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miércoles, 12 de mayo de 2021

Tenedores de Bonos reclaman pago de sentencia en NYC mientras Venezuela alega que no paga por la crisis humanitaria que vive el país

  Desde que la corte falló a su favor, los demandantes bregan para que el fallo sea ejecutado.
Por Maibort Petit

  En octubre de 2020 el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ordenó a Venezuela a pagar a Pharo Gaia Fund Ltd. y a Pharo Macro Fund Ltd., una suma que superaba los USD 387.085.592 más los retrasos que pudieran producirse.
   Desde entonces, los demandantes y la demandada han llevado a cabo diversas acciones, los unos para que la sentencia sea ejecutiva, la otra, para ser eximida del pago.

   Entre estas acciones se inscribe el pedido de Venezuela para que se deniegue la moción de reparación de los demandantes y para que el tribunal solicite la opinión del gobierno de los Estados Unidos con respecto a los intereses de política exterior implicados por la moción. Por su parte, Venezuela estima que no es apropiado, dada la grave crisis humanitaria que padece, que se ejecute la sentencia en estos momentos.
  En enero 2019 se conoció que Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., dos fondos registrados en Islas Caimán, presentaron ante la Corte Suprema de Nueva York, una demanda contra Venezuela en reclamo a la falta de pago de un monto que en ese entonces se ubicaba en USD 26 millones. Dichos fondos están controlados por Pharo Management LLC en Nueva York[1].
La sentencia pendiente

  El 16 de octubre de 2020, Analisa Torres, juez del Distrito Sur de Nueva York, sentenció a favor de Pharo Gaia Fund Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd. y en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Determinó la magistrada que por los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2019 al 7.75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Gaia Fund, Ltd. tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 114.000.000 por capital impago; b) USD 30.824.333 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 4.155.476 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) Si el Fallo Final ingresara el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 31.077 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) Si el Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 32.166 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingresa en el expediente del Tribunal; y los intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961(a).

  Para los incumplimientos de Venezuela de los Bonos de 2018 al 13,625% (ISIN USP9395PAA95) y los Bonos de 2019 al 7,75% (ISIN USP97475AN08), Pharo Macro Fund, Ltd.tiene derecho a recuperar de Venezuela: a) USD 182.000.000 por capital impago; b) USD 49.448.976 por intereses contractuales acumulados y no pagados sobre el principal hasta el 9 de octubre de 2020; c) USD 6.656.807 en intereses legales previos al juicio sobre los intereses contractuales impagos, a una tasa del 9% anual acumulada desde el día después de cada pago de intereses atrasado hasta el 9 de octubre de 2020; d) si este Fallo Final se ingresa el 13 de octubre de 2020 o antes, USD 49.924 adicionales por cada día calendario siguiente al 9 de octubre de 2020 hasta la fecha en que este Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; e) si este Fallo Final se ingresa después del 13 de octubre de 2020, USD 51.649 adicionales por cada día calendario siguiente al 13 de octubre de 2020 hasta la fecha en que el Fallo Final se ingrese en el expediente del Tribunal; f) Honorarios y costos de abogados por un monto por determinar; y g) intereses posteriores al juicio según lo establecido en 28 U.S.C. § 1961 (a).

El pedido de Venezuela

  El 2 de marzo de 2021, los abogados de la firma Arnold & Porter Scholer LLP que representan a la República Bolivariana de Venezuela, pidieron al tribunal denegar la moción de reparación de los demandantes de conformidad con 28 U.S.C. § 1610 (c) y, como alternativa, solicitaron que la Corte procurara la opinión de los Estados Unidos bajo 28 U.S.C. § 517 con respecto a los intereses de política exterior implicados por la presente moción.

   Para Venezuela ha transcurrido un tiempo razonable desde la orden de Sentencia Definitiva del Tribunal contra la República el 16 de octubre de 2020, de modo que los demandantes puedan buscar hacer cumplir la sentencia contra los bienes de la República.
 
   Expusieron que el gobierno interino y la comunidad internacional han trabajado diligentemente para abordar las obligaciones de deuda heredadas, como parte de sus planes para restaurar la prosperidad económica de Venezuela. Pero advierte que no tienen acceso total a todas las instancias de poder en este momento. Recordaron que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro usurpa ilegalmente un control sustancial del funcionamiento del gobierno dentro del territorio de Venezuela y se ha negado a reconocer la autoridad constitucional de Guaidó.

   Refiere la moción que Juan Guaidó ha tomado medidas importantes para abordar los reclamos de legado contra el gobierno venezolano y proteger los intereses del pueblo venezolano y, en este sentido, desarrolla un proceso ordenado y consensuado de reestructuración de la deuda en virtud del cual todos los reclamos en situaciones similares serán tratados de manera justa y equitativa. Un plan que se prepara en conjunto con el gobierno de Estados Unidos.

  Venezuela argumenta que a la luz de la crisis que padece el país, no sería apropiado permitir procedimientos de ejecución contra la república y para ellos se sustenta en lo establecido en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés) la cual estipula que “ningún embargo o ejecución (…) se permitirá hasta que el tribunal lo haya hecho (…) determinó que ha transcurrido un período de tiempo razonable después de la emisión del fallo".

  Insiste en que en virtud de la abrumadora crisis humanitaria que padece Venezuela no se puede esperar razonablemente que el gobierno interino realice pagos del fisco público en la actualidad.

  Agregan que no es razonable en estos momentos el tribunal permita la ejecución cuando los demandantes carecen de las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para hacer efectiva la sentencia contra los bienes de Venezuela.

  Finalmente, Venezuela considera que las sentencias de dos tribunales de distrito de Estados Unidos que dictaminaron que períodos de cinco meses y dos meses eran razonables, no tuvieron plenamente en cuenta la crisis única y devastadora que enfrenta el país.

Pharo Gaia: Tiempo suficiente

  El de marzo de 2021, la representación legal de los demandantes Pharo Gaia Fund, Ltd. y Pharo Macro Fund Ltd., pidió al tribunal otorgarle una moción de alivio en razón de que, en su opinión, ha transcurrido un tiempo suficientemente razonable desde la orden de Sentencia Definitiva emitida por la Corte el 16 de octubre de 2020 en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  Contrario a la sugerencia de Venezuela, los demandantes consideran que los intereses de política exterior de los Estados Unidos no están implicados por la determinación de la Corte sobre si ha transcurrido un período de tiempo razonable.

   Según lo establecido en la norma, el período de tiempo razonable que gira en torno a los esfuerzos de Venezuela para satisfacer la sentencia, no está relacionado con ningún interés político que favorezca o milite en contra de la incautación de activos. Tampoco hay ninguna razón para exigir que Pharo obtenga una licencia OFAC antes de buscar una determinación bajo la ley. Subraya que ningún acreedor de Venezuela ha obtenido aún una licencia de este tipo para vender activos de Venezuela y satisfacer una sentencia.

  Por último, los demandantes creen que solicitar la aportación innecesaria de los Estados Unidos solo retrasará aún más la capacidad de Pharo para buscar la satisfacción de su juicio contra Venezuela.


[1] Contexto Diario. “Fondos de Islas Caimán presentan demanda contra el Gobierno de Maduro”. 17 de enero de 2019. https://contextodiario.com/venezuela/fondos-de-islas-caiman-presentan-demanda-contra-el-gobierno-de-maduro/

 


 

martes, 11 de mayo de 2021

Dresser-Rand Company: no es cierto que sanciones impidieron a PDVSA pagar su deuda

  Sin lugar a dudas, asegura la empresa demandante, el caso se trata de un simple incumplimiento de contrato.

Por Maibort Petit

  No es verdad que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no pudo pagar su deuda con Dresser-Rand Company a causa de las sanciones impuestas por el gobierno de los estados Unidos a la petrolera estatal, por cuanto a la par de la Orden Ejecutivo que las impuso, por cuanto esta previó que las transacciones relacionada con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017 —caso del acuerdo de pagaré objeto de la demanda— continuaron siendo legalmente permitidas. Además, sostiene la demandante, el ejecutivo norteamericano también emitió la Licencia General 9 par permitía la subsanación de la deuda.
  Dresser-Rand Company demandó el 26 de febrero de 2019 a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), por incumplimiento de sus obligaciones al no honrar una deuda de USD 132.295.896,82 correspondientes a unos bonos que, la petrolera venezolana sostiene no haber podido cancelar en razón de las sanciones de que es objeto por parte del gobierno de los Estados Unidos.

  El acuerdo de Pagaré fue suscrito el 21 de enero de 2017 y el gobierno estadounidense emitió la Orden Ejecutiva 13808 el 25 de agosto del referido año y a raíz de esta decisión gubernamental, el Citibank implementó una política que restringió las de PDVSA y otras entidades relacionadas con el gobierno venezolano.

Lo que sostiene Dresser-Rand

  El 29 de marzo de 2021 Dresser-Rand Company presentó al juez Stanton, su resumen del juicio en el que anticipa cuestiones legales clave que estima surgirán en el juicio.

  En primer lugar, la demandante destaca que se trata de un simple caso de incumplimiento de contrato para cobrar más de USD 119 millones de deuda indiscutiblemente adeudada por PDVSA a Dresser-Rand R por un Acuerdo de pagaré de fecha 20 de enero de 2017.

  Dresser-Rand asegura que no fue imposible ni impracticable para PDVSA cumplir con sus obligaciones bajo el Acuerdo de Pagaré, primero, porque bajo la Orden Ejecutiva 13808, las transacciones relacionadas con la deuda venezolana emitidas antes del 25 de agosto de 2017, como el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, continuaron siendo legalmente permitidas.

  En segundo lugar, la demandante refiere que después de ser notificado de sus incumplimientos, PDVSA pudo haber subsanado su pago y no lo hizo. Esto lo dice a la luz de que gobierno de los EE. UU. emitió la Licencia General 9 al mismo tiempo que las sanciones de bloqueo del 28 de enero de 2019, lo que permitía a PDVSA subsanar su incumplimiento y reembolsar a la demandante los pagos adeudados.

  En tercer lugar, Dresser-Rand advierte que no existe evidencia creíble de una imposibilidad objetiva de que PDVSA realice pagos cuando sus obligaciones de pago restantes vencen en virtud del Pagaré.

 Igualmente, refiere que ofrecieron a PDVSA varias alternativas viables para facilitar el pago, pero no respondió a las comunicaciones y la demandante agotó todas las vías de ejecución.

  Dresser refiere que la Orden Ejecutiva 13808 establece en un lenguaje sencillo que prohíbe a "EE. UU. o personas sujetas a la jurisdicción de los EE. UU., participar en transacciones relacionadas con, proporcionar financiamiento o negociar de otra manera con nueva deuda, con un vencimiento de más de 90 días y emitida en nombre o en beneficio de PDVSA, su propiedad, o sus intereses en la propiedad".

  En tal sentido, el término “nueva deuda” se refiere a cualquier deuda emitida a partir del 25 de agosto de 2017. Por tanto, el Pagaré y el Acuerdo de Pagaré, celebrado el 20 de enero de 2017, no puede considerarse “deuda nueva” dentro del alcance de la orden ejecutiva.

  Asegura que PDVSA hace una lectura parcial y selectiva de las directrices publicadas por la OFAC en relación con la orden ejecutiva 13808.

  Al mismo tiempo sostiene que PDVSA podría haber tratado de obtener una licencia específica a través de la OFAC, como lo ayudó el propio bufete de abogados de su experto en otras situaciones crediticias, que le hubiera permitido cumplir con sus obligaciones de pago, pero no hay evidencia en el expediente de que así lo hubiera hecho.

 Agrega que Dresser ofreció a PDVSA varial alternativas viables para realizar el pago, pero estatal venezolana los ignoró.

Testimonio inadmisible de Baker

  Para Dresser-Rand Company, el informe pericial de John Barker que presentará PDVSA no es confiable y debe excluirse según la regla federal de prueba 702.

  Esto por cuanto el testigo propuesto ha actuado como abogado de PDVSA y esa es una razón por la cual los tribunales federales rechazan habitualmente su testimonio.

“Si bien el señor Barker no es abogado de PDVSA en este caso, su rol como abogado de PDVSA en otros asuntos relacionados excluye cualquier posibilidad de que él ofrezca opiniones objetivas y confiables a la Corte”.

Dresser presenta fechas para comparecencia

  El 29 de marzo de 2021, Jordan W. Siev, abogado de la firma Reed Smith LLP que representa a Dresser-Rand Company, empresa subsidiaria de la alemana Siemens AG con sede en Houston (Texas), le presentó al juez Louis L. Stanton, una orden previa al juicio consolidada, así como los respectivos escritos del proceso judicial de cada parte, los cuales tratan cuestiones de derecho controvertidas y cuestiones probatorias que pudieran surgir en el juicio.


   El abogado de la demandante le manifestó al magistrado, que en caso de que la Corte tuviera alguna pregunta o requiriera aclaraciones adicionales sobre cualquiera de las cuestiones tratadas en las presentaciones previas al juicio, estarían disponibles para participar en una conferencia previa al juicio.

  Presentó igualmente un conjunto de fechas comprendidas entre mayo y octubre de 2021, en las que él, su firma y/o las partes no estarían disponibles para comparecer en el juicio.

A saber, las fechas propuestas son del 10 al 13 de mayo de 2021; del 17 al 21 de mayo de 2021; del 28 de mayo de 2021; el 1 de junio de 2021; del 8 de junio al 31 de julio de 20211; el 5 al 23 de agosto de 2021; del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2021; y del 6 al 17 de septiembre de 2021.


viernes, 22 de enero de 2021

Estas fueron las exportaciones que PDVSA hizo desde el terminal de oriente en diciembre 2020

Por Maibort Petit

  Un reporte interno de Petróleos de Venezuela C.A. (PDVSA) correspondiente a las actividades de carga ocurridas al 31 de diciembre de 2020, en el Terminal de Almacenaje y Embarque de Crudo José Antonio Anzoátegui (TAECJAA), durante el mes de diciembre de 2020, revela cómo la estatal venezolana continúa exportando crudo valiéndose de empresas fantasmas o que, por lo menos, no son reconocidas en el mundo petrolero

  El informe refiere que el 30 de diciembre de 2020, en el muelle oeste del TAECJAA fue cargado el buque Alsatayir con 700 MB de crudo Merey 16, destinados a Supraquimic Limited, una empresa constituida en Dublín (Irlanda) el 23 de febrero de 2018[1].

  El 28 de diciembre de 2020, en el muelle sur fueron cargados 659 MB de crudo Merey 16 en el buque OAK, los cuales estaban destinados a la empresa East Asia General Trading, una empresa proveedora de equipos de construcción en Chennai, India[2].

   El mismo informe refiere que al 30 de diciembre, el buque Mirame se encontraba en maniobras de atraque para cargar en el muelle SPM GFM II del TAECJAA, 1.900 MB de crudo Merey, que estaban destinados a la empresa Tracor Trading Company LTD, empresa dedicada a brindar servicios empresariales registrada en la India el 1 de febrero de 2000[3].

   Igualmente, el informe da cuenta de que en la plataforma oeste, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2020, se cargaron 750 MB de crudo Merey en el buque Aura destinados a Fuzhou Asia Sun Impt. & Export Colt.

  Entre el 11 y el 13 de diciembre, en la plataforma este, en el buque NDROS se cargaron 1.900 MB de crudo Merey 16 destinados a la empresa iraní National iranian Oil Company que serían descargados en el puerto de Singapur.

  Del 15 al 17 de diciembre se cargó el buque Camerona cargó 1.000 MB de crudo Merey que serían descargados en el Puerto de Quingdao (China) para la empresa SupraQuimic Limited.

  Entre el 18 y el 20 de diciembre se cargaron en la Monoboya GFM II, 1.000 MB de crudo Merey 16 en el buque Alsatayir, igualmente para la empresa SupraQuimic Limited que esta vez serían descargados en el puerto de Singapur.

  También desde la Monoboya GFM II, se cargaron entre el 18 y el 20 de diciembre, 1.000 MB de crudo Merey 16 en el bique Kazan, para la empresa SupraQuimic Limited que se descargarían en el Puerto de Quingdao (China).

  Entre el 21 y 23 de diciembre de 2020, se cargaron en la Plataforma Oeste, 1.900 MB de crudo Merey en el buque Yongle, destinados para la la empresa Cirrostrati Technology Co. LTD de la que se desconoce su origen, que se descargarían en el Puerto de Quingdao (China).

  Del 25 al 27 de diciembre se cargaron en la plataforma oeste, 1.900 MB de crudo Merey 16 en el buque Katakaze, para la empresa Trancor trading Company LTD. Que se descargarían en el puerto de Singapur.

 Desde la plataforma sur se cargaron entre el 26 y el 28 de diciembre de 2020, 1.000 MB de crudo Merey para la SupraQuimic limited, que descargarían en el puerto de Singapur.

 Desde misma plataforma sur se cargaron en el buque OAK, entre el 28 y el 30 de diciembre, 700 MB de crudo Merey 16, destinados a East Asia general trading, que descargarían en el puerto de Singapur.

  Entre el 31 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021, desde la plataforma oeste, se cargaron 1.900 MB de crudo Merey en el buque Mirame, para Tracor Trading Company LTD, que serían descargado en el puerto de Singapur.


Inventarios de crudo y diluyente

  Al 31 de diciembre de 2020, se reportaron en existencia 3.499 MB de crudo diluido correspondientes a PetroSan Felix (1.066,0 MBls), a Petrocedeño (1.222,0 MBls), Petromonagas (524,0 MBls), PetroPiar (525,0 MBls), Sinovensa (262,0 NBls).

 De crudo Merey 16 en inventario había 6.509,0 MBls, correspondientes Petrocedeño (1.376,0 MBls), Petromonagas (1.565,0 MBls), PetroPiar (1.021,0 MBls), TAEJAA (2.547,0 MBls).

  De crudo mejorado el inventario era de 410,0 MBls, correspondientes a PetroPiar.

  De NAFTA, el inventario era de 773,0 MBls, correspondientes a PetroCedeño (198,0 MBls), PetroMonagas (115,0 MBls), PetroPiar (36,0 MBls), Sinovensa (424,0 MBls).

  De diluente el inventario era de 1.313,0 MBls, correspondientes a PetroCedeño (963,0 MBls), PetroPiar (87,0 MBls), TAEJAA (263,0 MBls).


[1] OpenCorporates. Supraquimic Limited. https://opencorporates.com/companies/ie/621761

[2] East Asia General Trading. https://business.google.com/website/east-asia-general-trading

[3] The Economic Times. Tracor Trading Company. https://economictimes.indiatimes.com/company/tractor-trading-company-private-limited-/U74999DL2000PTC103544

martes, 8 de diciembre de 2020

Corte ordenó mantener en custodia los fondos de José Luis De Jongh-Atencio hasta que se decida si procede el decomiso

  En total, se trata de USD 352.707,51 repartidos en tres cuentas bancarias a nombre de un familiar del ex-funcionario de CITGO.

Por Maibort Petit

  El juez del Tribunal del Distrito Sur de Texas solicitó al juez Gray H. Miller, ordenó mantener en custodia los fondos y propiedades incautadas al exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, entretanto se produzca la resolución del caso en esa instancia judicial.
   La moción del gobierno otorgada por el magistrado responde a una solicitud de la Fiscalía Distrito Sur de Texas dirigida a preservar los activos que el gobierno de los Estados Unidos estima son provenientes del delito por el cual se le procesa.
      El tal sentido, el juez Miller determinó que, efectivamente, tanto los fondos como los bienes, permanecerán en custodia hasta tanto se dicte sentencia.

  La fiscalía consideró la confiscación de los activos que pudieran estar involucrados en el lavado de dinero y, en tal sentido, pidió al juez preservar fondos incautados en tres cuentas bancarias en bancos de los Estados Unidos.

  En específico, el gobierno pidió preservar USD 305.688,39 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 del acusado, en Comerica Bank. La cuenta está identificada termina en el número 6863 (denominada Cuenta de Texas 2).

   Igualmente, USD 3.156,68 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Pariente 1 en Comerica Bank, la cual termina en el número 7226 (denominada Cuenta de Texas 1).

   También USD 43.862,44 incautados de fondos depositados en una cuenta bancaria a nombre del Asociado 2 al Comerica Bank, con un número de cuenta que termina en 6905 (denominada Cuenta de Texas 4).
   La fiscalía optó por un decomiso penal en lugar de un decomiso civil y, en tal sentido, inició el procedimiento correspondiente.

  José Luis De Jongh-Atencio está siendo acusado por el gobierno de los Estados Unidos de supuestamente participar en una trama de lavado de dinero a través de la cual se legitimaron fondos provenientes de sobornos destinado a asegurar contratos de CITGO y PDVSA.

   La acusación fue aprobada por un gran jurado federal el 16 de julio de 2020 y ahora José Luis De Jongh-Atencio deberá enfrentar seis cargos.

   El asunto se dirimirá en enero de 2021, luego de que el magistrado Miller decidiera que el juicio tenga lugar en dicha fecha sin la presencia de jurado, un Bench Trial o "juicio de banco o en el tribunal", proceso en el que el juez toma las mismas decisiones luego de evaluar las pruebas y decide, decidiendo si el acusado es culpable o inocente.

   De Jongh-Atencio se desempeñó en el área de proyecto especiales de CITGO en Houston y en esa posición, presuntamente, entre 2013 y 2019, habría sobornos que superan los USD 2,5 millones de parte de los contratistas, José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez.

  José Luis De Jongh-Atencio habría ordenado que los pagos de los sobornos se hicieran a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas en Panamá y Suiza. Las ganancias habrían sido lavadas en cuentas bancarias de EE. UU. y en bienes raíces en Texas.


 

miércoles, 2 de diciembre de 2020

Natalino D'Amato, imputado por lavado de dinero en EE. UU., asegura que sus millonarios negocios con PDVSA son legítimos

   Sus cuentas en Miami recibieron USD 160 millones que la fiscalía sostiene son el producto de negocios irregulares mantenidos con empresas mixtas de PDVSA.

Por Maibort Petit

   Mientras las autoridades de los Estados Unido dirigen todos sus esfuerzos para confiscar dinero proveniente de negociaciones irregulares depositados en cuentas de Miami, los protagonistas de las tramas de corrupción se defienden y aseguran que sus fondos no son el producto de corrupción que quisieran lavar en el sistema bancario norteamericano, sino de negocios legítimos entablados con Petróleos de Venezuela S.A.

   Es el caso del empresario ítalo-venezolano, Natalino D'Amato — quien se encuentra en Venezuela— y a través de su abogado, David O. Markus, aseguró ser inocente y agregó que luchará ante las autoridades federales de los Estados Unidos para demostrar la legitimidad de sus fondos y sus negociaciones. El representante legal también negó que su cliente se encuentre cooperando con la fiscalía.

“Natalino D’Amato es inocente y no está cooperando con Estados Unidos, en lo único que está interesado es en el dinero que ha ganado con sus negocios legítimos”, aseguró Markus[1].

  D'Amato fue acusado de once cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida a cargo de Ariana Fajardo Orshan, luego de una investigación llevada a cabo por la oficina local de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la oficina local del IRS-CI en Miami; el abogado litigante, Alexander Kramer, de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar, Michael Berger, del Distrito Sur de Florida. Entretanto, la Fiscal Federal Auxiliar, Adrienne E. Rosen, maneja lo concerniente al decomiso de activos.

  La acusación del gobierno refiere que entre 2013 y 2017, D'Amato conspiró con otras personas, entre ellos funcionarios de las empresas mixtas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a saber, Petrocedeño y Petropiar, Petromonagas, Sinovensa y Petromiranda, en la Faja Petrolífera del Orinoco, para lavar el producto de una operación ilegal consistente en el pago de sobornos, hacia y desde cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida.

   El acusado enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cuatro cargos de lavado de dinero internacional, tres cargos de lavado de dinero promocional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada del crimen.

  Las empresas de D’Amato con las cuales entabló negocios para el suministro de bienes y servicios con la petrolera venezolana a través de las referidas empresas mixtas, de acuerdo a lo que señala la acusación, son Venezolana de Mecanizado C.A. (Vemeca); Alpha Energy de Venezuela C.A. (Alfa); Industria Techno Parts C.A. (ITP); e Industria Nacional de Goma C.A. (GNL). Éstas compañía poseían una o más cuentas bancarias en Mercantil Commercebank, en el Distrito Sur de Florida.

  Asimismo, el acusado es propietario de una corporación con sede en Nevis, denominada Kronos Enterprises Corp., la cual mantuvo cuentas en Mercantil y Wells Fargo Bank en el Distrito Sur de Florida.

 La acusación sostiene que Natalino D’Amato habría ofrecido y pagado sobornos a numerosos funcionarios de las referidas empresas mixtas, con el fin de obtener contratos altamente inflados y lucrativos para proporcionar bienes y servicios de estas. En concreto, según la acusación, las empresas controladas del acusado recibieron aproximadamente USD 160 millones en cuentas que él controlaba en el sur de Florida. D’Amato supuestamente destinó una parte de esos fondos para pagar sobornos a los funcionarios venezolanos.

  El proceso iniciado por la fiscalía, igualmente procura la confiscación criminal de cuentas bancarias involucradas en los delitos imputados, con fondos por un total de aproximadamente USD 45 millones.

Las transferencias

  La acusación contra Natalino D'Amato describe una serie de transferencias que tuvieron lugar entre 2013 y 2017 por un total de más de USD 160 millones, desde cuentas bancarias de las Subsidiarias de PDVSA a cuentas de las empresas del demandado en el banco Mercantil.

  En este sentido, se describe una transferencia de USD 99,8 millones de Petrocedeño; una de USD 34,4 millones de Petropiar; una de USD 15,5 millones de Petromonagas; otra de USD 11,3 millones de Sinovensa; y una de USD 1.0 millón de Petromiranda.

  En mayo de 2015, Natalino D'Amato ofreció pagar al Oficial Venezolano 1 USD 1 millón en sobornos a cambio de su asistencia para lograr contratos de Petrocedeño, así como otras ventajas comerciales.

  Entre julio de 2015 y diciembre de 2016, Natalino D'Amato transfirió USD 2 millones de dólares en sobornos al Funcionario venezolano 1, desde las cuentas de sus Empresas D'Amato en Mercantil Bank, a una cuenta corporativa en Panamá a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, D'Amato ordenó una transferencia que constituía un soborno por USD 30.000 a beneficio del Oficial Venezolano 2. Esta operación se hizo desde una cuenta personal del acusado en Mercantil Bank a una cuenta a nombre de un familiar del Oficial Venezolano 2.

  Entre noviembre de 2014 y diciembre de 2017, Natalino D'Amato ordenó transferencias por más de USD 800.000 que constituyen sobornos a beneficio del funcionario venezolano, desde cuentas de las empresas D'Amato en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 3.

  Entre abril de 2015 y diciembre de 2016, D'Amato transfirió más de USD 160.000 en sobornos a beneficio del Funcionario venezolano 4, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a cuentas corporativas controladas por el Funcionario Venezolano 4.

 Entre agosto de 2017 y octubre de 2017, el demandado transfirió sobornos por más de USD 170.000 al Funcionario venezolano 5, desde cuentas de sus empresas en Mercantil Bank a una cuenta corporativa controlada por Funcionario Venezolano 5.

Lavado internacional de instrumentos monetarios

  Para concretar el delito de lavado internacional de instrumentos monetario, el acusado, Natalino D'Amato, llevó a cabo una serie de operaciones.       Así, el 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 1.034.576,70 desde una cuenta de la empresa ITP en el Banco Mercantil en el Distrito Sur de Florida, a una cuenta en el Banco Banesco en Panamá a beneficio del Oficial Venezolano 1.

  El 19 de abril de 2017, transfirió USD 30.000 desde una cuenta del Banco Mercantil a nombre de D'Amato, a una cuenta personal en España a beneficio del Oficial Venezolano 2.

  El 1 de mayo de 2017, transfirió USD 3.434.345,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

  El 15 de junio de 2017, el acusado transfirió USD 2.908.943,49 desde una cuenta de Petrocedeño en Portugal a una cuenta de ITP en el Mercantil Bank en el Distrito Sur de Florida.

Lavado de dinero

  Para materializar el delito de lavado de dinero que se le imputa, Natalino D'Amato, según la acusación, llevó a cabo las siguientes operaciones:

  El 1 de junio de 2016, transfirió USD 151.506,22 desde una cuenta de Vemeca en Mercantil Bank a una cuenta en BB&T Bank a beneficio del Funcionario Venezolano 3.

  El 22 de diciembre de 2016, ordenó transferir USD 105.958,16 desde una cuenta del lTP en el Mercantil Bank a una cuenta en Banesco Bank a beneficio del Oficial Venezolano 4.

  El 24 de octubre de 2017, transfirió USD 130.000 desde una cuenta de Vemeca en el Banco Mercantil a una cuenta en Bank of America a beneficio del Oficial Venezolano 5.

Participar en transacciones con propiedad derivada del delito

  El delito de Participar en transacciones con propiedad derivada del delito del que también se señala a Natalino D'Amato, se habría concretado a través de las siguientes operaciones:

  El 9 de diciembre de 2016, transfirió USD 5.000.000 desde una cuenta de Vemeca en el Mercantil Bank a una cuenta de Kronos en Wells Fargo.

   EL 16 de mayo de 2017, el acusado transfirió fondos relacionados con la compra de bonos del Grupo Goldman Sachs por USD 301.623,61, desde una cuenta de inversión de Kronos en el Distrito Sur de Florida.

  El 17 de julio de 2017, D'Amato transfirió USD 3.000.000 desde una cuenta de ITP en Mercantil Bank a una cuenta de él mismo en Titleist Asset Management.

Los decomisos

   En el proceso judicial que la fiscalía sigue contra Natalino D'Amato, aspira recuperar activos a través de una serie de decomisos.

  La fiscalía contabiliza hasta el momento, USD 14.691.851.79 a nombre de Kronos Enterprises Corp en una cuenta de Wells Fargo Advisors; USD 9.854.646.81 de Kronos Enterprises Corp, en una cuenta de Wells Fargo Advisors identificada con el número 3700-8508; USD 7.791.854,82 de L.J.D. en una cuenta de Wells Fargo Advisors con el número 7103-8027.

  Igualmente, USD 6.968.670,01 de Kronos Enterprises Corp en la cuenta número 8950-0365 en el Wells Fargo Advisors; USD 5.897.975,66 de Natalino D'Amato y L.J.D. la cuenta de Tigress Financial Partners, número P82-004055;  USD 746.950,98 a nombre de L.J.D. en la cuenta número 898095788895 del Bank of America; y USD 34.280,03 a nombre de Natalino D'Amato, en la cuenta número 898071640481 en el Bank of America.

REFERENCIAS

[1] MSN de la original publicada en El Nuevo Herald. “EEUU intensifica esfuerzos contra venezolanos acusados de lavado de dinero en Miami”. 1 de diciembre de 2020. https://www.msn.com/es-us/noticias/miami/eeuu-intensifica-esfuerzos-contra-venezolanos-acusados-de-lavado-de-dinero-en-miami/ar-BB1bwWxg


martes, 22 de septiembre de 2020

Empresa de asfalto de la Florida se declara culpable por haber pagado sobornos a funcionarios de PDVSA, Petrobras y PetroEcuador

Venezuela Política

  La entidad registrada en la Florida, Sargeant Marine Inc. se declaró culpable y aceptó pagar $ 16,6 millones para resolver cargos relacionados con esquemas de sobornos en tres países de América del Sur: Brasil, Venezuela y Ecuador.

 De acuerdo a la información oficial, Sargeant Marine Inc., una compañía de asfalto con sede en Boca Ratón, Florida, se declaró culpable de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y acordó pagar una multa penal de $ 16.6 millones para resolver los cargos derivados de un plan para pagar sobornos a funcionarios extranjeros en tres países de América del Sur.

  Según sus confesiones, entre 2010 y 2018, la empresa pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios extranjeros en Brasil, Venezuela y Ecuador para obtener contratos de compra o venta de asfalto a empresas petroleras estatales y estatales de los países. en violación de la FCPA.

"Con la declaración de culpabilidad, la empresa Sargeant Marine Inc ha admitido haber estado involucrada en un patrón de pago de sobornos a funcionarios corruptos en tres países sudamericanos para obtener negocios lucrativos", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Brian C. Rabbitt de la División Criminal del Departamento de Justicia. 

"La resolución de hoy, junto con los cargos que el departamento ha presentado contra personas involucradas en los esquemas ilegales de Sargeant Marine, demuestra el compromiso continuo del departamento de responsabilizar a las empresas y sus ejecutivos por la corrupción internacional", dijo Rabbitt.

 Por su parte, el fiscal federal interino Seth DuCharme del Distrito Este de Nueva York señaló que "la acusación y la declaración de culpabilidad es el resultado de un esfuerzo de colaboración multinacional de varios años para erradicar la corrupción perpetrada por una empresa estadounidense en tres países".

DuCharme dijo que "Continuaremos investigando y procesando a cualquier empresa que corrompa a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener una ventaja competitiva, así como a cualquiera de sus ejecutivos y empleados que participen en esos esfuerzos".

Asimismo,  el subdirector  de la División de Investigación Criminal del FBI, Calvin Shivers explicó que "El FBI se dedica a erradicar la corrupción de nuestro mercado, manteniendo a los Estados Unidos justos tanto para los proveedores como para los consumidores".

“Sargeant Marine Inc. intentó adelantarse a sus competidores pagando sobornos a funcionarios extranjeros en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Como demuestran las declaraciones de culpabilidad de hoy, el FBI investigará implacablemente a aquellos que intentan engañar al mercado y los llevaremos ante la justicia ".

  Según las admisiones de la empresa, Sargeant Marine Inc. y sus empresas afiliadas (Sargeant Marine) participaron en un plan de ocho años para sobornar a funcionarios extranjeros en Brasil, Venezuela y Ecuador. 

  En Brasil, Sargeant Marine admitió haber sobornado a un ministro del gobierno brasileño, un miembro de alto rango del Congreso brasileño y altos ejecutivos de Petróleo Brasileiro S.A.-Petrobras para obtener valiosos contratos de venta de asfalto. Para ejecutar el plan y ocultar los pagos de sobornos, Sargeant Marine celebró acuerdos de consultoría falsos con intermediarios de sobornos. 

 Después de recibir facturas falsas, envió transferencias internacionales desde cuentas bancarias de Sargeant Marine a cuentas bancarias extraterritoriales a nombre de empresas ficticias controladas por los intermediarios de sobornos. 

Los intermediarios de sobornos utilizaron una parte de las comisiones para pagar sobornos a funcionarios del gobierno brasileño en nombre de Sargeant Marine, ya sea por cable a las empresas fantasma de los funcionarios en el extranjero o en efectivo en Brasil.

En Venezuela

  Sargeant Marine también admitió que entre aproximadamente 2012 y 2018, sobornó a cuatro funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en Venezuela a cambio de información privilegiada y por su asistencia en la gestión de contratos para comprar asfalto de PDVSA a un nominado de Sargeant Marine. 

Los co-conspiradores de Sargeant Marine utilizaron nombres en clave para ocultar las identidades de algunos de los funcionarios de PDVSA que recibieron los sobornos, refiriéndose a ellos simplemente como “Oiltrader”, “Tony” y “Tony 2” en correos electrónicos y mensajes de texto.

 La información privilegiada se llamó "Chocolates". Al igual que en Brasil, Sargeant Marine encubrió los sobornos celebrando acuerdos de consultoría falsos con un intermediario de sobornos y transfiriendo pagos de comisiones a cuentas bancarias estadounidenses y extranjeras que controlaba. 

El intermediario de sobornos luego pagó a los funcionarios de PDVSA en nombre de Sargeant Marine.

En Ecuador 

 Sargeant Marine también admitió que sobornó a un funcionario de la petrolera estatal de Ecuador, EP Petroecuador (Petroecuador), para obtener un contrato de 2014 para el suministro de asfalto. 

La empresa  acusada utilizó las mismas tácticas que en Brasil y Venezuela para ocultar los pagos de sobornos. 

  En particular, contrató a un intermediario de sobornos con estrechos vínculos con un responsable de la toma de decisiones en Petroecuador y luego pagó comisiones al intermediario de sobornos de conformidad con un acuerdo de consultoría falso. 

  El intermediario utilizó los pagos de comisiones para pagar los sobornos al funcionario de Petroecuador en nombre de Sargeant Marine.

  El departamento de Justicia reveló recientemente los cargos y las declaraciones de culpabilidad de cinco de las personas que desempeñaron un papel importante en el plan de sobornos, incluido Daniel Sargeant, un alto ejecutivo de la empresa; José Tomás Meneses, comerciante de Sargeant Marine; Luiz Eduardo Andrade y David Díaz, consultores que actuaron como intermediarios de sobornos en Brasil y Venezuela, respectivamente.

  Héctor Núñez Troyano fue uno de los exfuncionario de PDVSA que recibió sobornos en relación con los contratos de Venezuela. Un sexto individuo, Roberto Finocchi, también comerciante de Sargeant Marine, se declaró culpable en noviembre de 2017 por su papel en el esquema de Brasil.

  El 10 de septiembre de 2020, se abrió una denuncia penal en un tribunal federal de Brooklyn que acusaba a otro exfuncionario de PDVSA de conspiración para cometer lavado de dinero, en parte, por su presunto papel en el plan de Sargeant Marine Venezuela.

 La investigación está a cargo de la Unidad de Corrupción Internacional del FBI. 

  Este caso del gobierno está a cargo de la Sección de Fraudes de la División Criminal y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. 

 El abogado litigante de la Sección de Fraude Derek J. Ettinger y los fiscales federales adjuntos Whitman Knapp, Mark E. Bini y Andrey Spektor están procesando el caso.


lunes, 31 de agosto de 2020

El hipismo: La pasión del dueño de Empresas Norte Sur, la contratista de PDVSA incómoda para el chavismo

 Por Maibort Petit

  Entre las pasiones del propietario de Empresas Norte-Sur C.A. (ENSCA) que ha sido denunciada en razón de las supuestas negociaciones irregulares que estableció con funcionarios de PDVSA Occidente [señalados por corrupción y que por su representación de General Electric en Venezuela se había hecho incómoda para el chavismo], se encuentra el hipismo. Esta afición, incluso, llevó a Lionel Salaverria a constituir un haras de denominación homónima a la de la citada contratista.

  La cuenta de Haras Norte Sur en la red social Twitter, creada en abril de 2011, refiere que era una “empresa dedicada a la cría de caballos purasangre de carreras en Venezuela”. La última actividad de esta cuenta se registró el 21 de noviembre de 2018[1].

 Al revisar las noticias relacionadas con el hipismo en Venezuela es común encontrar el nombre de Haras Norte Sur en las diferentes reseñas que sobre esta actividad se hacen la prensa.



 Lionel Salaverria, además de ENSCA y el Haras Norte Sur, es propietario de Panamericana de Aislamientos Térmicos S.A. (PANTERSA), Venezolana de Ingeniería de Consulta S.A. (VENINCO), Innovatis Technologies de Venezuela C.A., compañías estas que también son contratistas de Petróleos de Venezuela S.A.

 El periodista Javier Ernesto Farache, especialista en hipismo, en el número 326 de su columna “Variedad hípica”, describió en 2007 (Año 8 de la publicación) la inversión de USD 700.000 que el Haras Norte Sur hizo en Keeneland, un negocio equino con sede en Lexington, Kentucky, al adquirir 34 vientres, (20 en 2006 y 14 en 2007). En este último año citado, Lionel Salaverría invirtió USD 310 mil.

 El comunicador destaca entre los ejemplares adquiridos a Grand Gatto, por USD 17.000; Got Soup, por USD 40.000; Huka Falls, por USD 25.000; Queen’s Word, por USD 17.000; Lienholder, por USD 27.000; Vitrina Cat, por USD 23.000; If We Only Knew, por USD 25.000; Longingtobeme, por USD25.000; Tomorrows Destiny, USD17.000; Treasure Coast Gem, USD 22.000; I’m a Majek Girl, USD 12.000; Slawn Cheh, USD 22.000; Wrexham Dream, USD 23.000; Newport Beach, USD 15.000. En agosto de 2010 Farache fue designado como gerente de comercialización del haras Norte Sur, al tiempo que asumía el manejo de las relaciones públicas y representación global de dicha empresa[2].

 El pedigrí de los animales criados en Haras Norte Sur es ampliamente reconocido.

 En mayo de 2011, las tierras de Norte Sur y otros dos haras de fueron ocupadas por 90 familias integrantes del Colectivo de Campesinos Zamora Vive. Se trataba de 198 hectáreas que conforman dichos haras ubicadas en Santa Cruz de Aragua. La acción justificada con el alegato de que estaban subutilizadas en la cría de caballos y de ganado, tenía por objetivo el rescate de estas tierras para dedicarlas a la producción de hortalizas[3].

 La pasión hípica de Lionel Salaverría lo ha llevado a participar en diversas actividades del sector, como la de integrar la Comisión Asesora de la Programación de Carreras designada en 2002 para la celebración del clásico Virgilio Decán (Aly Khan) que se disputó el 16 de octubre de ese año en 1.200 metros. Se trató de homenaje al conocido narrador hípico creado por las autoridades hípicas zulianas.

También las motos

  Conforme su gusto por los equinos se manifestó en la constitución del haras, también las motocicletas parecieron ser de su interés.

 De hecho, es, o era, propietario de una empresa del ramo, a saber, Moto Delicias Maracaibo C.A., RIF J-296191417.

 Esta firma tenía su sede en la Avenida 15 con Calle 66, Centro Comercial Las Garzas Nº 15-66, Sector Juana de Ávila, Maracaibo, estado Zulia.

 Esta compañía contrataba con el estado venezolano, pero fue suspendida del Registro Nacional de Contratistas (RNC).

CITAS

[1] Twitter. Haras Norte Sur. @harasnortesur. https://twitter.com/harasnortesur

[2] Dimensión Hípica. Farache asume nuevo reto”. 25 de agosto de 2010. https://www.dimensionhipica.net/farache-asume-nuevo-reto/

[3] Dimensión hípica. “Toman tierras de tres haras en Aragua”. 15 de marzo de 2011. https://www.dimensionhipica.net/campesinos-toman-tierras-de-tres-haras/

martes, 18 de agosto de 2020

Empresas Norte Sur: Una de las empresas que permitió negociaciones irregulares en PDVSA Occidente

  Esta compañía llegó a hacerse incómoda para el propio oficialismo que la denunció por distintas vías.

Por Maibort Petit


  Un conjunto de denuncias formuladas en los años 2005 y 2006 que hacían referencia José Luis Parada, exgerente de PDVSA Occidente para la fecha, da cuenta de una serie de irregularidades y negociaciones “sospechosas” realizadas por este, los hermanos Guillermo y Marco Romero, la compañera sentimental de este último y también funcionaria de la estatal, Libeth Nieto, que involucraban a Empresas Norte Sur C.A. (ENSCA), propiedad de Lionel Salaverría.

  ENSCA, figura como representante en Venezuela de GEFanunc, Woodward, Bently Nevada y Fix eran pertenecientes a General Electric, marcas que comenzaban a resultar incómodas para el chavismo, por ser estas transnacionales estadounidenses.

  Lionel Salaverria igualmente propietario de panamericana de Ailamientos Térmicos S.A. (PANTERSA), venezolana de Ingeniería de Consulta S.A. (VENINCO), Innovatis Technologies de Venezuela C.A., las cuales, igualmente, mantienen negociaciones con PDVSA y sus filiales. Salaverría es propietario también de la empresa ensambladora de motos marca MD.


  Asimismo, el grupo de Guillermo Enrique Romero Santana, Marco José Romero Santana y Lisbeth Nieto, todos empleados de PDVSA de Plantas de Compresión de Gas para aquel, constituirían, supuestamente, la mancuerna que hacía funcionar la trama de corrupción denunciada desde interior mismo del oficialismo. Los hermanos Romero de empleados pasaron a constituirse en “contratistas petroleros”, mientras Lisbeth Nieto se mantenía como ficha que Parada ubicaba de acuerdo a sus intereses, primero como Gerente de Plantas de Compresión de Gas y luego, cuando fue trasladado a Caracas, asignada a la recién creada PDVSA Industrial. Desde 2014m cuando Parada volvió a PDVSA Occidente, Nieto fue designada en una nueva gerencia desde la cual, manejaría las adjudicaciones directas a GE, Dresser-Rand, Rolls-Royce, SOLAR Turbines, entre otras empresas.

El informe de AIT

  Un informe de AIT de PDVSA Occidente, fechado en junio de 2005, hace referencia a que las empresas GEFanunc, Woodward, Bently Nevada y Fix eran marcas de General Electric y que la Empresa Norte Sur fungía como representante exclusivo de la primera y, al mismo tiempo, enlace entre la segunda y Petróleos de Venezuela S.A. Esto último a pesar de que estaba vetada por la estatal por “haber colaborado en el sabotaje petrolero de 2002-2003”. 

  Resulta que Woodward, según el reporte, "se negó a suministrar información acerca de los sistemas de automatización cuando se le solicitó". No obstante, "en los años 2004 y 2005, a Empresa Norte se le contrató para ejecutar varios proyectos importantes en el área de automatización para las Plantas de Compresión de Gas, especialmente en Tía Juana".

  En las Plantas de Gas de Tía Juana funcionaba, desde 2004, un grupo de ingeniería encargado de aprobar o no los proyectos que allí se desarrollaban y que estaba a cargo de Guillermo Romero. Este, recuerda el informe, cursaba para la fecha del paro petrolero —con financiamiento de PDVSA— un postgrado en Estados Unidos. Su esposa había estado vinculada laboralmente a Empresas Norte Sur, mientras su hermano, Marco Romero, se desempeñaba —para le fecha del informe— como supervisor en la Gerencia de Proyectos del Distrito Tía Juana del Departamento de Soporte Técnico e Instalaciones de PDVSA Occidente. Agrega, que Guillermo Romero viajó en varias oportunidades a EE. UU. en 2004 a las instalaciones de General Electric, para atender asuntos relativos a proyectos de las Plantas de Gas Distrito Tía Juana.

  El informe también acusa que también, "Aida Naim, perteneciente al citado Departamento de Soporte Técnico participó en actividades de Gente de Petróleo, aunque no fue despedida por estar de permiso médico por embarazo durante el paro petrolero". Para la fecha del reporte seguía laborado en PDVSA, pero en otro departamento.

  El informe justifica de alguna manera que "Empresas Norte Sur haya obtenido las licitaciones de varios proyectos, dado que su condición de representante de General Electric" le otorga ciertas ventajas por encima de otros participantes en los proyectos.

  El informe también refiere que "la empresa MGM fue beneficiada de varios contratos, a pesar de estar vetada por su participación en el sabotaje petrolero de 2002-2003".

  El reporte denuncia "la tendencia a beneficiar a la empresa Rotork, la cual estaba dirigida por la exgerente de Cibernética de PDVSA Occidente, Dilia Rosa Guerra, despedida durante el paro petrolero por pertenecer a Gente de Petróleo".

  Otro hecho irregular dado a conocer en el informe, tenía que ver con las empresas Moalca y Conscarvi, las cuales contarían con los mismos directivos, “es decir, son dos partes de una misma compañía”. Puntualiza que estas empresas se dedican al “negocio de contratar”, o sea, "PDVSA paga a estas compañías que contratan personal por el que la petrolera asigna una cantidad de la cual se dedica en realidad una tercera parte aproximadamente al pago del profesional y su posterior liquidación, obteniendo una ganancia de las dos terceras partes restantes". El informe concluye que “lo más caro de contratar a alguien de esta manera es la contratación misma”.

  El informe hace mención a otros asuntos, como el retraso de PDVSA en el cumplimiento del Decreto Presidencial Nº 3390 de diciembre de 2004 de implementar el software libre o de código abierto en la estatal. También acusaba que Petróleos de Venezuela seguía comprando instrumentos de control “casi en su totalidad a monopolios fabricantes (marcas) de EE. UU., entre las que resaltan General Electric (GEFanuc, Fix, Woodward), Allen-Bradley, Microsoft, IBM, Sun”.

  Igualmente se reportaba como hecho negativo el que el personal de AIT se involucrara en los proyectos contratados con empresas extranjeras, sólo en la etapa final de los mismos, lo que significaba que se encontraran “con una serie de irregularidades técnicas y comerciales”, como mala especificación de equipos, incumplimientos de las normas PDVSA, desconocimiento de los procesos, entre otras.

Denuncia sobre irregularidades en las Plantas de Compresión de Gas

  El 12 de abril de 2006, un informe reiteraba parte de los anteriormente planteado acerca de la contratación, en el año 2003, por parte de PDVSA en las plantas de gas, de empresas que “de manera abierta o solapada, activa o pasivamente” participaron en el paro petrolero, calificado por el oficialismo, como “sabotaje petrolero”.

  Para la fecha de la “denuncia” (2006), se refería que la mayoría de los proyectos de automatización  se seguía utilizando exclusivamente los servicios de PLC`s GEFanuc (General Electric) o Allen Bradley (RockwellAutomation) “bajo la tesis del Upgrade (actualización), por lo que, a su modo de ver PDVSA se “entubaba” con las mismas marcas estadounidenses del “pasado” y negando la posibilidad de usar tecnologías alternativas.

  Se veía con preocupación, la utilización casi exclusiva,  de la Empresa Norte Sur (ENSCA), ganadora de licitaciones  o adjudicaciones directas  bajo la premisa de “declaración de emergencia” en proyectos de gran envergadura y multimillonarios en el área de automatización en los que ENSCA es representante de la marca GEFanuc de PLCs de General Electric.

 “En este sentido,es que la interesada, insistente y evidente promoción para el uso de tecnologías de la marca GEFanuc en beneficio de la Empresa Norte Sur C.A. (ENSCA), por parte trabajadores de PDVSA tales como  Marco Romero (Líder de Infraestructura Gerencia de Gas  Asociado GGA, indicador ROMEROMEQ); Lisbeth Nieto (Líder de Planta Gas GGA, indicador NIETOL) y Guillermo Romero (Líder del Grupo de Ingeniería de Planta Dtto TJ, indicador: ROMEROGE), quienes de una u otra manera tienen el poder de decidir ‘qué es mejor para la empresa’, los hace sospechosos de conspiración en contra de los reales beneficios para la industria petrolera venezolana y por ende para el país, y de ser beneficiarios económicos de Norte Sur”, sentencia el informe-denuncia.

  Se hace mención de que, como lo señalan otras denuncias aquí dadas a conocer, Marco Romero, hermano de Guillermo Romero, “mantiene una relación y de dominio público con Lisbeth Nieto”.

  La denuncia se extiende a José Luis Parada y "los supuestos vínculos con el presidente de Empresas Norte Sur, Lionel Salaverría y con los hermanos Romero", sus encuentros en lujosos hoteles de Maracaibo y Caracas, que llevaban a sospechar de que “los negocios y contratos que se han otorgado a la empresa Norte Sur tengan alguna vinculación con estos supuestos vínculos (sic) de amistad”.

  La denuncia exhortaba a investigar los bienes adquiridos por los hermanos Romero y la relación de los “proyectos ENSCA-PDVSA-Romero-Parada”.

Denuncia en el programa de Mario Silva

  El 5 de diciembre de 2007, se formuló una denuncia anónima en los comentarios de un video del programa “La Hojilla” conducido por Mario Silva en Venezolana de Televisión (VTV) del 4 de julio del citado año 2007. Esta denuncia también fue publicada en el portal Noticias Candela el 21 de septiembre de 2008. Igualmente la publicó el portal Informe en la misma fecha.

  Según expresa el denunciante, Lisbeth Nieto, a quien apoda como Lisbeth “Carmona Matraca” Nieto, gerente de Plantas de Gas y de Gas Asociado, con sede en el edificio principal de PDVSA en Tía Juana, maltrata a los trabajadores a su cargo.

  La califica de “escuálida” —denominación que el difunto presidente, Hugo Chávez, le daba a sus adversarios políticos—  y refiere, en primer término, que reemplazó todos gerentes de segunda línea, militantes del oficialismo, “que afrontaron el paro petrolero en el año 2002” y los sustituyó con personas de oposición.

  Asimismo, el denunciante sostiene que "Nieto despide al personal que no está de acuerdo con la contratación de empresas que no cumplen con el perfil requerido"; despido de trabajadores afectos al “proceso revolucionario” y con experiencia en Plantas de Gas, a quienes sustituyó por personal con menos de 5 años de experiencia pero que están alineados con ella; hacer “matraca con la empresa Norte Sur y Pantersa” presididas por su cuñado, "Guillermo Romero, quien fue gerente de Plantas de Gas Tomoporo y cuñadito de ella. Insta a revisar el proceso de compra de las válvulas de control de gas combustible de las turbinas de Planta TJ-3".

  La denuncia también acusa Lisbeth Nieto de cometer irregularidades en la compra de las consolas de aceite hidráulico del módulo C de PC LL-1 por una cifra millonaria que no precisa y no funcionan al cien por ciento. Advierte que los G/GAS Rolls Royce de dicho módulo carecían de garantía por parte de la empresa Rolls Royce, debido a que las consolas instaladas no son compatibles con el equipo.

   Llama a hacer una investigación sobre un viaje de un mes que Nieto realizara a Italia, así como también sus relaciones con un consorcio Italiano que, supuestamente, la habría regalado un apartamento en la avenida Delicias de Maracaibo, valorado en más de un millardo de bolívares.

  Por otra parte, se señala a Lisbeth Nieto de cobros indebidos, “matraca”, en la compra del Panel de Control de la Planta LL.1, el cual había sido cotizado inicialmente en 800 millones de bolívares, pero que ella terminaría comprando por casi 2.000 millones de bolívares.

 También se la acusa de negociaciones irregulares con el Instituto PMM Learning, el cual presta servicios con el dictado clases que son calificados como asistencia técnica a PDVSA y los por los cuales ella autorizó pagos por 44 mil euros semanales.

Sobre los protagonistas de la trama

  José Luis Parada Sánchez, cuyo código único en PDVSA era PARADAJL, ocupaba la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente adscrita a Exploración y Producción, ubicada en la oficina 12-10 del piso 12 de la Torres Este, La Campiña, Caracas.

  Marco Romero, código único ROMEROMEQ, empleado externo del área de Exploración y Producción, cuyo supervisor era Jinmy J. Bohorquez Villalobos. Sus labores las desempeñaba en la oficina 1-13, piso 1 del Edificio Miranda, Maracaibo. 

  Marco Romero fue secuestrado junto a su mujer, Nina Romero, en agosto de 2009, en su residencia ubicada en la zona norte de Maracaibo.

  Guillermo Romero, código único ROMEROGE, cumplía funciones en la Planta de Compresión TJ Dtto. Tía Juana, bajo la supervisión de Jaime Urdaneta, en la oficina 426, piso 1 de la Torre Única del Edificio Principal Tía Juana, en Tía Juana, estado Zulia. 

 Lisbeth Nieto, Código único: NIETOL. Ocupa la Gerencia de Gas Asociado adscrita a Exploración y Producción, bajo la supervisión de José Luis Parada Sánchez. Lugar de desempeño: Centro petrolero, Torre Lama, oficina 5, Pent House. 

 Una Nota de Interés de PDVSA Occidente, fechada el 16 de mayo de 2014, da cuenta de las designaciones instrumentadas en la Dirección Ejecutiva Occidente, entre las cuales se encontraba Lisbeth Nieto (NIETOL), como gerente encargada de Planificación, Presupuesto y Gestión.

  Otra Nota de Interés de PDVSA Occidente, fechada el 29 de septiembre de 2014, da cuenta de una nueva designación de Lisbeth Nieto (NIETOL), como directora adjunta encargada de Nuevos Desarrollos y Proyecto de Ingeniería.

Para 2015, Lisbeth Nieto continuaba en este último cargo: