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viernes, 19 de marzo de 2021

Nicolás Maduro pierde otra batalla legal en EE. UU.: Tribunal de Apelaciones niega posibilidad de demanda millonaria a gigantes petroleras interpuesta por el fideicomiso PDVSA U.S. Litigation Trust

 Por Maibort Petit

  Un nuevo revés sufrió la aspiración del régimen de Nicolás Maduro de lograr recuperar unos $10 mil millones a través de una demanda  contra las gigantes petroleras a través PDVSA U.S. Litigation Trust por una presunta conspiración multimillonaria para fijar precios y manipular licitaciones. Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 11 ° Circuito dictaminó que el fideicomiso no puede ejecutar la demanda que fue inicialmente interpuesta en una corte del estado de la Florida.

  El panel de tres jueces rechazó los argumentos de que PDVSA U.S. Litigation Trust, que fue formado por la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, S.A.en 2017, anulando la posibilidad de que el fideicomiso podría demandar como cesionario de la empresa en virtud de un contrato de dicha figura que ha sido calificada de fraudulenta.

   David Boies de Boies Schiller & Flexner, había solicitado a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del  11 ° Circuito en Atlanta, que restablezca la demanda civil del Fideicomiso ( PDVSA US Litigation Trust) introducida el 5 de marzo de 2018 en Miami y que fue desestimada por el juez federal de distrito Darrin P. Gayles en 2019. 

  Durante los argumentos orales en el caso en mayo pasado,  Boies dijo al panel que la creación del fideicomiso era necesaria porque “a todos les preocupaba que las personas involucradas en la corrupción usaran su influencia política para juzgar para conseguir que una facción u otra acabe con este litigio ".

   Luego de las audiencias, los jueces emitieron un fallo de 18 páginas, en la que se ratifica el veredicto de un juez federal de Florida que había desestimando la acción. Esta orden se emitió en el tribunal de Apelación a pesar de su desacuerdo con algunas de las conclusiones del juez.

   Cuando el magistrado Gayles denegó la querella argumentó que "los problemas políticos en Venezuela no habían permitido que los testigos probaran la autenticidad de las firmas que aparecen en el acuerdo que crea el fideicomiso", cuyo objetivo era interponer la causa contra más de 40 personas y petroleras transnacionales.
  
  Durante las diligencias que se hicieron en la corte del Distrito Sur de la Florida, sólo dos de las personas que firmaron el acuerdo lograron reconocer sus firmas. PDVSA no pudo autenticar las otras tres rúbricas ante el tribunal.

  El juez Gayles también argumentó en su fallo que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el acuerdo de confianza era inválido e inconstitucional. Asimismo sostuvo que la ley de Nueva York prohíbe que los fideicomisos se constituyan con "la intención y con el propósito principal de presentar una demanda".

   El magistrado explica en su decisión que "El propósito claro del acuerdo de fideicomiso era presentar esta demanda, con abogados e inversores como los principales beneficiarios", escribió el juez.

   David Bois habló ante los jueces el viernes 22 de mayo de 2020, en una audiencia donde la defensa estuvo representada por litigantes del bufete Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

   El juez de distrito de los Estados Unidos, Darrin Gayles, tomó dos determinaciones críticas en su orden de 2019 desestimando el caso: que el fideicomiso no autenticó adecuadamente el acuerdo de fideicomiso y que el acuerdo de fideicomiso fue champerto y por lo tanto nulo.

  Champerty es un término legal para un acuerdo poco ético que surge cuando un tercero no relacionado con el litigio acuerda demandar y pagar los costos del litigio a cambio de una parte de los ingresos recuperados.

  Gayles dictaminó que la asignación de PDVSA de sus reclamos al fideicomiso era "de dudosa autenticidad y legalidad" y señaló que la Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado el acuerdo de fideicomiso inválido e inconstitucional.

    La decisión del panel de jueces del 18 de marzo de 2021, firmada por el juez de circuito estadounidense Adalberto Jordan, señaló que el tribunal de distrito “puede haber cometido un error de procedimiento al resolver definitivamente la cuestión de la champerty en la etapa de la Regla 12 (b) (1) porque La pregunta probablemente implicó los méritos de las reclamaciones del Litigation Trust ".

"Esta apelación podría haber salido de manera diferente si se hubiera argumentado de manera diferente", escribió Jordan.

  El magistrado firmante señaló que había un "argumento fuerte" de que el tribunal de distrito debería haber utilizado un estándar específico para abordar si el acuerdo fue champerto. Pero los abogados del fideicomiso simplemente no plantearon objeciones de procedimiento por esos motivos.

  "En un caso como este, que involucra a litigantes sofisticados representados por un abogado competente, no hay razón para apartarse del principio general de presentación de las partes, y nos negamos a aceptar de manera espontánea la falta de aplicación del estándar de la Regla 56 por parte del tribunal de distrito". los estados gobernantes.

  El fallo de la corte de Apelaciones explica que el fideicomiso se creó específicamente para perseguir los reclamos de la denuncia. Solo el 34% de cualquier recuperación de un litigio va a PDVSA, afirma el fallo, y el resto del dinero se divide entre los abogados, el investigador y el financiero del fideicomiso.

Los detalles del caso

  La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, tenía como objetivo recuperar al menos $10 mil millones por daños a Petróleos de Venezuela, causados por una conspiración encabezada Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, quienes se habrían apoderado de manera fraudulenta de la data de PDVSA para poder manipular los precios y beneficiarse ilegalmente con miles de millones de dólares.
  En la querella fueron acusadas las siguientes empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

  Asimismo fueron acusados los siguientes ejecutivos de las empresas involucradas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paúl Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez y Campo Elías Páez.

   La demanda civil se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pudiera significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.

   Varios de los equipos de defensa cuestionaron el hecho de que la constitución del Fideicomiso presentaba lagunas que no pudieron ser aclaradas. Alegaron que la creación de PDVSA US Litigation Trust no poseía real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. 

   La demanda alega que los acusados ​​saquearon a PDVSA al participar en una conspiración que incluyó "sobornar y corromper a los funcionarios de PDVSA para obtener información privilegiada que les permitiría socavar las ofertas de PDVSA para productos energéticos".

Lo que dijo David Bois a los jueces

  El abogado David Boies, del bufete Boies Schiller & Flexner, sostuvo ante un panel de tres jueces que la creación del PDVSA US Litigation Trust era una vía indispensable "para darle transparencia a la demanda" porque había "una enorme preocupación de que las personas involucradas en la corrupción podría ejercer su influencia política para obtener una parte del dinero que se lograra recuperar como resultado de la querella".

  Bois explicó que si bien, PDVSA pudo ser el ente demandante, prefirió hacerlo a través el fondo de litigio por el problema de la corrupción que existe en el país y que está presente en todas las  facciones políticas. "Todos sabían que los conspiradores de esta querella tenían dinero y eran capaces de usar toda su influencia para intentar descarrilar el litigio una vez que se introdujera en la corte".

  Los equipos de defensa de los acusados, solicitaron a los jueces a ratificar la orden del juez Gayles de desestimar la causa. 

  El litigante Bruce Birenboim, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, sostuvo que "PDVSA US Litigation Trust no fue capaz de demostrar su capacidad legal para demandar la causa en la corte".

  Birenboim recordó que para que la querella pudiera procesarse debía procederse primero con la autentificación del ente demandante y que dicho requisito no se pudo cumplir.

  Uno de los jueces del panel, Adalberto Jordan comentó que el acta constitutiva del fondo de litigio tiene varias firmas. "Si se tiene evidencia competente de que algunas de las firmas es genuinas y legítimas, sería suficiente para superar el obstáculo de autenticación".

  La defensa respondió que "Para tener validez, el fideicomiso debe tener una asignación legal". Por ende, la defensa argumentó que "el fideicomiso es nulo y que no puede haber una asignación legal si las firmas no pueden autenticarse".

La conspiración

  La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

 PDVSA US Litigation Trust denunció a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

  La defensa del principal acusado del caso, Francisco Morillo se basó en el hecho que el fideicomiso tenía graves fallas, para lo  cual presentó a la corte [el 26 de marzo de 2018] una copia del “Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU.” del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.

  Según destacan los documentos, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, mostraba que PDVSA US Litigation Trust nombraba un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época [fallecido bajo custodia del Estado en diciembre de 2018], como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela [para esa fecha], Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes fue Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llamó la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.

  En el documento denominado "Acuerdo del Fideicomiso" dice que dicha figura fue creada “por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA”. Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.

  Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La millonaria aspiración

  Los demandantes aspiraban encauzar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, por supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello presentaron un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales.

  Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspiraba obtener unos $ 10 mil millones, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

  PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual levantó muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no había claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se dejaba firmemente establecido que PDVSA fuera el accionante.

  También se plantearon muchas dudas acerca de quién sería el beneficiario de la querella y plantearon como inaceptable que el despacho de abogados de David Bois terminara quedándose con el dinero obtenido en contra de los intereses de  Venezuela.

Intimidación y soborno

  La demanda sostiene que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

  Refiere que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

La operación

 Se explica que la operación objeto de la conspiración fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

  Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

 Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

  El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

  Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

  Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

  De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Rechazo de la Asamblea Nacional

  La Asamblea Nacional se pronunció sobre esta demanda y advirtió que el Poder Legislativo era el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

  En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

  Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

  El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”.


domingo, 24 de mayo de 2020

Ante la Corte de Apelaciones de Atlanta: Abogado David Bois planteó restablecer demanda de PDVSA US Litigation Trust contra transnacionales de petróleo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El abogado David Boies, de la firma Boies Schiller & Flexner, solicitó a un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del  11 ° Circuito en Atlanta, que restablezca la demanda civil del Fideicomiso ( PDVSA US Litigation Trust) introducida el 5 de marzo de 2018 en Miami y que fue desestimada por el juez federal de distrito Darrin P. Gayles en 2019. 
  Cuando el magistrado Gayles denegó la querella argumentó que "los problemas políticos en Venezuela no habían permitido que los testigos probaran la autenticidad de las firmas que aparecen en el acuerdo que crea el fideicomiso", cuyo objetivo era interponer la causa contra más de 40 personas y petroleras transnacionales.
  
  Durante las diligencias que se hicieron en la corte del Distrito Sur de la Florida, sólo dos de las personas que firmaron el acuerdo lograron reconocer sus firmas. PDVSA no pudo autenticar las otras tres rúbricas ante el tribunal.

  El juez Gayles también argumentó en su fallo que la Asamblea Nacional de Venezuela declaró que el acuerdo de confianza era inválido e inconstitucional. Asimismo sostuvo que la ley de Nueva York prohíbe que los fideicomisos se constituyan con "la intención y con el propósito principal de presentar una demanda".

   El magistrado explica en su decisión que "El propósito claro del acuerdo de fideicomiso era presentar esta demanda, con abogados e inversores como los principales beneficiarios", escribió el juez.

   David Bois, [jefe del escritorio que resultaría beneficiado de la demanda por ser parte de PDVSA US Litigation Trust] habló ante los jueces el viernes 22 de mayo de 2020, en una audiencia donde la defensa estuvo representada por litigantes del bufete Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.
Los detalles

  La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust, a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP, tenía como objetivo recuperar al menos $10 mil millones por daños a Petróleos de Venezuela, causados por una conspiración encabezada Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan, quienes se habrían apoderado de manera fraudulenta de la data de PDVSA para poder manipular los precios y beneficiarse ilegalmente con miles de millones de dólares.
  En la querella fueron acusadas las siguientes empresas: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K,  Masefiel A.G,  Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V,  Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.

  Asimismo fueron acusados los siguientes ejecutivos de las empresas involucradas: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paúl Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez y Campo Elías Páez.

   La demanda civil se introdujo el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pudiera significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.

   Varios de los equipos de defensa cuestionaron el hecho de que la constitución del Fideicomiso presentaba lagunas que no pudieron ser aclaradas. Alegaron que la creación de PDVSA US Litigation Trust no poseía real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. 

   La demanda alega que los acusados ​​saquearon a PDVSA al participar en una conspiración que incluyó "sobornar y corromper a los funcionarios de PDVSA para obtener información privilegiada que les permitiría socavar las ofertas de PDVSA para productos energéticos".

Lo que dijo David Bois a los jueces

  El abogado David Boies, del bufete Boies Schiller & Flexner, sostuvo ante un panel de tres jueces que la creación del PDVSA US Litigation Trust era una vía indispensable "para darle transparencia a la demanda" porque había "una enorme preocupación de que las personas involucradas en la corrupción podría ejercer su influencia política para obtener una parte del dinero que se lograra recuperar como resultado de la querella".

  Bois explicó que si bien, PDVSA pudo ser el ente demandante, prefirió hacerlo a través el fondo de litigio por el problema de la corrupción que existe en el país y que está presente en todas las  facciones políticas. "Todos sabían que los conspiradores de esta querella tenían dinero y eran capaces de usar toda su influencia para intentar descarrilar el litigio una vez que se introdujera en la corte".

  Los equipos de defensa de los acusados, solicitaron a los jueces a ratificar la orden del juez Gayles de desestimar la causa. 

  El litigante Bruce Birenboim, del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, sostuvo que "PDVSA US Litigation Trust no fue capaz de demostrar su capacidad legal para demandar la causa en la corte".

  Birenboim recordó que para que la querella pudiera procesarse debía procederse primero con la autentificación del ente demandante y que dicho requisito no se pudo cumplir.

  Uno de los jueces del panel, Adalberto Jordan comentó que el acta constitutiva del fondo de litigio tiene varias firmas. "Si se tiene evidencia competente de que algunas de las firmas es genuinas y legítimas, sería suficiente para superar el obstáculo de autenticación".

  La defensa respondió que "Para tener validez, el fideicomiso debe tener una asignación legal". Por ende, la defensa argumentó que "el fideicomiso es nulo y que no puede haber una asignación legal si las firmas no pueden autenticarse".

La conspiración

  La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.

 PDVSA US Litigation Trust denunció a dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.

  La defensa del principal acusado del caso, Francisco Morillo se basó en el hecho que el fideicomiso tenía graves fallas, para lo  cual presentó a la corte [el 26 de marzo de 2018] una copia del “Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU.” del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.

  Según destacan los documentos, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, mostraba que PDVSA US Litigation Trust nombraba un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época [fallecido bajo custodia del Estado en diciembre de 2018], como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela [para esa fecha], Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes fue Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York.  Llamó la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.

  En el documento denominado "Acuerdo del Fideicomiso" dice que dicha figura fue creada “por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA”. Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.

  Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.

La millonaria aspiración

  Los demandantes aspiraban encauzar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, por supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello presentaron un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales.

  Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspiraba obtener unos $ 10 mil millones, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.

  PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual levantó muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no había claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se dejaba firmemente establecido que PDVSA fuera el accionante.

  También se plantearon muchas dudas acerca de quién sería el beneficiario de la querella y plantearon como inaceptable que el despacho de abogados de David Bois terminara quedándose con el dinero obtenido en contra de los intereses de  Venezuela.

Intimidación y soborno

  La demanda sostiene que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.

  Refiere que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.

La operación

 Se explica que la operación objeto de la conspiración fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.

  Los  demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.

 Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.

  El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.

  Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.

  Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.

  De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.

Rechazo de la Asamblea Nacional

  La Asamblea Nacional se pronunció sobre esta demanda y advirtió que el Poder Legislativo era el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.

  En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.

  Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional  para celebrar contratos de interés nacional, en los casos  establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

  El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”.


lunes, 3 de febrero de 2020

CITGO incrementa compra de crudo a empresas trading vinculadas al chavismo

La excusa de la actual administración para seguir comprando a las 'trading' vinculadas al chavismo, son las dificultades que han generado para la corporación 'las sanciones de los EE. UU. a PDVSA'. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

    Son varias las reuniones que se han producido y los cuidados que se han tomado desde la alta gerencia para que la información no sea conocida por los venezolanos. En el último año fiscal 2019, CITGO Petroleum Corp. incrementó la compra de crudo en el mercado spot, con algunas empresas trading que han estado vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y a los jerarcas del chavismo. Varias de las compañías beneficiadas de los contratos de compra directa —aprobados en el área de trading— han sido señaladas de estar incursas en tramas de corrupción. Ejemplo de este señalamiento son Trafigura, Lukoil, Vitol (estas tres en la denuncia de PDVSA US Litigation Trust) (1) y Mercuria (2), entre otras. Una fuente señala que se pasó del 10 a casi un 30% de compra de crudo a las empresas trading en el último año.
El mercado spot y la ausencia de controles

    En los mercados spot, se compra y vende a corto plazo el petróleo bruto y los productos refinados derivados de los hidrocarburos. En este tipo de transacciones se fija diariamente el precio de las cotizaciones de petróleo que servirá como referencia de los precios en todo el mundo. Concretamente, los intercambios tienen lugar directamente entre vendedor y comprador, quienes negocian la diferencia entre el precio del producto final y el precio del petróleo bruto.

   En CITGO el área de trading —encargada de la compra de productos en el mercado spot ha estado bajo supervisión de Rick Esser y Gustavo Velásquez. Según un reporte de auditoría de la filial de PDVSA en EE. UU., y dos fuentes consultadas bajo condición de anonimato, los controles internos del trading "han sido muy débil(es) por años".

    Las fuentes sostienen que "los traders compran crudo y productos sin ningún control ni análisis". Reportes señalan que "las deficiencias de los controles se han presentado internamente en CITGO desde el 2014 hasta la fecha, y aunque fueron reportados por los responsables de ello, tanto Rick Esser y Nelson Martínez (fallecido bajo custodia del estado venezolano el 12 de diciembre de 2018) ignoraron todas los puntos y recomendaciones de auditoría interna y continuaron con la compra de crudos bajo una serie de modalidades que ponen el riesgo la transparencia de la empresa".

  Otras fuentes (consultadas en condición de anonimato por la persecución que ejercen actualmente la presidente de la Junta Directiva, Luisa Palacios y sus abogados) de CITGO señalan que ha habido presiones internas y externas por parte del equipo de Carlos E. Jordá, actual CEO de CITGO, para conocer cómo funciona el área de trading por la que pasan miles de millones de dólares. "Ya se han realizado varias reuniones para tal fin, pero no se ha avanzado mucho en la toma de decisiones", acotaron.

    Entre las empresas beneficiadas con contratos directos de crudo en el mercado spot trading en la gestión de CITGO en 2019, aparecen las polémicas firmas: Trafigura US Inc, Trafigura PTE Ltd y Trafigura Canada GP; Vitol Inc; Mercuria Commodities Canada Corp, Mercuria Energy Trading S.A., Mercuria Energy Trading Inc. También aparecen Petrochina International America Inc, Ecopetrol S.A., Freepoint Commodities y Novum.

   Trafigura es una de las principales empresas proveedoras de CITGO de crudo y de productos derivados. Las compras de Trafigura Canada GP.  han aumentado significativamente en el 2019.

   Otro aspecto que resalta cuando se evalúan los récords es que las transacciones con Mercuria se mantienen, a pesar de que ésta envuelta en varios casos de corrupción y fraude con CITGO y PDVSA, aunado a los escándalos que ha protagonizado en Brasil y otros países de América Latina.

   Los informes muestran que las transacciones con Vitol Inc. se mantienen en el mismo nivel y se aprecia un incremento en los últimos meses de 2019. Esto contradice las referencias al supuesto esfuerzo que la junta directiva designada por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, de cambiar las prácticas irregulares que se ejecutaban en la CITGO administrada por el régimen de Nicolás Maduro.

  Si bien las compras con Petrochina bajaron en los primeros 6 meses del 2019 si se compara con las transacciones que se hicieron en 2017 y 2018— se aprecia que sigue habiendo negocios importantes con esa firma. Al mismo tiempo, las adquisiciones a EcoPetrol S.A se incrementaron significativamente en el citado año 2019.

   De acuerdo a los reportes a los que Venezuela Política tuvo acceso, excluyendo a PDVSA Petróleo S.A. (que era el mayor suplidor de CITGO antes de las sanciones impuestas por la OFAC a la petrolera venezolana), Trafigura ha sido en el mayor proveedor  de crudo en el área trading durante los períodos 2017 y 2018. La mayoría de esas empresas que aparecen en el panel de contratos directos en 2019—Trafigura, Vitol, Mercuria, Petrochina — y buena parte de las trading que mantienen sus negocios con CITGO en 2019—, fueron favorecidas en las gestiones del chavismo. Es decir, las mencionadas trading, que consiguieron ventajosos negocios durante las gestiones de las directivas designados por el régimen de Nicolás Maduro, se mantienen y algunas aumentaron su cuota de los contratos (trading) con los ejecutivos designados por el presidente de la Asamblea Nacional y como presidente (e), Juan Guaidó. Llamó nuestra atención que para 2019, Repsol Trading y Mercuria Energy Trading no aparecen en la línea de compra de feedstock. Asimismo, observamos con interés que Vitol Inc. salió del panel de vendedores de crudo, pero mantiene poderosos contratos relacionados con la venta de productos derivados y como suplidora de otras mercancías, junto a Trafigura US Inc, y Mercuria Energy Trading Inc.

¿Por qué siguen negociado con estas empresas?

  Reportes muestran el incremento de compras a las empresas trading vinculadas al chavismo un 10 a un 30 por ciento aproximadamente. Para hacer los cuestionados negocios se argumenta lo siguiente: 1) Por las sanciones impuestas por los Estados Unidos a PDVSA hay empresas que no quieren negociar con CITGO; y 2) con las empresas que entraron a los registros de proveedores con el chavismo no se hacen bajo contratos convencionales y regulados, sino que por esta vía se puede  comprar a terceros. 

   En reuniones celebradas el 12,13 y 14 de diciembre de 2019 con representantes de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, a la cual asistió el diputado Elías Mata, Luis Pacheco, presidente de la Junta directiva Ad Hoc de PDVSA, entre otros,  se discutieron los planes para el incremento de las compras en este rubro y bajo la criticada modalidad*.

Los números de las cuestionadas empresas en CITGO

    En 2018, los récords de las empresas trading muestran jugosos negocios. Trafigura US Inc por, ejemplo, vendió productos por el orden de $ 3.088 millones; Mercuria Commodities Canada Corp. Realizó operaciones por $ 761 millones; Mercuria Energy Trading S.A. lo hizo en el orden de los $ 1.079 millones; Mercuria Energy Trading por $ 420 millones; Vitol Inc por $ 636 millones; Trafigura Canadá GP por $ 403 millones.

   Los registros muestran que Petrochina International America INC. logró ventas por el orden de $ 507 millones; Glencore Ltd vendió $ 104 millones; las ventas de Ecopetrol S.A fueron de $ 124 millones y Equinor Marketing & Trading US Inc (Statoil antes de 2018) lo hizo por $ 111 millones.

   Durante el 2018, las compras para el feedstock (materia prima suministrada a una máquina o planta de procesamiento) de Trafigura US Inc fueron en el orden de $ 375 millones; las de Vitol Inc alcanzaron los $ 59 millones; mientras que Mercuria Energy Trading Inc vendió $ 24 millones; Repsol Trading S.A. tuvo operaciones por $ 14 millones y Mercuria Energy Trading S.A. alcanzó más de $ 3 millones.

   CITGO compró a Trafigura US Inc.  más de $ 56 millones y a Vitol Inc una cifra superior a los $ 46 millones en productos industriales.

   En cuanto a los suministros de productos, las cifras se muestran igualmente positivas:  Trafigura Us Inc. Tuvo ventas en el orden de $ 372 millones. En este renglón aparece Mercuria Energy Trading Inc. Con ventas por más de $ 131 millones; las ventas de Vitol Inc. Fueron por más de $ 24 millones. Petrochina International America Inc. vendió una cifra superior a $ 73 millones y las de Lukoil Pan Americas LLC se ubicaron en un monto bastante superior a $1.993.

  Las empresas trading que vendieron en el primer semestre de 2019  son las siguientes:

  Trafigura US Inc., Mercuria Commodities Canadá Corp.; Mercuria Energy Trading SA, Mercuria Energy Trading Inc.; Lukoil Pan American LLC; Trafigura Canadá GP; Petrochina International America Inc., Trafigura Pte LTD, Ecopetrol S.A y Equinor Marketing & Trading US Inc.

  Trafigura US Inc. también mantuvo sus beneficios con la nueva administración de CITGO, en la venta de productos para el stock. Así, en ese mismo periodo consiguió vender más de $ 104 millones, seguida por Vitol Inc. con ventas en el orden de más de $ 22 millones. Mercuria Energy Trading Inc.BBL tuvo colocaciones por más de $ 49 millones.

    En el panel de productos industriales dominan Trafigura US Inc. y Vitol Inc.

   Entre los suplidores de productos de CITGO para 2019, también aparecen excelentemente bien posicionadas por el grueso de contratos de millones de dólares, Trafigura US Inc., Mercuria Energy Trading Inc y Vitol Inc.

El esquema irregular usado por Mercuria y otras trading

  Un informe interno revela que Nelson Martínez y Pedro José Blanco utilizaron la empresa Mercuria Energy Trading Inc. como "un peaje" (intermediaria) para que otras empresas pudieran vender crudo a CITGO, obligándolas a vender primero a Mercuria y posteriormente Mercuria vendía a CITGO. "La comisión que CITGO pagaba a Mercuria era de 25 centavos por barril, lo que se traducía en aproximadamente USD 12 a 15 millones al año. Una doble ‘ganancia’ que se generaba, provenía de la compra del crudo que Mercuria hacía a otras empresas interesadas en negociar el crudo y al revenderlo a CITGO", asegura una fuente interna que declaró bajo anonimato.

  Pero el esquema cambió cuando Nelson Martínez salió de la presidencia de CITGO. Actualmente —dice la fuente ese peaje de Mercuria no existe y entonces las empresas están operando “en igualdad de condiciones”. La interrogante que surge es en torno a la razón por la cual Mercuria, con ese antecedente, continúa trabajando con CITGO y que el esquema de corrupción haya mutado.

Una fuente interna dice lo siguiente:

   "En tiempos en que Nelson Martínez era el CEO de CITGO, Pedro José Blanco —quien trabajó para CITGO pasó a representar a Mercuria logrado tener una oficina cercana a la del presidente. De hecho, Blanco aún coordina los negocios de la empresa trading en Houston. Martínez y Blanco crearon un esquema de corrupción que no permitía que otras firmas trading vendieran crudo o productos derivados a CITGO, si no pasaban por Mercuria. Fue así como nació la comisión que CITGO pagaba de 25 centavos por barril a Mercuria como intermediaria, lo que equivalía a ganancias que oscilaban entre $ 12 y 15 millones de dólares anuales, como ya habíamos referido. Cuando llegó Asdrúbal Chávez, y Calixto Ortega entró a finanzas, este preguntó por qué pagaban esas comisiones a Mercuria y entonces vetaron la empresa. No obstante, al poco tiempo volvió a imponerse el mismo esquema corrupto de comisiones. Una fuente señala que una parte de esos pagos era para beneficio de Martínez y Blanco".

Novum con su monopolio

  La empresa Novum, por su parte, "tiene el monopolio de todo lo que exporta CITGO a México, vía camiones y barcazas, así como de cargamentos de Diésel y Jet Fuel", dice un informante.

  Otra fuente sostiene que "se ha pedido en varias instancias de CITGO investigar la denuncia, según la cual, representantes de Novum pagan una comisión a un funcionario del área de productos de CITGO".

  Novum le debe a Venezuela un cargamento de Fuel Oil y le vende Propano a PDVSA.

Trafigura usa el mismo esquema

  A su vez, Trafigura operaba bajo el mismo esquema que usó Mercuria por años. En 2019 ocupa el primer lugar en el cartel de proveedores de CITGO.

  ¿Cuándo entraron estas empresas a CITGO? Pues, las empresas mencionadas fueron incorporadas en el registro mayor de proveedores y clientes de CITGO durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  Durante la administración de Gustavo Velásquez y Rick Esser, se comenzó a utilizar más a compañías de trading intermediarias como Mercuria, Vitol, Trafigura y Glencore.

Los registros muestran los siguientes datos:

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC fue inscrita en el registro de vendedor master de CITGO el 19 de diciembre de 2012.

· PETROCHINA INTL AMERICA INC fue inscrita en el registro master de proveedores de CITGO el 24 de febrero de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA entró al registro de proveedores de CITGO el 22 de abril de 2008.

· MERCURIA COMMODITIES CANADA CORP se incorporó a CITGO el 14 de octubre de 2014

· MERCURIA ENERGY TRADING INC fue registrada en CITGO el 22 de enero de 2008.

· TRAFIGURA CANADA GP se inscribió en el registro de CITGo el 21 de septiembre de 2005.

· TRAFIGURA US INC-TRAFIGURA TRADING LLC (DBA) fueron incorporadas al registro master de proveedores de CITGO el 7 de abril de 1999.

  Por su parte, las siguientes empresas entraron en el registro para vender gasolina, bunker oil y otros productos:

· NOVUM ENERGY TRADING INC se registró en CITGO el 29 de octubre de 2015.

· FREEPOINT COMMODITIES HOLDINGS LLC ingresó al registro master de CITGO el 26 de abril de 2012.

· MERCURIA ENERGY TRADING INC entró al registro de clientes de CITGO el 22 de julio de 2010.

· MERCURIA ENERGY TRADING SA ingresó al registro master de CITGO el 28 de diciembre de 2010.

· VITOL PETRO INC entró al registro master de clientes de CITGO el 14 de julio de 2010

· VITOL Inc. entró al registro master de CITGO el 3 de enero de 2007.

Los responsables siguen trabajando para CITGO

  Un funcionario que ha sido señalado en varios informes sobre irregularidades en el área de Trading es Gustavo Velásquez, quien se mantiene en la junta directiva ad hoc, a pesar que existen varias demandas internas en su contra. Una fuente consultada al respecto dice que "su permanencia en cargos de poder genera conflicto de intereses, abuso de autoridad y tolerancia a la corrupción en CITGO".

  La misma fuente dice que "el hueco dejado por PDVSA (que no puede exportar crudo por las sanciones) ha sido repartido entre las mismas empresas que estuvieron activas durante las administraciones de Nelson Martínez, Asdrúbal Chávez y otros jefes del chavismo”.

Los reportes muestran que han disminuido las compras a Glencore.

   Finalmente, la fuente explicó que los controles en el área de trading no cumplen los estándares de la empresa. "En el área de spot trading no se revisan los procedimientos. De hecho, hay puntos de las auditorías abiertos desde 2014 y Rick Esser no ha atendido los reclamos y se ha evitado implementar los controles y las recomendaciones hechas por los responsables de evaluar y hacer las auditorías".







    

domingo, 7 de octubre de 2018

Fue desechada demanda de ConocoPhillips contra PDVSA US Litigation Trust en NY

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La acusación interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por ConocoPhillips contra Pdvsa US Litigation Trust por supuesta transferencia fraudulentas de activos fue desechada el 2 de octubre de 2018, luego de un acuerdo entre las partes y sin perjuicio contra los acusados, refiere un documento emanado de ese tribunal.
Dice que la acción queda desechada por un acuerdo voluntario entre las partes y de conformidad con  la Regla Federal de Procedimiento Civil 41 (a) (1) (A) (i).

El caso involucraba como acusados a Alexis Arellano Bolívar, Vicent Andrews Edward P, Swyer, Petróleos de Venezuela S.A., Algamex Rome LTD y Algamex.

La demanda acusaba a PDVSA de haber hecho una “transferencia fraudulenta de activos” a través de Pdvsa US Litigation Trust, un grupo legal constituido por funcionarios venezolanos para enfrentar la defensa de las numerosas demandas que enfrenta la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, entre ellas el arbitraje que le ha condenado al pago de una indemnización billonaria administrado por la CCI a favor de ConocoPhillips.

La mencionada acción legal fue presentada el 6 de julio de 2018. ConocoPhillips y Phillips Petroleum Company Venezuela Limited sostenían que Pdvsa US Litigation Trust y sus fideicomisarios y financiador habían hecho traspasos fraudulentos y destacaron que PDVSA estaba utilizando el fideicomiso  “con la intención real de obstaculizar, demorar o defraudar a sus acreedores, incluido ConocoPhillips.

La empresa demandante buscaba cobrar  2 billones de dólares del laudo que condena a Venezuela a pagar ese monto por la expropiación ilegal de los yacimientos petrolíferos Hamaca y Petrozuata, propiedad de CoconoPhillips ocurrido durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

Pdvsa US Litigation Trust es un fondo constituido por PDVSA a través de Boies Schiller Flexner, un bufete  internacional de abogados especializada en litigación y arbitraje dirigida por David Boies, representante legal de varios casos ligados al Estado venezolano y quien llevó a cabo la defensa de unos de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro juzgado y sentenciado por delitos de narcotráfico en los Estados Unidos.

Un acuerdo permite un respiro para PDVSA 

El 20 de agosto de 2018, ConocoPhillips anunció que había llegado a acuerdo con Petróleos de Venezuela y que suspendía todas las acciones legales contra la petrolera venezolana relacionadas con el pago de un arbitraje de 2.000 millones de dólares por los activos expropiados. 

La compañía estadounidense aseguró en un comunicado que Pdvsa aceptó hacer un pago inicial por unos $500 millones en un plazo de 90 días días y el monto restante de manera trimestral en un plazo de cuatro años y medio. El calendario implica que PDVSA debería desembolsar los US$500 millones de dólares a finales de octubre de 2018.

Con la firma del acuerdo, ConocoPhillips aceptó suspender sus acciones legales dentro de Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).




domingo, 2 de septiembre de 2018

Nelson Martínez reconoce que creó PDVSA US Litigation Trust cuando era Ministro de petróleo de Maduro

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El exministro venezolano Nelson Martínez  reconoció, a través de un poder, que sí es su firma que que aparece en el documento de creación del fideicomiso  PDVSA US Litigation Trust y que dicho acto fue celebrado por su persona cuando era Ministro de Poder Popular de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que con su firma se ejecutó ese instrumento. Martínez permanece arrestado en Venezuela desde el 30 de noviembre de 2017 acusado por delitos de corrupción relacionados con subsidiaria de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo.
El poder sellado y firmado por Martínez fue dado a conocer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York este viernes. El documento había sido solicitado por un grupo de demandantes que pidieron que el tribunal verificara la legitimidad de fideicomiso PDVSA US Litigation Trust como ente representante de Petróleos de Venezuela y que aclarar dicho fondo hubiese contratado al bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP para encabezar la acción civil interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Texas que busca encausar a más de 44 empresas e individuos acusados por la misma empresa petrolera venezolana de haber ejecutado un gigantesco entramado de corrupción que le habría costado a Venezuela miles de millones de dólares y que involucra manipulación en los precios del crudo, y espionaje electrónico.




La mencionada demanda civil fue dada a conocer el 5 de marzo de 2018. La acción busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal  durante la conspiración que alcanza 14 años.

De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.

Seguiremos informando...



domingo, 22 de julio de 2018

Glencore debe informar a los E.E. U.U. sobre sus negocios con PDVSA , CVG y CAMIMPEG

En un emplazamiento legal del Departamento de Justicia norteamericano contra la multinacional anglo-suiza se pide -de manera general- que entregue las evidencias sobre las negociaciones hechas en el Congo, Nigeria y Venezuela. Una indagación con las fuentes ligadas al caso revelan cuáles son las empresas ligadas al Estado venezolano que son de interés para las autoridades estadounidenses.


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Las autoridades federales de los Estados Unidos solicitaron a la transnacional Glencore Ltd. información sobre los negocios que realiza con sus socios en República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria. En la petición legal, el gobierno norteamericano se refiere a los negocios de manera general "any deal general"  según destaca la comunicación federal. Una fuente ligada al caso, asegura que la firma deberá suministrar los documentos de los acuerdos con los gobierno de los mencionados países. En el caso de Venezuela, el consultado informó que las contrataciones están relacionadas con "Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Compañía  Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) y sus asociadas extranjeras SPS Oil Production (UK) y Palmat International, entre otras". Asimismo, la multinacional también deberá ofrecer detalles de su presunta participación en el esquema de corrupción demandado por PDVSA US Litigation Trust en la Corte del Distrito Sur de la Florida.
Glecore ha sido señalada de haber operado en varias contrataciones de manera fraudulenta en tres diferentes países. La autoridades norteamericanas investigan a varias corporaciones por haber presuntamente violado la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero que tipifica como crimen que las empresas paguen sobornos a funcionarios públicos en el extranjero para conseguir negocios.

Glencore informó que colaborará con el Departamento de Justicia estadounidense, según anunció uno de sus principales voceros en un comunicado.

Entramado de corrupción PDVSA 

Glencore fue demandada civilmente en la Corte del Distrito Sur de la Florida por haber formado parte de un entramado de corrupción junto a otras empresas petroleras, empleados, exfuncionarios de PDVSA y varios empresarios quienes habrían clonado el sistema informático de la estatal petrolera venezolana para beneficiarse de las ofertas de productos y servicios de manera fraudulenta.

En la acción civil aparecen como demandados Glencore de Venezuela, C.A., Glencore Energy UK Ltd.,  Glencore International A.G. y Glencore Ltd.

Paralelamente, Glencore fue señalada en un reporte federal sobre las operaciones de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG). El informe dice que en la gigante energética junto a empresas asociadas Southern Procurement Services (S.P.S) LTD y Palmat International habrían  violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, y estarían envueltas en un esquema de corrupción y lavado de dinero con entes públicos del país suramericano. 

Glencore Plc. informó que tiene toda la disposición de cooperar con las autoridades estadounidenses, luego de haber recibido un emplazamiento legal de la justicia norteamericana en el cual se pidió la entrega de documentos sobre sus negocios de minería en la República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria, como parte de una investigación por corrupción.

La firma dijo que estableció un comité de miembros del directorio, incluyendo al presidente Tony Hayward y a los directores no ejecutivos independientes Leonhard Fischer y Patrice Merrin, para supervisar su respuesta al pedido del Departamento de justicia.

Tony Hayward dijo que “La corporación cooperará con el Departamento de Justicia estadounidense, mientras continúa enfocándose en nuestro negocio y buscando maximizar el valor que creamos para nuestros diversos accionistas en una forma responsable y transparente”.

En la declaración el vocero aseguró que la trasnacional aborda con seriedad la ética y el cumplimiento en todo el conglomerado.


El Departamento de Justicia pidió a Glencore una copia de los documentos y registros de cumplimiento con la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero y estatutos de lavado de dinero.

Cooperación y garantía de transparencia


La principal razón del emplazamiento legal estadounidense contra la gigante suiza no son los contratos con Venezuela y Nigeria, sino los negocios en la República Democrática del Congo donde la firma tiene operaciones mil millonarias con empresas vinculadas a un empresario sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El 20 de diciembre, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump colocó al multimillonario israelí de diamantes Dan Gertler en la lista de individuos sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), debido a sus lazos comerciales con el controvertido presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila .

Ser calificado como OFAC "nacional especialmente designado" significa que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con Gertler o sus empresas relacionadas, y que todas sus propiedades e intereses en los EE. UU. están bloqueados. 

Gertler fue asociado comercial de Glencore en varios negocios. Cuando fue sancionado, la trasnacional no pudo continuar las operaciones con el mencionado empresario lo que generó varios litigios internacionales. 

En junio de 2018, Glencore PLC decidió reanudar los pagos multimillonarios a Gertler, con lo cual retó las autoridades norteamericana que prohibieron con su decisión a las empresas occidentales más opciones para lidiar con homólogos sancionados.


La transnacional había dejado de pagar las regalías a Gertler en diciembre de 2017, luego de que se impusieran sanciones por presunta corrupción en la República Democrática del Congo. La firma argumentó que decisión de reanudar los pagos era la única opción viable para evitar el riesgo de perder sus activos. Los pagos se realizarían en euros y garantizaría que ningún ciudadano estadounidense tuviese ningún rol en el acuerdo para cumplir con las sanciones de los EE. UU., según un reporte del diario The Wall Street Journal.[1]

Glencore  dijo que "si no se hacían los pagos se podría poner en riesgo la operación de sus activos en el Congo, lo que representa una amenaza para los precios del cobre y el cobalto en todo el mundo", dijeron fuentes relacionadas al The Wall Street Journal. Glencore, a través de sus minas congolesas, es el mayor productor mundial de cobalto, un producto clave para las baterías de vehículos eléctricos.

Luego de la decisión de Glencore de junio 2018, el Departamento del Tesoro impuso sanciones adicionales a 14 entidades afiliadas a Gertler. Los Estados Unidos acusan al empresario de utilizar su estrecha amistad con el presidente congoleño Joseph Kabila para actuar como intermediario en la venta de activos mineros en el país, dice el reporte del WSJ. 

En abril de 2018,  Gertler inició una acción legal contra Glencore en un tribunal congoleño en busca de 3.000 millones de dólares en daños y perjuicios en respuesta a la decisión de la empresa de detener los pagos, reportó el WSJ. Gertler también obtuvo importantes órdenes judiciales que, si se convirtieran en definitivas, le habrían permitido confiscar bienes de forma permanente en las minas de Glencore, lo que causaría graves trastornos en el mercado, dijo la compañía.

Las sanciones del Departamento del Tesoro prohíben que las firmas estadounidenses trabajen con Gertler y varias compañías asociadas con él. Esta fue la razón principal por la cual las autoridades norteamericanas presentaron un desafío legal a Glencore, que si bien es una empresa anglo-suiza, está estrechamente vinculada al sistema financiero de los EE. UU.

Glencore llegó a un acuerdo "para abordar adecuadamente todas las obligaciones de sanciones aplicables". Como resultado del acuerdo, Glencore dijo que "sus subsidiarias y compañías afiliadas Gertler acordaron retirar todo litigio pendiente y amenazado entre ellas".

Según el Departamento del Tesoro, Gertler habría amasado una fortuna a través de "minería opaca y corrupta". y acuerdos petroleros ". La principal empresa Gertler que trabaja en el Congo, Fleurette Group, ha negado enérgicamente las acusaciones de corrupción. 

La petición de la documentación por parte de la justicia norteamericana podría ser entregada este mes y de allí procederán con las acciones pertinentes. 

DISCLAIMER


Esta periodista intentó obtener para este reportaje las opiniones de las empresas mencionadas pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta. Si alguna persona mencionada en esta nota desea comunicarse con nosotros para exponer su punto de vista puede enviarnos sus comentarios al email blogvenezuelapolitica@tuta.il