Mostrando entradas con la etiqueta Pedro León Torres. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Pedro León Torres. Mostrar todas las entradas

viernes, 20 de mayo de 2022

Juez bloqueó nuevo intento de los testaferros de Jhonnathan Marín y Pedro León Torres por hacerse de activos decomisados por EE. UU.

 El Tribunal apoyó los criterios esbozados por la Fiscalía para oponerse a la aprobación de las mociones de Guillermo y María Montero.

Por Maibort Petit

    Las pretensiones de los esposos Guillermo y María Montero, tenidos como supuestos testaferros del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Sanguino, y del exzar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Torres, de retomar el control de una serie de activos que la Fiscalía para el Distrito Sur de Florida busca decomisar, se topó con una nueva negativa por parte del juez Robert N. Scola Jr., quien negó las mociones presentadas por el matrimonio ante su tribunal.

  La fiscalía para el Distrito Sur de Florida viene trabajando en la confiscación real de varios activos, entre ellos, catorce cuentas bancarias que totalizan USD 45 millones, así como siete bienes inmuebles que, asegura, son el producto de delitos de soborno transnacional, propiedades involucradas en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero que el gobierno aspira decomisar. Sobre estos activos, varias personas y entidades han presentado reclamos verificados en los que sostienen que tienen intereses.

  Ya anteriormente, la Corte había descartado las pretensiones de Guillermo A. Montero quien, desde entonces ha presentado una moción solicitando a la Corte que reconsidere la anulación de su demanda. A su vez, la Fiscalía procuraba la anulación de los reclamos de María Montero, la esposa de Guillermo Montero, estando ambas mociones completamente informadas y listas para su revisión[1].

  El tribunal concedió al gobierno la moción para anular las pretensiones de los esposos.

La decisión

  El 28 de marzo de 2022, el juez Robert N. Scola Jr., titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, emitió una Orden Omnibus (orden final) en la que declaró con lugar una moción de la Fiscalía que buscaba invalidar las pretensiones verificadas de María Montero, así como también negar la moción de reconsideración de Guillermo Montero, quienes vienen insistiendo en recobrar el control sobre fondos y bienes inmuebles incautados por autoridades de los EE. UU. por provenir de actividades delictivas, específicamente del lavado de dinero.

  El magistrado anuló los reclamos de María Montero, en razón de que esta no ha podido establecer legitimación en este caso, como también niega su moción de desestimación por considerarla como discutible. Por la misma razón, el Tribunal negó lun moción de Montero para la remisión al programa de abogados voluntarios.

  Además, tanto Guillermo Montero como María Montero, presentaron recientemente reclamaciones verificadas modificadas, pero la fecha límite para estas presentaciones había pasado hace mucho tiempo. Ambos reclamos enmendados fueron presentados sin la autorización del Tribunal o el consentimiento de la parte contraria.

  En razón de esto, el Tribunal manifestó su acuerdo con el Gobierno en que ninguno de los reclamos enmendados fue presentado debidamente ante el Tribunal y, por tanto, rechazó ambas pretensiones.

Lo que dice la norma

  El sustento de la acción civil que busca el decomiso de los activos por parte de la Fiscalía, se encuentra en las Reglas Federales de Procedimiento Civil, así como por la Regla Suplementaria G. Esta última, en su aparte (5)(a), establece que las entidades o personas que afirman un interés en un activo del demandado, pueden presentar una demanda para unirse al litigio. La jurisprudencia advierte que para impugnar una confiscación “el reclamante primero debe demostrar un interés suficiente en la propiedad para otorgarle la legitimación conforme al Artículo III; de lo contrario, no hay ‘caso o controversia’, en el sentido constitucional, susceptible de adjudicación en los tribunales federales”. Se entiende por interés suficiente “un “derecho de propiedad o posesión sobre los bienes incautados”.

  Igualmente queda estipulado que cada reclamante debe “hacer [] un reclamo válido de que tiene un interés legalmente reconocible en la propiedad que se dañará si la propiedad se confisca al gobierno”.

Reconsideración injustificable

  El juez Scola declaró improcedente el recurso de reposición de Guillermo Montero por cuanto la jurisprudencia ha establecido que “una parte puede solicitar una reconsideración sólo cuando ha ocurrido uno de los siguientes: un cambio intermedio en la ley de control, la disponibilidad de nuevas pruebas o la necesidad de corregir un error claro o prevenir una injusticia manifiesta”.

  Acogiéndose también a la jurisprudencia que advierte que “la reconsideración de una orden es un recurso extraordinario que se emplea con moderación” y que es “apropiada cuando, por ejemplo, el Tribunal no ha entendido bien a una de las partes, o ha tomado una decisión fuera de las cuestiones contenciosas presentadas ante el Tribunal por las partes, o ha cometido un error no de razonamiento sino de aprensión”, el magistrado recordó que si surge cualquiera de estas situaciones, un tribunal tiene amplia discreción para reconsiderar una orden emitida anteriormente. Scola estimó que, en ausencia de cualquiera de estas condiciones, como es en este caso, no se justifica una moción para reconsiderar.

  Se indica en la decisión que en el centro de la solicitud de reconsideración de Guillermo Montero estaban dos embargos mecánicos que presentó recientemente, a través de los cuales afirma intereses en dos bienes inmuebles Demandados. Según él, no pudo presentar los gravámenes en el momento de la presentación de su oposición a la moción de huelga del Gobierno, unos cinco meses antes de solicitar la reconsideración por varias razones, todo lo cual dice que estaba fuera de su control.

  Guillermo Montero, “(1) afirma que no recibió los originales conformes de los gravámenes de la Oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles hasta después de haber presentado su respuesta; (2) dice que su abogado se negó a solicitar una prórroga del plazo de respuesta; y (3) asumió que el Gobierno retiraría su moción de huelga una vez que Guillermo le proporcionara copias de los gravámenes. En consecuencia, dice, la orden del Tribunal que anula sus reclamos debe anularse sobre la base de "inadvertencia, sorpresa y negligencia excusable".

  Pero el juez Scola estimó que ninguno de estos eventos se eleva al nivel de justificar la reconsideración de la Corte. Además, advierte que Guillermo Montero no explicó por qué no pudo haber planteado el hecho de la existencia del interés del gravamen en su respuesta ni por qué no llamó la atención del Tribunal sobre los gravámenes durante los meses intermedios entre el momento en que recibió la devolución del gravamen del mecánico registrado de la oferta del registrador y la entrada de la orden del Tribunal. El magistrado determinó que estos factores condenan la posición de Guillermo Montero.

   Por otra parte, el juez no encontró convincentes los otros argumentos de Guillermo Montero, con respecto a sus derechos de la Quinta Enmienda o impedimento legal. Scola sostiene que Guillermo Montero no ha logró convencer de que se justifica la reconsideración de la orden de la Corte que anula sus afirmaciones verificadas.

Anulación de los reclamos de María Montero

  También las pretensiones de María Montero, quien a través de sus reclamos verificados sostiene que tiene intereses de propiedad en dos de los bienes inmuebles del demandado, a saber, 1270 99th Street, Bay Harbor Island, Florida 33154 y 2377 Glendon Avenue, Los Ángeles, California 90064.

   Según ella, cada una de las propiedades pertenece a compañías de responsabilidad limitada separadas y que las dos LLC son, a su vez, propiedad de su esposo, Guillermo Montero. Como consecuencia de su matrimonio, sostiene María, posee el 50 por ciento de las dos SRL y, por tanto, razona, el 50 por ciento de cada uno de los inmuebles. Sustentó su reclamo con los mismos documentos en los que se basó su esposo para respaldar sus propias afirmaciones. El Tribunal rechazó los reclamos de Guillermo Montero en enero de 2022.

  A juicio del juez Robert N. Scola, la Fiscalía tiene razón en su afirmación de que María Montero carece de legitimación para sustentar sus reclamos y que, por lo tanto, deben ser anulados. Para establecer esta negativa, la Corte refiere que la afirmación de María Montero de que tiene un interés marital en la propiedad de las LLC es legalmente insuficiente, pues no conecta los puntos entre cualquier interés actual en las empresas y el interés incipiente que reclama como resultado de su matrimonio.

  Recordó el juez que el Tribunal determinó que el propio Guillermo Montero, como miembro de las LLC, no tiene ningún interés legal separado en estas, además de su condición de miembro, que le otorgaría el Artículo III en su propio nombre.

  Sostiene el Tribunal que, dado que Guillermo Montero no tiene legitimación, por ende, el intento de María Montero de establecer su propia posición sobre la de él no es acertada.

  Por último, la Corte consideró que las reclamaciones de María Montero con respecto a las ganancias pérdidas generadas por la venta de los bienes inmuebles reclamados tampoco logran establecer la legitimación del Artículo III. Se remite a la decisión anterior del tribunal que al evaluar los reclamos similares de Guillermo Montero relacionados únicamente con el “potencial de inversión perdido”, demuestran que María Montero sería “nada más que [una] acreedora no garantizada[]”.

[1] Venezuela Política. “Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del ex-zar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta”. 4 de febrero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/02/tribunal-de-ee-uu-niega-reclamos-de-los.html


viernes, 4 de febrero de 2022

Tribunal de EE. UU. niega petición de los reclamantes de los fondos confiscados a los testaferros del exzar de la Faja del Orinoco y el exalcalde corrupto de Guanta

  Diversos han sido los intentos por parte de familiares y asociados de quienes actuaban como presuntos prestanombres de Pedro León Torres y Jonnathan Marín, quienes desde varios frentes han intentado recobrar el control sobre fondos y bienes inmuebles incautados por autoridades de los EE. UU. por provenir de actividades delictivas.

Por Maibort Petit

   Familiares y personas asociadas a los supuestos testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Torres y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, bregan en tribunales de los Estados Unidos para anular el caso y rescatar el dinero y otros bienes incautados por las autoridades federales, por tratarse de activos provenientes de actividades de lavado de dinero, pero sus aspiraciones han sido truncadas por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida que lleva la causa.

  Los reclamos de los fondos y activos en proceso de decomiso por parte del Departamento de Justicia provienen de Daniel Santilli García, Carmela Tomasicchio, Leonardo Santilli Tomasicchio, Sabrina Santilli Tomasicchio, SGO Group LLC, Brickell Miami 5210 LLC, SGO Group Ltd., Ribet International Ltd., PLD Inversiones C.A, y Constructora COSACO C.A. Igualmente, Guillermo A. Montero, Manning 90064 LLC, 2377 Glendon LLC, 10421 Northvale LLC y Peck/Jones Construction, Inc., reclaman propiedad casi en los mismos términos que los demandantes Santilli. Por último, Janeth Bayona expone varios argumentos generalizados y adopta la moción de las demandantes Santilli. Otro Demandante, J&D Investments of Miami, LLC, presentó lo que se titula una respuesta, pero no ha presentado nunca una moción de desestimación.

  Leonardo Santilli García, quien falleció —fue asesinado el 1 de septiembre de 2020, según versión del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab y sus homicidas fueron condenados a 18 años de prisión[1]—, y Daniel Santilli García eran dueños o controlaban cuatro empresas, a saber, Constructora Cosaco C.A., PLD Inversiones C.A., SGO Group Inc. y A&M Support Group, Inc., las cuales obtuvieron contratos para la provisión de bienes y servicios a las filiales de PDVSA.

  La acusación contra los Santilli refiere que, a partir de 2014, estos transfirieron fondos a cinco funcionarios venezolanos a través de cuentas del Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida, sobre las cuales tenían control.

  En la acusación se detallan una serie de transferencias a los funcionarios de PDVSA, Petromonagas, Petrocedeño, Sinovensa y Petropiar, quienes recibieron en sus cuentas USD 146 millones.

  La fiscalía determinó que los fondos se entremezclaron con frecuencia con las cuentas de la empresa, así como con las cuentas personales de los Santilli. Del mismo modo, el dinero de las cuatro cuentas de las empresas Santilli se transfirió directamente a varias de las cuentas de los demandados.

  En julio y agosto de 2018, las fuerzas del orden público ejecutaron órdenes federales de incautación de fondos en todas las cuentas de los demandados, excepto una, que fue restringida.

Tribunal niega mociones de los demandantes

  El 15 de noviembre de 2021, el juez de distrito, Roberto N. Scola Jr. negó las mociones para desestimar la causa, de quienes reclaman los fondos y activos — catorce cuentas que suman USD 45 millones y siete bienes inmuebles— que serían el producto de delitos de soborno y bienes involucrados en el lavado de dinero, los cuales el gobierno estima decomisar.

  El gobierno ha presentado siete reclamos en procura del decomiso de los activos del demandado.

  El primero de estos reclamos es por estimar que son producto de delitos de soborno en el extranjero; el segundo, por ser propiedad involucrada en una conspiración de lavado de dinero; el tercer reclamo dos), por ocultamiento de transacciones de lavado; el cuarto reclamo por ocultamiento internacional de transacciones de lavado; el quinto, por transacciones promocionales de lavado; el sexto, por transacciones internacionales de lavado promocional; el séptimo por transacciones de lavado mayores a USD. 10.000.

  Ante estas acciones, varios demandantes solicitan la desestimación de la denuncia, con perjuicio, argumentando, de diversas maneras, que el caso está prohibido por la doctrina de la cortesía internacional; que la queja no establece un reclamo bajo la Regla Federal de Procedimiento Civil 12(b)(6); que las reclamaciones de decomiso están prescritas. Entretanto, la fiscalía se opone a la moción algunos de los demandantes han respondido oportunamente, pero el tribunal, después de su revisión, negó estas mociones.

 El juez Scola estimó que los argumentos de abstención de los demandantes en virtud de la doctrina de la cortesía internacional no dan en el blanco y negó su moción de desestimación a ese respecto.

  Asimismo, los argumentos de los demandantes no convencieron a la de que la fiscalía no ha presentado un reclamo de reparación o que no ha presentado hechos suficientemente detallados para respaldar una creencia razonable de que el gobierno podrá cumplir con su carga de la prueba en el juicio. Los demandantes tampoco convencieron al juez de que los reclamos hubieran prescrito.

Juez anula los reclamos

  El 3 de enero de 2022, Roberto N. Scola Jr., Juez de Distrito de los Estados Unidos concedió a la fiscalía las mociones para anular las reclamaciones de Isabel Cristina Milagros Marcucci Jiménez, Guillermo A. Montero y Peck/Jones Construction, Inc.

  Igualmente, el magistrado también se pronunció sobre el pedido de liberación del embargo formulado por Montero, relativo a la venta de uno de los bienes inmuebles y solicitó notificación judicial relacionada con otro bien inmueble. Scola constató que dichas mociones estaban completamente informadas y procedió a negarlas con base en la falta de legitimación de Montero, toda vez que presentó dichas mociones en nombre de los propietarios de la entidad. Así, el Tribunal negó las solicitudes por haber sido presentadas indebidamente en nombre de una entidad comercial.

  Isabel Cristina Milagros Marcucci Jiménez, esposa de Daniel Santilli, reclamaba un interés, primero, USD 7.7 millones incautados de la cuenta de UBS número FL 14453 a nombre de Daniel y Leonardo Santilli García; segundo, USD 10 millones incautados de la cuenta número 5V2-10186 de Merrill Lynch a nombre de Daniel Santilli García; y tercero, USD 1 millón en fondos incautados de la cuenta número 5V2-10188 de Merrill Lynch, también a nombre de Daniel Santilli García.

  Estimó el juez que el reclamo no es válido porque no tiene un interés legalmente reconocible en las cuentas reclamadas, pues se equivocó sobre la aplicabilidad de la ley venezolana al evaluar su interés de propiedad. Además, según la ley de la Florida Marcucci no tiene un interés de propiedad en la cuenta bancaria de su cónyuge cuando ella no es signataria o titular de la cuenta, el cónyuge titular de la cuenta está vivo y la pareja sigue casada.

Los reclamos

  Los reclamos verificados de Montero y Peck/Jones sobre, primero, USD 6.4 millones en fondos que fueron incautados de la cuenta de UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd.; segundo, USD 3.8 millones en fondos que fueron incautados de la cuenta número 39K-954608 de Pershing LLC a nombre de Ribet International Ltd.; tres bienes inmuebles, a saber, 1270 99 Street, Bay Harbor Island, Florida; 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, California: y 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California.

  Asimismo, otros reclamos que se detallaran más adelante al revisar los reclamos verificados en detalle.

  El juez Roberto N. Scola estableció que ni Montero ni Peck/Jones reclaman un interés en los bienes inmuebles mismos, más bien, exigen un interés sólo en los ingresos o ganancias que puedan surgir de la venta de las propiedades. Esto representa un reclamo solo por el potencial de inversión perdido y muestra que ellos no son más que acreedores no garantizados. Consideró el magistrado que la alegación sin adornos de Montero y Peck/Jones de que tienen la propiedad de los activos demandados reclamados es insuficiente para establecer su posición conforme a la ley.

Reclamo verificado de María Montero

  El 7 de enero de 2022, María E. Montero, presentó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida una Reclamación Verificada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, modificó su reclamo original y afirmó la propiedad de una serie de bienes inmuebles y activos.


  A saber, la demandante exige USD 6.415.388,33 en fondos que fueron incautados de la cuenta UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd; USD 3.810.331,36 en fondos que fueron incautados de la cuenta Pershing, LLC número 39K-954608 a nombre de Ribet International Ltd en la que María Montero tenía en el momento de la incautación y actualmente mantiene, una participación en la propiedad. Montero sostiene que tiene una participación en la propiedad de todo el dinero generado por la venta de 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154, la cual está calificada legalmente como Residencia Unifamiliar valorada en USD 1.500.000.

  Del mismo modo reclama la cantidad de USD 2.000.000 que representa un lucro cesante para Guillermo y María Montero por el acuerdo de las partes con los Santilli para desarrollar el inmueble, amortizar hipotecas, impuestos inmobiliarios, mantenimiento, suministros, entre otras cosas anexar material a dicho inmueble.

  María Montero afirma ser propietaria de 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064 como cesionaria de Peck/Jones Construction, Inc.; una Residencia Unifamiliar valorada en USD 4.000.000.

 También exige USD 2.000.000 representados en el gravamen de Mechanic's Lien registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles con el número de documento 20211244874.

  Montero dice que los fondos para la compra del inmueble provinieron de Constructora Cosaco C.A. a través de PLD Inversiones y los miembros de la familia Santilli, personas que se incluyen en los Planes de Negocios.

  María Montero afirma la propiedad de 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064, un lote baldío valorado en USD 2.500.000 como cesionario como Peck/Jones Construction Inc.

  La cantidad de USD 2.000.000 que representa el gravamen al presente.

  Argumenta María Montero que sufrió una oportunidad perdida y daños a la inversión por un monto de USD 3.000.000 por el arresto de los demandados y las acciones contra los activos de los demandados de California después de que Guillermo y Peck/Jones Construction presentaran un gravamen contra los activos.

  Por lo tanto, María Montero afirma un interés de propiedad en los fondos mantenidos en la cuenta SGO 4456 y la cuenta Ribet 4608 y niega que estos constituyan ganancias de soborno transnacional, delitos, propiedad involucrada en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero y/o propiedad trazable a dicha propiedad.

  Del mismo modo, María Montero afirma participación en la propiedad de los bienes inmuebles comúnmente conocidos como 2377 G Lend en Ave., Los Ángeles, CA 90064; una residencia unifamiliar; 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 un terreno baldío. Reclama el 100 por ciento de la propiedad por un monto de USD 980 097,52 para 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33 154, que se vendió antes del decomiso porque era propiedad comunitaria según la ley de California.

El reclamo verificado de Guillermo Montero

  En la misma fecha, 7 de enero de 2022, reclamó la propiedad de USD 6.415.388,33 en fondos que fueron incautados de la cuenta UBS número FL 14456 N a nombre de SGO Group Ltd; de USD 3.810.331,36 en fondos que fueron incautados de la cuenta Pershing, LLC número 39K-954608 a nombre de Ribet International Ltd en la que Guillermo Montero tenía en el momento de la incautación una participación en la propiedad. Sostuvo que tenía una participación en la propiedad de todo el dinero generado por la venta de 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154; calificada legalmente como Residencia Unifamiliar valorada en USD 1.500.000.

  Exigió USD 2.000.000 de lucro cesante por el acuerdo de las partes, el cual preveía desarrollar el inmueble y el pago de hipotecas, impuestos sobre bienes inmuebles, mantenimiento, suministros, materiales anexos a dicho inmueble. Afirma ser propietario de 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064; una Residencia Unifamiliar valor de USD 4.000.000.

  También pidió USD 2.000.000 por gravamen del documento número 20211244874 registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles. Sostuvo ser propietario de 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 Iot valorado en USD 2.500.000.

  Pidió USD 2.000.000 por gravamen del documento número 20211244867 registrado en la oficina del Registrador del Condado de Los Ángeles.

  Guillermo Montero acusó haber sufrido pérdidas de oportunidad y daños a la inversión por un monto de USD 3.000.000 por el arresto de los demandados y las acciones legales contra los activos de California después de que presentó un gravamen contra los activos.

  Montero afirmó un interés de propiedad en los fondos mantenidos en la cuenta SGO 4456 y la cuenta Ribet 4608 y negó que estos fondos constituyan ganancias de soborno transnacional, delitos, propiedad involucrada en el lavado de dinero o una conspiración para cometer lavado de dinero, y/o propiedad rastreable a tal propiedad. Igualmente reclamó un interés de propiedad en los bienes inmuebles comúnmente conocidos como 1270-99th Street Bay Harbor Island, FL 33154; 2377 Glendon Ave., Los Ángeles, CA 90064; una residencia unifamiliar; 10421 Northvale Road, Los Ángeles, California 90064 un lote baldío y también negó que los bienes hayan sido adquirido con fondos de origen irregular.

Fiscalía pide anular reclamo de María Montero

  El 11 de enero de 2022, el fiscal Juan Antonio González, presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida una solicitud de anulación las reclamaciones de María Montero, así como la suspensión de su respuesta al pedido de desestimación por ella presentado.

  Sostiene el fiscal que María Montero no cumplió con su obligación de probar que está legitimada para presentar la Reclamación Verificada en razón de que, de acuerdo con la Orden Ómnibus del tribunal, ni su matrimonio con Guillermo Montero, ni su condición de acreedora quirografaria a través de su esposo, le confieren legitimación para impugnar la acción de decomiso civil.

  En consecuencia, el fiscal pidió al tribunal anular las Reclamaciones Verificadas de la demandante y suspender la respuesta de los Estados Unidos a la Solicitud de Desestimación hasta que se resuelva esta Solicitud de Anulación.

  La fiscalía considera que los Reclamos Verificados de la Montero deben anularse, puesto que estos se basan en los reclamos de su esposo, Guillermo Montero, los cuales fueron anulados por falta de legitimación conforme a la Orden Ómnibus del tribunal. De este modo el gobierno argumenta que, si Guillermo Montero carece de legitimación, entonces María Montero también dado que sus reclamos no se basan en sus supuestos intereses en ciertas propiedades inmobiliarias sino los de su esposo.

  La fiscalía precisó que, dado que la demandante carece de legitimación activa, Estados Unidos solicitó que la corte suspender su respuesta a la solicitud de desestimación de esta, la cual venció el 15 de enero de 2022. En apoyo de esta solicitud, la fiscalía planteó una serie de consideraciones y argumentos.

  Estima la fiscalía que es legalmente insuficiente la afirmación de María Montero de que tiene un interés conyugal en la propiedad de las LLC de Florida para conferir la legitimación conforme al Artículo III.  Montero en sus Reclamaciones Verificadas, alega un interés en los Bienes Inmuebles Reclamados sobre la base de que constituyen bienes conyugales según la ley de propiedad comunitaria de California. María Montero refiere que su esposo, Guillermo Montero, es miembro de las LLC de Florida que son titulares de los Bienes Inmuebles Reclamados y que ella, a su vez, tiene una participación del cincuenta por ciento en esas propiedades como su cónyuge.

  Pero la fiscalía advierte que María Montero no alega en sus Reclamos Verificados que es miembro de las LLC o que está afiliada de otra manera con las LLC o los Bienes Inmuebles Reclamados, razones que sin insuficientes por las razones discutidas en la Orden Ómnibus del tribunal.

  El gobierno de los Estados Unidos igualmente califica de insuficiente el alegato de María Montero de que tiene un interés en el lucro cesante generado por la venta de los Bienes Inmuebles Reclamados.

  Montero advierte que ha sido perjudicada por la “pérdida de millones de dólares debido a que el gobierno interfirió con el contrato (…) para construir un nuevo edificio y venderlo [sic] por una ganancia sustancial” y reclama “cualquier y todo el dinero generado por la venta” de las propiedades que “representa pérdida de ingresos y ganancias (…) acuerdo de las partes para desarrollar los bienes inmuebles.”

  El gobierno alerta que al anular el reclamo de Guillermo Montero, el Tribunal sostuvo que los reclamos relacionados únicamente con el “potencial de inversión perdido” demuestran que el demandante no es más que un “acreedor no garantizado [ ]”. Por ello, al igual que el reclamo de Guillermo Montero, el reclamo de María Montero también debe ser declarado sobre esta base.

  Por último, la fiscalía determinó que las reclamaciones de la demandante deben anularse por las mismas razones establecidas en la Orden General del tribunal del 3 de enero de 2021 y solicitó que se suspenda su respuesta a la Moción de desestimación que venció el 15 de enero de 2022.

Referencia

[1] La Patilla. “Tarek William Saab: Asesinos del empresario Leonardo Santilli García fueron condenados a 18 años de prisión”. 23 de septiembre de 2021. https://www.lapatilla.com/2021/09/23/tarek-william-saab-asesinos-del-empresario/