La deuda amarrada al petróleo con China se contrajo en condiciones perjudiciales a Ecuador y con altos intereses

   El gobierno chino puso como condición 'mantener en secreto las condiciones de los préstamos' otorgados durante la administración de Rafael Correa, los cuales terminaron en sobrepago con la producción petrolera de Petroecuador.

Por Maibort Petit

  Una exigencia de la República Popular China al gobierno del expresidente, Rafael Correa, impidió que se conocieran las condiciones perjudiciales para Ecuador de los prestados atados al petróleo, así como los altos intereses de la misma, reveló el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”.

   La investigación parlamentaria saca a un informe de la Contraloría General del Estado fechado en abril de 2018 e identificado con el serial NA3-007-2018, donde se estableció que “Se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente tal declaratoria hasta el pago total de los créditos”.

  Así lo había impuesto el gobierno chino a Rafael Correa, quien procedió a declarar las operaciones como reservadas de manera de evitar el escrutinio público de toda la contratación, para lo que emitió tres resoluciones ministeriales de 2010, a saber, MF-DM-RD-2010-001, MF- DM-RD-2010-002 y MF-DM-RD-2010-003, las cuales pusieron cerrojo sobre las negociaciones   pusieron candados sobre las negociaciones impidiendo que, por varios años, la nación ecuatoriana se enterara de los manejos del endeudamiento.

  El informe parlamentario refiere que fueron algunas publicaciones periodísticas, así como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas y Petroecuador levantaran en ciertos casos la confidencialidad, lo que permitió que inicialmente que Ecuador se enterara de que se habían recibido esos préstamos con altos intereses, así como del castigo que se infligió al petróleo ecuatoriano por la forma en cómo se fijó su precio en los contratos comerciales. Dichas condiciones significaron que la nación ecuatoriana terminara comprometiendo mucho más crudo que el requerido para saldar la deuda.

Petroecuador más allá de sus competencias

  El informe de la comisión de fiscalización y control político hace referencia a la auditoría de la Contraloría General la cual estableció que Petroecuador se extralimitó en sus competencias.

  Refiere dicha auditoría que “‘a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017’, la Contraloría General del Estado concluyó que Petroecuador E.P. gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal, cuando debieron destinarse únicamente a proyectos de inversión. 

  El referido aspecto se contrapuso a lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que prohíbe el endeudamiento para gasto permanente y establece que las entidades del sector público, que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas de inversión e infraestructura”.

   El órgano contralor ecuatoriano estableció, tal como lo cita el informe parlamentario, que hubo un manejo “discrecional” de las operaciones de endeudamiento en razón de que “el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) derogó normas que preveían en forma clara, la composición de endeudamiento”, así como también otras leyes y reglamentos que “permitieron aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización”. Específicamente, se cita a modo de ejemplo de esta situación, el no considerar como deuda las operaciones de venta anticipada de petróleo, pese a haberse reconocido el pago de intereses y devengado no sólo con crudo sino también con dinero en efectivo, a saber, USD 35.000.000.

Correa sobrepasó el límite de endeudamiento

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político del Poder Legislativo de Ecuador se remite a otro reporte de la Contraloría que concluyó que el gobierno de Rafael Correa, en octubre de 2017, superó el límite legal de endeudamiento, establecido en el COPLAFIP en 40 por ciento.

   Refirió la Contraloría que, hasta el 30 de junio de 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó USD 48’647.334.819,98, es decir el 48,41 por ciento del PIB de 2017, de acuerdo a lo que refiere el Estado de Situación Financiera del Presupuesto General del Estado de ese año.

  Indican los parlamentarios que la Contraloría advirtió que no se llevó a cabo el seguimiento de los convenios de crédito y de los proyectos ejecutados, como tampoco se emitió normativa técnica para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Además, se alerta de que el Decreto Ejecutivo 1218, estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB, lo cual no está previsto en la ley, pero permitió seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación del Poder Legislativo Nacional, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los acuerdos con China

   El informe indica que el 20 de noviembre de 2007 comenzó, con la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica” en Pekín, la nueva política de comercialización de hidrocarburos del gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Tal política propuso la cooperación recíproca “en base del principio de beneficio mutuo”, al igual que el desarrollo de proyectos y acciones específicas en los ámbitos económico, comercial, industrial, científico, minero, energético, petrolero, turismo, entre otros.

 Además, China y Ecuador suscribieron otros 13 acuerdos de cooperación económica, medio ambiente, minas y energía, cultura, ferrocarriles, medidas sanitarias y fitosanitarias en agricultura y pesca, entre otros.

  En la misma fecha se firmó el “Acuerdo de Cooperación en el Sector Hidrocarburífero” de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y la Corporación Nacional de Petróleo y Gas Natural de China y la Corporación Química de China, el cual perseguía desarrollar proyectos en la exploración, explotación y producción de petróleo, gas natural y yacimientos petrolíferos.

  Una nota de El Universo fechada el 19 de julio del 2017 informó que Petroecuador había vendido a Petrochina, a la empresa sueca Taurus Petroleum y a la británica Arcadia Petroleum cuatro embarques de 360.000 barriles de crudo cada uno[1]. Se iniciaban las relaciones comerciales entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

Siguen los intermediarios

  Aun cuando una de las razones de Rafael Correa para instrumentar la alianzas fue la necesidad de terminar con los intermediarios, el informe parlamentario destaca que la información deja ver que en la operación de agosto de 2007 quedó en evidencia la presencia de Taurus Petroleum como comercializadora del crudo ecuatoriano, un hecho que no era la primera vez que ocurría, pues ya la intermediaria suiza se adjudicaba los cargamentos de petróleo junto a Petrochina.

 Asimismo, en 2006, junto a Mitsubishi Internacional y Mitsubishi Corporation, Taurus se adjudicó la venta 17,28 millones de barriles de crudo provenientes del bloque 15.

  Refiere el reporte Taurus Petroleum se convirtió posteriormente en la intermediaria del crudo que Petrochina se adjudicó en 2009, bajo los convenios de Alianzas Estratégicas, suscritos con el Estado ecuatoriano. Se subraya el hecho de que la misma Taurus reconociera que entre ellas existía una relación comercial. Así lo comprueba una carta de referencia comercial fechada en julio de 2006, suscrita por Ben Pollner, dueño de Taurus Petroleum, dirigida a Petroecuador, Pollner en la que señaló: “Petrochina International Company Limited es una de las empresas autorizadas a realizar actividades comerciales internacionales de petróleo crudo y productos refinados para el Grupo Petrochina. Petrochina opera en los mercados internacionales de comercio de petróleo desde 1995 y goza de una buena reputación entre sus contrapartes comerciales. En nuestros tratos con Petrochina hemos descubierto que se comportan de manera competente y profesional”.

  Entretanto, Petrochina siguió haciendo negocios con Petroecuador lo que se comprueba con la firma en 2008 del contrato número 2008-358 para la compraventa de Crudo Oriente a largo plazo. El 3 de octubre de 2008, Petrochina presentó formalmente la petición dirigida al gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en la que expresó su “disposición de expandir sus vínculos comerciales y firmar una Alianza Estratégica”. El convenio fue aprobado por el Consejo de Administración de Petroecuador a través de la resolución Nº 354-CAD-2008-11-1720.

Se encienden las alarmas

  En el año 2008, Carlos Pareja Yannuzzelli, representante del presidente Rafael Correa ante el directorio de Petroecuador, le advirtió a este en una comunicación que en el concurso en el que la petrolera sacó a la venta, mediante licitación, 12 lotes de 12.000 barriles diarios de crudo Oriente a entregarse durante el año, hubo varios hechos que perjudicaron los intereses del Ecuador.

    Pareja Yannuzzelli alertó que esa venta, un negocio de más de USD 5.000 millones, no cumplió con las bases establecidas en el concurso en razón de que, entre otras cosas, el destino del crudo, una vez en manos de las adjudicatarias, no iba al destino final determinado en los pliegos de la negociación. 

    En ese sentido, Pareja le dijo a Rafael Correa que Petroecuador había adjudicado a cinco empresas diferentes los lotes de crudo a diferente precio, lo que significó una pérdida de USD 300.000 diarios o USD 9 millones, “por cuanto se adjudicó el mismo momento, el mismo volumen del mismo producto bajo la misma modalidad a diferente precio sin pedir igualación del diferencial ofertado por las compañías perdedoras al diferencial ganador”. 

   Explicó en la misiva que la compañía “Valero ganó cargamentos con un diferencial de USD 13,21 por barril, mientras que el resto de las competidoras se adjudicaron el crudo con diferenciales más altos: Conoco con un diferencial ofertado de USD 14,94, Repsol con USD 15,62, Petrochina con USD 16,28 y Glencore con USD 16,37”. 

 Esto significa que la pérdida estimada por Pareja Yannuzzelli era de más de USD 18 millones solamente entre los meses de julio y agosto, por “no igualar los diferenciales” con el diferencial de Valero.

    Explicó que Glencore  fue adjudicada con un diferencial mayor, a saber de USD 3,16, subrayando Pareja que no quedó claro en su oferta el destino final del crudo, dado que la comercializadora detalló refinerías de las que no se tenía claro si eran de su propiedad, “es decir, no se sabe finalmente qué va a hacer con nuestro crudo, convirtiéndola en un intermediario, incumpliendo las bases que señalaban que se debía indicar expresamente el destino final del crudo Oriente, como consumidor final”.

  De igual forma se refirió el asesor presidencial sobre Petrochina a la cual se le adjudicaron los cargamentos con una diferencia de USD 3,07. La empresa china había informado que el crudo iría a “otros destinos solicitados por Petrochina International Group y aprobados por Petroecuador (...) en ninguna parte de las bases consta un destino de común acuerdo”.

  Carlos Pareja Yannuzzelli concluyó dejó sentado que la mayoría de los barriles “serán comercializados en el mercado a pesar de su restricción de destino que limitaba las cargas hacia una refinería o terminal específico”, por lo que recomendó a Rafael Correa que las compañías adjudicadas “certifiquen las entregas al destino final señalado en la oferta y de no ser así, cobrar las garantías, borrarlas del registro de contratistas por incumplimiento”.

  La advertencia de Carlos Pareja Yannuzzelli se formuló vía escrita el 19 de agosto de 2008, sin que ninguna de sus advertencias fuera tomada en cuenta. Al contrario, las relaciones comerciales con China se afianzaron.

 Asimismo, los conocimientos de embarque e información de Petroperú indican que el crudo de Ecuador entregado a Petrochina llegó a la refinería de la estatal peruana a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

  El informe parlamentario refiere también que el 27 de enero de 2009, el presidente ejecutivo de Petroecuador E.P., Luis Jaramillo, suscribió con el representante legal de Petrochina, Zhang Tao, el Convenio de Alianza Estratégica 2009016 22 que tenía por objeto “desarrollar actividades económicas de mutuo interés en áreas de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, servicios petroleros, gestión ambiental, fortalecimiento institucional y capacitación”.

   Este acuerdo, que tenía una vigencia de cinco años, estableció en la cláusula décima segunda que los “convenios específicos que se deriven del presente Convenio Macro, se regirán por la normativa interna vigente en el país y en el Sistema Petroecuador”, es decir, por la legislación de Petroecuador. Las negociaciones futuras se harían de Estado a Estado, sin la participación de intermediarios.

[1] El Universo. “Ecuador vende 1,4 millones de barriles de crudo”. 19 de julio de 2007. https://www.eluniverso.com/2007/07/19/0001/9/66CF7B915E3743E68A77C6E34CF4DC78.html

Sistema Sucre: Un entramado de corrupción económica erigido sobre la plataforma política e ideológica del chavismo

 El informe de la comisión parlamentaria ecuatoriana que investiga el caso, narra en detalle cómo la exsenadora colombiana, Piedad Córdoba, vinculó a Álex Saab con el gobierno venezolano.

Por Maibort Petit

  La investigación parlamentaria desarrollada por la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador sobre el “Proceso de fiscalización Caso Sucre-Foglocons” que determinó que el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) había derivado en un mecanismo delitos de "enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación tributaria", estableció que dicho entramado se estructuró gracias a una plataforma político-ideológica. Los supuestos postulados de igualdad, justicia social y lucha contra el imperialismo, devinieron en una estructura corrupta entre Venezuela y Ecuador que habría permitido blanquear USD 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países, así como de una trama de exportaciones ficticias. Una trama en la que, Piedad Córdoba, exsenadora colombiana, jugaría un papel fundamental.

   En alarde de verborrea, Hugo Chávez —junto a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa— aseguró el 7 de junio del 2011 que con el Sistema-Sucre “nos estamos librando de la dictadura del dólar”, arenga pronunciada durante la rueda en la que exhortó a los exportadores ecuatorianos y los bancos regionales a usar una novedosa divisa, denominada Sucre en honor al prócer independentista. “Algún día me imagino, el Sucre será físico, Rafael, hasta ahora es virtual (...) Juguemos duro con el Sucre, no seamos mezquinos, es un mecanismo maravilloso, nos estamos liberando de la dictadura del dólar a nivel nacional, con una divisa que hemos creado que es el Sistema Único de Compensación Regional”[1].

  Se trataba de un sistema de pagos internacional instrumentado a través de una unidad monetaria común y virtual, que apuntaba a la minimización del uso del dólar —un objetivo absolutamente contrario al efectivamente logrado— y crear una arquitectura paralela que haga frente al sistema financiero de Estados Unidos.

  Según el Tratado Constitutivo del SUCRE, esta divisa brindaría facilidades al sistema de pagos de los países miembros, para compensar el intercambio comercial.

Política del “contra”

 Habrían aplicado los ideólogos de la nueva moneda virtual una política de creación de modelos que enfrentaran a los impulsados por EE. UU.

  De este modo, para acabar con la hegemonía del dólar, instituyeron el Sucre; para enfrentar al Tratado de Libre Comercio-ALCA (TLC), constituyeron el Tratado por el Comercio de los pueblos (TPC); el ALBA fue la respuesta al ALCA.

   En este contexto se movió el denominado por Chávez, Socialismo del Siglo XXI, siempre con el objetivo de y contraponerse a los EE. UU.

    Así, el Sucre fue promocionado por la prensa oficialista como uno de los principales logros de la ALBA. Con su ejecución, sostenían, sería posible la sustitución del dólar en las operaciones comerciales entre los países de la alianza bolivariana[2].

   Pero no solamente en Venezuela, Chávez se empeñaba en su objetivo de subyugar al dólar y con él a los EE. UU., sino también en Ecuador, donde su homólogo, Rafael Correa, criticaba la dolarización imperante en su país: “La dolarización fue una pésima decisión, pero tuvimos suerte con un dólar continuamente depreciándose (...) La moneda nacional es un emblema de soberanía nacional”, dijo en una reunión con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos[3].

   Estos postulados se quedaron solamente en eso, en enunciados y declaraciones de guerra contra el dólar, pues el Sucre, más allá de su componente ideológico y geopolítico, no llegó a prosperar.

¿Cómo operó el Sucre en Ecuador?

   El cuestionado sistema de pagos tuvo su génesis a pocos meses de llegar al poder en Ecuador Rafael Correa Delgado, quien el 1 de junio de 2007, emitió el Decreto Ejecutivo Nº 334, en línea y concordancia directa con la propuesta de Hugo Chávez. El decreto estuvo acompañado de la constitución de la Comisión Técnica Presidencial y toda la arquitectura financiera que serviría para enfrentar al dólar.

   Entretanto, Correa establecía su hegemonía y control político en Ecuador a través de un movimiento denominado “Alianza País”, liderado por él mismo, que tenía la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional. Igualmente, controlaba la Corte Constitucional — misma que posteriormente fue cesada por actos de corrupción— incidiendo en la asignación de sus magistrados; en la Corte Nacional del Ecuador con la asignación de los jueces.

   El control se extendía al Contralor General del Estado —sentenciado y prófugo en los Estados Unidos— así como en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cesado en sus funciones mediante consulta popular, en febrero de 2017. Tenía, pues Correa, el control total de las funciones del Estado.

  En ese contexto, crearon el andamiaje de la estructura financiera que sirvió para dar viabilidad y funcionamiento al sistema Sucre, el mismo tras el cual ocultarían después los actos de corrupción que ahora son objeto de investigación.

   Con el control institucional que ejercía, Rafael Correa no encontró obstáculos para instaurar la estructura del Sucre, luego de que el 16 de octubre del 2009, los demás mandatarios de los países del ALBA, suscribieron el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación de Pagos, en Cochabamba, Bolivia.

   Hechos los nombramientos en las distintas comisiones y entes, se plantearon los objetivos del Sucre: minimización del uso del dólar en el comercio exterior, mayor eficiencia, generación de liquidez adicional para el comercio entre los países y reducción de costos de transacción.

  Aseguraron que los riesgos que enfrentaría el Ecuador al ratificar el Sucre serían mínimos y obtendrían múltiples beneficios, como la reducción de la salida de divisas, el establecimiento de un seguro para las exportaciones, coadyuvar a la regulación de precios para beneficiar a los pequeños productores.

  De este modo, el 1 de junio del 2010, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Tratado Constitutivo del Sucre con 63 votos a favor, 29 negativos y 11 abstenciones. La Alianza País —con el 48 por ciento de los escaños, a saber, 59— se impuso con los votos del Movimiento Popular Democrático y algunos independientes.

    Para lograr la aprobación del Convenio Constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Venezuela el 26 de septiembre de 2009, Correa se valió igualmente de su control sobre la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, logrando así que el Poder Legislativo aprobara el 1 de junio del 2010, el referido convenio con 78 votos a favor.

  Posteriormente, Rafael Correa, emitió los decretos 935 y 936 que viabilizaban la operatividad del Sistema Sucre y del Banco del Sur.

  El artículo 3 del Reglamento General del Sucre estableció que los Bancos Centrales, son las instituciones que ejercen las funciones de banca central de cada Estado Parte, acreditadas ante el Consejo Monetario Regional (CMR) del Sucre para operar en el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos. Se designó como representantes de Ecuador al Gerente General y al Subgerente de Servicios, en calidad de directores, principal y suplente, ante el CMR.

   Desde Caracas, bajo control del chavismo, operaban los organismos de operación y control del Sistema Sucre (CMR y Banco del ALBA), hasta la presente fecha, en que el Sucre se encuentra en “pausa administrativa”, por decisión venezolana.

   Refiere el informe que, del Banco del Sur, no queda una sola sucursal en pie, “aunque sí sobreviven, un enorme costo económico por auditar y un cementerio de documentos inservibles”.

De sistema de compensación a mecanismo de lavado

  El informe deja sentado que el corazón de la ALBA, fue el Sistema Sucre y el Banco del Sur y advierte que, aunque sus postulados integracionistas y liberadores sumaron respaldos ideológicos, en la práctica el proyecto nació contaminado.

   Indica que las primeras operaciones comerciales entre Ecuador y Venezuela evidenciaban opacidad, silencio gubernamental y uso irregular del dólar para realizar exportaciones. De ello advirtió la prensa ecuatoriana en 2011, cuando dio a conocer el fraude comercial que encerraba el Sucre.

   Ese mismo año, específicamente en noviembre, se suscribió un convenio estratégico entre Venezuela y Colombia, mediante el cual el régimen chavista dotaría de viviendas populares a miles de humildes familias, estableciéndose un contrato con el Fondo Global de Construcción (Foglocons), una empresa de papel conformada días antes por Álex Naim Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas. La negociación era para la importación de casas prefabricadas, lo cual degeneró en una de las mayores tramas de corrupción del chavismo.

  A la pregunta de por qué buscaron a Ecuador, un país deficitario en materiales de construcción, el informe de la comisión parlamentaria de esa nación recuerda que es una nación dolarizada.

Los nexos de Saab y Pulido con Miraflores

  Advierte el informe de la comisión especializada permanente de fiscalización y control político de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador que sin el apoyo de la exsenadora colombiana Piedad Córdova, Álex Saab Morán, continuaría siendo el empresario barranquillero de textiles en bancarrota que era antes de relacionarse con el gobierno venezolano.

   Sin ambages, el informe sostiene que “Saab no se hubiera levantado y amasado su fortuna sin la intermediación de Córdoba, con el gobierno de Venezuela, para cobrar USD 30 millones, que Cadivi le debía por exportaciones desde Colombia. Fue Piedad Córdoba la que tendió a Saab, la alfombra roja para su ingreso al Palacio de Miraflores”.

  Recuerda que Piedad Córdoba era la ficha de Hugo Chávez en Colombia, la “mujer de la revolución” en la nación neogranadina, “la que mapeaba a los enemigos del chavismo en su país y enlistaba prioridades. Piedad era la elegida del chavismo para ser presidenta de Colombia para, por fin, terminar con las turbulentas relaciones con su vecino”. Pero subraya que aun sin ser funcionaria, solo siendo la “elegida por Chávez”, Córdoba se convirtió en la tramitadora de empresarios amigos con el gobierno de Venezuela.

   En su libro “Alex Saab. La verdad del empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”, el periodista de Univisión, Gerardo Reyes, dice que Piedad Córdoba se aprovechó de su ascendencia con el chavismo para usarla a su favor, “ella tenía la influencia y los empresarios el dinero”. A ella acudían los empresarios colombianos cuando Hugo Chávez congeló en 2010 los pagos de la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) a varias empresas colombianas, pues se convirtió en su lobista. Córdova, aprovechó su cercanía con Chávez para interceder por ellos.

  A Álex Saab, Córdoba se refería como el “palestino amigo” y agotó sus esfuerzos para que Cadivi les pagara a las empresas de este, a saber, Yumah, Canali Color Siete, Metas, Corporación All, Importadora GLM, Distrimodas, entre otras.

    Destaca el informe que Piedad Córdova, incluso, recurrió al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela y en un correo fechado en septiembre de 2010, “le ruega angustiosamente a un Miguel Eduardo Rodríguez Torres del SEBIN, que se les pague primero las deudas de Cadivi a un listado de ‘empresarios árabes que siempre los han apoyado’. En la comunicación, deja claro que ella es la tramitadora”.

Cómo comenzó la relación entre Saab y Córdoba

   Gerardo Reyes cuenta en su libro que todo empezó en 2009, cuando Lorenzo Hernández presentó a Álex Saab con Piedad Córdoba, a quien le contó en esa misma primera cita, su complicada situación con los papeles de Cadivi en Venezuela. Ella se comprometió a ayudarle a liberar USD 29.546.849 a cambio de un 10 por ciento de comisión.

   Narra Reyes que en su desesperación por lograr los desembolsos del Cadivi, Álex Saab se mudó en 2009 a Caracas, donde por dos meses vivió en las suites de Piedad Córdova en el Hotel Gran Meliá, las cuales eran pagadas desde 2007 por el gobierno venezolano. Incluso, Córdoba habría pedido a los asistentes del entonces canciller, Nicolás Maduro, que se encargaran de la seguridad del empresario, luego de que Saab fuera víctima de un robo en Caracas.

  Se indica en el libro que Álex Saab devolvió el favor a Piedad Córdoba prestándole cuentas de sus empresas en Barranquilla, Maquila Textiles y Confecciones S.A., para que la exsenadora canalizara a través de ellas, las coimas por otros favores que hizo a otros empresarios con Cadivi.

  Aunque Córdoba aceptó que ayudó a cobrar los USD 30 millones para 19 empresas de Álex Saab, destacó que lo hizo “gratuitamente”.

  Pero, “Los asistentes de Piedad Córdoba confirmaron que el retraso en los pagos del Cadivi no solo se debió a la restricción que impuso Chávez, sino porque las empresas de Saab figuraban como sospechosas por exportaciones ficticias a Venezuela”, advierte el informe.

 Gerardo Reyes relata que la presión de pagos en el Cadivi se convirtió en el modus operandi para financiar las campañas políticas de Córdoba en Colombia, algo que corroboró un cercano asesor a la exsenadora, Andrés Alberto Vásquez Moreno.

  Se explica que la amistad entre Córdoba y Saab era tal, que un hijo de la primera, Camilo Castro presidía la empresa panameña Papalma Investment S.A. a través de la cual se harían negocios el empresario. Los hijos de Córdoba Juan Luis y Camilo Castro, se convirtieron en 2011, en los responsables de los manejos relacionados a Saab.

   Aunque Piedad Córdoba niega vehementemente haber amparado a Saab y haberlo presentado con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador confirmó la estrecha relación y afinidad. Se indica que Álex Saab, Piedad Córdova y Camilo Castro, arribaron a Quito en vuelo privado proveniente desde Bogotá el 8 de julio del 2013. Se trataba de la aeronave Bombardier 45, con matrícula N72LJ de la empresa Aircraft Guaranty Corporation, propiedad de Debra Lynn Mercer-Erwin, una mujer que es investigada por transportar narcóticos hacia EE. UU. en sus aviones.

  Asimismo, el informe refiere los nexos de Piedad Córdoba con la guerrilla colombiana de las FARC y su papel como mediadora para la liberación de secuestrados por la organización terrorista, por solicitud de la propia guerrilla desde 2007, siempre de la mano de Hugo Chávez. El nombre de la exsenadora figuraba también en los correos electrónicos de la computadora de Raúl Reyes, en los que se la identificaba como “Teodora”

“La cercanía que empezó a forjarse entre el gobierno de Juan Manuel Santos con Hugo Chávez, en gran medida es el mérito de Piedad Córdova, como mediadora por la paz con la guerrilla. Después de todos los cobros a Cadivi, gracias a Piedad Córdoba, Alex Saab terminó siendo el protagonista del gran acto de reconciliación entre Colombia y Venezuela”, refiere el informe parlamentario que agrega que la mujer fue igualmente el nexo para restablecer las relaciones binacionales entre Colombia y Venezuela.

Saab firma el convenio

  El convenio entre Colombia y Venezuela para la construcción de casas prefabricadas para la Gran Misión Vivienda, no fue firmado por ningún funcionario colombiano, sino por Álex Saab. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 2011 en el Palacio de Miraflores en Caracas.

  El informe parlamentario subraya que en este acto “el presidente Juan Manuel Santos fue un accesorio testigo. Por Venezuela, firmó Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias”.

  El contrato se le entregó sin que mediara para ello licitación alguna, a la empresa colombiana Fondo Global de Construcción-Foglocons, propiedad de Álex Saab. Una compañía sin experiencia en la materia constituida apenas cuatro días antes. Igualmente, se firmaron convenios con la empresa ELM Import de Saab y Pulido, para construir 8.400 casas, por USD 654 millones.

  Era el inicio de los grandes y millonarios negociados de Álex Saab, “todo, gracias a Teodora de Bolívar”.

  “Piedad Córdoba fue el engranaje que le faltaba a Saab para triunfar de nuevo en los negocios, la bisagra perfecta que intercedió con Hugo Chávez para que Foglocons ganara el contrato de la Gran Misión Vivienda, que terminó siendo un atraco a los más humildes de Venezuela”, sostiene el informe.

Los dólares de Ecuador

   A pesar de que Ecuador es uno de los países menos industrializados de la región, exportador prominente de materias primas y nulo productor de mercancías elaboradas, tiene una mina de dólares. De allí su escogencia para participar en el negocio del Sistema Sucre para acceder a dólares preferenciales de Cadivi.

   Alex Saab y Álvaro Pulido, dueños de Foglocons, apuraron entonces la creación de una compañía gemela en Ecuador, nación en la que se requería un operador político, quien no fue otro que Jaime Sánchez Yánez[4], de quien hablamos en entrega anterior. Al no poder figurar pues era asesor de Rafael Correa, su lugar lo ocupó su hermano, Luis Eduardo Sánchez Yánez, quien, junto a Álvaro Pulido Vargas, en ausencia, registraron la empresa Fondo Global de Construcción Ecuador, en septiembre del 2012.

Comenzaba la gran estafa del Sucre

[1] YouTube. “Chávez: el SUCRE nos libera de la dictadura del dólar”. 7 de junio de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=4ivo-_oBXY4

[2] Youtube. Telesur. Creación de Sucre, logro de ALBA. 15 de diciembre del 2010. https://www.youtube.com/watch?v=lstpm2ssWaQ

[3] YouTube. Telesur. “Ecuador quiere recuperar moneda ‘emblema de soberanía’: Correa”.  15 de diciembre del 2014.  https://www.youtube.com/watch?v=vb_GGHak7Ps

[4] Venezuela Política. “Los hermanos Luis y Jaime Sánchez: Los socios necesarios de Álex Saab para poner en práctica sus operaciones en Ecuador”. 23 de diciembre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/12/los-hermanos-luis-y-jaime-sanchez-los.html

1) RADIOGRAFÍA DEL PODER EN ECUADOR 2) LO QUE PASA AQUÍ Y NO QUIEREN QUE...

La corrupción de Odebrecht que el gobierno de Ecuador pretende dejar en el olvido

Por Maibort Petit

@maibortpetit

El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos demostró que la acción corrupta de Odebrecht dejó una marca en Ecuador equivalente a 33,5 millones de dólares repartidos en sobornos a funcionarios gubernamentales a cambio de la aprobación de contratos entre 2006 y 2016. Pero pese a las evidencias, la administración de Rafael Correa se empeña en obviar tales hechos premiando a la constructora con el retorno al país y la adjudicación de más contratos que dejaron en el olvido acusaciones de corrupción y demandas por más de 250 millones de dólares por sólo 20 millones de dólares que la multinacional brasileña pagó como compensación por pérdidas y que nadie sabe dónde están.

A su paso por las 27 naciones en las que tiene presencia, la constructora brasileña Odebrecht ha dejado huella por las obras que ha construido, y más recientemente por los escándalos que ha generado. Ecuador está en la lista de doce países señalados en un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos que destapó lo que se considera una "conspiración para violar" las leyes contra sobornos, específicamente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA por sus siglas en inglés.

El informe del organismo de gobierno norteamericano establece que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros, proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.

Tanto Odebrecht como su empresa relacionada Braskem, se declararon culpables el pasado 21 de diciembre de 2016 ante la justicia de Estados Unidos y acordaron cancelar 3.500 millones de dólares en multas tanto a las autoridades norteamericanas como a las de Brasil y Suiza—que colaboraron en la investigación— por el pago de sobornos a funcionarios públicos gubernamentales y políticos de Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. 

En el caso específico de Ecuador, Rafael Correa reaccionó airadamente en defensa de su gestión y de quienes estarían involucrados. Pero no solamente la gestión de Correa se encuentra cuestionada por su relación taimada con la constructora brasileña. Otras seis administraciones también lo están: las encabezadas por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio. De los últimos diez gobiernos solo quedan exentos los de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez.

Las operaciones y contrataciones de Odebrecht en Ecuador suman $2.957.037.892,33, y los sobornos otorgados totalizan 33,5 millones de dólares, según el reporte del Departamento de Justicia. Estas coimas formaban parte de un sistema con carácter orgánico y corporativo y eran canceladas a través de una “caja B” con registro documental contable, todo perfectamente organizado y canalizado por la División de Operaciones Estructuradas, una dependencia creada en 2006 por la empresa, que a la luz de las averiguaciones, no vino a ser más que un vulgar departamento de sobornos. Pero el esquema corrupto existía desde antes —años 80— con el nombre de “Sector de relaciones estratégicas”. El reporte de la entidad gubernamental norteamericana indica que los 33,5 millones de dólares pagados en coimas entre 2007 y 2016, le generaron beneficios a la constructora por 116 millones de dólares.

Y aunque no hay nombres propios que se hayan dado a conocer, sí existe un conjunto de sobrenombres y seudónimos adjudicados de acuerdo a las características físicas, personalidad o perfil profesional de los 18 personajes —por ahora— involucrados. El diario Expreso, de Ecuador, refiere que en sus averiguaciones —aún en curso—hechas sobre más de cien páginas escritas a mano, figura el financiamiento de una campaña electoral sin que hasta el momento se haya podido determinar de quién. Por los momentos, solo se conoce que en las operaciones fraudulentas figuran personajes como “Secreto 1”, “Secreto 2”, “Grosso”, “Matraca”, “Banco”, “Nipón”, “Luzes”, “Chanceller”, entre otros.

Un secreto largamente guardado

Se supone que los registros debían ser regularmente destruidos para no dejar rastros de los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios corruptos de diferentes países. Eso fue lo que creyeron los directivos del consorcio brasileño.

Pero no fue así.

Una mujer, para entonces de 20 años, quien trabajó desde 1987 como secretaria del referido departamento de sobornos de Odebrecht, fue despedida en 1992 y, desde entonces, olvidada. Su nombre es Concepción Andrade y reapareció en los escenarios brasileños al momento de estallar el escándalo. Andrade desempolvó las amarillentas hojas mecanografiadas que se llevó a su casa al momento de su despido y que contenían los registros que había levantado sobre pagos irregulares y los entregó a la justicia y a la Comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato.

La mujer conversó con el diario Expreso y afirmó que “los que constan en el listado recibían sobornos de Odebrecht” que en el expediente que maneja la justicia de Brasil aparece registrado como “Relación de socios”. Dijo además que los pagos “eran del 2 al 5% del valor de la obra” y no pueden ni deben confundirse con donaciones legales.

Los documentos que analiza el diario revelan el procedimiento seguido por la unidad de sobornos de Odebrecht para pagar las coimas a sus “socios” ecuatorianos. Recurrían a dos mecanismos. El primero de ellos, a través de vales de caja en los que se reflejaban transferencias a Guayaquil y Miami descritos como “gastos de representación”. 

La segunda vía quedó registrada en hojas separadas rellenas a mano, con descripciones como: “Equador, 800.000. Manutenção”.

Las declaraciones de Concepción Andrade refieren que “la compañía en Ecuador recibía el depósito y lo pagaba en efectivo a los implicados. Ellos exigían el pago en dólares y definían la hora y el lugar para cobrarlo”.

Los contratos en Ecuador

Como referimos al principio, siete de los diez últimos gobiernos ecuatorianos firmaron contratos con Odebrecht, por un total de $2.957.037.892,33, que estarían discriminados de la siguiente manera: La administración de León Febres Cordero, en 1987, lo hizo por $176.600.000; la de Sixto Durán, entre 1992 y 1996, firmó en dos ocasiones por $160.900.000 y por $80.586.701; Fabián Alarcón, en 1997, contrató por $126.700.000; Jamil Mahuad, en 1998, firmó contratos por $143.014.888; Gustavo Novoa, entre 2000 y 2002, ejecutó obras con la contratista brasileña y firmó en dos ocasiones, una por $286.851.129 y por $97.651674.87; Alfredo Palacio, en 2006, suscribió tres contratos por $102.674.986,69, por $157.058.512,77, y por $25.000.000; mientras que el actual gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2016, ha firmado contratos con Odebrecht por $1.600.000.000.

Odebrecht opera en Ecuador desde el 21 de agosto de 1987 cuando se encargó de la construcción del Trasvase Santa Elena, en la provincia de Guayas, un contrato suscrito con el gobierno de León Febres Cordero por $176.600.000.

Además, la empresa brasileña ha sido responsable de la construcción de importantes obras de infraestructura como la central hidroeléctrica San Francisco, la central hidroeléctrica Manduriacu, la preparación del área donde ha de construirse la Refinería del Pacífico, la Ruta Viva en la capital de la república, el trasvase Daule-Vinces, el acueducto La Esperanza, el poliducto Pascuales-Cuenca y la primera y segunda etapa del Metro de Quito.

Odebrecht también ganó el contrato para la ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, pero esta obra fue cancelada por el gobierno de Correa en razón de decidirse el redimensionamiento del proyecto.

Como ya se dijo, el informe del Departamento de Justicia de EEUU da cuenta de que los sobornos registrados en Ecuador tuvieron lugar entre el año 2007 y 2016, tiempo durante el cual el único mandatario que ha ejercido el poder en la nación suramericana es Rafael Correa.

La reacción del gobierno de Correa

Ante los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos la respuesta del gobierno de Rafael Correa no se hizo esperar y a través de un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Comunicación se dirigió a la ciudadanía para negar los hechos denunciados.

Ese documento refirió que el 23 de septiembre de 2008 el presidente Correa emitió el decreto ejecutivo 1348 por medio del cual expulsó del país a la constructora Odebrecht luego de haberse detectado una serie de “deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco —proyecto contratado en el año 2000 en el gobierno de Gustavo Noboa e inaugurado en el 2007 (…)[y] ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador y, rescindió todos sus contratos: Toachi Pilatón, Multipropósito Baba y Carrizal Chone. Además, la constructora debió ceder su participación en el Consorcio Tena, como contratista del nuevo aeropuerto de Tena”.

Agrega el comunicado que la Odebrecht volvió a operar en Ecuador en 2010, luego de que “aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional. Debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55,7 millones de dólares, así como pagar 20 millones de dólares por los costos ocasionados por la paralización de la central”.

Sostiene que los contratos ganados a partir de esa fecha se hicieron a través de concursos abiertos que le permitieron a la constructora brasileña adjudicarse el trasvase Daule-Vinces, por 299,36 millones de dólares; la central hidroeléctrica de Manduriacu, por 199,9 millones de dólares; la preparación de terreno para la Refinería del Pacífico por 303 millones de dólares; el acueducto La Esperanza por 296,01 millones de dólares; y el poliducto Pascuales-Cuenca, por 547 millones de dólares. Es decir, 1.329,46 millones de dólares, un monto nada despreciable para una compañía tenida por incumplida al extremo de expulsarla del país.

La administración de Correa subrayó como hecho curioso que habiendo estado presente Odebrecht en Ecuador desde los años 80, el informe del Departamento de Justicia sólo analiza el período 2007-2016 y obvia al resto de los gobiernos, por lo que calificó de sesgada y tendenciosa la investigación.

Igualmente, en el comunicado el gobierno cuestionó el hecho de que se acuse a funcionarios ecuatorianos en 2007 y 2008 cuando precisamente Odebrecht fue expulsada del país. 

El gobierno de Correa advirtió que “tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio. Esperamos que este no sea el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington”.

Voces en contra y contraataques 

Varias han sido las voces que se han levantado para criticar la actitud de Rafael Correa frente a la constructora Odebrecht y la denuncia que la señala de haber pagado 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales.

Una de estas voces es la de Andrés Pérez Benalcázar, compañero de fórmula —aspira a la vicepresidencia— de Guillermo Lasso quien competirá con Correa en las elecciones presidenciales pautadas para este 2017.

Sostiene Pérez que de no haber una aclaratoria por parte del gobierno, viajará a EEUU en busca de información sobre el caso. Durante una entrevista televisiva a Ecuavisa, manifestó que lo que la administración de Correa “debería hacer es simplemente acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y pedir que la lista (de presuntos involucrados) se publique”.

De persistir el silencio gubernamental Andrés Pérez refirió en la citada entrevista que "acudiré ante el juez de la corte de Nueva York para presentarme como tercero interesado y para exigirle, a través de la normativa vigente en los Estados Unidos, que se revele esa lista porque el Ecuador exige conocer quiénes son los autores de este nuevo atraco al Estado ecuatoriano".

Otro que anunció viaje a Estados Unidos es el alcalde Quito, Mauricio Rodas, quien en su cuenta en la red social Twitter dijo: “Viajaré inmediatamente a Washington, para manifestar el interés de @MunicipioQuito y los quiteños para q Dpto.Justicia revele información”.

Y es que el gobierno de Rafael Correa al eximirse de culpas en el caso, subrayó con sumo énfasis en su comunicado oficial que “el único contrato que tiene Odebrecht vigente en Ecuador es con el municipio de Quito, mediante el Consorcio Acciona-Odebrecht, para la construcción de la fase 2 del Metro de Quito, por un monto de 1.538 millones de dólares, suma que, por sí sola, prácticamente equivale a todos los contratos mantenidos con el Gobierno Nacional”.

El 6 de enero del presente año 2017, la Fiscalía General del Ecuador allanó la residencia del asesor principal de Mauricio Rodas, Mauro Terán Vásconez y procedió a detenerlo. 

La aprehensión de Terán, según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación, obedece a que “este ‘asesor’, sin sueldo ni cargo aparente, no registra entre 2010 y 2016 ninguna actividad económica reportada a la autoridad tributaria, ni declara impuesto a la renta a pesar de haber tenido ingresos entre 2014 y 2016 por más de cinco millones y medio de dólares”.

El comunicado de prensa señala que los ingresos más fuertes de Mauro Terán los percibió en 2015, fecha que “coincide con el año en el que se adjudicó y firmó el contrato para la segunda fase de construcción del Metro de Quito cerrado con el consorcio Acciona-Odebrecht”. 

Los ingresos de Mauro Terán reportados por la banca estadounidense son, según el reporte gubernamental: en 2010, 52.882 dólares; en 2011, 317.697 dólares;  en 2012, 269.401 dólares; en 2013, 319.770 dólares; en 2014, 2.624.729 dólares; en 2015, 2.352.876 dólares; en 2016, 497.760 dólares.

Y mientras el alcalde Quito, Mauricio Rodas, defiende la integridad de Terán a quien describe como un gran colaborador que no es empleado municipal y cataloga de “maliciosa” e “inaceptable” la estrategia del gobierno nacional de pretender vincular una investigación tributaria y particular con el contrato del Metro de Quito por un mero objetivo electoral, el presidente Rafael Correa sugirió en declaraciones a El Expreso que "en vez de viajar a Washington a hablar con quien quiera, debería explicar o decirle a su amigo por qué tiene 6 millones de dólares depositados entre 2014 y 2015, cuando llega la nueva administración municipal y coincidente con los contratos del Metro de Quito”.

Correa ahora defiende a Odebrecht

Por contradictorio que parezca, la misma administración de gobierno que en 2008 decidió expulsar a Odebrecht por incumplimiento, ahora la defiende a capa y espada.

El diario La República da cuenta de afirmaciones de Correa defendiendo el contrato de la constructora brasileña para la obra de la represa central hidroeléctrica Manduriacu, en las que advierte que los contratos complementarios con Odebrecht “no son sobreprecios”, al tiempo que refiere que dichos contratos han sido auditados al cien por ciento. 

Correa inauguró en marzo de 2015 la central hidroeléctrica Manduriacu y para esa misma fecha la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que el contrato original de la obra, estipulado en 124.881.250 dólares en un principio, sufrió un incremento a 227.389.966,63 dólares, acusando un sobreprecio de 82%.

Asimismo, la Secretaría de Comunicación en otro parte de prensa sostiene que la empresa  cumplió con todos los requerimientos para volver a Ecuador: “Los errores de la constructora brasileña Odebrecht fueron enmendados oportunamente para cumplir con todos los requerimientos que exige el Instituto Nacional de Compras Públicas (INCOP) y acceder como contratista en la Refinería del Pacífico”.

La pregunta obligada ante esta nueva posición del gobierno de Rafael Correa apunta a saber dónde quedaron y por qué el giro a aquellas afirmaciones que en su momento hiciera sobre Odebrecht ante las graves fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco y que en el portal Plan V. Los periodistas Fernando Villavicencio y Christian Zurita se encargan de refrescar: “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado", dijo tajante el presidente ecuatoriano en 2008 cuando aseguró que conocía perfectamente la magnitud de los manejos dolosos y los nombres de los corruptos.

Al parecer, Correa decidió guardar en un cofre inexpugnable tales secretos, advierten los comunicadores cuando recuerdan la promesa del presidente: “No descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país". Al parecer se cansó. 

La mano de Lula

Según refieren Villavicencio y Zurita, fue la intervención del expresidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, la que logró suspender todas las acciones judiciales emprendidas por Correa contra Odebrecht, no solamente en Ecuador sino también fuera de ese país, las cuales sumaban en conjunto 250 millones de dólares. 

La firma del Convenio de Transacción el 8 de julio de 2010, entre Hidropastaza y Norberto Odebrecht, —acuerdo hecho sin la autorización del Procurador del Estado— sirvió para borrar de la memoria de Correa todas las acusaciones de corrupción contra la constructora. Eso, y el pago de 20 millones dólares por concepto de pérdidas que echaron por tierra las glosas establecidas por la Contraloría por 70 millones de dólares.

La amnesia que el acuerdo causó en Rafael Correa dejó también en el olvido una auditoría de la firma Electroconsul que aseguró que las pérdidas ocasionadas por la paralización de los trabajos en la represa San Francisco lanzaban la cifra de 83 millones de dólares. Incluso, la propia Odebrecht había ofrecido pagar por ello 43 millones de dólares. Pero el gobierno de Correa se conformó solamente con 20 millones de dólares, un dinero del que se desconoce el destino.

Otro round: Ros-Lehtinen versus Correa

En esta odisea de peleas, otro capítulo lo constituye el choque entre la representante republicana estadounidense, Ileana Ros-Lehtinen, y el presidente Correa.

La congresista norteamericana solicitó el 5 de enero de 2017 a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, revelar los nombres de los funcionarios gubernamentales ecuatorianos que recibieron sobornos de Odebrecht entre 2006 y 2016.  

“Estoy requiriendo que usted revele los nombres de los funcionarios públicos ecuatorianos referidos en el acuerdo de culpabilidad con ejecutivos de Odebrecht y de otros individuos involucrados en corrupción en Ecuador”, reza la carta de la legisladora al momento de argumentar su solicitud con la advertencia de que en Ecuador no hay garantías judiciales para que los nombres salgan a la luz.

“La presión política de Correa, además de la corrupción y la falta de independencia judicial bajo su Gobierno, hace altamente improbable que los fiscales ecuatorianos revelen los nombres de los funcionarios implicados en el caso Odebrecht o los lleven a juicio”, asegura Ros-Lehtinen a la fiscal Lynch en la misiva.

Rafael Correa contestó a la legisladora estadounidense en su programa televisivo del 7 de enero de 2007, haciendo referencia, en primer lugar, a que la solicitud de la congresista la formula a título personal, para luego advertir que los funcionarios involucrados no formarían parte de su gobierno sino de otras instancias del poder en clara alusión a la alcaldía de Quito: “pronto sabrá el país lo que verdaderamente está pasando”.

Correa quiso desviar la atención del caso Odebrecht a la vieja disputa que mantiene con los hermanos William y Roberto Isaías, acusados y sentenciados en Ecuador por fraude bancario y que en la actualidad residen en Miami. El mandatario acusa a los hermanos Isaías de orquestar una campaña para politizar el caso Odebrecht con el único objetivo, supuestamente, de afectar a su gobierno. 

Los CapayaLeaks

Otro que se pronunció respecto al caso Odebrecht desde Estados Unidos a donde huyó, fue el exgerente general de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli. El exfuncionario gubernamental ha remecido los cimientos de la administración de Correa con las revelaciones que ha hecho a varios periodistas y que ahora se conocen como CapayaLeaks. También a través de cuenta @capayaleaksecu en la red social Twitter, ha lanzado una serie de mensajes de alto contenido explosivo, pues dan a conocer los manejos irregulares en la administración de la estatal Petroecuador y, en general, sobre el gobierno de Rafael Correa.

Entre los comunicadores con los que conversó Pareja Yannuzzelli está Tania Tinoco de Ecuavisa, a quien expuso que determinar quiénes fueron los funcionarios del gobierno que recibieron comisiones por parte de la constructora brasileña Odebrecht es sumamente sencillo.

Advierte que no es necesario esperar a que Brasil informe quiénes son, pues basta con echar un vistazo a los contratos que el consorcio firmó en Ecuador.

En tal sentido, Pareja Yannuzzelli precisó que “llegar a saber los nombres de Odebrecht (…) llegar a esos nombres es más fácil que la tabla del uno. En Petroecuador en este gobierno Odebrecht firmó alrededor de 600 millones de dólares, es facilito, ¿quién firmó los contratos de Odebrecht en Petroecuador? ¿Quién era el gerente refinería del Pacífico en ese momento que firmó un contrato de casi 300 millones por el movimiento de tierra? ¿Quiénes fueron los miembros del directorio que aprobaron los contratos? ¿Quién fue el fiscalizador, el administrador del contrato y las comisiones que llegaron al precio?” .

Gobierno de Ecuador en mora

Pese a que Odebrecht ha acordado con las autoridades de seis países la devolución de los montos de los sobornos y algunas compensaciones, en Ecuador no se tiene información al respecto ni hay detenidos por estas graves denuncias. 

Se sabe que República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Colombia y Perú han llegado a acuerdos con la constructora brasileña. Sin embargo la Procuraduría General del Estado continúa en silencio en lo que a Ecuador respecta, y pese a los esfuerzos por obtener un pronunciamiento, el organismo se mantiene inmutable, de acuerdo al diario El Comercio.

En la opinión del jurista, Ramiro Román, consultado por El Comercio, las autoridades ecuatorianas han debido activarse en este sentido y emitir una queja internacional para gestionar el pago a Ecuador por parte de Odebrecht. “Para mí, de fondo, existe algo. ¿A quién protege? ¿Qué intereses hay? No existe otra conclusión frente a esto”.

La Fiscalía recientemente solicitó información a la Procuraduría sobre los contratos que la empresa brasileña firmó en Ecuador y el Servicio de Rentas Internas, SRI, reconoció que Odebrecht pudo haberse valido de empresas fantasmas o instrumentales para ocultar ingresos ilícitos. Y aunque el gobierno de Correa ha rechazado la versión “sin pruebas ni beneficio de inventario” ofrecida por los directivos de la constructora Estados Unidos, la Corte de Justicia de Brasil avaló los testimonios entregados por los ex-ejecutivos de la firma. Entretanto, en Ecuador se mantiene el mutismo y hasta el momento no hay detenidos ni indagados. 

La fiscalía emitió el 31 de enero pasado un escueto comunicado en el que dicen que Ecuador ha solicitado “asistencias penales” a Estados Unidos, Brasil Suiza y España, al tiempo que han pedido información a la Contraloría, Procuraduría, SRI, Servicio Nacional de Contratación Pública y a las Superintendencias de Bancos y Compañías. 

El fiscal general, Galo Chiriboga, se excusó recientemente de dar detalles de la investigación bajo el argumento de que es un caso reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer el proceso”. 

Chiriboga viajó a EEUU donde se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de ese país con la intención de acceder a los nombres de quienes habrían recibido los supuestos sobornos. En el encuentro participaron Bruce Swartz, fiscal general adjunto de Estados Unidos y otros 12 funcionarios de diversas unidades de investigación del caso en Washington y Nueva York, así como una representación del FBI. En la cita Swartz le precisó a Chiriboga que la información es reservada y que no se puede hacer pública. Esta es la razón por la cual en otros países se han impulsado averiguaciones independientes . 

Gobierno ecuatoriano contrata estudio jurídico en Brasil

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, informó que el gobierno contrató los servicios de un escritorio jurídico en Brasil con el objeto de que represente los interese ecuatorianos en la investigación que en la nación carioca se sigue sobre el caso Odebrecht.

El alto funcionario se trasladó a finales de enero a Brasil para obtener información sobre el proceso judicial "Lava jato".  

Especialistas cuestionan esta contratación por cuanto estiman que Gobierno no puede realizar una investigación particular sobre un caso judicializado en Ecuador, pero Mera justificó la acción asegurando que el estudio jurídico “Tozzini Freire Abogados” defenderá los intereses ecuatorianos en el caso.

Alexis Mera se abstuvo de informar sobre los detalles del contrato suscrito con los abogados brasileños alegando que se trata de información reservada.

Cooperación española en el caso

Por el caso la fiscalía ecuatoriana también diligenció la cooperación de sus pares en España a objeto de que le tomen declaración a un implicado en el caso que se encuentra detenido en la nación ibérica.

España aceptó el pedido e interrogará a Rodrigo Tecla Durán, abogado de la constructora Odebrecht que está detenido en el país europeo por el delito de lavado de dinero, soborno a funcionarios y por ser integrante de una organización criminal.

Tecla Durán está detenido en España por pedido de Brasil, nación que lo acusa de ser el presunto responsable del pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.

El fiscal ecuatoriano del caso, Wilson Toainga, informó que remitieron un cuestionario de 20 preguntas como Asistencia Penal Internacional.

Toainga aseguró que las investigaciones están en curso, negando así la versión de estancamiento de las averiguaciones en Ecuador.

Entretanto, la cadena de descalificaciones continúa, la incertidumbre y las dudas sobre este caso se van desdibujando en la memoria de los ecuatorianos que parecen bailar al son de la melodía que desde el gobierno central se interpreta para alejar la atención de las corruptelas que día tras día explotan una tras otra.