hidrocarburos en 26 bloques costa afuera que ocupaban aguas territoriales venezolanas en 2008, hecho que también fue protestado por el gobierno venezolano.

Estimando que persiste el riesgo y amenaza latente por parte de los países señalados de querer extender sus respectivas plataformas continentales en afectación de los derechos soberanos venezolanos en la Fachada Atlántica, se hacía imperativo conocer exactamente y con precisión el límite de la Plataforma Continental Extendida de Venezuela.

En aras de esto último, se refirió que el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería incluyó en la cartera de Proyectos Mayores del Plan Sectorial de Hidrocarburos 2013-2019, la ejecución, por parte de PDVSA de los Estudios para la Adquisición de Información para Determinar la Extensión de la Plataforma Continental con carácter prioritario.

Se le informaron al ministro las recomendaciones que se le habían formulado al presidente Nicolás Maduro y a las que ya hemos hecho referencia en las líneas precedentes.

El 13 de abril de 2015, desde el despacho del ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, se remitió al presidente de PDVSA para la época, Eulogio Del Pino, una esquela suscrita por el viceministro de Hidrocarburos, Ángel González, relativa a un viaje realizado a la República de Guyana en compañía del canciller venezolano.

En dicha esquela, el viceministro, Ángel González, refirió a Asdrúbal Chávez que siguiendo sus instrucciones, el 26 de marzo de 2015, había acompañado a la canciller, Delcy Rodríguez, a una reunión bilateral con su homólogo guyanés celebrada en Trinidad y Tobago, en la que los representantes de ambas naciones trataron los aspectos legales, técnicos y políticos relacionados con las controversias asociadas a los límites fronterizos entre los dos países.

González se refirió, en primer lugar, a los temas legales, siendo el primero de estos asuntos la figura del Buen Oficiante elegido y aceptado por las partes con el objetivo de acercar a ambos gobiernos en procura de una solución satisfactoria, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966.

Recayó esta responsabilidad en el jamaiquino, Norman Girvan, representante de la ONU hasta la fecha de su fallecimiento en abril del 2014. Se acordó en la reunión mantener esta figura y nominar de común acuerdo al sustituto.

Las cancillerías de ambos gobiernos debían coordinarse para cumplir este cometido.

El segundo de los temas legales, refería que el Acuerdo de Ginebra buscaba primero dirimir el reclamo sobre la delimitación del territorio terrestre, para luego proceder a realizar la proyección de dichos límites hacia la fachada atlántica y, de esta manera, delimitar el territorio marítimo.

El tercer tema legal apuntaba la importancia de activar la asesoría legal de un bufete corno Kurtis, con experiencia resolver las controversias limítrofes ante instancias internacionales.

El segundo asunto discutido por los representantes de ambas naciones fueron los temas técnicos que, como primer punto planteaba la creación de un Comité Técnico entre ambas repúblicas cuya finalidad era el análisis de la delimitación de las áreas terrestres y marítimas, con metas y objetivos establecidos de forma clara y cumpliendo un cronograma de trabajo que permitiera la obtención de resultados concretos.

También refería que la canciller Delcy Rodríguez ofreció la posibilidad de que PDVSA se encargara de desarrollar el programa de exploración sísmica en el área en disputa y no la Exxon-Mobil, pues la participación de esta última representa para Venezuela una gran preocupación, amenaza y provocación imperial.

Por último, las representaciones de Venezuela y Guyana trataron los temas políticos y, así, en primer lugar, se ratificó la preocupación por la presencia de Exxon Mobil en las aguas territoriales aún en reclamación.

En segundo término, se dejó sentado que Venezuela no teme a la confrontación con el imperio más poderoso del mundo, pero sí desea evitar que tal situación afecte la relación bilateral.

Por último, se recordó el compromiso que Venezuela ha demostrado con la región mediante iniciativas como Petrocaribe y la Unasur con el propósito de estrechar los lazos de cooperación y apoyo entre países hermanos.

Informe sobre Exxon

Existe un informe sobre ExxonMobil fechado en julio de 2015 en el que se realiza un análisis de la empresa que destaca que los indicadores del sector aguas arriba están alineados con las estrategias trazadas las cuales apuntan a un ciclo de inversiones intenso en capital enfocadas, particularmente, en proyectos de largo plazo.

Indica el informe que aun cuando las inversiones se encontraban a la baja, se preveía que la producción se incrementaría después de tres años de caída, esperándose llegar a los 4,3 millones de barriles diarios para el 2017 y que la tasa de crecimiento se mantuviera al 2020.

En 2015 ExxonMobil confirmó su estrategia de disciplina en las inversiones de largo plazo y advirtió que la empresa no esperaba una recuperación de los precios, sino soportar el suministro por la resiliencia de la recuperación de la producción del petróleo de esquisto y el de crudo en áreas geopolíticamente volátiles.

En cuanto a inversiones, en el largo plazo, ExxonMobil perfiló una estrategia sustentada en la gestión del riesgo, la excelencia de las operaciones, inversiones y disciplina en costos, una mayor ejecución de proyectos, gestión de portafolio, y liderazgo en la integración y tecnología.

Estimaban que para 2015 el presupuesto sería de USD 34 mil millones es, es decir un declive de 12 por ciento con respecto a los USD 38,5 mil millones de 2014 y 10 por ciento inferior con relación a la estrategia planteada en las guías del 2014.

Entre otras consideraciones relativas al desempeño operacional, la producción de líquidos y gas, lo recursos, los proyectos principales, el informe preveía que en materia de exploración los principales planes de la Exxon Mobil se dirigirían, en lo que a pozos principales se refería, a Argentina, Angola, Australia, Papúa Nueva Guinea, Kurdistán, Rumania, Noruega, Canadá, Golfo de México, Colombia y Guyana. Mientras que las nuevas adquisiciones apuntaban a Argentina, Brasil, Golfo de México, Canadá, Costa Este, EE.UU. Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mar del Norte, Rumania y Papúa Nueva Guinea.

Sobre el proyecto de exploración en Guyana en el Pozo Liza-1, el informe indica que el 20 de mayo de 2015, ExxonMobil anunció el descubrimiento de crudo en el mismo, ubicado en el Bloque Stabroek en aguas afueras a una profundidad de 5.433 metros en 1.743 metros de agua. Refiere que también participaron las empresas Hess (30%) y Nexen (25%, subsidiaria de CNOOC).

Se apunta que este sería el primer descubrimiento de crudo en la historia de Guyana, pero se advertía que llevaría meses para comprobar el tamaño y potencial comercial del descubrimiento. Aun así, se creía que dicho pozo podría tener una reserva de 350 millones de barriles que podían explotarse a través de un Contrato de Producción Compartida, lo que permitiría ganancias al momento de que se incrementara el precio del crudo.

El informe refiere que de acuerdo a la consultora WoodMackenzie, “este nuevo descubrimiento (pozo) se encuentra en aguas territoriales que no están en disputa con Venezuela, sin embargo una porción del Bloque Stabroek se extiende hacia el territorio en reclamación por Venezuela”.

Las actividades petroleras de Guyana

En fecha 23 de julio de 2015, la Dirección Ejecutiva de Exploración y Estudios Integrados de Yacimientos adscrita a la Gerencia General de Exploración de PDVSA, presentó un informe relativo a la importancia del descubrimiento del Pozo Liza-1 del Bloque Stabroek ubicado Costa Afuera de Guyana y del Territorio en Reclamación del Esequibo, así como a las implicaciones exploratorias y económicas que esto tiene para la fachada atlántica de Venezuela.


El reporte da cuenta de los dos tipos de licencias de hidrocarburos otorgadas por el gobierno de Guyana, entre las que hace mención a la licencia de prospección de petróleo y la licencia de Producción de Petróleo, las cuales son expedidas de acuerdo a las pautas de la Ley de Petróleo N° 3 (1986).

Las solicitudes de licencias deben formularse ante el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, a través de la Comisión de Geología y Minas de Guyana y son otorgadas mediante el análisis de los recaudos exigidos en la solicitud realizada por cada empresa, a discreción del ministro.

Hasta el momento las licencias otorgadas por Guyana están referidas a las etapas previas a la producción petrolera, pues de este última no se ha expedido ninguna.

El informe hacía mención a las licencias de exploración otorgadas y por otorgar en Bloques Costa Afuera de Guyana y de la Guayana Esequiba.

Así tenemos, en primer lugar, en el Bloque Costa Afuera Corentyne, el cual se ubica 100 por ciento en Aguas Territoriales de Guyana), las otorgada en agosto de 1998 a la empresa canadiense CGX Energy con participación del 100 por ciento, cubre un área de 6.212 Km2.

Luego de haber cubierto diversas etapas el gobierno guyanés aprobó una extensión del 31 mayo 2015 hasta el 31 octubre 2015, para el inicio de la perforación del siguiente pozo exploratorio, a los fines de asegurar el tiempo de arribo del taladro a Guyana.

En segundo lugar está el Bloque Costa Afuera Demerara, ubicado 100 por ciento en Aguas Territoriales de Venezuela en la Guayana Esequiba.

El bloque se asignó en enero de 2001 a la canadiense CGX Energy con participación del 100 por ciento para cubrir un área de 3.975 Km2. Esta compañía tiene como accionista mayoritario de CGX Energy es la empresa Pacific Rubiales de Canadá.

La empresa reprocesó los datos sísmicos existentes en el bloque e identificó dos prospectos que fueron calificados de alto riesgo.

En febrero de 2013 se negoció con el gobierno una nueva licencia de exploración y la empresa aceptó realizar 1.000 Km2 de sísmica 3D y perforar un pozo exploratorio dentro del período inicial de 4 años. Se planificó la perforación del pozo exploratorio para el segundo semestre de 2016.

El Bloque Costa Afuera Roraima, que se ubica 90 por ciento en Aguas Territoriales de Venezuela y 10 por ciento en Aguas Territoriales de Venezuela en la Guayana Esequiba, se asignó por parte de Guyana a mediados del 2012 a la empresa Anadarko Petroleum, quien posee el 100 por ciento de interés. El bloque cubre un área de 20.000 Km2.

Anadarko planificó la adquisición en el 2013 de nuevos datos sísmicos 2D en el bloque y en octubre 2013, cuando el barco “RV Teknik Perdana” llevaba a cabo tal tarea, fue detenido por la patrullera oceánica venezolana “Yakuana”.

Las operaciones de exploración han sido pospuestas por Anadarko hasta la resolución de los límites entre los dos países.

El Bloque Costa Afuera Kanuku, ubicado 100 por ciento en Aguas Territoriales de Guyana, se otorgó en mayo 2013 a Repsol, que en julio del mismo año se asoció con Tullow Oil (Reino Unido). El bloque cubre un área de 6.525 Km2.

En diciembre de 2013 se amplió la sociedad con la entrada de la empresa RWE (Alemania) y la participación en el bloque quedó conformada con Repsol (Operador) con 40 por ciento, Tullow con participación de 30 por ciento y RWE con participación de 30 por ciento.

En el 2014, los socios adquirieron 3.157 Km2 de sísmica 3D y 857 Km. de sísmica 2D y luego de finalizar los estudios técnicos dichos socios debían determinar si pasaban a la siguiente fase que incluía la perforación de un pozo exploratorio. Esta decisión debía tomarse a finales de 2015.

Respecto al Pozo Liza-1

La licencia de exploración de este pozo se otorgó a ExxonMobil en junio de 1999 con 100 por ciento de interés. Sin embargo, para ese momento la empresa buscaba socios.

El área del bloque es de 26.806 Km2, ubicándose el 67 por ciento —a saber, 17.960 Km2— del bloque en el Esequibo.

En 2008, la GGMC contrató a la empresa PGS para los trabajos de levantamiento 2D tipo multi cliente.

En 2009, Shell ingresó con 25 por ciento y en 2012 esta participación se incrementó un 25 por ciento para un total de 50 por ciento.

En marzo de 2013, los socios completaron la adquisición de sísmica 3D sobre una parte del bloque y en 2014 Shell vendió su 50 por ciento, por lo que al momento de emitirse el informe ExxonMobil (Operador) tenía una participación de 45 por ciento, Hess Corporatíon (EE. UU.) participaba con 30 por ciento y China National Offshore Oil Company (CNOOC) lo hacía con 25 por ciento.

Para marzo de 2015, Esso Exploration and Production Guyana Ltd. (EEPGL) programó el inicio de la perforación del primer pozo en el prospecto Liza con el barco Deepwater Champion. Como resultado de esta actividad exploratoria encontró 295 pies (90 metros) de arena neta con petróleo de alta calidad.

Sobre esto la empresa Exxon comunicó: “Analizando datos obtenidos por el pozo para determinar con precisión la viabilidad comercial del prospecto y evaluar el potencial de recursos en el bloque. Hay razones para ser optimistas”.

Este fue el primer descubrimiento exitoso costa afuera de Guyana.

Documents prove the negligence of Chavez and Maduro against the claim on the Esequibo

By Maibort Petit
@maibortpetit

Beyond the political rhetoric, a series of documents prove that the two Chavista administrations had full knowledge of the activities carried out by the Guyanese government in the area in question. Even in the maritime projection of the Delta Amacuro state, neither acted in defense of the interests of Venezuela.

The late former president, Hugo Chavez, as his successor in office, Nicolás Maduro, could become responsible for the republic losing the territory of the Essequibo - or Guayana Esequiba - given the ineptitude, negligence and even the indifference despite all the signals and alarms that on several occasions warned of the definitive loss of what is known as the area in claim. This is proven by various documents of which we have knowledge.

The Chavez administration was duly informed of all the actions undertaken by the Guyanese government that threatened the Venezuelan sovereignty in the territory of the Essequibo and in the territorial sea, the area of the maritime projection of the area in protest and the projection maritime of the state Delta Amacuro. They not only choose to do nothing to stop this situation, but also promoted a position that was interpreted as a defense to the pretensions of the neighboring claims on the territory and the Atlantic facade which had always been claimed by Venezuela. The Minister of Foreign Affairs and also executive vice president ,at that time and presently the current president, Nicolas Maduro, was alerted. Maduro has neither in the past or present taken a firm stand and as a result it is emerging as the consolidation of the largest territorial dispossession that Venezuela has suffered in all its history.

The documents in question also prove the erratic decisions and positions, adopted by the governments of Chavez and Maduro, denounced on multiple occasions by experts in the field who have risen to warn about the mistakes made by the Chavez administrations in the claim process.

The warning from Ramírez to Maduro

On February 21, 2013, when Nicolas Maduro was executive vice president, he received an account point in which Rafael Ramirez, then Minister of Popular Power of Petroleum and Mining, informed him that the oil concession that the government of Guyana granted Exxon Mobil and Shell companies in the so-called Stabroek block for these companies to start offshore 3D seismic exploration work. It comprised not only the area of the maritime projection of the area under claim subject to the 1966 Geneva Accord, but also the maritime projection of the Delta Amacuro state. 

On that occasion, Ramirez alerted Maduro that such a fact merited the activation of the diplomatic channels before the Guyanese government. This was necessary, in order to establish a position in correspondence with the protection of the Venezuelan maritime sovereignty and the defense of the interests of the nation.

He recommended the need to inform Guyana about the geotechnical, geophysical, oceanographic and bathymetric studies that he was preparing to deploy Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) in order to obtain the necessary technical data that would allow it to request from the Commission on the Limits of the Continental Shelf, attached to the Right to the Sea Convention of the United Nations (UN), the official determination of the extension of the continental shelf of the Atlantic facade of Venezuela.

Rafael Ramirez reminded Nicolas Maduro that in 1999 the Guyanese government granted the company Esso Exploration and Production Guyana LTD, a subsidiary of the US company Exxon Mobil Corp, a concession for the exploration of hydrocarbons in the Stabroek Block.Included in this concession, Shell Exploration and Production Guyana acquired 25 percent of exploration rights, with Exxon retaining the remaining 75 percent. Likewise, for the same date, the Guyanese administration gave a similar concession to the Canadian company Century GY in the Pomeroon Block. Both planned for operations in maritime waters located in the maritime projection of the area claimed by Venezuela and occupy 60 percent of the area that corresponds to the Venezuelan Atlantic facade. These facts were protested diplomatically by Venezuela, while it was denounced before the World Petroleum Council in the years 2000 and 2002, strongly objecting the exploratory works in that area.

The holder of the oil portfolio at that time referred to the warning made by the Ministry of Natural Resources of Guyana to the fishermen and sailors,so that proper precautions could be taken before the 3D seismic exploration activities to be carried out offshore Guyana between January 20 and mid-March 2013. The Guyanese law office reported on that occasion that the oil exploration on the Atlantic side was part of Guyana's concessions policy, which has a double connotation, the attraction of foreign investment in the economic aspect and the exercise of sovereignty in a maritime space generated by the Essequibo Territory in dispute with Venezuela, in the political sphere.

Ramirez explained to Maduro that Guyana's strategy was aimed at creating de facto conditions that favored the request for the extension of its continental shelf to the Commission on the Limits of the Continental Shelf in 2009. It would also further Guyana’s position in the Essequibo claim through the participation of third states in the concessions for the exploitation of resources in spaces in claim.

Given the persistent risk and threat of extending its continental shelf affecting Venezuelan sovereign rights on the Atlantic front, Ramirez said that precise and timely knowledge of the limit of the Extended Continental Shelf of Venezuela was a priority and fundamental in order to strengthen the exercise of the sovereignty in the Atlantic Ocean, with the possibility of identifying prospective zones for the exploitation of hydrocarbons. He informed that his office had included in the portfolio of Major Projects of the Hydrocarbons Sector Plan 2013-2019, that PDVSA execute studies for the acquisition of information to determine the extension of the continental shelf. He said that the results of the studies would provide the technical and legal basis to support before the Commission on the Limits of the Continental Shelf the official pronouncement on the extension of the Continental Shelf of the Bolivarian Republic of Venezuela.

He further recommended that Maduro instruct the competent bodies to initiate the pertinent diplomatic actions to prevent the continuation of the exploratory activities authorized by Guyana and sponsored by transnational companies, in the maritime area that includes the maritime projection of the area in claim that it is subject to the Geneva Agreement of 1966, as well as to the maritime projection of the Delta Amacuro state.

Ramirez underscored the importance of informing the Guyanese government about the activities programmed by PDVSA related to geotechnical, geophysical, oceanographic and bathymetric studies for the acquisition of information in order to determine the extension of the Continental Platform on the Atlantic side of Venezuela, to be developed in a maritime area of approximately 54,270 km2, south of the border line between Venezuela and Trinidad and Tobago and north of Guyana and Suriname.

The reminder to Asdrúbal Chávez

 On March 9, 2015, from the Office of the Deputy Minister of Hydrocarbons, Angel Gonzalez, a document was sent to the head of the Ministry, Asdrubal Chavez.The note was to remind him that in 2013 the President of the Republic, Nicolas Maduro, was informed in a timely manner, on the situation of the delimitation between Venezuela and Guyana. Specifically, it was alerted to the maritime area near the state of Delta Amacuro as a result of the granting by the Guyanese government of a concession to the companies Exxon Mobil and Shell in the block called Stabroek for 3D seismic exploration offshore in the area that includes the maritime projection of the area in claim subject to the Geneva agreement of 1966, as well as the maritime projection of the Delta Amacuro State, as already indicated above. 

At that time Maduro was told that such a situation could constitute a potential threat, for which diplomatic channels should be activated before the Guyanese government, to establish a position regarding the safeguarding of maritime sovereignty and in defense of Venezuelan interests.

Likewise, it was urged to inform Guyana about the necessary technical and scientific studies that PDVSA would deploy and which will constitute the fundamental support to determine the extension of the continental shelf beyond the 200 nautical miles on the Atlantic side of Venezuela, which would be requested to the Commission of Limits of the Continental Shelf (CLPC) attached to the UN.


Asdrubal Chavez was exposed -as Nicolas Maduro had been referred to in his opportunity- that in 1999 the government of Guyana granted Esso Exploration and Production Guyana LTD a concession for the exploration of hydrocarbons in the Stabroek Block in which the Shell's subsidiary company acquired 25 percent of exploration rights, with Exxon retaining the remaining 75 percent. He was also told that on the same date, the Guyanese government granted another similar concession to the Canadian company Century GY in the Pomeroon Block. These two concessions were made on waters belonging to the maritime projection of the area in claim by Venezuela, which occupy 60 percent of the area that corresponds to the Venezuelan Atlantic facade. 

The minister was informed of a summary of the Venezuelan claim on the Essequibo territory. The summary specified the various actions undertaken by the government, including the complaint to the World Petroleum Council in 2000 and 2002. This complaint objected to the exploratory work in that area and the repeated actions of Guyana that contravene the rules that apply in situations in which a territorial claim is in force, such as the one proposed in the case between Venezuela and Guyana. This is because the Guyanese strategy revolves around creating de facto conditions that favor their position in the claim for the Essequibo Territory.

In the same way, he was informed that Trinidad and Tobago, Surinam and Barbados gave the CLPC the technical, scientific and legal information to request the extension of their respective Continental Platforms, which was protested by the Venezuelan Foreign Ministry. In addition, he was told that Barbados began a bidding round for the exploration of hydrocarbons in 26 offshore blocks that occupied Venezuelan territorial waters in 2008, a fact that was also protested by the Venezuelan government.

Estimating that the risk persists and latent threat on the part of the indicated countries of wanting to extend their respective continental platforms in affectation of the Venezuelan sovereign rights in the Atlantic Facade, it became imperative to know exactly and with precision the limit of the Extended Continental Shelf of Venezuela .

For the sake of the latter, he said that the Ministry of Popular Power of Oil and Mining included in the portfolio of Major Projects of the Hydrocarbons Sector Plan 2013-2019, the execution, by PDVSA of the Studies for the Acquisition of Information for Determine the Extension of the Continental Platform as a priority. 

The Minister was informed of the recommendations that had been made to President Nicolas Maduro and to which we have already referred in the preceding lines.


  
Chancellors meeting in 2015

On April 13, 2015, from the office of the minister of the People's Power of Petroleum and Mining, Asdrubal Chavez, a note subscribed by the Deputy Minister of Hydrocarbons, Angel Gonzalez, was sent to the president of PDVSA for the time, Eulogio Del Pino. 

In said note, the deputy minister, Angel Gonzalez, referred to Asdrubal Chavez who, following his instructions, on March 26, 2015, had accompanied the chancellor, Delcy Rodriguez, to a bilateral meeting with his Guyanese counterpart held in Trinidad and Tobago. Representatives of both nations dealt with the legal, technical and political aspects related to the controversies associated with the border limits between the two countries.

Gonzalez referred to legal issues. The first of these matters being the figure of the Good Officiant chosen and accepted by the parties with the aim of bringing both governments closer in search of a satisfactory solution, as established in the Geneva Agreement signed in 1966.

This responsibility fell to the Jamaican, Norman Girvan, representative of the UN until the date of his death in April 2014. It was agreed at the meeting to maintain this figure and nominate by common agreement the substitute.

The chancelleries of both governments had to coordinate to fulfill this task.

The second of the legal issues, referred to the Geneva Agreement which sought first to settle the claim on the delimitation of land territory, then proceed to make the projection of these limits to the Atlantic facade and, thus, delimit the maritime territory.

The third legal issue pointed to the importance of activating the legal advice of a law firm like Kurtis, with experience in resolving border disputes before international bodies.

The second issue discussed by the representatives of both nations was the technical issues that, as the first point raised the creation of a Technical Committee between both republics whose purpose was the analysis of the delimitation of land and sea areas, with established goals and objectives of clearly and fulfilling a work schedule that would allow obtaining concrete results.
  
He also reported that Foreign Minister Delcy Rodriguez offered the possibility of PDVSA taking charge of developing the seismic exploration program in the disputed area and not Exxon-Mobil, since the participation of the latter represents a great concern, threat and provocation for Venezuela. imperial.

Finally, the representations of Venezuela and Guyana dealt with the political issues and, thus, in the first place, the concern for the presence of Exxon Mobil in the territorial waters still in protest was ratified.

In the second place, it was made clear that Venezuela does not fear confrontation with the most powerful empire in the world, but it does want to avoid that such situation affects the bilateral relationship.

Finally, the commitment that Venezuela has demonstrated with the region through initiatives such as Petrocaribe and Unasur was recalled with the purpose of strengthening the ties of cooperation and support among sister countries. 

Exxon report

There is a report on Exxon Mobil dated July 2015 in which an analysis is made of the company. The anaysis highlights that the indicators of the upstream sector are aligned with the strategies outlined which point to a cycle of intense investments in capital focused, particularly in long-term projects.

The report indicates that even when investments were falling, it was expected that production would increase after three years of decline. 4.3 million barrels per day by 2017 was the expected growth and that this growth rate would be maintained to 2020.

In 2015, Exxon Mobil confirmed its strategy of discipline in long-term investments and warned that the company did not expect a price recovery, but to support the resilience of the recovery of production of shale oil and oil in areas geopolitically volatile.

Exxon Mobil outlined a long term investment strategy based on risk management, operations excellence, investments and cost discipline, greater project execution, portfolio management, and leadership in integration and technology. 

The budget estimate for 2015 would be USD 34 billion, that is, a decline of 12 percent compared to USD 38.5 billion in 2014 and 10 percent lower compared to the strategy proposed in the 2014 guidelines. 

Among other considerations related to operational performance, production of liquids and gas, resources, major projects, the report foresaw that in terms of exploration, the main plans of Exxon Mobil would be directed, as far as main wells were concerned, to Argentina, Angola, Australia, Papua New Guinea, Kurdistan, Romania, Norway, Canada, Gulf of Mexico, Colombia and Guyana. While new acquisitions pointed to Argentina, Brazil, Gulf of Mexico, Canada, East Coast, USA. Equatorial Guinea, Ivory Coast, North Sea, Romania and Papua New Guinea.

On the exploration project in Guyana at Pozo Liza-1, the report indicates that on May 20, 2015, Exxon Mobil announced the discovery of oil in the same, located in the Stabroek Block in the waters outside a depth of 5,433 meters in 1,743 meters of water. He says that the companies Hess (30%) and Nexen (25%, subsidiary of CNOOC) also participated.

It was suggested that this would be the first crude discovery in the history of Guyana, but it was warned that it would take months to verify the size and commercial potential of the discovery. Even so, it was believed that the well could have a reserve of 350 million barrels that could be exploited through a Production Sharing Contract, which would allow profits at the time of increasing the price of crude oil.

The report states that according to the consulting firm WoodMackenzie, "this new discovery (well) is located in territorial waters that are not in dispute with Venezuela, however a portion of the Stabroek Block extends into the territory in claim for Venezuela."


Guyana's oil activities

On July 23, 2015, the Executive Direction of Exploration and Integrated Reservoir Studies attached to the General Management of Exploration of PDVSA, presented a report on the importance of the discovery of the Liza-1 Well of the Stabroek Block located off the coast of Guyana and the Territory in Reclamation of the Essequibo, as well as the exploratory and economic implications that this has for the Atlantic front of Venezuela.

The report gives an account of the two types of hydrocarbon licenses granted by the Government of Guyana, among which mention is made of the oil exploration license and the Oil Production license, which are issued in accordance with the guidelines of the Oil Law No. 3 (1986).

Applications for licenses must be submitted to the Minister of Natural Resources and Environment, through the Geology and Mines Commission of Guyana, and are granted through the analysis of the collections required in the request made by each company, at the discretion of the minister.

So far, the licenses granted by Guyana are referred to the stages prior to oil production, since none of the latter has been issued.

 The report mentioned the exploration licenses granted and to be granted in Blocks Costa Afuera of Guyana and Guayana Esequiba. So we have, first of all, in the Coastal Block Corentyne, which is located 100 percent in Territorial Waters of Guyana), granted in August 1998 to the Canadian company CGX Energy with 100 percent participation, covers an area of 6.212 Km2. After having covered several stages, the Guyanese government approved an extension from May 31, 2015 until October 31, 2015, for the beginning of the drilling of the next exploratory well, in order to ensure the time of arrival of the drill to Guyana. In second place is the Costa Afuera Demerara Block, located 100 percent in Territorial Waters of Venezuela in Guayana Esequiba. The block was assigned in January 2001 to Canada's CGX Energy with 100 percent participation to cover an area of 3,975 km2. This company has, as a majority shareholder, CGX Energy which is the company Pacific Rubiales of Canada. The company reprocessed existing seismic data in the block and identified two prospects that were rated high risk. In February 2013, a new exploration license was negotiated with the government and the company agreed to carry out 1,000 km2 of 3D seismic and drill an exploratory well within the initial period of 4 years. Exploration well drilling planned for the second half of 2016. The Costa Afuera Roraima Block, which is located 90 percent in Territorial Waters of Venezuela and 10 percent in Territorial Waters of Venezuela in Guayana Esequiba, was assigned by Guyana in mid-2012 to the company Anadarko Petroleum. They own 100 percent interest. The block covers an area of 20,000 km2. 

Anadarko planned the acquisition in 2013 of new 2D seismic data in the block. In October 2013, when the ship "RV Teknik Perdana" carried out such task, it was stopped by the Venezuelan ocean patrol ship "Yakuana".

The exploration operations have been postponed by Anadarko until there would be a resolution of the boundaries between the two countries.

The Block Afrique Kanuku, located 100 percent in Territorial Waters of Guyana, was awarded in May 2013 to Repsol, which in July of the same year was associated with Tullow Oil (United Kingdom). The block covers an area of ​​6,525 km2.

In December 2013 the company was extended with the entry of the RWE company (Germany) and the participation in the block was made up of Repsol (Operator) with 40 percent, Tullow with 30 percent participation and RWE with 30 percent participation.

In 2014, the partners acquired 3,157 km2 of 3D seismic and 857 km of 2D seismic. After completing the technical studies, these partners had to determine if they went on to the next phase that included the drilling of an exploratory well. This decision was to be taken at the end of 2015.

Regarding Pozo Liza-1 

The exploration license for this well was granted to Exxon Mobil in June 1999 with 100 percent interest. At that time the company was looking for partners. The area of the block is 26,806 km2, placing 67 percent - namely, 17,960 km2 - of the block in the Essequibo. In 2008, the GGMC contracted the company PGS for the multi-customer type 2D survey work. In 2009, Shell entered with 25 percent and in 2012 this participation increased by 25 percent to a total of 50 percent. In March 2013, the partners completed the acquisition of 3D seismic on a part of the block and in 2014 Shell sold its 50 percent, so at the time of issuing the report Exxon Mobil (Operator) had a 45 percent stake. Hess Corporatíon (USA) participated with 30 percent. China National Offshore Oil Company (CNOOC) did so with 25 percent. By March 2015, Esso Exploration and Production Guyana Ltd. (EEPGL) scheduled the start of the drilling of the first well in the Liza prospect with the Deepwater Champion. As a result of this exploratory activity he found 295 feet (90 meters) of net sand with high quality oil. On this the company Exxon reported: "Analyzing data obtained by the well to determine with precision the commercial viability of the prospect and evaluate the potential of resources in the block. There are reasons to be optimistic. " This was Guyana's first successful offshore discovery.