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viernes, 13 de septiembre de 2019

Juez de Nueva York ordena que los jurados del juicio de Tony Hernández sean anónimos

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la audiencia previa al juicio contra el ex diputado hondureño,  Juan Antonio Hernández, realizada este viernes,  el juez ordenó que la identidad de los 12 jurados principales y 6 alternos se mantenga sellada. Los nombres de los seleccionados sólo serán del conocimiento de la fiscalía y de la defensa. "Se identificarán con número", advirtió el magistrado Kevin Castel al momento de ratificar que se mantenía la fecha de inicio del proceso para el 2 de octubre de 2019.
"Tony" Hernández es acusado por el gobierno estadounidense de conspirar para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y de falso testimonio a las autoridades. El expolítico fue arrestado en noviembre de 2018 en Miami y trasladado  a Nueva York para ser procesado. 

La audiencia de este viernes se inició a las 2:20 PM. El acusado llegó sonriente y relajado a la sala 11 D, vestido con el uniforme azul de presidiario y con los pies encadenados. Se tomó su tiempo para mirar a las bancas de la sala, que estaban ocupadas por los periodistas que cubren el caso.  A los pocos minutos, entró el juez Castel quien afirmó que trataría, "en la medida de lo posible", de que el juicio  se desarrolle y concluya en corto tiempo.

Seguidamente, el juez aprobó la solicitud de los fiscales para presentar expertos que testifiquen sobre en armas, drogas y política hondureña. La defensa pidió que dichos testimonios no se extra-limitaran, en especial, el relacionado con la geopolítica de Honduras, ya que podrían ejercer un efecto negativo en la imagen del acusado frente al jurado.

El fiscal Emil Bove insistió con el argumento que el juicio contra  Hernández tiene evidencias que deben ser presentadas al jurado para probar que el acusado y sus cómplices, usaron el dinero proveniente de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno del país centroamericano.

El juez aceptó además que la fiscalía muestre a los jurados las evidencias de dos asesinatos de dos hombres vinculados a su organización criminal de Hernández, uno de los cuales ocurrió en el Departamento de Copán, 2011 y el otro, en el Departamento de Colón, en 2013. La defensa había objetado este tema.

La insistencia con los expertos

El juez aprobó la moción de los fiscales de presentar en el juicio el testimonio de expertos admisibles pero se reservó la posibilidad de regularlos, si los mismos llegaran a extralimitarse de los elementos que forman parte de la conspiración. 

Asimismo quedó aprobada la testificación de un oficial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); del Agente Especial de la DEA, Gregg Mervis para que explique al jurado las rutas del narcotráfico en la región de las Américas y otro experto que hablará sobre cuestiones específicas relacionadas con Honduras y la política hondureña.


Igualmente, el juez limitó el testimonio del agente especial Mervis, y pidió que el mismo se enfocara en lo relativo a la acusación que contra Hernández, y al usó laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, donde algunos paquetes de drogas fueron sellados con las iniciales "TH", sin extenderse en otros aspectos que no forman parte del caso.

El juez dijo que para acelerar el proceso se trabajarán algunos viernes. Sin embargo, no habrá juicio el 9 de octubre por la celebración del Yom  kippur, y el 14 de octubre día de Cristóbal Colón. 

El ex-político hondureño  que se enfrenta una pena de cadena perpetua.


jueves, 29 de agosto de 2019

Fiscalía de NY: Juicio por narcotráfico contra "Tony" Hernández no es un "referéndum sobre la política hondureña"

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York advirtió que el juicio contra el hermano del actual presidente de Honduras y ex-diputado, Juan Antonio "Tony" Hernández no es un "referéndum sobre la política hondureña", pero sostuvo que hay evidencias que muestran que el acusado y sus cómplices usaron el producto de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno del país centroamericano.
Hernández es acusado por el gobierno estadounidense de conspirar para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como delitos relacionado con venta de armas y de mentir a agentes federales. 

Hernández fue arrestado en noviembre de 2018 en Miami. Luego de ser traslado a Nueva York y declararse no culpable de los cargos, la Corte federal de Manhattan programó el inicio del juicio para el 2 de octubre de 2019.

En las acusaciones de los fiscales federales de Nueva York se describe a Hernández Alvarado como "un narcotraficante a gran escala" que trabajó durante más de una década con otros co-conspiradores y traficantes de Guatemala, México, Colombia y otros países para recibir, procesar y distribuir cocaína que habría sido enviada desde la ruta de Honduras  hacia los Estados Unidos.

La acusación sostiene que Hernández usó laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, donde algunos paquetes de drogas fueron sellados con las iniciales "TH", según los investigadores. El ex-político hondureño enfrenta una pena de cadena perpetua.

Los fiscales también dijeron que Hernández coordinó y ocasionalmente proporcionó seguridad para los envíos de drogas dentro de Honduras, incluso utilizando a miembros de la policía nacional del país para el trabajo.

Las acusaciones de corrupción relacionadas con los envíos de drogas vinculados a Tony Hernández han arrojado una sombra sobre el gobierno de su hermano en un país centroamericano que es un importante centro de tránsito para la cocaína.

En un documento de la fiscalía se destaca que Hernández Alvarado pagó y recibió sobornos para suavizar el flujo de drogas y dinero, a veces pagando a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por información para asegurar los envíos de cocaína, y en otros solicitando sobornos para él y otros funcionarios de alto rango.

En un documento entregado por la fiscalía a la corte este miércoles, se listan una serie de nombres que serán citado por las autoridades por estar involucrados en la conspiración por la cual se encausa a 
“Tony” Hernández.

En el documento, que corresponde a la respuesta del gobierno a las mociones presentadas por el acusado, se señala que existe evidencias que prueban la complicidad y el uso del poder político del acusado para facilitar el tráfico de drogas.

Según los fiscales, Tony Hernández usó dinero proveniente del narcotráfico para obtener poder político en su país. Asimismo, se destaca la participación del actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández en la conspiración, destacando que el jefe de Estado habría usado dinero de las drogas para pagar su campaña a cambio de dar protección cuando este era presidente del Congreso Nacional y luego cuando fue electo presidente.

Los fiscales sostiene que la evidencia es extraordinariamente relevante para los crímenes acusados en la acusación contra Tony Hernández. De hecho, el acusado explicó durante su declaración posterior al arresto que la corrupción política era un "modus operandi" del narcotráfico:

"Siempre intentan involucrar a alguien para poder estar en el. . . tener algo del estado. Ya sea información, ya sea logística o algo así, atraer a alguien o comprometer al gobierno para que lo ayude. Eso siempre ha sucedido, siempre. Es un modus operandi con el narcotráfico. . . y crimen organizado".

El gobierno explicó en el documento que las objeciones del acusado sobre la admisibilidad de las declaraciones de co-conspirador no tienen fundamento y por tanto deben ser rechazadas.

Las mociones del gobierno en limine solicitaron sentencias previas al juicio con respecto a la admisibilidad de 14 conjuntos de declaraciones que los cómplices del acusado hicieron a los testigos que cooperaron y que testificarán en el próximo juicio, argumentando  que todas las declaraciones son admisibles bajo las Reglas 804 (b) (3) y 801 (d) (2) (E). 

El acusado no impugna los argumentos del Gobierno bajo la Regla 804, y sus objeciones bajo la Regla 801 y la Regla 403 carecen de fundamento.

El documento destaca que las declaraciones de esas personas promovieron la conspiración acusada en el Primer Cargo, así como una conspiración relacionada para apalancar el tráfico de drogas para mantener y mejorar su poder político y el control del Partido Nacional en Honduras.

Hernández pidió a la corte excluir las evidencias relacionadas con la corrupción política, alegando que podría violar la Regla 403 en un juicio en el que el Gobierno espera presentar evidencia que demuestre que el acusado coordinó un caso relacionado con drogas. asesinato a través de un miembro de la Policía Nacional de Honduras.

Los fiscales insistieron que hay evidencia que muestra que Hernández y sus cómplices usaron dinero de las drogas para asegurar y explotar las instituciones del gobierno hondureño y en promoción del narcotráfico. 

El Gobierno  dice que establecerá que Hernández ayudó a escoltar los envíos de drogas, transmitió información confidencial de las fuerzas del orden desde la sede de la Policía Nacional de Honduras a los conspiradores, y guardó una de las propiedades del acusado en San Pedro Sula, Honduras, donde cooperaba con ametralladoras y dispositivos destructivos, y asesinatos.

También sostiene que hay evidencias que prueban que  el acusado y sus cómplices buscaron protección adicional mediante "el uso de las ganancias de las drogas para financiar parcialmente las campañas políticas del Partido Nacionales".  Hernández pidió a la corte que esta evidencia no fuera admitida en el juicio.

Los expertos

Los fiscales informaron además que presentarán en el juicio el testimonio de expertos admisibles. Hernández objeta la forma de las declaraciones de expertos del Gobierno y algunos aspectos del testimonio de expertos propuesto. A pesar de ello, la fiscalía pidió que la corte que los acepte dando una identificación de cada experto, entre quienes se encuentran el Oficial de Aplicación de Armas de Fuego ("FEO"), Cody Toy, y uno de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ("ATF") para ayudar al jurado a comprender otras armas relacionada con la evidencia que es relevante para las violaciones del acusado.

Asimismo, se incluirá el testimonio del (i) Agente Especial Gregg Mervis para que explique al jurado las rutas del narcotráfico en la región de las Américas, el Profesor Patricio Navia que hablará sobre cuestiones específicas relacionadas con Honduras y la política hondureña.

Mervis hablará ante el jurado sobre las FARC, que son una organización paramilitar colombiana que opera en Colombia, Venezuela y Ecuador, conocidos por ser uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Igualmente, el agente especial testificará sobre el surgimiento a principios de la década de 2000 de lo que a veces se conoce como la "ruta centroamericana" para transportar cocaína desde América del Sur a los Estados Unidos, que incluye el uso de aviones y barcos para enviar cocaína a Honduras como punto de transbordo de drogas con destino a los Estados Unidos. 

Mervis explicará que los narcotraficantes comenzaron a alejarse de las rutas de drogas que involucran el Caribe y el sur de la Florida debido a una variedad de factores, incluido el aumento de los esfuerzos de aplicación de la ley en Colombia, Florida y otros lugares, lo que resultó en un aumento del tráfico en la frontera entre Estados Unidos y México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, la decisión de Colombia a fines de la década de 1990 de reanudar la extradición de sus ciudadanos a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico, y el surgimiento de carteles mexicanos de drogas capaces de importar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos de manera organizada y dispuestos a aceptar los mayores riesgos legales asociados con esas actividades.

El Gobierno busca ofrecer testimonios de expertos sobre el aumento del precio de la cocaína por kilogramo a medida que se transporta de América del Sur a los Estados Unidos para ayudar a los jurados a comprender el testimonio de los testigos cooperantes anticipados sobre los precios que cobraron o pagaron mientras trabajaban con el acusado para importar cocaína. El testimonio ayudará al jurado a comprender los incentivos y los motivos que enfrentan los participantes en los tratos de drogas como los que el acusado se unió durante más de una década, y a evaluar la evidencia del estado mental del acusado.

Los fiscales sostiene que tratarán de demostrar cómo el narcotráfico influyó en la política. Por años  la policía les proporcionó una protección casi total a los carteles. La constitución hondureña prohibió la extradición de hondureños a los Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. A principios de 2012, el Congreso hondureño, liderado en ese momento por el hermano del acusado, CC-4, (actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández) modificó la constitución para permitir la extradición. 




lunes, 17 de julio de 2017

Narcotráfico: Fabio Lobo, hijo de expresidente de Honduras, fue sentenciado a pagar a los EEUU $266.667

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, fue condenado por un tribunal en Nueva York a pagar $266.667 dólares al fisco norteamericano como consecuencia del delito de conspirar para traficar cocaína a los EEUU, por el cual se declaró culpable el 16 de mayo de 2016.
El 18 de marzo de 2015, Fabio Porfirio Lobo fue acusado de violar el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 963. En la acusación en su contra, la justicia estadounidense incluyó alegaciones de confiscación del dinero proveniente de actividades de narcotráfico, en concordancia del Título 21 del Código de los Estados Unidos, las Secciones 853 y 970.

En los EEUU, la ley establece que cuando un acusado ha obtenido dinero o bienes de manera directa o indirecta como resultado del delito imputado, el gobierno decomisará cualquiera y todos los bienes provenientes de la actividad criminal.

Las  Reglas Federales de Procedimiento Penal no requieren un procedimiento auxiliar para ejecutar la medida en el que el decomiso de dinero en un juicio.

El tribunal neoyorquino ordenó que como resultado de la declaración de culpabilidad el demandado sería condenado a  una sentencia de dinero por la cantidad de $266,667 en lugar de la cifra que originalmente se dió a conocer que eran $ 326.667. Esta orden se dicta de conformidad con la Regla 32.2 (b) y (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de los EEUU.

El memorando firmado por la juez Lorna G. Schofield dice que la orden de confiscación o sentencia de dinero es definitiva y se considerará parte de la condena del demandado, por lo cual se incorporará en el juicio de convicción.

Gobierno se opone a la reducción de sentencia de dinero

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon  H. Kim, conjuntamente con los sub-fiscales del caso Emil J. Bove III y Matthew J. Laroche se opusieron al dictamen dado a conocer por la Corte de 30 de junio de 2017 donde se ordenó retirar las objeciones hechas a la reducción del monto de droga en los que el acusado está involucrado. 

El fiscal observa que en el memorando de la corte no se discuten los efectos de la determinación de la condena que, de acuerdo a las evidencias presentadas por individuos que actuaban bajo la dirección de la DEA, Fabio Lobo Lobo estaría vinculado a un  envío de 2.500 kilogramos de cocaína. "El demandado entendió en el momento de su detención que el cargamento implicaba un total de tres toneladas de cocaína", dice en referencia a una grabación de fecha 17 de mayo de 2014.

Asimismo señalan que el acusado indicó en abril de 2015 que "su 10% del envío" consistía en "300" kilogramos, relativo al envío de "3.000 kilogramos de cocaína".








lunes, 3 de julio de 2017

Nueva fecha: Fabio Lobo será sentenciado por narcotráfico en NY el 31 de julio

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La sentencia de Fabio Lobo, el hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), acusado de conspirar para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue aplazada nuevamente para el 31 de julio de 2017, informó -a través de un memorando- la corte del Distrito Sur de Nueva York.
La fecha anterior fijada para la sentencia era el 20 de julio. El calendario procesal del caso ha sido cambiado en varias oportunidades desde mayo de 2016.

En la misiva se informa que algunas pruebas del caso fueron entregadas a la corte en idioma español sin traducción, lo que obliga a dar más tiempo para que dichos documentos sean traducidos al inglés.

Según los récords de la corte, el gobierno de los Estados Unidos reclama al acusado Fabio Lobo el pago de $13 millones de dólares por concepto de “ingresos obtenidos durante la conspiración por narcotráfico” por él y sus coacusados.

Lobo fue capturado por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en mayo de 2015 en Haití. El acusado se declaró culpable de los delitos de narcotráfico entre 2009 y 2014, cuando su padre era presidente.

De acuerdo a lo estipulado en la ley, Lobo enfrenta una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.

La jueza del caso aseguró que antes de sentenciar al acusado debía conocer el fallo de la Corte Suprema que decidirá si Lobo es responsable o no del dinero obtenido ilegalmente por coacusados que participaron en la conspiración y que podría alterar el monto de dinero solicitado por la fiscalía.

El testimonio que cambió el caso

El caso de Lobo tomó un nuevo giro cuando a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sentó en el estrado al exlíder del cártel Los Cachiros de Honduras,  Devis Leonel Rivera, quien se entregó a las autoridades norteamericanas. 

El testimonio de Rivera fue explosivo, ya que acusó a la alta cúpula política de Honduras de estar involucrada en delitos de drogas.

De acuerdo a la acusación, a principios de 2009, cuando Porfirio Lobo Sosa buscaba la presidencia de Honduras, el acusado, Fabio Lobo, se unió a una conspiración para traficar drogas con su padre y otros al aceptar sobornos a cambio de proteger y asistir a traficantes en Honduras.

Durante el tiempo que Lobo Sosa era candidato a presidente de Honduras en 2009, los líderes de Los Cachiros le pagaron aproximadamente 500 mil dólares a cambio de protección política de investigaciones policiales, impedir la extradición hacia Estados Unidos y otorgar contratos de agencias gubernamentales hondureñas a compañías fachada para lavar dinero controladas por Los Cachiros, según indica la acusación de la fiscalía.

Honduras no autorizó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos hasta aproximadamente 2012, y ninguna extradición ocurrió cuando el presidente Lobo Sosa estaba en el cargo. Ese hecho ratifica -según el líder de los Cachiros- el compromiso que el expresidente hondureño había adquirido con la organización criminal.

El ex-líder de los Cachiros también implicó en el negocio del tráfico de drogas al actual ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco, a dos diputados, a un alcalde y al hermano del actual Presidente Juan Orlando Hernández y a uno del expresidente Manuel Zelaya. Todos los acusados niegan tajantemente las acusaciones.

lunes, 15 de mayo de 2017

Fabio Lobo podría llegar a un acuerdo de colaboración con la justicia de EEUU

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Fabio Lobo Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, podría llegar a un acuerdo de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, a pesar que su sentencia, por delitos relacionados con el tráfico de cocaína desde Honduras hasta los Estados Unidos, está prevista para ser leída el 30 de mayo de 2017. Su defensor, Manuel Retureta, dejó saber que existen posibilidades que su cliente negocie con los fiscales federales para reducir su condena.


Muchos acusados de delitos de narcotráfico optan por convertirse en testigos protegidos del gobierno para reducir sus sentencias. Cuando se colabora con el gobierno, existe la obligación de testificar en los juicios contra las personas involucradas en las organizaciones criminales o individuos a las que los acusados están vinculadas y sobre la cual poseen información.

Retureta confesó en una entrevista que sostuvo con el periodista Armando Villanueva del Foro de Canal 10, que un acuerdo de colaboración podría ser considerado por Lobo en la última etapa del proceso que se le sigue en los tribunales de Nueva York. Por ahora, la fiscalía y la defensa se encuentran enfrascados en una discusión sobre si Fabio Lobo está siendo acusado como líder de una organización criminal o no, sí pagó sobornos a los funcionarios o no, si estaba involucrado directamente en la exportación de drogas o si tenía un arma cuando hacía todo esto y la usaba para facilitar el tráfico de drogas.

En la audiencia Fatico que se dio antes de la lectura de la sentencia, el Gobierno presentó a Devis Leonel Rivera Maradiaga como testigo para aportar nuevos elementos al expediente. El exlíder de los Cachiros ratificó las acusaciones contra Lobo Lobo y acusó a varios miembros de la cúpula política hondureña, incluyendo al padre del acusado y expresidente, Porfirio Lobo Sosa.

Lobo fue arrestado en Haití el 20 de mayo de 2015 y trasladado a Nueva York para afrontar la justicia. El demandado está acusado de conspirar para trasladar cocaína desde Honduras hasta territorio estadounidense, de acuerdo al documento original del Gran Jurado.

Según la acusación, Lobo Lobo acordó ayudar a dos supuestos narcotraficantes mexicanos en el transporte de varias toneladas de cocaína, que resultaron ser agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de EE.UU (DEA).

El caso

El plan para transportar cocaína incluía la participación de policías hondureños, que se encargarían de la logística y protección de la droga, y que fueron presentados a los supuestos narcotraficantes representantes del Cártel de Sinaloa por el mismo Lobo, según el informe de la fiscalía.

De acuerdo con correos electrónicos y llamadas telefónicas que fueron grabadas por los testigos cooperantes encubiertos del gobierno americano, Lobo acordó con uno de los supuestos narcotraficantes viajar a Haití para recibir el dinero obtenido por la venta de la cocaína. 

Lobo fue arrestado en Puerto Príncipe el 20 de julio de 2015. El acusado se declaró culpable de los cargos interpuesto por la fiscalía neoyorquina.

Lobo Lobo se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y a una mínima de 10 años.