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lunes, 16 de mayo de 2022

Justicia de EE. UU. : El caso del exalcalde de Guanta, Jhonnatan Marín está relacionado con el empresario corrupto, Carlos Enrique Urbano Fermín (CUFERCA)

   El socio del ex-gobernante municipal fue arrestado en Miami, y en el marco de su proceso, se declaró culpable y 'delató' a los que operaron un esquema de corrupción que esquilmó millones de dólares en contratos fraudulentos de PDVSA, cuyos fondos se lavaron en el sistema financiero de EE. UU.: Marín fue una pieza clave en el proceso de blanqueo de capitales.  

Por Maibort Petit

 El caso del exalcalde del Municipio Guanta del estado Anzoátegui, Jhonnatan Marín Sanguino —acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción y lavado de dinero — está relacionado con uno de sus socios, Carlos Enrique Urbano Fermín dueño de la Constructora Cuferca C.A., que está siendo procesado por blanqueo de capitales y se declaró culpable ante un juez de Miami, de acuerdo a un memorando de los fiscales federales ingresado en el registro de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Según documentos del tribunal, el caso penal de Marín Sanguino tiene directa relación con el expediente de Carlos Enrique Urbano Fermín. "La Información en la Causa Penal que imputa a Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino con lavado de dinero y cohecho por corrupción venezolana en relación con la adjudicación de contratos de las subsidiarias de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA", dice la comunicación. 

   El caso penal de Marín Sanguino alega que el ex-funcionario recibió sobornos y/o ganancias de sobornos de dos co-conspiradores (Co-Conspirador 1 y Co-Conspirador 2). Co-Conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín quien fue igualmente imputado por lavado de dinero y soborno relacionado con la corrupción venezolana relacionada, en parte, con la adjudicación de contratos por subsidiarias de PDVSA.

  La fiscalía anunció que el caso criminal de Marín Sanguino será transferido al juez Robert Scola. 

  La magistrada Lisette M. Reid que atendió la primera comparecencia de Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino ante el tribunal estadounidense ordenó que la lectura de cargos contra el acusado se realizará el 23 de mayo de 2022 en la división de Miami ante el magistrado de turno.

El expediente

  En abril de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una acusación federal aprobada por el Gran Jurado que describe las actividades criminales de este sujeto que también fue acusado por los órganos contralores del régimen venezolano por delitos de corrupción. El exfuncionario utilizó su posición política, su poder y contactos para enriquecerse a costa de dineros públicos perteneciente a los venezolanos.

   En 2019, el Contralor General del régimen de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso acusó a Marín de cometer "ilícitas irregularidades que dañaron el patrimonio público" y anunció un procedimiento administrativo en su contra[1] pese que, hasta entonces, se había movido como una importante ficha del oficialismo en el oriente de Venezuela.  La acusación de la Contraloría venezolana no significa que se busque la transparencia en el manejo de los fondos públicos sino que las mafias que operan en el país no distribuyeron los dividendos logrados en los esquemas de corrupción o excluyeron a otros jerarcas de la revolución.

Su huída de Venezuela

  Marín Sanguino renunció a la Alcaldía de Guanta ante los señalamientos de corrupción y posibles acciones denunciadas en su contra. Logró huir de Venezuela a Miami donde vivió con grandes comodidades en un lujoso edificio residencial de Brickell. Posteriormente, el acusado pasó un tiempo en México. En abril de 2022 se entregó a las autoridades de la Florida para enfrentar las acusaciones en su contra. El ex-alcalde contrató para su defensa, a uno de los más experimentados abogados del gobierno estadounidense que tras su renuncia al Departamento de Justicia, pasó a ejercer en un despacho privado.

La acusación del régimen

   En Venezuela, desde el 4 de febrero de 2019 pesaba sobre Marín Sanguino una orden de aprehensión emitida por un tribunal penal del área metropolitana de Caracas. En dicha instancia judicial se le señalaba de la comisión de los delitos de peculado doloso impropio y asociación para delinquir. Igualmente, desde este juzgado se giraron medidas de incautación de bienes y propiedades, así como de bloqueo de cuentas[2]. 

   El contralor también lo inhabilitó desde el 5 de junio de 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años[6].

   Marín Sanguino, a través de empresas de maletín con cuentas en los Estados Unidos intentó disfrazar la naturaleza de los fondos irregulares obtenidos a partir de la suscripción de contratos con filiales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, a saber, Petrocedeño, Petropiar, Petromonagas S.A. Petrolera Sinovensa S.A. y Petromiranda S.A., a cambio de sobornos.

  La acusación que cursa en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida omite el nombre de los socios de Marín Sanguino —solamente los identifica como co-conspiradores 1 y 2, así como ex funcionarios venezolanos 1 y 2— y uno de ellos está bajo custodia de las autoridades.  Este lunes se conoció que el co-conspirador 2 es Carlos Enrique Urbano Fermín.

  Marín Sanguino fue señalado en Venezuela de operar “negocios” corruptos con los hermanos Urbano Fermín, propietarios del Grupo Urbano Fermín integrado por un conjunto de empresas de las cuales destaca la Constructora Urbano Fermín, C.A. (Cuferca) a cuyo cargo estuvieron infinidad de obras en el oriente venezolano, especialmente en el estado Anzoátegui durante el mandato del ahora acusado.

  A esta empresa, Jhonnathan Marín Sanguino les entregó una serie de obras, entre ellas, la “construcción de obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio Guanta (…); remoción y pintura, impermeabilización de techos y tanques en el Conjunto residencial Los Cocalitos (…) remoción y Construcción de Cerca Perimetral en Centro de Educación Inicial y Gimnasio Adriana Carmona (…); demolición y construcción de Puentes de la Av. Arizaleta Guanta (…)”

  Cuferca también recibió contratos para desarrollar proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco que han estado caracterizados por irregularidades[6].

  Jhonnathan Marín con sus denominadas "empresas de producción social" de la Alcaldía de Guanta constituyó una red a través de la cual derivó los “contratos de construcción de obras hacia sus compañías de maletín o las de sus allegados, una de ellas la Constructora Urbano Fermín C.A., Cuferca, de Carlos Esteban Urbano Fermín, privado de libertad a por el Tribunal 6° de Control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui a solicitud del Ministerio Público, por su vinculación con el presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, ocurrido entre los años 2010 y 2016. Urbano Fermín figuraba como gerente general de Cuferca y era accionista de diversas compañías contratistas de PDVSA”[7].

  Los negocios irregulares entre Cuferca y Jhonnathan Marín resultaron tan evidentes que hasta el portal oficialista Aporrea denunció que durante unos allanamientos ocurridos en febrero y marzo de 2017, relacionados con una investigación por la adquisición de monoboyas, se encontraron “contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la Faja, a las compañías de la esposa del alcalde”.

  Igualmente, los nexos de Marín Sanguino con el exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, son ampliamente denunciados en Venezuela. De acuerdo a los registros de prensa, Marín protagonizó un conjunto de supuestas irregularidades que, igualmente, quedaron evidenciadas con unos documentos obtenidos en un allanamiento realizado en la vivienda de un primo de Pedro León en la urbanización Guaraguao, perteneciente a PDVSA.

 Los documentos, en manos de los funcionarios del régimen venezolano, determinan que un grupo de empresas que habían sido del alcalde Marín, [y que hoy se encuentran a nombre de su esposa, Esneidy Mayerling Villanueva Medina], entre las que se encuentra la Cooperativa Simón Bolívar Hacia el Futuro, habrían sido utilizadas para lograr contratos públicos de manera irregular.

   La prensa local reveló que al ser allanada la sede de esta supuesta cooperativa se localizaron evidencias que daban cuenta de la estrecha relación personal del alcalde y su esposa con el exdirector de la FPO, así como la existencia de negocios entre ellos. 

  Existen otros documentos bajo escrutinio que relacionan las empresas de la pareja Marín-Villanueva con empresas del grupo Cuferca, que incluyen cuentas de gastos de la constructora y registros de importaciones a su nombre con la actuación de la compañía Group Services & Transporte VIP, presidida por Esneidy Villanueva”, según reveló Aporrea[8].

  Carlos Enrique Urbano Fermín es procesado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde es acusado de Conspiración para cometer lavado de dinero. El acusado de declaró culpable ante un juez en Miami y acordó colaborar con la justicia.

Referencias

[1] Runrun.es. “Elvis Amoroso ordenó investigar a Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín”. 25 de septiembre de 2019. https://runrun.es/noticias/389300/elvis-amoroso-ordeno-investigar-a-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin/

[2] El Nacional. “Jhonnathan Marín renunció a la Alcaldía de Guanta”. 21 de noviembre de 2017. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/jhonnathan-marin-renuncio-alcaldia-guanta_212367/

[3] Twitter. Jhonnathan Marín. @jhonnathanmarin. https://twitter.com/jhonnathanmarin/status/1176991821676929026?cxt=HHwWhIC_qe30wdUgAAAA

[4] Al Navío. “Jhonnathan Marín, el político que buscan en Venezuela por corrupción y hace negocios en México (+video)”. 1 de noviembre de 2021. https://alnavio.es/jhonnathan-marin-el-politico-que-buscan-en-venezuela-por-corrupcion-y-hace-negocios-en-mexico-video/

[5] Tal Cual. “Régimen inhabilitó a los exalcaldes Ramón Muchacho y Jhonnathan Marín por 15 años”. 5 de junio de 2020. https://talcualdigital.com/regimen-inhabilito-a-los-exalcaldes-ramon-muchacho-y-jhonnathan-marin-por-15-anos/

[6] Venezuela Política. “Guerra entre fiscales saca a la luz escándalos en la asignación fraudulenta de contratos de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 28 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/guerra-entre-fiscales-saca-la-luz.html

[7] Venezuela Política. “PDVSA oriente: Centro donde se gestan decenas de negocios fraudulentos”. 21 de julio de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/10/pdvsa-oriente-centro-donde-se-gestan.html

[8] Aporrea. “Conozca el esquema y los actores del Desfalco de la Faja del Orinoco”. 15 de septiembre de 2017. https://www.aporrea.org/contraloria/n314558.html


 

lunes, 15 de febrero de 2021

Tarek William Saab: El 'garante' de la legalidad que está en deuda con la justicia

 Ante los múltiples señalamientos de supuestas irregularidades en negociaciones detrás de las cuales estaría su mano, el actual titular del Ministerio Público mantiene un silencio absoluto.

Por Maibort Petit

   Resulta incomprensible que quien tenga sobre sí la responsabilidad de 'garantizar' la supuesta 'legalidad' en el país, se encuentre en deuda con la justicia al no haber respondido a una serie de denuncias en su contra relativas a negociaciones irregulares y a los señalamientos que indican su presunta tendencia a esconderse tras la figura de testaferros. Se trata del fiscal general de la república designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, a quien su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, lo relacionó con el otorgamiento de doce contratos a la empresa Constructora Conkor C.A.[1], cuyos dueños, supuestamente, serían prestanombres del actual representante del Ministerio Público[2].

 El asunto consiste en una enrevesada situación en la que los acusadores también son acusados y que, aun cuando lleva varios años de haberse develado, no se ha aclarado a la opinión pública la naturaleza de los irregulares hechos.

 Saab denunció el 31 de agosto de 2017, un supuesto desfalco millonario contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) por más de USD 200 millones el cual se materializó mediante los contratos cedidos a las 12 empresas que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco. Ambos fiscales por lo menos coincidían en señalar a la FPO como eje neurálgico de la corrupción imperante en la que por años fue la principal industria del país. Sin embargo, Tarek Saab evitó hacer mención de Pedro León Rodríguez limitándose a acusar a Ortega Díaz por no haberle dado curso a las investigaciones. Algo que niega Ortega Díaz, quien asegura que durante su gestión ordenó la detención de Pedro León Rodríguez.

   Quien era conocido como el zar de la FPCO, fue uno de los hombres de confianza del finado expresidente, Hugo Chávez, quien lo puso al frente de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), encargada de la administración de los negocios en la Faja y de las negociaciones con las 21 empresas mixtas que operan alrededor del proyecto en los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. De allí pasó al cargo de director ejecutivo de la FPO, donde habría dado rienda suelta a las irregularidades en contratos entregados a por lo menos 35 empresas. En su contra se emitió una orden de arresto el 4 de febrero del citado año, pero huyó del país rumbo a República Dominicana.

  ¿Por qué el silencio de Saab respecto a León Rodríguez? La respuesta estaría en los señalamientos iniciales de Luisa Ortega respecto a la propiedad de Constructora Conkor C.A., cuyos dueños titulares simplemente serían testaferros de Saab, según acusa la exfiscal. Vale recordar que la citada empresa ha estado vinculada a Tarek Saab desde sus tiempos como gobernador del estado Anzoátegui, posición desde la que habría ordenado o influido en ese tiempo en el otorgamiento de contratos por más de USD 2.000 millones en contratos de entes públicos, la mayoría en el área petrolera y de construcción de obras públicas. Las empresas beneficiarias supuestamente formarían parte del entorno del exgobernador y actual fiscal. Esta es la sospecha de investigadores tanto en Venezuela como en Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia lo incluyó como objeto de sus averiguaciones.

   De acuerdo a lo recabado por las agencias federales estadounidenses, entre octubre de 2003 y julio de 2016, Constructora Conkor C.A. suscribió más de 40 contratos multimillonarios de empresas controladas por PDVSA que operan en la FPO y en otros proyectos conjuntos con la estatal petrolera venezolana que sumarían más de USD 2.000 millones. Se ha sabido que, en tiempos de Saab en la gobernación de anzoatiguense, la empresa fue beneficiaria de millonarios contratos tanto en bolívares como en dólares, que muchas veces fue denunciada por dejar las obras inconclusas.

  Los vínculos de Tarek Saab se extenderían también a otros empresarios acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012, a saber, Alejandro Josue Koury Guevara y Elías Ramón Ruiz Mazzeo[3] [4].

   Pedro León Rodríguez fue detenido el 2 de septiembre de 2017, en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Porlamar, estado Nueva Esparta, tras arribar en vuelo al país procedente de República Dominicana[5]. Un arresto que Luis Ortega Díaz puso bajo sospecha, pues según aseguró fue el mismo gobierno el que mandó a buscar al funcionario en un avión privado propiedad de la empresa Líder Airlines e identificado con las siglas YV-3209. Para ella, el régimen negoció con el ex zar de la FPO y llegó a un acuerdo para que este dirija sus acusaciones en contra la ex-titular del ministerio público. Sostiene que Tarek William Saab "inventa delitos" y construye expedientes para inculparla.

  En esta guerra de acusaciones mutuas, Saab asegura que Ortega y su esposo, el ex-diputado, Germán Ferrer, dirigen una red de extorsión que se habría beneficiado de contrataciones públicas, de que habría encubierto a empresarios corruptos y de poseer cuentas bancarias en las Bahamas por unos USD 6 millones[6].

 El representante de Conkor en el contrato que a continuación presentamos como ejemplo de los muchos suscritos bajo supuestas condiciones de irregularidad,

 A continuación, presentamos uno de los contratos suscritos por Conkor y PDVSA Petróleo.

El contrato

 PDVSA Petróleo S.A., filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), representada por Pedro León, director ejecutivo de Producción Faja Petrolífera del Orinoco, por una parte y, por la otra, Constructora Conkor C.A., representada por su director ejecutivo, Alejandro Ruiz Mazzeo, suscribieron el contrato de obra identificado con el número 4600060550.

  El contrato tenía por objeto el que la referida contratista ejecutaría con su propio personal, herramientas, materiales y equipos, una serie de trabajos relacionados con obras civiles, mecánicas, eléctricas y de instrumentación que se detallan en el Anexo A de acuerdo al pliego de contrataciones/especificaciones Nº 1300256789.

  Las obras se llevarían a cabo en el patio de tanques de Morichal y estarían dirigidas a la correcta instalación e interconexión de los equipos del mismo.

  Las obras debían ejecutarse, de acuerdo a lo que dicta la cláusula segunda, de acuerdo a lo previsto en el Anexo B, el cual estableció un plazo de 365 días calendario.

   El plazo se contaría desde la fecha de la firma del Acta de Inicio por los representantes autorizados de las partes, hasta la recepción provisional del contrato, aunque este consideraría vigente, hasta tanto no se produjera la recepción definitiva de la obra.

  El contrato podía prorrogarse por el tiempo que PDVSA Petróleo lo estimase conveniente. Igualmente podía ser renovado pro acuerdo de las partes.

 El referido anexo también fijó el precio del contrato, indicándose que PDVSA Petróleo S.A. pagaría a Constructora Conkor C.A. Bs. 4.112.702.281,06 y USD 707,853,37, para un monto global de Bs. 4.117.161757,29.

  Se escogió la modalidad de Precio Unitario, advirtiéndose que la petrolera solamente reconocería el pago de las porciones de la obra realmente terminadas y aceptadas.

  PDVSA Petróleo reconocería variaciones en el precio del contrato que fueran consecuencia de medidas legislativas y administrativas de las autoridades competentes, así como por aumentos de los costos de labor por convenciones colectivas.

REFERENCIAS

[1] Constructora Conkor. https://www.conkor.com/es/


[2] Venezuela Política. “Ortega Díaz denuncia esquema de corrupción: Constructora Conkor recibió 12 contratos para operar la Faja Petrolífera del Orinoco”. 5 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/09/ortega-diaz-confirma-que-constructora.html


 


[3] Venezuela Política. “PRIMERA PARTE: Denuncian red de empresas ligadas a Tarek William Saab”. 1 de mayo de 2017.  https://www.maibortpetit.info/2017/05/primera-parte-denuncian-red-de-empresas.html


[4] Venezuela Política. “SEGUNDA PARTE: Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de lavado de dinero proveniente del narcotráfico”. 2 de mayo de 2017. https://www.maibortpetit.info/2017/05/segunda-parte-empresarios-vinculados.html


[5] Efecto Cocuyo. “Detienen en aeropuerto de Porlamar a exjefe de la Faja Petrolífera del Orinoco”. 2 de septiembre de 2017. https://efectococuyo.com/sucesos/detienen-en-aeropuerto-de-porlamar-a-exjefe-de-la-faja-petrolifera-del-orinoco/  


[6] Vértice. “Los negocios secretos de Tarek William Saab”. 18 de diciembre de 2017. https://vertice.news/los-negocios-secretos-de-tarek-william-saab-e70290cd5de0


miércoles, 2 de septiembre de 2020

Tres posibles móviles del sicariato del contratista de PDVSA, Leonardo Santilli

 La camioneta en la se encontraba Santilli estaba blindada en todas las puertas, con excepción del techo que fue por donde entraron los ocho tiros que acabaron con su vida.

Por Maibort Petit

   Hasta este miércoles se manejan tres móviles del asesinato por encargo del contratista de PDVSA que fue acusado de delitos de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos, Leonardo Santilli, ocurriendo este martes 1 de septiembre en Lecherías, estado Anzoátegui. 

  Fuentes vinculadas al caso informaron a Venezuela Política que hasta el momento se manejan las siguientes hipótesis:

1) El occiso tenía bajo su nombre y control un monto de dinero que pertenecía a un grupo de exfuncionarios de Petróleos Venezuela,  encabezados por Pedro León. Había una enorme presión sobre Santilli para que regresara los fondos que, al parecer, son los que fueron congelados por el gobierno de los Estados Unidos.

2) Santilli formaba parte de una sociedad que posee una mina de oro en el Callao, y un grupo de delincuentes que ejercen control en la zona estaba extorsionando a los asociados para que pagaran una vacuna.

3) Había sido amenazado por sus socios porque se habían enterado que estaba en proceso de negociación con las autoridades de los Estados Unidos para entregar información que comprometía a otros miembros que participaron en el esquema de corrupción que es acusado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  El excontratista se transportaba en una camioneta blindada en las puertas con excepción del techo, que fue justamente por donde entraron los 8 disparos que pusieron fin de a su vida. Los asesinos conocían las condiciones del vehículo.

 Santilli era natural de Maracaibo, estado Zulia, casado y con tres hijas.

El caso de lavado de dinero en EE. UU.

    Leonardo Santilli, un ciudadano italo-venezolano, habría participado en un esquema de lavado de dinero proveniente de contratos con sobreprecio de Petróleos de Venezuela y sus subsidiarias, de acuerdo a los documentos federales de la Corte del Distrito Sur de la Florida.

  Santilli es acusado de tres cargos: 1) Conspiración para cometer delitos de lavado de dinero; 2) Instrumentos para lavado de dinero y transacciones monetarias ilegales cometidas entre los años 2014 hasta 2017.

  En la acusación, aparece un declaración del agente de investigación del Homeland Security Investigation  (HSI) Shauna L. Willard, encargado de hacer la investigación de lavado de activos contra el demandado, quien es acusado de haber violado el Código de los Estados Unidos, en su Título 18.

  Leonardo Santilli es el dueño de las empresas venezolana Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A. y las firmas estadounidenses SGP Group Corp.,  (registrada en  el Sur de Miami)  y A&M Support Inc. (registrada en en Weston, Florida). 

La trama de corrupción

  A finales de 2017, el gobierno federal abrió una investigación sobre corrupción en PDVSA y sus empresas filiales por lavado de dinero, corrupción en bancos y compras de inmuebles en el Miami,  Florida. Durante en curso de las investigaciones, las autoridades identificaron $1.000 millones en pagos de PDVSA y sus filiales a unas cuentas de banco de contratistas venezolanos en el Sur de la Florida.

  La investigación reveló una enorme escala de corrupción que envolvía contratos con sobreprecio.  Todos los casos seguían el siguiente esquema: Los funcionarios de PDVSA aprobaban contratos  con sobreprecios (4 ó 5 veces más que el precio de mercado), el contratista pagaban sobornos a los oficiales de PDVSA, a los del gobierno de Venezuela o a los militares, que ayudaban a obtener los contratos.A su vez, los contratistas pagaban los sobornos por medio de testaferros o empresas de maletín para esconder la naturaleza de la transacción y el delito como tal.

  Los investigadores lograron obtener los récords de las cuentas bancarias de las empresas de Leonardo Santilli, correos electrónicos, contratos de las compañías con PDVSA y sus subsidiarias y hojas de contabilidad donde se llevaba control del pago de los sobornos.

  La acusación señala que el acusado recibió contratos corruptos de Petrocedeño, Petropiar, Bariven, Petrolera Sinovensa, Petromonagas por un total de$146.600.000.

  Los registros bancarios mostraban que las compañías de Santilli compraban bienes (repuestos, partes y equipos) a las empresas establecidas en Estados Unidos para las empresas subsidiarias de PDVSA, usando una tercera parte en de lo que recibía. El dinero restante lo transfería a su familia, a su cuenta personal y a otras cuentas corporativas, compañías de maletín y a varios individuos venezolanos que no tenían conexión con el acusado o sus empresas.

  Santilli usó cuentas en el Banco Mercantil. Uno de los ejemplos que aparece en la acusación fue hecho el 16 de septiembre de 2016. Una de las empresas de Santilli obtuvo una orden de compra de Petropiar por $9.300.000 para comprar 10 hawkjaws por apróximadamente $2.500.000. De acuerdo a la orden de Petropiar, las empresas de Santilli cobraron a la petrolera cuatro veces más el precio. La empresa manufacturera de los hawkjaws indicó que había hecho los envíos directo a PDVSA.

  Otra transacción descrita corresponde a Petrocedeño en diciembre de 2015, para comprar nueve válvulas floating por apróximadamente $5.500.000. El costo de las mismas en el mercado eran de $1.100.000. y el acusado le cobró a la petrolera cinco veces más el precio de las mismas.

  Otra transacción ocurrió en octubre de 2015, el acusado compró para Sinovensa 55 bidones de aceite por apróximadamente $9.200.000. El costo de los bidones era de $2.000.000.

  En febrero de 2015, el acusado recibió un correo electrónico de uno de los asociados de su empresa, con una hoja de contabilidad donde aparecen los pagos de los sobornos, los nombres de los beneficiarios, las fechas y los montos.

  En la hoja aparece registrado que en el 22 de diciembre de 2014 el acusado pagó a  Finadco Overseas Corporation unos  $101.270 y el beneficiario era un ex-funcionario de Petrocedeño. La transacción se hizo a una cuenta de banco en Curazao desde una cuenta de un banco de Miami.

  En enero de 2015, se transfirieron $100.000 a AJG Suministros y Servicios Integrales a beneficio de un funcionario de Petropiar. Los fondos pasaron de una cuenta a otra en los Estados Unidos.

  Uno de los testigos cooperantes de este caso, quien está asociado a Santilli, tenía acceso a las hojas de contabilidad de los sobornos pagados por el acusado. Se usaban apodos, uno de ellos "Leo" para el pago de coimas del acusado y "Viejo" en referencia a un funcionario senior de PDVSA. Las hojas reflejan pagos por $1.8 millones en beneficio del funcionario de PDVSA, incluyendo un monto extra de $345.000. para la compra de una casa en la isla de Margarita en Venezuela. El dinero para la compra de la casa del oficial corrupto se le envió el 16 de mayo de 2016 desde una cuenta bancaria de Miami a una en Curazao.

  Asimismo, aparecen reflejados otros gastos del acusado, que incluyen pagos a funcionarios de las subsidiarias de PDVSA, catalogadas como comisiones. Hay 72 pagos por, aproximadamente, $7.2 millones a beneficio de varios individuos. El testigo cooperante identificó a algunos de esos beneficiarios como funcionarios de las subsidiarias de  PDVSA que entregaron los contratos.

 En los récords, aparece una transacción de $168.000 que fue entregada al funcionario (2) que era el exgerente de Petropiar. Se le pagó a través de la transferencia a favor de Inversiones Jeur y el primer nombre. La operación se hizo desde un banco de Estados Unidos a una cuenta de Inversiones Jeur en Panamá el 19 de agosto  de 2015. En ese período se pagaron aproximadamente $850.000 pagos a esa misma empresas desde cuentas de Miami.

  También pagó $1.4 millones en la compra de una casa para un funcionario del Departamento de Procura de Petrocedeño. Primero se hizo un pago de $1.000.000. de una cuenta de banco en Miami a una de un individuo venezolano, (el 1 de marzo de 2016) y el resto lo hizo a través de una empresa fantasma.

  El testigo identificó un pago de $15 mil a un funcionario de Petrocedeño que ahora colabora con la justicia (CW3), quien confirmó que recibió pagos de sobornos por parte del acusado por ayudarlo a obtener los contratos.

 Otro testigo (CW4), quien era funcionario del departamento de Procura de Petrocedeño, dijo que había recibido $220.000 en sobornos por parte del acusado para que se le otorgaran los contratos a sus compañías. Las transacciones se hicieron en dos pagos en noviembre y diciembre de 2015 a una cuenta fuera de Estados Unidos.

  Otro testigo en este caso, (CW5), quien era funcionario del Departamento legal de Petrocedeño, acordó recibir sobornos del acusado por haber otorgado contratos de las subsidiarias de PDVSA a las empresas de Santilli por el orden de $201.180, en enero de 2015.

  El acusado transfirió grandes montos de dinero recibidos de PDVSA a su cuenta personal, entre los cuales destaca uno hecho el 13 de febrero de 2017 de $5.000.000, de una cuenta de HSBC Private Bank a una cuenta a nombre de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas controlada por su familia.

  El 8 de agosto de 2017, hizo otra operación para transferir $5.000.000  a la misma cuenta en las Islas Vírgenes Británicas.

   En total las autoridades de los Estados Unidos lograron intervenir 17 cuentas bancarias pertenecientes al acusado y sus asociados y se lograron congelar $44.7 millones.

domingo, 9 de febrero de 2020

Tarek William Saab ordenó el sobreseimiento de una causa para proteger a familiares de un constituyente y socios de Pedro León Rodríguez

   La contundencia de las pruebas no habría sido suficiente para acusar y castigar a quienes arropados en sus relaciones fueron capaces de estafar a su propio hermano.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Las relaciones y vínculos con el poder habrían sido determinantes para que el fiscal general de la república designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, ordenara el sobreseimiento de un caso de denuncia de estafa y forjamiento de documentos en contra de familiares del constituyente Luis Antonio Fernández León, quienes además son allegados al ex-zar de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León Rodríguez, quien de acusado por corrupción pasó a convertirse en testigo del titular del Ministerio Público en contra de su predecesora, Luisa Ortega Díaz[1].
   El 20 de marzo de 2019, Edgar Enrique Chacín Alchivet, denunció ante la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, cuyo fiscal titular es Jorge Leonardo Salazar Rangel, a Lorena Nataly Chacín Alchivet de haber cometido los delitos de Estafa Agravada Continuada (artículo 462 último aparte en concordancia con el artículo 99 del Código Penal), Falsedad con Copia de Acto Público (artículo 319 del Código Penal), Aprovechamiento de Acto Falso (artículo 322 del Código Penal) y Asociación para Delinquir (artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo). El caso está identificado con el número MP-87325-19.

    Ante esa instancia, Edgar Chacín se declaró víctima de su hermana anteriormente identificada, quien está casada con Manuel Antonio Fernández León, a su vez hermano de Luis Antonio Fernández León, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en representación del municipio Libertad (San Mateo), y primos de Pedro León Rodríguez[2], exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y expresidente de la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), imputado por delitos de corrupción en perjuicio de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a saber, posibles sobreprecios en contratos de procura de bienes y servicios para la FPO y por presuntas irregularidades cometidas en la adquisición de equipos para facilidades marítimas (monoboyas) en el terminal de almacenamiento José Antonio Anzoátegui.

    Sobre Luis Antonio Fernández León, hay que apuntar que aparte de integrar la irregular e ilícita ANC, ha sido señalado de haber sido favorecido por el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, con millonarios negocios petroleros a través de una empresa mixta vinculada al constituyente. Fernández León estaría relacionado con la empresa mixta Petrovenezolana de Servicios, C.A. (perforación y servicios a pozos; con la empresa mixta Sísmica (equipos petroleros especializados) y con el Consorcio Rimoca-Centauro-Kariña[3].

   El denunciante refiere que Lorena Chacín presuntamente habría apropiado y vendido cinco inmuebles ubicados en Lechería, los cuales formaban parte de la herencia dejada por su madre, María Lucía Alchivet Almazán, valiéndose para ello de un poder falso que le permitiría administrar y disponer de dichos bienes. Asegura que por orden de la Subdelegación Barcelona del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (CICPC) la experta Milano Jelimer llevó a cabo un estudio grafotécnico y documentológico al referido poder, determinando la falsedad de la firma de la difunta, por lo que se estableció que el poder había sido falsificado por Lorena Chacín.


    Sin embargo, la denunciada autenticó el documento írrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 21 de noviembre de 2012, anotado bajo el N° 011, tomo 174 y fue registrado en el Registro Inmobiliario de Lechería en dos oportunidades diferentes, la primera el 17 de enero de 2013, bajo el N° 32, folio 182, tomo 1, protocolo de transcripción del 2013 y el segundo, el 11 de enero de 2.019 bajo el N° 17, folio 45637, tomo 1 protocolo de transcripción 2019.

  Edgar Chacín Alchivet informa que María Lucía Alchivet Almazán, de nacionalidad española, falleció ab-intestato, en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, el 14 de octubre de 2013. La declaración sucesoral fechada el 31 de marzo de 2017, declarada por Rosa Mary Chacín Alchivet (también hija), quien supuestamente participó en la estafa.

  De acuerdo a la narración del denunciante, vendieron fraudulentamente todos los bienes de su madre con el poder falsificado. Apunta que la declaración sucesoral solamente se habla de la venta del último bien que quedaba sin vender bajo estafa, a saber, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto Residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, piso “2”, del Complejo Turístico El Morro, Lechería, municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.

Las ventas fraudulentas

  Seguidamente, Edgar Chacín hace referencia a las ventas fraudulentas realizadas por su hermana, Lorena Chacín, y advierte, en primer término, que tales operaciones están registradas en documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Barcelona, estado Anzoátegui, el 22 de enero de 2013, bajo el número 026, tomo 010, que la denunciada “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet (igualmente hermana), un local comercial con una superficie de 23,48 Mts2, distinguido con el número N1-B-42-B, nivel N1 (N+6,25) del módulo “B”, del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. El documento de la venta fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, el 26 de julio de 2016, bajo el número 2012.163, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.12324 y correspondiente al libro del folio real del año 2012.

   La segunda venta consta en un documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Barcelona del Estado Anzoátegui el 22 de enero de 2013, bajo el número 027, tomo 010, refiriendo que Lorena Chacín, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un local comercial de 20,75 Mts2, número MTS-33, ubicado en el nivel N1 (N+4,60) del módulo “A” del Centro Comercial Ciudad Puente Real, en la avenida La Costanera, Urbanización Nueva Barcelona, Municipio Bolívar, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui el 26 de julio de 2016, bajo el número 2011.1394, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.9889 y correspondiente al libro de folio real del año 2011.

   La tercera venta autenticada como las anteriores en documento en la misma notaría y en la misma fecha, esta vez bajo el número 028, Tomo 010, Lorena Chacín vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, un apartamento de 43 Mts2, distinguido con el número 3-3, ubicado en la planta 3 del Conjunto Residencial Villa Solariega, avenida Américo Vespucio en el Complejo Turístico El Morro, Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui. La operación se protocolizó el 28 de octubre de 2016 ante el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui, bajo el número 2016.484, asiento registral 1, del inmueble matriculado con el número 250.2.17.1.4067 y correspondiente al libro de folio real del año 2016.

   Entretanto, la cuarta venta, de acuerdo a lo que consta en documento inscrito por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, el 31 de enero de 2019, bajo el N° 2019.28, Asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2019, Lorena Chacín Alchivet de Fernández, en nombre y representación de la finada María Lucía Alchivet Almazan vendió a Naike Rosanna Merlo Muro, un apartamento de 83,01 Mts2, ubicado en el Conjunto residencial Ventana al Mediterráneo, distinguido con la letra “2-B”, situado en la torre “E”, Piso “2”, ubicado en el Complejo Turístico El Morro, en la ciudad de Lechería, Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, propiedad de los sucesores. El medio utilizado para esta operación, igualmente habría sido el poder supuestamente falsificado.

  El pago por la venta fue a través del cheque N° 49000093, fechado el 8 de enero de 2019, por Bs. 50.000 a favor de María Lucía Alchivet Almazan.

Se descubre el fraude

  Edgar Chacín detiene su narración para advertir que fue durante esta operación cuando se dio cuenta del fraude que sus hermanas, Lorena Chacín y Rosa Mary Chacín, venían fraguando. Recuerda que su condición de sucesor quedó registrada en la Declaración sucesoral a que se hizo referencia líneas arriba, llevada a cabo el 31 de marzo de 2017, contenida en el expediente N° 2017-156, amparada por el certificado de solvencia expedido el 17 de octubre de 2017 por la División de Recaudación, División de Tramitaciones/Archivo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

   A partir de entonces, Edgar Enrique Chacín Alchivet contrató los servicios de un abogado que procedió a informar a la compradora del inmueble anteriormente descrito, que la venta es fraudulenta. Fue cuando interpuso la denuncia por ante la Fiscalía del Ministerio Público.

 Luego de esto, Lorena Chacín de Fernández, actuando en representación de la difunta María Lucía Alchivet Almazan y la compradora del inmueble, Naike Rosanna Merlo Muro, convinieron en desistir de la compra el 6 de marzo de 2019. Así se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui, inscrito bajo el número 36, folios 132046 del tomo 4 del protocolo de transcripción del año 2019. Alegaron “motivos inherentes a las partes”.

  Un día después, es decir el 7 de marzo de 2019, Lorena Chacín procedió a vender el inmueble a Rosa Mary Chacín Alchivet, operación que quedó registrada bajo el número 2019.28, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el número 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.  La venta se protocolizó en el Registro Público del Municipio Diego Bautista Urbaneja del Estado Anzoátegui y se refirió que la venta se había efectuado el 4 de julio de 2013.

  Acota Edgar Chacín Alchivet, que el documento no fue agregado al cuaderno de índices llevados por la Notaría y, peor aún, el sistema arroja que la planilla única bancaria (PUB) N° 088-00067966 fechada el 26 de junio de 2013 que acompaña al documento de compra venta no corresponde al acto de compra autenticado bajo el N° 38, tomo 161, de fecha 4 de julio de 2013 en los libros de autenticaciones llevados por la Notaría Pública de Barcelona.

  Tal situación, según el criterio del denunciante, evidencia que el documento fue “sembrado”, es decir, elaborado y autenticado en fecha posterior o diferente a la autenticada, “ello con el ánimo de defraudarme”. Destaca que Rosa Mary Chacín Alchivet, quien funge como compradora en el año 2013, aparece en el año 2017, como presentante de la declaración sucesoral de María Lucía Alchivet Almazan.

  Posteriormente, el 14 de marzo de 2019, Lorena Chacín, valiéndose de un poder otorgado por Rosa Mary Chacín, le vendió nuevamente el apartamento a Naike Rosanna Merlo Muro, según consta de documento protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Licenciado Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, quedando registrado bajo el número 2019.28, AR.3, matrícula 250.2.17.2.7035 y correspondiente al libro de folio real del año 2019.

  Edgar Chacín cita las conclusiones de un examen de este documento realizado por la experta adscrita al laboratorio de criminalística del CICPC, Subdelegación Barcelona, detective Jelimar Milano determinó que: “En lo que respecta al estudio y análisis técnico  comparativo entre el documento de fecha 06-06-2013, bajo el N° 38, TOMO 161, el cual reposa en la Notaría Pública Primera de Barcelona con la planilla única bancaria número 088-00067966, presenta DISCREPANCIA, por cuanto la información que refleja no se pudo observar en el libro diario para el momento de realizar el estudio documentológico, corresponden a una declaración presentada por una ciudadana de nombre HILDA RODRÍGUEZ, negando ser la propietaria de un vehículo y a su vez no registra en el sistema automatizado llevados por ante esa Notaría”.

La quinta venta

   La quinta venta se llevó a cabo el 20 de agosto de 2013 cuando quedó autenticada en un documento inscrito en la Notaría Pública Primera de Barcelona, bajo el número 005, tomo 206, que refiere que Lorena Nataly Chacín Alchivet, “actuando con poder falso” vendió a Rosa Mary Chacín Alchivet, una parcela de terreno y la casa quinta sobre ella construida, con una superficie de 707,60 Mts2, situada en la vereda 13, número 90, de la urbanización Colinas del Neverí, Barcelona, municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui. Este documento de venta se protocolizó ante el Registro Público del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, el 7 de noviembre de 2016 bajo el número 2013.1758, asiento registral 2, del inmueble matriculado con el número 248.2.3.1.17028 y correspondiente al libro de folio real del año 2013.

   El 21 de noviembre de 2019, la Fiscalía Sexta de Anzoátegui solicitó al Tribunal de Control 07 de Barcelona, la imputación por delitos contra la propiedad de las hermanas Lorena Chacín Alchivet de Fernández y de Rosa Mary Chacín Alchivet. Dicha instancia judicial le dio entrada y asignó el número BP01-P-2019-6591 al referido proceso penal fijando la celebración de la audiencia para el 17 de enero de 2020, tal y como consta de solicitud de imputación presentada por el abogado Jorge Leonardo Salazar Rangel, Fiscal Sexto del Ministerio Público de Anzoátegui y en la Boleta de Citación firmada por Lorena Chacín.

Interviene Tarek William Saab

   Refiere Edgar Enrique Chacín Alchivet que cuando llegó el día de la citada audiencia de imputación —17 de enero de 2020— ni Lorena Chacín, ni el fiscal sexto, Jorge Salazar, se presentaron al tribunal donde la primera sería imputada de varios delitos.

   Sin embargo —continúa exponiendo Edgar Chacín—la tarde de ese mismo día, ya habiéndose solicitado la inhibición fiscal, Jorge Salazar Rangel, violando el debido proceso y la tutela judicial efectiva, bajo el argumento de que solamente cumplía órdenes de Tarek William Saab, fiscal general de la república designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, procedió a solicitar el sobreseimiento de la causa.
   El titular del Ministerio Público venezolano alegó que Lorena Chacín de Fernández no había cometido delito alguno en perjuicio del denunciante. Subraya Edgar Chacín que Saab obvió todas las pruebas que incriminaban a Lorena Nataly Chacín Alchivet.
   Ante la solicitud de la fiscalía, la jueza Adriana María Gómez Guadely, decretó el sobreseimiento el 19 de enero de 2020, exonerando a Lorena Chacín de los delitos cometidos en perjuicio de su hermano, Edgar Chacín Alchivet.

   Edgar Chacín denuncia que todas las diligencias realizadas ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Lorena Chacín con Los Topos

   Además, Edgar Enrique Chacín Alchivet, informó que su hermana, Lorena Nataly Chacín Alchivet de Fernández y su esposo, Manuel Antonio Fernández León, son propietarios de El Bodegón La Bodeguilla Andaluz[4] —a cuya inauguración asistió Tarek William Saab— cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-411169650, un negocio que se vincula supuestamente con exzar de la FPO, Pedro José León Rodríguez (suegro de Leymar Fernández Guzmán, hija del primer matrimonio de Manuel Fernández).

   Acota el denunciante, que Lorena Chacín Alchivet viaja constantemente a Miami, Estados Unidos, para comprar contenedores para surtir La Bodeguilla.

    Subraya Edgar Chacín que, a Luis Antonio y a Manuel Fernández León, a la sazón primos de Pedro León Rodríguez, se los conoce en Lechería como “Los Topos”.

Otras empresas

   Sostiene Edgar Chacín que la fortuna de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León, se amasó presuntamente a la sombra de los negocios irregulares. Un esquema de corrupción y soborno mantendrían estas personas junto con exdirectivo petrolero, a través de la una sociedad mercantil denominada L & M Servicios C.A., Registro de Información Fiscal J-295788126, domiciliada en la Avenida Country Club, Centro Comercial Caribbean Country, piso 5, oficina F-3, Sector Country Club, en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.
  L & M Servicios está presidida por Lorena Chacín, mientras que Manuel Fernández León es director general. Esta firma ha firmado 110 contratos con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), cuya facturación se mantiene en el más completo secreto por parte de la estatal.

He aquí algunos de ellos:
    En el estado de la Florida, Estados Unidos, se registró el 29 de mayo de 2013, una empresa con la misma denominación, L & M Servicios LLC, según lo informa el portal Sunbiz[5], que indica que la inscripción se hizo bajo el número L13000077860, FEI/EIN 12-1234567.
   Esta empresa que la actualidad esta compañía se encuentra inactiva luego de haber sido disuelta administrativamente, tenía su sede en el 10476 NW 61 Street, Doral, FL 33178 que figura también como dirección fiscal y era domicilio de sus directivos y agente registrador.

   La conducción de la empresa estaba en manos de Lorena Chacín de Fernández y Manuel Fernández León. Este último figura igualmente como agente registrador.

   Agrega Edgar Chacín, que a Manuel Fernández León le revocaron la visa y por eso no puede entrar a los Estados Unidos, a raíz de que su hijo, de igual nombre que él, estuvo preso en territorio estadounidense por tráfico de arma.

   Otro negocio de los hermanos Fernández León es la Fundación Mano de Dios, la cual es administrada por Leymar Fernández Guzmán, ya referida anteriormente[6].

   También Sunbiz[7] refiere que en la Florida fue registrada La Bodeguilla Andaluz INC el 29 de abril de 2019, bajo el número P19000035578, cuyo estatus actual es activo. Su domicilio es en 10476 NW 161ST Street 136, Doral, FL 33178 que también es la dirección de los directivos y la que tenía L & M Servicios LLC. El agente registrador es G & A Accounting and Taxes Services INC. Lorena Chacín es la presidenta, vicepresidenta, secretaria, directora y tesorera[8].

CITAS

[1] Venezuela Política. “Pedro León Rodríguez: ¿De prófugo de la justicia por corrupción a testigo estrella contra fiscal Luisa Ortega Díaz?”. 22 de septiembre de 2017. https://www.maibortpetit.info/search?q=Pedro+Le%C3%B3n+Rodr%C3%ADguez



[2] Venezuela Política. “Conozca las investigaciones que la Fiscalía hace a personeros y relacionados de PDVSA”. 22 de agosto de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/08/conozca-las-investigaciones-que-la.html

[3] Venezuela Política. “Manuel Quevedo entregó negocios a empresas del constituyentista Luis Antonio Fernández León”. 8 de febrero de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/02/manuel-quevedo-entrego-negocios.html



[4] Expresa.Me. “La Bodeguilla”, un minimarket vinculado con la corrupción petrolera en Venezuela”. 9 de agosto de 2019. https://expresa.me/2019/08/09/la-bodeguilla-un-minimarket-vinculado-con-la-corrupcion-petrolera-en-venezuela.html

[5] Sunbiz. Dibvision of Corporations. L & M Servicios LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=Initial&searchNameOrder=FERNANDEZLEONMANUELANTONIO%20L130000778600&aggregateId=flal-l13000077860-eec11208-228d-4ad9-9e0c-65831ea66a30&searchTerm=Fernandez%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Leonid&listNameOrder=FERNANDEZLEONID%20L150001421201



[6] Prensa América. “¿Bodegón La Bodeguilla Andaluz, una “lavadora industrial” en Venezuela?”. 9 de agosto de 2019. https://www.prensaamerica.com/2019/08/bodegon-la-bodeguilla-andaluz-una-lavadora-industrial-en-venezuela/

[7] Sunbiz. Division of Corporations. La Bodeguilla Andaluz INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780&aggregateId=domp-p19000035578-e55ef019-ffa6-4be0-8357-9347b0011255&searchTerm=LA%20BODEGUILLA%20ANDALUZ%2C%20INC&listNameOrder=LABODEGUILLAANDALUZ%20P190000355780

[8] Open Corporates. La Bodeguilla Andaluz INC. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P19000035578