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jueves, 7 de abril de 2022

Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC

Por Maibort Petit

   PDV USA, Inc. acusó a la empresa Interamerican Consulting Inc, propiedad de David Rivera de retener "indebidamente" las comunicaciones entre el excongresista y el prófugo de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín y con la consultora política, Esther Nufher "a quien Interamerican pagó millones de dólares de los fondos pagados por CITGO, por supuestos servicios que fueron amparados por acuerdos de subcontratación ficticios.

En los exhibits presentados por PDV USA aparece en un mensaje de texto  sin fecha enviado por Raúl Gorrín a David Rivera y al periodista de AP, Joshua Goodman.

    En una comunicación entregada por el abogado, Jeffrey B. Korn del escritorio Willkie Farr & Gallagher LLP, representando a PDV USA se lee que David Rivera pagó parte de los fondos pagados por la empresa propiedad del Estado venezolano para que Interamerican hiciera labores de consultoría, a una empresa de yates de Raúl Gorrín.  

   PDV USA demandó a Interamerican Consulting Inc., y a su propietario, David Rivera, por no haber cumplido con un contrato de servicios de consultoría y cabildeo de fecha  el 21 de marzo de 2017, que la empresa debía realizar ante el gobierno federal de Estados Unidos para mejorar la imagen de PDVSA, [matriz de CITGO] que establecía el monto de USD. 50 millones por concepto de honorarios. CITGO pagó USD. 15 millones. Luego, PDV USA se negó a continuar los pagos porque consideró que "Rivera no había cumplido con lo establecido en el acuerdo". 

  PDV USA, en una moción interpuesta ante el juez Robert W. Lehrburger, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, afirma que Interamerican retuvo indebidamente las comunicaciones con la consultora política, Esther Nufher y con Gorrín a quienes Rivera  entregó millones de dólares cobrados de la factura pagada por CITGO. 

 Los demandantes señalan en la queja que las comunicaciones de Rivera con Raúl Gorrín y Nuhfer "fueron retenidas como comunicaciones abogado-cliente a pesar de que ni Gorrín ni Nuhfer son abogados estadounidenses. (Nuhfer no es abogada en lo absoluto)". 

  PDV USA sostiene que "Interamerican no puede satisfacer su carga de demostrar los elementos necesarios del privilegio con respecto a estas comunicaciones" , por lo que pidieron al juez que ordene a la empresa demandada "presentar los mensajes, ya que la compañía acusada no puede demostrar que las comunicaciones entre Interamerican y Raúl Gorrín gozan de privilegio".

     Recuerda que Interamerican es una empresa consultora unipersonal dirigida por el excongresista estadounidense David Rivera, que supuestamente proporcionaría servicios de consultoría estratégica en el transcurso de tres meses a la empresa matriz de PDV USA, Petróleos de Venezuela, a cambio de $50 millones. 

   Durante marzo y abril de 2017, PDV USA pagó a Interamerican las tres primeras cuotas del Acuerdo por un total de $15 millones. Para entonces, sin embargo, Interamerican no había cumplido con ninguna de sus obligaciones. PDV USA cesó los pagos a partir de entonces. 

    Posteriormente, PDV USA interpuso esta acción para recuperar los $15 millones que pagó a Interamerican, e Interamerican presentó una reconvención, alegando que cumplió en su totalidad y tiene derecho al saldo impago. 

  En el documento, los demandantes señalan que Raúl Gorrín es un multimillonario venezolano y propietario de Globovisión. Informes sugieren que Gorrín es o fue abogado venezolano, pero no hay indicios de que Gorrín tuviera alguna vez una licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos, o que representara a clientes en los Estados Unidos. 

 Agregan que Gorrín también mantuvo conexiones políticas de alto nivel en Venezuela, incluso con el régimen de Nicolás Maduro. "Gorrín fue acusado en 2018 en relación con un esquema multimillonario de lavado de dinero y soborno, y sigue prófugo de los Estados Unidos".

  Asimismo, sostienen que hasta el momento, las evidencias han confirmado que Interamerican no proporcionó ningún servicio de consultoría en virtud del Acuerdo; de hecho, "David Rivera canalizó el dinero que recibió de PDV USA a un grupo de asociados, incluido Raúl Gorrín, quienes están acusados ​​o bajo investigación penal". 

   Los abogados de PDV USA aseguran que si bien aún no está claro el verdadero propósito de estos pagos, "si queda claro que la relación de Interamerican con Raúl Gorrín era transaccional, no legal".

  En marzo y abril de 2017, Interamerican pagó $3,75 millones a Interglobal Yacht Management, LLC, una empresa que administraba los yates de Raúl Gorrín. 

  "El dinero fue destinado exclusivamente a beneficio del señor Gorrín", agregan. 

   Añaden que un año más tarde, "en un intento de hacer parecer que Interamerican había utilizado los $3,75 millones para facilitar los servicios de consultoría en virtud del Acuerdo, Rivera entregó a Interglobal Yacht un subcontrato, retroactivo a marzo de 2017, que establecía que Interglobal Yacht actuaría como un subcontratista de Interamerican, proporcionando “servicios de consultoría estratégica internacional” a PDV USA y a Interamerican en servicio del Acuerdo. A cambio, Interglobal Yacht recibiría el 25% de las tarifas pagadas por PDV USA a Interamerican (es decir, $3,75 millones). 

   Interglobal Yacht se negó a firmar el subcontrato porque, como le dijo su presidente al Sr. Rivera, el subcontrato "no tiene nada que ver conmigo" y porque Interglobal Yacht no estaba en el negocio de brindar servicios de consultoría estratégica y, de hecho, nunca lo hizo". 

  Agregan que en virtud de que lo expuesto, "Interamerican ha retenido al menos 19 mensajes de texto y WhatsApp con Gorrín con base en la afirmación espuria y totalmente infundada de que Gorrín actuó como abogado de Interamerican en relación con el Acuerdo, así como con esta demanda". 

  No obstante, dicen los abogados, los registros de privilegios de Interamerican, que describen los mensajes con Gorrín solo como "comunicación abogado/cliente" y nada más.

   En la queja, PDV USA advierte al tribunal que "Interamerican afirmó (sin ninguna prueba) en sus respuestas interrogatorias" que los pagos fueron “tarifas de referencia en relación con la solicitud de los servicios de Interamerican” y niega haber intentado celebrar acuerdos de subcontratación con la empresa de Gorrín. 

  Hasta la fecha, la única justificación del abogado para su reclamo de privilegio es que se les “informó que [el Sr. Gorrín] fue contratado como abogado de Interamerican, y que se firmó una carta de compromiso para esta representación”. Pero en el mes y medio transcurrido desde entonces, a pesar de las reiteradas solicitudes, Interamerican aún no ha presentado la supuesta carta de compromiso. 

   El abogado de Rivera ahora afirma que la prueba solicitada "no está en posesión de su cliente y que no han podido encontrarlo". Interamerican tampoco ha proporcionado facturas legales ni evidencia alguna para corroborar su reclamo de privilegio.

   Asegura que la declaración sin fundamento del abogado de que Interamerican mantuvo una relación de abogado-cliente con el Sr. Gorrín no es, por sí sola, suficiente. Y aunque no existe un requisito formal para mostrar una carta de compromiso, la ausencia de cualquier indicio de un abogado-cliente genera dudas.

  Igualmente, Interamerican no puede justificar su reclamo de privilegio sobre las comunicaciones con Esther Nuhfer, quien no es abogada sino una consultora política de Florida. 

    Acusan que PDV USA no ha recibido evidencias de la Sra. Nuhfer porque está evadiendo activamente el servicio, lo que ha requerido la intervención de las fuerzas del orden. 

   Los abogados demandantes hacen mención que debido a un descubrimiento de terceros establece que la Sra. Nuhfer, (al igual que el Sr. Gorrín), fue la beneficiaria de millones de dólares del Acuerdo. Recibió $4,5 millones de Interamerican en virtud de un subcontrato de consultoría similar al que el Sr. Rivera presentó a Interglobal Yacht.

   El mencionado subcontrato establecía que la firma de la Sra. Nuhfer, Communication Solutions, proporcionaría a Interamerican y PDV USA "Consultoría estratégica de marketing" como parte del Acuerdo. 

  Nuhfer firmó el subcontrato, pero no brindó los servicios de consultoría establecidos en el mismo, lo que demuestra, aún más, que los subcontratos eran simulacros diseñados por David Rivera y sus asociados para crear un registro en papel de los servicios de consultoría (ficticios).

   En los registros que acompañan la queja de los demandantes, aparecen once correos electrónicos entre Interamerican y Nuhfer. A pesar de la petición de PDV USA, Interamerican no ha dado ninguna explicación. En consecuencia, esos correos electrónicos deben ser producidos. 

  PDV USA solicitó una conferencia previa a la moción para discutir los  asuntos planteados en la corte, ya que en la medida en que Nuhfer o Raúl Gorrín aparezcan en comunicaciones confidenciales con Interamerican y sus abogados. Jeffrey B Korn








martes, 6 de julio de 2021

Conozca las razones de la Corte para negar moción de desestimación de demanda de PDV USA contra empresa de David Rivera

Por Maibort Petit

  Recientemente reseñamos que en fecha 22 de junio del corriente año 2021, el juez para el Distrito Sur de Nueva York, John G. Köeltl, rechazó dos mociones que había interpuesto la empresa propiedad del excongresista David, Interamerican Consulting, la cual procuraba que la Corte desestimara la demanda en su contra y, además, se derogara un documento contentivo de las alegaciones del caso[1].
   PDV USA Inc. está demandando a Interamerican Consulting Inc. por incumplimiento de contrato, indemnización, enriquecimiento injusto y desagravio declarativo derivados de un acuerdo de consultoría entre las partes.

   La intención de Interamerican de que se desestimara la causa en su contra la sustentó en el alegato de la falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1) y por no presentar una reclamación de conformidad con la Regla federal de Procedimiento Civil 12 (b) (6), lo cual a modo de ver de la empresa de David Rivera, traslada a huelga partes de la queja enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f).

  En esta entrega explicamos las razones que llevaron al magistrado a adoptar tal decisión.

Corte da por ciertos los términos de la demanda

  Se establece que para decidir una moción para desestimar por falta de jurisdicción en la materia de conformidad con la Regla 12 (b) (1), los tribunales de distrito pueden considerar evidencia fuera de los alegatos, tal como lo señala la jurisprudencia.

  Refiere el juez Köeltl que al decidir una moción para desestimar de conformidad con la Regla 12 (b) (6), las alegaciones en la queja se aceptan como verdaderas y todas las inferencias razonables deben hacerse a favor del demandante. Corresponde a la Corte en una moción de desestimación “no sopesar las pruebas que podrían presentarse en un juicio, sino simplemente determinar si la denuncia en sí es legalmente suficiente”.
  Sin embargo, se advierte que si bien la Corte debe interpretar las alegaciones fácticas de la manera más favorable para el demandante, cuando se presenta una moción de desestimación de conformidad con la Regla 12 (b) (6), el tribunal puede considerar documentos a los que se hace referencia en la demanda en los que este se basó iniciar la causa y que están en posesión del demandante, de su conocimiento o que pueda tomarse conocimiento judicial de ellos.

Lo que argumenta Interamerican

   De acuerdo a contra Interamerican Consulting Inc., el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción en la materia, porque, en primer lugar, PDV USA asignó el Acuerdo de Consultoría a PDVSA y, por lo tanto, no tiene legitimación del Artículo III para demandar; en segundo término, porque a su modo de ver, PDV USA no tiene legitimación del Artículo III porque su daño no es reparable debido a sanciones contra Venezuela; y en tercer lugar, porque el caso presenta una cuestión política injustificable.

  Con relación al argumento de la falta de legitimación para demandar en razón de que el Contrato de Consultoría se asignó a PDVSA y la cesión es catalogada por PDV USA como una novación y, por lo tanto, requería del consentimiento de Interamerican y esta nunca lo dio y la novación argumentada nunca se finalizó, el magistrado considera que carece de fundamento.

   Estima el juez que el hecho de que Interamerican no ejecutara el Acuerdo de Cesión no impidió que PDV USA cediera sus derechos bajo el Acuerdo de Consultoría a PDVSA. No obstante, cuando el Acuerdo de cesión se "interpreta de manera que dé pleno significado y efecto a todas sus disposiciones", como debe hacer el tribunal al elaborar un contrato, queda claro que no se trató de un mero intento de ceder los derechos de PDV USA, sino más bien un intento fallido de novación del Contrato de Consultoría.

   El magistrado se remite a lo que el acuerdo de cesión estableció en su preámbulo expresamente que se trataba de una novación, sino que también tenía la intención de liberar a PDV USA de todas las obligaciones, algo que una mera cesión de derechos no podría haber logrado bajo la ley de Nueva York y requiere una novación del contrato y debido a que una novación hubiera requerido el consentimiento de Interamerican y esto no ocurrió, significa que nunca entró en vigencia. Por lo tanto, rescindir el Acuerdo de cesión fue innecesario porque sencillamente nunca entró en vigor.

   En consecuencia, el argumento de Interamerican de que la cesión del contrato por PDV USA a PDV USA priva a la primera de legitimación para demandar, carece de fundamento.
Las sanciones no restan legitimidad a la corte ni a PDV USA.

  Respecto al argumento de Interamerican sobre la carencia de jurisdicción de la Corte en razón de que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela le impiden reparar el presunto daño y, por tanto, privan a PDV USA de la legitimación del Artículo III, el juez estimó que no es válido.

 Refiere que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) faculta al presidente de EE. UU. para “regular (…) anular, prevenir o prohibir cualquier adquisición (…) uso, transferencia (…) o negociar o ejercer cualquier derecho, poder o privilegio con respecto a, o transacciones que involucren, cualquier propiedad en la que cualquier país extranjero (...) tenga algún interés” y, en virtud de que, en 2015, el presidente Barack Obama declaró una emergencia nacional bajo la IEEPA cuando la situación política en Venezuela se intensificó. Luego, el 5 de agosto de 2019, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva N ° 13.884, que establece que “toda propiedad e interés en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentren en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o negociado de otro modo”.

  En tal sentido, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una serie de regulaciones que aplican los términos de esas órdenes a los litigios contra el gobierno venezolano que a juicio de Interamerican prohíben cualquier juicio en este caso. Sin embargo,la agencia ha explicado que “normalmente no se requiere una licencia específica de la OFAC para iniciar o continuar procedimientos legales en los EE. UU. contra una persona designada o bloqueada de conformidad con el programa de sanciones de la OFAC para Venezuela, o para un tribunal de EE. UU. o su personal, para conocer un caso así”.

  Se advierte que los tribunales que interpretan estos reglamentos han sostenido que, si bien un tribunal “tiene prohibido incautar, embargar, gravar o congelar dichos activos para ejecutar una sentencia (...) una parte no tiene prohibido litigar para obtener una sentencia (...) debido a una determinación judicial de los derechos de las partes y las obligaciones derivadas de un contrato no causan, por sí mismas, ninguna transferencia de propiedad”. Por tanto, las regulaciones de bloqueo extranjeras prohíben sólo aquellos procedimientos judiciales que efectúen una transferencia de propiedad extranjera o interés de propiedad.

   La decisión desestimó los argumentos de Interamerican y estableció que la guía de la OFAC y los casos que interpretan las sanciones venezolanas y las regulaciones de bloqueo similares, respaldan la proposición de que la mera audiencia de un caso relacionado con sujetos o propiedad venezolanos no entra en conflicto con las sanciones porque no da lugar a una “transferencia o alteración o afectación de la propiedad o interés en propiedad bloqueado”.

  El juez considera que este razonamiento es válido independientemente de si la demanda es presentada por una entidad bloqueada o una entidad no bloqueada.

   En consecuencia, el magistrado determinó que las sanciones contra Venezuela no privan a PDV USA de legitimación, así como tampoco a la Corte de competencia en la materia.

Argumentos infundados

   Respecto a lo argumentado por Interamerican de que la denuncia de PDV USA no presenta un reclamo, el juez John G. Köeltl determinó que todo lo esgrimido por la empresa de David Rivera carece de fundamento.

  De acuerdo a lo estimado por el tribunal, el demandante alega hechos suficientes para presentar un reclamo por incumplimiento de contrato: la existencia de un contrato entre las partes, que el demandante cumplió con el contrato al realizar tres pagos por un total de USD 15 millones y dejó de hacer los pagos cuando se hizo evidente que el demandado no estaba cumpliendo con el contrato, que el demandante alega que la demandada no cumplió con los requisitos del contrato, constituyendo así un incumplimiento y, como resultado, que sufrió daños por USD 15 millones.

“En consecuencia, el demandante declaró suficientemente una reclamación por incumplimiento de contrato”, advierte el juez.

Sobre la condición precedente

  Del mismo modo, la corte estima que carece de fundamento el argumento de Interamerican de que PDV USA no alegó el cumplimiento de una condición precedente y tampoco ha demostrado que hubiera condiciones precedentes en el contrato que no se cumplieron.

   Según el criterio de Interamerican, ciertas disposiciones del Contrato de Consultoría eran condiciones precedentes, a saber, que el demandante debía especificar que "los servicios (...) que el cliente consideró necesarios y apropiados" y debió proporcionar al demandado el contenido de un "plan estratégico" a ejecutar.

   Pero el juez estimó que el Contrato de Consultoría enumeró varias disposiciones que describen en detalle los servicios que el demandado debía realizar y un cronograma de ejecución corto, por lo que era menos plausible que la frase "servicios (...) que el Cliente considere necesarios y apropiados" fuera una condición precedente que se necesitaba para ocurrir antes de que se realizaran los servicios.


En consecuencia, el reclamo por incumplimiento de contrato no puede ser desestimado con base en el supuesto incumplimiento por parte del demandante de una condición precedente.


La indemnización


El tribunal también rechazó la moción para desestimar la reclamación de indemnización. Y explicó que el argumento de Interamerican de que no existe una acción de terceros contra la cual indemnizar, no es conviencente. Tampoco el alegato de que es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas.


El magistrado recordó que en el Contrato de Consultoría se incluye una compensación por parte de Interamerican a PDV USA por todos los costos que resulten directa o indirectamente del incumplimiento del contrato.


Debido a que la disposición de indemnización en este caso cubre expresamente los incumplimientos del contrato mismo por parte de Interamerican, claramente no se limitó a acciones de terceros, sostiene el juez.


Además, la reclamación de indemnización no es una duplicación completa de una reclamación por incumplimiento de contrato o una disposición redundante de cambio de tarifas, porque como señala la jurisprudencia, “Cuando un reclamante tiene derecho a una categoría particular de daños en una reclamación, pero no en la otra, las reclamaciones no son duplicadas”.


Se rechaza moción de enriquecimiento injusto


Para el magistrado, el enriquecimiento injusto que Interamerican esperaba desestimar, por supuestamente no alegarse con suficiente especificidad y porque es una duplicación del reclamo por incumplimiento de contrato, no aplica porque los tribunales han permitido a los demandantes perseguir reclamos tanto por enriquecimiento injusto como por incumplimiento de contrato, de acuerdo a la jurisprudencia.


En este caso, Interamerican argumenta que PDV USA renunció a cualquier reclamo por incumplimiento de contrato y afirma que no ha cumplido con las condiciones precedentes y que, como resultado, el reclamo por incumplimiento de contrato de PDV USA debe fallar. Al hacerlo, Interamerican ha puesto en disputa la exigibilidad del contrato. En consecuencia, PDV USA puede mantener apropiadamente su reclamo de enriquecimiento injusto como alternativa.


El reclamo de reparación declarativa


La Corte rechaza la moción para desestimar el reclamo de reparación declarativa sustentado en el argumento de que no está suficientemente alegada y porque la rescisión no es apropiada.


El juez recordó que la Ley de sentencia declaratoria dispone que los tribunales de distrito "pueden declarar los derechos y otras relaciones jurídicas de cualquier parte interesada que solicite dicha declaración, independientemente de que se solicite o no más reparación".


En este caso, el demandante busca una declaración de que no le debe dinero al demandado porque el demandado violó el acuerdo. Esto es distinto del remedio buscado en la demanda por incumplimiento de contrato, a saber, la recuperación de los USD 15 millones que el demandante ya pagó al demandado. En consecuencia, la reparación declaratoria tendría un propósito útil y aclararía aún más las cuestiones legales entre las partes.


Eliminación de alegaciones


Por último, la decisión judicial niega el pedido de eliminar ciertas alegaciones en la demanda enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (f). Interamerican estimaba que las declaraciones que hizo David Rivera a la prensa no tienen relevancia para el reclamo por incumplimiento de contrato más que para sugerir alguna irregularidad vaga.


Creyó el magistrado que la declaración proporciona una base para creer que los fondos fueron utilizados de una manera que sería inconsistente con los términos explícitos del contrato. Además, no hay nada injustamente perjudicial sobre las acusaciones, porque se basan en informes públicos a los que puede acceder fácilmente cualquier persona con acceso a Internet.







[1] Venezuela Política. “Corte de NY rechazó mociones de David Rivera para desestimar demanda en contra de su empresa Interamerican Consulting”. 30 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/corte-de-ny-rechazo-mociones-de-david.html

 



miércoles, 24 de febrero de 2021

David Rivera asegura que Corte de Nueva York carece de jurisdicción para atender demanda contra su empresa interpuesta por PDV USA

Sostiene que PDV USA no tiene nada qué reclamar.

Por Maibort Petit

   David Rivera presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York acompañada de documentación que él considera, comprueba la falta de jurisdicción del citado tribunal para dirimir la demanda que, contra su empresa, de Interamerican Consulting Inc., presentó PDV USA Inc. por incumplimiento de contrato y en reclamo de la devolución de los pagos realizados.

  Ante la citada corte, PDV USA reclama a Interamerican Consulting el reintegro de USD 15 millones que la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pagó a la demandada de un total de USD 50 millones, correspondientes a un contrato por servicios de cabildeo que, la demandante, sostiene que nunca se cumplieron.

   Interamerican, propiedad del excongresista de los Estados Unidos, es calificada por fuentes ligadas al caso, como una empresa de maletín o fachada, la cual fue registrada en el estado de la Florida en 2017.

  Rivera y su empresa sostienen que PDV USA cedió los derechos del contrato a PDVSA y, por ello, la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde se dirime el caso, carece de jurisdicción para ello.

  En la misma fecha, 18 de febrero de 2021, presentó un memorando en apoyo a sus mociones para desestimar la demanda, argumentando que PDV USA cometió varios errores y omisiones “que son fatales para la Demanda Enmendada por motivos jurisdiccionales y de alegato”.

  Insiste en el alegato de que PDV USA cedió sus derechos a PDVSA y no ha presentado nada que lo desmienta.

La declaración de Rivera

  El 18 de febrero de 2021, David Rivera, declaró bajo pena de perjurio ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que es presidente de Interamerican Consulting Inc., empresa demandada por PDV USA Inc. en la referida instancia judicial —caso Nº 20-cv-3699-JGK—, en apoyo de las mociones de rechazo interpuestas por la compañía que representa.

   Aclaró, en primer término, que los hechos por él narrados se basan en su propio conocimiento personal, al tiempo que agregó que, en caso de ser llamado como testigo, testificaría.

  Informó que la Asamblea Nacional de Venezuela nombró la junta administrativa ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) el 13 de febrero de 2019, la cual se presenta como Anexo A su declaración con traducción certificada.

   En dicha resolución del Poder Legislativo venezolano, se establece que, la referida junta directiva ad hoc de PDVSA deberá asumir las funciones de la asamblea de accionista y junta directiva de la empresa estatal para actuar en su nombre y como única accionista de PDV Holding Inc. y proceder a designar a su junta directiva y, en consecuencia, nombrar el directorio de CITGO Holding Inc. y de CITGO Petroleum Corporation.

  Allí se autorizó a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para hacer el nombramiento y, en tal sentido, este designó a Simón Antunes, Gustavo J. Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada y David Smolansky como integrantes de la junta directiva ad hoc de PDVSA.

   La junta directiva de PDV Holding Inc. quedó integrada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero y Andrés Padilla.

  La junta directiva de Citgo Holding Inc. la conformaron Luisa Palacios, Edgar Rincón, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez; Javier Troconis y Rick Esser.

  A su vez, la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation estaba formada por Luisa Palacios, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Ángel Olmetta, Andrés Padilla y Rick Esser.

  Igualmente, David Rivera acompañó su declaración jurada por el Anexo B, copia fiel y correcta del estado de cuenta bancaria de Interamerican Consulting Inc, del 31 de octubre de 2017.


  En dicho estado de cuenta, se observa un pago de USD 5.000.000 realizado por PDVSA el 27 de octubre de 2017.

  Del mismo modo, Rivera adjuntó el Anexo C, copia fiel y correcta del formulario de registro presentado por PDV USA Inc. bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

  En dicho documento se explica que la República Bolivariana de Venezuela es la única propietaria de Petróleos de Venezuela y el gobierno venezolano, a través del Ministerio de Energía y Petróleo, establece las políticas petroleras nacionales y también regula y supervisa las operaciones de PDVSA. Asimismo, refiere que el presidente de Venezuela nombra la junta directiva de PDVSA por decreto ejecutivo, habiendo sido modificados estos procedimientos por estatuto promulgado por la Asamblea Nacional a partir de febrero de 2019. Del mismo modo se indica que la Asamblea de Accionistas, máximo órgano de gobierno de PDVSA, cuyas decisiones son vinculantes dentro de los límites de sus competencias. Se indica que. como único propietario de PDVSA, Venezuela puede haber subsidiado o financiado componentes de las operaciones o negocios de PDVSA.

   El formulario de registro fue presentado el 31 de diciembre de 2020 por Elio Tortolero, integrante de la junta directiva de PDV Holding Inc.

   Allí también se explicaba que la relación entre PDV USA y PDVSA se deriva de sus estructuras corporativas, siendo la primera una subsidiaria de propiedad total de PDV Holdings (PDV H) que, a su vez, es una subsidiaria de propiedad total de PDVSA.

  Igualmente se informa que, hasta enero de 2019, PDV USA brindó servicios a los accionistas a PDVSA, incluida la participación de proveedores en nombre de PDVSA. Desde 2015 hasta 2018, PDV USA contrató a tres proveedores para realizar actividades registrables en FARA. Estos compromisos, que son objeto de este registro, se realizaron en nombre y bajo la dirección de PDVSA”.

  Agrega que entre 2015 y 2017, PDV USA contrató al proveedor Caribbean Style Inc., para comprar cuatro anuncios para colocarlos en periódicos nacionales relativos al régimen de sanciones impuesto a la petrolera cuyo contenido sugiere que tenían la intención de influir en la perspectiva del gobierno de los EE. UU. o del público estadounidense.

   Refiere que, en 2017, PDV USA contrató al proveedor Interamerican Consulting Inc., para apoyar una estrategia relacionada con la "posición de PDVSA entre los funcionarios públicos importantes" y brindar consultoría y asistencia "para informar a los formuladores de políticas" sobre PDVSA.

  Del mismo modo se informó que de 2017 a 2018, PDV USA contrató a Wiss & Partners LLP para prestar servicios legales a “PDVSA y sus subsidiarias". Se aclara que, “si bien el alcance del trabajo realizado parece haber incluido cierta asesoría legal, PDV USA no puede determinar si el alcance del trabajo realizado involucra actividades políticas como se define en FARA”.

La relación con Caribbean

  Los servicios contratados entre PDV USA y Caribbean Style Inc se extendieron entre el 17 de marzo de 2015 y el 12 de octubre de 2018 y comprendió, como se dijo anteriormente, facilitó la colocación de cuatro anuncios en periódicos relacionados con Venezuela.

  El primero de ellos fue el 17 de marzo de 2015 y consistió en un anuncio de una página completa en el New York Times titulado "Venezuela no es una amenaza" a un costo de USD 175.000. Se trató de una carta al pueblo de los Estados Unidos y firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

  El segundo anuncio fue el 9 de septiembre de 2015, igualmente por USD 175.000, por una página completa en el New York Times, titulado “La verdad sobre la situación fronteriza entre Venezuela y Colombia”.

  El tercer aviso fue el 26 de mayo de 2016 en el Washington Post titulado "Comunicado especial sobre Venezuela", por un costo de USD 100.000. Era una declaración de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) para expresar "solidaridad sincera con el presidente Nicolás Maduro y su pueblo".

  El 22 de febrero de 2017 se contrató por USD 175.000, otro anuncio de una página completa en el New York Times, titulado "Carta pública al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América". Allí, el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami le escribió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en respuesta a la decisión de la administración estadounidense de sancionarlo por tráfico de drogas.

La relación con Interamerican Consulting

  La empresa del excongresista estadounidense, David Rivera, Interamerican Consulting, Inc., prestó servicios a PDV USA entre el 21 de marzo y mayo de 2017. El precio de la relación contractual fue de USD 50 millones por servicios de “consultoría estratégica de servicios”.  En pocas palabras, eran servicios de lobby ante funcionarios públicos y líderes de opinión en favor de PDVSA.

  Rivera presentó solo dos informes carentes de detalles, uno de dos páginas y otro de cuatro páginas. PDV USA no tiene conocimiento de ninguna evidencia de que Interamerican haya realizado el trabajo real contemplado en el Acuerdo.

  PDV USA sólo realizó tres pagos por USD 5.000.000 cada uno los días 24 de marzo de 2017, 10 de abril de 2017 y 19 de abril de 2017.

La relación con Wiss & Partners

  El despacho de abogados con sede en Washington, Wiss & Partners LLP mantuvo una relación contractual con PDVSA que se extendió desde el 14 de marzo de 2017 hasta el 15 de marzo de 2018. El precio del contrato fue de USD 6 millones.

  Mediante una carta de compromiso firmada el 23 de mayo de 2017, se modificó la duración de los pagos de anticipo mensuales y se indicó que los servicios se prestarían a "PDV USA y sus subsidiarias".

  Los servicios prestados por la firma de abogados comprendieron casos de disputas que involucran a PDVSA y sus subsidiarias. sobre temas de seguros, criptomonedas, empleo e inmigración. Sin embargo, PDV USA desconoce el alcance total del trabajo legal que Wiss pudo haber estado realizando bajo el anticipo, incluyendo si se proporcionaron servicios a PDVSA (u otros) que no fueron revelados a PDV USA.

  PDV USA hizo su pago final a Wiss el 15 de marzo de 2018 y, a partir de abril de 2018, se le indicó a Wiss que dirigiera sus facturas a PDVSA. PDV USA interrumpió su relación con Wiss en octubre de 2018.


 


 


 


 

martes, 29 de diciembre de 2020

Sigue el pleito legal de David Rivera y PDV USA: Corte de NY carece de jurisdicción para procesar la demanda

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación alegando que, al 30 de octubre de 2020, rescindió la cesión que hizo, pero Interamerican le recuerda que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020.

Por Maibort Petit

  Interamerican Consulting INC., empresa propiedad del excongresista de Estados Unidos, David Rivera, presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para desestimar la demanda en su contra presentada por PDV USA INC., pues esta última cedió los derechos del contrato suscrito con ella a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, por tanto, no es legítima la acusación y la corte deja de tener jurisdicción en el asunto.

   PDV USA reclama un supuesto incumplimiento de contrato y aspira recuperar los USD 15 millones —más intereses— pagados a la compañía de Rivera por servicios “de cabildeo” que nunca prestó y que formaban parte del contrato suscrito con la empresa —descrita por fuentes como de maletín— registrada en el estado de la Florida en 2017.

La moción

   El 18 de diciembre de 2020, Kathryn Lee Boyd, Shira Lauren Feldman y Alan Alvela, de la firma de abogados Hecht Partners LLP, representantes de la Interamerican Consulting INC., presentaron ante la Corte una moción para desestimar la demanda enmendada de la parte acusadora por considerar la falta de jurisdicción en la materia, porque no existe legitimación en virtud del artículo III, y este caso presenta una cuestión política injustificable.

  Los abogados de la empresa de David Rivera, le manifestaron al juez de la causa, John G. Köeltl, que su solicitud se sustenta en lo establecido en la Regla 12 (b) (1) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La Demanda Enmendada fue presentada el 30 de octubre de 2020.

   Interamerican Consulting INC. respaldó su pedido al juez Köeltl con el Memorando de Ley fechado el 18 de diciembre de 2020, así como la Declaración de David Rivera, formulada en la misma fecha.

Los argumentos de la moción

  Interamerican Consulting Inc presentó ante la corte del juez Köeltl un memorando de ley en apoyo de su moción para desestimar la Demanda Enmendada de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).


   Sostienen los abogados de la demandada que PDV USA carece de legitimación bajo el citado artículo III porque, primero, dicha empresa cedió sus derechos a PDVSA hace más de dos años y ha actuado de acuerdo con esa asignación, por lo que ahora no puede reclamar una lesión de hecho.

  Explican que el presunto daño no se puede resarcir mediante la demanda y para poder obtener la compensación pecuniaria que reclama, la corte tendría que ordenar a Interamerican, registrada bajo las leyes del estado de Florida, dirigir dinero a una entidad que es propiedad total de una SDN y, en consecuencia, el demandante no puede alegar los requisitos constitucionales mínimos para la legitimación del Artículo III.

   Refieren que si el tribunal otorgara el alivio que busca el demandante, se vería obligado a cuestionar la determinación ya hecha por el Ejecutivo en forma de sanciones para prohibir los juicios monetarios para el beneficio directo o indirecto de PDVSA a través de PDV USA. Por ello estiman que el caso debe ser desestimado de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Civil 12 (b) (1).

   Recuerdan que el mencionado artículo III limita la jurisdicción de los jueces federales a "casos" y "controversias" y para cumplir con lo allí establecido, un demandante debe establecer tres cosas: (1) un daño de hecho: una invasión de un interés legalmente protegido de manera concreta, particularizada y real o inminente, no conjeturas o hipotéticas; (2) una conexión causal entre la lesión y la conducta denunciada; y (3) la posibilidad de volver a la lesión mediante una decisión favorable. Esto, en la visión del demandado, no ocurre.

   Por otra parte, al haber cedido sus derechos de ejecución el 10 de mayo de 2017 a PDVSA, entonces el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción sobre la materia porque el PDV USA no es la parte adecuada en esta acción.

   En tal sentido, con la cesión de derechos, PDVSA se convirtió en la única parte con algún interés en el acuerdo o con derecho a entablar la demanda.

   Se indica en el memorando, que PDV USA ahora intenta dar marcha atrás y sostiene en la Demanda Modificada que no asignó sus derechos a PDVSA.

  Alega la demandante que al no haber firmado Interamerican la cesión, ésta no es válida, argumento que según la demandada no tiene fundamento, tal como respalda la jurisprudencia.

  Sostienen que los contratos en Nueva York se pueden ceder libremente sin en ellos no hay una especificación que lo prohíba, lo cual no ocurre con el contrato.

    Entretanto, PDV USA afirma que el consentimiento por escrito de la demandada fue una condición esencial del mismo.

   David Rivera y su empresa se remiten a un correo electrónico que Arnaldo Arcay, asesor legal de CITGO, envió al presidente de Interamerican, David Rivera, en nombre de PDV -USA y PDVSA.

   Allí Arcay adjunta la Cesión, ya ejecutada tanto por PDV USA como por PDVSA, e informa a Rivera que “la fecha de vigencia de la cesión es el 10 de mayo de 2017, que corresponde a la fecha en que las Partes acordaron la cesión en cuestión”.

   El 28 de diciembre de 2018, Alejandro Escarrá, también de CITGO, reiteró la vigencia de la Cesión, diciendo a Rivera: “Como usted sabe, el Contrato de Consultoría del 21 de marzo de 2017 fue cedido de PDV USA a PDVSA a partir del 10 de mayo de 2017. Desde ese momento en adelante, PDV USA no ha tenido derechos, obligaciones ni responsabilidades en virtud del Acuerdo ".

  Y el 18 de febrero de 2019, Judith Colbert, Asesora General de CITGO, volvió a hacer esta declaración y le dijo a Rivera que "PDV USA asignó [el Acuerdo] a PDVSA en mayo de 2017".

   PDV USA intenta remediar la cesión de sus derechos y la falta de legitimación resultante alegando que, al 30 de octubre de 2020, ha rescindido la cesión que hizo. Debido a que la demanda se inició el 13 de mayo de 2020 y dado que la "legitimación" debe darse al comienzo del litigio, ahora no es posible fijar una posición retroactiva.

   Entre otras consideraciones, Interamerican Consulting INC recuerda las sanciones impuestas por la OFAC a PDVSA, lo cual aplica también para las entidades de su propiedad, no procede el pago que el demandante reclama.

  Remitiéndose la jurisprudencia, subraya la demandada que “La doctrina [de la cuestión política] impide que los tribunales decidan controversias en las que existe un compromiso constitucional textualmente demostrable del tema con un departamento político coordinado; o una falta de estándares judicialmente detectables y manejables para resolverlo'” y al cumplirse todas las bases para que el caso se tenga por político, los reclamos son improcedentes.

La declaración de Rivera

   El 18 de diciembre de 2020, David Rivera, desde Miami, presentó declaración jurada ante la Corte del distrito Sur de la Florida, bajo pena de perjurio según las leyes de los Estados Unidos.

   Luego de certificar que es el presidente de Interamerican Consulting, Inc. manifestó que el 31 de mayo de 2017, recibió un correo electrónico de Arnaldo Arcay, quien es asesor legal de Asuntos Internacionales de CITGO Petroleum Corporation, el cual iba acompañado de una traducción certificada al inglés del mismo.

   En dicha comunicación, Arcay informó a Rivera que por instrucciones de la Gerencia de CITGO y atendiendo a una conversación telefónica sostenida entre ambos un día previo, remitía el documento a ser suscrito entre PDV USA Inc. y Petróleos de Venezuela S.A., el cual permitía la cesión del Contrato de Servicios de Consultoría de fecha 21 de marzo de 2017 originalmente suscrito entre PDV USA e Interamerican Consulting.

   Arcay pidió a Rivera confirmar si estaba de acuerdo con los términos del contrato con el objeto de proceder a obtener la firma de los representantes de PDV USA y PDVSA.

   Igualmente, la declaración de Rivera da cuenta de otro correo electrónico que recibió el 5 de octubre de 2017, también de parte de Arnaldo Arcay, anteriormente identificado, con una traducción certificada al inglés del mismo.

   En esta nueva comunicación, Arcay le refería a David Rivera que por instrucciones de Edoardo Orsoni, (exfuncionario de CITGO, PDVSA y Petrocedeño), le remitía el documento de cesión entre PDV USA Inc. y PDVSA del contrato de servicios de consultoría originalmente suscrito entre la primera e Interamerican Consulting.

   Especificaba el correo que la fecha efectiva de la cesión era el 10 de mayo de 2017, momento cuando las partes acordaron la cesión en cuestión.

   Arcay quedaba a la espera de que Rivera le remitiera el documento debidamente suscrito para completar los trámites y archivos correspondientes.

   David Rivera también le indicó al tribunal en su declaración, que el 28 de diciembre de 2018 recibió un correo electrónico de Alejandro Escarrá, vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO, en el que este último informaba que habían completado la revisión de su solicitud.

   Le indicó Escarrá que el contrato de consultoría firmado el 21 de marzo de 2017 había sido cedido por PDV USA a PDVSA el 10 de mayo de 2017 y, desde ese momento, PDV USA carecía de derechos, obligaciones y responsabilidades en virtud del citado contrato.

  Agregaba el vicepresidente de asuntos legales de CITGO, que ninguna entidad de dicha empresa (CITGO) tenía ya alguna participación u obligación en virtud del acuerdo. Por ello le sugirió comunicarse con PDVSA para discutir sus preguntas relacionadas con el acuerdo de consultoría.

   Del mismo modo, David Rivera refirió a la corte que el 18 de febrero de 2019, recibió un correo electrónico de Judith Colbert, asesora general legal de CITGO, en el que hacía acuse de recibo de un correo electrónico remitido por Rivera el 4 de febrero de 2019.

Lo que hay detrás de los corruptos contratos de CITGO con el excontratista David Rivera

   Colbert le reiteró lo afirmado por Escarrá, en el sentido de que CITGO no era parte del acuerdo de consultoría y que PDV USA había asignado dicho contrato a PDVSA en mayo de 2017.

   La asesora general legal de CITGO le manifestó a Rivera que su tesis de que Interamerican Consulting puede presentar una reclamación contra CITGO por el pago en virtud del contrato de consultoría carecía de sustento, incluso le advirtió que la empresa propiedad del ex-congresista estadounidense podría violar la ley federal si hiciera o aceptara algún pago relacionado con el contrato en cuestión. Tal advertencia la formuló la funcionaria de CITGO en razón a las sanciones impuestas el 28 de enero de 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a Petróleos de Venezuela S.A. Agregó que no teniendo conocimiento de la alguna Licencia General que permitiera realizar el pago en estas circunstancias, el mismo era improcedente.

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  Finalmente, Colbert le solicitó a Rivera comunicarse con el abogado externo de CITGO, Michael Gottlieb (mgottlieb@willkie.com) y evitara en adelante abstenerse de realizar más contactos con el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Por último, David Rivera declaró ante la corte que sus discusiones iniciales sobre el acuerdo de consultoría los llevó a cabo con representantes de CITGO. Precisó que fue por su iniciativa que su empresa estableció un acuerdo de consultoría con PDV USA Inc., el cual fue redactado y presentado a Interamerican Consulting Inc. por ejecutivos corporativos de CITGO, habiendo sido un abogado de esta última, quien utilizó una dirección de correo electrónico de la subsidiaria de la PDVSA.


lunes, 28 de septiembre de 2020

Piden a un juez de NY desestimar demanda de PDV USA (CITGO) contra consultora del excongresista David Rivera

Por Maibort Petit

   Los abogados de Interamerican Consulting, Inc., una empresa del ex-parlamentario republicano por el estado de la Florida, David Rivera solicitó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York que desestime la demanda interpuesta en su contra por PDV USA alegando incumplimiento de un contrato de consultoría que buscaba supuestamente para mejorar la imagen de PDVSA y del régimen de Nicolás Maduro ante el gobierno de Estados Unidos.

  En una carta enviada al juez John G. Koeltl por parte de la abogado de Interamerican Consulting Inc, Kathryn Lee Boyd, se solicita una conferencia previa a la moción para desestimar la demanda de PDV USA porque la misma "carece de legitimación y no presenta un reclamo por incumplimiento de contrato que sea plausible a primera vista".

   La demanda por incumplimiento de contrato  interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, el 13 de mayo de 2020 busca que una empresa de maletín propiedad del  cubano-americano, David Rivera devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por la firma registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.

  De acuerdo a los argumentos de los abogados de Rivera,  "PDV USA carece de legitimación para hacer cumplir el contrato".

  Sostiene que un "reclamo por incumplimiento de acuerdo requiere hechos suficientes para demostrar la existencia de un contrato; el desempeño del demandante; el incumplimiento por parte del acusado; y daños resultantes del incumplimiento". 

  Según los representantes legales de la empresa de Rivera, la Demanda no alega adecuadamente los referidos elementos y en su lugar recita sin rodeos, “declaraciones concluyentes de que el acusado violó un contrato” sin establecer obligaciones específicas acordadas o cualquier hecho que demuestre que esas obligaciones no se cumplieron. 

  En los alegatos se señala que "la denuncia no cumple los términos del acuerdo porque el demandante, PDV USA (CITGO) no proporcionó el Acuerdo, lo que en sí mismo fue motivo de despido dada la conclusión".

  Como mínimo, el demandante debe "establecer los términos del acuerdo sobre el cual se basa la responsabilidad", advierten los abogados.

   Sostiene que la demanda de PDV USA está desprovista de los términos obligatorios que definan qué “servicios" Interamerican acordó brindar a PDVSA. 

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   La demanda dice que eran "servicios de consultoría estratégica", pero los abogados de Rivera dicen que no indica qué implicaron esos servicios. 

    También se refiere a la prestación de “apoyo en la planificación y ejecución de un plan estratégico” que Interamerican no proporcionó, sin ofrecer ninguna información sobre la naturaleza de dicho "apoyo" o cualquier "plan estratégico". 

     La defensa advirtió que a la fecha de vigencia de la cesión, [PDV USA] cede, vende, transfiere y entrega a [PDVSA] todos los derechos.  bajo el acuerdo." 

    Informan que van adjuntar en la moción el acuerdo para que el tribunal desestime la demanda porque podrán revisar los elementos del mismo, de tal manera que quede evidenciado las alegaciones inexactas establecidas en la Demanda.

          Sostienen que el contrato de consultoría tenía un plazo de 92 días, vigente a partir del 21 de marzo de 2017. El 5 de octubre de 2017, después de que finalizó el plazo del Acuerdo, PDV USA cedió, por escrito, todos sus derechos en el Contrato a Petróleos de Venezuela, S.A.

   En consecuencia, el PDV USA no puede presentar la demanda porque decidió los derechos a PDVSA.

   Entre otros aspectos se señala que la demanda no define ni “trabajo” o “significativo” bajo el Acuerdo. 

  La Demanda refiere que la empresa de Rivera debía “identificar oportunidades para construir relaciones a largo plazo entre terceros clave, líderes de opinión y funcionarios públicos”, sin especificar ninguna “oportunidad” ni quienes eran los“terceros claves, líderes de opinión y funcionarios públicos”.

    La representación legal de Rivera asegura que la demanda de PDV USA "está repleta de declaraciones erróneas de los términos reales del Acuerdo", llegando a establecer sin fundamento que el Demandante contrató a Interamerican para proporcionar servicios no en beneficio del firmante, el Demandante, sino de una entidad completamente diferente: PDVSA. 

 Alega falsamente que los supuestos “servicios” fueron “con el propósito de 'mejorar la reputación y el prestigio a largo plazo de PDVSA' en los Estados Unidos” y que “Se suponía que Interamerican debía desarrollar e implementar un plan estratégico para PDVSA”.  Los abogados de Interamerican sostiene que "el lenguaje sencillo del Acuerdo indica como partes únicamente PDV USA y la empresa. El Acuerdo no menciona a PDVSA".

  Advierten que PDVSA no es un beneficiario de ninguno de los servicios que proporcionará Interamerican. "El intento para referirse a material ajeno al Acuerdo para alegar derechos adeudados por Interamerican a PDVSA".

 La demanda que alega que Interamerican no cumplió con sus obligaciones contractuales no evidencia en qué falló la empresa, lo cual es fatal para una reclamación por incumplimiento de contrato, incluso si los otros elementos necesarios se alegan correctamente". 

 El demandante acordó pagar a Interamerican $ 50,000,000: un depósito inicial, cuotas y un pago final, sin embargo, los pagos vencieron durante la vigencia del Acuerdo. 

  El demandante no alega que hizo los pagos requeridos; sino todo lo contrario: que no pagó el dinero adeudado, es decir, el equivalente a “$ 35 millones que no se pagaron”. 

    La moción dice que la denuncia no alega ninguna infracción que pueda ser catalogada como un incumplimiento de contrato porque para ello se requiere "más que acusaciones genéricas de incumplimiento", como por ejemplo, no “entregar oportunamente los bienes necesarios de acuerdo con la calidad acordada”, no "compartir información relevante de inmediato o no “rendir cuentas adecuadamente” a un demandante. 

  La demanda no establece ningún hecho de que Interamerican no brindó “consultoría estratégica” o “asistencia en el desarrollo de estrategias para informar a los formuladores de políticas y líderes de opinión sobre las iniciativas y logros del cliente”, acota la defensa.

 En la Demanda se alega que "Según el Acuerdo, Interamerican debía proporcionar informes detallados del trabajo que haría para promover los intereses de PDVSA en los Estados Unidos" pero los abogados dicen  que PDVSA es una entidad designada en la lista del gobierno de EE. UU. y que las entidades estatales sujetas a sanciones". 

   Las acusaciones falsas que vinculan a Interamerican con PDVSA son incendiarias y no tienen fundamento y son falsas.

 Sostiene que alegar cualquier hecho de que Interamerican no ayudó en la “planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas específicas”, otro término real del contrato. 

  La Demanda tampoco alega qué estrategias estaría desarrollando el “cliente” para las cuales Interamerican no ayudó. Además, la Demanda no alega la propia "planificación y ejecución de un plan estratégico dirigido a las partes interesadas" por parte del Demandante (es decir, del cliente) para lo cual Interamerican no ayudó.

 El Demandante alega que Interamerican de hecho proporcionó tanto servicios como informes relacionados con esos servicios. 

  La Demanda hace declaraciones concluyentes de que los informes incluían terminología "genérica", no describían los componentes de un "plan" y no eran "significativos". Sin embargo, no existe ningún requisito en el Acuerdo de que los informes utilicen una terminología particular, incluyan un nivel específico de detalle, describan un “trabajo significativo” o incluso estén escritos. Tales alegaciones no constituyen plausiblemente ninguna infracción.

 El demandante alega que "nunca expresó satisfacción con los servicios de Interamerican" y "más de tres años después", no es que retuviera la satisfacción. La afirmación desnuda del demandante es concluyente, irrazonable y de mala fe.

La denuncia no alega daños

   Los daños en una acción por incumplimiento de contrato deben ser "atribuibles al incumplimiento" pero la Demanda carece de hechos que establezcan la naturaleza del daño o cómo fue supuestamente causado por Interamerican. 

  El demandante renunció a cualquier reclamo contractual “Cuando una de las partes cumple un contrato y la otra parte acepta ese desempeño, sin objeciones, se asume que el desempeño fue según lo contemplado por el acuerdo." 

  El demandante admite que recibió "servicios" y en ninguna parte se alega que estaba insatisfecho con el desempeño de Interamerican. Por lo tanto, renunció a cualquier reclamo de que Interamerican violó el Acuerdo al no cumplir bajo la ley de Nueva York  sin incumplimiento la parte puede optar por seguir cumpliendo el contrato. 

   El demandante también alega "indemnización", sin embargo, la supuesta cláusula de "indemnización" del Acuerdo no deja al Demandante indemne contra reclamos de terceros. En cambio, el lenguaje citado en la Demanda es una simple disposición de cambio de tarifas. 

  Un reclamo por los honorarios de los abogados no es una causa de acción separada en Nueva York.

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