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viernes, 15 de febrero de 2019

Entérese cómo operan las mafias que desangran a Petrocedeño (Parte II)

Una serie de documentos revelan cómo está constituida la red a través de la cual el grupo comandado por Gustavo Hernández, un funcionario medio de Petrocedeño, supuestamente ha esquilmado a la empresa mixta en varios cientos de millones de dólares.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la primera entrega se dió a conocer la trama de corrupción que supuestamente se estaría llevando a cabo en el seno de la empresa mixta Petrocedeño por parte de un grupo de personas encabezado por un empleado de la misma, a saber, Gustavo Hernández, quien a través de su presunto testaferro, Federico Martucci, compañías y otros trabajadores a su servicio, esquilmarían el patrimonio de la petrolera en cientos de millones de dólares con contrataciones irregulares obtenidas mediante el pago de comisiones. En esta oportunidad, presentamos detalles de los métodos empleados, la constitución de la que ya se habla como “La Banda de los Hernández” y otros datos que esperamos sirvan para que las autoridades se aboquen a investigar lo aquí expuesto.
En esta trama, como apuntamos anteriormente, la Gerencia de VCD (Visualización, Conceptualización y Definición) de Petrocedeño sería el escenario donde se desarrolla la trama de corrupción denunciada, por lo que, en primer lugar, pasaremos a explicar cómo está constituida dicha dependencia.

A la cabeza de esta oficina se encuentra Alejandro Bello, que ostenta el cargo de gerente VCD de Servicios a Pozos y Perforación. Lo acompañan Yajaira Guzmán en la secretaría y Rodolfo Rodríguez, como superintendente de operaciones de perforación y servicios a pozos.

Cinco áreas conforman esta gerencia, a saber, la Superintendencia de Ingeniería de Perforación y VCD, a cuyo frente está Ramón Cornieles; la Superintendencia de Ingeniería de Completación y Servicio de Pozos, ocupada por Paolo Robayo; Control y Gestión, en manos de Auridelis Patiño; y la Superintendencia de Logística y Perforación, en donde se desempeña Gustavo Hernández.

Sobre Gustavo Hernández

Ahora detengámonos en identificar a quienes son señalados por nuestras fuentes como los protagonistas del grupo de Hernández, siendo este el primero al que haremos referencia indicando que su nombre completo es Gustavo Daniel Hernández Cedeño y es titular de la cédula de identidad número V-14.858.266.

Se encuentra domiciliado en la avenida Boulevard Lido, Edificio Lido Suites, frente a la playa Lido, en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui. Sus teléfonos son 0281-2629090 y 0424-3454291. Su correo electrónico es hernandezgdx@pdvsa.com.

El Superintendente de Logística y Perforación ejerce sus funciones en la ciudad de Puerto La Cruz y pertenece a la nómina no contractual

El grupo de Hernández

Tres familiares lo acompañan en sus actividades, Marianella Silva Romero, su esposa, quien posee el número de cédula de identidad V-15.864.118, se le ubica en la parroquia José Casanova Godoy, municipio Girardot, estado Aragua[1]. Sufraga en la Unidad Educativa “Tomás Alfaro Calatrava” en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.





Fuentes internas consultadas para esta nota sostienen que Marianella Silva Romero presuntamente acompaña a Gustavo Hernández en todas sus negociaciones irregulares.

Luego es nombra Yudith Cedeño Camacho, nacida el 2 de febrero de 1954, titular de la cédula de identidad número V-4.714.393, con ubicación en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas[2].  Ejerce su derecho al voto en la Escuela Inicial Nacional Año Internacional del Niño, en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas. Y la tercera de estos familiares es Giuliana Carolina Hernández Cedeño, con fecha de nacimiento 30 de abril de 1985 y portadora de la cédula de identidad número V-16.809.952, con ubicación en la parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas[3]. Ejerce el sufragio en la Escuela Primaria Nacional “Félix Antonio Calderón”, parroquia San Simón, municipio Maturín, estado Monagas.

Después encontramos al supuesto testaferro de Gustavo Hernández, quien como referimos en la pasada entrega, sería Federico Martucci, titular de la cédula de identidad número V- 5.072.824 de quien ya dimos información en la primera de estas entregas.

La relación de Gustavo Hernández y Federico Martucci al parecer se extiende a otros miembros de la familia del funcionario de Petrocedeño. Un ejemplo de ello es que Gustavo Hernández Barrio, abogado de profesión y padre de Gustavo Hernández, ha representado legalmente los Martucci.


Hernández cuenta también con el analista de compras, Liocmer Alayn Merchán Constati, con cédula de identidad número V-18.476.244, ubicado en la parroquia Catedral, municipio Heres, estado Bolívar[4]. Ejerce su derecho al sufragio en la Escuela Estatal “Simón Bolívar”, parroquia Catedral, municipio Heres, estado Bolívar. Su correo electrónico es merchanla@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) refiere que ingresó al sistema el 1° de marzo de 2012, su fecha de contingencia es el 28 de enero de 2047, su estatus actual es cesante, al haber egresado el 26 de junio de 2017 de la empresa Consultores Especialistas Proyectos Industriales, con el número patronal Ñ18304253. Acumula 270 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados de Bs. 8,74.

Bajo el mando de Gustavo Hernández se encuentran Greydenir del Carmen Moreno Russián, es titular de la cédula de identidad número V-13.316.097, se le ubica en la parroquia Lecherías, municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui[5]. Ejerce su derecho al voto en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su cuenta de correo electrónico es morenogq@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 6 de febrero de 2004, su fecha de contingencia es el 2 de julio de 2032, su estatus actual es activo, al estar registrada por PDVSA Petróleo y Gas S.A., número patronal D11300247. Acumula 657 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 21.699,02.

Glenzo Eduardo Lárez Angulo,  porta la cédula de identidad número V-17.730.450 y se ubica en la parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[6]. Sufraga en la Unidad Educativa Río Neverí, parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su correo electrónico es larezgn@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS informa que ingresó al sistema el 11 de junio de 2010, su fecha de contingencia es el 21 de junio de 2045, su estatus actual es activo al haber ingreso a PDVSA Petróleo y Gas S.A. el 11 de junio de 2010. Acumula 447 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 10.717,43.

Jaquelín Carolina López González, es titular de la cédula de identidad número V-13.565.477, se ubica en la parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[7]. Vota en la Escuela Doctor José Tadeo Arreaza Calatrava, parroquia San Cristóbal, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su correo electrónico es lopezjcr@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS refiere que ingresó al sistema el 19 de septiembre de 2007, su fecha de contingencia es el 12 de mayo de 2032, su estatus actual es activo al estar registrada por PDVSA Petróleo y Gas S.A. donde ingresó el 21 de febrero de 2011. Acumula 589 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 10.717,85.

José Rogelio Murzi Hernández, posee la cédula de identidad número V-16.926.864, ubicado en la parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui[8]. Sufraga en el Instituto de Educación Especial Barcelona, parroquia El Carmen, municipio Bolívar, estado Anzoátegui. Su correo electrónico es murzijr@pdvsa.com.

Su cuenta individual en el IVSS indica que ingresó al sistema el 31 de marzo de 2008, su fecha de contingencia es el 4 de diciembre de 2045, su estatus actual es activo al estar registrado por realizada el 1° PDVSA Petróleo y GAS S.A. donde ingresó el 20 de octubre de 2011. Acumula 445 semanas cotizadas y un total de salarios cotizados por Bs. 10.717,72.


El perjuicio a PDVSA

Como lo informamos en la primera entrega, la empresa Venezuelan Drilling Procurement C.A. representada por Federico José Martucci es uno de los vehículos presuntamente utilizados por Gustavo Hernández para hacerse de fondos irregulares.

Ahora bien, en esta nota presentamos una relación de pagos obtenidos por la citada compañía de parte de Petrocedeño tanto en moneda nacional como extranjera.

Los datos aquí referidos indican Venezuelan Drilling Procurement C.A. obtuvo de Petrocedeño USD 2.130.654,70 y Bs. 98.532.831,82.

Asimismo presentamos aquí uno de los contratos entre Petrocedeño y Venezuelan Drilling Procurement C.A., en esta ocasión suscrito entre el expresidente de la empresa mixta Jesús Ramón Figueroa y Federico Martucci el 27 de junio de 2017.

Se trató del contrato identificado con el número 3N-069-005-D-17-S-0013 para el servicio llave hidráulica computarizada para roscado de tubería preaislada.

El precio del contrato fue de un componente nacional de Bs. 4.395.211,92 más impuesto municipal de Bs. 307.664,84 y un componente en moneda extranjera de USD 289.888 más IVA de Bs 527.425,43 para un total  de Bs. 5.230.302,19 y los referidos USD 289.888.


Del mismo modo, esta factura por cobrar, identificada con el número 0000000034, del 22 de mayo de 2018 de Venezuelan Drilling Procurement C.A. a Petrocedeño por Bs. 217.746,11, correspondiente al contrato N° 3N-069-005-D-17-S-0013 por concepto de servicio general de los Moto-Generadores Caterpilar instalados en los taladros PDV asignados a Petrocedeño, ilustra también los constantes negociaciones.

Los movimientos bancarios de Hernández

Presentamos a continuación una serie de operaciones bancarias que el tren de vida de Gustavo Hernández, transacciones que serían imposibles de realizar para cualquier otro profesional medio de la administración pública venezolana.

Así tenemos en primer lugar esta transferencia realizada el 1° de diciembre de 2016 por USD 4.505 a favor de Nancy Tour C.A. desde una cuenta en el CitiBank.
De esa cuenta de Hernández en la referida institución bancaria estadounidense, un estado de cuenta correspondiente a los movimiento efectuados del 1° al 29 de febrero de 2016, refiere que al principio del periodo tenía un saldo de USD 89.208,52, tuvo cargos por USD 1.217 y un pago de intereses de USD 15.512,14 que llevaron a cerrar el mes con USD 103.505,66.

Otro estado de cuenta de Hernández en el Bank of America también de febrero de 2016, indica que Gustavo Hernández tenía un saldo en su cuenta de USD 339,40, su tarjeta American Express reflejaba  una deuda de USD 686,08, mientras su tarjeta Visa Platinum Plus la tenía de USD 626,23.


Aquí es su esposa, Marianella Silva, quien le transfiere a Gustavo Hernández desde el CitiBank, la cantidad de USD 10.198,80 el día 27 de junio de 2018.


Otras operaciones, negocios y movimientos bancarios del Clan Hernández

Igualmente damos a conocer otras transacciones bancarias en la que los protagonistas son quienes son señalados como integrantes del grupo Hernández.

Así, en primer término tenemos que Yudi Cedeño Camacho tiene entre los beneficiarios de sus operaciones desde su cuenta en Banesco Panamá a Federico Martucci, el supuesto testaferro de Gustavo Hernández, según ya hemos referido con anterioridad.


Pero Martucci no es el único beneficiario como puede verse a continuación, en la relación donde figuran otros de los señalados como integrantes del clan Hernández.

He aquí más operaciones y beneficiarios en operaciones bancarias de Yudi Cedeño Camacho:

Cedeño Camacho, como puede verse a continuación mantiene una sociedad con Martucci en el Grupo Médico Prosalud C.A., donde ambos son accionistas


La hermana de Gustavo Hernández, Giuliana Hernández, trabaja en la empresa Drilling Surface and Refinery, señalada como medio utilizado por el clan para la obtención de contratos irregulares en Petrocedeño. Así lo comprueba esta comunicación de la empresa Connectx dirigida a ella.



NOTAS


[1] Dateas. Silva Romero, Marianella. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/silva-romero-marianella-2716833

[2] Dateas. Cedeño Camacho, Yudith. https://www.dateacom/es/persona_venezuela/cedeno-camacho-yudith-11145449

[3] Dateas, Hernández Cedeño, Giuliana Carolina. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/hernandez-cedeno-giuliana-carolina-11144441

[4] Dateas. Merchán Contasti, Liocmer Alayn. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/merchan-contasti-liocmer-alayn-4675141

[5] Dateas. Moreno Russian, Greydenir Del Carmen. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/moreno-russian-greydenir-del-carmen-1818583

[6] Dateas. Lares Angulo Glenzo Eduardo, https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/lares-angulo-glenzo-eduardo-1677556

[7] Dateas. López González, Jaquelin Carolina. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/lopez-gonzalez-jaquelin-carolina-1739010

[8] Dateas. Murzi Hernández, José Rogelio. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/murzi-hernandez-jose-rogelio-2388318

miércoles, 15 de agosto de 2018

En 2015 se “perdieron” 400 máquinas de construcción en La Faja Petrolífera del Orinoco

A más de tres años de los acontecimientos, no hay nadie que dé cuenta de lo sucedido y mucho menos de los responsables, por lo que a la fecha se desconoce dónde están las cuatrocientas máquinas de construcción pertenecientes a la Misión Vivienda que se extraviaron de la División Junín-PDVSA de la FPO.

Por Maibort Petit
@maibortpetit 

Cuatrocientas máquinas de construcción pertenecientes a la Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín que estaban signadas a la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, FPO, se “perdieron” en 2015 sin que a la fecha se tengan noticias acerca del paradero de las mismas, del resultado de las investigaciones que distintas instancias abrieron en torno al hecho y, menos aún, de la identidad de los responsables de tan insólito extravío.
El hecho fue denunciado por el Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República, instancia que llevó a cabo una investigación en el lugar de los acontecimientos y así lo hizo saber a al despacho presidencial de donde emanaron órdenes a la Vicepresidencia, para el momento a cargo de Jorge Arreaza, para que diligenciara todas las acciones objeto de dar con los responsables y se aplicaran los correctivos y sanciones pertinentes.

Sin embargo, el descubrimiento de los hechos se dio a partir de un hecho fortuito, la captura de tres ciudadanos en posesión de una de estas máquinas ya en proceso de desmantelamiento. Hasta el momento, sólo esas tres personas figuran como los protagonistas del hecho irregular y solamente ellos, que se conozca, han afrontado las consecuencias de lo sucedido.

Pese a que los hechos generaron en distintos organismos un conjunto de acciones y averiguaciones —como veremos más adelante— al parecer todo no pasó del rebullicio de los primeros momentos, puesto que se desconoce —por lo menos públicamente— qué sucedió con la 400 máquinas de construcción.

Una falta de respuesta que tampoco despierta el más mínimo apremio en las autoridades por descubrir qué sucedió y que se justifica en argumentos como el esgrimido por Rafael Ramírez expresidente de PDVSA por diez años (2004-2014) y ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería por doce (2002-2014), en una entrevista concedida a el portal El Pitazo en la que se sacude toda responsabilidad de hechos de corrupción como el descrito bajo el argumento de que desde esas altas posiciones es imposible estar al tanto de todo cuanto hagan las diferentes gerencias y funcionarios dentro de una estructura organizativa tan compleja como la de la estatal petrolera[1].

La División Junín de la FPO, escenario de los acontecimientos, está ubicada entre los estados Anzoátegui y Guárico, abarcando un área de 15.136,22 km2 que contiene una reserva de 98 mil millones de barriles de petróleo. Operan allí un conjunto de empresas mixtas n concreto fueron fiscalizadas seis empresas mixtas: Petrocedeño, Petrojunín, Petrourica, Petromiranda, Indovenezolana, Petroanzoátegui y Distrito Junín Sur.

A continuación presentaremos a los lectores una cronología de los hechos acaecidos al momento de descubrirse la pérdida de la maquinaria, sustentada en documentos que están en nuestro poder y que revelan cómo se descubrió la pérdida, los entes que intervinieron y las acciones iniciales tomadas al respecto.

Los hechos

El 23 de enero de 2015, la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público de la circunscripción judicial del estado Anzoátegui comisionada de acuerdo a todos los preceptos legales, inició la averiguación penal signada con el N° MP-33715-2015, en virtud de las actuaciones practicadas por el Comando de Zona N° 52, Destacamento N° 524, Primera Compañía de la Guardia Nacional Bolivariana-San Diego de Cabrutica, estado Anzoátegui, relacionadas con la comisión de un presunto ilícito, a saber Tráfico ilícito de recursos o materiales estratégicos, hecho ocurrido con ocasión a la aprehensión de Luis Argenis García, Apolimar Rito Ochoa Moy y Pedro Vicente Martínez Damas a quienes se les retuvo una máquina pesada tipo Payloder, modelo LW300K, año 2012, Serial 1300K0110826, color amarillo que se encontraba sin partes del motor y que pertenecía a la Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín, la cual no contaba con la documentación correspondiente. Un hecho que la fiscalía señalaba afectaba directamente al estado venezolano al que colocaba en carácter de víctima.

El Ministerio Público instó a los órganos auxiliares de los diferentes cuerpos de investigación a practicar todas las diligencias pertinentes, urgentes y necesarias para esclarecer los hechos.

En la misma fecha, 23 de enero de 2015, el Comando de Zona N° 52, Destacamento N° 524 de la Guardia Nacional Bolivariana a cargo de Augusto Leal Quintero, dirigió el oficio N° CZGNB-52-D-524-SIP-0012 al general de brigada viceministro de seguimiento e inspección de gestión de gobierno del despacho de la presidencia para solicitar la designación de una Comisión Representada por el Cuerpo de Inspectores Socialista de la Presidencia de la República para hacer “un Abordaje Integral en la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, en relación a la perdida y extravió de Cuatrocientas (400) Maquinas de Construcción, pertenecientes e la Gran Misión Vivienda Venezuela”.

El 5 de febrero de 2015, Julio Guevara, gerente general de la División Junín remitió una comunicación al viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, G/B Larrín José Rivero García, para advertir que “sin menoscabo de las atribuciones y funciones que tienen los camaradas Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República, permítome, respetuosamente, hacer la salvedad, que Petróleos de Venezuela, S.A (PDVSA) empresa socialista del estado venezolano, se ciñe a estatutos y normativas internas que definen su funcionamiento administrativo, amén de las demás leyes de la República que la rigen. En tal sentido y sin que ello se entienda como una posición contumaz en aportar la información que como Gerente General de la División Junín, me ha sido requerida el día 04 de febrero de 2015 a las 4 pm, le manifiesto, que ya informé a los niveles superiores respectivos, Director Ejecutivo de Producción Ingeniero Pedro León, sobre el caso que nos ocupa, a los fines de recibir los lineamientos e instrucciones que permitan dar curso al abordaje integral ordenado a dicha división”.

Igualmente alertó que en la División Junín laboraban empresas mixtas con personalidad jurídica distinta a PDVSA y con niveles administrativos y financieros que escapaban de la esfera de su competencia.

Un informe emitido el 9 de febrero de 2015, por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República (CISPR) da cuenta de que conoció la denuncia de que 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín y que estaban signadas a la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco, se encontraban extraviadas.

Refiere que por este hecho, cursaba una averiguación penal por parte del Comando Zona N° 52 de Guardia Nacional Bolivariana, GNB, según consta en el expediente N° CZGNB-52D524-1-027.15.

Reza el citado informe que el 23 de enero de 2015, un fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui inició la averiguación penal por el “presunto ilícito de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos según oficio N° MP-33715-2015, cuando tres hombres fueron aprehendidos, entre quienes figuraba un trabajador de PDVSA Junín, por mantener retenida una máquina pesada a la cual le faltaban algunos de sus componentes del motor y carecía de documentos.

Estos acontecimientos llevaron a que se ordenara una inspección integral a la División Junín PDVSA ubicada en la ciudad de Pariaguán, municipio Francisco de Miranda del estado Anzoátegui, el día 4 de febrero de 2015.

Se indicaba en el informe que la citada comisión estuvo acompañada por el comandante de la zona N° 52 y fue recibida por el gerente general de la División Junín, Julio Guevara, a quien se le entregó la credencial para iniciar formalmente las inspecciones de siete empresas, a saber, Petroanzoátegui, Petromiranda, Petrojunín, Petrocedeño, Petrourica, Petrolera Indovenezolana y el Distrito Junín Sur, las cuales conforman la División Junín. Le correspondía a Guevara informar a los distintos gerentes generales de estas compañías, el objetivo de la inspección y la información requerida por el Cuerpo de Inspectores.

Larry Osto y Rafael Maduro fueron los gerentes que representaron a Petroanzoátegui y a Petrocedeño, quienes trasladaron a los inspectores a San Diego de Cabrutica, para reunirse con el cuerpo gerencial y explicar el alcance de la inspección y solicitar la información requerida para desarrollar sus averiguaciones.

Dan a conocer los inspectores que Rafael Maduro dijo que los investigadores no podrían iniciar las inspecciones debido a que Julio Guevara no lo autorizaba, bajo el argumento en un oficio remitido al  Viceministro de Seguimiento de la Gestión de Gobierno, que decía que PDVSA se ceñía a los estatutos y normativas internas que definen su funcionamiento administrativo e informó al director ejecutivo de producción, Pedro León, sobre el caso a fines de recibir lineamientos e instrucciones que permitieran dar curso al abordaje integral ordenado a dicha división, las cuales no fueron impartidas y no se pudo efectuar la inspección.

A pesar de no poder haber hecho la inspección que planeaban, el cuerpo de inspectores si recibió por parte de los trabajadores de Petrocedeño un conjunto de denuncias: 1) Falta de procura de repuestos, insumos y equipos, requeridos para el reemplazo de las monoboyas; 2) No contar con un control de inventario para los vehículos y equipos de la División de Junín; 3) Compras de materiales y equipos eléctricos para la planta Petroanzoátegui que se perdieron del almacén a las dos semanas; 4) El no haber construido ni siquiera una vivienda del Complejo Habitacional San Diego-Cabrutica, ni tampoco la termoeléctrica ordenada por el finado expresidente Hugo Chávez; 5) Incumplimiento de los compromisos adquiridos en los municipios Francisco Miranda y Monagas relacionados a la construcción de sistemas de acueductos y mejoras del sistema eléctrico; 6) Incumplimiento internacional del Convenio Indovenezolano en razón de que la única inversión realizada correspondía a PDVSA sin que la contraparte india hubiera hecho lo propio.

Precisaba el informe que desde el inicio de las investigaciones hasta el 10 de febrero de 2015, aparecieron en las orillas de las carreteras de los municipios Miranda, Monagas cuatro máquinas pesadas pertenecientes a PDVSA convenio China Venezuela y no se descartaba que situaciones similares se presentaran en las otras divisiones de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El 19 de febrero de 2015, desde la Vicepresidencia de la República a cargo de Jorge Arreaza se envió una comunicación al ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez Jiménez, para remitirle un informe de inspección realizada por el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República en la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

Arreaza le solicitó a Chávez Jiménez remitirle “las acciones a ejecutar desde su Despacho para atender las problemáticas expuestas en el citado informe [pérdida de 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín], en un plazo no mayor de 15 días continuos a partir de la recepción de la comunicación con copia a Larrín José Rivero García, viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno. Igualmente le pidió que exhortara al personal del ministerio a todos los niveles, a facilitar toda información solicitada por los inspectores y a garantizar su acceso a los espacios objeto de verificación, pues de no hacerlo estarían contraviniendo órdenes expresas de Nicolás Maduro.

Arreaza también se dirigió ese mismo día 19 de febrero de 2015, a Carlos Alberto Osorio Zambrano, ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, mediante oficio con copia al ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez y a Larrín José Rivero García, viceministro de Seguimiento e inspección de la Gestión de Gobierno del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, para solicitar llevar a cabo una inspección integral y exhaustiva de la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías".

El 23 de febrero de 2015, el entonces ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, remitió el oficio N° VP-2015-000178 del 19/02/2015 del vicepresidente de la República, Jorge Alberto Arreaza Montserrat, junto a un Informe de inspección a la División Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco "Hugo Chávez Frías" que había realizado el Cuerpo de Inspectores Socialistas de la Presidencia de la República a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA para la fecha. La comunicación solicitaba remitir al vicepresidente las acciones a ejecutar por parte de la estatal petrolera con miras a solventar la situación planteada por los inspectores respecto a la pérdida de 400 máquinas de construcción pertenecientes a la Gran Misión Vivienda Venezuela PDVSA Petrocedeño, División Junín. La respuesta debía producirse en un plazo no mayor de 15 días continuos a partir de la recepción de la comunicación.

No obstante las diligencias e investigaciones aquí descritas, al momento en que se escriben estas líneas, continúa la interrogante acerca de cuál fue el destino de las cuatrocientas máquinas de construcción que se “extraviaron” en la División Junín-PDVSA de la Faja Petrolífera del Orinoco.