Corrupción PDVSA: Este es el objetivo real de los "Núcleos de desarrollo endógeno"

  Con ellos se instrumentaría el socialismo del siglo XXI, pero solamente se constituyeron en una nueva posibilidad de hacerse de recursos indebidamente.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  Concebidos, supuestamente, como estructuras que debían catapultar la economía nacional mediante el impulso de la producción y potencialidades de cada territorio del país desde una perspectiva socialista, los núcleos de desarrollo endógeno, al parecer, sólo terminaron convertidos en nichos de corrupción. Y es que a poco tiempo de su implementación comenzaron las denuncias sobre irregularidades cometidas en estas unidades.

   Por ejemplo, en 2006, el informe de la Contraloría General de la República denunciaba un perjuicio de USD 1.448 millones por “sobreprecios en la adquisición de máquinas, equipos e insumos para dotar los talleres de elaboración de textiles y confección de calzados del Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda”, según refiere una nota del portal KonZapata[1]. Casi una década después, un general activo, el coronel del ejército, José Martín Raga, para el momento jefe del Núcleo de Desarrollo Endógeno Bejarano (estado Miranda), denunciaba la corrupción imperante y la falta de apoyo del estado a estos proyectos[2]. Referir estos hechos derivó en su detención[3].

   Entretanto, el Informe Final de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la investigación sobre las presuntas irregularidades administrativa cometidas por Rafael Ramírez al frente de PDVSA, recoge igualmente el Informe Anual de la Contraloría General correspondiente al año 2007 en el que se expuso una situación irregular en el “Núcleo de Desarrollo Endógeno Tácata (NDET), ubicado en la Comunidad Indígena Santa Rosa de Tácata, municipio Pedro María Freites del estado Anzoátegui”. 

En el informe se explica que “Para el año 2005 fue asignado y ejecutado un monto de Bs. 360.360.000,00 para el NDET, del presupuesto correspondiente a otros costos y gastos de la filial PALMAVEN, S.A. y para el año 2006, fue asignado un monto por Bs. 600.000.000, de la partida denominada remediación y adecuación de la citada filial. 

  De la revisión efectuada por la Contraloría General de la República, de 8 expedientes, que representan un 61,54% del total de 13 expedientes correspondientes a las Cooperativas que ejecutaron los proyectos en el Núcleo de Desarrollo Endógeno Tácata, observaron que 3 expedientes no se encontraban suficientemente soportados, toda vez que un expediente carecía del contrato, en el siguiente no se encontraban 3 facturas y en otro no se localizó el acta constitutiva de la cooperativa y una factura. Al respecto, el artículo 23 de las Normas Generales de Control Interno (NGCI), señala que todas las transacciones deben estar respaldadas con la suficiente documentación justificativa. Los hechos mencionados obedecen a que PALMAVEN S.A. no cumplió con los requisitos de Ley consagrados y por lo tanto generan como consecuencia inmediata la afectación del Patrimonio Público por la cantidad de Bs. 960.360.000,00 (USD $ 446.679,07); por no atenerse a lo estipulado en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”[4].

   En estas páginas presentamos los detalles de dos de estos proyectos desarrollados en el estado Anzoátegui, primero, el correspondiente al Núcleo de Desarrollo Endógeno para el Sector Agrícola y Agroindustrial “Santa Rosa”, y segundo, el Núcleo de Desarrollo Endógeno para el Sector Agrícola, Agroindustrial y Artesanal “Ciudad Manuelita Sáenz”, desarrollados en el Distrito PDVSA Gas Anaco, para entonces bajo la égida de Wenceslao Madail.

   Fuentes ligadas a la industria petrolera advierten que en estos proyectos solamente son un compendio de bonitos enunciados pero, en la práctica, solamente son estructuras en las que se cometieron todo tipo de irregularidades comandadas, presuntamente, por Madail, por lo que llaman a las autoridades correspondiente a ponerle la lupa a ambos para determinar con certeza los manejos indebidos y sancionar a los responsables.

Definición de NDE

   Un documento publicado en el sitio web del ministro y dirigente oficialista, Aristóbulo Istúriz, define los núcleos de desarrollo endógeno de acuerdo a Sergio Boisier, en indica que son “‘iniciativas productivas que emergen del interior de un territorio, sector económico o empresa, para aprovechar las capacidades, potencialidades y habilidades propias, con el fin de desarrollar proyectos económicos, sociales, ambientales, territoriales y tecnológicos, que permitan edificar una economía más humana, para una nueva vida económica del país’. En otras palabras, el desarrollo de un territorio debe ser el resultado de esfuerzos endógenos”[5].

    Igualmente el portal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del municipio El Hatillo, lo define como un “centro de producción que devengue bienestar económico y mejores servicios, además del crecimiento de la actividad económica, que permita depender menos de la actividad externa y de los oligopolios, o grupos de poder, internos para catapultar el país, en principio, hacia un liderazgo regional”. Estas unidades ponen su acento en la “economía social, privilegiando las asociaciones de régimen de propiedad colectiva y promoviendo el desarrollo y articulación de las cadenas productivas a partir de los núcleos de desarrollo endógeno”.

     En pocas palabras, los núcleos de desarrollo endógeno son la fórmula aplicada por el gobierno nacional para estructurar el socialismo.

    Luego de señalar una serie de aspectos que contemplan dicho NDE, el sitio del partido oficialista resumen que estas estos son "un ámbito socioeconómico autosustentable y sostenible; con insumos nacionales, regionales y locales, en el mayor porcentaje posible; que genere empleo local digno; que respete el ambiente; que llegue a ser rentable; en el que sus excedentes se reinviertan y no se extraigan; con un régimen de propiedad colectiva de los medios de producción e incorporación de la población excluida; con aprovechamiento al máximo de la infraestructura y recursos disponibles en la localidad; con solidaridad con el entorno, responsabilidad social (bajo criterios no mercantilistas), motivando la participación protagónica; con una contraloría social justa y eficiente; que promueva la espiritualidad; humanista (con el ser humano como centro, después de Dios); que potencie nuestra idiosincrasia, nuestra cultura; que promueva un nuevo estilo de vida y de consumo; que construya redes productivas de diversos tamaños y estructuras tecnológicas, como pueden ser las microempresas y cooperativas; con apropiación de la tecnología adecuada”[6].

    El documento de Aristóbulo Istúriz enumera 25 de estos NDE en todo el país, a los que suma seis parques industriales. A los efectos de esta nota, nos remitimos a los ubicados en el estado Anzoátegui, a saber, el Núcleo de Desarrollo Endógeno de la Mesa de Guanipa, el cual contempla los municipios Simón Rodríguez, San José de Guanipa, Miranda, Monagas, Independencia, Aragua, Anaco, Freites y Santa Ana.

PDVSA como ente ejecutor

   En la materialización de este objetivo, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) tuvo un papel protagónico al haber asumido una buen número de estos núcleos de desarrollo endógeno en todo el país como una manera de poner en práctica la “revolución productiva” nacional, según lo dio a conocer quien para la época en que se decidió desarrollar este proyecto, dirigía la estatal petrolera, Alí Rodríguez Araque, quien informó que la industria petrolera preseleccionó “16 núcleos de desarrollo endógeno, en los cuales se desarrollarán proyectos agroalimentarios, e industriales. Cinco de ellos ya están en la fase de discusión en materia de financiamiento: El Tablazo y La Salina, en Occidente; Tácata y Complejo Refinador de Jose, en Oriente y Nueva Caracas en la zona central”[7].

   En 2006, Bárbara Lezama, gerente de Desarrollo Social Exploración y Producción Oriente, informó que PDVSA que en esa zona del país se tenían proyectados cinco macro proyectos que comprendían tres núcleos de desarrollo endógeno agroindustriales, la construcción de aserraderos y carpinterías y la puesta en marcha de una planta procesadora de pulpa y papel[8].

   Proyecto de desarrollo endógeno para el sector agrícola y agroindustrial “Santa Rosa”

    El Ministerio de Energía y Minas y PDVSA Desarrollo Social elaboró en 2005 el Proyecto Núcleo de Desarrollo Endógeno para el Sector Agrícola y Agroindustrial “Santa Rosa” el cual estaba planificado para desarrollarse en el entorno de las áreas operacionales del Distrito Gas Anaco del Estado Anzoátegui, sustentado en los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social  2001-2007. Igualmente, apuntaba a constituirse como una nueva etapa del proceso revolucionario presentado por el gobierno nacional, donde se plantea alcanzar los cambios estructurales que requiere el país e insertarlo dentro de un Modelo Económico Social Sustentable y Sostenible.

     La base del proyecto es la dinamización de lo que denominan los cinco grandes equilibrios — equilibrio económico, equilibrio social, equilibrio territorial, equilibrio internacional, equilibrio político— en los que el “pueblo soberano” de la Región Centro Norte del estado Anzoátegui es el protagonista fundamental con aras a mejorar su nivel y calidad de vida.

   Se planteaba como visión el “reducir los niveles de pobreza, desempleo y desnutrición en la población de escasos recursos económicos. Incorporando a la comunidad a cadenas productivas, garantizando así la seguridad agroalimentaria de la región y el abastecimiento de productos alimenticios”.

    La estrategia: La consecución del objetivo planteado requiere una estrategia que, de acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Energía y Minas y PDVSA Social, era formular y ejecutar proyectos para el sector agrícola y agroindustrial a los cuales se integren cooperativas, comunidades organizadas, pequeñas y medianas empresas con miras a desarrollar un sistema de producción aguas abajo que permitiría la activación de cadenas productivas. Dicha activación se plantean lograrla mediante el fomento de la producción primaria, el reciclaje natural de los residuos de cosecha que deriven a su comercialización y servicio al consumidor final.

    Como objetivo general se fijó “Impulsar la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno del Sector Agrícola, Agroindustrial, Turístico y Artesanal en las zonas de influencias de las áreas de Exploración y Producción del Distrito Gas Anaco, con la incorporación de cooperativas, PYMES y comunidades organizadas en el desarrollo agro económico y social de la zona centro norte del Estado Anzoátegui”.

Entretanto, los objetivos específicos planteados fueron:

1.- Analizar y evaluar el conjunto de cooperativas organizadas en diferentes municipios para su selección e incorporación en el desarrollo de zonas endógenas.

2.- Formular y evaluar los proyectos de desarrollo integrales adaptados a diferentes sectores (agrícola, pecuario, agroindustrial, servicios y comercialización) para inicio de las cadenas productivas.

3.- Establecer vínculos entre los entes de promoción de desarrollo agrícolas, agroindustriales y de gestión  financiera.

4.- Elaborar y ejecutar programa de asistencia técnica y capacitación de cooperativas, PYME y comunidades organizadas para la ejecución de los proyectos en  áreas de desarrollos endógenos.

5.- Crear mecanismos de comercialización de los productos obtenidos con entes privados y/o públicos en las diferentes cadenas productivas para contribuir a la seguridad agroalimentaria del  país.

6. Promover la integración de las cooperativas dentro de las cadenas productivas para la independencia económica auto sustentable.

   Además del Ministerio de Energía y Minas y de PDVSA, una serie de organismos estaban involucrados en el desarrollo del Proyecto Núcleo de Desarrollo Endógeno para el Sector Agrícola y Agroindustrial “Santa Rosa”, a saber: Ministerio de Producción y Comercio, Ministerio de Agricultura y Tierras, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Fonzedes, Ince, Fondafa, Bandes y las comunidades organizadas del sur del estado Anzoátegui, entre otros.

   Algunos de ellos encargados del financiamiento y asistencia técnica, mientras que en otros recaerían las labores de capacitación, asistencia e investigación.

Se plantearon varias formas de organización de las cadenas productivas de acuerdo al área de acción. Así tenemos aquellas sencillas en las que sólo intervienen el productor, el centro de acopio, el ente distribuidor (se cita al organismo de la época, Mercal), hasta llegar al consumidor final.

   Las cadenas productivas a las que, además del productor, los centros de acopio, el distribuidor y el consumidor final, intervienen también como actor la agroindustria.

  Y aquellas cadenas productivas más complejas en las que además de de los citados, se agregan las cooperativas y, debido a que el consumidor final igualmente se diversifica al sumar como destino al consumidor local, uno externo al que se llega por vía de las exportaciones.

  Los rubros agrícolas, planteaba el proyecto, tiene varias vías de llegar al consumidor final luego de que el estado financia los proyectos, primero, la básica y más sencilla, aquella que va al mercado interno casi directamente de la mano del productor. La que requiere de los centros de acopio para luego ser distribuida por entes especializados (CAS, Mercal) para llegar bien al consumidor local y nacional, para ser destinado al consumo animal o a las exportaciones. Se trata de productos que no requieren procesamiento.

   La situación se hace compleja cuando deben intervenir las plantas procesadoras que transforman en el producto que, igualmente, está destinado al consumidor local y nacional, al consumo animal o a las exportaciones.

  Según los planificadores, en el el proyecto intervendrían 150 cooperativas en el trabajo productivo, se generarían 1.500 empleos directos y 5.250 empleos indirectos para un total de 6.750 puestos de trabajo.

  Participarían como asistentes técnicos unos 30 profesionales del agro que asesorarían el cultivo de cereales y leguminosas en unas 3 mil hectáreas de tierra. Se impartirían 30 cursos de producción a 1.500 personas.

   El cálculo incluía 20 galpones para pollos de engorde, una planta de alimentos concentrados para animales, 15 sistemas de riego pivotes, un matadero, 20 maquinarias agrícolas, 10 granjas porcinas, 2 incubadoras, 15 galpones destinados a gallinas ponedoras, 30 casas productivas.

  Proyecto de desarrollo endógeno agrícola, agroindustrial y artesanal “Ciudad Manuelita Sáenz”

   El Ministerio de Energía y Minas y PDVSA ejecutaron también el Proyecto núcleo de desarrollo endógeno para el sector agrícola, agroindustrial y artesanal “Ciudad Manuelita Sáenz” en el Distrito PDVSA Gas Anaco.

   Se indica que dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, el expresidente Hugo Chávez planteó un nuevo rol para PDVSA  dirigido a la construcción de un nuevo modelo productivo y económico en el cual se inscribía el Proyecto núcleo de desarrollo endógeno para el sector agrícola, agroindustrial y artesanal “Ciudad Sáenz” a ejecutarse en el Distrito Anaco del estado Anzoátegui. Este proyecto se llevaría a cabo en cuatro fases: I) Primer contacto motivacional; I) Sensibilización y capacitación; III) Acompañamiento cooperativista; y IV) Formación técnica e integracionista.

 Estas fases preveían la puesta en marcha de las cadenas productivas para garantizar la seguridad alimentaria del Distrito Anaco.

  Los planificadores justificaban este proyecto en la necesidad de contribuir a subsanar el alto índice de desempleo y subempleo existentes en las zonas operacionales del Distrito Gas Anaco. En este sentido, PDVSA debía contribuir en la formación y capacitación de la población para insertarla al Desarrollo Endógeno de ese ámbito geográfico.

  Se advertía que el éxito del proyecto estaba centrado en la garantía de la seguridad alimentaria y la disposición ofrecer un ingreso adecuado para todos los integrantes del Núcleo de Desarrollo Endógeno y sus familias. Para cumplir, impulsar y darle operatividad al proyecto apuntaron a dinamizar los cinco grandes equilibrios.

Se plantearon como objetivo general promover un nuevo estilo de vida en 450 personas, disminuyendo la intervención del estado y sus instituciones para el subsidio directo, configurando una estructura productiva, integral, funcional, creativa, que impulse la creación de núcleos de desarrollo endógeno del sector agrícola, agroindustrial y artesanal en el ámbito geográfico de las áreas de Exploración y Producción del Distrito Gas Anaco, del estado Anzoátegui. Para ello, se incorporarían cooperativas, PYMES y comunidades organizadas en el desarrollo agro-económico y social. Igualmente buscaban contribuir a disminuir los niveles de pobreza, desempleo y desnutrición para alcanzar la soberanía agroalimentaria.

Entretanto, como objetivos específicos apuntaron a:

1.- Realizar un diagnóstico que describa, analice y evalúe  las características socioeconómicas primordiales de los posibles participantes, enfatizando sus necesidades, potencialidades, experiencias, recursos disponibles y rasgos personales y familiares.

2.-   Sembrar en los potenciales participantes las semillas para fortalecer las bases ideológicas del proceso de cambio un salto hacia delante que —según ellos— experimenta el país, con especial atención en el nuevo modelo económico propuesto por el gobierno “en contraposición con el modelo neoliberal que quieren imponer las grandes potencias”.

3.- Establecer vínculos entre los entes de promoción de desarrollo agrícolas, agroindustriales y de gestión financiera, mediante la formulación y evaluación de proyectos integrales adaptados al sector que corresponda con cadenas productivas.

4. Elaborar y ejecutar programa de asistencia técnica y capacitación de cooperativas, PYME y comunidades organizadas para la ejecución de los proyectos en áreas de desarrollos endógenos.

5. Crear mecanismos de comercialización de los productos obtenidos con entes privados y/o públicos en las diferentes cadenas productivas para contribuir a la seguridad agroalimentaria del  país.

6. Promover la integración de las cooperativas dentro de las cadenas productivas para la independencia económica autosustentable.

7. Evaluar de manera técnica y continua los proyectos asegurando la participación de agentes de contraloría social.

La visión planteada del proyecto era “reducir los niveles de pobreza, desempleo y desnutrición en la población de escasos recursos económicos para lo cual se debe incorporar a la comunidad a cadenas productivas, garantizando así la seguridad agroalimentaria de la región y el abastecimiento de productos alimenticios”.

El proyecto perseguía la creación y la consolidación del primer núcleo de desarrollo endógeno del Distrito de Gas Anaco el cual constaba cuatro fases, incorporando varias actividades con un carácter muy flexible que permitiera una fácil y pronta adaptación de sus participantes.

Las fases eran: I) Primer contacto motivacional; II) sensibilización y capacitación; III acompañamiento cooperativista; y IV) formación técnica e integracionista.

Las cadenas productivas seleccionadas para el desarrollo endógeno de Anaco estaban estructuradas con base a las potencialidades de la región: producción de hortalizas y frutales; producción avícola; producción de caña de azúcar; producción de yuca.

    La estrategia a seguir consistía en insertar a la población al desarrollo endógeno mediante la formulación y ejecución de proyectos dirigidos al sector agrícola, agroindustrial, turístico y artesanal, con la integración de cooperativas, comunidades organizadas, pequeñas y medianas empresas (PYMES), para desarrollar así un sistema de producción aguas abajo que permitiera la activación de cadenas productivas.

    El proyecto del Núcleo de Desarrollo Endógeno “Ciudad Sáenz” estaba conformado por cuatro fases, siendo la primera el Primer contacto, destinado a fomentar el entusiasmo por la nueva forma de vida, crear interés por la nueva política económica y abrir la conciencia a la mutualidad.

  La fase II, de motivación y sensibilización,  dirigida a identificarse con el proceso de cambio, valorar la economía social, adquirir una nueva cultura política, convertirse en participante protagonista, valorar el proceso de inclusión social y el sentido de corresponsabilidad, la formación ideológica.

   La fase III, de formación cooperativista, la cual apunta a internalizar los principios y valores del cooperativismo, valorar el trabajo y la ayuda mutua, la educación continua, manejar aspectos funcionales de las cooperativas y conocer varias formas de trabajo asociativo.

   La fase IV, de formación técnica e integracionista,  dirigida a adquirir conciencia ecológica, manejar procesos productivos, valorar procesos autogestionarios, integrarse en las cadenas productivas.

    El proyecto comprendía un accionar en varios sectores, a saber el avícola, el porcino, el bovino, el piscícola, el agrícola, plantas industriales, mataderos industriales y la comercialización.

   El Proyecto Núcleo de Desarrollo Endógeno “Ciudad Sáenz” se concibió para satisfacer las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente, la colocación de las comunidades en un espacio, de modo que la región pudiera aprovechar sus recursos naturales en bienes y servicios, garantizando así la seguridad alimentaria, mejorando el nivel y calidad de vida de las personas e incorporar a la población excluida en un nuevo estilo de vida y consumo.

    Con relación al impacto socioeconómico del proyecto, se prevé la conservación del medio ambiente, el crecimiento poblacional y la necesidad de lograr el equilibrio entre desarrollo, la preservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida.

   La estructura organizativa estaba conformada por Luis Pulido (gerente Oriente), Bárbara Palacio (gerente de desarrollo social), Wenceslao Madail (gerente distrito Anaco), Jorge Romero (superintendente de desarrollo social), Eva Arratia (coordinadora administrativa) y Claudio Ramírez (coordinador operacional).

Estas eran las estimaciones:

Estos eran los avances:

CITAS

[1] KonZapata. “Estos son los 11 casos de presunta corrupción en PDVSA que involucran a Rafael Ramírez”. 19 de octubre de 2016. https://konzapata.com/2016/10/estos-son-los-11-casos-de-presunta-corrupcion-en-pdvsa-que-involucran-a-rafael-ramirez

[2] El Nuevo Herald. “Militar activo expresa su descontento por corrupción en Venezuela”. 23 de agosto de 2015. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article31983699.html

[3] Panorama. “Esposa del coronel Raga: No puede ser un delito denunciar la corrupción”. 18 de agosto de 2015. https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Esposa-de-coronel-Raga-No-puede-ser-un-delito-denunciar--la-corrupcion-20150819-0029.html

[4] Transparencia Venezuela. Asamblea Nacional. Comisión Permanente de Contraloría. Expediente Nº 1648. https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/10/Informe-Final-Expediente-1648-PDVSA.pdf

[5] PSUB. Aristóbulo Istúriz. “Núcleos de Desarrollo Endógeno. Plan de trabajo. Agosto 2003”. http://aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/nucleosdesarrolloendogeno.pdf

[6] PSUV El Hatillo. “¿Qué es un Núcleo de Desarrollo Endógeno?”. 16 de diciembre de 2009. http://psuvelhatillo.blogspot.com/2009/12/que-es-un-nucleo-de-desarrollo-endogeno.html

[7] PDVSA. “PDVSA impulsa 16 Núcleos de Desarrollo Endógeno en el país”. 19 de marzo de 2004. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=932:1089&catid=10&Itemid=589&lang=es

[8] PDVSA. “PDVSA apalanca el desarrollo de la economía productiva en el oriente venezolano”. 27 de marzo de 2006. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1502:2425&catid=10&Itemid=589&lang=es

PDVSA cedió el control de parte del Terminal de Embarque Puerto Miranda a Pequiven

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En 2014 Petróleos de Venezuela S.A. a través de su Comité Ejecutivo otorgó en comodato parte del Terminal de Embarque Puerto Miranda ubicado en la costa oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, a la empresa Pequiven, supuestamente para construir allí unos tanques de almacenamiento de nafta.

La decisión

Del 11 de agosto de 2014, Álvaro Ledo Nass, secretario de la Secretaría General de Entes Corporativos de Petróleos de Venezuela S.A., remitió una comunicación con carácter confidencial al para entonces vicepresidente de la estatal, Eulogio Del Pino, para informarle la decisión de adoptada por el Comité Ejecutivo de la corporación durante la reunión 2014-32 del 11 de agosto de 2014 de otorgar en comodato a Pequiven un área de 0,06 kilómetros cuadrados del Terminal de Embarque Puerto Miranda para la construcción de unos tanques de almacenamiento de nafta que serían operados y mantenidos por la petroquímica.

La comunicación explicaba que en dicho terminal existían unos equipos desincorporados desde el año 1975, los cuales estaban asociados al manejo de líquidos del gas natural.

El comodato tendría un plazo de quince años, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos.

El Comité Ejecutivo decidió dar inicio al proceso administrativo para elaborar un acuerdo de servicios que iba a permitir a PDVSA Producción Occidente recobrar las operaciones portuarias asociadas a la descarga de nafta utilizando las factibilidades del Terminal de Embarque Puerto Miranda.

Igualmente, el Comité Ejecutivo de PDVSA autorizó al director ejecutivo de producción occidente en ese momento, Adelso Molero, a suscribir la documentación necesaria para materializar la decisión. Adelso Molero fue acusado por corrupción en noviembre de 2017 cuando era directivo de PDVSA Servicios y actualmente se encuentra residenciado en Madrid, España.

La comunicación se remitió con copia a Rafael Ramírez (presidente); Asdrúbal Chávez y Víctor Aular (vicepresidentes); y a Adelso Molero (director ejecutivo de producción occidente).

Rafael Ramírez evitó que PDVSA suspendiera patrocinio a Pastor Maldonado en la Formula 1

Aunque ha tratado de evadir su responsabilidad en este sentido, Ramírez habría sido quien impidió dar por terminado el contrato que PDVSA mantenía con Lotus F1 Team Limited.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Un oficio emitido por la consultoría jurídica de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, dirigido al entonces presidente de la estatal, Eulogio Del Pino, demuestra que la corporación buscaba suspender el patrocinio que mantenía al corredor de Fórmula 1, Pastor Maldonado, a través de un contrato suscrito con Lotus F1 Team Limited, que la obligaba a pagar anualmente USD 46 millones.

En el texto del oficio se deja sentado claramente que fue Rafael Ramírez, presidente de PDVSA hasta el año 2014, quien impidió rescindir del contrato, pues instruyó al área legal “mantener dicho compromiso contractual”.

El 12 de febrero de 2015, el Consultor Jurídico de PDVSA, Álvaro Ledo, le dirigió una comunicación al presidente de la estatal petrolera, Eulogio Del Pino, para consultarle si la corporación haría uso de la cláusula contractual que le permitía dar por terminado anticipadamente o no, el contrato que desde el 8 de noviembre de 2013 mantenía con la Lotus F1 Team Limited para el patrocinio del piloto venezolano Pastor Maldonado, sin que tal rescisión acarreara responsabilidad alguna.

Se trataba de un acuerdo con el equipo automovilístico conforme al cual, a cambio de una cuota anual de comisión por patrocinio, PDVSA tenía el derecho de utilizar espacios de patrocinio para la publicidad y promoción de marcas de la empresa durante los campeonatos 2014, 2015 y 2016.

Ledo explicaba a Del Pino en el comunicado que PDVSA podía dar por terminado anticipadamente el contrato respecto de sus obligaciones relativas al campeonato 2016, lo que le permitiría a la empresa evitar el pago de USD 46 millones por concepto de cuota anual de comisión por patrocinio para ese año. Eso sí, advertía que para ello procediera sin acarrear responsabilidad para PDVSA, debía notificarse al equipo la decisión antes del 1° de septiembre de 2015, lo cual no podía hacer con respecto al campeonato que se iniciaba en ese año 2015.

El consultor jurídico de PDVSA se refería a la cláusula 9.8 del contrato, la cual permitía su terminación anticipada por decisión unilateral de cualquiera de las partes mediante notificación escrita, algo que debía ocurrir para que procediera, a más tardar 60 días antes de la fecha de pago de la comisión correspondiente al año siguiente del campeonato de F1.

Dichas fechas estaban especificadas en la cláusula 4.1 que indicaba el 1° de noviembre 2014 para el campeonato de 2015 y 1° de noviembre 2015 para el campeonato de 2016.

De ocurrir esto en las fechas señaladas, ninguna de las partes quedaba comprometida a pagar ninguna compensación a la otra al haber actuado dentro de los plazos establecidos para ello.

Álvaro Ledo explicaba que para el año en curso al momento de la emitir la comunicación, es decir 2015, la suspensión del patrocinio no se había llevado a cabo en razón de que Rafael Ramírez, presidente de la estatal para la fecha, instruyó mantener dicho compromiso contractual.

La amnesia de Rafael Ramírez sobre el asunto

Cabe señalar a manera de inciso que Rafael Ramírez Carreño pareció olvidar este hecho y sus instrucciones en particular al momento en que Andrea Tosta le consultó si tenía documentado —había asegurado previamente que guardaba copia de todos los documentos por él suscritos durante su gestión— el pago de 45 millones de libras esterlinas —varía la moneda— anuales por un contrato para que Pastor Maldonado pudiese correr en la Fórmula 1.

Nos referimos a una entrevista concedida por Rafael Ramírez Carreño a la comunicadora y a César Batiz para el portal El Pitazo, en la que el exfuncionario evitó responder argumentando no recordar el monto. “Mira, no sé esa cantidad. A menos que tú tengas el contrato en la mano y me lo mandes, yo te diría que estás equivocada”, fueron sus palabras.

Intervino entonces Batiz para precisar que los medios de comunicación habían publicado información al respecto.

La respuesta de Rafael Ramírez —quien ante el comentario del periodista pareció recobrar la memoria y sus recuerdos sobre el asunto— se dirigió a justificar la negociación bajo el alegato de que las grandes empresas como Shell, Petronas, Petrobras recurren a esta forma de promoción de sus marcas.

“Nosotros hicimos una operación que fue aprobada por la junta directiva como hacen otras petroleras del mundo (…) De apoyar a un deportista de alta competencia, que trae mucha atención publicitaria, en este caso teníamos un corredor estrella que era Pastor Maldonado. Yo mandé a hacer un estudio de cuánto nos hubiera costado una campaña internacional a favor de la empresa en comparación con lo que nos costó lo de Pastor Maldonado y quedamos muy bien. En fin. También hicimos una figura de Bolívar en el Carnaval de Río y estábamos tratando de entrar al mercado brasileño, todas esas cosas de propaganda, de promoción. Nuestra empresa PDVSA estuvo en todo Brasil a partir de eso. Muchachos, esas son cosas del día a día de una corporación como PDVSA, como cualquier otra. De todas maneras podemos entrar en una competencia de documentos. Con Pastor lo único malo fue que no ganó mucho, pero cada vez que ese carro le daba una vuelta a esa pista lo que se veía por todos lados era PDVSA”[1].

La advertencia de los abogados

Prosiguiendo con el documento de la consultoría jurídica de PDVSA, se advertía que cuando se hablaba en el contrato de “caso de fuerza mayor”, se excluía “expresamente la falta de fondos para el pago de las cuotas, cualesquiera que fuera la causa de dicha falta de fondos”. Se arriesgaba PDVSA, de proceder de esta manera, a tener que pagar a Lotus daños y perjuicios que el equipo demostrara haber incurrido con motivo del incumplimiento de la petrolera ante un tribunal inglés “hasta un monto que podría alcanzar la cuota anual aplicable para el campeonato 2015, esto es, 44 millones de dólares”.

Álvaro Ledo recomendaba actuar de inmediato para evitar que el olvido o una falla en las comunicaciones impidieran hacer la notificación a tiempo y así esquivar cualquier inconveniente que “nos vuelva a atar para la temporada 2016 al contrato de patrocinio”.

Una parte del texto al final de la comunicación pareciera asomar que PDVSA buscaba por todos los medios dejar el patrocinio, incluso, del año en curso para el momento de la remisión del comunicado: “No obstante, por lo que toca a la presente temporada 2015, para culminar el contrato para este mismo año 2015, lo recomendable sería entablar conversaciones con el Equipo para tratar de negociar una salida en la que el pago de la indemnización sea lo más baja posible. Adjunto, una opinión de Curtis, Mallet, donde coincide con los planteamientos que le hemos expuesto”.

Se refería Álvaro Ledo a una consulta formulada por su despacho a la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP[2], un escritorio jurídico internacional fundado en 1830, con sede en Nueva York que cuenta con más de 300 abogados en 17 oficinas en todo el mundo, lo cual viene a corroborar el interés de la corporación venezolana de dar fin al contrato sin verse afectada en sus intereses.

Desde este despacho se emitió el 28 de enero de 2015 una opinión al respecto en que se exponía lo argumentado por Ledo a Eulogio Del Pino en la comunicación anteriormente citada.

“PDVSA puede dar por terminado anticipadamente el Contrato, sin responsabilidad, respecto de sus obligaciones relativas al campeonato 2016 y con ello evitar el pago de 46 millones de dólares por concepto de cuota anual de comisión por patrocinio para ese campeonato, siempre y cuando notifique al Equipo su deseo de dar por terminado el Contrato antes del 1 de septiembre de 2015. Sin embargo, en ausencia de un acuerdo entre las partes en contrario o incumplimiento del Equipo a sus obligaciones derivadas del Contrato, PDVSA no puede libremente dar por terminado anticipadamente sin responsabilidad el Contrato respecto de sus obligaciones relativas al campeonato 2015, excepto si PDVSA notificó antes del 1 de septiembre de 2014 su intención de darlo por terminado para ese campeonato”, reza el oficio de la firma de abogados. 

En 2015 se “perdieron” 400 máquinas de construcción en La Faja Petrolífera del Orinoco

A más de tres años de los acontecimientos, no hay nadie que dé cuenta de lo sucedido y mucho menos de los responsables, por lo que a la fecha se desconoce dónde están las cuatrocientas máquinas de construcción pertenecientes a la Misión Vivienda que se extraviaron de la División Junín-PDVSA de la FPO.

Por Maibort Petit

@maibortpetit 

Cuatrocientas máquinas de construcción pertenecientes a la Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín que estaban signadas a la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, FPO, se “perdieron” en 2015 sin que a la fecha se tengan noticias acerca del paradero de las mismas, del resultado de las investigaciones que distintas instancias abrieron en torno al hecho y, menos aún, de la identidad de los responsables de tan insólito extravío.

El hecho fue denunciado por el Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República, instancia que llevó a cabo una investigación en el lugar de los acontecimientos y así lo hizo saber a al despacho presidencial de donde emanaron órdenes a la Vicepresidencia, para el momento a cargo de Jorge Arreaza, para que diligenciara todas las acciones objeto de dar con los responsables y se aplicaran los correctivos y sanciones pertinentes.

Sin embargo, el descubrimiento de los hechos se dio a partir de un hecho fortuito, la captura de tres ciudadanos en posesión de una de estas máquinas ya en proceso de desmantelamiento. Hasta el momento, sólo esas tres personas figuran como los protagonistas del hecho irregular y solamente ellos, que se conozca, han afrontado las consecuencias de lo sucedido.

Pese a que los hechos generaron en distintos organismos un conjunto de acciones y averiguaciones —como veremos más adelante— al parecer todo no pasó del rebullicio de los primeros momentos, puesto que se desconoce —por lo menos públicamente— qué sucedió con la 400 máquinas de construcción.

Una falta de respuesta que tampoco despierta el más mínimo apremio en las autoridades por descubrir qué sucedió y que se justifica en argumentos como el esgrimido por Rafael Ramírez expresidente de PDVSA por diez años (2004-2014) y ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería por doce (2002-2014), en una entrevista concedida a el portal El Pitazo en la que se sacude toda responsabilidad de hechos de corrupción como el descrito bajo el argumento de que desde esas altas posiciones es imposible estar al tanto de todo cuanto hagan las diferentes gerencias y funcionarios dentro de una estructura organizativa tan compleja como la de la estatal petrolera[1].

La División Junín de la FPO, escenario de los acontecimientos, está ubicada entre los estados Anzoátegui y Guárico, abarcando un área de 15.136,22 km2 que contiene una reserva de 98 mil millones de barriles de petróleo. Operan allí un conjunto de empresas mixtas n concreto fueron fiscalizadas seis empresas mixtas: Petrocedeño, Petrojunín, Petrourica, Petromiranda, Indovenezolana, Petroanzoátegui y Distrito Junín Sur.

A continuación presentaremos a los lectores una cronología de los hechos acaecidos al momento de descubrirse la pérdida de la maquinaria, sustentada en documentos que están en nuestro poder y que revelan cómo se descubrió la pérdida, los entes que intervinieron y las acciones iniciales tomadas al respecto.

Los hechos

El 23 de enero de 2015, la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui comisionada de acuerdo a todos los preceptos legales, inició la averiguación penal signada con el N° MP-33715-2015, en virtud de las actuaciones practicadas por el Comando de Zona N° 52, Destacamento N° 524, Primera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana-San Diego de Cabrutica, estado Anzoátegui, relacionadas con la comisión de un presunto ilícito, a saber Tráfico ilícito de recursos o materiales estratégicos, hecho ocurrido con ocasión a la aprehensión de Luis Argenis García, Apolimar Rito Ochoa Moy y Pedro Vicente Martínez Damas a quienes se les retuvo una máquina pesada tipo Payloder, modelo LW300K, año 2012, Serial 1300K0110826, color amarillo que se encontraba sin partes del motor y que pertenecía a la Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín, la cual no contaba con la documentación correspondiente. Un hecho que la fiscalía señalaba afectaba directamente al estado venezolano al que colocaba en carácter de víctima.

El Ministerio Público instó a los órganos auxiliares de los diferentes cuerpos de investigación a practicar todas las diligencias pertinentes, urgentes y necesarias para esclarecer los hechos.

En la misma fecha, 23 de enero de 2015, el Comando de Zona N° 52, Destacamento N° 524 de la Guardia Nacional Bolivariana a cargo de Augusto Leal Quintero, dirigió el oficio N° CZGNB-52-D-524-SIP-0012 al general de brigada viceministro de seguimiento e inspección de gestión de gobierno del despacho de la presidencia para solicitar la designación de una Comisión Representada por el Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República para hacer “un Abordaje Integral en la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, en relación a la perdida y extravió de Cuatrocientas (400) Maquinas de Construcción, pertenecientes e la Gran Misión Vivienda Venezuela”.

El 5 de febrero de 2015, Julio Guevara, gerente general de la División Junín remitió una comunicación al viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, G/B Larrín José Rivero García, para advertir que “sin menoscabo de las atribuciones y funciones que tienen los camaradas Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, permítome, respetuosamente, hacer la salvedad, que Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) empresa socialista del estado venezolano, se ciñe a estatutos y normativas internas que definen su funcionamiento administrativo, amén de las demás leyes de la República que la rigen. En tal sentido y sin que ello se entienda como una posición contumaz en aportar la información que como Gerente General de la División Junín, me ha sido requerida el día 04 de febrero de 2015 a las 4 pm, le manifiesto, que ya informé a los niveles superiores respectivos, Director Ejecutivo de Producción Ingeniero Pedro León, sobre el caso que nos ocupa, a los fines de recibir los lineamientos e instrucciones que permitan dar curso al abordaje integral ordenado a dicha división”.

Igualmente alertó que en la División Junín laboraban empresas mixtas con personalidad jurídica distinta a PDVSA y con niveles administrativos y financieros que escapaban de la esfera de su competencia.

Un informe emitido el 9 de febrero de 2015, por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República (CISPR) da cuenta de que conoció la denuncia de que 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín y que estaban signadas a la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, se encontraban extraviadas.

Refiere que por este hecho, cursaba una averiguación penal por parte del Comando Zona N° 52 de Guardia Nacional Bolivariana, GNB, según consta en el expediente N° CZGNB-52D524-1-027.15.

Reza el citado informe que el 23 de enero de 2015, un fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui inició la averiguación penal por el “presunto ilícito de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos según oficio N° MP-33715-2015, cuando tres hombres fueron aprehendidos, entre quienes figuraba un trabajador de PDVSA Junín, por mantener retenida una máquina pesada a la cual le faltaban algunos de sus componentes del motor y carecía de documentos.

Estos acontecimientos llevaron a que se ordenara una inspección integral a la División Junín PDVSA ubicada en la ciudad de Pariaguán, municipio Francisco de Miranda del estado Anzoátegui, el día 4 de febrero de 2015.

Se indicaba en el informe que la citada comisión estuvo acompañada por el comandante de la zona N° 52 y fue recibida por el gerente general de la División Junín, Julio Guevara, a quien se le entregó la credencial para iniciar formalmente las inspecciones de siete empresas, a saber, Petroanzoátegui, Petromiranda, Petrojunín, Petrocedeño, Petrourica, Petrolera Indovenezolana y el Distrito Junín Sur, las cuales conforman la División Junín. Le correspondía a Guevara informar a los distintos gerentes generales de estas compañías, el objetivo de la inspección y la información requerida por el Cuerpo de Inspectores.

Larry Osto y Rafael Maduro fueron los gerentes que representaron a Petroanzoátegui y a Petrocedeño, quienes trasladaron a los inspectores a San Diego de Cabrutica, para reunirse con el cuerpo gerencial y explicar el alcance de la inspección y solicitar la información requerida para desarrollar sus averiguaciones.

Dan a conocer los inspectores que Rafael Maduro dijo que los investigadores no podrían iniciar las inspecciones debido a que Julio Guevara no lo autorizaba, bajo el argumento en un oficio remitido al  Viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno, que decía que PDVSA se ceñía a los estatutos y normativas internas que definen su funcionamiento administrativo e informó al director ejecutivo de producción, Pedro León, sobre el caso a fines de recibir lineamientos e instrucciones que permitieran dar curso al abordaje integral ordenado a dicha división, las cuales no fueron impartidas y no se pudo efectuar la inspección.

A pesar de no poder haber hecho la inspección que planeaban, el cuerpo de inspectores si recibió por parte de los trabajadores de Petrocedeño un conjunto de denuncias: 1) Falta de procura de repuestos, insumos y equipos, requeridos para el reemplazo de las monoboyas; 2) No contar con un control de inventario para los vehículos y equipos de la División de Junín; 3) Compras de materiales y equipos eléctricos para la planta Petroanzoátegui que se perdieron del almacén a las dos semanas; 4) El no haber construido ni siquiera una vivienda del Complejo Habitacional San Diego-Cabrutica, ni tampoco la termoeléctrica ordenada por el finado expresidente Hugo Chávez; 5) Incumplimiento de los compromisos adquiridos en los municipios Francisco Miranda y Monagas relacionados a la construcción de sistemas de acueductos y mejoras del sistema eléctrico; 6) Incumplimiento internacional del Convenio Indovenezolano en razón de que la única inversión realizada correspondía a PDVSA sin que la contraparte india hubiera hecho lo propio.

Precisaba el informe que desde el inicio de las investigaciones hasta el 10 de febrero de 2015, aparecieron en las orillas de las carreteras de los municipios Miranda, Monagas cuatro máquinas pesadas pertenecientes a PDVSA convenio China Venezuela y no se descartaba que situaciones similares se presentaran en las otras divisiones de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El 19 de febrero de 2015, desde la Vicepresidencia de la República a cargo de Jorge Arreaza se envió una comunicación al ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez Jiménez, para remitirle un informe de inspección realizada por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República en la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

Arreaza le solicitó a Chávez Jiménez remitirle “las acciones a ejecutar desde su Despacho para atender las problemáticas expuestas en el citado informe [pérdida de 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín], en un plazo no mayor de 15 días continuos a partir de la recepción de la comunicación con copia a Larrín José Rivero García, viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Igualmente le pidió que exhortara al personal del ministerio a todos los niveles, a facilitar toda información solicitada por los inspectores y a garantizar su acceso a los espacios objeto de verificación, pues de no hacerlo estarían contraviniendo órdenes expresas de Nicolás Maduro.

Arreaza también se dirigió ese mismo día 19 de febrero de 2015, a Carlos Alberto Osorio Zambrano, ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, mediante oficio con copia al ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez y a Larrín José Rivero García, viceministro de Seguimiento e inspección de la Gestión de Gobierno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, para solicitar llevar a cabo una inspección integral y exhaustiva de la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

El 23 de febrero de 2015, el entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, remitió el oficio N° VP-2015-000178 del 19/02/2015 del vicepresidente de la República, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, junto a un Informe de inspección a la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías" que había realizado el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA para la fecha. La comunicación solicitaba remitir al vicepresidente las acciones a ejecutar por parte de la estatal petrolera con miras a solventar la situación planteada por los inspectores respecto a la pérdida de 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín. La respuesta debía producirse en un plazo no mayor de 15 días continuos a partir de la recepción de la comunicación.

No obstante las diligencias e investigaciones aquí descritas, al momento en que se escriben estas líneas, continúa la interrogante acerca de cuál fue el destino de las cuatrocientas máquinas de construcción que se “extraviaron” en la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Juez de NY niega petición de nuevo juicio a los dos hombres culpables de blanquear más de US$100 millones a funcionarios chavistas

En este caso aparecen como beneficiarios del dinero transmitido por Miami Equipment los exfuncionarios del gobierno venezolano, Nervis Villalobos, Fidel Ramírez Carreño (hermano del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño) y Enrique Rafael Cid Montes asesor del exministro de Energía y Minas, Jesse Chacón, entre otros. El Consorcio KCT era el principal cliente de la empresa usada para efectuar el blanqueo.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Uno de los hombres que fueron hallados culpables por un jurado en Nueva York de haber usado una empresa de materiales de construcción en Miami para lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pidió a un juez que se realizara un nuevo juicio alegando que en el realizado el octubre de 2017 la fiscalía no logró demostrar su culpabilidad.  Luis Javier Díaz alegó que tiene derecho a ser absuelto, o a un nuevo juicio porque fue perjudicado por el interrogatorio incorrecto que el gobierno federal aplicó a su padre, Luis Díaz Jr.

Los abogados del acusado aseguraron que el jurado fue corrompido por una "exhibición incendiaria" que la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó de elementos que implicaban a los dos acusados, Luis Javier Díaz (el hijo) y Luis Díaz Jr. (el padre) en la comisión de crímenes no relacionados con los cargos el caso.

La corte del Distrito Sur de Nueva York negó la petición y anunció que se siguen los procedimientos pertinentes para fijar nuevamente la fecha de la sentencia que estaba prevista para el 27 de abril de 2018 y que se prorrogó debido a la solicitud de mociones hechas por los equipos de defensa de los dos demandados.

La defensa alega, además, que al ser las ofensas de condena delitos de Clase C y D —violaciones de los que hallado culpable Luis Javier— lo hacen elegible legalmente para una sentencia de libertad condicional. "Luis Javier es un candidato particularmente bueno para tener éxito en libertad condicional, ya que no tiene antecedentes penales y cumplió con sus condiciones de fianza durante 17 meses, sin incidentes, lo que demuestra su voluntad y capacidad de seguir las reglas y restricciones de la Corte".

La Oficina de Libertad Condicional recomienda un rango de pautas de 151-188 meses. Luis Javier sostiene que el rango de las pautas no debería ser superior a 15-21 meses.

El caso

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Un jurado en Nueva York, conformado por 10 mujeres y 2 hombres, declaró culpables a dos empresarios cubano-americanos que ayudaron a lavar millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano y a varios contratistas que recibieron jugosos contratos de PDVSA y Corpoelec para atender la emergencia eléctrica decretada por las autoridades de ese país.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal.

Los dos hombres fueron juzgados por los siguientes cargos:

1) Conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión;

2) Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión;

3) Conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión; y

4) Lavado de dinero internacional, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión.

El jurado concluyó que Luis Díaz Jr. (75) es culpable de los 4 cargos por lo que enfrenta una condena de 50 años y su hijo Luis Javier Díaz (50), fue hallado culpable de los cargos (2 y 4) por lo que podría ser sentenciado a 25 años de cárcel.

Objeciones presentadas por la defensa

En un documento presentado a la corte del Distrito Sur de Nueva York por la defensa de Luis Javier Díaz objetan los cálculos de las pautas recomendados por la Oficina de Libertad Condicional en el Informe de Presencia ("PSR"). Dicen que esta presentación también incorpora la solicitud de Luis Javier en una disminución de la pena de acuerdo lo establecido en las normas de los EE. UU. que establece que la conducta delictiva en este caso está "fuera del corazón" del lavado de dinero típico.

Entre las objetivaciones presentadas, los defensores destacan que en el informe del PSR establece un nivel de ofensa base de 30 al responsabilizar a Luis Javier por USD 100 millones como el "valor de los fondos".  Dicen los abogados que Luis Javier Díaz fue condenado por violar 18 U.S.C. §1956. PSR, ¶71 y el PSR aplica un aumento de dos niveles para el "lavado sofisticado", delito por el cual se recomienda una sentencia de entre 151 y 188 meses si el acusado tiene antecedentes penales.

La defensa alega que Luis Javier Díaz se ubica en el nivel de delito base de 30 por el "valor de los fondos" y la mejora de dos niveles por "lavado sofisticado", es por ello que piden al tribunal  un ajuste a la baja para mitigar el papel en la ofensa, de conformidad con lo establecido en la norma USSG §3B1.2.

Asimismo, los abogados objetan el valor de los fondos, señalando que el PSR recomienda que Luis Javier Díaz sea responsable de los aproximadamente USD 100 millones en transmisiones por cable que involucran al Consorcio KCT Cumaná Internacional III. Estas transacciones KCT fueron manejadas de manera independiente por su padre, Luis Díaz, Jr., razón por la cual la corte debería rechazar la recomendación del PSR y apoyar la objeción de Luis Javier Díaz.

Argumenta la defensa que Luis Javier Díaz fue absuelto de los cargos 1 y 3, expuestos en la conspiración. Por su veredicto, el jurado —necesariamente— encontró que Luis Javier no conspiró o acordó con su padre para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia o para cometer un lavado de dinero internacional.

"La única forma lógica de explicar los veredictos es que el jurado no estaba convencido de que Luis Javier participara conjuntamente con su padre en las transacciones de KCT", dice la defensa.

Señalan que las evidencias del juicio demostraron que Luis Díaz, Jr., manejó todas las transacciones que involucraban a KCT.  Aseguran que los correos electrónicos entre la empresa de los acusados y el Consorcio KCT fueron transferencias electrónicas dirigidas a Luis Díaz, Jr., quien coordinaría las transferencias electrónicas con el banco.

Aseguran los abogados que Luis Javier defendió el caso sobre la base de que no tenía nada que ver con las transacciones del Consorcio KCT. "Si el jurado hubiese encontrado más allá de toda duda razonable que las transacciones de KCT formaban parte de una "actividad delictiva conjunta" entre Luis Javier y Luis Díaz, Jr., el jurado indudablemente habría condenado a Luis Javier por la conspiración".

Entre los elementos que exponen ante el tribunal, afirman que la evidencia directa perteneciente a Luis Javier en el juicio, se refería a su participación (sin su padre) en Miami Equipment al recibir una transferencia bancaria de USD 69.975,00 el 30 de septiembre de 2013, de una cuenta bancaria a nombre de Taller e Importaciones en Venezuela. Dos días después, Luis Javier recibió un correo electrónico de un representante de Taller con instrucciones de enviar USD 67.875,75 a la cuenta de Taller en Mercantile Commerce Bank en Florida. Se preparó una factura de Miami Equipment por la diferencia, que establece lo siguiente: "recibió USD 2.099,25, tarifa de procesamiento, 3 por ciento de USD 69.975.". La transacción de Taller no estaba relacionada con KCT; de hecho, era la única transmisión por cable que involucraba directamente a Luis Javier por la cual se cobraba una tarifa. La transacción de Taller formó la base de las condenas de Luis Javier en los condes 2 y 4, los cargos sustantivos de violación de 18 U.S.C. §1960 y §1956 (a) (2) (A).

En consecuencia, Luis Javier sostiene que el valor de los fondos debería ser de USD 69.975; el aumento de 6 niveles da como resultado un nivel de ofensa base de 12, piden los abogados.

La pequeña "comisión" para las transacciones con tarjeta de crédito referenciadas por el gobierno en este caso, claramente no era una tarifa de transferencia bancaria; más bien, implicó el reembolso a Miami Equipment por la comisión deducida por la compañía de la tarjeta de crédito para procesar esas transacciones, acotaron.

Aunque Díaz Jr. y Javier Díaz llevan a cabo mociones distintas después del juicio, los argumentos se superponen y se tratan de manera coextensiva con el fin de resolver dichos movimientos.

La defensa plantea cuatro desafíos principales al veredicto del jurado:

1) En primer lugar, argumentan que el Distrito Sur de Nueva York no era el lugar apropiado para este enjuiciamiento porque Miami Equipment solo operaba el presunto negocio de transmisión de dinero sin licencia en Florida.

2) En segundo lugar, Javier Díaz sostiene que las pruebas aducidas en el juicio fueron insuficientes para respaldar una determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional.

3) En tercer lugar, los demandados sostienen que el Tribunal denegó erróneamente la solicitud de los acusados y sostienen que dicho tribunal denegó erróneamente su solicitud de una instrucción que hace referencia a la excepción del corredor de bolsa a la definición de "transmisor de dinero" en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN").

4) Finalmente, Javier Díaz afirma que fue injustamente perjudicado por el interrogatorio del gobierno a Díaz Jr.

La corte niega todas las mociones

En una orden del juez Pauley III sobre el caso firmado el 4 de mayo de 2018, el magistrado niega todas las mociones de los demandados para la absolución o un nuevo juicio.

Entre los argumentos presentados por los abogados de Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr. para pedir un nuevo juicio estaba el supuesto hecho de que "las preguntas hechas por el Gobierno a Luis Díaz Jr. (padre de Luis Javier) causaron prejuicio y habrían tenido un efecto devastador en el jurado.

Sobre este aspecto, el juez señaló que cuando el acusado Díaz Jr. testificó en el estrado, dijo que Miami Equipment no era un negocio de transmisión de dinero, el gobierno introdujo registros de cuentas de Wells Fargo que enumeraban varios depósitos en efectivo en varios lugares, incluida Nueva York, por individuos a quienes Díaz Jr. profesaba no conocer. Además de plantear preguntas sobre por qué Díaz Jr. no se daba cuenta de los depósitos aleatorios de partes desconocidas en una cuenta bancaria que él controlaba. Con ello, el gobierno buscó conectar el uso de esa cuenta de Wells Fargo con las actividades de transmisión de dinero de Miami Equipment.

La defensa dijo que el gobierno tenía una base de buena fe para explorar la actividad en la cuenta de Wells Fargo. Más importante aún, en vista de otra evidencia que sugiere que los demandados habían estado operando un negocio de transmisión de dinero, la fiscalía no tenía una base para preguntarle a Diaz Jr. si se había pagado una comisión por esas transacciones de Wells Fargo, dijo Pauley.

Los demandados argumentan que las transacciones de la cuenta de Wells Fargo fueron diferentes a las transacciones por cable que Miami Equipment realizó en nombre de sus clientes. Pero la desautorización categórica de Díaz Jr. de la práctica de cobrar una tarifa, o de administrar un negocio de transmisión de dinero, abrió la puerta para que el gobierno explorara la actividad inusual que rodea una cuenta que él controlaba. El gobierno tenía derecho a explorar si estas transacciones particulares eran parte del negocio de transmisión de dinero de los demandados dijo el magistrado.

La corte también negó los desafíos de los acusados, señalando lo siguiente:

1) Nueva York es el lugar apropiado en cualquier distrito en el que se cometa un delito. Dijo que el locus de Nueva York de muchas cuentas bancarias en cuestión en este caso también establece, por una preponderancia de la evidencia, que el lugar en el Distrito Sur de Nueva York era apropiado para los cargos internacionales de lavado de dinero.

2) Las pruebas aducidas en el juicio si fueron suficientes para respaldar la determinación de culpabilidad sobre los cargos sustanciales de transmisión de dinero y lavado de dinero internacional. El delito de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia implica "transferir fondos en nombre del público por cualquier medio" sin una licencia.

El Gobierno presentó evidencia de que los demandados, por una tarifa, autorizaron la transferencia de millones de dólares de cuentas bancarias en Florida a cuentas bancarias en Nueva York en nombre de sus clientes.

3) El juez alegó que el tribunal no denegó erróneamente la solicitud de Luis Javier de exceptuar al corredor de bolsa de la definición de “transmisor de dinero” en el formulario de registro de la Red de Ejecución de Delitos Financieros ("FinCEN"), cuando dio las instrucciones a los miembros del jurado.

4) Javier Díaz no fue injustamente perjudicado por el interrogatorio que el gobierno hizo a su padre Díaz Jr.