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miércoles, 22 de junio de 2022

Así se iniciaron las contrataciones de preventa de crudo por parte de Petroecuador a empresas chinas durante el gobierno de Rafael Correa

  Los contratos suscritos con Petrochina establecieron condiciones ampliamente desfavorables a la nación ecuatoriana. Aquí damos a conocer algunas de ellas.

Por Maibort Petit

   El contrato inicial con Petrochina y los dos siguientes establecieron la norma que a partir de entonces regiría en las operaciones entre EP Petroecuador y la empresa china, caracterizados por lo turbio e irregular. Estos convenios establecidos en el gobierno de Rafael Correa suponían el fin de la intermediación petrolera, pero muy por el contrario terminaron exacerbándola.

   En varias entregas hemos hechos referencia a varios de los tópicos contemplados en el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”. En esta damos a conocer los detalles de tres de los contratos que rigieron con la referida empresa china dados a conocer por el ente legislativo ecuatoriano.

Correa ordena a Petroecuador firmar contrato Petrochina

  En primer lugar, el informe parlamentario hace referencia al contrato de preventa 2009-433 26, el cual establecía la negociación entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

  Lo primero que resalta la Comisión de Fiscalización y Control Político es el hecho de que Rafael Correa ordenó a la estatal petrolera ecuatoriana, EP Petroecuador, responder de “forma positiva” la propuesta económica que establecía un primer desembolso de USD 1.000 millones atada a la venta anticipada de crudo.

    Para emitir dicha respuesta positiva, Petroecuador procedió a pedir el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado el 20 de julio de 2009, así como del ex-secretario jurídico, Alexis Mera. Transcurridos tres días de esto, se suscribió el primer contrato de preventa de petróleo el 23 de julio de 2009 y con ello se “comprometió la entrega de 69,12 millones de barriles de crudo (2,88 millones de barriles mensuales) con un premio de USD 1,25 por barril para el crudo Oriente y USD 1,30 para el Napo”. Por Petroecuador firmó el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Luis Jaramillo Arias, mientras que por Petrochina lo hizo Zhang Tao.

 Subraya el informe parlamentario que este contrato que fue catalogado por Rafael Correa como la primera venta anticipada con Petrochina, en realidad era el “primer crédito que se pedía a China con interés anual del 7,25 por ciento a dos años de plazo.

  Sostiene el informe que se trataba de una línea de crédito “maquillada como preventa” que significó el inicio del endeudamiento garantizado con recursos naturales.

 Se advierte que Petrochina violó el contrato cuando entregó el petróleo recibido por Petroecuador a Petroperú, lo cual llevó a cabo a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum. Tal señalamiento lo hace la comisión parlamentaria, en razón de que la cláusula de destino del contrato restringía la venta del petróleo ecuatoriano en el mercado natural de Petroecuador, a saber, la costa pacífica-línea ecuatorial), pero los conocimientos de embarque e información entregada por Petroperú al ente legislativo demostraron la realidad antes descrita.

  Los Papeles de Panamá dieron a conocer que, en esta primera preventa de crudo, empresas privadas recibieron pagos indebidos por cada barril de petróleo comercializado bajo su letra. Específicamente se estableció que se pagó USD 1 por barril a los empresarios ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar “por ayudar en la negociación”.

  Una investigación del diario El Universo descubrió que el crudo vendido a Petrochina terminó en manos de la empresa suiza Castor Petroleum Limited, la cual es propiedad de la multinacional petrolera Gunvor. La cláusula que estableció el libre destino del crudo permitió el negocio de la reventa bajo el control de Guvnor, a través de las empresas Core Petroleum, Castor Petroleum, Taurus Petroleum y Ursa Shipping.

 Raymond Kohut, ex-empleado de Guvnor, se declaró culpable en el Tribunal para el Distrito Este de Nueva York de conspiración para cometer lavado de dinero. Kohout participó en un esquema corrupto mediante el cual se sobornó a funcionarios de Petroecuador[1] para que éstos aprobaran contratos a las empresas chinas. El hombre reconoció el pago de USD 70 millones en coimas.

Se establece el “libre destino” como norma

  Con la firma del Decreto 466 a que hicimos referencia en entrega anterior, se dio plataforma a los convenios a cuatro partes, dentro de los cuales encontramos la Línea de Crédito I por USD 1.000 millones el cual, igualmente, estaba sustentado en el Acuerdo Marco del 12 de junio de 2010, que permitía el financiamiento del “Programa de Inversión Multisectorial para Infraestructura a través del Financiamiento del Plan Anual de Inversiones y el Manejo Presupuestario 2010-2011”.

  El crédito fue aprobado el 23 de agosto de 2010 por el Comité de Deuda y Financiamiento a través del Acta Resolutiva Nº 09, la cual estableció que la tasa de interés anual del préstamo de USD 1.000 millones sería del 6 por ciento, más el 1,07 por ciento correspondiente a la comisión de gestión sobre el monto.

 Se estipuló que los recursos del préstamo se entregarían en dos tramos: el Tramo A, de libre disponibilidad, por USD 800 millones y el Tramo B por USD 200 millones, los cuales estarían destinados a “proyectos de inversión” con contratistas chinas. El crédito debía ser pagado en cuatro años.

  Refiere el informe parlamentario que la citada línea de crédito tenía como contraparte el contrato identificado con el número 2010-253, suscrito en Pekín el 31 de agosto de 2010. Estamparon su rúbrica, quien fungía como gerente general para la fecha, Manuel Zapater, mientras que por China firmó Zhao Yong, vicepresidente de Petrochina International Company.

  Según este contrato, Petroecuador se comprometió a entregar 52,6 millones de barriles de crudo en cuatro años. El precio del barril de crudo debía calcularse bajo la siguiente fórmula:

PF= WTI +/- Diferencial + Premio.

El premio para el crudo Napo y Oriente se fijó en USD 0,51 centavos.

Contraviniendo lo establecido en la normativa de comercio internacional de Petroecuador, la cláusula “Destino” del crudo estableció el “Libre destino a opción del comprador”. La normativa de la estatal establece que los lotes de crudo debían destinarse exclusivamente a las refinerías de las empresas estatales. A partir de esta contratación todas las siguientes se hicieron en los mismos términos.


El su informe DA3-0015-2012 38 de la Contraloría General del Estado determinó que en el contrato 2010-253 incumplió el artículo 62 De la Comercialización Internacional, literal g) De los Destinos en los Crudos en los Contratos de Crudo, del Proceso de Comercialización de la Normativa de Gestión.

Los destinos reales

  El informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político refiere que las dos primeras preventas de crudo no tuvieran como destino como era de suponerse, sino que los nueve embarques que comprendieron las mismas se dirigieron a Panamá, Japón y Estados Unidos.

  El informe de la Contraloría del 25 de marzo de 2013, refiere que el examen practicado al proceso precontractual, contractual y ejecución del convenio y contratos de compra-venta de Crudo Oriente y Napo entre Petroecuador y la compañía Petrochina International Company Limited reconoció su imposibilidad para identificar los nombres de los accionistas de Petrochina que participaron en la comercialización externa del crudo ecuatoriano. Tampoco se pudo comprobar que los destinos de estos embarques hayan sido sus refinerías o sus instalaciones.

  Los conocimientos de embarque revelaron que el contrato de flete estaba garantizado por la empresa Taurus Petroleum Limited.

  Igualmente se determinó que con estos contratos (2009-433 y 2010-253) Ecuador perdió USD 39,1 millones por la venta de crudo con ganancias y diferenciales inferiores a los del mercado internacional.

Modificación del contrato a Petrochina

  El 25 de enero de 2011 se firmó el contrato 2011-048 el cual ampliaba el contrato de preventa 2009-433, con una vigencia de dos años y que estableció la entrega de 71,2 millones de barriles a cambio de USD 1.000 millones a una tasa de 7,08 por ciento anual que se entregarían a Petrochina a partir de febrero de 2011.

  El contrato contempló la modalidad que debía seguirse cuando existieran “montos insatisfechos” instruyendo que luego de una segunda notificación por parte de Petrochina a Petroecuador sobre los montos de cobro, la compradora podía ir al Centro Internacional de Peritaje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, a pedir que un perito determinara los valores. Estipulaba que, si los valores quedaban en firme, Petroecuador debía autorizar a Petrochina a cobrar a su nombre “cualquier saldo adeudado a Petroecuador por sus clientes internacionales bajo cualquier acuerdo de suministro de petróleo crudo existente hasta el monto en dólares”, equivalente al “Monto Insatisfecho”.

[1] Reuters. “Former Gunvor employee pleads guilty in Petroecuador bribery case”. 67 de abril de 2021. https://www.reuters.com/article/us-usa-petroecuador-corruption-plea-idUSKBN2BT2DR


martes, 3 de mayo de 2022

La deuda amarrada al petróleo con China se contrajo en condiciones perjudiciales a Ecuador y con altos intereses

   El gobierno chino puso como condición 'mantener en secreto las condiciones de los préstamos' otorgados durante la administración de Rafael Correa, los cuales terminaron en sobrepago con la producción petrolera de Petroecuador.

Por Maibort Petit

  Una exigencia de la República Popular China al gobierno del expresidente, Rafael Correa, impidió que se conocieran las condiciones perjudiciales para Ecuador de los prestados atados al petróleo, así como los altos intereses de la misma, reveló el informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”.

   La investigación parlamentaria saca a un informe de la Contraloría General del Estado fechado en abril de 2018 e identificado con el serial NA3-007-2018, donde se estableció que “Se declaró secreta y reservada la documentación de operaciones de endeudamiento, sin cumplir con los requisitos previstos en la ley y extendiendo indebidamente tal declaratoria hasta el pago total de los créditos”.

  Así lo había impuesto el gobierno chino a Rafael Correa, quien procedió a declarar las operaciones como reservadas de manera de evitar el escrutinio público de toda la contratación, para lo que emitió tres resoluciones ministeriales de 2010, a saber, MF-DM-RD-2010-001, MF- DM-RD-2010-002 y MF-DM-RD-2010-003, las cuales pusieron cerrojo sobre las negociaciones   pusieron candados sobre las negociaciones impidiendo que, por varios años, la nación ecuatoriana se enterara de los manejos del endeudamiento.

  El informe parlamentario refiere que fueron algunas publicaciones periodísticas, así como el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas y Petroecuador levantaran en ciertos casos la confidencialidad, lo que permitió que inicialmente que Ecuador se enterara de que se habían recibido esos préstamos con altos intereses, así como del castigo que se infligió al petróleo ecuatoriano por la forma en cómo se fijó su precio en los contratos comerciales. Dichas condiciones significaron que la nación ecuatoriana terminara comprometiendo mucho más crudo que el requerido para saldar la deuda.

Petroecuador más allá de sus competencias

  El informe de la comisión de fiscalización y control político hace referencia a la auditoría de la Contraloría General la cual estableció que Petroecuador se extralimitó en sus competencias.

  Refiere dicha auditoría que “‘a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública interna y externa en el Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y demás entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017’, la Contraloría General del Estado concluyó que Petroecuador E.P. gestionó, sin ser de su competencia, líneas de crédito mediante un convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con el Ministerio de Finanzas, destinado a otorgar liquidez a la caja fiscal, cuando debieron destinarse únicamente a proyectos de inversión. 

  El referido aspecto se contrapuso a lo establecido en el artículo 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que prohíbe el endeudamiento para gasto permanente y establece que las entidades del sector público, que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar programas de inversión e infraestructura”.

   El órgano contralor ecuatoriano estableció, tal como lo cita el informe parlamentario, que hubo un manejo “discrecional” de las operaciones de endeudamiento en razón de que “el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) derogó normas que preveían en forma clara, la composición de endeudamiento”, así como también otras leyes y reglamentos que “permitieron aplicación discrecional de conceptos sobre endeudamiento y su utilización”. Específicamente, se cita a modo de ejemplo de esta situación, el no considerar como deuda las operaciones de venta anticipada de petróleo, pese a haberse reconocido el pago de intereses y devengado no sólo con crudo sino también con dinero en efectivo, a saber, USD 35.000.000.

Correa sobrepasó el límite de endeudamiento

  El informe de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político del Poder Legislativo de Ecuador se remite a otro reporte de la Contraloría que concluyó que el gobierno de Rafael Correa, en octubre de 2017, superó el límite legal de endeudamiento, establecido en el COPLAFIP en 40 por ciento.

   Refirió la Contraloría que, hasta el 30 de junio de 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó USD 48’647.334.819,98, es decir el 48,41 por ciento del PIB de 2017, de acuerdo a lo que refiere el Estado de Situación Financiera del Presupuesto General del Estado de ese año.

  Indican los parlamentarios que la Contraloría advirtió que no se llevó a cabo el seguimiento de los convenios de crédito y de los proyectos ejecutados, como tampoco se emitió normativa técnica para la ejecución de operaciones de endeudamiento, administración de deuda y operaciones conexas. Además, se alerta de que el Decreto Ejecutivo 1218, estableció una metodología para cálculo de relación Deuda/PIB, lo cual no está previsto en la ley, pero permitió seguir contratando deuda sin requerir de la aprobación del Poder Legislativo Nacional, ni del Plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Fiscal que prevé el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Los acuerdos con China

   El informe indica que el 20 de noviembre de 2007 comenzó, con la firma del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Económica” en Pekín, la nueva política de comercialización de hidrocarburos del gobierno de la “Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Tal política propuso la cooperación recíproca “en base del principio de beneficio mutuo”, al igual que el desarrollo de proyectos y acciones específicas en los ámbitos económico, comercial, industrial, científico, minero, energético, petrolero, turismo, entre otros.

 Además, China y Ecuador suscribieron otros 13 acuerdos de cooperación económica, medio ambiente, minas y energía, cultura, ferrocarriles, medidas sanitarias y fitosanitarias en agricultura y pesca, entre otros.

  En la misma fecha se firmó el “Acuerdo de Cooperación en el Sector Hidrocarburífero” de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y la Corporación Nacional de Petróleo y Gas Natural de China y la Corporación Química de China, el cual perseguía desarrollar proyectos en la exploración, explotación y producción de petróleo, gas natural y yacimientos petrolíferos.

  Una nota de El Universo fechada el 19 de julio del 2017 informó que Petroecuador había vendido a Petrochina, a la empresa sueca Taurus Petroleum y a la británica Arcadia Petroleum cuatro embarques de 360.000 barriles de crudo cada uno[1]. Se iniciaban las relaciones comerciales entre Petroecuador y Petrochina International Company Limited.

Siguen los intermediarios

  Aun cuando una de las razones de Rafael Correa para instrumentar la alianzas fue la necesidad de terminar con los intermediarios, el informe parlamentario destaca que la información deja ver que en la operación de agosto de 2007 quedó en evidencia la presencia de Taurus Petroleum como comercializadora del crudo ecuatoriano, un hecho que no era la primera vez que ocurría, pues ya la intermediaria suiza se adjudicaba los cargamentos de petróleo junto a Petrochina.

 Asimismo, en 2006, junto a Mitsubishi Internacional y Mitsubishi Corporation, Taurus se adjudicó la venta 17,28 millones de barriles de crudo provenientes del bloque 15.

  Refiere el reporte Taurus Petroleum se convirtió posteriormente en la intermediaria del crudo que Petrochina se adjudicó en 2009, bajo los convenios de Alianzas Estratégicas, suscritos con el Estado ecuatoriano. Se subraya el hecho de que la misma Taurus reconociera que entre ellas existía una relación comercial. Así lo comprueba una carta de referencia comercial fechada en julio de 2006, suscrita por Ben Pollner, dueño de Taurus Petroleum, dirigida a Petroecuador, Pollner en la que señaló: “Petrochina International Company Limited es una de las empresas autorizadas a realizar actividades comerciales internacionales de petróleo crudo y productos refinados para el Grupo Petrochina. Petrochina opera en los mercados internacionales de comercio de petróleo desde 1995 y goza de una buena reputación entre sus contrapartes comerciales. En nuestros tratos con Petrochina hemos descubierto que se comportan de manera competente y profesional”.

  Entretanto, Petrochina siguió haciendo negocios con Petroecuador lo que se comprueba con la firma en 2008 del contrato número 2008-358 para la compraventa de Crudo Oriente a largo plazo. El 3 de octubre de 2008, Petrochina presentó formalmente la petición dirigida al gerente de Comercio Internacional de Petroecuador en la que expresó su “disposición de expandir sus vínculos comerciales y firmar una Alianza Estratégica”. El convenio fue aprobado por el Consejo de Administración de Petroecuador a través de la resolución Nº 354-CAD-2008-11-1720.

Se encienden las alarmas

  En el año 2008, Carlos Pareja Yannuzzelli, representante del presidente Rafael Correa ante el directorio de Petroecuador, le advirtió a este en una comunicación que en el concurso en el que la petrolera sacó a la venta, mediante licitación, 12 lotes de 12.000 barriles diarios de crudo Oriente a entregarse durante el año, hubo varios hechos que perjudicaron los intereses del Ecuador.

    Pareja Yannuzzelli alertó que esa venta, un negocio de más de USD 5.000 millones, no cumplió con las bases establecidas en el concurso en razón de que, entre otras cosas, el destino del crudo, una vez en manos de las adjudicatarias, no iba al destino final determinado en los pliegos de la negociación. 

    En ese sentido, Pareja le dijo a Rafael Correa que Petroecuador había adjudicado a cinco empresas diferentes los lotes de crudo a diferente precio, lo que significó una pérdida de USD 300.000 diarios o USD 9 millones, “por cuanto se adjudicó el mismo momento, el mismo volumen del mismo producto bajo la misma modalidad a diferente precio sin pedir igualación del diferencial ofertado por las compañías perdedoras al diferencial ganador”. 

   Explicó en la misiva que la compañía “Valero ganó cargamentos con un diferencial de USD 13,21 por barril, mientras que el resto de las competidoras se adjudicaron el crudo con diferenciales más altos: Conoco con un diferencial ofertado de USD 14,94, Repsol con USD 15,62, Petrochina con USD 16,28 y Glencore con USD 16,37”. 

 Esto significa que la pérdida estimada por Pareja Yannuzzelli era de más de USD 18 millones solamente entre los meses de julio y agosto, por “no igualar los diferenciales” con el diferencial de Valero.

    Explicó que Glencore  fue adjudicada con un diferencial mayor, a saber de USD 3,16, subrayando Pareja que no quedó claro en su oferta el destino final del crudo, dado que la comercializadora detalló refinerías de las que no se tenía claro si eran de su propiedad, “es decir, no se sabe finalmente qué va a hacer con nuestro crudo, convirtiéndola en un intermediario, incumpliendo las bases que señalaban que se debía indicar expresamente el destino final del crudo Oriente, como consumidor final”.

  De igual forma se refirió el asesor presidencial sobre Petrochina a la cual se le adjudicaron los cargamentos con una diferencia de USD 3,07. La empresa china había informado que el crudo iría a “otros destinos solicitados por Petrochina International Group y aprobados por Petroecuador (...) en ninguna parte de las bases consta un destino de común acuerdo”.

  Carlos Pareja Yannuzzelli concluyó dejó sentado que la mayoría de los barriles “serán comercializados en el mercado a pesar de su restricción de destino que limitaba las cargas hacia una refinería o terminal específico”, por lo que recomendó a Rafael Correa que las compañías adjudicadas “certifiquen las entregas al destino final señalado en la oferta y de no ser así, cobrar las garantías, borrarlas del registro de contratistas por incumplimiento”.

  La advertencia de Carlos Pareja Yannuzzelli se formuló vía escrita el 19 de agosto de 2008, sin que ninguna de sus advertencias fuera tomada en cuenta. Al contrario, las relaciones comerciales con China se afianzaron.

 Asimismo, los conocimientos de embarque e información de Petroperú indican que el crudo de Ecuador entregado a Petrochina llegó a la refinería de la estatal peruana a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum.

  El informe parlamentario refiere también que el 27 de enero de 2009, el presidente ejecutivo de Petroecuador E.P., Luis Jaramillo, suscribió con el representante legal de Petrochina, Zhang Tao, el Convenio de Alianza Estratégica 2009016 22 que tenía por objeto “desarrollar actividades económicas de mutuo interés en áreas de exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, servicios petroleros, gestión ambiental, fortalecimiento institucional y capacitación”.

   Este acuerdo, que tenía una vigencia de cinco años, estableció en la cláusula décima segunda que los “convenios específicos que se deriven del presente Convenio Macro, se regirán por la normativa interna vigente en el país y en el Sistema Petroecuador”, es decir, por la legislación de Petroecuador. Las negociaciones futuras se harían de Estado a Estado, sin la participación de intermediarios.

[1] El Universo. “Ecuador vende 1,4 millones de barriles de crudo”. 19 de julio de 2007. https://www.eluniverso.com/2007/07/19/0001/9/66CF7B915E3743E68A77C6E34CF4DC78.html


sábado, 16 de abril de 2022

Las Alianzas Estratégicas que Ecuador estableció con China significaron el sobrepago de las deudas con petróleo (I)

  Un informe de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo ecuatoriano determinó que los convenios con empresas chinas derivaron en pérdidas millonarias para la nación ecuatoriana.

Por Maibort Petit

    Al mes de febrero de 2022, Petroecuador había entregado a las empresas chinas Petrochina International Company Limited, Unipec Asia Co Limited y PTT International Trading Pte. Ltd., cinco veces más petróleo de lo que requería el pago de deuda contraída por Ecuador a través de créditos que sumaron USD 18.470 millones, con intereses de hasta el 7,37%, más cargos por costos financieros, entre los años 2009 y 2016, los cuales se cancelarían mediante la entrega de crudo a largo plazo.

 Así lo estableció la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador en el Informe “Petrochina: Deuda pública y Comercialización de petróleo”, identificado con número CEPFCP-2021-2023-003-I. Una investigación que se llevó a cabo al amparo de lo dispuesto en los artículos 226 y 120 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, así como de los artículos 74 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y del artículo 24 de su Reglamento y que tiene por objeto poner en conocimiento de los órganos administrativos, de control, de justicia y de la ciudadanía en general, los hallazgos que se desprenden de la fiscalización de los casos Petrochina, Gunvor, Petrotailandia y Petroecuador.

  El pleno de la Comisión de Fiscalización conoció y aprobó en las sesiones del 7 y 24 de junio de 2021, el plan de trabajo que contemplaba la investigación de los referidos casos.

  Tal situación deriva de las denominadas “Alianzas Estratégicas” que el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado estableció con la República Popular China con miras a convertir a la nación oriental en la principal financista del Ecuador. Se suponía, advierte el informe, que dichos convenios traerían “beneficios mutuos” y la supuesta eliminación de los intermediarios en la comercialización del petróleo ecuatoriano. Sin embargo, los trece contratos comerciales comprometieron a la nación ecuatoriana hasta 2024, obligándola a entregar 1.325 millones de barriles de crudo a las empresas asiáticas citadas líneas arriba. 

  Hasta febrero 2022, Petroecuador había entregado 1.174 millones de barriles y quedando pendientes 151 millones, sin contar 10 millones de barriles adicionales que se le entregaron a empresa china Unipec America Inc. bajo las mismas condiciones de los contratos originales sin que se hayan dado explicaciones al respecto hasta la fecha.  

Grandes pérdidas

  Refiere el informe parlamentario que Ecuador paga la deuda contraída con China mediante la entrega de petróleo a largo plazo, representa grandes perjuicios económicos, dado que el crudo se factura a precios considerablemente inferiores a los del mercado.

  Esta práctica sólo representa beneficios para las entregas chinas, las cuales entregan el petróleo recibido de Petroecuador a los bancos y empresas privadas para que lo revendan en condiciones spot y a precios más altos que permiten los mercados de la región.

  Se estableció que dicho perjuicio es de USD 3,69 por barril para crudo Oriente y USD 3,61 por barril para crudo Napo (tipos de crudo que produce Ecuador). Esto significó, según los cálculos parlamentarios, que Petroecuador dejó de percibir, sólo en el último año, un promedio de USD 3,65 por entregar el petróleo bajo la fórmula establecida en los contratos. En 2021, entregó 31,6 millones de barriles de crudo Napo y 42,2 millones de crudo Oriente.

  La comisión parlamentaria indicó que al considerar un valor promedio de USD 3,60 por barril, como pérdida provocada por la aplicación de estas fórmulas arbitrarias, por la totalidad de barriles comprometidos hasta el año 2024, a saber, 1.325 millones de barriles, el posible perjuicio para Ecuador ascenderá a USD 4.771.612.800.

  Igualmente, los parlamentarios multiplicaron los 1.174 millones de barriles entregados hasta la fecha a un costo mínimo de USD 50 el barril, el resultado revela que Ecuador entregó a las empresas asiáticas y los bancos europeos y empresas intermediarias, un negocio que generó más de USD 58.700 millones. Tal cifra, advirtió la comisión, cubriría más del 50 por ciento de la deuda ecuatoriana.

El negocio de la reventa

  El informe estableció que las referidas empresas estatales y privadas extranjeras monetizaron el petróleo ecuatoriano (aún no explotado) y lo revendieron por adelantado en el mercado de futuros.

  Refirieron que la Contraloría General del Estado determinó glosas USD 174,7 millones que comprometieron a exfuncionarios de Petroecuador y a las compañías asiáticas. Las condiciones establecidas en los contratos permitieron el millonario negocio de la reventa del crudo ecuatoriano en mercados del continente.

  Cita el informe parlamentario el informe de la Contraloría identificado con el serial DNA 6-0012-2017, el cual indicó que el libre destino del crudo, entregado bajo el contrato 2012292 con Unipec, se revendió en 12 destinos diferentes, a saber, Chile, Panamá y la Costa Oeste de Estados Unidos.

  Petroecuador no cumplió con la verificación de los destinos de los embarques negociados, los cuales han debido ir exclusivamente a las refinerías nacionales de los compradores.

  El informe de la comisión de fiscalización refirió que los endosos de los conocimientos de embarques entregados por Petroecuador revelaron que el crudo ecuatoriano, consignado a las empresas asiáticas Petrochina, Unipec y PTT como pago de la deuda, “fue comercializado por los bancos europeos ING, sucursal Ginebra, Natixis de París, Credit Agricole de Suiza y Société Générale de Francia, además de la multinacional de capital ruso, Gunvor, a través de Gunvor S.A. y las empresas Core Petroleum, Castor Petroleum y Taurus Petroleum — vinculadas entre sí, según los expedientes de calificación entregados a Petroecuador— e identificadas como las vendedoras finales de nuestro petróleo en Perú y otros destinos”.

  Quedó evidenciado que la entrega del crudo ecuatoriano a las empresas asiáticas fomentó un millonario negocio de intermediación petrolera y financiera en beneficio de bancos y empresas privadas, del que Petroecuador quedó fuera por las condiciones que le impusieron Petrochina, Unipec y PTT. 

martes, 22 de septiembre de 2020

Empresa de asfalto de la Florida se declara culpable por haber pagado sobornos a funcionarios de PDVSA, Petrobras y PetroEcuador

Venezuela Política

  La entidad registrada en la Florida, Sargeant Marine Inc. se declaró culpable y aceptó pagar $ 16,6 millones para resolver cargos relacionados con esquemas de sobornos en tres países de América del Sur: Brasil, Venezuela y Ecuador.

 De acuerdo a la información oficial, Sargeant Marine Inc., una compañía de asfalto con sede en Boca Ratón, Florida, se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y acordó pagar una multa penal de $ 16.6 millones para resolver los cargos derivados de un plan para pagar sobornos a funcionarios extranjeros en tres países de América del Sur.

  Según sus confesiones, entre 2010 y 2018, la empresa pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en Brasil, Venezuela y Ecuador para obtener contratos de compra o venta de asfalto a empresas petroleras estatales y estatales de los países. en violación de la FCPA.

"Con la declaración de culpabilidad, la empresa Sargeant Marine Inc ha admitido haber estado involucrada en un patrón de pago de sobornos a funcionarios corruptos en tres países sudamericanos para obtener negocios lucrativos", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia. 

"La resolución de hoy, junto con los cargos que el departamento ha presentado contra personas involucradas en los esquemas ilegales de Sargeant Marine, demuestra el compromiso continuo del departamento de responsabilizar a las empresas y sus ejecutivos por la corrupción internacional", dijo Rabbitt.

 Por su parte, el fiscal federal interino Seth DuCharme del Distrito Este de Nueva York señaló que "la acusación y la declaración de culpabilidad es el resultado de un esfuerzo de colaboración multinacional de varios años para erradicar la corrupción perpetrada por una empresa estadounidense en tres países".

DuCharme dijo que "Continuaremos investigando y procesando a cualquier empresa que corrompa a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener una ventaja competitiva, así como a cualquiera de sus ejecutivos y empleados que participen en esos esfuerzos".

Asimismo,  el subdirector  de la División de Investigación Criminal del FBI, Calvin Shivers explicó que "El FBI se dedica a erradicar la corrupción de nuestro mercado, manteniendo a los Estados Unidos justos tanto para los proveedores como para los consumidores".

“Sargeant Marine Inc. intentó adelantarse a sus competidores pagando sobornos a funcionarios extranjeros en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Como demuestran las declaraciones de culpabilidad de hoy, el FBI investigará implacablemente a aquellos que intentan engañar al mercado y los llevaremos ante la justicia ".

  Según las admisiones de la empresa, Sargeant Marine Inc. y sus empresas afiliadas (Sargeant Marine) participaron en un plan de ocho años para sobornar a funcionarios extranjeros en Brasil, Venezuela y Ecuador. 

  En Brasil, Sargeant Marine admitió haber sobornado a un ministro del gobierno brasileño, un miembro de alto rango del Congreso brasileño y altos ejecutivos de Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras para obtener valiosos contratos de venta de asfalto. Para ejecutar el plan y ocultar los pagos de sobornos, Sargeant Marine celebró acuerdos de consultoría falsos con intermediarios de sobornos. 

 Después de recibir facturas falsas, envió transferencias internacionales desde cuentas bancarias de Sargeant Marine a cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de empresas ficticias controladas por los intermediarios de sobornos. 

Los intermediarios de sobornos utilizaron una parte de las comisiones para pagar sobornos a funcionarios del gobierno brasileño en nombre de Sargeant Marine, ya sea por cable a las empresas fantasma de los funcionarios en el extranjero o en efectivo en Brasil.

En Venezuela

  Sargeant Marine también admitió que entre aproximadamente 2012 y 2018, sobornó a cuatro funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Venezuela a cambio de información privilegiada y por su asistencia en la gestión de contratos para comprar asfalto de PDVSA a un nominado de Sargeant Marine. 

Los co-conspiradores de Sargeant Marine utilizaron nombres en clave para ocultar las identidades de algunos de los funcionarios de PDVSA que recibieron los sobornos, refiriéndose a ellos simplemente como “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2” en correos electrónicos y mensajes de texto.

 La información privilegiada se llamó "Chocolates". Al igual que en Brasil, Sargeant Marine encubrió los sobornos celebrando acuerdos de consultoría falsos con un intermediario de sobornos y transfiriendo pagos de comisiones a cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras que controlaba. 

El intermediario de sobornos luego pagó a los funcionarios de PDVSA en nombre de Sargeant Marine.

En Ecuador 

 Sargeant Marine también admitió que sobornó a un funcionario de la petrolera estatal de Ecuador, EP Petroecuador (Petroecuador), para obtener un contrato de 2014 para el suministro de asfalto. 

La empresa  acusada utilizó las mismas tácticas que en Brasil y Venezuela para ocultar los pagos de sobornos. 

  En particular, contrató a un intermediario de sobornos con estrechos vínculos con un responsable de la toma de decisiones en Petroecuador y luego pagó comisiones al intermediario de sobornos de conformidad con un acuerdo de consultoría falso. 

  El intermediario utilizó los pagos de comisiones para pagar los sobornos al funcionario de Petroecuador en nombre de Sargeant Marine.

  El departamento de Justicia reveló recientemente los cargos y las declaraciones de culpabilidad de cinco de las personas que desempeñaron un papel importante en el plan de sobornos, incluido Daniel Sargeant, un alto ejecutivo de la empresa; José Tomás Meneses, comerciante de Sargeant Marine; Luiz Eduardo Andrade y David Díaz, consultores que actuaron como intermediarios de sobornos en Brasil y Venezuela, respectivamente.

  Héctor Núñez Troyano fue uno de los exfuncionario de PDVSA que recibió sobornos en relación con los contratos de Venezuela. Un sexto individuo, Roberto Finocchi, también comerciante de Sargeant Marine, se declaró culpable en noviembre de 2017 por su papel en el esquema de Brasil.

  El 10 de septiembre de 2020, se abrió una denuncia penal en un tribunal federal de Brooklyn que acusaba a otro exfuncionario de PDVSA de conspiración para cometer lavado de dinero, en parte, por su presunto papel en el plan de Sargeant Marine Venezuela.

 La investigación está a cargo de la Unidad de Corrupción Internacional del FBI. 

  Este caso del gobierno está a cargo de la Sección de Fraudes de la División Criminal y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. 

 El abogado litigante de la Sección de Fraude Derek J. Ettinger y los fiscales federales adjuntos Whitman Knapp, Mark E. Bini y Andrey Spektor están procesando el caso.