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lunes, 2 de agosto de 2021

Venezuela se da por notificada en demanda por impago de bonos entablada por Chickpen S.A.

   Venezuela debió reembolsar el capital de los Bonos Globales en su totalidad el 15 de agosto de 2018, cuando era su fecha de vencimiento, pero hasta la fecha no ha cumplido con los pagos.

Por Maibort Petit

  Luego de haberse dado por notificada, la República Bolivariana de Venezuela debe enfrentar una nueva demanda que, por incumplimiento de pago de Bonos Globales, la sentará nuevamente en el banquillo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para responder por el reclamo que le hace Chickpen S.A.

 Chickpen S.A., de acuerdo a información que ofrece el portal Open Corporates, es una empresa activa registrada en Panamá el 26 de septiembre de 2007 bajo el número 584867.

  El agente es Arias, Fabrega & Fabrega, mientras que en el directorio figura como presidente y director, Feliciano Ortiz; como directores, Nancy Eliette Cossu de Grisolia (igualmente, secretaria) y Hermes Oriel Vargas, este último también funge como tesorero; como suscriptores, José Eugenio Silva Ritter, Dianeth Isabel Matos de Ospino; el apoderado es Tomás Ignacio Polanco Fernández[1].

Venezuela notificada

  El 22 de junio de 2021, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, ordenó que para el 28 de julio del presente año, tanto el demandante Chickpen S.A., como la demandada República Bolivariana de Venezuela, debían presentar una carta conjunta y un plan de manejo de caso propuesto por ambos.

  Tal decisión de la magistrada se produjo luego de conocer que la parte demandada había sido notificada de la acción judicial por parte de Chickpen S.A.

  La orden de la juez se había producido el 11 de marzo de 2021, cuando la juez Analisa Torres, en atención a una comunicación de Chickpen S.A. del esa misma fecha, ECF Nº 21, ordenó que la conferencia programada para el 24 de marzo de 2021 y los plazos asociados se aplazaran sine die. Los demandantes debían informar de inmediato al Tribunal cuando se completara la notificación del proceso. Si el servicio no se completaba en dichos 60 días posteriores a la fecha de esta Orden, el Demandante presentará una carta de estado ante el Tribunal.

La demanda

  El 22 de enero de 2021, la firma Sánchez Fischer Levine LLP, en representación de Chickpen S.A., presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en contra de la República Bolivariana de Venezuela por Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales.

   La demandante Chickpen exige juicio contra Venezuela de manera que, en primer lugar, se otorgue una sentencia monetaria con relación a su primer reclamo de compensación (Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales), por una cantidad que se determinará en el juicio que no sea menor a USD 1.890.002,99, junto con los intereses previos y posteriores a la sentencia, así como los costos y honorarios de abogados incurridos en esta acción.

  Igualmente, Chickpen pide otra sentencia monetaria con respecto a su segunda reclamación de exención (incumplimiento de contrato en la nota global) por una cantidad que se determinará en el juicio, pero no menos de USD 14.567.055,22, junto con los intereses previos y posteriores a la sentencia, así como los costos y honorarios de abogados.

  Asimismo, Chickpen pide cualquier otra reparación adicional que la Corte considere justa y apropiada.

La acción

  Chickpen es el beneficiario efectivo de las participaciones en títulos de deuda denominados en dos dólares emitidos por Venezuela.

  En primer lugar, están los Bonos Globales, al 13,625 por ciento con vencimiento en 2018, emitidos en 1998, ISIN No. US922646AT10, CUSIP Nº 922646AT1, con una oferta de continuación en 2004, de conformidad con una Agencia Fiscal Acuerdo de fecha 6 de agosto de 1998 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela y The Chase Manhattan Bank.

  Venezuela debió reembolsar el capital de los Bonos Globales en su totalidad el 15 de agosto de 2018, cuando era su fecha de vencimiento.

  Bien hasta el pago total del capital o a la fecha de su vencimiento, los Bonos Globales debían pagar intereses sobre el principal semestralmente vencidos, a saber, el 15 de febrero y el 15 de agosto de cada año, a una tasa del 13,625 por ciento anual. Sin embargo, desde el 15 de febrero de 2018, Venezuela no ha realizado ninguno de los pagos de intereses y capital requeridos sobre los Bonos Globales, lo que se traduce en incumplimiento de sus obligaciones en virtud de los Bonos Globales.

  Entretanto, la nota global, la segunda Garantía de Deuda, pagaré global al 7.00 por ciento con vencimiento en 2018, ISIN No. USP97475AD26, CUSIP Nº P97475AD2, emitido en 2001 y modificado el 1 de septiembre de 2003, de conformidad con el Acuerdo de Agencia Fiscal de fecha 25 de julio de 2001 entre Venezuela, Banco Central de Venezuela, Deutsche Bank AG y Deutsche Bank Trust Company.

  El Pagaré global obligaba a Venezuela a reembolsar el capital en su totalidad el 1 de diciembre de 2018 y, hasta el pago total del principal, ya sea al vencimiento del Bono Global, según se requiera, o más tarde, Venezuela estaba obligada a pagar intereses sobre el capital semestralmente vencidos, el 1 de diciembre y el 1 de junio de cada año, en una tasa del 7,00 por ciento anual hasta el reembolso total del pagaré.

  A partir de los pagos de intereses que vencen el 1 de diciembre de 2017, Venezuela no ha pagado los intereses y capital requeridos y, por lo tanto, está incumpliendo sus obligaciones en virtud del Pagaré global.

  Con la acción legal ante la corte, Chickpen busca recuperar de Venezuela sus daños, como beneficiario efectivo de intereses en los dos Títulos de Deuda resultantes de los incumplimientos de Venezuela.

Los alegatos

  Chickpen S.A. no es un tenedor directo de los valores de deuda, sino que es un inversor que tiene intereses beneficiosos en dichos valores registrados en cuenta a través de las instituciones financieras participantes.

  Los Títulos de Deuda son “títulos de anotaciones en cuenta” registrados a nombre de Cede & Co., como representante de la Depository Trust Company (DTC). Las instituciones financieras, denominadas “participantes”, mantienen cuentas con el DTC a través de las cuales mantienen intereses en dichos valores registrados en cuenta.

  Chickpen, con la autorización de Cede, tendrán derecho a tomar cualquier acción que Cede pudiera tomar.

Primer reclamo de alivio

  Chickpen S.A. presenta un primer reclamo contra Venezuela por Incumplimiento de Contrato de Bonos Globales, por cuanto el capital de los mismos venció el 15 de agosto de 2018 y, hasta el momento, Venezuela no no ha hecho el pago respectivo, como tampoco ha cancelado los intereses adeudados sobre estos.

  En razón de esto, Venezuela ha incumplido sus obligaciones contractuales en virtud de los Bonos Globales y es responsable ante Chickpen, como propietario de un interés beneficiario de dichos bonos por un monto de capital de USD 1.285.000, por daños por un monto a determinar en el juicio, pero no menos de USD 1.890.002,99 que representan la participación proporcional de Chickpen en el principal impago y los intereses de los Bonos Globales hasta la fecha de este alegato, junto con los intereses previos al juicio y los costos y honorarios de abogados de Chickpen incurridos en esta acción.

Segundo reclamo de alivio

 Chickpen S.A. presenta una segunda reclamación de alivio por incumplimiento de contrato en la nota global, por cuento el Pagaré Global venció el 1 de diciembre de 2018, sin que hasta la fecha Venezuela haya redimido el Bono Global a la par, como correspondía.  Venezuela tampoco ha pagado los intereses respectivos.

  Por tal incumplimiento, Chickpen, propietario de un interés beneficioso en de la Nota Global por un monto principal de USD 11.599.000, por daños por un monto que se determinará en el juicio, pero no menos de USD 14.567.055,22 que representa la parte proporcional de Chickpen de capital e intereses impagos en el Bono Global hasta la fecha del alegato, junto con los intereses previos al juicio, y los costos y honorarios de abogados de Chickpen incurridos en esta acción.

Propuesta de resolución

  El 28 de enero de 2021, la juez Analisa Torres, ordenó a Chickpen S.A. y a la República Bolivariana de Venezuela discutir si están dispuestas a lograr una resolución más rápida de la disputa entre ambas, de acuerdo a lo establecido en 28 U.S.C. § 636 (c).

  Si así lo consentían, el abogado de Venezuela debía enviar por correo electrónico un formulario de Notificación, Consentimiento y Referencia de Acción Civil a un Juez Magistrado, antes del 17 de marzo de 2021.

  Si el Tribunal aprobaba el formulario, todos los procedimientos posteriores se llevarán a cabo ante el Juez Magistrado asignado en lugar de de la jueza Torres.

  También se les informó que cualquier apelación se llevaría directamente a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, como lo sería si el formulario de consentimiento no estuviera firmado y ordenado.

  Se advirtió que si alguna de las partes no consentía los procedimientos propuestos, las partes debían presentar una carta conjunta, antes del 17 de marzo de 2021, notificando al Tribunal la decisión, pero sin revelar la identidad o la parte o partes que no dan su consentimiento.

Procedimientos remotos

  El 28 de enero de 2021, la juez Torres, conforme con las Reglas 30 (b) (3) y 30 (b) (4) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, ordenó que todas las declaraciones en el caso Chickpen S.A. contra Venezuela, puedan tomarse por teléfono, videoconferencia u otros medios remotos.

  Además, ordenó de conformidad con la Regla 30 (b) (5) que se considerará que la deposición pudiera igualmente llevarse a cabo a través de procedimientos remotos “ante un funcionario designado o designado de conformidad con la Regla 28”. Conminó a las partes llevara a cabo el  descubrimiento mediante este procedimiento en la oportunidad disponible.

[1] Open Corporates Chickpen S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/584867



martes, 11 de mayo de 2021

Dresser-Rand Company: no es cierto que sanciones impidieron a PDVSA pagar su deuda

  Sin lugar a dudas, asegura la empresa demandante, el caso se trata de un simple incumplimiento de contrato.

Por Maibort Petit

  No es verdad que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no pudo pagar su deuda con Dresser-Rand Company a causa de las sanciones impuestas por el gobierno de los estados Unidos a la petrolera estatal, por cuanto a la par de la Orden Ejecutivo que las impuso, por cuanto esta previó que las transacciones relacionada con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017 —caso del acuerdo de pagaré objeto de la demanda— continuaron siendo legalmente permitidas. Además, sostiene la demandante, el ejecutivo norteamericano también emitió la Licencia General 9 par permitía la subsanación de la deuda.
  Dresser-Rand Company demandó el 26 de febrero de 2019 a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de sus obligaciones al no honrar una deuda de USD 132.295.896,82 correspondientes a unos bonos que, la petrolera venezolana sostiene no haber podido cancelar en razón de las sanciones de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos.

  El acuerdo de Pagaré fue suscrito el 21 de enero de 2017 y el gobierno estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 13808 el 25 de agosto del referido año y a raíz de esta decisión gubernamental, el Citibank implementó una política que restringió las de PDVSA y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Lo que sostiene Dresser-Rand

  El 29 de marzo de 2021 Dresser-Rand Company presentó al juez Stanton, su resumen del juicio en el que anticipa cuestiones legales clave que estima surgirán en el juicio.

  En primer lugar, la demandante destaca que se trata de un simple caso de incumplimiento de contrato para cobrar más de USD 119 millones de deuda indiscutiblemente adeudada por PDVSA a Dresser-Rand R por un Acuerdo de pagaré de fecha 20 de enero de 2017.

  Dresser-Rand asegura que no fue imposible ni impracticable para PDVSA cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Pagaré, primero, porque bajo la Orden Ejecutiva 13808, las transacciones relacionadas con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017, como el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, continuaron siendo legalmente permitidas.

  En segundo lugar, la demandante refiere que después de ser notificado de sus incumplimientos, PDVSA pudo haber subsanado su pago y no lo hizo. Esto lo dice a la luz de que gobierno de los EE. UU. emitió la Licencia General 9 al mismo tiempo que las sanciones de bloqueo del 28 de enero de 2019, lo que permitía a PDVSA subsanar su incumplimiento y reembolsar a la demandante los pagos adeudados.

  En tercer lugar, Dresser-Rand advierte que no existe evidencia creíble de una imposibilidad objetiva de que PDVSA realice pagos cuando sus obligaciones de pago restantes vencen en virtud del Pagaré.

 Igualmente, refiere que ofrecieron a PDVSA varias alternativas viables para facilitar el pago, pero no respondió a las comunicaciones y la demandante agotó todas las vías de ejecución.

  Dresser refiere que la Orden Ejecutiva 13808 establece en un lenguaje sencillo que prohíbe a "EE. UU. o personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU., participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento o negociar de otra manera con nueva deuda, con un vencimiento de más de 90 días y emitida en nombre o en beneficio de PDVSA, su propiedad, o sus intereses en la propiedad".

  En tal sentido, el término “nueva deuda” se refiere a cualquier deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017. Por tanto, el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, celebrado el 20 de enero de 2017, no puede considerarse “deuda nueva” dentro del alcance de la orden ejecutiva.

  Asegura que PDVSA hace una lectura parcial y selectiva de las directrices publicadas por la OFAC en relación con la orden ejecutiva 13808.

  Al mismo tiempo sostiene que PDVSA podría haber tratado de obtener una licencia específica a través de la OFAC, como lo ayudó el propio bufete de abogados de su experto en otras situaciones crediticias, que le hubiera permitido cumplir con sus obligaciones de pago, pero no hay evidencia en el expediente de que así lo hubiera hecho.

 Agrega que Dresser ofreció a PDVSA varial alternativas viables para realizar el pago, pero estatal venezolana los ignoró.

Testimonio inadmisible de Baker

  Para Dresser-Rand Company, el informe pericial de John Barker que presentará PDVSA no es confiable y debe excluirse según la regla federal de prueba 702.

  Esto por cuanto el testigo propuesto ha actuado como abogado de PDVSA y esa es una razón por la cual los tribunales federales rechazan habitualmente su testimonio.

“Si bien el señor Barker no es abogado de PDVSA en este caso, su rol como abogado de PDVSA en otros asuntos relacionados excluye cualquier posibilidad de que él ofrezca opiniones objetivas y confiables a la Corte”.

Dresser presenta fechas para comparecencia

  El 29 de marzo de 2021, Jordan W. Siev, abogado de la firma Reed Smith LLP que representa a Dresser-Rand Company, empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG con sede en Houston (Texas), le presentó al juez Louis L. Stanton, una orden previa al juicio consolidada, así como los respectivos escritos del proceso judicial de cada parte, los cuales tratan cuestiones de derecho controvertidas y cuestiones probatorias que pudieran surgir en el juicio.


   El abogado de la demandante le manifestó al magistrado, que en caso de que la Corte tuviera alguna pregunta o requiriera aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las cuestiones tratadas en las presentaciones previas al juicio, estarían disponibles para participar en una conferencia previa al juicio.

  Presentó igualmente un conjunto de fechas comprendidas entre mayo y octubre de 2021, en las que él, su firma y/o las partes no estarían disponibles para comparecer en el juicio.

A saber, las fechas propuestas son del 10 al 13 de mayo de 2021; del 17 al 21 de mayo de 2021; del 28 de mayo de 2021; el 1 de junio de 2021; del 8 de junio al 31 de julio de 20211; el 5 al 23 de agosto de 2021; del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2021; y del 6 al 17 de septiembre de 2021.