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martes, 26 de enero de 2021

CITGO demanda a aseguradoras que se niegan a pagar por pérdida de crudo

 Los hechos se enmarcan en el forcejeo entre Maduro y Guaidó por el control de la filial de Petróleos de Venezuela.

Por Maibort Petit

   Por incumplimiento de contrato CITGO Petroleum Corporation demandó a las aseguradoras que se niegan a pagar por la pérdida de 939.000 barriles de crudo diluido y 22.000 barriles de crudo Pedernales de su propiedad que estaban cargados a bordo del petrolero M/T Gerd Knutsen, cuando este fue atacado el 9 de octubre de 2020 durante un movimiento insurreccional contra la presidencia interina de Venezuela, ejercida por Juan Guaidó. La demanda fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el pasado 15 de enero de 2021.

  Las empresas aseguradoras demandadas son Ascot Underwriting Limited, Pioneer Underwriting, MS Amlin Underwriting Limited, Travelers Syndicate Management Limited, Brit Syndicates Limited, Sompo International Insurance, Chaucer Syndicates Limited, Markel Syndicate Management Limited, Neon Underwriting Limited y Starstone Insurance SE, con las cuales CITGO suscribió la Póliza de Reaseguro de Carga Marítima Nº B1263EG0466118.

El caso

   Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2020, cuando el Gerd estaba anclado frente a las costas de Venezuela en espera de permiso para zarpar hacia su puerto de destino en Aruba. Ese mismo día, actores venezolanos que buscaban desplazar al gobierno interino de Juan Guaidó, se acercaron al buque petrolero en armas y le ordenaron navegar a un puerto venezolano.

   Refiere la demanda que el capitán del buque protestó, pero obedeció y cuando llegaron a puerto, la carga fue incautada, transferida a otro barco, perdiéndose por completo.

  Ante los hechos, CITGO entregó rápidamente a las aseguradoras un aviso de pérdida real bajo la póliza, pero las empresas rechazaron el reclamo en una carta fechada el 18 de marzo de 2020.

  Se explica que CITGO se encontraba asegurada por Illuminant Insurance Company y ésta reaseguró el 100 por ciento del riesgo asegurado con otra aseguradora cautiva de CITGO, Trimark Insurance Company, Ltd, la cual, a su vez, cedió el 100 por ciento del riesgo reasegurado a los aseguradores demandados.

   La demanda la presenta CITGO directamente y no las aseguradoras por ser el destinatario final de cualquier producto bajo la póliza y, de acuerdo a una cláusula del contrato, puede hacer las reclamaciones sin la participación de Illuminant y Trimark.

  La cobertura de la póliza incluye el riesgo de daño o pérdida de "Bienes y/o Mercancía de cualquier descripción", con un límite de responsabilidad de "USD 100,000,000 por cualquier Buque y/o Aeronave y/o Transporte y/o cualquier pérdida en cualquier ubicación".

  Esta cobertura se aplica a la carga “desde el momento en que la [carga] pasa a ser por cuenta y riesgo del Asegurado (...) y continúa mientras el objeto está en tránsito y/o almacenado, incluso durante demoras dentro o fuera del control del Asegurado, (...) hasta que finalmente se entregue en [el] destino final previsto (...)".

  Apunta la demanda presentada por CITGO que la póliza incluye establece entre los riesgos cubiertos, uno denominado "Cláusulas de Guerra del Instituto (Carga)", en la que se estipula que el seguro cubre la pérdida o daño del objeto asegurado causado por: 1) guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que surja de ella, o cualquier acto hostil por o contra una potencia beligerante; 2) captura, incautación, arresto, restricción o detención, que surja de los riesgos cubiertos en el primer caso, así como las consecuencias de los mismos o cualquier intento al respecto.

  Aparte de hacer mención a varias estipulaciones de la póliza relativas a las formas de evitar o minimizar la pérdida; garantías de los transportistas, depositarios o terceros; gastos de envío en caso de viaje frustrado; entre otras, prevé que el contrato se rige por pautado en la ley de Nueva York, por lo que las partes se someten a la jurisdicción exclusiva de los tribunales del Estado de Nueva York.

Los hechos

  CITGO fletó el Gerd de Knutsen Shuttletanker Pool AS para transportar el crudo que recibió gratis de su casa matriz PDVSA, iniciándose la carga el 20 de enero de 2019, completándose el 27 de enero del citado año. La demandante ordenó el 30 de enero de 2019 al capitán del buque salir de aguas venezolana rumbo a Aruba donde se entregaría el DCO.

  Antes de zarpar, el Gerd requería una serie de autorizaciones que organismos dependientes del gobierno ilegítimo de Maduro se negaron a otorgar y, por ello, el buque petrolero permaneció durante más de doce meses anclado frente a las costas venezolanas en procura de las referidas autorizaciones.

  La falta de respuesta de las autoridades venezolanas y la incautación del Gerd, ocurrieron como consecuencia de una insurrección contra su presidente legítimo y gobierno reconocido internacionalmente, Juan Guaidó, sostiene la demanda.  

  La demanda hace una larga y detallada exposición de estos acontecimientos que conforman el panorama en el cual se desarrollaron los hechos que motivan la demanda de CITGO a las aseguradoras.

   Fue así como fuerzas leales a Nicolás Maduro retuvieron al Gerd e impidieron que zarpara durante más de un año. El crudo se cargó entre el 20 y 27 de enero de 2019, en cuyo lapso Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, fue juramentado como presidente interino de Venezuela.

  Un día después de completada la carga, el 28 de enero de 2019, Estados Unidos impuso sanciones a PDVSA que le prohibieron recibir los ingresos de las ventas de petróleo tanto en territorio estadunidense como en otros lugares, congelando efectivamente las cuentas por pagar a la estatal petrolera venezolana. Se buscaba que el régimen de Maduro siguiera “saqueando los activos del pueblo venezolano”.

  El 30 de enero de 2019, apenas dos días después de la implementación de las sanciones contra PDVSA, que el Gerd solicitó por primera vez las autorizaciones necesarias para salir de aguas venezolanas. Refiere la demanda que cuando las autoridades venezolanas no respondieron, CITGO ordenó a la embarcación que zarpara hacia Aruba, pero el capitán rechazó la instrucción y dijo que el barco no partiría sin las autorizaciones necesarias.

  El 1 de febrero, representantes de PDVSA solicitaron que el Gerd entregara su carga a la custodia de la petrolera, pero el capitán del buque se negó con el argumento de que su fletamento con CITGO no le permitía acceder a las demandas de Petróleos de Venezuela.

  El 8 de febrero de 2019, Juan Guaidó nombró una nueva Junta Directiva ad hoc de PDVSA, la cual designó una nueva directiva de PDV Holding, propietaria de las acciones de CITGO. PDV Holding igualmente nombró los nuevos directivos de CITGO Petroleum Corporation, la empresa demandante.

   La Corte de Cancillería de Delaware dictaminó que la junta recién nombrada por Guaidó era la legítima y única Junta autorizada para actuar en nombre de CITGO. También el Procurador Especial de Venezuela estableció que la carga pertenecía a CITGO y no a PDVSA y, no obstante, el capitán de puerto venezolano, SENIAT y la Guardia Costera Bolivariana ignoraron las solicitudes de autorización para navegar del Gerd.

   Una serie de eventos prosiguieron hasta que el 22 de diciembre de 2019, un supuesto representante de PDVSA abordó el barco junto con dos miembros de la Guardia Nacional y entregó al capitán una orden presuntamente emitida por un tribunal venezolano —no un tribunal marítimo— para que el Gerd se dirigiera hasta la Terminal de Puerto José y descargar el crudo. CITGO, a su vez, ordenó al capitán no cumplir la orden del tribunal.

  El 9 de febrero de 2020, una embarcación venezolana armada se acercó al Gerd y obligaron al capitán llevar la nave al puerto de Jose, lo cual realizó bajo protesta para proteger la vida y la seguridad de su barco y tripulación.

  De este modo, el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro se apoderó del crudo cargado en el Gerd.

  Estos hechos los notificó CITGO a las aseguradoras el 22 de julio de 2019 y se inició el proceso para declarar la pérdida de la carga y proceder al cobro bajo la póliza, pero estas se niegan a pagar.

  Ante tal circunstancia, presentó la demanda por incumplimiento de contrato y sentencia sobre dos aspectos del contrato, declarando la incautación de la carga como surgida de una guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o conflicto civil enmarcados en las Cláusulas de Guerra del contrato.

  También se pide al tribunal declarar los costos en que incurrió CITGO al intentar evitar la pérdida o recuperación de la carga; otorgar a CITGO los honorarios razonables de sus abogados y los costos incurridos para llevar a cabo la demanda; y otorgar cualquier otra reparación que la Corte considere justa y apropiada.

martes, 28 de julio de 2020

Ex Procurador: Control previo de la AN sobre contratos de CITGO es inconveniente a los intereses de Venezuela

   En una comunicación dirigida al diputado Elías Matta, José Ignacio Hernández, advirtió que el control previo de la AN sobre CITGO favorecería las tesis argumentadas por los acreedores de PDVSA que reclaman los activos de CITGO como compensación de pago.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  El 12 de junio de 2020, [cuando ya había renunciado a su cargo -28 de mayo de 2020- pero aún se desconocía la decisión], el ex-procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández G., remitió una comunicación con carácter “privado y confidencial”, identificada con el código PER-477, al diputado Elías Matta, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional en respuesta a los planteamientos formulados por la fracción parlamentaria de Primero Justicia en fecha 8 de junio de 2020.
   Hernández expuso en la misiva sus conclusiones jurídicas relacionadas con el alcance de las potestades de control de la Asamblea Nacional sobre PDV Holding, Inc. y sus empresas filiales.

  Advierte, como ya lo ha hecho ese despacho en ocasiones anteriores, que las normas que establecen el control previo de la Asamblea Nacional sobre contratos públicos no aplican a CITGO, en función al carácter territorial de las normas del Derecho Público venezolano.

  El ex-procurador indica que las conclusiones se elaboraron atendiendo cuatro aspectos jurídicos, a saber, (i) el rango legal del Estatuto que rige la transición a la democracia y su incidencia en las normas de Derecho Público aplicables al control previo de contratos públicos; (ii) el contenido del Estatuto y las referidas normas de Derecho Público; (iii) las razones jurídicas por las cuales los negocios jurídicos de CITGO no se someten al control previo de la Asamblea Nacional; y (iv) las consecuencias que tendría extender dicho control a CITGO, desde la perspectiva de la estrategia de protección de activos prevista en el Estatuto.

Seguidamente se desarrolla dicha argumentación:

Rango jurídico del Estatuto

   José Ignacio Hernández acota que el Estatuto que rige la transición a la democracia es una ley dictada por la AN con fundamento en su potestad legislativa. Dicho estatuto desarrolla el artículo 333 de la Constitución respecto de la transición a la democracia basada en la estricta aplicación del artículo 233 de la carta magna.

  Su condición de Ley Especial a hace prevalecer por leyes generales, pero no tiene rango constitucional, ni puede modificar a la Constitución. Tal carácter especial del Estatuto deriva del artículo 333 constitucional, pero siempre, como acto de ejecución directa de lo que la Constitución dispone.

  Se remite a lo afirmado por el Román Duque Corredor: “el Estatuto de Transición es un acto parlamentario normativo de ejecución directa de la Constitución, conforme el artículo 333 para restablecer su vigencia ante su derogación de hecho y para encauzar la transición democrática”.

  En ejecución del artículo 333 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede dictar otros actos, es decir, sirve para desarrollar la transición democrática, y específicamente, para el cese de la usurpación.

  En materia del control que la Asamblea Nacional puede ejercer sobre CITGO, el procurador refiere que el marco aplicable a dicho control parte, primero, de lo dispuesto en la Constitución, y segundo, de lo que pueda disponer el Estatuto como Ley especial en la materia.

Regulación del Estatuto

  El ex-procurador especial pasa al segundo aspecto jurídico que sustenta sus conclusiones y subraya que el Estatuto no establece ninguna regulación en cuanto al control parlamentario sobre contratos celebrados por CITGO y, por ello, estableció en su artículo 34, un régimen especial para la designación de la junta administradora ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), con el propósito de remover a los administradores de CITGO designados por el régimen de Nicolás Maduro y lograr, en ese ámbito, el cese de la usurpación.

   Sobre dicho artículo 34 se redactó en atención a lo acordado con el Departamento del Tesoro que condicionó la exclusión de CITGO de las sanciones, en tanto se pudiera remover a los administradores de Maduro en la filial.

   La intención del artículo 34, fue regular el procedimiento especial para la designación de los administradores de CITGO y el rescate de su autonomía, no el control sobre contratos suscritos por la filial de PDVSA en Estados Unidos.

Negocios de CITGO no se someten al control previo de la AN

  El tercero de los fundamentos jurídicos de las conclusiones del ex-procurador Hernández, quien alerta que, aunque la fracción parlamentaria de Primero Justicia no alude el tema directamente en su comunicación, se infiere que la norma que permitiría invocar el control previo de la Asamblea Nacional sobre los contratos suscritos por CITGO es el artículo 150 constitucional, que regula a los contratos de interés público nacional.

  Sin embargo, advierte que el citado artículo 150 solamente aplica a los contratos de interés público celebrados por la administración pública y CITGO no puede considerarse parte de ella, pues es una sociedad mercantil constituida y domiciliada en el extranjero. Las normas de Derecho Público, entre los que se cuenta el Estatuto, aplican únicamente territorialmente, aun cuando generen efectos colaterales en el extranjero. De acuerdo a lo que las cortes de Estados Unidos han interpretado.

  Subraya que el principio de territorialidad “ni ha sido modificado en el Estatuto, ni podría ser modificado por éste. Tampoco el Estatuto modifica, ni podría hacerlo, el artículo 150 constitucional. Por el contrario, el Estatuto ratifica la vigencia del control de la Asamblea sobre la Administración Pública (artículo 14, que remite al artículo 187.3 constitucional), lo que quiere decir que el control de la Asamblea Nacional en contratos de interés públicos se rige por el artículo 150 constitucional”.

Consecuencias de extender el control de la AN a CITGO

  El cuarto fundamento esgrimido por el procurador especial de Venezuela es una alerta acerca de las consecuencias que traería extender el control previo de la Asamblea Nacional a los contratos suscritos por CITGO.
  Destaca que tal acción podría generar consecuencias adversas a la estrategia de protección judicial de CITGO, en contra de lo dispuesto en los artículos 15 y 34 del Estatuto.

  Destaca que, primeramente, se le daría razón al argumento que han invocado los tenedores del Bono PDVSA 2020 y sus asesores, quienes se han opuesto al refinanciamiento de la deuda de CITGO al pretender que sea ésta quien asuma el pago del inconstitucional del citado bono de la estatal petrolera venezolana.

  En segundo lugar, Hernández alerta que el control previo de la AN sobre contratos de CITGO favorecería la tesis del alter-ego que sostiene que si el Gobierno Nacional (lo que incluye al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo) controla a CITGO en sus operaciones diarias, existiría un control político que permitiría invocar dicha tesis.

  Para finalizar, el ex-procurador especial, José Ignacio Hernández, advierte que este análisis “se centra sólo en el control previo de la Asamblea Nacional con base en el artículo 150 de la Constitución, pero deja a salvo los otros mecanismos de control posterior que puedan implementarse sobre PDV Holding, en previsión a las normas de la Ley contra la corrupción”.


lunes, 9 de diciembre de 2019

Siguen las demandas en EE. UU.: OI European Group BV se une a Crystallex para cobrar su deuda millonaria con las acciones de CITGO

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Otro acreedor de la República Bolivariana de Venezuela ha solicitado ante una corte de EE. UU. una orden para lograr cobrar un sentencia de dinero de un tribunal internacional por un monto de $ 382,076,793.05. La transnacional Oi European Group BV presentó ante el juez Leonard Stark, de la Corte de Delaware, una acción para formar parte del grupo de empresas (y de titulares de bonos PDVSA) que buscan obtener el pago de sus deudas por obligaciones incumplidas por el Estado venezolano con la venta de acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation, basándose en la tesis de Alter Ego que se aprobó en esa instancia judicial.
   El tribunal aprobó la moción interpuesta por los demandantes,  Oi European Group BV para que se considere de manera acelerada la petición. El juez ordenó,  además, que el demandado (Venezuela)  responda la acción del demandante para que se autorice la emisión de una orden de embargo —conocida como Fieri Faciascontra las acciones de la corporación de Delaware PDV Holding, Inc., propiedad nominal del alter ego de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA.

   El 24 de octubre de 2019, el gobierno de Donald Trump emitió una acción para proteger de los acreedores a CITGO. La decisión que se extiende por 90 días y se tomó antes que las múltiples empresas que buscan la ejecución de una orden de subasta de las acciones de la filial de PDVSA en Estados Unidos, dada por el tribunal de Delaware. 

La moción de Oi European Group BV

  En la moción de Oi European Group BV se basa en la tesis impuesta por el tribunal de Delaware sobre el alter ego que favoreció a la minera canadiense Crystallex y que la misma no ha cambiado hasta ahora. En ese sentido, señala que Venezuela "no argumenta que exista ninguna diferencia material entre las circunstancias de los laudos del CIADI otorgados a OIEG y Crystallex". 

   Un concepto equitativo, la doctrina del "alter ego" permite a los tribunales ignorar la forma corporativa donde la justicia lo requiere, con el fin de crear un alivio basado en la sustancia. Se aplica incluso a los instrumentos soberanos extranjeros como PDVSA, lo que permite a los tribunales federales hacer caso omiso de "el estado jurídico normalmente separado de un instrumento del gobierno" donde "principios equitativos reconocidos internacionalmente" requieren ser presentados por el litigio". 

  Los demandantes sostiene que después de todos los hechos que dieron lugar a la responsabilidad del alter ego a favor de Crystallex, Venezuela dejó de abusar de la forma corporativa.

  Advierten que el fallo sobre el alter ego del tribunal de Delaware se basa en hechos que el juez consideró que existieron entre 2002 y 2018. "Durante ese tiempo, los activos de Crystallex - y los activos de OIEG - fueron expropiados y ambas empresas obtuvieron laudos arbitrales del CIADI". 

  Alegan que el abuso de Venezuela de la forma corporativa durante ese período perjudicó a estos acreedores y dio lugar a un derecho de acción contra los activos que, aunque nominalmente eran propiedad de PDVSA, se consideraron como base de ese historial como activos de Venezuela.

   La defensa de Venezuela "no sostiene que ninguno de esos hechos históricos haya cambiado". 

 Aclaran que OIEG no ha demandado ni a Juan Guaidó, ni a su predecesor, Nicolás Maduro, ni a su predecesor, Hugo Chávez. Su reclamo no es contra el gobierno de Venezuela, sino contra el soberano mismo, y el alter ego de ese soberano PDVSA. 

 "Las obligaciones de un estado extranjero no se ven afectadas por un cambio en el gobierno de ese estado", sostienen. Agregan que "Guaidó es simplemente un nuevo administrador de un viejo acusado. Su nombramiento no cambió la naturaleza del acusado soberano de Venezuela ni su relación con su alter ego. La forma ha cambiado, pero no la sustancia", advierten.

 Como un asunto formal, los Estados Unidos reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela en enero de 2019. Así también, como un asunto formal, han cambiado las personas que pueden ser reconocidas en los Estados Unidos como directores de subsidiarias domiciliadas en los EE. UU. 

   La doctrina del alter ego se refiere a los hechos, no a las formas, y es indiscutible que el soberano y su alter ego no han cambiado de hecho. "Guaidó no tiene control práctico sobre el soberano, PDVSA permanece totalmente controlado por ese soberano, y los nuevos miembros de la junta tampoco tienen poder para hacer cumplir sus decretos corporativos en Venezuela".

  "Venezuela concede lo mismo" dicen y hacen referencia a una declaración del embajador de Guaidó, Carlos Alfredo Vecchio donde señala  que Guaidó “no tiene acceso completo al personal y los documentos del gobierno y sus instrumentos. Por el contrario, el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro se ha negado a renunciar al control de la operación de muchos órganos del gobierno de Venezuela, refiriéndose a la "medida en que los activos de PDVSA dentro de Venezuela permanecen bajo el dominio y el control ilegales de Maduro y sus aliados políticos".

  OIEG entiende que es probable que OFAC espere una posible transacción de venta antes de emitir una licencia y, en consecuencia, los procedimientos de subasta sugeridos por Crystallex condicionarían la transferencia de las acciones en el momento de la emisión de una licencia OFAC, tanto para los acreedores garantizados como para el cesionario. 

  "OIEG está de acuerdo con este enfoque. Se debe emitir una orden de embargo mientras tanto para establecer una prioridad menor en los activos", dice la demanda.

  Las consideraciones de la OFAC no fueron relevantes para el análisis de este Tribunal de si PDVSA es o no un alter ego de Venezuela o si los activos de PDVSA estaban sujetos o no a embargo por parte de Crystallex. 

  La "decisión principal" en Crystallex I y II "fue que PDVSA es el 'alter ego' de Venezuela bajo Bancec" y en base a ello, el Tribunal "concluyó que el control de Venezuela sobre PDVSA era suficiente para permitir que Crystallex se uniera a las acciones de PDVSA de PDVH en satisfacción de su juicio contra Venezuela". 

 Estas determinaciones fueron esenciales para el juicio previo, incluso si la ejecución real de cualquier archivo adjunto requerirá una licencia OFAC (u orientación). 

  Sostienen que Venezuela está colateralmente impedida de impugnar los antecedentes de la Corte determinación de que (i) PDVSA es el alter ego de Venezuela, y (ii) que las acciones de PDVSA de PDV Holding (CITGO) están sujetas a embargo por parte de un acreedor judicial de Venezuela.

 Asegura que el tribunal no debe diferir una decisión sobre la moción de OIEG hasta que los procedimientos de Crystallex estén "totalmente resueltos".

  Venezuela afirma que el Tribunal debería diferir la acción sobre la moción de OIEG hasta que el Tercer Circuito revise las peticiones de nueva audiencia o revisión en el banco.

  Un panel del Tercer Circuito afirmó por unanimidad las decisiones de este Tribunal en Crystallex I y II. Asimismo, el tribunal levantó su suspensión de los procedimientos de Crystallex del tribunal de distrito, autorizando así a este Tribunal a tomar medidas adicionales en ayuda de la ejecución, y no ha tomado ninguna acción posterior para limitar esa acción.  "Ahora que el Tercer Circuito ha levantado su suspensión de los procedimientos en el tribunal de distrito, este Tribunal puede y debe proceder con acciones de ejecución contra Venezuela", acotan.

  Aseguran que el hecho de que Venezuela haya buscado una revisión discrecional de Crystallex III no tiene ninguna consecuencia. 


viernes, 12 de abril de 2019

Conoce la misteriosa del acuerdo firmado entre Crystallex y el régimen de Nicolás Maduro

La política de expropiaciones desarrollada por el gobierno de Hugo Chávez continúa generando pérdidas millonarias para la república. En 2011, Venezuela expropió un proyecto de minería de oro de la canadiense Crystallex, lo que llevó al fallo de arbitraje en 2016 que generó una deuda por casi USD 1.400 millones de dólares. En 2018, el régimen de Nicolás Maduro privilegió los pagos de un acuerdo con la trasnacional canadiense por encima de otros acreedores. El convenio (secreto) no fue aprobado por la Asamblea Nacional que es el poder encargado de darle legalidad a los compromisos de la república. Aunque las cartas pareciera que están echadas, no hay claridad sobre este asunto que podría conllevar a la pérdida de grandes activos de la nación.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
La minera canadiense Crystallex ganó un caso de arbitraje en contra del Estado venezolano en 2016, por un monto de USD 1.202 millones más intereses y gastos. Desde entonces, la empresa inició diversos litigios para el cobro de la deuda, incluyendo una demanda en la corte federal de Delaware para intentar ese cobro ejecutando las acciones de PDVSA en PDV Holding, Inc., la empresa matriz de CITGO.

En agosto de 2018, el juez federal de distrito, Leonard Stark, en Delaware, consideró que Crystallex podía vender en subasta pública las acciones propiedad de PDV Holding, Inc., lo que implicaría la pérdida de control de CITGO.

Poco después, el 10 de septiembre de 2018, el gobierno de Nicolás Maduro y Crystallex celebraron un acuerdo que modificó los términos de la transacción anterior firmada en 2017. En esta ocasión, Crystallex obtuvo un pago de 425 millones de dólares. En el contexto de esta negociación, lo primero que llama la atención es la rapidez con la cual se obtuvo el pago de más de un tercio del monto total adeudado.

Lo más sorprende sucedió poco después, en el juicio que Crystallex sigue por la apelación que se lleva a cabo en Delaware por la sentencia que afecta a CITGO. El 27 de diciembre de 2018, Henry Rodríguez, quien trabaja en la Procuraduría General de la República, dijo que Crystallex había cambiado el texto de la transacción inicialmente.

Según declaraciones juradas que forman parte del expediente, el abogado de la Procuraduría, señala que el texto original de la transacción en español, sólo abarcaba a la república, pero en la versión en inglés, Crystallex incluyó también a PDVSA. Fue esa traducción al inglés la que una vez firmada, ha sido utilizada en las cortes, incluyendo el tribunal de Canadá, país en el cual Crystallex mantiene un proceso de bancarrota.

Los documentos señalan que la transacción fue firmada por Reinaldo Muñoz Pedraza en octubre de 2018, esto a pesar de que la Asamblea Nacional ya había declarado que Muñoz Pedraza no ha sido debidamente designado Procurador y, por tanto, no está facultado para suscribir válidamente ningún documento que comprometa a la república.

Finalmente, Crystallex recibió el pago con fondos del Estado venezolano, a pesar de que la Asamblea Nacional no ha aprobado el presupuesto y, por tanto, no era posible efectuar ningún gasto válidamente. 

La transacción de Crystallex deja varias interrogantes:

1. ¿Por qué el régimen de Maduro aceptó reconocer la totalidad del monto reclamado por Crystallex y pagarle casi un tercio?

2. ¿Por qué el gobierno de Maduro, que ha incumplido diversas obligaciones, decidió pagar ese monto a Crystallex?

3. ¿Por qué Crystallex cambió el texto de la transacción firmada, según fue declarado por el abogado de la Procuraduría?

Por ahora estas preguntas no tienen respuestas.

Otros detalles del caso

Crystallex International Corporation entró a operar en Venezuela en 2002, a través de un Contrato de Operación, en conjunto con la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para explotar las minas de oro “Las Cristinas”, localizadas en el estado Bolívar.  El contrato fue cancelado por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez en 2011, lo que generó que minera interpusiera un recurso de arbitraje en 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por USD 3.400 millones el cual estaba basado en los tratados de Inversión entre Canadá y Venezuela.  En 2016, el CIADI falló a favor de Crystallex, obligando a Venezuela a pagar USD 1.400 millones (USD 1.200 millones más USD 0.2 millones en intereses desde esa fecha, a 6 meses tasa LIBOR, más 1 por ciento de interés aproximadamente el 3,75 por ciento PA hasta que la deuda se pagara por completo).

Los pagos

La evaluación cronológica de los documentos del caso señala que para el 4 de abril de 2016 la deuda original del arbitraje a favor de Crystallex era de USD 1.202.000.000.00. 

El acuerdo señalaba que si Venezuela no cumplía con los pagos acordados antes del 10 de enero, Crystallex reiniciaría los procedimientos legales. Así, Crystallex y Venezuela llegaron a un arreglo en 2018, en el que el país mantuvo el acuerdo de pago luego de transferir USD 74.638.998,43.

Se desconoce oficialmente cuántos pagos ha hecho el gobierno de Venezuela a Crystallex y los montos de los mismos. Sin embargo, se han observado que los términos del precipitado acuerdo firmado entre las partes para evitar la confiscación de CITGO, luego que la corte aceptara el argumento de que PDV Holding Inc. es que el alter-ego de PDVSA, lo que otorgó a Crystallex los derechos sobre las acciones de la citada empresa —PDV Holding Inc— y, por ende, de la filial en territorio estadounidense.

Según los documentos legales, el acuerdo contiene dos tipos de pagos: Una erogación inicial de USD 425.000.000 y el saldo restante, que de acuerdo al contrato es de USD 814.632.217, dividido en 34 pagos, que deberían comenzar a efectuarse el 1° de febrero 2019 y terminar el 28 de enero del 2021.

La suma de los pagos que se han hecho, así como están por hacerse, suman un total de USD 1.314.271.214,43, una cantidad que resulta USD 112.271.214,43 millones por encima de la cifra premio concedida por el CIADI.

Asumiendo que Crystallex haya decidido cobrar intereses por la deuda entre el momento del premio y la fecha del acuerdo, la tasa de interés que se corresponde con ese aumento está en un rango entre 3,34 por ciento y 3,42 por ciento anual, según el momento en el que se hayan hecho los pagos que suman USD 74.638.998,43. A partir de ahí, el acuerdo no contempla ninguna tasa de interés, sólo divide el monto de la deuda total al momento de realizar el acuerdo (USD 1.239.632.216), en dos partes, que se pagan una al inicio (USD 425.000.000) y otra parte (USD 814.632.217) pagaderos en 34 cuotas a lo largo de dos años, y que no conllevan ningún tipo de interés.

Los documentos también señalan que durante toda la duración del contrato, la república se compromete a mantener en garantía activos por el valor de 120 por ciento del monto a pagar en cuotas, conocido como lo “sustancialmente habitual”. En cualquier caso, dada la garantía sustancial en activos líquidos, la tasa de interés debería ser baja y, en efecto, es cero. Asimismo, se sabe que el acuerdo como tal no tiene términos excesivos.


Hasta ahora se desconocen las razones por las cuales, eventualmente, Crystallex decidió capitalizar intereses de entre 3.34 por ciento y 3.42 por ciento anual por el tiempo transcurrido entre la fecha del premio y el acuerdo, y no haya decidido tener intereses mínimos (dada la garantía) en el resto del acuerdo.

sábado, 15 de septiembre de 2018

Crystallex acusa a PDVSA de intentar "saquear" a CITGO ante la inminente ventas de sus acciones

Como si se tratara de una piñata, cuando se conoció la orden del juez para subastar las acciones de Citgo como pago a las deudas que la República Bolivariana de Venezuela tiene con la canadiense Crystallex, Rosneft Trading S.A., Citgo y los titulares de los bonos venezolanos presentaron al tribunal una solicitud para que fueran declarados "interventores propuestos". La defensa de Crystallex dice que la República Bolivariana de Venezuela busca "saquear a PDV Holding y sus filiales y quitarle valor" antes de que se produzca la venta de las acciones de la filial por parte de los aguaciles de los Estados Unidos. He aquí la historia.

Por Maibort Petit
@maibortpetit
En un documento de 49 paginas entregado este viernes a la corte de Delaware los abogados de la transnacional Cristallex International Corp. pidieron al juez negar las mociones propuestas por Petróleos de Venezuela S.A donde se solicita la suspensión del mandato del tribunal para proceder con la venta de las acciones de CITGO Petroleum Corp., filial de la petrolera estatal venezolana en los Estados Unidos, y cuyos fondos servirían para saldar la deuda que la República Bolivariana tiene con la empresa demandante por concepto de la expropiación de sus activos en las minas las Cristinas por parte del fallecido presidente Hugo Chávez.

En la petición para que corte niegue las mociones de Petróleos de Venezuela, los abogados de Crystallex señalan que debe ejecutarse de inmediato la orden de concesión que hizo el juez Leonard P. Stark contra las acciones de PDV Holding, Inc entidad dueña de Citgo.


El documento dice que luego de un mes de ser emitida la orden para que los aguaciles de los Estados Unidos procedieran con los trámites para la subasta de las acciones, el 31 de agosto de 2018 "Petróleos de Venezuela, SA metió un recurso para evitar que se procediera a la oferta del capital accionario de conformidad con lo establecido en la ley".

Dicen los abogados de la empresa canadiense que PDVSA no ofreció una fianza y ni garantizó que las acciones de PDV Holding sean suficientes para satisfacer el juicio de Crystallex contra el alter ego de PDVSA, que es la República Bolivariana de Venezuela. 

Aseguran que PDVSA tampoco ofreció ningún medio para garantizar que "PDVSA y Venezuela no saquearán PDV Holding mientras mantengan el control de dicha empresa y de sus subsidiarias, debido a que con el fallo de la corte ya no tienen ningún interés a largo plazo en el éxito financiero de esas compañías". 

Recordaron los litigantes que antes que la corte emitiera su orden autorizando la ventas de las acciones de Citgo, PDVSA realizó transacciones con "intención". . . para obstaculizar las acciones de  los acreedores.

Argumentan que "reconociendo ahora que las acciones de PDV Holding pronto se venderán para satisfacer el reclamo de Crystallex, PDVSA tiene todos los incentivos para saquear a PDVH y sus subsidiarias mientras mantenga su control". 


CITGO es administrado por personas que son nombradas y leales al presidente Nicolás Maduro y que tienen todos los incentivos para despojar a la compañía -y a las acciones de PDVH- de su valor antes de la venta por parte de los aguaciles. 

El documento dice que "PDVSA no ofrece en su recurso ninguna razón legítima por la que Crystallex, que ya pasó años esperando que Venezuela satisfaga la sentencia y el laudo arbitral a su favor,   tenga que dar más tiempo a PDVSA y Venezuela para despojar aún más a sus subsidiarias de los EE. UU. del valor que poseen en este momento". 

Piden que la moción de PDVSA sea negada de inmediato por el juez Stark.

Nuevos acreedores tras el botín de CITGO

Esta semana también llegaron a la corte tres diferentes recursos que piden al tribunal que les permita intervenir en la acción legal de Crystallex. Rosneft Trading SA, CITGO Petroleum Corp. y un grupo de tenedores de bonos emitidos por PDVSA llamados colectivamente en la demanda Interventores Propuestos buscan participar como beneficiarios del fallo de la corte.

Cada uno de los "Interventores Propuestos" solicita - por separado-  al tribunal una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Aclaran los abogados de Crystallex que ninguno de los Interventores Propuestos han afirmado tener un interés en la propiedad de las acciones de PDV Holding. Por el contrario, cada uno de ellos especula que la venta de PDV Holding podría afectar el valor de otros activos y, en función de esos supuestos intereses, solicitar una suspensión de la apelación pendiente. 

En ese sentido sostienen que el daño especulativo a los activos fuera del alcance de la decisión no justifica ni la intervención ni la suspensión de la ejecución en espera del resultado de la apelación intentada por Venezuela en el tribunal del segundo circuito.

El daño del que se quejan los Interventores Propuestos -la aceleración de otras deudas de PDVSA y sus subsidiarias estadounidenses que Venezuela tienen la obligación de pagar- es el resultado de los riesgos de los derechos contractuales que los  Interventores asumieron voluntariamente cuando fueron propuestos por los demandados. "Por estas razones, las mociones de los Interventores Propuestos también deben ser denegadas" añade el documento.

Antecedentes de este caso


1) El 14 de agosto de 2017, Crystallex presentó una acción legal buscando un fallo que diga que PDVSA es un alter ego de Venezuela y, en consecuencia, las acciones de PDVSA de sus filiales son propiedad de Venezuela y por tanto están sujetas a ejecución para satisfacer el juicio de Crystallex contra Venezuela.

2) El 15 de agosto de 2017, PDVSA emitió un comunicado de prensa respondiendo a la moción de Crystallex donde rechaza los reclamos de la empresa canadiense que intentan afectar los intereses de Venezuela en asuntos petroleros.

3) Crystallex solicitó permiso al Tribunal Federal de Delaware para congelar y confiscar las acciones de PDVSA en PDV Holding, una empresa matriz de Citgo en los EE. UU.

4) El 31 d agosto de 2018, ConocoPhillips, un acreedor judicial de PDVSA, presentó una carta al Tribunal pero no se movió para intervenir ni solicitar formalmente ningún otro alivio. 

5) El 22 de agosto de 2017, PDVSA intervino para intervenir en el litigio. 

6) A pesar de numerosos informes de prensa que detallan los esfuerzos de Crystallex e incluso las advertencias directamente por parte de de PDVSA, Rosneft, CITGO y los titulares de los Bonos no hicieron ningún esfuerzo por intervenir en la primera instancia, es decir, en 2017.

7) En el transcurso de casi un año, Crystallex y PDVSA presentaron varias rondas de informes y más de 150 pruebas y declaraciones, y comparecieron para presentar argumentos orales ante este Tribunal en múltiples ocasiones. Después de este extenso litigio, el 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su Resolución final que otorgaba la reparación que Crystallex había solicitado -una determinación de que PDVSA es el alter ego de Venezuela y un escrito que adjunta las acciones de PDVSA en PDV Holding (dueña de Citgo).

8) Mediante esa orden, el Tribunal completó su decisión sobre la solicitud de ejecución de Crystallex. 

9) El 9 de agosto de 2018, la Corte emitió su orden determinando que PDVSA es el alter ego de Venezuela y accedió a la petición de Crystallex de un documento de embargo contra las acciones de PDVH  empresa propiedad de PDVSA. 

10) Dos semanas después, el 23 de agosto de 2018, el Tribunal emitió una orden para suspender temporalmente la ejecución de la venta de las acciones PDV Holding adjuntas y exigió que cualquier parte o no parte que deseara realizar aportaciones antes de la venta del paquete accionario que ejecutarían los aguaciles debía hacerlo a más tardar el 31 de agosto de 2018. 

11) PDVSA junto con tres no partes -CITGO, Rosneft y titulares de los Bonos- presentaron mociones en respuesta a esa orden del juez. Ninguno de las tres mociones -según los abogados de Crystallex- argumenta una respuesta sustantiva sobre cómo debería procederse con la venta de las acciones, y mucho menos aporta una justificación para seguir cualquier procedimiento que no sea la venta del paquete accionario autorizada por ley.

Lo único que le queda a la Corte es emitir una orden ministerial que indique que la venta de las acciones de PDVH por parte de los aguaciles de los Estados Unidos tendrá lugar en una fecha determinada; la Corte no necesita hacer más determinaciones de fondo, dicen los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que Crystallex resultaría dañada irremediablemente si el Tribunal permite una suspensión de la venta de acciones sin fianza. 

Además, sostienen que PDVSA y Venezuela tienen un historial de participar en esquemas para obstaculizar y evadir a sus acreedores, incluso mediante el saqueo de los activos de sus subsidiarias en Delaware. Ahora, más que nunca, PDVSA tiene un incentivo para tomar medidas que pueden destruir el valor de las acciones de PDVH. Cualquier acción de ese tipo despojaría a Crystallex del beneficio de la Orden de esta Corte y perjudicaría irreparablemente su capacidad de cobrar la sentencia de $ 1,200 millones (más intereses) que Venezuela le adeuda. 

Asegura que PDVSA y los Interventores Propuestos no muestran ninguna prueba de que sean irreparablemente perjudicados por la ejecución de la venta de las acciones. 



domingo, 2 de septiembre de 2018

Crystallex pide al tribunal de E.E. U.U. ordenar venta de acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor "

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Crystallex International Corp solicitó al juez federal Leonard P. Stark ordenar la venda de las acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor", esto en respuesta a la decisión de la corte de Delaware, fechada el 23 de agosto de 2018, donde se ordena a las partes presentar cualquier aporte adicional sobre la venta accionaria de PDV Holding, Inc. de Petróleos de Venezuela dentro de los siete días previsto para que el servicio de los aguaciles de los EE. UU. ejecuten el dictamen que le permitirá a la empresa canadiense cobrar la deuda que mantiene la República Bolivariana de Venezuela por la expropiación de las minas  de oro Las Cristinas durante el gobierno de Hugo Chávez.

Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en abril de 2016. Analistas han calculado que el interés acumulado podría haber incrementado la deuda total a alrededor de USA 1.600 millones.

El juez Stark emitió la orden que permitiría al fondo de cobertura Tenor Capital Management (actual propietario de Crystallex), subastar las acciones de Citgo. 

Cuando se conoció la decisión, PDVSA dijo que apelaría la decisión ante el tribunal.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el  24 de agosto de 2018.
Crystallex solicitó que el Tribunal ordene la venta de las acciones lo más rápido posible. De hecho, existe una clara orientación legal sobre cómo debe proceder la corte, acota los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones sean vendidas por los Alguaciles "al mejor postor" por orden del tribunal. Explica que, en base a la citada norma, "siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas", con "la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado" en el condado de New Castle, la venta puede continuar. 

Agrega que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. "No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitará mucho más allá de los requisitos legales" dice la carta. 

Señalan que las órdenes de la Corte correspondientes al 9 y el 23 de agosto de 2018.
Crystallex  -dice la comunicación- no tiene dudas de que la venta de las acciones se dará a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emita su orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

El proceso legal está diseñado para asegurar que los posibles compradores tengan conocimiento de la venta por parte de los aguaciles y la oportunidad de los interesados para aparecer y ofertar por las acciones. Los activos vendidos por los aguaciles en una subasta judicial se venden "tal como están, dónde están" y, en última instancia, depende del deudor del fallo divulgar información al mercado antes de la subasta si así lo desea. 


Los abogados señalan que "aunque las entidades de CITGO han expresado su preocupación por la capacidad de Crystallex para obtener el valor máximo de las acciones de PDV Holding en la próxima venta", ninguno de ellos ha presentado información financiera para ayudar dicha transacción. 

Aseguran que evidentemente "Crystallex tiene todo el interés en obtener el valor máximo para PDVH para lo cual está dispuesta a  recabar su opinión, y lista para divulgar toda la información que pueda obtener de PDVSA y sus subsidiarias". 

Crystallex destaca que varios compradores estratégicos que supuestamente obtuvieron información relevante en relación con la comercialización de CITGO en Venezuela, siguen interesados ​​en las acciones de PDVH. "Estos posibles compradores ya están al tanto de la inminente subasta y, presumiblemente, participarán si así lo desean". 

En la comunicación Crystallex sostiene que tiene la intención de hacer una oferta de crédito de juicio sustancial por las acciones en la venta para garantizar que se venden a un precio justo. 

Crystallex le aseguró que el tribunal que las acciones de Citgo se venderán a un "precio justo y adecuado", que es "el precio de hecho" es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley. 

Los abogados dicen que PDVSA solicitó la suspensión de la orden judicial sin pagar una fianza, "en contravención directa de la ley de Delaware, que rige la suspensión de los procedimientos de ejecución".

Aseguran que los argumentos de PDVSA "carecen de fundamento", y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que "intencionalmente" han diseñado para "obstaculizar a los acreedores". 

Señalan que "dada la inminente venta de las acciones de PDVH, Venezuela y PDVSA se sienten incentivadas a saquear PDVH y sus subsidiarias mientras todavía pueden hacerlo. En consecuencia, no hay ninguna razón para que la corte retrase la emisión de la orden de venta, por el contrario, el Tribunal debe emitir la orden de venta lo más rápido posible dado el riesgo significativo de daño que enfrenta Crystallex hasta que la venta tenga lugar".

Finalmente, los representantes legales de la trasnacional canadiense exponen ante el juez que para garantizar que el valor de las acciones de PDVH no disminuya antes de que puedan venderse en una subasta y que "Crystallex reciba el beneficio de la orden emitida por Corte el 9 de agosto de 2018 para cumplir su juicio legal, Crystallex pide que el Tribunal ordene la venta de inmediato y  que la venta se programe lo antes posible".


miércoles, 3 de mayo de 2017

Alarmas en el Congreso de EEUU ante posibilidad que Rusia tome el control de Citgo

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El Poder Legislativo estadounidense debatirá este miércoles los mecanismos que evitarían que Rosneft asuma el control de la filial de la petrolera venezolana Citgo en los Estados Unidos en el caso que Pdvsa no pueda honrar sus compromisos de deuda con la empresa rusa, un asunto que el criterio de varios legisladores —republicanos y demócratas— significaría una amenaza para la seguridad estadounidense.

Gran expectativa reina en la comunidad internacional y en los mercados tras el anuncio de que el Congreso de los Estados Unidos discutirá este miércoles la crisis que vive Venezuela desde el punto de vista político, económico y social. Especial atención tendrá en el debate, el gravamen que Pdvsa otorgó a la empresa rusa Rosneft que de ejecutarse le podría dar a la empresa ligada al gobierno de Vladimir Putin un 49.9 por ciento de las acciones de Citgo en territorio norteamericano.

Caso legal Pdvsa-ConocoPhillips-Rosneft

El pasado 10 de enero del presente año, ante la Corte Federal de Delaware, la estadounidense Conoco Phillips, demandó a Petróleos de Venezuela, PDVSA, así como a PDV Holding y a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A. por supuestamente haber transferido de manera fraudulenta las acciones de la refinería Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana en Estados Unidos. 

La acción legal de la petrolera de EEUU coincide con la entablada por Crystallex ante la misma instancia judicial. La empresa canadiense sostiene que Petróleos de Venezuela a través de su PDV Holding actuó fraudulentamente en un canje de bonos con vencimiento en 2017 por otros títulos al 2020, los cuales están respaldados por 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc.

Los demandantes aducen que la estatal venezolana habría recurrido a este ardid para evitar cumplir con las obligaciones emanadas de la expropiación de activos de Conoco y Crystallex en Venezuela que fueron ratificadas en un laudo arbitral.

El argumento esgrimido por Conoco y Crystallex es que la operación de canje de bonos en favor de Rosneft tiene como único fin violar las normas y acuerdos de cumplimiento de las obligaciones que Venezuela tiene ante los tribunales estadounidenses.
El asunto se complica aún más con la entrada de Rusia a escena, al ser Rosneft Trading S.A. una empresa cuyo mayor paquete accionario es propiedad del gobierno ruso. 

El origen del conflicto

La demanda de ConocoPhillips es la reacción de la empresa al accionar de la estatal PDVSA luego de la sentencia del laudo arbitral a que hemos hecho mención líneas más arriba.

Todo comenzó cuando ConocoPhillips demandó a Petróleos de Venezuela por 22 mil millones de dólares luego de que fuera nacionalizada su participación en la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco, en el desarrollo del bloque Petrozuata, cuya producción es de aproximadamente 120 mil barriles diarios y posee un mejorador cuya inversión es 1.300 millones de dólares.

Cuando el gobierno del fallecido Hugo Chávez llevó a cabo la expropiación de los activos de Conoco Phillips en virtud de que esta no quiso aceptar las nuevas condiciones que imponía la administración venezolana porque violaban los contratos iniciales, la petrolera estadounidense acudió al Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el cual falló en fecha de 9 de febrero de 2016 a favor de la compañía estadounidense y ordenó el pago de las obligaciones. 
En mayo de 2016, PDVSA solicitó al tribunal arbitral la reconsideración de la sentencia bajo el argumento de que el Ciadi había incurrido en un conjunto de irregularidades que atentaban contra los intereses de Venezuela. 

Indicó Venezuela que ConocoPhillips se negó a migrar al esquema soberano de empresas mixtas que contemplaba la posesión de 60 por ciento de las acciones en manos de Venezuela y 40 por ciento para la empresa extranjera que planteaba la legislación venezolana. Conoco no quiso plegarse al nuevo acuerdo de participación en los bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco de los desarrollos de Petrozuata, La Hamaca y Corocoro que en la actualidad se conocen con los nombres de PetroAnzoátegui, PetroPiar y PetroSucre y decidió que proceder legalmente desde 2007.

El fraude

En el caso que nos ocupa con relación a la demanda de entablada por la ConocoPhillips contra PDVSA, la primera reclama que el gobierno venezolano y la estatal petrolera, a través de sus filiales en Delaware PDVH, Citgo Holding, Inc., Petroleum Corporation Citgo Petroleum, llevaron a cabo un conjunto de transacciones que tenían como objetivo liquidar activos de Venezuela en los Estados Unidos como estrategia para obstaculizar o impedir el pago de obligaciones a la demandante ConocoPhillips.
PDVSA, según establece la demanda, procura no dar cumplimiento al pago de las obligaciones como lo determinó la sentencia de CIADI mediante la venta de sus activos de Citgo a Rosneft y así defraudar a sus acreedores.

Sostiene ConocoPhillips que con la transferencia fraudulenta del 49,9 por ciento de las acciones de Citgo Holding Inc. como garantía del préstamo de 1,500 millones de dólares obtenido por Pdvsa de parte de Rosneft PJSC de Rusia, Venezuela busca manipular sus bienes en EEUU con el simple objetivo de no pagarle a sus acreedores. 

Ya con anterioridad a esta demanda, ConocoPhillips había demandado a PDVSA en octubre de 2016, cuando destinó el 50,1 por ciento de las acciones de Citgo como garantía de un canje de deuda de 2.8 mil millones de dólares. 

Ante la corte de Delaware la empresa estadounidense argumenta en su demanda que Petróleos de Venezuela procura monetizar Citgo para así evitar pagar las reparaciones que reclaman los operadores extranjeros cuyos activos fueron incautados en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

La petrolera Conoco en su demanda ante la corte de Delaware pidió que se proceda con la cancelación del gravamen sobre las acciones de Citgo al tiempo que declare como fraudulenta la transferencia que llevó a cabo Petróleos de Venezuela a Rosneft, pues considera que no se trató más que de una hipoteca de las refinería en Estados Unidos a favor de la empresa rusa.

Como sustento de tal planeamiento, ConocoPhillips refirió que Rosneft presentó documentación que muestra el Código Comercial Uniforme contra PDV Holding, una firma propiedad de PDVSA, también propietaria de Citgo Holding Inc. y de Citgo Petroleum Corporation.

Si la demanda de ConocoPhillips y Crystalex no prospera, sencillamente Rosneft se convertiría en la dueña de Citgo, es decir, en manos del gobierno ruso estarían refinerías, oleoductos y gasoductos que la filial venezolana posee en todo el territorio de Estados Unidos.

PDVSA sin dinero con qué pagar

La situación financiera de PDVSA, es motivo de preocupación, no solamente para la población venezolana, sino en los mercados económicos internacionales.

Diversas voces, tanto en Venezuela como en el exterior, aseguran que la empresa petrolera se encuentra hipotecada, en bancarrota, carece de liquidez a tal extremo que pudiera quedarse sin dinero con que pagar entre otras deudas, el préstamo ruso. De llegar a materializarse tal hecho, Rosneft podría hacerse, literalmente hablando, del control de los activos de Citgo en Estados Unidos al tener la posibilidad de adquirir bonos adicionales de PDVSA y obteniendo así más de la mitad del paquete accionario de la filial venezolana.

Congregantes demócratas y republicanos, tal es el caso de Marco Rubio y Bob Menéndez, dirigieron una comunicación al titular del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, donde expresan su extrema preocupación ante la posibilidad cada vez más real de que Rosneft  tome el control de un importante proveedor de energía estadounidense, lo que cual representa una amenaza para la seguridad energética del país. Estiman los parlamentarios que esto podría afectar el flujo y el precio de la gasolina en EEUU y hasta podría exponer la infraestructura estadounidense y “poner el peligro la seguridad nacional".

También el republicano Jeff Duncan, de Carolina del Sur, y el representante demócrata, Albio Sires, de Nueva Jersey, advirtieron al secretario del tesoro que si no se controla esta situación, la seguridad nacional de los Estados Unidos podría verse socavada.

No es cualquier cosa lo que ocurre, toda vez que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no se encuentran en su mejor momento a raíz del conflicto en Siria, el ciberespionaje y las acusaciones de intromisión rusa en las pasadas elecciones de EEUU. Estas razones pesan a pesar que el presidente Donald Trump sostuvo este martes una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin y acordaron reunirse en el mes de julio de 2017.

La crisis financiera de PDVSA es una realidad que se agrava con la inestabilidad de los precios petroleros cuya recuperación no parece vislumbrarse ni siquiera en el mediano plazo. Ni Venezuela ni su principal industria parecen tener posibilidades ciertas de obtener dinero en 2017 y el préstamo ruso exhibe menos probabilidades de ser cancelado. La economía venezolana depende casi exclusivamente del petróleo, una situación que se ha agudizado durante los gobiernos socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Y si bien los 800 mil barriles de petróleo al día que procesa Citgo distan mucho de los 20 millones que consume diariamente EEUU, no hay que menospreciar las maniobras que el gobierno ruso —con un largo historial de manipulaciones en los suministros de petróleo y gas— podría plantear para tratar de afectar a los Estados Unidos en materia energética. 

Como uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo, Rusia no pocas veces ha sido señalada de valerse de sus compañías energéticas, como Rosneft y Gazprom, como palancas para accionar su política exterior. Su proceder con su vecina Ucrania respecto al suministro de gas es el mejor ejemplo de esto.

Y es que en manos rusas podrían quedar 48 terminales de productos petroleros en 20 estados de EEUU, al igual que tres refinerías en Luisiana, Illinois y Texas, la propiedad total de tres tuberías en Texas y la propiedad parcial de seis oleoductos. Además, la gasolina marca Citgo se expende en más de 5 mil estaciones de servicio de propiedad local en 29 estados.

El peso de las sanciones

De allí la importancia que las sanciones de Estados Unidos al gobierno ruso adquieren en estos momentos con relación a este caso.

Las acciones del Departamento del Tesoro representan un freno para que Rusia se haga de los activos de Citgo en territorio de EEUU.

Las dudas que hace unos meses privaban acerca de la posibilidad de que Donald Trump levantase las sanciones ante el peso que la presencia del secretario de Estado, Rex Tillerson, parecen haberse diluido de momento.

Pero la amenaza persiste y pende como una espada de Damocles sobre todo cuando la bancarrota venezolana es cada vez más una posibilidad cierta. Una situación que impediría el pago de la deuda a Rosneft lo cual, a su vez, terminaría otorgando a Rusia el control de una refinería en territorio de Estados Unidos obtenida a muy bajo precio, toda vez que se estima que el valor de Citgo oscila entre los 8 y los 11 mil millones de dólares. Solo queda esperar el desarrollo que los acontecimientos y el curso que la intervención del Congreso de los Estados Unidos le imprima a este caso.

Las sanciones vigente hasta este momento

El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro decidió mantener las sanciones impuestas por la pasada administración de Barack Obama, quien acusó al gobierno de Vladimir Putin de haber intervenido en las elecciones presidenciales estadounidenses orquestando ataques informáticos que afectaron duramente a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Ahora el gobierno de Donald Trump resolvió no emitir exenciones a empresas de EEUU, entre ellas la ExxonMobil, para llevar a cabo operaciones comerciales con Rusia. Es que la petrolera estadounidense desde hace meses gestiona una dispensa con el objetivo de reanudar sus actividades con Rosneft con el fin de explorar yacimientos de petróleo en el Mar Negro.

Ya en 2012, el gobierno de EEUU había resuelto castigar a Rusia por haberse anexado la región ucraniana de Crimea. Para esa misma fecha Exxon y Rosneft habían suscrito los referidos acuerdos para operar en el Mar Negro donde se estiman existen reservas petroleras por el orden de los 30 mil millones de barriles de crudo. Además, Exxon alega que estas sanciones le causarán pérdidas por mil millones de dólares.

Todo indica que el actual secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, quien viene de desempeñarse en el gigante petrolero estadounidense como su principal directivo, ha decidido marginarse de cualquier decisión que la administración de Donald Trump tome al respecto.

Cuando Tillerson ocupó la dirección general de la Exxon desarrolló vínculos con la petrolera rusa, con funcionarios gubernamentales y, en particular, con Vladimir Putin. De hecho, en 2014 se pronunció en contra de las sanciones impuestas por el gobierno de Obama a raíz de los sucesos de Crimea.

Las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU prohíben a las empresas petroleras de ese país transferir a Rusia tecnología avanzada para desarrollar perforaciones más eficientes en yacimientos marinos y en las formaciones de esquisto.