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viernes, 17 de enero de 2020

Juez de Nueva York da luz verde a un acreedor de PDVSA para continuar demanda que busca cobrar deuda por USD 118 millones

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Una jueza de Nueva York dio el visto bueno a la empresa Red Tree Investment, LLC para que procediera con su demanda contra de Petróleos de Venezuela S.A., que tiene como objetivo cobrar una deuda de USD 118 millones de dólares, por concepto del incumplimiento de un contrato de crédito que fue garantizado con petróleo. PDVSA había solicitado al tribunal suspender el litigio por 120 días adicionales alegando que requiere de ese tiempo para evaluar las pruebas y preparar la estrategia de defensa.

  La jueza Alison J. Nathan negó la moción de PDVSA para una suspensión adicional (ya se había otorgado uno en 2019) y se reservó "la sentencia de una solicitud alternativa", dice el documento dado a conocer este jueves 16 de enero de 2020.

    PDVSA, fue demandada en EE.UU el 22 de febrero de 2019 por  incumplimiento de un contrato de préstamos originalmente otorgados por General Electric Capital en 2015 y 2016. Red Tree Investments LLC compró los compromisos de deuda de GE Capital, y presentó dos demandas en el tribunal estatal de Manhattan contra PDVSA y el garante PDVSA el 15 de febrero de 2019.

   Los registros judiciales de este caso no proporcionan información adicional sobre cuánto pagó para comprar la deuda que ahora de diputa en los tribunales.

  Cuando se interpuso la demanda en la corte de Nueva York, Venezuela ya se encontraba en medio de una crisis política sin precedentes, que condujo el desconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y más de 50 países a Nicolás Maduro y  el respaldado al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino. EE.UU. impuso sanciones económicas en contra del régimen socialista para presionar la renuncia de Maduro, objetivo que no se logró en el año 2019.

    Entre otros argumentos, los representantes legales de PDVSA S.A., basaron su solicitud de tiempo adicional de 120 días a la luz de la incertidumbre política que existía en Venezuela para el momento en que se produjo la demanda.

    El Tribunal aprobó la primera moción de suspensión del litigio el 3 de mayo de 2019, "concluyendo que los demandados sustanciales
interés en asegurar el acceso a hechos relevantes y al personal necesario para responder a los Demandantes".

   La jueza informó que Red Tree Investment LLC presentó una moción para levantar la suspensión otorgada por el tribunal, el 5 de agosto de 2019, "esa moción se hizo días antes del vencimiento de la estadía de 120 días". 

   El 26 de septiembre de 2019, después de la expiración del período, PDVSA pidió una estadía adicional de 120 días o, la alternativa, "de diferir la consideración de la moción de juicio sumario pendiente para permitir a los acusados descubrir a los demandantes y los testigos que no son partes".

     Los abogados de PDVSA sostienen que la crisis económica y humanitaria en Venezuela sigue pesando a favor de una estancia. Por su parte, Red Tree Investment LLC respondió que es incierto el tiempo pedido por los demandados pues se basa en la posibilidad de "si alguna vez Guaidó derribará a Maduro del poder, escenario que permitiría finalmente que los Demandados tengan acceso a los documentos que afirman que necesitan para poder defenderse, lo cual sigue siendo perjudicado por el retraso en este litigio". 

   El demandante argumenta además que "los Demandados no han logrado articular cualquier teoría legal o defensa que pueda ser respaldada por los documentos que alegan necesitan, y que no se requiere un desarrollo de hechos adicional para que la Corte otorgue a los Demandantes".

  Red Tree Investment LLC argumenta que "una mayor demora puede impactar su capacidad de recuperar cualquier juicio en este caso, porque los demandantes en casos contra Venezuela ya ha procedido hacia, o puede proceder pronto, hacia la incorporación de los activos de PDVSA en una teoría del alter ego mientras se mantiene este litigio, tal como ocurrió con el caso de Crystallex".

   "El prejuicio sigue siendo incierto, ya que no está claro cómo el gobierno de Guaidó puede reestructurar la deuda del país cuando acceda al poder, ni está claro cuándo el demandante pueda recibir una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros necesaria para hacer cumplir cualquier juicio en este caso", dicen los documentos judiciales. 

   Sostienen que "la información sobre la negociación y ejecución del crédito el acuerdo y cualquier modificación posterior es necesaria para determinar si hubo fraude o tergiversación en relación con la ejecución del Contrato de Crédito".

   Dice que el Tribunal está consciente de que el Distrito de Delaware "suspendió recientemente los procedimientos en Crystallex (para proceder a la subasta de las acciones de CITGO para cobrar el premio) en espera de la apelación de la decisión del Tercer Circuito ante la Corte Suprema". Aunque el tribunal de distrito señaló en su Orden Memorando de la Delaware que "consideró la falta de Crystallex de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el reconocimiento de los Estados Unidos al gobierno interino de Venezuela, y la crisis humanitaria en el país al emitir la suspensión". Aclara que la suspensión en el tribunal de Nueva York fue emitida de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 62 (c), que rige las solicitudes de suspensión en espera de apelación. 

   El tribunal está consciente de la agitación política y las crisis económicas y humanitarias concomitantes que existen en Venezuela, pero "no sería apropiado o justo para el demandante que este caso se quede suspendido indefinidamente hasta que la transición al gobierno de Guaidó se complete", por ello se negó la moción de Venezuela para una estadía adicional de 120 días.





martes, 19 de noviembre de 2019

Representantes de Guaidó y tenedores de bonos acuerda ampliar cronograma del litigio de los Bonos PDVSA 2020 en tribunal de Nueva York

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La jueza estadounidense Katherine Polk Failla aceptó el acuerdo de indulgencia que se logró entre los representantes del presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por 50 países como presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó y los titulares de los bonos PDVSA 2020 para que el cronograma del proceso de descubrimiento y las mociones del caso sean presentadas en el marco de los próximos seis meses.

  Los abogados de los demandados, Glas America y MUFG Union Bank habían pedido al tribunal que interviniera para que los demandantes aceptarán ampliar el calendario que originalmente los representantes de Guaidó habían fijado para desarrollarse en dos meses.

  La querella interpuesta por Petróleos de Venezuela y PDV Holding exige a la corte que declarare la emisión de los bonos PDVSA 2020 nulos e ilegales por no haber sido aprobados por la Asamblea Nacional, lo cual según los demandantes los hace inconstitucionales.

 Las dos empresas que ejercen custodia de los titulares de las notas que están garantizados por el 50.1 por ciento de las acciones de CITGO Petroleum Corp., reaccionaron en contra y descalificaron los argumentos de los demandantes al señalar que los instrumentos financieros fueron emitidos bajo las leyes del estado de Nueva York.

El acuerdo entre las partes permitió que se aprobara el siguiente cronograma que fue dado a conocer por la corte.


    Las entidades demandadas, MUFG Union Bank y GLAS Americas LLC informaron al tribunal la disposición de los titulares de los bonos 2020 de ir a un juicio y aclararon que estaban en desacuerdo con el cronograma "irracional" propuesto los representantes de Guaidó (quienes sugirieron que en dos meses para que se inicie el procedimiento), ya que el mismo perjudica la capacidad de los acusados a prepararse para la defensa.

   Sostuvieron que dos meses  no eran suficientes para procesar todo el descubrimiento de hechos, intercambio de informes periciales, declaraciones de expertos, resúmenes y argumentos sobre movimientos cruzados para juicio sumario. 

   Los defensores propusieron que el litigio se lleve a cabo mediante descubrimiento y juicio sumario dentro de aproximadamente seis meses "suponiendo esfuerzos de buena fe de ambas partes para realizar el descubrimiento de manera eficiente".

    La querella se relaciona con los Bonos 2020 emitidos en octubre de 2016 por el demandante Petróleos de Venezuela, S.A por un capital aproximadamente $ 1,68 mil millones. 

  Las Notas PDVSA 2020 fueron aseguradas por una promesa hecha por PDV Holding, Inc., que es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA, del 50.1% del capital social de la empresa CITGO Petroleum Corp. 

   Aseguran que "PDVSA emitió las Notas 2020 en una oferta de canje en 2016 a través de la cual los inversores ofrecieron —aproximadamente— $ 2.8 mil millones de otras notas que estaban programadas para vencer durante 2017, a cambio de $ 3.367 mil millones  de monto principal agregado de la emisión del 2020. A través del intercambio, PDVSA extendió así vencimiento de $2.8 mil millones en deuda inminente por aproximadamente tres años". 

   Para el momento de la oferta de intercambio de las notas en 2016, la administración del presidente Nicolás Maduro era reconocida universalmente como Gobierno legítimo de Venezuela. Los nombrados por esa administración controlaban PDVSA y sus filiales. El 28 de octubre de 2019, el gobierno incumplió con el pago del capital e intereses de las Notas 2020 que sumaban un total de $ 913.5 millones.

  Los activos de PDVSA en Estados Unidos y los otros demandantes ahora están controlados por la oposición política a la administración de Maduro, dirigida por Juan Guaidó, quien a través de sus representantes solicitaron al Tribunal que declare nulas todas las obligaciones adquiridas por la república bajo las Notas 2020, incluida la obligación fundamental de pagarlos.

El acuerdo entre las partes ahora le da a la oposición más tiempo para buscar una estrategia que le permita salvar a CITGO que está comprometida como garantía de las notas.

lunes, 18 de noviembre de 2019

Rosneft logra mayor control del negocio petrolero venezolano tras la entrega de campos en la zona occidental del país

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  La empresa Rosneft sigue avanzando en el control de la Petróleos de Venezuela (PDVSA) dominando más del 50 por ciento del negocio petrolero venezolano. Desde la segunda semana de noviembre, los negocios de la gigante petrolera rusa se ampliaron al lograr la entrega para su explotación de ricos campos ubicados en el occidente del país.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, a la derecha, blandió una espada que le regaló Igor Sechin, director ejecutivo de Rosneft, después de firmar un acuerdo de suministro de energía en agosto de 2019. Foto © Bloomberg
   PJSC Rosneft Oil Company Rosneft Oil Company (Rosneft) es una corporación petrolera integrada rusa fundada en 1995 para buscar, explorar, extraer, procesar, transportar y vender petróleo, gas y condensado de gas a nivel local e internacional. La estatal JSC Rosneftegaz (50%) es el accionista mayoritario. 

   Los registros internos de PDVSA muestran que hasta el mes de octubre de 2019, Rosneft tiene participación directa (empresas mixtas) en los campos de producción petrolera: Petromonagas (40%), Petrovictoria (40%), Boquerón (26,67%); Petromiranda (32%), Petroperija (40%),  Petrozamora y 10% de Petropiar pero el 12 de noviembre de 2019 recibió el visto bueno para que le sean otorgados los campos petroleros Boscán y Costa Oriental del Lago. 

     Paralelamente —gracias a la modificación de un acuerdo de cooperación de Venezuela con Rusia de fecha 29 de octubre de 2019— Rosneft consiguió la aprobación para desarrollar dos campos de gas natural en alta mar. El decreto autoriza la creación de condiciones favorables para la ejecución de proyectos de desarrollo en los campos de Patao y Mejillones, dos concesiones de gas en la costa este de Venezuela otorgadas a Rosneft en 2017.

   Rosneft se ha convertido en un aliado clave para PDVSA luego de las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump a la estatal petrolera venezolana en los esfuerzos hechos por Washington DC para sacar del poder a Nicolás Maduro, quien es acusado de ser el responsable de colapso económico del Estado venezolano y el principal protagonista de la corrupción masiva y de las violaciones de derechos  humanos que ocurren en el país suramericano.

  De acuerdo a fuentes internas de Petróleos de Venezuela, Rosneft se lleva de Venezuela un promedio de 15 cargamentos de crudo mensual, con un promedio de 15 millones de barriles

  Asimismo, Rosneft lleva a Venezuela 10 cargamentos mensuales de productos, según reportes internos de PDVSA.

  Rosneft, en su proceso de adecuarse a las sanciones y sacar el mejor provecho económico de ellas, no sólo logra grandes descuentos con las autoridades de PDVSA, sino que utiliza la debilidad de otras empresas petroleras —que se niegan a violar las sanciones estadounidenses para apoderarse de la logística que dejan vacantes las corporaciones salientes. 

   Un ejemplo de ello —sostienen la fuente— es que Rosneft está pagando 20% adicional a la corporación Cygnus I Special Maritime Enterprise, empresa dueña de un grupo de barcos y a su operador Maran Tankers Management por el uso de los barcos Maran Triton (IMO: 9237632), Maran Cygnus (IMO: 9227479) y Maran Geminis (IMO: 9174218).

  Otro ejemplo del esquema que está usando Rosneft es el otorgamiento de tres millones de fueloil a precio especial —con un gran descuento— a la empresa Ay Logistic.

   La fuente señala que para la transportación de los 3 millones de fueloil, Ay Logistic presentó dos tanqueros: 1) Oceano (IMO 9038749) con bandera  de Panamá, que anteriormente tenía de nombre de Ocean Elegance (IMO: 9038749)  pero se le cambió porque fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por transportar crudo desde Venezuela a Cuba entre finales de 2018 hasta marzo de 2019. Ver sanción de la OFAC aquí y 2) el Hong Kong que anteriormente era de Valero. 





domingo, 6 de octubre de 2019

Caribbean Style: La empresa con el chavismo se promocionó en EE. UU. a expensas de CITGO

Pese a que tiene un largo historial de denuncias sobre las irregularidades cometidas, la empresa se mantendría operando ante la mirada indiferente de la actual junta directiva de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se habrían valido de Caribbean Style Inc., una empresa registrada en el estado Texas, para triangular y pagar los gastos de viaje, logística de sus agentes, así como de propaganda política de sus gobiernos en Estados Unidos. Tales erogaciones se harían a expensas de CITGO, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. en la nación norteamericana, en una trama que busca enmascarar las operaciones irregulares.
Tales acciones se seguirían llevando a cabo a pesar de las denuncias que al respecto se han formulado en diversas ocasiones, aun con la nueva administración de la filial de PDVSA en territorio estadounidense.

Estos hechos tienen tiempo denunciándose y así lo refiere el blog “Las armas del Coronel” hace referencia a una denuncia formulada por Joaquín Chafardett sobre la Fundación Simón Bolívar de CITGO presidida por Gustavo Cárdenas, la cual presuntamente aparejaba a cada donación que otorgaba, toda una estrategia de logística que recaía en Caribbean Style Inc[1].

El escrito de Chafardet se publicó inicialmente en el portal Analítica donde ya no es posible ubicarlo y sólo puede accederse a él, bien a través de la referencia que hace Gustavo Coronel en su blog cuando hace mención a varias de las irregularidades cometidas en la filial de PDVSA en EE. UU., o de Google Groups[2].

La denuncia refería que las operaciones irregulares dirigidas por Cárdenas, contaban con la colaboración del vicepresidente de Asuntos Públicos de CITGO, Daniel Cortez. Agrega que, supuestamente, Modesto Díaz, presidente de Caribbean Style, sería testaferro de Cárdenas y Cortez.

Se precisa que la logística para todos los programas de la Fundación Simón Bolívar era prepagada a Caribbean Style independientemente de si los gastos se ejecutaban o no.

Se cita como ejemplo que las medicinas que CITGO compró para Hugo Chávez cuando estaba enfermo, supuestamente fueron adquiridas a través de Caribbean Style Inc, a la cual se le pagaron con antelación un millón de dólares por gastos de logística.

Asimismo, hace mención a una donación hecha por FSB consistente en 200 implantes auditivos que serían donados en Venezuela, se habría hecho con un presunto sobreprecio de USD 800.000 y siempre con la intermediación de Caribbean Style. A la fecha de la publicación solamente 30 de estos implantes se había entregado a personas afectadas.

CITGO también habría pagado USD 2 millones a Caribbean Style a través de la fundación para cubrir los gastos de logística cuando se encargó que canalizar una donación de USD 6 millones para los afectados por las lluvias en Venezuela. Igualmente se menciona una donación de USD 2.5 millones a Haití contempló gastos de logística cancelados a la referida empresa por USD 800.000. En este caso, en razón de que no había autoridad que controlara la entrada de las donaciones, se habrían facturado productos que no fueron comprados y se canceló una carga que no llegó a la nación caribeña.

Advertía Chafardett que en la “ayuda” brindada por CITGO a los damnificados de las lluvias en Venezuela como a los afectados por el terremoto en Haití, el negocio estaba en la sobrefacturación de los costos de transporte aéreo, habiendo canalizado Caribbean Sytyle Inc tales envíos a través de una empresa llamada Transporte Aéreo Boliviano (TAB).

La denuncia de Joaquín Chafardett incluía el caso de una exposición denominada “Venezuela Matters”, evento que en realidad no se llevó a cabo pero sí fue facturado por una empresa de nombre Nexus, hecho que ocurrió, presuntamente, con la aprobación de Cárdenas quien ordenó el pago de todo lo relacionado con la logística de la exposición. En todo caso —refiere la narración— que el presidente de la FSB habría advertido el jugoso negocio y decidió crear su propia empresa a través de un prestanombres quien, a saber, habría sido Modesto Díaz. Así habría surgido Caribbean Style Inc.

Los hechos irregulares se cuentan por docenas, sin que haya una efectiva investigación sobre los mismos que desemboque en el establecimiento de responsabilidades y la consiguiente sanción y castigo. Para evadir los controles, Chafardett precisó que Cárdenas y Cortez contaban con la presunta complicidad del auditor general de CITGO para la época, a quien no identifica, y de uno de los consultores jurídicos de la filial, Arnaldo Arcay, cuya función era evitar que el resto de los consultores pudieran tener acceso a los contratos de logística. (Arcay ya no está en CITGO).

Operando a pesar de las detenciones directivos de CITGO

Gustavo Cárdenas fue detenido junto con otros cinco directivos de CITGO en noviembre de 2017 por orden del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, acusados de firmar un contrato internacional con dos empresas financieras con las que estarían negociando una refinanciación de los programas de deuda de CITGO entre los años 2014-2015 y así solicitar préstamos que resultaban desfavorables para PDVSA[3].

Los detenidos fueron José Ángel Pereira Ruimwyk (presidente interino de Citgo), Tomeu Vadell (vicepresidente de refinación), Alirio Zambrano (vicepresidente y gerente general de la refinería de CITGO en Corpus Christi), Jorge Toledo (vicepresidente de suministro y marketing), Gustavo Cárdenas (jefe de relaciones estratégicas con accionistas, gobierno y asuntos públicos) y José Luis Zambrano (vicepresidente de servicios compartidos). A ellos el Tribunal Supremo de Justicia oficialista ordenó abrirles juicio por su pretensión de supuestamente comprometer a CITGO con las empresas financiadoras Frontier Group Management Ltd y Apolo Global Management. También mantuvo la medida de privación de libertad preventiva de estos exdirectivos, imputados por peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir[4].

CITGO, el activo más valioso de Venezuela en el extranjero, se ha convertido en objeto de disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y más de 50 países. Así, mientras Maduro sostiene que el presidente de CITGO Petroleum Corp es Asdrúbal Chávez —primo del fallecido expresidente Hugo Chávez y aliado cercano del mandatario venezolano al que EE. UU. le retiró la visa— Guaidó designó una nueva junta directiva de la filial que encabeza Luisa Palacios, acompañada de Rick Esser, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta y Andrés Eloy Padilla[5].

Pese a esto y a la licencia que el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado a Guaidó y sus designados, en el seno de la CITGO seguirían operando funcionarios que han sido y continuarían siendo fichas de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tal sería el caso de Glenn Hilman, vicepresidente de Servicios Compartidos, quien en mayo de 2018 cuando se desempeñaba como director de compras, junto a los gerentes Brian Paulson y Laymar Peña, apoyaron la compra de vehículos blindados autorizados por el entonces CEO de Citgo, Asdrúbal Chávez y Manuel Quevedo, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Igualmente, participó de decisiones que permitieron la compra de 8 mil millones de dólares en bienes, equipos y repuestos con dinero proveniente de la venta de petróleo venezolano a CITGO. Igualmente, Rick Esser ignoró las políticas internas para la compra de los referidos vehículos blindados. Se cree que los carros estaban destinados para uso de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro o para actividades ilegales como el narcotráfico o la explotación ilegal de oro y coltán[6].

Fuentes consultadas para la redacción de esta noche refieren que Glenn Hilman mantiene excelentes relaciones con Asdrúbal Chávez y que Rick Esser, actual vicepresidente de cumplimiento y director de estrategia, habrían mantenido una gestión caracterizada por las irregularidades que comprometieron el presupuesto de CITGO haciéndole perder millones de dólares.

Del mismo modo se asegura que la gestión de Luisa Palacios y el resto de la junta directiva han hecho caso omiso a las denuncias que les han presentado trabajadores en varias oportunidades, habiendo recibido, lejos de receptividad, amenazas por parte del equipo de abogados externos contratados por este directorio.

Las irregularidades de Caribbean Style Inc serían parte de las denuncias desestimadas por las nuevas autoridades de CITGO.

Sobre Caribean Style Inc

El portal Manta refiere que Caribean Style Inc. es una compañía registrada en Houston Texas, cuyo domicilio es el 2350 Bering Drive Apartment 110, Houston, Tx 77057. Teléfono (832) 5338822. Modesto Díaz es el Presidente y Director Ejecutivo.

Informa que se trata de una compañía privada dedicada a la promoción de entretenimiento establecida en 2001[7].

Por su parte, Sunbiz informa que Caribean Style Inc[8] también es una empresa registrada el 19 de agosto de 1996 en el estado de la Florida bajo el número P96000069647, FEI/EIN 65-1132582. Su estatus actual es inactivo, al haberse disuelto administrativamente el 16 de septiembre de 2005.

Reportó como dirección el 9300 NW 25 Street, STE 208, Miami, Fl 33172, que también fue suministrada como dirección postal.

El agente registrador fue Gustavo Villoldo (misma dirección de la empresa), quien asumió como tal desde el 13 de junio de 2002.

En el directorio de la empresa figuraban Raúl Llaneras y Gustavo Villoldo, igualmente con mismo domicilio de la empresa.













[1] Las armas del Coronel. “Citgo debe ser investigada a fondo”. 21 de noviembre de 2011. http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2011/11/citgo-debe-ser-investigada-fondo.html

[2] Google Groups. Joaquín F. Chaffardet. Los herederos del enfermo. 19 de noviembre de 2011. https://groups.google.com/forum/#!topic/soc.culture.venezuela/IavuS0mrrKw

[3] El Cooperante. “José Pereira Ruimwyk, el jerarca de Citgo que ‘guisó’ millones y millones de dólares. 21 de noviembre de 2017. https://elcooperante.com/jose-pereira-ruimwyk-el-jerarca-de-citgo-que-guiso-millones-y-millones-de-dolares/

[4] Tal Cual. “Tribunal ordena abrir juicio contra directivos de Citgo involucrados en corrupción”. 7 de junio de 2019. https://talcualdigital.com/index.php/2019/06/07/tribunal-ordena-abrir-juicio-contra-directivos-de-citgo-involucrados-en-corrupcion/

[5] Banca y Negocios. “¿Quién es quién en la junta directiva de Citgo?”. 23 de febrero de 2019. http://www.bancaynegocios.com/quien-es-quien-en-la-junta-directiva-de-citgo/

[6] Miami Diario. “Gerentes de Citgo aprobaron compra de vehículos blindados para PDVSA en Miami”. 5 de mayo de 2019. https://miamidiario.com/gerentes-de-citgo-aprobaron-compra-de-vehiculos-blindados-para-pdvsa-en-miami/

[7] Manta. Caribbean Style Inc. https://www.manta.com/c/mttwxlf/caribbean-style-inc

[8] Sunbiz, Division of Corporations. Caribean Style Inc. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=CARIBBEANSTYLE%20P960000696470&aggregateId=domp-p96000069647-511c1d3c-c0f2-436a-929e-87d5788df024&searchTerm=Caribbean%20Style&listNameOrder=CARIBBEANSTYLE%20J993700

viernes, 21 de julio de 2017

PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos

   Aun en situación de crisis, la petrolera estatal continúa siendo el eje de los principales negocios que tienen lugar en el país, sean estos de carácter lícito o ilícito, estos últimos cometidos al amparo de funcionarios gubernamentales o de la empresa que, ávidos de dinero fácil, acuden a ella para amasar fortuna en desmedro de la economía nacional.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   De ser la otrora principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, pareciera haber devenido en la fuente de ingresos de funcionarios corruptos de la estatal, de la administración pública y sus allegados. Y es que mientras la austeridad se ha impuesto a la mayoría de los venezolanos por la merma de los ingresos petroleros, se han incrementado las riquezas inexplicables de quienes han tejido todo un entramado de corrupción en torno a la compañía que por vía de otorgamiento de contratos a empresas de maletín sin que medien para ello procesos licitatorios sino la voluntad de una gerencia deshonesta conectada a las redes de corrupción, ha configurado la manera de dirigir un gran porcentaje de los dineros que debieran destinarse a solucionar los problemas de la población, a las cuentas de inescrupulosos mercaderes de la industria y el gobierno. 
    Especialmente en el área oriental parecen concentrarse la mayoría de las operaciones fraudulentas en torno al auge que en los últimos años ha tomado la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor concentración de reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo. En tal sentido, decenas de posibilidades de negocios han surgido alrededor de los 650 kilómetros de este a oeste y unos 70 kilómetros de norte a sur, que comprenden territorios de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro.

   La corrupción ha alcanzado tales extremos, que ya hasta portales oficialistas como Aporrea se han visto en la obligación de denunciar los hechos, entre ellos los supuestamente cometidos por el empresario y alcalde Jhonnathan Marín en la Faja del Orinoco. En una nota publicada el 22 de septiembre del corriente 2017, se cita el caso de este hombre quien accidentalmente terminó convertido en alcalde de Guanta, municipio aledaño a Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, y que se ha convertido, según afirma la página en “instrumento para la corrupción petrolera en el oriente del país”[1].

   Jhonnathan Marín habría logrado amasar una gran fortuna luego de haber conformado las denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta, las cuales le permitieron construir su red al derivar los contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA.

  Pues bien, refiere Aporrea que Urbano Fermín y sus hermanos pasaron de ser propietarios de un “camión volteo que ’sacaba arena’, a ser los accionistas del grupo empresarial de más rápido crecimiento de la región y tal vez del país”. En 2009 esta empresa resultó favorecida de los contratos para la gasificación de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta y luego de otras contrataciones de gran magnitud en la Faja Petrolífera del Orinoco, “todo esto de la mano de Marín”, reseña Aporrea.

   Marín es familiar directo del exalcalde de Barcelona, José Gregorio “Goyo” Salazar, quien huyó a Miami luego de desfalcar a la municipalidad. En dicha ciudad del Estado de la Florida, también residen la esposa y los hijos de Jhonnathan Marín. Según los movimiento de migración se estableció que solamente durante el mes de agosto viajó en cinco oportunidades al país del norte.

“Los nexos de Marín con el grupo Urbano Fermín están demostrados por el carácter público y notorio que han asumido los mismos y por documentos de negocios que están en poder de las autoridades. Eso incluye contratos a través de las empresas que están a nombre de su esposa Esteiny Villanueva para prestar servicios o vender suministros a PDVSA”.

   Pero Jhonnathan Marín no solamente hace negocios con Cuferca, sino también con el empresario Constantino Bonaduce —quien también es procesado por corrupción— a quien otorgó una concesión de aeropuerto, “que le ha permitido convertirse en dueño y operador de una especie de puerto aéreo en Barcelona llamado Aerocentro. En esa contratación estuvo metida la mano y la firma del general prófugo y confidente del gobierno de EEUU, Hebert García Plaza”, agrega Aporrea.

El caso de Malik Souki

  Aunque se trata de un clan familiar, el nombre de Malik Souki, resuena entre todos ellos pues desde hace muchos años se le relaciona con múltiples casos de corrupción.

   Esta familia de origen árabe residenciada en Anaco, es propietaria de Militarek, empresa ampliamente favorecida por la gerencia de Petróleos de Venezuela a la hora de la adjudicación de contratos.

Ya en 2011, específicamente el 13 de noviembre, también Aporrea se hacía eco de las denuncias que en contra de esta contratista de PDVSA formulaban los trabajadores de los pozos petroleros a los que Militarek hacía servicio en la ciudad de El Tigre. Acusaban en ese entonces una serie de irregularidades y violaciones que comenzaban con el hecho de estar suspendido del Registro Nacional de Contratistas y, sin embargo, siguió siendo contratada, habiéndose comprobado ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, que presentó ante la petrolera una solvencia laboral falsa por lo cual no recibió sanción alguna.

   La referida nota de Aporrea advertía que ni PDVSA ni las autoridades competentes acometieron una investigación respecto a los innumerables accidentes laborales y condiciones inseguras de trabajo a que estaban sometido quienes se desempeñaban en Militarek. Denunciaban las páginas oficialistas la inmutabilidad, incluso, ante las muertes ocurridas por las precarias condiciones de trabajo.

  Se explicaba que los 8 taladros con los que trabajan a lo largo de los diferentes campos petroleras estaban en pésimas condiciones y subrayaban que “el dueño de esta empresa, Sr. Malik Hassib Souki El Lara, no acata ni respeta las leyes venezolanas, actualmente se encuentra fuera del país, esto debido a un problema que mantendría con unos supuestos motores y partes de taladro que serían de dudosa procedencia. Su esposa estuvo detenida y su finca intervenida. En los diferentes taladros que se revisaron y requisaron por parte de los militares, hay un silencio y secreto a voces. Todos los que de alguna manera se han atrevido a denunciar este cúmulo de situaciones los amenazan a ellos y a sus familias más cercanas”[2].

Al haberse comprobado el forjamiento de documentos, Malik Souki, de quien se dice es primo de Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente de manera irregular, fue objeto el 13 de marzo de 2012 de una medida cautelar sustitutiva de libertad por parte del Tribunal de Control de Barcelona a cargo de la jueza María Caraballo Español, un acto que no se cumplió pues el imputado huyó a Panamá.

  Y es que, a pesar de todas las denuncias en su contra, la empresa Militarek seguía siendo amparada por funcionarios gubernamentales y de Petróleos de Venezuela, tal es el caso del gerente de consultoría jurídica de PDVSA Servicios, Alexis Moreno, y de quien años más tarde resultó imputado por corrupción, José Luis Parada, el encargado de firmar los convenios con Souki, refiere el portal Anonymous Democrático que muestra toda la documentación que sustenta las denuncias en contra de la citada empresa[3], tales como los contratos; las constancia que evidencia la falsedad de las solvencias; escrito en los que se afirma que Tarek William Saab, para entonces gobernador del Estado Anzoátegui, respalda la corrupción de Miltarek; pruebas de la insolvencia de la empresa con el Ministerio del Trabajo y el IVSS; así como órdenes de pago a favor de la empresa con la venia de Rafael Ramírez, exministro petrolero y expresidente de PDVSA.


   La turbidez de los asuntos relacionados con Malik Souki han llegado al extremo de que en mayo del presente 2017 se corrió el rumor de que su cuerpo había sido encontrado sin vida, un hecho que no fue confirmado ni por la familia ni por autoridad alguna. La ola de rumores insiste en decir que Souki, por múltiples amenazas de muerte y su condición de prófugo, entra y sale constantemente del país escoltado por guardaespaldas e, incluso, por militares, por lo que se estima que la especie corrió sólo como una medida de protección para el empresario. Sin embargo, debemos aclarar que todo esto entra solamente en el terreno de las especulaciones y sólo hacemos mención de ello como una manera de ilustrar el nada transparente entorno de este hombre y sus empresas contratistas de la estatal petrolera nacional.

  Entre los funcionarios de la petrolera que apadrinan a Militarek figura, Emeterio Marcano, actual vicepresidente de PDVSA servicios en Oriente, quien este año contrató a la empresa Sundrill International, S.A., subsidiaria de la empresa rusa Newtech Services, para la perforación de pozos en la faja del Orinoco. Igualmente, Sundrill está registrada en Houston bajo el nombre de Sundrill Energy Services, cuyos propietarios son:Mark Sadykhov, 
Sergey Malygin y Matt S. Pond.
  Entre las condiciones impuestas para el otorgamiento del contrato de PDVSA a esta empresa estuvo la imposición de Alonzo Zacarías como gerente general en Venezuela. Este hombre mantiene una relación de compadrazgo con Emeterio Marcano y es una persona muy cercana a otros altos directivos, gerentes y ejecutivos de la petrolera nacional dijo una fuente ligada a PDVSA que pidió mantener en el anonimato por su seguridad. En el manejo de este contrato y en las operaciones se estarían violando una serie de cláusulas y leyes con respecto a pagos de servicios, compras y aprobación de transacciones.

Exigencias rusas de limpieza en PDVSA

El grado de corrupción en PDVSA ha llegado a tal extremo que desde Rusia —país al que ha recurrido en los últimos años el gobierno venezolano para obtener financiamiento ante la quiebra de la principal industria del país— han exigido a la administración de Nicolás Maduro una limpieza exhaustiva en el estatal de tal manera de garantizar sus inversiones.

Es el caso de Gazprombank Latin America Ventures B.V., la cual es una empresa socia de PDVSA en Petrozamora que, al encenderse las alarmas con la detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de un grupo de gerentes de la empresa, a cuya cabeza se encontraba Gustavo Malavé(Ver detalles aquí), por el caso de la compra de los desemulsionantes para la empresa mixta Petrozamora, usada para negocios irregulares, procedió a poner sobre la mesa una serie de exigencias que le permitan resguardarse y evitar ver afectado su patrimonio, refiere el portal Verdades y Rumores en fecha 28 de septiembre de 2017[4]

  Las presiones de Gazprombank Latin America Ventures B.V. permitieron desarticular la irregular operación que afectó a decenas de cargamentos de crudo y generó daños patrimoniales de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Indica la publicación que la intermediación de petroleros internos y externos ha resultado infructuosa frente a las demandas de los rusos.

  Inicialmente la gerencia de PDVSA quería hacer una operación de maquillaje, de modo de no afectar a los involucrados, borrando todas las huellas de hechos irregulares, pero los rusos en un afán de salvaguarda, enviaron una comisión de expertos para hacer todas las indagaciones que sean pertinentes y que actúa en la petrolera con asistencia del Sebin para destapar todos los ilícitos e implementar soluciones a dichos entuertos, se lee en Verdades y Rumores[5].

Farándula inmiscuida

   De los escenarios, actores y cantantes venezolanos han decidido pasar a establecer negocios con la PDVSA, sólo que en lugar de hacerlo de manera honesta, su figuración ha sido irregular adquiriendo por ello tanta o más fama que pos sus interpretaciones.
Tal es el caso del actor Manuel “Coco” Sosa, detenido el pasado 4 de octubre en Las Mercedes por una acusación por fraude emitida por la Fiscalía General de la República.

Sosa habría desfalcado, a través de sus empresas, a la Faja Petrolífera del Orinoco, reseña Globovisión[5][5].

El fiscal general de la Republica designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Sosa fue presentado el ante el tribunal 22 de Caracas imputado por contratos irregulares que alcanzan los 27 millones de dólares.

Saab indicó que “la investigación asciende a la evaluación de 10 contratos ‘por un monto con sobreprecio del 200% lo que suma unos  27 millones de dólares’. Entre los contratos vinculados con el caso, se destaca la a adquisición de equipos de comunicación, material para la fabricación de líneas de agua, impresoras, aceite hidráulico, piezas de taladro, bebidas y alimentos, cartuchos de impresora, cascos para soldaduras, bolsas de polietileno y materiales diversos”, refiere El Universal [6] en nota publicada el 6 de octubre de 2017.

Tales contratos involucrarían, por lo menos, a ocho gerentes de Petropiar quienes también son investigados por el Ministerio Publico.

Manuel Sosa es señalado por mantener una vida de dispendio y lujos, poco cónsona con su nivel de ingresos. El portal Lechuguinos refiere que el actor es propietario de empresas, camionetas de lujo, aviones y yates.

Indica la página que Sosa participa como accionista, en aproximadamente nueve compañías, que están  inscritas en el estado de Florida en los Estados Unidos. Tres en Doral: Suministros Gramal, Spearkon y Samanna. Allí también operan otras cuatro compañías bajo la dirección de Irina Lucena, quien figura como secretaria de las empresas donde el actor es el presidente.

“Las empresas de Manuel  Coco Sosa, fueron fundadas las primeras en el año 2012 dentro de ellas Queen Supply junto a Helmuud David Castrillón, la cual se encuentra inactiva actualmente y la más reciente el año 2016 registró Monica Spear Foundation Inc, en Pembroke Pines”[7].

También el cantante Roberto Antonio, manifiesto simpatizante del oficialismo, está señalado de mantener relaciones contractuales con la estatal PDVSA. En 2010 a Roberto Antonio le asignaron la concesión de una estación radial en Anzoátegui a la que llamó “Marejada”[8], informó la página Noticias al día para la fecha.

El cantante supuestamente compra en Houston, Estados Unidos, equipos y materiales petroleros que posteriormente revende con sobreprecio a PDVSA sin que para ello medien procesos licitatorios, sino que los obtiene por adjudicación directa. En la ciudad norteamericana, participa en reuniones con otros venezolanos, entre ellos Iván Natera vinculado al contratista petrolero, Pietro Micale. A este último el 16 de marzo de este año 2017 le allanaron su residencia ubicada en la urbanización Las Villas de Lechería, estado Anzoátegui. Esta acción se llevó a cabo dentro del proceso de investigación de presuntos hechos de corrupción en desmedro de las arcas de PDVSA. El portal Noticias al día refiere el 19 de marzo de 2017 que Micale “dio sus primeros pasos comerciales como vendedor de la llamada lotería de animalitos en el Oriente venezolano y luego gerenciando una casa de chicas y entretenimiento para adultos en la ciudad de Anaco. Posteriormente participó en negocios de PDVSA como el del coque en la Faja Petrolífera del Orinoco, a la par con el grupo empresarial Urbano Fermín”[9].

El en este mismo blog se reseñó un informe de una investigación federal sobre se informa que Petro Micale figura entre los socios del empresario, Franco Tortolani, señalados “por la comisión de hechos de corrupción, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, entre quienes figuran otros contratistas, así como funcionarios y exfuncionarios de la industria petrolera venezolana”[10].

También en el terreno de las especulaciones a Roberto Antonio se le señala de ser testaferro de funcionarios del gobierno, incluidos militares y directivos de PDVSA. Ver detalles.

Roberto Antonio sería socio de Johanna Torres con quien sería propietario, a partes iguales, de Sublibarbara, C.A., RIF J- 402043198[11] y la cual se mantiene activa en el Registro Nacional de Contratistas, RNC [11].

Esta empresa se dedica a “prestar servicios para la ejecución de obras; suministro o el mantenimiento de bienes y servicios para el sector público nacional, estatal, y municipal, o de cualquiera de sus empresas o institutos, así como las industrias de hidrocarburos, petróleo, gas, metalúrgica, mecánica, minera, petroquímica, textil, construcción, telecomunicaciones, aeronáutica, aeroespacial y agroindustrial, y al sector privado, etc.[12]”, se lee en el portal Noticias Candela.

Las operaciones las harían a través de su esposa, Norma Sampere, quien figura como propietaria de New wave Productions CAEntretanto, Gabriela Montanari es la esposa de Iván Natera, además de amiga y allegada de Norma Sanpere, quienes en conjunto mantienen vínculos con el anteriormente citado, Pietro Micale y la familia Souki, señalados como ya se ha apuntado casos de corrupción.

Como puede observarse, Petróleos de Venezuela, S.A., aun por muy depauperada que se encuentre, continúa siendo el centro de los principales negocios del país, sean estos origen lícito o ilícito. A ella acuden con premura quienes anhelan amasar fortunas sin que para ello medien la honradez y el trabajo, sino el amparo a la sombra de los negociados corruptos.

miércoles, 3 de mayo de 2017

Alarmas en el Congreso de EEUU ante posibilidad que Rusia tome el control de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Poder Legislativo estadounidense debatirá este miércoles los mecanismos que evitarían que Rosneft asuma el control de la filial de la petrolera venezolana Citgo en los Estados Unidos en el caso que Pdvsa no pueda honrar sus compromisos de deuda con la empresa rusa, un asunto que el criterio de varios legisladores —republicanos y demócratas— significaría una amenaza para la seguridad estadounidense.

Gran expectativa reina en la comunidad internacional y en los mercados tras el anuncio de que el Congreso de los Estados Unidos discutirá este miércoles la crisis que vive Venezuela desde el punto de vista político, económico y social. Especial atención tendrá en el debate, el gravamen que Pdvsa otorgó a la empresa rusa Rosneft que de ejecutarse le podría dar a la empresa ligada al gobierno de Vladimir Putin un 49.9 por ciento de las acciones de Citgo en territorio norteamericano.

Caso legal Pdvsa-ConocoPhillips-Rosneft

El pasado 10 de enero del presente año, ante la Corte Federal de Delaware, la estadounidense Conoco Phillips, demandó a Petróleos de Venezuela, PDVSA, así como a PDV Holding y a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A. por supuestamente haber transferido de manera fraudulenta las acciones de la refinería Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana en Estados Unidos. 

La acción legal de la petrolera de EEUU coincide con la entablada por Crystallex ante la misma instancia judicial. La empresa canadiense sostiene que Petróleos de Venezuela a través de su PDV Holding actuó fraudulentamente en un canje de bonos con vencimiento en 2017 por otros títulos al 2020, los cuales están respaldados por 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc.

Los demandantes aducen que la estatal venezolana habría recurrido a este ardid para evitar cumplir con las obligaciones emanadas de la expropiación de activos de Conoco y Crystallex en Venezuela que fueron ratificadas en un laudo arbitral.

El argumento esgrimido por Conoco y Crystallex es que la operación de canje de bonos en favor de Rosneft tiene como único fin violar las normas y acuerdos de cumplimiento de las obligaciones que Venezuela tiene ante los tribunales estadounidenses.
El asunto se complica aún más con la entrada de Rusia a escena, al ser Rosneft Trading S.A. una empresa cuyo mayor paquete accionario es propiedad del gobierno ruso. 

El origen del conflicto

La demanda de ConocoPhillips es la reacción de la empresa al accionar de la estatal PDVSA luego de la sentencia del laudo arbitral a que hemos hecho mención líneas más arriba.

Todo comenzó cuando ConocoPhillips demandó a Petróleos de Venezuela por 22 mil millones de dólares luego de que fuera nacionalizada su participación en la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el desarrollo del bloque Petrozuata, cuya producción es de aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares.

Cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez llevó a cabo la expropiación de los activos de Conoco Phillips en virtud de que esta no quiso aceptar las nuevas condiciones que imponía la administración venezolana porque violaban los contratos iniciales, la petrolera estadounidense acudió al Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el cual falló en fecha de 9 de febrero de 2016 a favor de la compañía estadounidense y ordenó el pago de las obligaciones. 
En mayo de 2016, PDVSA solicitó al tribunal arbitral la reconsideración de la sentencia bajo el argumento de que el Ciadi había incurrido en un conjunto de irregularidades que atentaban contra los intereses de Venezuela. 

Indicó Venezuela que ConocoPhillips se negó a migrar al esquema soberano de empresas mixtas que contemplaba la posesión de 60 por ciento de las acciones en manos de Venezuela y 40 por ciento para la empresa extranjera que planteaba la legislación venezolana. Conoco no quiso plegarse al nuevo acuerdo de participación en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco de los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro que en la actualidad se conocen con los nombres de PetroAnzoátegui, PetroPiar y PetroSucre y decidió que proceder legalmente desde 2007.

El fraude

En el caso que nos ocupa con relación a la demanda de entablada por la ConocoPhillips contra PDVSA, la primera reclama que el gobierno venezolano y la estatal petrolera, a través de sus filiales en Delaware PDVH, Citgo Holding, Inc., Petroleum Corporation Citgo Petroleum, llevaron a cabo un conjunto de transacciones que tenían como objetivo liquidar activos de Venezuela en los Estados Unidos como estrategia para obstaculizar o impedir el pago de obligaciones a la demandante ConocoPhillips.
PDVSA, según establece la demanda, procura no dar cumplimiento al pago de las obligaciones como lo determinó la sentencia de CIADI mediante la venta de sus activos de Citgo a Rosneft y así defraudar a sus acreedores.

Sostiene ConocoPhillips que con la transferencia fraudulenta del 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía del préstamo de 1,500 millones de dólares obtenido por Pdvsa de parte de Rosneft PJSC de Rusia, Venezuela busca manipular sus bienes en EEUU con el simple objetivo de no pagarle a sus acreedores. 

Ya con anterioridad a esta demanda, ConocoPhillips había demandado a PDVSA en octubre de 2016, cuando destinó el 50,1 por ciento de las acciones de Citgo como garantía de un canje de deuda de 2.8 mil millones de dólares. 

Ante la corte de Delaware la empresa estadounidense argumenta en su demanda que Petróleos de Venezuela procura monetizar Citgo para así evitar pagar las reparaciones que reclaman los operadores extranjeros cuyos activos fueron incautados en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

La petrolera Conoco en su demanda ante la corte de Delaware pidió que se proceda con la cancelación del gravamen sobre las acciones de Citgo al tiempo que declare como fraudulenta la transferencia que llevó a cabo Petróleos de Venezuela a Rosneft, pues considera que no se trató más que de una hipoteca de las refinería en Estados Unidos a favor de la empresa rusa.

Como sustento de tal planeamiento, ConocoPhillips refirió que Rosneft presentó documentación que muestra el Código Comercial Uniforme contra PDV Holding, una firma propiedad de PDVSA, también propietaria de Citgo Holding Inc. y de Citgo Petroleum Corporation.

Si la demanda de ConocoPhillips y Crystalex no prospera, sencillamente Rosneft se convertiría en la dueña de Citgo, es decir, en manos del gobierno ruso estarían refinerías, oleoductos y gasoductos que la filial venezolana posee en todo el territorio de Estados Unidos.

PDVSA sin dinero con qué pagar

La situación financiera de PDVSA, es motivo de preocupación, no solamente para la población venezolana, sino en los mercados económicos internacionales.

Diversas voces, tanto en Venezuela como en el exterior, aseguran que la empresa petrolera se encuentra hipotecada, en bancarrota, carece de liquidez a tal extremo que pudiera quedarse sin dinero con que pagar entre otras deudas, el préstamo ruso. De llegar a materializarse tal hecho, Rosneft podría hacerse, literalmente hablando, del control de los activos de Citgo en Estados Unidos al tener la posibilidad de adquirir bonos adicionales de PDVSA y obteniendo así más de la mitad del paquete accionario de la filial venezolana.

Congregantes demócratas y republicanos, tal es el caso de Marco Rubio y Bob Menéndez, dirigieron una comunicación al titular del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, donde expresan su extrema preocupación ante la posibilidad cada vez más real de que Rosneft  tome el control de un importante proveedor de energía estadounidense, lo que cual representa una amenaza para la seguridad energética del país. Estiman los parlamentarios que esto podría afectar el flujo y el precio de la gasolina en EEUU y hasta podría exponer la infraestructura estadounidense y “poner el peligro la seguridad nacional".

También el republicano Jeff Duncan, de Carolina del Sur, y el representante demócrata, Albio Sires, de Nueva Jersey, advirtieron al secretario del tesoro que si no se controla esta situación, la seguridad nacional de los Estados Unidos podría verse socavada.

No es cualquier cosa lo que ocurre, toda vez que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no se encuentran en su mejor momento a raíz del conflicto en Siria, el ciberespionaje y las acusaciones de intromisión rusa en las pasadas elecciones de EEUU. Estas razones pesan a pesar que el presidente Donald Trump sostuvo este martes una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin y acordaron reunirse en el mes de julio de 2017.

La crisis financiera de PDVSA es una realidad que se agrava con la inestabilidad de los precios petroleros cuya recuperación no parece vislumbrarse ni siquiera en el mediano plazo. Ni Venezuela ni su principal industria parecen tener posibilidades ciertas de obtener dinero en 2017 y el préstamo ruso exhibe menos probabilidades de ser cancelado. La economía venezolana depende casi exclusivamente del petróleo, una situación que se ha agudizado durante los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Y si bien los 800 mil barriles de petróleo al día que procesa Citgo distan mucho de los 20 millones que consume diariamente EEUU, no hay que menospreciar las maniobras que el gobierno ruso —con un largo historial de manipulaciones en los suministros de petróleo y gas— podría plantear para tratar de afectar a los Estados Unidos en materia energética. 

Como uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, Rusia no pocas veces ha sido señalada de valerse de sus compañías energéticas, como Rosneft y Gazprom, como palancas para accionar su política exterior. Su proceder con su vecina Ucrania respecto al suministro de gas es el mejor ejemplo de esto.

Y es que en manos rusas podrían quedar 48 terminales de productos petroleros en 20 estados de EEUU, al igual que tres refinerías en Luisiana, Illinois y Texas, la propiedad total de tres tuberías en Texas y la propiedad parcial de seis oleoductos. Además, la gasolina marca Citgo se expende en más de 5 mil estaciones de servicio de propiedad local en 29 estados.

El peso de las sanciones

De allí la importancia que las sanciones de Estados Unidos al gobierno ruso adquieren en estos momentos con relación a este caso.

Las acciones del Departamento del Tesoro representan un freno para que Rusia se haga de los activos de Citgo en territorio de EEUU.

Las dudas que hace unos meses privaban acerca de la posibilidad de que Donald Trump levantase las sanciones ante el peso que la presencia del secretario de Estado, Rex Tillerson, parecen haberse diluido de momento.

Pero la amenaza persiste y pende como una espada de Damocles sobre todo cuando la bancarrota venezolana es cada vez más una posibilidad cierta. Una situación que impediría el pago de la deuda a Rosneft lo cual, a su vez, terminaría otorgando a Rusia el control de una refinería en territorio de Estados Unidos obtenida a muy bajo precio, toda vez que se estima que el valor de Citgo oscila entre los 8 y los 11 mil millones de dólares. Solo queda esperar el desarrollo que los acontecimientos y el curso que la intervención del Congreso de los Estados Unidos le imprima a este caso.

Las sanciones vigente hasta este momento

El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro decidió mantener las sanciones impuestas por la pasada administración de Barack Obama, quien acusó al gobierno de Vladimir Putin de haber intervenido en las elecciones presidenciales estadounidenses orquestando ataques informáticos que afectaron duramente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Ahora el gobierno de Donald Trump resolvió no emitir exenciones a empresas de EEUU, entre ellas la ExxonMobil, para llevar a cabo operaciones comerciales con Rusia. Es que la petrolera estadounidense desde hace meses gestiona una dispensa con el objetivo de reanudar sus actividades con Rosneft con el fin de explorar yacimientos de petróleo en el Mar Negro.

Ya en 2012, el gobierno de EEUU había resuelto castigar a Rusia por haberse anexado la región ucraniana de Crimea. Para esa misma fecha Exxon y Rosneft habían suscrito los referidos acuerdos para operar en el Mar Negro donde se estiman existen reservas petroleras por el orden de los 30 mil millones de barriles de crudo. Además, Exxon alega que estas sanciones le causarán pérdidas por mil millones de dólares.

Todo indica que el actual secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, quien viene de desempeñarse en el gigante petrolero estadounidense como su principal directivo, ha decidido marginarse de cualquier decisión que la administración de Donald Trump tome al respecto.

Cuando Tillerson ocupó la dirección general de la Exxon desarrolló vínculos con la petrolera rusa, con funcionarios gubernamentales y, en particular, con Vladimir Putin. De hecho, en 2014 se pronunció en contra de las sanciones impuestas por el gobierno de Obama a raíz de los sucesos de Crimea.

Las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU prohíben a las empresas petroleras de ese país transferir a Rusia tecnología avanzada para desarrollar perforaciones más eficientes en yacimientos marinos y en las formaciones de esquisto.

martes, 4 de abril de 2017

ConocoPhillips solicita a la corte una audiencia de argumentación oral en caso contra PDVH- Pdvsa

Por Maibort Petit
@maibortpetit

ConocoPhillips solicitó ante la Corte de Distrito de Delaware una audiencia de argumentación oral para tratar los elementos expuesto por los abogados de PDV Holding Inc. en relación a la demanda interpuesta por la trasnacional por incumplimiento en el pago de obligaciones, y por los intentos de PDVSA de vender sus activos de Citgo a Rosneft como parte de un plan para defraudar a los acreedores.
De acuerdo a la demanda interpuesta por ConocoPhillips en el tribunal estadounidense, Pdvsa habría hecho una transferencia fraudulenta del 49.9 % de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía de un préstamo de $1,5 millones que Pdvsa obtuvo de Rosneft PJSC de Rusia, con lo cual Pdvsa estaría manipulando sus bienes en EEUU para no pagar las obligaciones que tiene con sus acreedores.
En octubre de 2016, ConocoPhillips demandó a PDVSA por usar el otro 50.1% de Citgo para respaldar un canje de deuda de $ 2.8 mil millones. La firma estadounidense dice que el acuerdo tiene la intención de monetizar Citgo evitando pagar reparaciones a los operadores extranjeros por las incautaciones de campos petroleros venezolanos.

De conformidad con la Regla Local 7.1.4 del Distrito de Delaware, ConocoPhillips Petrozuata BV, Phillips Petroleum Company Venezuela Limited, ConocoPhillips Gulf of Paria BV y ConocoPhillips Hamaca BV solicitaron a la corte que fije una audiencia para que se produzca una argumentación oral de la demanda por parte de PDV Holding, Inc. El juez no ha respondido aún a esta solicitud.

En las audiencias de argumentos orales las dos partes en conflicto se dirigen al juez para evaluar las razones legales que deben prevalecer en la querella. En este caso en particular, refiere al hecho que PDV Holding sostuvo ante la corte que no es deudor de ConocoPhillips y por tanto, no puede ser demandada ya que entre ese ente y la trasnacional norteamericana no existen ningún tipo de obligación.

El litigio entre las partes argumenta que Pdvsa creo PDV Holding para manipular los activos del Estado venezolano en los EEUU y así evitar cumplir con el mandato del Ciadi que obliga a pagar los reparos productos de la expropiaciones hechas por el gobierno de Hugo Chávez a los activos de la trasnacional.  

El caso

ConocoPhillips demandó a Pdvsa por 22 mil millones de dólares tras la nacionalización de su participación en la Faja Petrolífera del Orinoco, en el desarrollo del bloque Petrozuata, el cual produce aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló,  el 9 de febrero de 2016, a favor de ConocoPhillips y ordenó el pago de las obligaciones. En mayo de 2016, Pdvsa pidió al Ciadi que reconsiderara la decisión a favor de la petrolera norteamericana y pidió una audiencia sobre el caso, argumentando que el tribunal había incurrido en una serie de irregularidades que supuestamente atentan contra los intereses de la República. 

El Estado venezolano expuso ante Ciadi que ConocoPhillips rechazó migrar al esquema soberano de empresas mixtas (60% de las acciones en manos de Venezuela y 40% a la empresa extranjera) establecido en las leyes venezolanas y que la trasnacional rechazó su acuerdo de participación en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco en los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro (ahora llamados Petroanzoátegui, PetroPiar y PetroSucre) y decidió que proceder legalmente desde 2007.

En febrero de 2017, PDV Holding pidió al juez de Delaware que la demanda en su contra fuera desestimada "por no haber presentado una reclamación ajustada a derecho". Asegura que ConocoPhillips y las empresas asociadas, no establecieron en la demanda que PDV Holding es deudor de los demandantes.

Pdvsa creó PDV Holding como figura para traspasar las acciones de CITGO Holding a Rosneft Trading, SA lo cual constituye una transferencia fraudulenta según ConocoPhillips. La parte demandada asegura que con ese esquema, PDV Holding no tiene obligaciones con los acreedores de Pdvsa, y por tanto no tienen derecho a una sentencia de dinero contra PDVH, ya que no pueden establecer el "derecho al pago" requerido por la ley contra esa entidad. 

Asimismo, PDV Holding asegura que la supuesta base de la relación acreedor-deudor entre los demandantes y PDVH no es suficiente porque los demandantes no presentaron una demanda contra PDVH.

Por su parte, ConocoPhillips argumenta que no necesitan establecer una relación de acreedor-deudor con PDVH porque PDVH puede ser responsable como un "cedente no deudor". Este argumento es rechazado por PDVH para lo cual hace uso de lo establecido en la Ley de Transferencia Fraudulenta Uniforme de Delaware (DUFTA), por sus siglas en inglés. Según DUFTA se requiere que una transferencia fraudulenta involucre bienes del deudor.

PDVH alega que transfirió su propia propiedad a Rosneft y como PDVH no es deudor de ConocoPhillips y las otras empresas demandantes no pueden declarar una demanda de transferencia fraudulenta contra PDVH, por lo cual pide que dicha acción sea desestimada.

"PDVH no puede ser responsable como cedente no deudor" advierten en el documento los defensores de Pdvsa en el caso.

Por su parte, ConocoPhillips sostiene que PDVH puede ser responsable de la transacción de Rosneft como un "cedente no deudor", citando una decisión tomada en ese mismo tribunal en relación a una causa hecha por la trasnacional canadiense Crystallex contra PDVH, que se encuentra actualmente en apelación. 

PDVH asegura que "ConocoPhillips ignora que una orden judicial o la ejecución de la orden judicial resulta impracticable  en este caso", con lo cual advierte que "no existen posibilidades que los demandantes puedan lograr beneficios económicos con la querella basada en la supuesta transferencia fraudulenta de las acciones de Citgo a Rosneft".

Sostienen que los demandantes no pueden reclamar que PDVH  les deba alguna cantidad de dinero como resultado de su supuesta participación en el presunto fraude en las transferencias o -incluso- como resultado de una posible victoria en la demanda basada en o establecido en la ley DUFTA interpuesta por los Demandantes. 

-La demanda de ConocoPhillips para obtener una medida cautelar contra PDVH no da lugar a un "derecho al pago", real o naciente, como exige el estatuto, advierten.

Por su lado, ConocoPhillips desestima los argumentos expuestos por PDVH, en especial el relacionado con la imposibilidad de reclamar a través de la lo establecido en la ley DUFTA,  según la cual, los demandantes no son acreedores de PDVH. 

Expone que están equivocados porque la acción no depende  únicamente de la condición de "acreedor" de ConocoPhillips sino que hay jurisprudencia que prueba que PDVH  tiene responsabilidad como un "cedente no deudor" en relación con la transacción de Rosneft, como lo es el caso Crystallex. 

ConocoPhillips sostiene que PDVH es un "deudor" debido a la responsabilidad contingente de  la transferencia fraudulenta de lo que quedaba de patrimonio del único activo del Estado venezolano en EEUU (CITGO Holding) a Rosneft a cambio de ninguna consideración.

FSIA

Los abogados de ConocoPhillips, al igual que los de Crystallex, dicen que la acción legal también está basada en lo establecido en la ley Ley de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA). La FSIA puede proteger la propiedad soberana de la fijación previa al juicio y puede limitar los recursos disponibles en última instancia, si los Demandantes prevalecen sobre el fondo. La mera perspectiva de responsabilidad por una transferencia fraudulenta no es un embargo o ejecución de ninguna propiedad. 

El 30 de noviembre de 2016, ConocoPhillips denunció que PDVSA, PPSA, PDVH y Rosneft habían completado la transacción de Citgo a Rosneft. Mediante esa transacción, PDVSA recaudó US $ 1.500 millones en efectivo de Rosneft y, a cambio, hizo que PDVH otorgara a Rosneft la prenda de la totalidad de su capital restante en CITGO Holding y obligó a PPSA a entregar el crudo de PDVSA a Rosneft. PDVSA luego transfirió los ingresos a Venezuela. 

El objetivo de que PDVH transfiriera a Rosneft el valor total de los activos que tiene el Estado venezolano en los Estados Unidos, tiene la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores de la República Bolivariana de Venezuela.

Pdvsa reconoce transferencia

En un comunicado de prensa del 23 de diciembre de 2016, refiriéndose a la Conversión de Bonos 2016 (Denunciada por ConocoPhillips) y la referida a la Operación Rosneft, PDVSA explicó: "Así como PDVSA se apalancó en octubre de 2016 utilizando como garantía el 50.1% de Citgo para la operación de swap de bonos, en medio de los ataques contra la compañía y un descenso de la industria petrolera mundial, ha utilizado el 49,9% restante del capital en CITGO para obtener nuevos financiamientos. 

En ese mismo comunicado de prensa, PDVSA confirmó su dominio y control sobre sus filiales, incluyendo a PPSA y PDVH, e incluso sobre las filiales indirectas de CITGO, afirmando: "PDVSA mantiene plena propiedad y control sobre Citgo Petroleum Corporation, su subsidiaria en los Estados Unidos".

PDVH no habría podido comprometer  la totalidad de su capital restante en su único activo a cambio de nada. La única explicación es que estuviera actuando bajo las órdenes y en representación de PDVSA, la cual recibió US $ 1.500 millones de la Operación Rosneft para transferir el valor de las acciones de Citgo que pertenecían al Estado venezolano.

Lo que está pendiente

ConocoPhillips y las otras empresas demandantes, tienen acciones de arbitraje pendientes contra la República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA y PDVSA Petróleo, S.A. ("PPSA"), filial de PDVSA. Las reclamaciones surgieron de la confiscación y nacionalización de las inversiones de los demandantes en proyectos de petróleo y gas por valor de miles de millones de dólares en Venezuela. 

Venezuela y PDVSA, junto con sus filiales en Delaware PDVH, CITGO Holding, Inc., Petroleum Corporation CITGO Petroleum, realizaron una serie de transacciones para liquidar y remover activos de Venezuela en los Estados Unidos con el fin de obstaculizar, retrasar o defraudar a los demandantes. A pesar de múltiples demandas pendientes que impugnan esas transacciones, los acusados ​​continúan realizando transferencias fraudulentas. 

PDVH sostiene que los tribunales de los Estados Unidos son impotentes para hacer algo al respecto.