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lunes, 7 de septiembre de 2020

Los beneficios obtenidos por Mathias Krull, el banquero que informó a EE. UU. sobre la trama criminal que involucra a Maduro, Raúl Gorrín y los bolichicos

 Por Maibort Petit

  Su disposición a suministrar información a la fiscalía y a otras agencias del gobierno de los Estados Unidos, ha redundado en las condiciones bajo las cumple su pena. De hecho, puede asistir a retiros espirituales en su iglesia.

  Haberse declarado culpable y dispuesto a colaborar con la justicia de los Estados Unidos para aclarar, tanto su caso, como otras causas en curso de investigación, concedió a Mathias Krull —sentenciado a cumplir 10 años de prisión por el delito de conspiración para lavar USD 1.200 millones provenientes de negociaciones irregulares en Petróleos de Venezuela S.A.— hacerse acreedor de una serie de beneficios que hoy  le permiten cumplir su pena en arresto domiciliario y con movilidad restringida, así como el pago de una multa de un monto considerablemente bajo en comparación a la magnitud del desfalco del cual formó parte.

  Krull puede moverse llevar a su hijo a la escuela y a otras actividades extracurriculares, ir al médico y hasta asistir a retiros espirituales en en una iglesia.

  Ante la Corte del Distrito Sur de Florida se ventiló el caso en el que los Estados Unidos acusan a Mathias Krull, de participar en una conspiración para cometer lavado de dinero.

  Krull, un ciudadano alemán y residente panameño fue arrestado en Miami el 24 de julio de 2018: Igualmente fue detenido en esa ocasión el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri. Ambos, integrarían el grupo conformado por Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Eduardo Ortega, Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, que diseñaron y estructuraron una sofisticada trama de corrupción que permitió lavar USD 1.200 millones provenientes de negociaciones irregulares con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Un delito que la justicia estadounidense se propuso probar más allá de toda duda razonable, como lo exponen los documentos del caso.

El esquema de corrupción

  La trama de corrupción se estructuró a la sombra del sistema de control de cambios que durante años ha regido en Venezuela, cuyas distorsiones permiten el fraude. Siendo PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas del país, es en torno a ella que se estructuran los esquemas corruptos de malversación de divisas.

  Fue así que Krull y los otros, conspiraron para lavar y realizar transacciones monetarias con las ganancias del esquema de cambio de moneda corrupto con la petrolera, lo cual ocurrió entre diciembre de 2014 y  julio de 2018, cuando los involucrados llevaron a cabo un conjunto de transacciones monetarias para lavar cientos de millones de millones de que eran el producto de una actividad delictiva. Se trataba de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), operaciones en las que se cumplían los preceptos delictivos definidos en el Código de los Estados Unidos.

  Del mismo modo, la acusación establece que Krull y otros, viajaron y utilizaron instalaciones de comercio interestatal y extranjero para administrar y promover tanto sus actividades de lavado de dinero como las violaciones de la Ley de Secreto Bancario.

  El propósito de la conspiración en este caso fue lavar USD 1.2 mil millones de fondos malversados ​​de PDVSA por funcionarios venezolanos, entre ellos el "Funcionario venezolano 1" (vicepresidente de PDVSA) que era un "funcionario extranjero", según se define ese término en el FCPA, y quién autorizó la malversación a cambio de sobornos.

 Las investigaciones permitieron determinar que los fondos  malversados a través del esquema de cambio del dinero proveniente de PDVSA, se hizo en beneficio de la empresa Eaton Global, todo disfrazando la operación irregular como un acuerdo de "financiamiento".

  Entre los documentos recabados en la averiguación, tres permitieron evidenciar las operaciones fraudulentas, en primer lugar, un contrato de préstamo, de fecha 17 de diciembre de 2014, entre PDVSA y Rantor Capital C.A., una empresa fantasma venezolana, en la que esta última prestó 7,2 mil millones de bolívares a la estatal petrolera. Dicho contrato de préstamo fue ejecutado por el “Funcionario Venezolano 1”.

  El segundo documento fue un contrato de cesión,fechado el 23 de diciembre de 2014, entre Rantor y Eaton Global, donde la primera cedió sus derechos como acreedor de PDVSA a la segunda y en el que se contemplaba que la estatal cancelaría la deuda en un término de 180 días mediante el pago de USD 600 millones.

  El tercer documento fue una carta de notificación de cesión, con fecha del 23 de diciembre de 2014, en la que Eaton Global informaba a PDVSA de la cesión y sugería a la petrolera reembolsar el préstamo de 7.200 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones.

  La empresa Eaton Global estaba controlada por miembros de la conspiración y recibió cerca de 511 millones de euros de PDVSA luego de prestar a PDVSA alrededor de 7.200 millones de bolívares (por valor de unos 35 millones de euros) por no más de unos meses.

  Tanto el Oficial Venezolano 1 como los otros funcionarios que facilitaron la negociación irregular, recibieron sobornos provenientes de los ingresos fraudulentos. Dichos sobornos violaron, tanto la ley venezolana, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. porque uno o más miembros de la conspiración participaron en actos de corrupción dentro del territorio de los Estados Unidos. En todos los momentos relevantes:

  Con el producto de las operaciones irregulares que se pagaron a Eaton Global se violó el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (c) (7).

  Los integrantes de la trama acordaron dividir los ingresos netos del esquema de malversación de divisas de PDVSA entregando 227 millones de euros a “Boli” (Francisco Convit Guruceaga y “Conspirator 2”); 227 millones de euros fueron para "Conspirador 7".

  Luego, acordaron distribuir las ganancias entregando al “Boli” unos 78 millones de euros a través de una fuente confidencial (CS), quien recibió instrucciones de entregar los fondos a Carmelo Urdaneta Aquí, Abraham Ortega, “Conspiradores 1 y 3” y Oficial Venezolano 1 ”.

  Asimismo, “Conspirador 7” envió aproximadamente 159 millones de euros a “Los Chamos”, quienes resultaron ser los hijastros del “Oficial Venezolano 2”, quien era un “funcionario extranjero” como se define ese término en la FCPA y que a saber están los hijos de Cilia Flores.

El papel de Krull

  En esta trama de corrupción, el papel de Mathias Krull fue el de banquero y facilitador de lavado de dinero para “Conspirator 7” y otros.

  Krull trabajo en un banco suizo hasta mayo de 2018. Allí fue Director Gerente y Vicepresidente, correspondiéndole la responsabilidad de atraer clientes de banca privada al banco, principalmente de Venezuela.

  Entre los clientes de Krull desde hacía varios años,  estaban Francisco Convit Guruceaga y Conspiradores 2, 7 y 9.

  En 2016, Conspirador 7, contactó a Krull para darle a conocer la operación de lavado de las ganancias del plan de malversación de divisas de PDVSA que planeaban.

  Conspirador 7 informó a Krull sobre USD 600 millones generados a partir de contratos de divisas que era necesario movilizar y depositar. Krull preguntó el origen de los fondos y el Conspirador 7 le entregó  una copia de un apéndice al contrato de préstamo original de PDVSA y Rantor, que duplicó la línea de crédito inicial de 7.2 a 14 mil millones de bolívares. La enmienda fue de fecha 25 de mayo de 2015 e incorporó específicamente el contrato de préstamo inicial de PDVSA.

  Después, Conspirador 7 convocó a Krull a su oficina en Venezuela con respecto a un tramo de dinero por valor de unos USD 200 millones y declaró que necesitaba una solución urgente para mover estos fondos. En ese encuentro, Conspirador 7 le presentó a Krull a Mario Enrique Bonilla Valera (anteriormente conocido como “Conspirador 8”) y al “Conspirador 10”, a quienes el primero representaba.

  Igualmente, Conspirador 7 le informó a Krull que "Mario" representaba a “Los Chamos” (los hijastros de Nicolás Maduro), quienes lo habían ayudado a resolver problemas con el Oficial venezolano 2 (Maduro), al intervenir con su madre. Mario Enrique Bonilla Vallera y Conspirator 10 serían los titulares de cuentas falsas de “Los Chamos” para cualquier solución que Krull proporcionara.

  Krull acordó ayudar y unirse a la conspiración para lavar los fondos.

  Después de esto, Krull se reunió con Mario Enrique Bonilla Valera y el Conspirador 10 en varias ocasiones con el objetivo de ayudarlos a recibir los fondos de PDVSA como testaferros de los “Chamos”, incluso como parte de un plan propuesto para utilizar una estructura de lavado de dinero con Global Securities Advisors y Gustavo Hernandez Frieri en Miami, Florida, que incluía depósitos a realizar en la Institución Financiera de EE. UU. 1.

  Krull y Conspirator 7 tuvieron otros encuentros, entre ellos en Fisher Island en el Distrito Sur de Florida. Conspirator 7 llamó al Conspirador 11 para preguntarle sobre ellos documentos que debían entregárseles a Krull para mover los fondos para “Los Chamos”.

 Mathias Krull estaba al tanto de otras gestiones de Conspirador 7 cuando anteriormente había ayudado, en el contexto de otro esquema de corrupción, a un funcionario venezolano de alto nivel. También estaba consciente de que, en esta ocasión, también estaba participando en una conspiración ilegal de lavado de dinero y que los fondos que estaba tratando de ocultar eran el producto de la actividad delictiva y el soborno en particular.

La fianza y prisión domiciliaria

  El 5 de septiembre de 2018, Cecilia M. Altonaga, juez del Distrito Sur de Florida, aprobó una moción para modificar las condiciones de la fianza establecida a Mathias Krull, cuyo caso identificado con el número 18-20682, se dirime en dicho tribunal.

 De este modo, se requirió una fianza de garantía personal de USD 5.000.000, la cual firmó la esposa del demandado, Tatiana Seara Krull.

  La fianza quedó asegurada con un inmueble ubicado en 1300 Brickell Bay Drive, # 3903, en Miami, Florida 33131, la cual no podrá ser vendida, hipotecada o gravada sin autorización judicial. Igualmente, la juez estipuló que la fianza estará además asegurada por un depósito de USD 2.500.000 en una cuenta fiduciaria a nombre de las Oficinas Legales de Oscar S. Rodríguez.

  La juez Altonaga otorgó a Mathias Krull prisión domiciliaria y determinó que debería permanecer confinado en su  hogar con monitoreo electrónico, cuyos costos correrán por cuenta del demandado. Se le permite llevar a sus hijos a la escuela y actividades extraescolares; acudir a la Iglesia; a reuniones de abogados; a comparecencias en la corte y a citas médicas. Todas estas actividades serán informadas, por adelantado, a su supervisor de libertad condicional.

  La fiscal del Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshan, expresó la satisfacción de la fiscalía por el Fallo de Sanciones Penales Monetarias (multa) fijada el 29 de octubre de 2018 contra Matthias Krull por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Krul se declara culpable

  El 22 de agosto de 2018, Mathias Krull aceptó declararse culpable del cargo de conspiración para cometer lavado múltiple.

  Esto en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a).

La juez dicta sentencia

  El 29 de octubre de 2018, la juez Cecilia Altonaga, condenó a Mathias Krull a prisión por participar en un plan internacional de lavado de dinero de miles de millones de dólares, fondos estos provenientes de desfalcos a la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA.

  Krull, exdirector gerente y vicepresidente de un banco suizo, fue sentenciado a 10 años de prisión (120 meses), luego de haberse declarado culpable.

  El Tribunal recomendó designar a Krull para FCI Miami.

  Arresto domiciliario y colaboración con el gobierno

  La defensa de Mathias Krull solicitó un plazo para la entrega de su cliente de 90 días adicionales, con lo cual su presentación se produciría el 29 de julio de 2019.

  Tras haber llegado a un acuerdo con la fiscalía y declararse culpable y luego ser sentenciado, Krull continuó ayudando a la fiscalía en sus investigaciones, tanto las referidas a su caso como de otros.

 En tal sentido Krull obtuvo el beneficio de arresto domiciliario.

La multa

  El día 26 de octubre de 2018, la jueza Altonaga concedió a Mathias Krull una moción y ordenó una multa de USD 600.000.

 Igualmente, determinó que de conformidad con la Regla 32.2 (c) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, no se requería ningún procedimiento auxiliar ya que el decomiso solicitado consistía únicamente en un fallo monetario.

   La jueza declaró que de conformidad con la Regla 32.2 (b) (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, la orden era definitiva y formará parte de la sentencia.


Liberación de inmueble

  El Tribunal del Distrito Sur de la Florida informó que la sentencia de decomiso de dinero de USD 600.000 impuesta Matthias Krull se cumplió plenamente y, por tanto, Estados Unidos liberó cualquier interés que pudiera tener en un inmueble ubicado en 1300 Brickell Bay Drive, Unidad 3903, Miami, Florida.

  El tribunal había impuesto a Krull el 26 de octubre de 2018, una multa de USD 600.000 que el demandado acordó satisfacer en un plazo de entregando  como activo sustituto, la citada propiedad.

  En vista de que el 30 de noviembre de 2018, a 32 días de su sentencia, el demandado entregó cheques por un total de USD 500.000 en satisfacción parcial de su sentencia de decomiso de dinero.

  Estados Unidos acordó aceptar dicho pago dos días después de la fecha límite de 30 días y otorgó hasta el 15 de enero de 2019 el plazo para satisfacer el saldo de USD 100.000 de la sentencia de decomiso de dinero, lo cual ocurrió en la fecha prevista.

  Dado que Mathias Krull cumplió con la multa en su totalidad, Estados Unidos liberó la propiedad.

Moción para modificar condiciones de la fianza

  El 7 de febrero de 2019, Mathias Krull, a través de su abogado, Óscar S. Rodríguez, presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde se sigue su causa identificada con el número 18-20682, una moción sin oposición para la modificación de las condiciones de su fianza.

  Krull se declaró culpable ante dicha Corte el 22 de agosto de 2018 y fue sentenciado el 29 de octubre de 2018, habiéndole permitido el acuerdo al que llegó con la fiscalía,  permanecer en libertad bajo fianza con una fecha de entrega futura. Las condiciones de liberación contemplan que permanezca en confinamiento domiciliario con vigilancia electrónica en el horario comprendido entre las 7:30 p.m. y las 7:30 a.m.

  Se indicaba que Krull mantenía contacto permanente con su supervisor de libertad condicional y había cumplido diligentemente con todas las condiciones de liberación.

  Krull solicitó la modificación de sus condiciones de confinamiento domiciliario para poder asistir a un retiro religioso desde el 17 de mayo de 2019 a las 6:00 p.m. hasta el 19 de mayo de 2019 a las 16:00, el cual se llevaría a cabo en la Iglesia Madre de Cristo, ubicada en 14141 SW 26th Street, Miami, FL 33176. El pedido obedeció a que los participantes del retiro debían permanecer en las instalaciones en todo momento y no se les permitía regresar si se iban.

  Ni la fiscalíA ni el oficial supervisor de libertad condicional Krull manifestaron objeciones.

Modificación del confinamiento

  El 21 de febrero de 2020, la jueza Cecilia Altonaga, otorgó una moción para modificar las condiciones de confinamiento domiciliario de Matthias Krull y se le permitió salir de su residencia durante el horario de toque de queda de 7:30 p.m. a 7:30 a.m. para llevar a su hijo hacia y desde las actividades extracurriculares programadas. Krull no necesitaría permiso de la corte para tales actividades, pero primero debía obtener la aprobación por escrito de su supervisor de libertad condicional para estar fuera de su residencia durante las horas de toque de quedan especificadas.



miércoles, 25 de marzo de 2020

Conoce las confesiones que Abraham Edgardo Ortega, el funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de $ 1.200 millones, le hizo a los fiscales de EE. UU.

  El ex-director ejecutivo de planificación financiera de la estatal petrolera aguarda aún por la sentencia que habrá de fijar la juez del Tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Por Maibort Petit
@maibortpetit


   Los abogados de Abraham Edgardo Ortega, solicitaron al tribunal que cambie la fecha de la sentencia prevista para el 1 de abril de 2020, por 60 días, al igual que solicitaron que el acusado permanezca en su casa, en la ciudad de Miami Beach, argumentando como razones, el impacto de la pandemia COVID-19 en el estado de la Florida.  Proponen que la audiencia de la sentencia sea fijada para el 1 de junio de 2020. La jueza aún no ha respondido.

Las confesiones 

  Abraham Edgardo Ortega formó parte de la conspiración para lavar miles de millones de dólares producto de operaciones irregulares de PDVSA de la cual fueron protagonistas: Francisco Convit Guruceaga[1]; José Vicente Amparan Croquer, alias "Chente"[2]; Carmelo Urdaneta Aquí; Gustavo Adolfo Hernández Frieri[3]; Hugo Andre Ramalho Gois; Mathias Krull; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, 9 conspiradores y tres oficiales venezolanos. 

  La investigación encubierta denominada “Money Flight” emprendida por la Fuerza de Tarea de Delincuencia Organizada y Control de Drogas (OCDETF), la cual tuvo su origen en la delación que una Fuente Confidencial (Confidential Source) hizo ante las autoridades de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Miami (HSI, por las siglas en inglés de Homeland Security Investigations) en 2016, cuando dio a conocer que había sido contactada por operadores financieros venezolanos —conocidos en el argot popular como “boliburgueses”, enriquecidos bajo el amparo de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— para legitimar USD 78 millones provenientes de una transacción cambiaria irregular que se había efectuado entre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y la empresa Rantor Capital. Al final esta operación totalizaría USD 1.200 millones de los cuales se destinaría una parte para pagar sobornos a los ejecutivos de la estatal petrolera que habrían facilitado la negociación fraudulenta. A partir de la delación de la CS, esta comenzó a trabajar con las autoridades en la investigación.

  La actividad de rastro de la operación se extendió por dos años en los que se hicieron más de cien grabaciones que revelaron el modus operandi que los protagonistas de la trama utilizaron legitimar los capitales irregulares, usando bienes raíces en Miami y esquemas sofisticados de falsas inversiones.

 Estos hechos se constituyeron en la causa probable para iniciar el proceso judicial en contra de los indiciados.
   El exdirector ejecutivo de planificación financiera de la petrolera estatal venezolana se declaró culpable y se espera que la jueza del distrito Sur de la Florida, Kathleen M. Williams del distrito sur de Florida, establezca la sentencia que fije la pena que Ortega deberá pagar.

  Valiéndose de su posición en la empresa venezolana, Ortega USD 5 millones en sobornos a cambio de catalogar de prioritaria a una empresa francesa y un banco ruso y de esta manera hacerlos beneficiarios de contrato de préstamo a favor de la empresa conjunta de la que ambos son accionistas. El soborno provino de un esquema de cambio de moneda que permitió malversar USD 1.2 mil millones.

 Ortega también aceptó USD 12 millones en sobornos por su participación en un esquema de malversación de fondos de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas. Este monto fue lavado entre Ortega y un coacusado a través de un sofisticado esquema de falsas inversiones. En este esquema participaron administradores de dinero cómplices, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, los cuales operaban como una red de lavadores profesionales de dinero y quienes fueron acusados el 16 de agosto de 2018[4].

  Por estos hechos el tribunal ha procedido a la incautación de una serie de propiedades en Miami, Panamá, así como bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas[5]. A estas se suma una nueva propiedad en Miami de la que damos cuenta en esta entrega. La Corte del Distrito Sur de la Florida ha adoptado decisiones para impedir que terceros, entre ellos una mujer vinculada a Raúl Gorrín, recupere algunos bienes relacionados con esta trama de corrupción[6].

  Abraham Ortega fue detenido el 11 de septiembre de 2018 y puesto a la orden de los tribunales.

La declaración de culpabilidad

 El 31 de octubre de 2018, la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Sur de la Florida, en la persona de Ariana Fajardo, junto a la División Criminal del Departamento de Justicia, y el demandado, Abraham Edgardo Ortega, un suscribieron un acuerdo en el que el último se declaró culpable del delito de conspirar para cometer lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1956 (h) y 1957 (a), el cual presentaron ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.
   En el texto del acuerdo, primeramente, se estableció que habiendo Ortega entendido su derecho a que se presentaran pruebas y cargos en su contra ante un gran jurado federal que determinaría la existencia o no de una causa probable que supusiera la comisión de su parte del delito por el que se le acusa, procedió a realizar consultas con su abogado, que lo llevaron a renunciar en audiencia pública a su derecho de enjuiciamiento por sentencia.
  El gobierno acordó desestimar los cargos 1, 2, 3 y 7 de la acusación contra el acusado.

  Por su parte, el acusado se manifestó consciente de que corresponderá al tribunal calcular y establecer la sentencia, luego de recibir y analizar las pautas y directrices federales. Lo que ocurrirá después de que se haya presentado la declaración de culpabilidad. El acusado igualmente reconoce que el tribunal puede apartarse del rango de la guía de sentencia consultiva que calcule y puede aumentar o disminuir esa sentencia consultiva en virtud de las directrices de sentencia. El Tribunal puede adaptar la sentencia definitiva a la luz de otras preocupaciones legales, y dicha sentencia puede ser más severa o menos severa que la recomendada.

   Refiere el acuerdo que el acusado comprende y reconoce que el tribunal puede imponer una pena de prisión de hasta 10 años y puede imponer una libertad supervisada de hasta 3 años. Además de la penda prisión, el tribunal tiene la facultad de imponer una multa de hasta USD 250.000 o el doble del monto de la propiedad derivada del delito involucrada en las transacciones, lo que sea mayor, y puede ordenar la confiscación y restitución penal.

  El acusado deberá pagar USD 100 por concepto de una evaluación especial y de no poder pagarlos, deberá demostrar ante la corte su incapacidad para ello.

 Refiere el acuerdo que la fiscalía recomendaría al tribunal la reducción de la sentencia en dos niveles el nivel de la directriz de sentencia aplicable al delito del acusado, de conformidad con la Sección 3E 1.1 (a) de las Directrices de Sentencia, basado en el reconocimiento del acusado y la afirmativa y oportuna aceptación de responsabilidad personal. En tal sentido, si cuando se dictare la sentencia, está fuera igual o superare el nivel 16, entonces procederá a presentar ante la corte una moción solicitando una disminución adicional de un nivel, indicando que el acusado ha asistido a las autoridades en la investigación o enjuiciamiento de la mala conducta del acusado, notificando oportunamente sobre la intención del acusado de declararse culpable y así evitar el proceso judicial.

  La fiscalía no estará obligada a presentar la citada moción, si el acusado: (a) no cumple o se niega a hacer una revelación completa, precisa y completa a la oficina de libertad condicional de las circunstancias que rodean la conducta del delito relevante haber tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; b) se encuentra que ha tergiversado los hechos ante el gobierno antes de celebrar este acuerdo de declaración de culpabilidad; c) comete una conducta indebida después de firmar el acuerdo de declaración de culpabilidad, que incluye, entre otros, cometer un delito estatal o federal, violar cualquier término de liberación o hacer declaraciones falsas o declaraciones falsas a cualquier entidad gubernamental u oficial; o, d) no asiste completamente en la pérdida de los activos como se establece en este acuerdo de declaración de culpabilidad.

  Entretanto, el acusado se comprometió a cooperar  plenamente con la fiscalía al: a) proporcionar información y testimonio veraces y completos, y producir documentos, registros y otras pruebas, cuando se le solicite, ya sea en entrevistas, antes de un gran jurado, o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial; b) comparecer en los procedimientos del gran jurado, audiencias, juicios y otros procedimientos judiciales, y en las reuniones, según lo requiera la fiscalía; y c) si así lo solicita la fiscalía, trabajar en una función encubierta bajo la supervisión y cumplimiento de los agentes y agentes de la ley.

  Quedó entendido que el acusado reconoce que el tribunal no tiene la obligación de otorgar una moción para la reducción de la sentencia presentada por la fiscalía.
  Se establece que el acusado, consciente de que los términos del acuerdo no constituyen una promesa de que el tribunal acoja la recomendación de la fiscalía, no podrá retirar su declaración basada en la decisión de la corte de no aceptar la propuesta por el gobierno.

  El acusado renuncia voluntaria e inmediatamente a todos los bienes que poseyere en los Estados Unidos y que estuvieran involucrados en la violación de la ley. En tal sentido, reconoce su propiedad, aunque no se limita, sobre: i) la suma de, al menos, USD 12 millones que puede solicitarse como un juicio por pérdida de dinero; ii) activos depositados en los números de cuenta 1466054, 1465724 y 55102421 en City National Bank en Nueva Jersey en poder de Global Securities Trade Finance; iii) activos depositados en la cuenta/cartera número 1303311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Las Bahamas, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase D Serie D-l; iv) todos los activos depositados en la cuenta/cartera número 10.609020 en Zaratini & Co. Bank en Lugano, Suiza, a nombre de Big Green Valley SA, incluidas, entre otras, todas las acciones de Global Securities Trade Finance Clase C ; y v) todos los activos depositados en la cuenta número 200020600 en Ansbacher Limited en Las Bahamas, a nombre de Greatwalls FS.

   El acusado se comprometió a colaborar con la fiscalía en todos los procedimientos, ya sean administrativos o judiciales, que involucren la confiscación en los Estados Unidos de todos los activos, incluidos bienes inmuebles y personales, efectivo y otros instrumentos monetarios, donde sea que se encuentre, u otros, según el conocimiento del acusado, se han acumulado como resultado de actividades ilegales, o se pueden perder como activos sustitutos en lugar de los activos acumulados como resultado de actividades ilegales.

  La asistencia incluirá la identificación de cualquier propiedad sujeta a confiscación, acuerdo para la entrada de una orden que ordene la transferencia o gravamen de dicha propiedad, y la transferencia de dicha propiedad a los Estados Unidos mediante entrega a la fiscalía, cualquier documentación necesaria y apropiada, incluidos los consentimientos para la confiscación y renuncia a las escrituras de reclamo, para entregar un título bueno y comercializable de dicha propiedad.

  El acusado deberá informar de forma precisa a la fiscalía sobre sus asuntos financieros y la autorizó expresamente a obtener un informe de crédito, debiendo, en el término de 10 días presentar una declaración de divulgación financiera completa.

   Entre otros puntos del acuerdo, el acusado renunció a su derecho a apelar la sentencia que se le imponga y también reconoce que su declaración de culpabilidad podría acarrearle consecuencias con respecto al estado migratorio.

  En octubre de 2018, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida, presentó ante la Corte, su declaración de hechos ante el Tribunal del Distrito Sur de la Florida, en la que refería que el gobierno de los Estados Unidos y el acusado, Abraham Edgardo Ortega, de llegar el caso Nº 18-CR-20685-Williams a juicio, se procedería a probar que los hechos, más allá de una duda razonable, que el demandado conspiró para cometer el delito de lavado de dinero en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h).
  Sostiene la fiscalía la existencia durante años de un esquema corrupto de cambio de divisas en Venezuela que permite que el gobierno cambie a una tasa fija de la moneda local (Bolívar) cada dólar estadounidense, una operación que se lleva a cabo a una tasa muy por debajo del valor real de la divisa.

   Refiere como ejemplo que, en 2014, se podían cambiar USD 10 millones por 600 millones de bolívares, pudiendo luego la persona que realizó el cambio convertir esta última cantidad en USD 100 millones. Es decir, que en dos transacciones se podría comprar USD 100 millones con USD 10 millones.

  Se explica que la diferencia entre la tasa fija y la tasa económica real creó la oportunidad de fraude y abuso, permitiendo a los funcionarios venezolanos participar en esquemas de cambio de divisas cobrando sobornos y comisiones ilegales.

  Se indica que estos esquemas corruptos de cambio de moneda ocurrieron frecuentemente en la compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la principal fuente de ingresos y moneda extranjera de Venezuela.

  Sostiene la fiscalía, que Abraham Edgardo Ortega y otros, conspiraron para lavar y participar en transacciones monetarias con el producto de dichos esquemas corruptos de cambio de divisas que involucran a PDVSA.

  Del mismo modo, la fiscalía hace mención al esquema de sobornos que, desde agosto de 2004 hasta marzo de 2016, implicó al acusado.

  Abraham Edgardo Ortega, Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, durante el periodo citado fungió como “funcionario extranjero”, denominación con la que se define su papel en el esquema en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

  Ortega habría aceptado USD 5 millones de soborno a cambio facilitar mediante actos y decisiones adoptadas desde su posición en PDVSA la operatividad del esquema. Esto ocurrió en el contexto de las sociedades que, entre 2006 y 2007, Venezuela estableció bajo la denominación de "empresa conjunta" entre PDVSA y compañías/bancos extranjeros, en el que una empresa privada asumía el 40 por ciento de las acciones y el restante 60 por ciento estaba en manos de PDVSA. La compañía A, una compañía petrolera europea, era accionista minoritario en la empresa conjunta A. La compañía B, una institución financiera rusa, era accionista minoritario en la empresa conjunta B.

  Tras la crisis financiera de 2008, PDVSA comenzó a controlar el flujo de caja de los accionistas minoritarios de estas empresas conjuntas, de tal manera que dificultó que los accionistas minoritarios recibieran los pagos necesarios para financiar y mantener adecuadamente las operaciones. La solución que a esta situación ofreció PDVSA, fue que el accionista minoritario podría prestar a la empresa conjunta el dinero necesario para reanudar las operaciones y, a cambio, PDVSA permitiría al accionista minoritario recuperar el control de su flujo de caja. Como parte de esta solución, PDVSA acordó pagar los importes pendientes adeudados al accionista minoritario. El accionista minoritario suscribía el contrato de préstamo y PDVSA asignaba cualquier pago de facturas futuras a una cuenta de manera que se cancelaba tanto el pago de las facturas como el préstamo al accionista minoritario.

  Siendo que este tipo de acuerdos era limitado, los accionistas minoritarios que accedían a ellos deberían tener “prioridad”. El papel de Ortega consistía en otorgar dicha “propiedad”.

  Se indica que desde o alrededor de 2014 hasta 2015, el acusado, Conspirador 3 (como representante del Conspirador 1), Sujeto 1 (ciudadano de los Estados Unidos y una "preocupación doméstica" en el sentido de la FCPA), Sujeto 2, Sujeto 3, y el funcionario venezolano 4 (un "funcionario extranjero" como se define en la FCPA) asistió a varias reuniones en Caracas, para discutir la aceptación de sobornos de la Compañía A.

   El conspirador 3 y otros conspiraron para pagar a Ortega USD 3 millones a cambio de su decisión de otorgar el estatus de "prioridad" a la Compañía A. Específicamente, el demandado aceptó dicha cantidad del conspirador 3, es decir, por la recomendación de Ortega a la junta directiva de PDVSA de otorgar el carácter prioritario a la Compañía A y así obtuviera el acuerdo.

   En o alrededor de 2014, Abraham Edgardo Ortega se reunió con Francisco Convit Guruceaga, quien representó los intereses de la Compañía B. Ambos se habían conocido en un apartamento en Caracas donde discutieron los sobornos. Convit pagaría a Ortega USD 2 millones a cambio de la decisión del segundo de otorgar el estatus de "prioridad" para la Compañía B. Convit le dijo al demandado que le entregaría la suma a una fuente confidencial (CS) para el pago a Ortega. El funcionario venezolano 4 también recibió pagos de sobornos a cambio de facilitar la asistencia en estos esquemas.

  Igualmente, el documento de prueba informa que también Abraham Edgardo Ortega aceptó un pago de USD 10 millones como soborno por su decisión a favor de facilitar un esquema de préstamo corrupto de PDVSA a las empresas C y D.
  Se explica que en o alrededor de 2012, Ortega, el funcionario venezolano 1 (un "funcionario extranjero"), el sujeto 4, el sujeto 5 y el funcionario venezolano 5 ("funcionario extranjero") conspiraron para ejecutar un esquema corrupto de cambio de divisas que involucraba sobornos a funcionarios de PDVSA, incluidos el propio acusado y el Oficial Venezolano 5 (el Plan de Préstamo de las Empresas C y D).

  Como parte de este esquema, la Compañía C acordó prestar a PDVSA aproximadamente 17.4 mil millones de bolívares en múltiples tramos y PDVSA reembolsaría el préstamo en dólares estadounidenses por un monto equivalente a los bolívares venezolanos "prestados" al tipo de cambio fijo del gobierno venezolano. Después de que se determinó que la Compañía C no tenía la reputación suficiente para firmar el contrato de "préstamo" con PDVSA, el Sujeto 5 encontró una entidad venezolana adecuada, a saber, la Compañía D. El Sujeto 5 pagó a la Compañía D la cantidad de USD 10 millones para asignar los derechos de la Compañía D bajo el contrato de "préstamo" a la Compañía C. Como parte de este esquema, Ortega USD recibió 10 millones como un pago de soborno del Sujeto 4.

Ortega, Rantor Capital y Eaton Global

  Seguidamente, en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales, se señala que el funcionario venezolano 1 aceptó el pago de sobornos por el corrupto esquema de préstamos de PDVSA con Rantor Capital y Eaton Global[7].

Refiere que el 17 de diciembre de 2014, Rantor Capital C.A., una empresa fantasma venezolana, firmó un contrato con PDVSA en el que acordó "prestar" 7.200 millones de bolívares a la petrolera. El contrato de "préstamo" fue ejecutado por el Oficial Venezolano 1 como vicepresidente de PDVSA.

  Para el 23 de diciembre de 2014, se ejecutó un contacto de asignación entre Rantor y Eaton Global, en el que la primera asignó sus derechos como acreedor de PDVSA en virtud del contrato de "préstamo" a Eaton y en el que se contemplaba que la estatal venezolana tenía el derecho de cancelar la deuda dentro de los 180 días pagando USD 600 millones.

  También el 23 de diciembre de 2014, Eaton envió un aviso de asignación a PDVSA (Oficial Venezolano 1) y sugirió que PDVSA reembolsara el préstamo de 7,2 millones de bolívares en el equivalente en euros de USD 600 millones. La carta incluía instrucciones para que PDVSA transfiriera los fondos a las cuentas de la Institución Financiera Europea 1 en beneficio de Eaton.

  En resumen, Eaton, una compañía controlada por miembros de la conspiración se hizo del derecho de pagar a PDVSA alrededor de 7.200 millones de bolívares (por un valor de alrededor de 35 millones de euros) y recibir alrededor de 510 millones de euros (el "Plan de préstamos Eaton-Rantor")

  El Oficial Venezolano 1 y otros facilitaron, a través de la adopción de medidas y decisiones, que permitieron el Plan de Préstamo Eaton-Rantor a cambio de recibir sobornos de los ingresos. De este modo, los miembros de la conspiración dieron sobornos en efectivo al Oficial venezolano 1 a cambio de que firmara el contrato de préstamo en su calidad de Vicepresidente de PDVSA. El soborno del Oficial venezolano 1 violó no sólo la ley venezolana, sino también la FCPA porque uno o más miembros de la conspiración cometieron actos corruptos dentro del territorio de los Estados Unidos. Convit envió y recibió chats de BlackBerry Messenger de los Estados Unidos para organizar el pago de los fondos de PDVSA a la CS, lo que provocó el pago de los sobornos de la CS al funcionario venezolano 1.

  En esta operación privó: a) la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público y el soborno a este, lo cual constituye un delito contra Venezuela al haberse violado los dispuesto en las leyes; b) el uso corrupto de instalaciones de comercio interestatal o cualquier otro acto, mientras se encontraba en el territorio de los Estados Unidos, para promover un pago o promesa de pago a un funcionario extranjero con el propósito de influir o inducir a ese funcionario a actuar, fue un delito grave que viola la FCPA.

  Establece el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales. que los procedimientos del Plan de Préstamo Eaton-Rantor, así como los pagos de sobornos realizados a los conspiradores constituyeron en ingresos de una actividad ilegal.

  Quedó sentado que los miembros de la conspiración acordaron dividir las ganancias netas del Plan de Préstamo Eaton-Rantor de la siguiente manera: a) 227 millones de euros para los "Bolichicos" o "Boli" (Convit y "conspirador 2"); y b) 227 millones de euros para  "conspirador 7".

  Luego de esto, las ganancias se distribuyeron así:  a) Los "Bolichicos" enviaron aproximadamente 78 millones de euros a un CS, a quien se le ordenó entregar los fondos a Ortega, Carmelo Urdaneta Aqui, Conspiradores 1 y 3, y el Funcionario Venezolano 1; b) El "Conspirador 7" envió aproximadamente 159 millones de euros a tres personas conocidas como "Los Chamos", los hijastros del "Funcionario Venezolano 2", que era un "funcionario extranjero" como se define ese término en la FCPA.

El esquema de lavado de dinero

  Se estableció que Ortega, Hernández Frieri, Convit, Gutiérrez y otros, conspiraron para lavar aproximadamente USD 12 millones que fueron entregados a Abraham Edgardo Ortega como soborno, a cambio de los actos y decisiones corruptos que instrumentó como Director Ejecutivo de Planificación Financiera en PDVSA.

  En primer término, se refiere que hubo un esquema para lavar los USD 5 millones de Ortega del soborno obtenido del esquema de préstamos Eaton-Rantor. Para ello, los Conspiradores 1 y 3 le dijeron a la CS que asignara a Ortega USD 5 millones de la parte de dichos conspiradores de los 78 millones de euros provenientes del Eaton-Plan de préstamos Rantor. Con este fin, en abril de 2016, Ortega, Hernández Frieri y el CS se reunieron en Panamá para discutir cómo Hernández Frieri ocultaría o disfrazaría la fuente de los 5 millones de pagos de soborno de Ortega para que parecieran haber sido legítimamente adquiridos. Hernández Frieli explicó que su firma de corretaje, con sede en Miami, Florida, opera en los Estados Unidos y América Latina, y tiene un fondo mutuo falso, el cual recibe dinero y lo hace parecer inversiones, y luego lava dichos pagos del fondo.

  El 21 de febrero de 2017, Hernández Frieri instruyó por correo electrónico acerca de las instrucciones de suscripción de CS y un acuerdo de suscripción para el fondo falso, Global Securities Trade Finance, ubicada en las Islas Caimán. El 24 de febrero de 2017, el CS ordenó a Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas (donde se mantenían parte de los fondos ilícitos de Ortega) para suscribirse al fondo. Aproximadamente el 28 de febrero de 2017, bajo la dirección de Ortega y Hernández Frieri, se transfirieron aproximadamente USD 5 millones desde el número de cuenta/cartera xxxx3311-00 en Deltec Bank & Trust Limited en Nassau, Bahamas en el número de cuenta xxxx6054 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 en Nueva Jersey a nombre de Global Securities Trade Finance. El 14 de marzo de 2017, los USD 5 millones se transfirieron al número de cuenta xxxx2421 a nombre de Global Securities Trade Finance. La suscripción falsa en Global Securities Trade Finance se depositó en Deltec Bank, lo que puso a disposición de Hernández Frieri los USD 5 millones para su distribución a Ortega.

  A cambio de la asistencia de la CS, Hernández Frieri en acuerdo con Ortega, transfirió USD 396.000 dólares a la CS utilizando un contrato de préstamo falso entre Global Securities Trade Finance y una compañía encubierta para justificar la "tarifa". Se transfirieron USD 4.000 adicionales a una cuenta bancaria en Miami, Florida, mantenida por una compañía asociada con Hernández Frieri como una "tarifa" de estructuración del 1 por ciento.

  El otro esquema descrito fue el usado para lavar las ganancias de USD 7 millones de soborno de Ortega relacionadas con el esquema de préstamos de las empresas B-C, explicando que Ortega y Hernández Frieri conspiraron para lavar USD 7 millones de los USD 10 millones que el primero recibió como pago de soborno por su participación en el Plan de préstamos de las empresas C-D.

  Agrega que CS administró el pago de soborno de USD 7 millones de Ortega después de que los fondos fueron depositados en una cuenta en Banca Zarattini & Co. SA en Lugano, Suiza. Hernández Frieri ordenó que el dinero se transfiera a la institución financiera estadounidense 1 en Nueva Jersey al número de cuenta xxxx 5 7 2 4 en la Institución Financiera de EE. UU. 1 a nombre de Global Securities Trade Finance para suscribirse a los valores de esta firma, que luego se depositaron en el número de cuenta/cartera xxxx9020 en Banca Zarattini a nombre de Big Green Valley SA.

Finalmente,  en el documento que recoge la declaración de hechos del acusado con los fiscales informa que para justificar las transacciones que permitirían a Ortega acceder a algunos de los USD 7 millones ilícitos, Hernández Frieri creó contratos falsos entre una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por Ortega, Great Walls FS y una compañía controlada por Hernández Frieri, quien también creó contratos falsos con personas conocidas de Ortega para justificar las transacciones que le permitieran acceder a algunos de los fondos. Hernández Frieri ayudó a ORTEGA a abrir una cuenta en la Institución Financiera de los Estados Unidos 2 en Puerto Rico con el propósito de lavar el dinero. Hernández Frieri también ayudó a Ortega a abrir una cuenta en las Bahamas y a transferir el saldo de los fondos a esa cuenta.

Nueva incautación

  A principios del mes de noviembre de 2019, la fiscal Ariana Fajardo Orshan, solicitó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida la modificación de la orden preliminar de decomiso y para liberar bienes inmuebles ubicados en 2101 South Surf Road, Unidad 2E, Hollywood, Florida, Land Trust Th 041117, de otros procedimientos de decomiso penal.

Se informa que el 24 de junio de 2019, el tribunal emitió una orden preliminar de decomiso, ordenando, sujeto a reclamos de terceros, el decomiso de Land Trust Th, 041117.

  Posteriormente, en fecha 21 de agosto de 2019, Land Trust TH 041117 presentó una Petición de un tercero para una audiencia para juzgar la validez del interés en bienes inmuebles sujetos a decomiso de dicha propiedad, alegando tener un interés superior y ser un comprador de buena fe por un valor inferior.

  El 5 de septiembre de 2019, la fiscalía presentó su respuesta a la Petición Verificada del Fideicomiso de Land Trust TH, 041117, indicando que los Estados Unidos tenía la intención de "resolver problemas de hecho, para determinar si o no el peticionario tiene un interés permanente y/o válido en la propiedad”.

 El 11 de septiembre de 2019, el peticionario presentó la respuesta verificada de Land Trust TH, 041117 a la respuesta de los Estados Unidos.

  Al día siguiente, 12 de septiembre de 2019, el tribunal consultó al juez magistrado Torres si el descubrimiento solicitado por el gobierno era apropiado.

  El 2 de octubre de 2019, se llevó a cabo una audiencia sobre la solicitud de descubrimiento del Gobierno ante el juez magistrado Torres y el 3 de octubre de 2019, el Tribunal exigió que presentara el descubrimiento en el término de 30 días a partir de la fecha de la audiencia.

  En dicha fecha, la fiscalía declaró que contemplaba presentar una acción de decomiso civil porque varios activos restringidos en el caso penal pertenecían a acusados fugitivos y que, además, trataría de suspender el procedimiento auxiliar inmediato de decomiso penal.

  Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, el gobierno presentó una queja verificada por confiscación en Rem, iniciando la acción de confiscación civil relacionada.

  Para el 21 de octubre de 2019, un fiscal envió por correo electrónico una copia de la Demanda de Confiscación Civil al abogado del peticionario.

  El 23 de octubre de 2019, un fiscal solicitó la posición del peticionario sobre una propuesta de moción para suspender el proceso penal de incautación auxiliar a favor de proceder en acciones relacionadas con la confiscación civil. Después de una discusión telefónica el 29 de octubre de 2019, las partes acordaron que la fiscalía enmendara la Orden Preliminar de Confiscación para liberar la Propiedad Sujeta de un litigio adicional, eliminando la obligación del Peticionario de proceder con las deposiciones y otras obligaciones de descubrimiento en el asunto mencionado anteriormente.

CITAS 

[1] Venezuela Política. “Francisco Convit Guruceaga: Acusado de estafador y de lavar USD 1.200 millones provenientes de la corrupción en PDVSA”. 28 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/francisco-convit-guruceaga-acusado-de.html

[2] Venezuela Política. “José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA”. 29 de enero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/01/jose-vicente-amparan-croquer-el-lavador_29.html

[3] Venezuela Política. “Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el colombiano-estadounidense que participó el esquema de corrupción con el que saquearon más de $1.200 millones de PDVSA se declaró "No culpable", conoce los detalles”. 21 de mayo de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/05/conoce-los-detalles-del-caso-de-gustavo.html



[4] Department of Justice. “Former Executive Director at Venezuelan State-Owned Oil Company, Petroleos De Venezuela, S.A., Pleads Guilty to Role in Billion-Dollar Money Laundering Conspiracy”. 31 de octubre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-executive-director-venezuelan-state-owned-oil-company-petroleos-de-venezuela-sa-pleads

[5] Venezuela Política. “Estas son las propiedades incautadas por E.E. U.U. a los venezolanos acusados de haber lavado USD 1.200 millones en Florida”. 19 de agosto de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/08/estas-son-las-propiedades-incautadas.html

[6] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. impide que viuda de Fernando Valero Gutiérrez (vinculado a Raúl Gorrín y otros prófugos de la justicia) recupere propiedades confiscadas por la Operación Money Flight”. 17 de febrero de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/02/tribunal-de-ee-uu-impide-que-viuda-de.html

[7] Venezuela Política. “Empresa "ficticia" usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html

jueves, 21 de noviembre de 2019

Conoce detalles de la estructura criminal de Raúl Gorrín Belisario, uno de los delincuentes más buscados de la justicia de EE. UU.

  El prófugo de la justicia norteamericana es la cabeza de una estructura criminal que se oculta tras la televisora Globovisión y empresas levantadas a la sombra del chavismo. El gobierno de EE. UU. piden al público que si ven al sujeto reseñado  deben comunicarse de inmediato a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. o llamar a la línea directa nacional al 1-866-DHS-2-ICE lo antes posible.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
    La justicia de los Estados Unidos lo busca.  El presidente de Globovisión Raúl Gorrín Belisario aparece desde el 20 de noviembre en la lista de los criminales más buscando junto a narcotraficantes y delincuentes internacionales. En la descripción de la página del Departamento de Inmigración y Aduanas del gobierno norteamericano el fugitivo aparece la siguiente reseña: "Raúl Gorrón, de 50 años, ciudadano venezolano con residencia en Miami, Florida, fue demandado en una acusación presentada el 16 de agosto de 2017, en el Distrito Sur de Florida, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) , un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero"(1).

  La acusación alega que Raúl Antonio Gorrín Belisario pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano. Además de transferir dinero a, y para, los funcionarios, Gorrín Belisario supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda. Para ocultar los pagos de soborno, Gorrín Belisario realizó pagos a través de múltiples compañías fantasma. Gorrín Belisario supuestamente se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, un banco en la República Dominicana para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y ganancias del esquema.


Las estructuras del crimen organizado en Venezuela 

  Las estructuras del crimen organizado se encuentran profundamente arraigadas en Venezuela y su operatividad, bajo el reino de la impunidad, ha permitido que el régimen de Nicolás Maduro —caracterizado por la corrupción masiva, redes internacionales de blanqueo de capitales, acciones ilegales, narcotráfico y soporte a grupos criminales— se mantenga en el poder e, inclusive, que dicho modelo se expanda a otras naciones del continente.

En esta primera entrega de la serie sobre las estructuras criminales en Venezuela, nos enfocaremos en uno los hombres acusado de ser el responsable de del robo de más de 3 mil millones de dólares del tesoro venezolano. Raúl Antonio Gorrín Belisario, quien pasó de ser un humilde abogado a un potentado millonario, quien logró amasar una gran fortuna producto de sus acciones delictivas en conjunto con varios funcionarios del régimen de Maduro, según se desprende de los documentos federales que cursan en la Corte del Distrito Sur de la Florida y la información publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Creación de una red criminal basado en empresas fantasmas

  En una amplia investigación realizada por los expertos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se establece que Gorrín —quien fue declarado prófugo de la justicia norteamericana en noviembre de 2018— creó una red de empresas que fueron usadas para operar un esquema corrupto diseñado para aprovechar las prácticas de cambio de divisas preferenciales del gobierno venezolano, lo cual generó miles de millones de dólares en ganancias criminales.
   Cuando en enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Raúl Antonio Gorrín Belisario y a otros individuos que participaron en la empresa criminal acusada, se informó que solamente en una de las operaciones señaladas, los corruptos mencionados en ese grupo delincuencial sancionado, habían logrado obtener más de USD 2.4 mil millones.

   En la mencionada designación —de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13850— a Raúl Antonio Gorrín Belisario, la extesorera de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y su marido y ex-edecán de Hugo Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa; Leonardo González Dellán, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales (socio de Gorrín); María Alexandra Perdomo Rosales (esposa de Gorrín) y Mayela Antonina Tarascio-Pérez (esposa de Perdomo), quienes sobornaron a la Oficina Venezolana del Tesoro Nacional para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas en Venezuela(2).

  Tras el pago de costosas firmas de cabildeo el 19 de marzo de 2019 la OFAC removió a María Alejandra Perdomo Rosales y a Mayela Antonina Tarascio Pérez de la lista e incluyó a Adrián Antonio Perdomo Mata (2).

  Algunas empresas que conforman la estructura criminal de Raúl Gorrín

   La estructura criminal de Raúl Gorrín y sus socios se sustentó en el esquema de cambio ilícito de divisas que el régimen venezolano utilizó durante mucho tiempo para robarle a los venezolanos, dice la decisión del Departamento del Tesoro.

  En un comunicado, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, explicó que "las acciones contra esta red corrupta de cambio de divisas exponen otra práctica deplorable que los expertos del régimen de Venezuela han utilizado para beneficiarse a expensas del pueblo venezolano(3).

   La OFAC precisó que "Raúl Gorrín y los otros sancionados se aprovecharon de un sistema corrupto dentro de la Oficina del Tesoro para robar miles de millones de dólares del pueblo venezolano desde 2008, bajo la vigilancia de dos Tesoreros nacionales venezolanos, Alejandro José Andrade Cedeño y Díaz. Andrade fue sentenciado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 27 de noviembre de 2018 a 10 años de prisión por aceptar más de USD 1 mil millones en sobornos por su papel en el siguiente esquema".

  El comunicado del gobierno estadounidense dice que "la responsabilidad principal de la Oficina Nacional del Tesoro ONT [Venezuela] es administrar las finanzas públicas del Gobierno de Venezuela utilizando bolívares, la moneda venezolana. La ONT mantiene activos en bonos del Reino Unido, dólares estadounidenses y bolívares, cuya suma total equivale a la cantidad que la ONT tiene disponible para gastar en las operaciones del gobierno venezolano".

  Sostiene que "Al carecer de suficientes bolívares para proyectos gubernamentales, Andrade usó una serie de casas de cambio, o casas de bolsa, para cambiar dólares por bolívares. Como parte del esquema, las casas de cambio vendieron dólares por bolívares en mercados paralelos a una tasa de cambio del mercado negro más alta que la tasa oficial del gobierno. Estas casas de cambio mantuvieron la diferencia entre la tasa del mercado negro y la tasa oficial del gobierno, lo que resultó en ganancias masivas para las casas de cambio que proporcionan bolívares a la ONT. Solo las casas de cambio aprobadas por el Gobierno de Venezuela, específicamente la ONT, tenían la capacidad de realizar intercambios de bolívar a dólar con el Gobierno de Venezuela. Como Tesorero Nacional, Andrade y más tarde Díaz tenían la autoridad para decidir qué casas de cambio recibieron contratos del gobierno".

     Agrega el comunicado que "Los exfuncionarios e individuos del Gobierno de Venezuela se enriquecieron al capitalizar transacciones favorables de divisas a través de casas de bolsa, ocultando sus ganancias en cuentas e inversiones bancarias europeas y estadounidenses. Tanto Andrade como Díaz, mientras ocupaban el papel de Tesorero Nacional, usaron sus posiciones oficiales para dar a Raúl Gorrín, acceso a los tipos de cambio preferenciales de la ONT para maximizar las ganancias en las transacciones de divisas que se mueven a través de las casas de bolsa, que Gorrín y sus cómplices controlaban. Mientras Andrade era Tesorero Nacional, otorgó el negocio de intercambio de ONT a un número limitado de personas, incluidos Raúl Gorrín y Leonardo González Dellán".

  A cambio de su selección como las únicas casas de cambio aprobadas por la ONT, Gorrín y González, otro supuesto empresario venezolano, pagaron cientos de millones de dólares en sobornos a Alejandro Andrade.

  En la trama descrita, Alejandro Andrade facilitó la continuación del esquema de soborno al presentar a Raúl Gorrín al su sucesor en la ONT, Claudia Díaz.

   Por ponerlo en contacto con Díaz, "Gorrín compensó a Andrade porque permitió que el esquema de soborno continuara, sin inmutarse. De al menos 2011 a 2013, Raúl Gorrín pagó sobornos a Díaz, transfirió dinero a ella y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, y compró activos en su nombre, para incluir una residencia en Cap Cana, República Dominicana, y un avión".

   "Raúl Gorrín y González Dellán controlaron la riqueza corrupta que se generó en nombre de Andrade, manteniendo el dinero en cuentas bancarias extraterritoriales y reinvirtiendo en propiedades, aviones y otros activos de lujo bajo la dirección de Andrade".

    La porción de las ganancias ilícitas de Andrade nunca se le envió directamente, sino que los individuos corruptos compraron activos para el entonces tesorero, bajo su dirección o en su nombre.

   Gorrín, González y el cuñado y socio comercial del primero, Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, compraron activos y pagaron gastos para Andrade relacionados con numerosos aviones, yates y propiedades en los Estados Unidos y en el extranjero, múltiples caballos de campeonato y numerosos relojes de alta gama. La compra de todos estos bienes y la transferencia de pagos se ocultaba detrás de una red sofisticada de compañías estadounidenses y extranjeras que ocultaban la propiedad real de los individuos.

   Dice el gobierno estadounidense que todas las personas involucradas en el esquema gastaron sus porciones de las ganancias resultantes en propiedades en los Estados Unidos, así como a través del mantenimiento de cuentas significativas en los bancos estadounidenses y la compra de embarcaciones y aviones que estaban registrados en la nación norteamericana.

     No conforme con las ganancias ilegítimas obtenidas de manera criminal con Alejandro Andrade, Raúl Gorrín y sus cómplices imitaron la estructura delictiva para controlar los activos de Díaz generados como resultado del esquema de cambio de divisas.

    El Departamento del Tesoro estadounidense determinó que las siete personas designadas en la acción del 8 de enero de 2019, son responsables o cómplices, o han participado directa o indirectamente en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas y corrupción con el Gobierno de Venezuela o con proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son miembros de la familia inmediata de una persona que poseía propiedades o compañías propias o controladas en nombre de esa persona.

Raúl Gorrín es acusado criminalmente en corte de la Florida

   Además de esta designación hecha por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Raúl Antonio Gorrín Belisario fue acusado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018, por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar fondos gubernamentales malversados que, de acuerdo a los fiscales, totalizan más de USD 1 mil millones, en Florida y Nueva York.

    Gorrín fue investigado por apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Gorrín señalado de ser testaferro de funcionarios del régimen

   Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos sostiene que Gorrín pagó a varios funcionarios para tener acceso a los políticos venezolanos y funcionarios del gobierno. Igualmente, de tener fondos en nombre de estas personas de la misma manera que tenía fondos para Alejandro Andrade, lo que lo convierte en testaferro de varios miembros del gobierno, incluyendo a Nicolás Maduro, Cilia Flores y sus hijos: Walter Gavidia Flores, Yoswal Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores.

   El gobierno estadounidense sostiene que Raúl Gorrín también es prestanombre de Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, (designado por OFAC el 9 de noviembre de 2017) y Maikel José Moreno Pérez, un amigo cercano de Gorrín, designado por OFAC el 18 de mayo de 2017 de conformidad con Orden ejecutiva (EO) 13692.

   Raúl Gorrín también habría comprado regalos para Cilia Adela Flores de Maduro, la Primera Dama de Venezuela, quien fue designada por la OFAC el 25 de septiembre de 2018 de conformidad con EO 13692.

  Inversión de la riqueza criminal de Raúl Gorrín y sus cómplices

   Desde el comienzo del esquema en 2008 hasta la actualidad, los ingresos corruptos generados por este esquema se invirtieron en propiedades nacionales e internacionales millonarias, tales como aviones, yates, caballos y otros artículos de lujo. Para ocultar la propiedad beneficiaria de estos activos, los individuos involucrados utilizaron una red de entidades y estructuras corporativas.

  El Departamento del Tesoro designó y bloqueó las siguientes empresas por estar controladas por los miembros de la estructura criminal de Raúl Gorrín, incluyendo un avión que fue identificado como propiedad bloqueada:
Globovisión Tele C.A., una estación de televisión ubicada en Caracas, Venezuela, que es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.
Globovision Tele CA, Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.
— Seguros La Vitalicia, con sede en Caracas, Venezuela, que es propiedad o está controlada por Gorrín.
Corpomedios GV Inversiones, C.A., ubicado en Caracas, Venezuela, que es propiedad o está controlado por Gorrín y Perdomo.
Corpomedios LLC, registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y Perdomo.
— RIM Group Investments, Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
— RIM Group Investments I Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
— RIM Group Investments II Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
— RIM Group Investments III Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín y su esposa, María Alexandra Perdomo Rosales de Gorrín.
— RIM Group Properties de New York, Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gorrín.
— RIM Group Properties de New York II Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Raúl Gorrín.
— Magus Holdings USA, Corp., registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.
— Magus Holding LLC, registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
— Magus Holding II LLC, registrada en Miami, Florida, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
— Tindaya Properties Holding USA Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
— Tindaya Properties de New York, Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
— Tindaya Properties de New York II Corp., registrada en Nueva York, Nueva York, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
— Posh 8 Dynamic Inc., registrada en Delaware, que es propiedad o está controlada por Raúl  Gorrín.
— Constello No. 1 Corporation, registrada en Delaware, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.
— Constello Inc., registrada en St. Kitts y Nevis, que es propiedad o está bajo el control de Gustavo Perdomo y su esposa, Mayela Antonina Tarascio Pérez.
— Windham Commercial Group Inc., registrado en Delaware, que es propiedad o está controlado por Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.
— Planet 2 Reaching Inc., registrado en Delaware, que es propiedad o está controlado por Raúl Gorrín.
— Potrico Corp., registrada en Delaware, que es propiedad o está controlada por Gustavo Perdomo.
— N133JA, un avión privado Dassault Mystere Falcon 50EX que es propiedad de Gustavo Perdomo.

   Como resultado de esta acción, el gobierno estadounidense bloqueó todos los bienes e intereses en la propiedad de aquellos designados, hoy sujetos o en tránsito, por la jurisdicción de los EE. UU., y generalmente se prohíbe a las personas dentro del territorio de la nación, realizar transacciones con ellos.

Licencia para que empresas vinculadas Globovisión operen en EE. UU.
    Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió una licencia general que autorizó ciertas transacciones y actividades con dos entidades propiedad o controladas por Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, a saber Globovisión Tele C.A. y Globovisión Tele CA, Corp, por un período de un año.

    Esta licencia general está destinada a permitir que el canal de noticias Globovisión, con sede en Venezuela, continúe operando al autorizar actividades específicas que de otro modo estarían prohibidas.

   Aclaró la licencia que el camino para que Estados Unidos brinde alivio de sanciones permanentes a estas entidades vinculadas a Globovisión, es a través de la desinversión y la renuncia al control por parte de los nacionales especialmente designados, incluidos Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo.

La licencia General Nº 66 relativa al Bloqueo de Bienes de personas adicionales que contribuyen a la situación de Venezuela, autoriza ciertas actividades necesarias para el mantenimiento o cierre de operaciones o contratos existentes con Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp(4).

   La licencia destaca que las operaciones autorizadas para esas dos empresas es para atender los aspectos necesarios para el mantenimiento o la desconexión de operaciones, contratos u otros acuerdos, incluida la importación de bienes, servicios o tecnología en los Estados Unidos, involucrando a Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp., o cualquier entidad en la que Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp. posee, directa o indirectamente, un interés del 50 por ciento o más y que estaban vigentes antes del 8 de enero de 2019, y que la autorización dura hasta las 12:01 a. m., hora del este, el 8 de enero de 2020.

   La licencia señala, además, que "cualquier pago para el beneficio directo o indirecto de una persona bloqueada que es ordinariamente incidente y necesario para dar efecto a una transacción autorizada debe convertirse en una cuenta bloqueada que devengue intereses ubicada en los Estados Unidos.

  Señala que de conformidad con 31 C.F.R. parte 591. Cualquier pago que sea directo o indirecto a la cuenta de una persona bloqueada de EE. UU. identificada en la lista, en una institución financiera de EE. UU. puede procesarse de acuerdo con las instrucciones originales de transferencia bancaria, siempre que las instrucciones sean consistentes con dicha licencia general.

  La licencia dice que "todos los fondos en cuentas de personas estadounidenses bloqueadas identificadas, incluyendo fondos provenientes de pagos autorizados a dichas cuentas recibidos a partir del 8 de enero de 2019, puede usarse para actividades de mantenimiento o de liquidación autorizadas por esta licencia general.

La licencia general no autoriza:

(1) La desinversión o transferencia de deuda, patrimonio u otras participaciones en, para, o en beneficio de las personas bloqueadas e identificadas;
(2) Cualquier transacción o trato prohibido por E.O. 13850, Orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018, Orden ejecutiva 13827 del 19 de marzo de 2018, Orden ejecutiva 13808 de 24 de agosto de 2017, Orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, o cualquier parte de 31 C.F.R. capítulo V o cualquier transacción o trato con cualquier persona bloqueada que no sean las personas bloqueadas identificadas en esta licencia general;
(3) El desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada de conformidad con E.O. 13850, Orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, o cualquier parte de 31 C.F.R. Capítulo V, excepto lo autorizado específicamente,
(4) La exportación de bienes de los Estados Unidos.

  Igualmente, la licencia establece que las personas estadounidenses que participan en transacciones autorizadas por la misma requieren, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento de la licencia general, presentar una informe exhaustivo y detallado de cada transacción, incluidos los nombres y direcciones de las partes involucradas, el tipo y el alcance de las actividades realizadas, y las fechas en que las las ocurrieron actividades con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Oficina de Cumplimiento de las sanciones de los Estados Unidos.

 Cierre de las empresas envueltas en la trama de corrupción 
  en EE. UU. GLOBOVISIÓN

   Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo cerraron las empresas Globovisión Tele C.A. o Globovisión Tele CA, Corp. el 27 de septiembre de 2019, según reflejan los récords públicos de empresas del estado de la Florida.
 
  Ambas compañías fueron constituidas en febrero de 2016 en Miami por Gorrín y Perdomo usando los nombres Adolfo Perdomo y Antonio Gorrín.

Globovisión en Venezuela y la compra sospechosa

   El canal de noticias Globovisión forma parte de la red de propaganda que Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero utilizan para ayudar al régimen de Nicolás Maduro y a sus altos funcionarios.

   Desde 2013, la planta televisiva fue adquirida por 68 millones de dólares cuyo origen se estima que fueron obtenidos de los esquemas de corrupción operados por los involucrados.

  La compra de la televisora por la estructura ligada al chavismo significó un cambio radical en la línea editorial del canal, convirtiéndose en un medio propagandístico del gobierno dirigido a resaltar las acciones de la cúpula chavista, de empresarios vinculados al régimen y para atacar a los que se consideran enemigos del régimen, publicando ilegalmente información anónima contra políticos, activistas y periodistas que son contrarios al oficialismo.

Algunos datos sobre Globovisión Tele C.A.

   Globovisión fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) de Venezuela con el nombre de Globovisión Tele, CA., el 14 de marzo de 1994, teniendo como dirección: Calle Alameda, Edificio Globovisión en la La Florida, Caracas, Venezuela.

   Desde 2013, Globovisión pasó a ser propiedad de Corpomedios G.V. Inversiones C.A., según los archivos del Primer Registro Mercantil del Distrito Capital. A su vez, otra empresa identificada como Ventelecom, C.A. es la que posee el 98 por ciento de las acciones de Corpomedios.

  Los registros muestran que Ventelecom es 100 por ciento propiedad de Raúl Gorrín.
   De acuerdo a los documentos de registro, Corpomedios es una empresa que se inscribió el 11 de noviembre de 1993 en el Primer Registro Mercantil de Caracas y para la época, la empresa Unitel de Venezuela, C.A. tenía el 60 por ciento de participación accionaria de Corpomedios, siendo sus accionistas: Guillermo Zuloaga, Alberto Federico Ravell y Montferrat S.A.; Sindicato Ávila, C.A., con el 20 por ciento de las acciones de Corpomedios (era propiedad exclusiva de Nelson Mezerhane), y DNS Inversiones, C.A. que poseía el 20 por ciento restante de Corpomedios (propiedad de Luis Teófilo Núñez y Daniela Núñez).

    En junio de 2010 hubo un cambio en Corpomedios debido a la orden del entonces, Hugo Chávez, que disponía que el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) se hiciera cargo del Banco Federal, propiedad de Nelson Mezerhane. Chávez ordenó —además— la expropiación de Sindicato Ávila, CA, con todos los activos que poseía esa entidad, incluida su participación del 20 por ciento en Globovisión. La medida condujo a que el 20 por ciento de las acciones de Globovisión fueran administradas por el ente gubernamental de FOGADE.

   Cuando Corpomedios de creó en noviembre de 1993, el capital autorizado fue de Bs. 400.000,00, aportado por Unitel de Venezuela y Sindicato Ávila con cada uno participando al 50 por ciento.

  Pero en los años siguiente hubo cambios en la estructura accionaria de la empresa. Ya para mayo de 2013, Unitel de Venezuela, C.A. tenía una participación del 60 por ciento, Sindicato Ávila, C.A., una participación del 20 por ciento y DNS Inversiones, C.A., el 20 por ciento restante.

   En mayo de 2013, DNS Inversiones C.A. acordó vender sus acciones a Ventelecom C.A., la cual, en enero de 2014, hizo una capitalización a favor de Corpomedios por 65 millones de bolívares.

   Cuando se produjo la venta de Globovisión, Ventelecom mantuvo el 98.2 por ciento de las acciones, Unitel de Venezuela el 1.35 por ciento y Sindicato Ávila el 0.45 por ciento.

  Paralelamente, Sindicato Ávila, continuó como accionista de Unitel de Venezuela con una participación del 8,5 por ciento, que a su vez continuó como accionista de Corpomedios GV Inversiones C.A., con una participación del 1,35 por ciento. Sindicato Ávila también continuó como accionista directo de Corpomedios con una participación del 0,45 por ciento.

    Debido a que el Sindicato Ávila fue expropiado por FOGADE en junio de 2010, todas sus acciones en Unitel y en Corpomedios pasaron a ser administradas directamente por FOGADE, con la premisa legal de que las acciones de Sindicato Ávila administradas por FOGADE nunca podían ser consideradas propiedad del Estado venezolano, sino que se estipulaba que dichas acciones debían venderse para pagar a los acreedores. Fue por esta y otras razones que la participación de Sindicato Ávila en Corpomedios GV Inversiones fue disminuyendo. Debido a que el Sindicato Ávila no participó en el aumento de capital de enero de 2014, el porcentaje de acciones se redujo al 0,45 por ciento.

   Para el segundo trimestre de 2015, Corpomedios tenía un capital social de 234 millones 400 mil bolívares y, según los registros, sólo fueron registrados 66 millones 500 mil bolívares, lo que indica que tenía una capitalización pendiente en el registro de comercio de unos 163 millones 899 mil bolívares. Cuando está capitalización se realizó se redujeron las acciones de Sindicato Ávila en Corpomedios.

   Globovisión fue constituida en marzo de 1994 por Corpomedios GV Inversiones CA., con una participación del 99.98 por ciento. El empresario Gonzalo Salima contaba con una participación del 0.02 por ciento, con un capital autorizado de Bs. 5.000.000, pagados con Bs. 1.000.000. En el mismo mes de marzo, se registró una transferencia de acciones de Gonzalo Salima a Corpomedios.

   En junio de 2009, se realizó una capitalización de 2 millones de bolívares que fueron registrados cuatro años después, en agosto de 2013, cuando el capital suscrito y el capital pagado de la compañía ascendía a USD 3.796.731.

  Posteriormente, en febrero de 2014, el único accionista de Globovisión, Corpomedios GV Inversiones CA realizó una capitalización de Bs 65.000.000.

   Según los registros, cuando se produjo el cierre en 30 de junio de 2014, Globovisión presentó un saldo negativo por un monto de Bs 81.475.584 que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 264 del Código de Comercio de Venezuela, exigió a la empresa determinar si reembolsarían capital o liquidarían.

    El artículo 264 del Código de Comercio de Venezuela establece lo siguiente: “cuando el capital social se reduce en una tercera parte, los socios deben tomar la decisión de reembolsar el capital o liquidar la corporación. Cuando la reducción alcance las dos terceras partes del capital, la Corporación se liquidará automáticamente, si los accionistas no optan por reembolsar o limitar el fondo social al capital existente”.

   Con el propósito de reparar esta inconsistencia, durante el segundo semestre de 2014, el único accionista, Corpomedios GV Inversiones CA., realizó contribuciones en efectivo por Bs. 204.000.000 para capitalizar en el futuro.

     Fuentes cercanas a esa empresa revelaron que que para finales de 2014, las cuentas por pagar a accionistas y directores en Globovisión ascendieron a más de 52 millones de bolívares.

   Entre otras revelaciones, señalan que la empresa Acqua Inmobiliaria C.A., hizo un préstamo a Globovisión Tele CA., por 34 millones de bolívares y de Grupo Inmobiliario Casagrande C.A. recibió otros 45 millones de bolívares.

Otra empresa entra en el juego

    En diciembre de 2012 se creó la empresa Vital Contacto 365 C.A. conformada por Raúl Gorrín, con una participación accionaria del 70 por ciento; Juan Domingo Cordero, con una participación del 15 por ciento; y Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, con una participación del 15 por ciento. A la fecha de constitución, el capital de la Compañía era de Bs. 100.000.000, suscritos y pagados en su totalidad.

   En mayo de 2013, Juan Domingo Cordero, vendió sus acciones a Gustavo Adolfo Perdomo Rosales, quedando este último con una participación del 30 por ciento y Raúl Gorrín con el restante 70% por ciento de las acciones de la compañía.
Juan Domingo Cordero, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo
    Vale destacar además que las empresas Grupo Inmobiliario Casagrande, CA y Acqua Inmobiliaria, CA representan una parte importante en el financiamiento a través de préstamos a Corpomedios GV Inversiones CA y a Globovisión Tele CA.

  De Acqua Inmobiliaria C.A., Globovisión Tele CA recibió empréstitos por Bs 34.000.000.

  De Grupo Inmobiliario Casagrande C.A., Globovisión Tele CA recibió Bs. 45.000.000 y de Grupo Inmobiliario Casagrande C.A., Corpomedios GV Inversiones obtuvo Bs 109.000.000.

  El dueño del Grupo Inmobiliario Casagrande es otra empresa denominada Pasten International Inc., representada por Ricardo Andrés Ramírez quien, a su vez, posee el 99 por ciento de las acciones de Acqua Inmobiliaria y el 100 por ciento de las acciones de 4R Investment CA, que es propietario del 90 por ciento de Interbursa CA. Pasten International Inc. tiene contratos en el sector eléctrico con el Estado venezolano y entre los proyectos se encuentran: Subestación San Gerónimo, Planta Luisa Cáceres de Arismendi y Planta Don Luis Zambrano (El Vigía).

  Otra entidad, J3 Financiamiento Plus CA., otorgó préstamos a clientes de Seguros La Vitalicia para el pago de pólizas. Esta empresa es propiedad de Gustavo Perdomo Rosales con una participación del 99.8 por ciento; quien a su vez es accionista de Seguros La Vitalicia con una participación del 0,657 por ciento; el 0.2 por ciento restante de J3 Financiamiento Plus CA., se divide en partes iguales del 0.05 por ciento entre Rino de Marchena Egul, Eduardo Jesús Vásquez, Ignacio Oberto Anselmo y Gabriel Lovera Ninaus, siendo este último el Vicepresidente Financiero de las compañías de Raúl Gorrín.

Venta de Globovisión y cambio de línea editorial

  En abril 2013, se conoció que Juan Domingo Cordero, Gustavo Perdomo y Raúl Gorrín habían logrado apoderarse de Globovisión tras el pago de 68 millones de dólares. La licencia de operación de Globovisión vencía en 2015. La cercanía de Gorrín y sus socios con Nicolás Maduro permitieron que ese trámite se cumpliera sin inconvenientes.

   Las elecciones presidenciales de Venezuela para el período 2013-2019 fueron el proceso electoral posterior a la muerte del presidente anteriormente electo, Hugo Chávez, que de acuerdo a la constitución debieron convocarse en los 30 días siguientes al fallecimiento del mandatario. Las elecciones se realizaron el domingo 14 de abril de 2013.

  El 14 de mayo de 2013, se hizo efectiva la venta de Globovisión y desde entonces la planta televisiva cambió drásticamente su línea editorial.

  En un comunicado emitido por el entonces propietario de Globovisión, Guillermo Zuloaga, éste dijo que tenía que vender el canal porque ya no podía soportar la presión en varios frentes. Esa presión, dijo, incluyó al gobierno venezolano tratando de obligarlos a salir del aire al negarle una renovación de su licencia de transmisión.

   Zuluaga aseguró que Globovisión "era inviable económicamente porque nuestras ganancias ya no cubren nuestros costos. Ni siquiera podemos aumentar los salarios [de los empleados] lo suficiente como para compensar la inflación y la devaluación. Somos políticamente inviables porque estamos en un país totalmente polarizado, y en el lado opuesto de un gobierno que quiere vernos fallar. Y somos inviables en el sentido legal, porque nuestra licencia de transmisión terminará pronto y no hay voluntad de renovarla".

   Zuloaga afirmó que la situación financiera del canal era tan grave que decidió no arriesgarse, y en su lugar aceptó la oferta de Juan Domingo Cordero, lo cual evitaría los despidos masivos del personal de Globovisión.

  Una nota publicada por el diario El Universal y reseñada por abc.news, cita las declaraciones del profesor y experto en comunicaciones de la Universidad Andrés Bello, Andrés Cañizales, sobre la venta de Globovisión, en las que califica la venta como una "señal ominosa" para la libertad de expresión en Venezuela.
  "La situación actual [de Globovisión] pone grandes dudas sobre cómo le irá a la oposición de Venezuela en futuras elecciones", dijo Cañizales al periódico El Universal.[La nota fue publicada, pero luego que el mencionado periódico pasó a manos de empresarios aliados al régimen de Nicolás Maduro, fue borrada].

  Cañizales dijo que en el período previo a las últimas elecciones presidenciales, realizó un estudio que demostró que Globovisión fue el único canal de televisión que dio cobertura en profundidad a la campaña del candidato opositor Henrique Capriles. Los otros canales solo le dieron a Capriles un promedio de tres minutos de tiempo aire por día.

  Si Globovisión cambia sus políticas editoriales, no sería la primera voz crítica silenciada en Venezuela, advirtió. En 2007, el canal de televisión de oposición RCTV fue sacado del aire después de que el gobierno venezolano decidió no renovar sus derechos de transmisión. Los canales privados de televisión Venevisión y Televen se han mantenido, pero han moderado en gran medida su cobertura política por temor a ser silenciados.

Una demanda para parar la venta

   Cuando se produjo la venta del canal Globovisión se presentó la demanda AP11-0-2014-000097 ante el Cuarto Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario.

   Con fecha 13 de agosto de 2014, Tulio Antonio Villegas Mavarez solicitó un amparo constitucional basado en los artículos 26 y 27 de la Constitución Nacional de la República de Venezuela para que declarara nula la venta de Globovisión, alegando que cuando Guillermo Zuluaga anunció la venta de Globovisión este dijo que el canal de noticias se vendería a empresarios vinculados a los sectores financiero y de seguros.

 Villegas Mavarez argumentó que las leyes y regulaciones aplicables a las instituciones bancarias en Venezuela, establecen que ni una persona física ni una entidad comercial con intereses en el sector de telecomunicaciones pueden tener participación en el sector financiero nacional.

  El demandante sostuvo que a una persona o entidad que opere en el sector financiero, no se le debe permitir operar en el negocio de las telecomunicaciones. Este recurso no llegó a nada, pues el tribunal desestimó este reclamo el 13 de agosto de 2014.

El encargo de un estudio neutral

  Debido a la caída de la audiencia reportada desde finales de 2013 en adelante, en razón del cambio de la línea editorial del canal a favor del régimen de Nicolás Maduro, los apoderados de Raúl Gorrín en Estados Unidos encargaron al Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinoamericanos (CLALS) de la Universidad Americana, realizar un estudio “independiente” bajo el título: "¿Sesgo o neutralidad? Una evaluación de la cobertura de las noticias de televisión en Venezuela por Globovisión”(6).

   El estudio “independiente” fue realizado por CLALS, un centro de investigación que se ocupa de temas de “libertad de prensa” en América Latina. El equipo de la universidad hizo una supuesta evaluación de la programación de Globovisión desde mediados de 2013 hasta el verano de 2014. El informe fue publicado en mayo de 2015 concluyendo que Globovisión, "no tiene un sesgo significativo a favor del gobierno o la oposición".

Lobby, Lobby y más lobby

  Desde 2013, año en que se estrena Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y Globovisión pasó a ser aliado del oficialismo, las críticas por los cambios en la línea editorial, la pérdida de las audiencias y el despido o renuncias del talento periodístico de Globovisión hicieron que Raúl Gorrín y sus asociados emprendieran un plan para rescatar la imagen del canal que a todas luces se había callado. Contrató las mejores agencias de lobby de Estados Unidos, en especial Ballard Partners, que es una firma de Brian Ballard, un ex-cabildero de Florida del presidente Donald Trump.
  Los récords publicados por Open Secrets muestran que en 2017, Globovisión pagó a Ballard Partners USD 450.000 a través de la filial estadounidense de la red de televisión venezolana, aparentemente para ayudar a la compañía a expandirse a los mercados de los Estados Unidos.
   El diario estadounidense El Nuevo Herald, citando tres fuentes familiarizadas con las firmas de cabildeo contratadas por Globovisión, reveló que los planes de Gorrín estaban por encima del canal Globovisión, y que el boliburgués "estaba tratando de establecerse como un intermediario entre Caracas y la administración Trump, vendiéndola idea de que el presidente Nicolás Maduro y otros líderes gubernamentales clave, podrían estar dispuestos a negociar una transición en Venezuela a cambio de una amnistía"(5).

   El diario aseguró en esa nota que Gorrín no había respondido a una lista detallada de preguntas sobre sus actividades de cabildeo en Estados Unidos. A través de un asistente, Gorrín dijo que viajaba por Europa y que "por regla general" sólo concede entrevistas cara a cara.

  Sostiene además el diario que Gorrín parecía "haber obtenido resultados mixtos en sus esfuerzos por obtener acceso a los expertos de Washington, a pesar de que Globovisión gasta al menos tanto en cabildeo como las principales compañías de cine y televisión de EE. UU."

 Aseguró que "Gorrín se reunió con el vicepresidente Mike Pence en los últimos meses, según muestra una foto obtenida por el Nuevo Herald, y ha estado buscando una reunión con Trump, dijeron las fuentes".

  Para junio de 2017, dos fuentes en Washington DC confirmaron que Gorrín se había tomado una fotografía con el vicepresidente Mike Pence, como resultado de las gestiones hechas por la agencia de cabildeo contratada por el empresario chavista.

  Open Secrets muestra que Gorrín pagó a Ballard Partners USD 300.000 a través de Globovision Tele CA en 2019 para que le hiciera cabildeo en el gobierno de Estados Unidos.

 David Ostroff, presidente del Departamento de Telecomunicaciones de la Universidad de Florida, dijo que la explicación de Gorrín no tiene sentido. Una estación de televisión extranjera que busca expandirse a los Estados Unidos necesitaría la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, incluso si la estación tiene una subsidiaria de los Estados Unidos, pero la Casa Blanca no tiene autoridad sobre la agencia reguladora independiente.

 "La Casa Blanca no sería necesariamente el lugar donde comenzarían si se tratara de la FCC", dijo Ostroff. "Obviamente necesitarían la aprobación o el apoyo de la Casa Blanca para esto, pero la Casa Blanca no tiene poder para ordenarle a la FCC que haga nada" explica el Nuevo Herald.

Gorrín se niega a hablar con Venezuela Política

 Con el ánimo de hacer una publicación en Venezuela Política para esa época, se le remitió al jefe de prensa de Globovisión, quien que tiene bajo su responsabilidad el portal web del canal, una solicitud de entrevista, así como las preguntas, pero Raúl Gorrín se negó a responderlas.

El correo enviado a Oscar Silva Araque a la dirección osilvaglobovision.com contenía las siguientes preguntas:

1) ¿Sostuvo usted una reunión con el Vicepresidente de los EE. UU., Mike Pence, en Washington DC?
2) ¿Cuál fue la razón de ese encuentro?
3) ¿Para lograr ese encuentro usted usó los servicios de Ballard Partners de Florida?
4) ¿Usted acudió a ese encuentro en representación del gobierno de Nicolás Maduro o a motu proprio?
5) ¿Cuáles fueron las propuestas planteadas a el Sr. Pence?
6) ¿Cuáles son las vías que usted considera son las más viables para salir de la crisis que vive actualmente Venezuela?
   En lugar de las respuestas, Oscar Silva Araque envió a Venezuela Política una foto de una entrevista que Gorrín había dado al semanario Quinto Día, donde según el periodista al servicio de Gorrín, este había respondido las preguntas formuladas desde este portal.

CITAS

1) https://www.ice.gov/most-wanted/belisario

2) U.S. Department of the Treasury. Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583

3) U.S. Deparment of the Treasury. Venezuela-related Designations, Designations Updates, and Designations Removals. 19 de marzo de 2019. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190319.aspx

4) U.S. Department of the Treasury. Treasury Targets Venezuela Currency Exchange Network Scheme Generating Billions of Dollars for Corrupt Regime Insiders. 8 de enero de 2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm583

4)https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article221706585.html

6)https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo_13850.pdf

7) Venezuelanalysis. Venezuelan Government Becomes Shareholder in Opposition Channel Globovision. 8 de diciembre de 2010. https://venezuelanalysis.com/news/5846

87) Center for Latin American & Latino Studies. Venezuelan Government Becomes Shareholder in Opposition Channel Globovision https://venezuelanalysis.com/news/5846