Por Maibort Petit
En el marco del juicio del presunto narcotraficante venezolano, Carlos Orense Azócar, han salido a relucir elementos que confirman ―una vez más― que existe una amplia relación entre el crimen organizado transnacional y el régimen chavista. Van tres días de audiencias, desde este lunes cuando los fiscales federales de Estados Unidos y la defensa hicieron los argumentos de apertura frente al jurado en Nueva York.
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JUICIO DE CARLOS ORENSE AZÓCAR EN NYC
Boada dijo que era pescador cuando empezó sus actividades en el narcotráfico. Le pagaban entre 15 mil a 20 mil dólares por cada envío que llevaba en una pequeña embarcación desde Venezuela a República Dominicana donde la entregaba a otros operadores.
El testigo de la fiscalía aseguró no tener conocimiento que la cocaína era enviada a Estados Unidos porque su rol era llevarla de Venezuela a República Dominicana. Este punto fue objeto de una moción de la defensa, y una disculpa pública en la sala de la corte porque cuando el abogado Eric J. Sarraga en una pregunta dijo que Boada había mentido en su acuerdo de culpabilidad en relación al destino final de la cocaína pero luego se aclaró que no ni fue así.
Boada describió escenas cuando estaba en su embarcación y fueron arrestados por agentes de la guardia costera que los llevaron ante las autoridades de República Dominicana para ser procesados y enviados a Estados Unidos. Junto a Boada estaban en el barco que transportaba la cocaína un tal Nervis Rafael Suárez (venezolano), Hermán Arias Escobar (colombiano), entre otros.
Romel José Boada se declaró culpable en Miami y desde el 2016 paga condena. Durante la pandemia, los abogados del testigo intentaron lograr su liberación por razones humanitarias, alegando que estaba enfermo pero el tribunal negó la petición y fue entonces cuando logró acuerdos con la fiscalía.
La defensa explicó en el contrainterrogatorio que Boada fue interceptado por dos sujetos cuando estaba en la cárcel, uno de ellos es, supuestamente un sobrino de Carlos Orense Azócar que habría sido el primero en hablarle del acusado, comentándole que estaba allí por su culpa. Un segundo individuo le habló sobre el mismo tema al poco tiempo.
La defensa buscaba acabar con la credibilidad del testigo de la fiscalía ante el jurado, haciendo varias preguntas para que Boada cayera en varias contradicciones, incluyendo admitir que no tenía clara muchas de las aseveraciones que hacía el abogado defensor de Azócar.
Por su parte, la fiscalía empujó en todo momento los elementos que según los fiscales evidencian que Boada estuvo asociado con Azócar y que tenía conocimiento de las relaciones que tiene el acusado con los envíos de cocaína a los Estados Unidos y otras operaciones que violan las leyes norteamericanas.
El segundo testigo de la fiscalía responde al nombre de Antonio Arvelaez, un narcotraficante que se declaró culpable y ahora colabora con los justicia. Arvelaez dijo tener una larga relación con Carlos Orense Azócar, ya que empezó como su conductor por años, lo que le permitió conocer las actividades del acusado, las relaciones y los movimientos, luego pasó a ser su guardaespalda con lo cual se acercó más al entorno del demandado y posteriormente pasó a formar parte de la organización criminal.
Según Arvelaez, el acusado es responsable del envío de más de 100 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. El tráfico no se limitaba a las drogas sino que incluía también rifles de asalto.
Una de las más llamativas declaraciones del segundo testigo de los fiscales es la relación que presuntamente tiene el acusado con el exjefe de Inteligencia del régimen venezolano, Hugo Carvajal Barrios, un exgeneral que también está siendo procesado por delitos de narcoterrorismo en Nueva York.
De acuerdo al testimonio, Hugo Carvajal Barrios le habría permitido a la organización criminal de Azócar atravesar el territorio con los cargamentos, además de haberle vehículos para cubrir las actividades de trasiego de drogas.
Otro narcotraficante que fue mencionado por Arvelaez es Wilber Varela, alias Jabón, quien fue líder del cártel del Norte del Valle de Colombia y le dieron de baja en Mérida, Venezuela el 30 de enero de 2008. Los EE. UU. estaban buscando a Jabón y ofrecían una recompensa por su captura de $5 millones.
Arvelaez aseguró durante el interrogatorio de la fiscalía que el acusado tenía una finca en Zaraza, estado Guárico y otras propiedades que incluían un inmueble en Caracas.
El dilema del iPhone negro
Cuando Carlos Orense Azócar fue arrestado en Italia, tenía bajo custodia y control un iPhone negro. Los agentes del orden italianos confiscaron y extrajeron información del iPhone sin orden judicial.
La confiscación calificada por la defensa como ilegal ilegal ha sido objeto de una moción durante el juicio por parte de Orense Azócar que ha pedido que los hallazgos en ese teléfono no sean usados. Sin embargo, vale la pena destacar que el 24 de octubre de 2023, de conformidad con la Fed. R. Crim. P. 41, el agente especial Matthew S. Passmore de la DEA, presentó una solicitud para una orden de registro e incautación.
Los fiscales advirtieron que todos los hechos expuestos en la solicitud contenían eventos conocidos por las fuerzas del orden al recibir el iPhone de las autoridades italianas.
El 24 de octubre de 2023 el tribunal concedió la solicitud del gobierno de Estados Unidos y emitió una orden de registro (23 MAG 6930) que autorizó una extracción forense del iPhone el 7 de noviembre de 2023.
Los fiscales informaron a los abogados de Orense Azócar ese mismo 24 de octubre a las 21:31 horas, sobre el uso del dispositivo y el 17 de noviembre de 2023, el gobierno proporcionó una lista de pruebas que establece varios elementos extraídos del iPhone que intentan presentar como prueba durante el juicio.
Los representantes legales de Orense Azócar pretende suprimir la extracción del teléfono del iPhone negro alegando una demora irrazonable de la DEA antes de solicitar una orden judicial para registrar el iPhone violó la Cuarta Enmienda.
Frente a esta moción, los fiscales pidieron al Tribunal celebrar una audiencia probatoria con el agente especial Passmore para determinar si la demora en la obtención de una orden de registro no fue razonable.
Expectativas sobre los días por venir
Los fiscales han señalado en los argumentos de apertura que su trabajo se focalizará en demostrar que Orense Azócar conspiró para llevar toneladas de cocaína a Estados Unidos, y esencialmente cómo el demandado pagó sobornos a los militares venezolanos de alto perfil a cambio de protección y seguridad para sus operaciones de narcotráfico.
Los fiscales presentarán testigos cooperantes, uno de los cuales ofreció a la justicia detalles sobre la participación de un ex director ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE. UU. en una trama que permitió blanquear dinero.
Orense se declaró inocente de tres cargos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión criminal de armas.
En la sala 518 de la corte neoyorquina, donde se realizan las audiencias la defensa advierte que el juicio se basa en cuentos de narcos, y que la fiscalía no tiene pruebas para demostrar, más allá de la duda razonable. Los familiares del acusado van más allá y sostiene que todo parece una película de Hollywood, que los fiscales están asustados y que el caso se caerá. Los agentes del gobierno, obviamente, opinan lo contrario.
Se especuló que Hugo Carvajal Barrios aparecería en escena pero ese rumor se disipó de inmediato al recordar que el exjefe de espías está en un proceso que busca ir a un juicio con jurado, y si bien hay varios expertos que esperan que se declare culpable y coopere con la justicia, hasta el momento no se llegado a ninguna negociación, ni se hablar de ello en el expediente.
Los fiscales dijeron en la apertura del juicio que el acusado que Orense trabajó con un exjefe de inteligencia procesado en EE. UU., y la descripción corresponde a Hugo Carvajal.
Según documentos de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Orense, alias “El Gordo” trabajó conjuntamente con miembros del denominado Cartel de Los Soles y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para enviar aviones y embarcaciones cargadas de cocaína a Centroamérica y puntos de transbordo en El Caribe para luego llevar los cargamentos de droga hasta Estados Unidos.
“Durante más de una década, el acusado trabajó con otros narcotraficantes de gran escala en Venezuela y otros lugares para importar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, dice una moción del gobierno.
“Para consolidar una operación de distribución de cocaína de escala masiva, el acusado se asoció y sobornó a oficiales militares venezolanos de alto rango que protegieron y facilitaron el transporte de sus cargas de cocaína a través de Venezuela”.
En la trama descrita por los fiscales, se señala que el acusado organizó el transporte por avión y barco de la cocaína a través de Centroamérica y México, así como por el Caribe, incluyendo República Dominicana, las Islas Vírgenes Británicas y Puerto Rico, para que la cocaína pudiera ser llevada hasta Estados Unidos, con lo cual violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes.
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