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lunes, 23 de diciembre de 2019

Comisionado para la ONU deja en evidencia la catástrofe ocasionada por el Arco Minero

  Un informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria en Venezuela elaborado por el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en noviembre 2019, revela el caótico estado y la devastación que las actividades mineras —legales e ilegales— allí  desarrolladas, han ocasionado.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

   Daños ecológicos, perjuicios a la salud, deterioro del patrimonio natural y cultural, alta criminalidad, son sólo algunas de las consecuencias que han causado las actividades de minería que de manera legal e ilegal se desarrollan en los territorios que comprende el Arco Minero, las cuales se han constituido en un mecanismo de financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
   Así lo determinó en noviembre de 2019 el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas en su “Informe sobre la situación del Arco Minero y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela” que a continuación presentamos.

    El reporte recuerda que en el año 2011, el expresidente de la república, Hugo Chávez, anunció la creación del Arco Minero del Orinoco, al cual incluyó en el Plan de la Patria para el período presidencial 2013-2019 con el objetivo inicial de nacionalizar la explotación y exportación de metales y no metales, un fin que, se subraya, ha devenido en grandes fallas de regulación.

   Se informa que el Arco Minero del Orinoco es una zona que abarca el 12 por ciento del territorio venezolano con alrededor de 111.846 km2 contentivos de un estimado de 700 toneladas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita, además de la presencia de depósitos de materiales radiactivos y no metálicos de alto valor, como el torio y el uranio, lo que ha levantado el interés de ciertos países se han involucrado en su extracción en procura de su propio beneficio[1]. Se destaca en el reporte que la actividad de estos países cuenta con el amparo del régimen de Nicolás Maduro, manteniéndose gran hermetismo con relación a los detalles de la misma.
     Indica el informe que el 24 de febrero de 2016, por disposición de Nicolás Maduro se creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, con el objetivo de acceder a divisas por medio de la explotación de yacimientos de materia prima distintas al petróleo —principal fuente de ingresos— una decisión adoptada en razón a la dependencia a la fluctuación de sus precios en el mercado internacional[2].  Apunta el mal manejo de la economía venezolana y la corrupción imperante, lo cual ha ocasionado la disminución en la producción nacional y obliga a encontrar nuevos medios de ingresos que permitan mantener las existentes estructuras de poder.

    En tal sentido, el informe del Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas destaca que la explotación del Arco Minero es una alternativa para la consolidación económica y el empoderamiento político de Nicolás Maduro, afectado por el déficit económico y las sanciones internacionales en su contra. Para hacer uso institucional de los recursos, el gobierno se vale del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME), entidad que recientemente formalizó la explotación rusa a través de un Fondo Rotatorio Minero por USD 17,8 millones con la excusa de hacer frente a la guerra económica, en marzo de 2019[3].

    Un hecho relevante a que hace referencia el informe es que 91 por ciento del oro venezolano se produce ilegalmente, lo que se erige como el mayor índice de cualquier país de Latinoamérica, encontrándose zonas de explotación de materia prima que cuentan con la presencia de grupos armados y criminales, los cuales cuentan con el amparo de la corrupción del Estado. La actividad va más allá de la explotación de recursos naturales al abarcar el tráfico de estos a través de Colombia y las Islas del Caribe con el apoyo de militares venezolanos. Esto causa inestabilidad regional y afianza la mafia estatal que enriquece a grupos irregulares e incrementa la migración por causa de la violencia[4]. 

   El reporte advierte de la ausencia de planificación en las actividades de exploración profunda del Arco Minero en materia de medidas de seguridad para el medio ambiente, como tampoco existen evidencias de que se realicen estudios técnicos dirigidos a desarrollar una adecuada explotación. Como consecuencia de esto es una zona con problemas de contaminación, desforestación, degradación ambiental del bioma de Amazonas, explotación de comunidades indígenas y epidemias de salud.

Sobre la explotación minera

    Seguidamente el reporte hace referencia a la explotación minera y dentro de esta exposición hace mención, en primer término, al hecho de que Venezuela cuente con las mayores reservas naturales en oro, diamantes y níquel, así como de otros minerales de interés. Entre estos últimos, tenemos que Venezuela es la quinta reserva mundial de torio[5],  mientras que de coltán y uranio, no existe cuantificación pública formulada por organismos oficiales en razón de la gran explotación ilegal del mismo, la cual se hace al amparo del régimen. 

   Al coltán se le conoce como “oro azul” y su uso es fundamental en la industria electrónica. Se encuentra colocalizado con el uranio[6]. En el arco Minero, se encuentra concentrado mayormente en las zonas 1 y 4. La explotación de este mineral es rentable y el control de sus reservas es estratégico para los países que lo poseen, otorgándoles gran poder geopolítico a nivel mundial. Se apunta que el coltán venezolano tiene alta concentración de tantalita, lo que lo convierte en extremadamente valioso, alrededor de USD 400.000 la tonelada. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la existencia de alrededor de USD 100.000 millones en reservas de coltán, pero nunca se publicaron cifras oficiales de las reservas naturales. Ha habido denuncias de contrabando de coltán de alrededor de 5 toneladas de este mineral venezolano decomisadas en Italia.

    Se explica en el informe del Comisionado para Naciones Unidas que el Torio es una sustancia radioactiva que se utiliza para la generación de energía, encontrándose colocalizado con el uranio, pero es más más seguro y limpio que esté al no producir desechos radioactivos como el plutonio, ni causa accidentes radioactivos. Se cree que las reservas venezolanas de torio podrían proporcionar energía a reactores durante unos 300 años, tal como lo indican estudios de la Sociedad Nuclear de Venezuela (SNV).  Para China, el torio es necesario para terminar de construir sus plantas de energía de última generación. La mayor concentración de Torio está ubicada en Amazonas, zona declarada como Área Bajo Régimen Ambiental Especial.

   Luego, el reporte se refiere a la infraestructura y se remite al Plan Minero 2019-2025, anunciado por Nicolás Maduro con una proyección de ingresos de USD 37.000 millones o 33.000 millones de euros[7]. Se advierte que Venezuela no cuenta con la infraestructura que le permitan dar un manejo adecuado a los compuestos radioactivos y sus ingresos provienen de su venta a terceros que cuenten con la capacidad nuclear para manipularlos. Alertan que la minería ilegal se extiende por el Arco Minero del Orinoco a través de los estados Amazonas, Zulia, Cojedes, Carabobo, Mérida, Táchira, Trujillo, Aragua y Barinas.

   Se explica que en cada zona del país y dependiendo del material que se vaya a extraer, se utilizan diversos métodos de extracción cada uno de ellos con sus propios requerimientos en maquinarias específicas y generando una huella geográfica única. La extracción legal cuenta con mayores equipamientos y el impacto de sus actividades en el largo plazo y dar respuesta está más controlado. El asunto es que siendo las operaciones ilegales las que más se producen, carecen de la infraestructura adecuada para la actividad.

   El reporte agrega en este sentido, que cuando Venezuela oficializó las operaciones en el Arco Minero no se abrieron licitaciones públicas, sino que se procedió a la adjudicación de los contratos de manera arbitraria, no contando muchas de las empresas beneficiadas con los registros necesarios para trabajar con el Estado y sin que tampoco la minería sea una de sus especialidades

   A manera de información, se indica que la minería aluvial requiere equipos en el agua, mientras que la excavación genera residuos de tierra en la locación del túnel y la minería a cielo abierto requiere de deforestación, por lo que puede ser detectada con el uso de satélites. Precisa que la molienda es más difícil de detectar en razón de que su equipamiento frecuentemente se oculta.

   En cuanto a producción, el informe del Comisionado de la ONU asegura que con el objetivo de legitimar la producción de oro, Nicolás Maduro instaló 54 nuevas plantas en el Arco Minero a finales del año 2018, para lo cual contó con financiamiento público y privado.

   Dichas plantas se encuentran ubicadas en todo el territorio con el objeto de a aumentar la productividad, pero sus locaciones legales son desconocidas, teniéndose conocimiento solamente de la primera inaugurada en noviembre de 2018 con capacidad inicial de 45 kilos mensuales de oro, con expectativa de crecimiento de hasta 90 kilos para el mes de junio. El ingreso promedio de la planta se estima en USD 11.2 millones.
  La primera planta de concentración de coltán fue instalada en octubre de 2018, constituyéndose en la que tiene la mayor producción de Latinoamérica con 160 toneladas y una inversión de USD 3.5 millones, aunque se sospecha que esta no es su verdadera capacidad de producción ni la verdadera relación entre inversión y ganancias.

   En marzo de 2019, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la alianza de 154 grupos de minería artesanal con Palestina y en abril de 2019, Rusia reveló su inversión en la producción de Níquel en el Estado Aragua.

   Por otra parte, el informe da a conocer que en Venezuela hay unos 250.000 mineros de pequeña escala —tanto nacionales como provenientes de Brasil y Colombia— quienes laboran de manera legal  e ilegal. 

   El comisionado de la ONU alerta que muchas de las minas están controladas, bien por grupos armados irregulares o por la misma Fuerza Armada Nacional.

  Indica que siendo la población indígena venezolana de unas 724.592 personas, lo que representa un 2.8 por ciento de la población. Estos residen en las zonas donde se practica la minería, estando muchos de ellos involucrados en la actividad.

Minas de oro para los gobernadores

   El 15 de octubre de 2019 —continúa el informe del comisionado para la ONU— Nicolás Maduro anunció la asignación de una mina de oro a cada gobernador de estado para su manejo y como mecanismo para generar recursos financieros. “Voy a proceder a entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación”, dijo el mandatario.

   Según Maduro, los gobernadores dispondrían “de inmediato” de los recursos provenientes de los yacimientos que invertirían en las “tantas necesidades” de sus estados y, de este modo, poder sortear el “bloqueo” económico dispuesto por Estados Unidos. Eso sí, advirtió que únicamente los gobernadores del oficialismo recibirían la asignación, pues en el caso de los opositores el yacimiento se le entregaría a una “corporación de protección social”, designada por su gobierno.

   De acuerdo a lo expuesto por Maduro, la iniciativa forma parte del “proceso de reorganización del Plan Minero Tricolor” y de la reorganización de “la inversión extranjera internacional que ha llegado y está llegando para producir oro, para producir coltán, para producir diamantes, etcétera, en el Arco Minero del Orinoco”[8].

  Tal asignación contradeciría lo establecido en la Constitución, la cual estipula que “el régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país”, es de competencia del Poder Público Nacional[9].    

  Actores externos y operadores internacionales comerciales del Arco Minero

  El capítulo siguiente del informe del Comisionado de la Organización de Naciones Unidas está referido a los actores externos que intervienen en el Arco Minero, así como también a los operadores internacionales.

  Destaca el reporte la existencia de permisibilidad y la flexibilidad legal en Venezuela en materia de explotación de minerales, hecho este que se ha convertido en un atractivo para quienes aspiran involucrarse, legal o ilegalmente, en la minería.
   En razón de esto el comisionado alerta que en la medida en la que Venezuela mantenga los niveles de inestabilidad que ahora exhibe, otros países tendrán mayor capacidad de influir en el país. Indica que las sanciones económicas han derivado en que Venezuela haya aumentado su intercambio comercial con Rusia, China, Vietnam e India. Igualmente agrega que en el corto plazo se estima que aumente la minería como un mecanismo que compense la falta de ingresos lícitos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

   El incremento se prevé, tanto por la necesidad de obtener ingresos, como por el aumento en la demanda por parte de otros países.

   De hecho, en 2017, 4 de las 10 mayores exportaciones venezolanas fueron bienes minerales, tales como el acero, oro, aluminio y cobre.

Grupos ilícitos irregulares presentes en el Arco Minero

    En la zona del Arco Minero operan un conjunto de grupos ilícitos irregulares bajo el amparo del estado venezolano, sentencia el informe del Comisionado de la ONU.

      El informe recuerda que desde el año 2000 cuando Hugo Chávez reestructuró el sector minero, grupos delincuentes comenzaron a proporcionar seguridad privada a quienes se dedicaban a la actividad. A estos grupos se les conoce como sindicatos, colectivos, pranes, bases, megabandas, entre otros, los cuales funcionan como intermediarios entre los mineros locales y las fuerzas armadas venezolanas.

   El precio de la protección equivale a 30 por ciento de los ingresos, siendo absolutamente obligatorio para los mineros hacer esta erogación. Las bandas criminales dividen l pago con los oficiales militares de la zona.
    Diversas masacres perpetradas por estas bandas se reportan, entre ellas la ocurrida en marzo de 2016, conocida como “La masacre de Tumeremo”, en el estado Bolívar, donde alrededor de 28 mineros fueron asesinados en un ataque vinculado a las fuerzas gubernamentales. La fiscal general para la fecha, Luisa Ortega Díaz, informó el hallazgo de 17 cadáveres dentro de una fosa común. El hecho se atribuyó a la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias El Topo. Asimismo, en septiembre de 2017, en una sola semana, 30 mineros murieron en enfrentamientos con tropas estatales cerca del municipio de Tumeremo.

    También en octubre de 2018 se reportó una masacre en la mina Los Candados, ubicada también en Tumeremo, en la que perdieron la vida 16 personas y 6 resultaron heridas. El informe del comisionado de la ONU indica que el ataque fue perpetrado la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular que se beneficia de la minería ilegal en el Arco Minero del Orinoco, según ha afirmado el diputado Américo De Grazia. Los sobrevivientes recibieron atención médica en el hospital José Gregorio Hernández de Tumeremo[10].

   Entre agosto y septiembre de 2019, fueron reportadas más hechos irregulares en Tumeremo cuando ciudadanos locales aseguraron que se habían producido más de 400 desapariciones y, en algunos casos, ejecuciones[11].

   Desde el Observatorio Venezolano de la Violencia, se denunció que en 2018, El Callao, localidad cercana a Tumeremo, se erigió como el sitio más violento de Venezuela, al haberse producido 619,8  homicidios por cada 100.000 habitantes[12].

   El documento del Comisionado para la ONU refiere que en la zona en cuestión las mafias sindicales cumplen un rol político de control sobre la lucha de los trabajadores por sus estructuras gremiales y sus reivindicaciones, pero dados los múltiples homicidios y denuncias de corrupción en las empresas, las bandas comenzaron migraron progresivamente a las zonas mineras del sur donde pueden actuar con mayor impunidad por estar alejadas de las principales ciudades, a saber, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar.

La guerrilla colombiana

  En este aparte, el informe hace referencia a la presencia de guerrilleros del ELN y disidentes de las FARC en las zonas mineras, donde núcleos insurgentes de estos movimientos irregulares colombianos han reclutado alrededor de 15 mil venezolanos a quienes pagan diariamente aproximadamente USD 15, a cambio de que lleven a cabo acciones ilegales en la frontera con Colombia. De este modo, estos grupos se han convertido en los mayores empleadores de la región con una oferta de salarios competitiva y atractiva en comparación con la posibilidad de obtener ingresos a través de mecanismos legales.

  En ellos reposa la responsabilidad de vender los materiales minerales a locales y revendedores, lo que promueve el contrabando hacia Colombia a mayores precios. Igualmente, se estimula el transporte no solamente de la mercancía propia, sino también de otras drogas ilícitas, a lo largo del mar Caribe.

Grupos y mafias delincuentes de Colombia

   Cita el informe que los grupos y mafias delincuentes de Colombia son entes armados surgidos a raíz de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUD), entre los cuales se encuentran los Rastrojos, Puntilleros, Bloque Libertadores de Vichada, Clan del Golfo, entre otros. Ahora son de pequeño o mediano tamaño —menos de 150 integrantes— que se enfocan en la producción de cocaína y su tráfico, aunque también se ocupan de la minería ilegal en la zona del Arco Minero del Orinoco.
Garimpeiros brasileños

   Desde 1980 operan en las zonas mineras venezolanas los mineros ilegales brasileños, habiéndose incrementado su presencia a partir de 2005.

  Por lo general —narra el informe— se establecen en campamentos temporales en el territorio amazónico y someten a la esclavitud al pueblo indígena Yanomami, contra quienes cometen actos en violación de sus derechos fundamentales.

   Los garimpeiros suelen provenir de regiones de bajos recursos y con oportunidades económicas limitadas, por lo que estiman que la explotación ilegal de minerales genera un ingreso conveniente, máxime, al contar con el aval desde estado venezolano.

Métodos de transporte y comercialización ilegal

 La institucionalización minera en Venezuela se ha visto obstaculizada por el alto porcentaje de minería ilegal y la corrupción que la caracteriza, llevando a que gran parte de los ingresos ilícitos terminen en manos de los efectivos del Estado.

   Solamente una parte del oro es procesado y la gran mayoría se comercializa como materia prima por grupos irregulares que se valen de las fronteras venezolanas como principal canal de tráfico de los minerales. 

  Entretanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sostiene operaciones contra la minería ilegal, encabezada por la Región de Defensa Integral, pero estas acciones lucen ineficientes debido al conflicto de intereses entre las relaciones de poder y la falta de planificación estratégica para el fundamento de soluciones sostenibles a largo plazo. También influye en ello el hecho de que gran parte de las operaciones ilícitas están amparadas y asociadas a grupos militares.

El ecocidio de la amazonia venezolana

  El reporte del Comisionado para la organización de las Naciones Unidas se remite entonces a las implicaciones ecológicas que las desplegadas en la zona del Arco Minero y a la emergencia humanitaria que tales actividades han desencadenado.

   En materia de ambiente, el informe dice que el territorio del Arco Minero coinciden cinco parques nacionales, así como grupos indígenas, por lo que las malas prácticas mineras tienen consecuencias directas, tanto en él (el ambiente) como en el ecosistema y la preservación cultural de la región.

   Refiere que cuando Nicolás Maduro estableció en 2016 el Arco Minero, puso a disposición del mismo un territorio que abarca alrededor de 112.000 kilómetros cuadrados y pese a que leyes de preservación ambiental internacionales prohíben la minería en Amazonas, más de 10 mil mineros practican la actividad ilegalmente en la zona.

   Dependiendo de cada tipo de minería desarrollada, hay diversas repercusiones negativas para el entorno, como la contaminación química de la minería informal, la cual se constituye en la más peligrosa, puesto que tiene lugar sin previsión alguna ha traído como consecuencia la deforestación de 80 mil hectáreas, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y del agua. Se estima que los daños ocasionados requieren de una recuperación que puede tomar 30 años si se detiene la minería ilegal este año.

    Reza el informe que el mercurio es utilizado para la extracción de los minerales presentes en la zona y describe que, inicialmente, un motor abre paso en el agua para poder llegar al fondo del río donde se hace un hoyo para encontrar el oro y luego se aplica mercurio con el fin de extraerlo. El mercurio queda en el hoyo luego de la extracción y una vez que se quita el motor, el agua también se contamina. Se trata de una práctica prohibida en razón de que el mercurio es altamente contaminante, imposibilitando el consumo del agua de río y contaminando sus peces. Cita un estudio de la Universidad de Oriente que estableció que las comunidades Yekuana y Sanema exhiben en su organismo 40 veces más mercurio del estándar fijado por la OMS.

   También se remite a estudios que han establecido que en comunidades mineras en Las Claritas, Santo Domingo, El Manteco, El Callao, y Bajo Carón, solo 13 por ciento de las mujeres examinadas y el 32 por ciento de los niños examinados, presentaban niveles de mercurio por debajo del límite saludable.

    Otra investigación citada es la que llevó a cabo un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, la cual informó que la contaminación de estos ríos no solamente afecta al país, puesto que “todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco y ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico […], alcanzando la región del Caribe Sur”.

    Ese estudio igualmente encontró que el Arco Minero puede influir en la intensidad de desastres ambientales. “Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de la descargas del río Orinoco producto de la mega minería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses”[13].

  Américo De Grazia, representante del estado Bolívar en la Asamblea nacional declaró que “por primera vez en su vida al Guri tienen que dragarlo por el alto contenido de sedimento por la explotación minera del oro y de los diamantes en la sede del lago, lo cual afecta las turbinas de la hidroeléctrica del Caroní”.

   El comisionado para la ONU destaca que el Arco Minero abarca el Parque Nacional Canaima, el cual es Patrimonio de la Humanidad y posee 30.000 kilómetros cuadrados con bosques y mesetas de cima plana que albergan jaguares, nutrias gigantes y osos hormigueros gigantes. También incluye a la Reserva Forestal Imataca (30.000 kilómetros cuadrados), las reservas de La Paragua y El Caura (50.000 kilómetros cuadrados), el Monumento Natural Cerro Guanay y la cuenca del río Caroní (96.000 kilómetros cuadrados).

Pueblos indígenas

   El informe resalta que la minería está prohibida en territorios indígenas, pudiendo llegar a realizarse solamente si es autorizada por los líderes tribales. Se agrega que muchas áreas de protección ambiental comprendidas en el territorio del Arco Minero son patrimonio cultural y religioso de las tribus, por lo que la actividad minera altera la vocación natural de las tierras.

   Se advierte que los nativos carecen de la capacidad de enfrentarse y poner oposición a la minería que amenaza con destruir su tierra, dado que los grupos ilícitos que las ocupan cuentan con el respaldo de grupos armados y/o efectivos militares. Unos 20 grupos étnicos se ven afectados, especialmente los Yanomami, cuya salud se ve afectada por el daño ambiental, así como su estilo de vida, a la par de que constantemente son víctimas de la violencia.

   El informe del Comisionado para la ONU se hace eco de los reportes emitidos a propósito de os eventos ocurridos el 23 de febrero de 2019, cuando la Asamblea Nacional intentó ingresar ayuda humanitaria por las fronteras terrestres de Venezuela, entre ellas, la de Brasil, ocasión en que el pueblo Pemón —originario de la zona minera— fue reprimido por 6 fuerzas militares y paramilitares que buscaban bloquear el ingreso de la ayuda humanitaria. Cinco personas de esta etnia resultaron muertas y se militarizó la zona para resguardar el negocio de la minería ilícita.

  El control de la zona por parte de los irregulares quedó en evidencia en el hecho de que las fuerzas militares se retiraron en el momento en el que los grupos armados comenzaron a actuar. Quedó demostrado que la zona es controlada por bandas armadas de minería que trabajan en conjunto con las Fuerzas Armadas y grupos terroristas como el ELN.

Los riesgos sanitarios

   Finalmente, el informe del Comisionado para la Organización de Naciones Unidas hace mención a los riesgos sanitarios que las actividades desarrolladas en el arco Minero ocasionan.

  Cita en primer término las que estima más graves, a saber el envenenamiento a causa del mercurio y las enfermedades como la malaria que, luego de haber sido erradicada internacionalmente, se ha convertido en una epidemia sin precedentes en Venezuela, asociada ésta a la degradación ambiental producida por la minería. “La malaria es una enfermedad infecciosa causada por un parásito que ocasiona severas fiebres, dolores musculares y de cabeza, y potencialmente, la muerte. Los bosques deforestados y los fosos de agua estancada son ideales para la epidemia ya que el sol calienta rápidamente el agua y como no hay sombra de los árboles se acelera el desarrollo de las larvas”[14].

   Más un millón de personas estarían afectadas por la malaria, dice el informe al tiempo que alerta que 16 millones se encuentran en riesgo de contraerla. Esto causa alarma no solo a escala nacional, sino regional en razón del éxodo de venezolanos a causa de la violencia y las precarias condiciones de dichas zonas fronterizas.

  En 2016 se reportó la transmisión de la enfermedad en 209 parroquias, distribuidas en 89 municipios pertenecientes a 17 estados del país. Destaca el caso del municipio Sifontes, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad minera, donde se produce el 43 por ciento de todos los casos del país. Este municipio del estado Bolívar contempla el 74 por ciento de todos los casos, mientras que el estado Amazonas reporta el 10 por ciento, el estado Sucre el 9 por ciento, el estado Delta Amacuro el 4 por ciento y el estado Monagas el 2 por ciento. Estos cinco estados aportan el 89% de la malaria en Venezuela[15].  

  El reporte del comisionado se remite a lo informado por la Organización Mundial de la Salud que afirma que en 2017 se superaron los 400.000 casos de enfermos palúdicos, lo que significa el 53 por ciento del total reportado en la totalidad del continente americano[16]. 

  Otra enfermedad que se ha propagado es el sarampión, desde las zonas de minería hasta la capital y países fronterizos como Brasil, Colombia y Ecuador. Se advierte que los programas de vacunación y prevención sanitaria funcionan parcialmente o han sido suspendidos, convirtiéndose la desnutrición de la población en el foco de la reactivación de enfermedades mortales para las que no se cuenta con medicación ni atención médica adecuada.

  “Los exámenes de salud de las zonas mineras muestran que el 90% de los trabajadores de las minas se encuentran peligrosamente expuestos al mercurio, dada su constante inhalación. También se ven afectados el 87 por ciento de las mujeres y el 68 por ciento de los niños, así no trabajen en las minas, solo por estar expuestos a la contaminación en el ambiente”, establece el reporte.

   Por último, el Comisionado para la ONU refiere “la mortalidad infantil en los pueblos indígenas llega a ser 10 o 20 veces mayor al promedio nacional, al estar relacionada a cuadros de desnutrición severa, suspensión de programas de vacunación, carencia de insumos, contaminación del entorno, entre otros. Muchos indígenas recurren a la migración por las fronteras en estado de mendicidad”.

CITAS

[1] MiamiDiario. “El extraño mineral apetecido por China que tiene Venezuela”. 12 de diciembre de 2018.https://miamidiario.com/el-extrano-mineral-apetecido-por-china-que-tiene-venezuela/

[2] Mongabay Latam. Ebus, Bram. “Venezuela: militarización y minería son una mezcla peligrosa en la Amazonía”. 12 de enero de 2018. https://es.mongabay.com/2018/01/venezuela-militarizacion-mineria/

[3] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular del Desarrollo Minero Ecológico. Díaz, Martha. “Presidente Maduro creó fondo especial rotatorio para apoyar la producción minera”. 16 de mayo de 2019.  http://www.desarrollominero.gob.ve/presidente-maduro-creo-fondo-especial-rotatorio-para-apoyar-la-produccion-minera/

[4] The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. “Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America”. 30 de marzo de 2016.  https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/

[5] RT. Actualidad RT, Reuters. Cerny, David W. “Este país latinoamericano podría albergar la quinta mayor  reserva de torio del mundo”. 27 de junio de 2017. https://actualidad.rt.com/actualidad/242620-venezuela-podria-quinto-lugar-mundial-reservas-torio

[6] KonZapata. Avellaneda, Juan Antonio. “El coltán de Venezuela es un factor de la lucha geopolítica de las potencias”. 15 de abril de 2019. https://konzapata.com/noticia/71550/kolumnistas/el-coltan-de-venezuela-es-un-factor-de-la-lucha-geopolitica-de-las-potencias.html

[7] Gobierno bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.   Depablos,Karina. Plan Nacional  Minero  2019-2025 jalona recuperación productiva del país. 10 de junio de 2019. http://www.desarrollominero.gob.ve/plan-nacional-minero-2019-2025-jalona-recuperacion-productiva-del-pais/

[8] Efecto Cocuyo. “Maduro asignará una mina de oro a cada  gobernación chavista”. 15 de octubre de 2019. https://efectococuyo.com/politica/maduro-asignara-una-mina-de-oro-a-cada-gobernacion-chavista/

[9] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 156, numeral 16.

[10] El Nacional. “Masacre en minas de Tumeremo dejó aproximadamente 16 muertos y 6 heridos”. 16 de octubre de 2018. https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/masacre-minas-tumeremo-dejo-aproximadamente-muertos-heridos_255935/

[11] Correo del Caroní. Siverio, Jhoalys. “Protestan contra cierre  de minas en Tumeremo por orden del comandante del Ejército acusado de desapariciones”. 15 de septiembre de 2019. https://www.correodelcaroni.com/index.php/ciudad/region/3003-protestan-contra-cierre-de-minas-en-tumeremo-por-orden-del-comandante-del-ejercito-acusado-de-desapariciones

[12] Miami Herald. Montiel,  A & Benezra,  J.  “Gold mining may be all that’s keeping Venezuela in business. Organized crime runs it”. 23  de  julio de  2019. https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/venezuela/article232672327.html

[13] Universidad Monte Ávila. Hernández, G. “Arco Minero: El pulmón del país tiene cáncer por la minería”. 20 de mayo de 2019. http://uma.edu.ve/periodico/2019/05/20/arco-minero-ecocidio/

[14] El Espectador. Ebus, Bram. “La malaria invade las minas de Venezuela”. 17 de enero de 2018. https://www.elespectador.com/noticias/salud/la-malaria-invade-las-minas-de-venezuela-articulo-733871

[15] Cendes. UCV. Observatorio Venezolano de la Salud. “Pronunciamiento ante la grave epidemia de Malaria  en Venezuela. Carta Abierta al Ciudadano Luis López, Ministro del Poder Popular para  la Salud de la República Bolivariana  de Venezuela”. https://www.ovsalud.org/publicaciones/salud/epidemia-malaria-venezuela/

[16] El País. “Venezuela sufre el mayor aumento de casos de malaria del mundo”. 16 de abril de 2019.  https://elpais.com/elpais/2019/04/16/planeta_futuro/1555402255_653709.html

jueves, 9 de mayo de 2019

Representantes de Guaidó trabajan con el Grupo de Lima para lograr acreditarse en la ONU

Por Maibort Petit
@maibortpetit



Un grupo de enviados del presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó está trabajando con algunos delegados de las Misiones Permanentes acreditadas en las Naciones Unidas que forman parte del Grupo de Lima, para lograr acreditarse ante la Organización de Naciones Unidas, tal como se hizo en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington DC.
El martes 7 de mayo se realizó una reunión con algunos delegados de Grupo de Lima y enviados de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que fue reconocido por los Estados Unidos y más de 50 países como presidente encargado de Venezuela desde el 10 de enero de 2019. El evento tuvo lugar en la Misión Permanente de Perú en la ciudad de Nueva York, revelaron fuentes cercanas al encuentro.


A la reunión asistieron Angelina Jaffe, representante de Juan Guaidó ante Luxemburgo; Juan Elías Chebly, asesor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA (en capacidad personal); Pablo Ángulo Troconis, Oficial Paz y Seguridad WFUNA (en capacidad personal) y Erick Rozo (Coordinador Activismo Internacional Voluntad Popular).


En el encuentro se exploró cuál sería la vía a seguir para lograr la acreditación de los representantes de Guaidó en la Asamblea General de la ONU, a fin de que se logre un reconocimiento del gobierno del Presidente Encargado tal como se hizo en la OEA.

Los enviados de Guaidó explicaron lo que a su juicio deben ser los pasos que deben darse en Naciones Unidas para que estos puedan ser acreditados ante la ONU.

Se supo que nueve miembros del Comité de Credenciales del 73 período de sesiones de la Asamblea General, conjuntamente con las Misiones de Estados Unidos de América, Finlandia y Palau, consultaron sobre los mecanismos que existen para bloquear las credenciales de los representantes del régimen de Nicolás Maduro en la ONU. Uno de los delegados explicó que debido a que Rusia y China son parte de la Comisión, no se tuvo mayor apoyo y no se logró mayor acción en relación a este tema.

Angelina Jaffe pidió que se pueda seguir una estrategia para mayor alcance o acercamiento en Naciones Unidas, sobre todo con países que no tienen todavía una posición sobre la situación de Venezuela y que pueden sumar un voto en la Asamblea General, para la adopción de credenciales para el 74 período de sesiones (Septiembre 2019). "Lo que se debe buscar es su voto en caso que las credenciales lleguen a votarse en la Asamblea General para el siguiente período de sesiones", señaló.

Un delegado de Chile sugirió a los enviados de Guaidó que debían buscar una estrategia efectiva para el 74 período de sesiones, en el cual la presidencia le corresponderá a Nigeria, país que forma parte del Grupo Africano.


La embajadora de Guaidó ante Luxenburgo aprovechó la conversación para agradecer a los delegados del Grupo de Lima las acciones que han acometido en la ONU, en especial el boicot hecho al canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza cuando intervino en nombre de los Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en la Reunión de Alto Nivel sobre el Día del Multilateralismo, realizada el 24 de abril pasado. En esa ocasión, los embajadores del Grupo de Lima abandonaron el recinto cuando Arreaza empezó a dar su discurso.

Otra de las acciones a las que se refirió Jaffe fue la reunión que sostuvieron los miembros del Grupo de Lima con el Secretario General, António Guterres el 29 de abril de 2019, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

Jaffe y el activista de Voluntad Popular, Rozo indicaron que en muchas ocasiones se han remitido las resoluciones de la OEA sobre la situación de Venezuela al Secretario General, António Guterres pero no se ha logrado mayor acción. Ambos dijeron que se requiere (si es posible) que el Grupo de Lima circule mayor información a los miembros sobre los acontecimientos que se viven en Venezuela y se adjunte información relevante, entre la cual mencionaron las resoluciones de la OEA sobre ese tema venezolano.

Hubo un acuerdo para remitir una nota sobre esa propuesta para que sea considerada por el Grupo de Lima.

Los presentes pidieron a los enviados de Guaidó estar atentos a la próxima reunión de cancilleres del Grupo Internacional de Contacto (GIC) que se reunirá en Nueva York con algunos cancilleres del Grupo de Lima.

Uno de los señalamientos que hizo el representante de Canadá fue la necesidad de hacer acercamientos con países que aun no tienen posición sobre Venezuela.

Se supo que la Cancillería canadiense está teniendo acercamientos con los países del Caribe a fin de que puedan sumarse al reconocimiento de Guaidó como presidente encargado de Venezuela. 

Destacó que es muy importante lograr una estrategia para tener acercamientos con otros grupos regionales en la ONU como el Grupo Africano y Asia Pacífico.

Jaffe enviará a Perú una propuesta de nota con antecedentes para consideración de las misiones permanentes del Grupo de Lima, con el fin de circularla a toda la membresía, ya que no se ha logrado mayor apoyo de la Secretaría General y la Presidencia de la Asamblea General de la ONU.

Se supo que algunos Cancilleres del Grupo de Lima se reunirán en diez días con el Grupo Internacional de Contacto en Nueva York, para darle seguimiento a la estrategia para lograr que los enviados de Guaidó sean acreditados ante la ONU.




lunes, 13 de noviembre de 2017

La élite política del mundo conoce la tragedia que vive Venezuela tras reunión de del Consejo de Seguridad de la ONU

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La elite política mundial conoció de primera mano lo que ocurre en Venezuela,  no solamente en lo relacionado con la sistemática violación de los derechos humanos que el régimen de Nicolás Maduro hace contra la población, sino la realidad de la crisis económica, el narcotráfico, la corrupción y otros males que caracterizan la situación del país sudamericanos, según comentó el ex embajador Diego Arria a su salida de la sede de la Organización de Naciones Unidas donde se asistió como invitado especial a la  reunión realizada en el Consejo de Seguridad  de la ONU para tratar el caso venezolano.
Dijo Arria que lo ocurrido hoy en el Consejo de Seguridad marca un hito en la historia de la lucha que se ha llevado desde el exterior para denunciar la grave situación que vive la nación suramericana. "Ya la elite del mundo tiene un claro conocimiento de lo que está pasando en Venezuela, que no se parece a lo que se está discutiendo en República Dominicana", acotó el ex-diplomático.

El encuentro fue realizado a solicitud de los EEUU e Italia y se realizó a través de la llamada fórmula Arria, Este formato permite una discusión informal entre los miembros del Consejo de Seguridad y a ella pueden asistir invitados, ya se trate de países, de organizaciones o de individuos, que se ven afectados por el tema que se aborda.

Esta fórmula fue creada por el ex-embajador Diego Arria cuando presidía el Consejo de Seguridad, con la finalidad de evaluar la crisis de los Balcanes en 1992.

Almagro: Deben tomarse sanciones más fuente contra Venezuela

En la sesión de hoy estuvo presente como invitado especial el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro quien al inicio de la reunión dijo que en Venezuela hay una grave crisis, donde hay presos políticos y donde no existen    elecciones transparentes.

El secretario de la OEA denunció que en Venezuela hay miembros de la oposición que están encarcelados y que las manifestaciones en busca de libertades básicas concluyeron con más de 120 muertos por las fuerzas de seguridad y más de 15,000 heridos.

Almagro pidió a los miembros que presionen para que se tomen sanciones más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro. El diplomático aseguró que desde Washington se impulsan averiguaciones que buscan determinar si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

Estados Unidos dice que en Venezuela hay casi un narcoestado 

Durante la sesión, los Estados Unidos denunció que Venezuela es cada vez está más cercano a un "narcoestado violento" y que evidentemente  supone una amenaza para la región y para todo el mundo.

Según Haley la situación de Venezuela va mas allá de una tragedia humana, sino que plantea para amenaza directa a la paz y a la seguridad internacional, por lo que criticó que varios miembros del Consejo decidieron no participar en la reunión convocada por los EEUU.

Haley denunció que el régimen de Nicolás Maduro buscó la manera de limitar la participación de los miembros en la reunión, lo cual demuestra que es culpable de los problemas que vive el país, en donde el gobierno usa la violencia, una represión masiva que deja clara su cara de dictadura.  

La diplomática dijo que los EEUU estaban observando de cerca lo que ocurre en Venezuela, y que el régimen de Maduro no los engaña. Haley también mandó un mensaje al pueblo venezolano al que pidió no perder la esperanza porque el mundo está uniendo esfuerzos para restaurar  los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país.

Zeid Ra'ad al Hussein: Se violan los derechos humanos 

El Comisionado de los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al Hussein, dijo que un informe de su oficina dado a conocer a fines de agosto documenta las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades de Venezuela destinadas a frenar las protestas antigubernamentales.

Llegó a la conclusión de que el gobierno de Venezuela tiene "una política para reprimir sistemáticamente la disidencia política e infundir temor en la población", dijo.

Si bien la situación de los derechos humanos desde agosto "sigue siendo crítica" y que las protestas han disminuido dramáticamente al igual que las muertes relacionadas y las detenciones arbitrarias. Pero aseguró que su oficina continúa recibiendo informes de hostigamiento, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos a opositores al gobierno.


Aseguró que las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano han seguido un patrón de fuerza excesiva desde al menos 2014, con las fuerzas de seguridad responsables de 357 ejecuciones extrajudiciales entre julio de 2015 y marzo de 2017, según cifras de la fiscalía general.

Desde los pasillos Venezuela califica la reunión como un acto hostil

El embajador de Venezuela en la ONU, Rafael Ramírez rechazó la realización de la reunión y la calificó  como un "acto hostil", y dijo que la misma sólo respondía a una supuesta agenda política que tiene  la misión estadounidense ante la ONU.

Desde los pasillos de la sede de la ONU, Ramírez dijo que el encuentro del Consejo de Seguridad era un acto de injerencia que vulnera el principio de soberanía. Vale destacar que Ramírez no entró a la reunión sino que estuvo en las afueras de la sala junto a otros embajadores, entre quienes se encontraban el representante de Bolivia,Sacha Llorenti, el de China, Liu Jieyi  y el de Rusia, Vitaly Churkin, quienes se negaron a participar en el encuentro. El embajador de Egipto, Amr Ramadan.

Según Ramírez el encuentro fue ilegal y violatorio de los principios de la carta de Naciones Unidas.

La reunión de este lunes fue la segunda realizara para tratar el tema de Venezuela en este año 2017. La primera tuvo lugar el 17 de mayo y no produjo resultados concretos, entre otras cosas porque los miembros consideraron que el Consejo se dedica a temas ligados a La Paz y seguridad del mundo y el caso de Venezuela no se incluía en esa agenda.





martes, 28 de febrero de 2017

Crónica del pueblo venezolano que fue secuestrado por el narcotráfico (PARTE 1)


Por Maibort Petit
@maibortpetit

Por dos años le insistí a uno de los hombres que mejor conoce Casigua El Cubo para que me permitiera acompañarlo en su viaje. Suele venir a los Estados Unidos una vez al año, y  cada vez que nos vemos, me cuenta historias increíbles que ocurren en ese espacio geográfico ubicado entre Colombia y Venezuela. A mediados del 2016, le dije que estaba lista para viajar, pero se negó a la vez que me advirtió que la zona estaba demasiado peligrosa, y que no me garantizaba ni la entrada ni el retorno. 
Luego de una discusión, se nos ocurrió que mi visita se hiciera a través de un Ipad, y gracias a la tecnología satelital pude conversar con los pobladores de Casigua El Cubo en tiempo real, vía facetime. Con el dispositivo en sus manos, José me fue mostrando cada lugar del pueblo que lo vio nacer. Fueron tres días de trabajo. Grabamos 20 horas de vídeo para lograr obtener la información que presentaremos en esta crónica que pretende explicar, a través de las voces de los protagonistas, cómo Casigua El Cubo fue secuestrado por el narcotráfico y la guerrilla colombiana. 

La llegada

Una buena parte de las calles están llenas de arena. Un calor infernal recibe a los pobladores desde bien temprano en la mañana. Casigua tiene una extensión de unos 5.845 kilómetros cuadrados donde viven unos 23 mil habitantes. Es un pueblo pintoresco, donde las personas experimentan a diario una metamorfosis, que a diferencia de la de Franz Kafka, les ha trastocado el alma. 

Ubicado al sur del lago de Maracaibo, Casigua El Cubo es la capital del Municipio Jesús María Semprún, a orillas del río Tarra. Cuando se camina por sus polvorientas calles se puede apreciar las ridículas diferencias que conviven en aquel lugar terrenal que, a veces, pareciera ser el centro del olvido. El ayer —sin embargo— permanece plasmado en la memoria de su gente, que en su gran mayoría se resiste a la transfiguración que trajo la guerrilla colombiana y el narcotráfico a la zona.
El río Tarra no tiene aguas cristalinas, es arenoso y caliente.
A lo largo de los siglos XIX y XX, Casigua El Cubo era una zona rural, tierra de los Barí y los Yukpa, etnias indígenas que transmutan en estos días entre el caos y el ostracismo. Por su cercanía a Colombia, en el pueblo reina el conflicto desde hace varias décadas. Antes de la División Político-Territorial del Zulia del año 95, pertenecía al Municipio Catatumbo y se convirtió en un centro de negocios de segunda clase.
Tras el descubrimiento de petróleo en los Campos West Tarra y los Manueles se potenció la economía de la población y empezó la gran transmutación que, con los años, lo arrastró al actual escenario donde se confunde la realidad con la fantasía y, donde la pasmosa cotidianidad, impulsa sin desenfado a los narcotraficantes —criollos y foráneos— a acomodarse en enormes fortalezas, llenas de lujos y caprichos, que hacen que los menos afortunados aspiren a beneficiarse del reino del polvo blanco, de la goma del opio. Sí, muchos de los niños y jóvenes que deambulan por los caminos de tierra que se entremezclan con las calles recién asfaltadas del pueblo, sueñan con ser parte de esa empresa poderosa, cuyos protagonistas se viste con camisetas Hugo Boss y se esmeran en enviar al imperio lo mejor del producto semitransparente que conlleva al éxtasis a millones de personas.

El primero en atreverse hablar fue Ramón. Me adelantó que en aquella geografía delincuencial los testigos incómodos no eran bienvenidos. Me dijo que el pueblo es una zona prohibida donde se materializan las peores prácticas criminales. Ramón es el tío de mi guía. Sólo sabe que Estados Unidos es una especie de meca a donde los empresarios de la amapola se esmeran en enviar su mercancía. Tiene unos 60 años y mide aproximadamente 1,65 metros. Siempre ha vivido en Casigua y sus viajes se limitan a la frontera colombiana donde suele ir con frecuencia a buscar los productos que  escasean en las estanterías de las tiendas locales. Su pelo canoso y despeinado, lucía aceitoso y maltratado por el sol. Sus manos resecas y venosas mostraban los años de trabajo y la falta de cuidado.

Luego de recordarme unas cinco veces que los que hablan salen acostados, refiriendo con ello que en Casigua el miedo se impuso hace años. "Aquellos que se atreven a decir lo que ocurre se enfrentan a una condena capital de inmediato. Aquí no se salva nadie, mija. Hasta la alcaldesa, que es la jefa de los narcos, lleva plomo cada vez que no cumple con su cuota". Fue así como empezamos la inusual conversación que duró más de dos horas, bajo un árbol medio seco. José y Ramón se sentaron en unas banquetas y bebían unas cervezas marca Regional, que consiguieron en la choza de la esquina.

Ramón confesó que Casigua era un pueblo tranquilo en los años ‘70. "Había trabajo, paz y la gente tenía más confianza", acotó. Pero las cosas empezaron a cambiar para mal cuando el gobierno de Colombia se juntó con los gringos para luchar contra las drogas y la guerrilla empezó a pasar el río. Poco a poco, los camuflados comenzaron a verse caminar libremente por el pueblo. Al principio cuidándose de que no fueran advertidos pero, luego, fueron tomando notoriedad y, hoy en día, son los dueños del lugar, los mandamás que deciden hasta sobre la virginidad de las niñas y el cariño de las mujeres propias y extrañas.
Dijo Ramón que los guerrilleros pasaron a ser los dueños de la ciudad. Alardean con el dinero, son generosos, pagan buen salario y si se les garantiza fidelidad hasta te cuidan de los otros bandos. “Se han convertido en los líderes que mandan hasta a los militares venezolanos, que en su mayoría pasaron a ser sus empleados. Esos [la guardia nacional] —enfatiza— sí que han aprovechado el cambio, no ves a ninguno de los verdes sin un fajo de dólares en el bolsillo, buscando los mejores c... para pagar fortunas por ellos. Acá mismito hay un bar donde se juntan muchos de ellos, beben whisky del bueno, y se comen a las niñas y jovencitas, que en oportunidades sus propios padres venden para lograr, no sólo el sustento, sino la protección del jerarca”. 

Los muchachos de 14 y 15 años desfilan frente a los "jefes" tratando de llamar su atención. Hay muchos que aprendieron a manejar el miedo y, alebrestados, piden sin pudor pasar a formar parte de la mafia que les garantizará dinero fácil y emociones adulteradas. "Y es que, ¿quién va a querer trabajar aquí por un sueldo mínimo?. Eso ya no alcanza pa' nada. Aquí el asunto es que los reales no dan para comer y ya la juventud no quiere trabajar como antes. Prefieren dedicarse a traficar y a mulear. Unos se van allá en la montaña a trabajar en los laboratorios. Cuando aprenden a hacer la mercancía ya tienen trabajo y real en el bolsillo. Pero debes, a cambio, dejar tu alma como garante de tu silencio absoluto".

Hay otra gente —me asegura— que anda con miedo todo el tiempo. “Los ves con sus bolsos agarrados como si fueran un bebé, mirando a todos lados con nervios, incapaces de pronunciar una palabra si uno se les acerca a preguntarles algo... andan deambulando sin rumbo por las calles del barrio”. 

En los últimos tiempos, Casigua El Cubo se ha llenado de prostitutas que vienen de todos los estados a buscar dinero o “billetes”, como refiere Ramón. Las más osadas se saltan para el otro lado y hasta se quedan allá por varios días. “Usted ve esas muchachas bonitas, paseando por aquí y por allá buscando al mejor postor para vender sus favores. A los colombianos les encantan las venezolanas porque son bellas y baratas, además de cariñosas y desenfadadas”. 

¿Y qué pasa cuando la policía bolivariana o el ejército descubre a un narcotraficante poderoso o a sus empleados llevando drogas? —le pregunté.

— Ah, eso nunca pasa aquí. Porque los narcos le pagan a los militares para cuidar su mercancía y les pagan muy bien. Aquí la guerrilla y los narcotraficantes son socios de los políticos y se cuidan las espaldas todo el tiempo  —advirtió.

¿Y si hay alguno que reporta porque no está en la camada?

— El que ose hablar le puede ir bastante mal. Conocí a varios que hablaron y ya están enterrados —sentencia.

Se tomaba la tercera cerveza mientras seguía conversando. Ramón asegura que a pesar de haber nacido en Casigua ya no reconoce a su pueblo, ni a los vecinos. "Hasta hace pocos años aquí se podía vivir. Teníamos problemas pero se superaban. La gente confiaba y trabajaba para ganar su sustento de manera honesta. Los jóvenes iban a la escuela y querían echar pa‘lante. Pero ya no. Ahora sólo quieren ser narcos y trabajar para los cárteles".

Casigua El Cubo se encuentra a 10 kilómetros de la Troncal 6, una carretera que conecta a las otras poblaciones vecinas como Machiques. Tiene un aeropuerto, El Cubo, ubicado en el Batallón de Ejército “Celedonio Sánchez” y, según nos informó J. Pérez, hay también varias pistas clandestinas de donde a diario salen avionetas repletas de drogas rumbo a Centroamérica.

La economía

Casigua El Cubo tiene una economía tradicionalmente petrolera, maderera y pesquera, aunque también predomina la producción ganadera, agrícola, procesadora de lácteos y la planta aceitera. No obstante, la industria más próspera en esa población es la producción de cocaína y el transporte de la misma por vía terrestre, marina y aérea.

La guerra de las mafias

La alcaldesa del Municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Lucía Mavárez, es percibida por las personas con las que conversé como una aliada de las mafias que reinan en Casigua. Aunque no hay denuncias formales de su participación directa, ni prueba en los tribunales que evidencien que sea una aliada de la guerrilla o el narcotráfico, todas las personas que entrevisté dijeron que estaban seguros que la mujer tiene supuestos vínculos con las organizaciones criminales que operan en la zona. Enumeran una serie de eventos que han ocurrido y que han dejado muertos, heridos y desaparecidos. Asimismo, reseñan el flujo de dinero en efectivo que se mueve en la municipalidad y la ausencia de respuestas por parte de la funcionaria y su administración.

Nos enteramos que un sujeto que era de su entorno reportó a las autoridades antinarcóticos colombiana la supuesta relación que existe entre el narcotráfico y el poder político de la zona. Eso ocurrió en 2014 y desde esa fecha nadie más lo vió en el pueblo. Supimos también que su nombre de la alcaldesa aparece en dos informes de inteligencia del Catatumbo. La funcionaria nunca ha sido acusada formalmente de ningún cargo. 

Atentados y sicariato

Alberto C. aseguró que la burgomaestre ha sufrido varios atentados que la prensa ha disfrazado, pero que resultan ser el resultado de sus supuestas alianzas con los jefes de las rutas que defienden como fieras los caminos que sigue la droga para abandonar con éxito el territorio venezolano para llegar al norte.

El 21 de enero de 2015, Mavárez sufrió un atentado en su propia casa. Dicen los reportes que fue víctima de las mafias del contrabando. "Un grupo de hombres tiroteó la vivienda de la alcaldesa, ubicada en el sector Campo E’Lata en la entrada a Casigua El Cubo. De este incidente, tanto la funcionaria como su progenitora salieron ilesas y, a pesar de que funcionarios del SEBIN y CICPC realizaron las experticias correspondientes a la escena, no llegaron a ninguna conclusión". Dijeron que fueron los contrabandistas de gasolina y alimentos en la zona que actuaron en venganza por las acciones de Mavárez, "pero la verdad es que fue el jefe de la ruta que buscaba el pago de la mercancía", dice Pérez con una voz pausada y temerosa. "Nadie quiere denunciar porque tienen miedo", acota.

A pesar de esas reseñas de prensa y de los testigos que estuvieron en el lugar, Lucía Mavárez dijo al medio QuePasa que en ningún momento efectuaron un atentado en su contra. «En mi casa no hay balas, nadie hizo ningunos tiros, lo único que hicimos fue probar una pólvora», refirió.

He aquí el texto en cuestión: 

Mavárez puntualizó que el pasado martes por la noche ella, un grupo de funcionarios y escoltas probaron algunos fuegos pirotécnicos que estaban resguardados en cajas y aparentemente creían estaban mojados, en su residencia en Campo de Lata, en Casigua-El Cubo. Los mismos serían usados en el festival Río de Oro, donde habrá representantes de Venezuela, Colombia y otros países.

La detonación de los pirotécnicos, recalcó, desató un estruendo en toda la cuadra donde ella pernocta desde el pasado 5 de enero. «La comunidad comenzó a circular fue rumores y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se acercó ayer en la mañana a verificar si todo era cierto, pero gracias a Dios todo es falso», dijo.

«Seguiremos trabajando por la revolución, profundizando los distintos frentes de trabajo, articulando lo que debamos para seguir llevando atención a las comunidades», dijo Mavárez, quien no descartó sean factores de oposición los que haya expandido la información tergiversada.

No es la primera vez que la alcaldesa Lucía está en el ojo del huracán y es expuesta a través de los medios, entre ellos: supuestas vinculaciones del pasado, así como el accidente vehicular sufrido en una ambulancia cuando llevaba a un sujeto abaleado.

También fue asediada por contraer matrimonio en Mérida sin dejar de lado su más reciente lesión en la columna, que la mantuvo inmóvil por varias semanas; todas han sido situaciones dadas a conocer en las redes sociales, por cuanto la detonación de pólvora no sería la excepción.22 de enero, 2015.

Balas por doquier

Otro evento que fue objeto de habladurías en el pueblo fue el hecho de que el hijo de la alcaldesa de Semprún, Luis Alberto Villamizar Mavárez, baleó a su escolta,  Anthony Ardila Vera, y lo envió al hospital. El asunto quedó reseñado en la prensa local el 13 de marzo de 2013, como un hecho presuntamente pasional no aclarado por las autoridades policiales. El hijo de la alcaldesa tiene credenciales de la policía municipal.

La prensa reseñó que la burgomaestre de Jesús María Semprún se hizo cargo de todos los gastos que ha representado la reclusión en una clínica de Ardila y que nadie fue preso por el incidente. “Así es aquí, el poder se cubre la espalda y el silencio se paga a un alto precio”.

La alcaldesa denuncia a los paramilitares

Mavárez llegó al poder en 2008 y en 2009 dijo en la Asamblea Nacional que Municipio Jesús M. Semprum estaba tomado por paras. No obstante, nadie hizo nada y la denuncia no volvió a repetirse ni siquiera en la prensa. 

Una reseña de prensa dice lo siguiente: 

La alcaldesa del municipio Jesús María Semprum, Lucía del Carmen Mavárez, denunció ayer ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional la presencia de paramilitares colombianos en la zona, específicamente en Casigua, quienes en complicidad con funcionarios de la Policía Regional, operan una mafia de extorsión, sicariato y cobravacunas.

“Es un municipio que de alguna manera está muy tomado por los paramilitares y que desde ese humilde pueblo estamos resistiendo. Este tipo de grupos están operando en nuestro comercio cobrando vacunas, presionando a toda la colectividad para ellos cada día tomar más posesión de nuestro municipio”, argumentó la alcaldesa Mavárez ante los diputados.

La vicepresidenta de la Comisión de Política Interior, diputada Iris Varela, calificó de “muy graves” las denuncias presentadas por la funcionaria, ya que existen videos, fotografías y documentos que certifican la presencia de paramilitares en el Sur del Lago de Maracaibo.

“La propia alcaldesa fue amenazada con una pistola en su casa y eso amerita que uno lo pase a los organismos de investigación de Estado y que se determinen responsabilidades de manera urgente”, dijo la diputada tachirense.

Varela acusó a la Policía Regional del Zulia “de servir como custodio de los paramilitares y el narcotráfico en ‘Jesús María Semprum”.

“Una de las cosas graves que ha dicho la alcaldesa, por ejemplo, es que todo el mundo en ese pueblo se conoce, se dan cuenta cómo va la Policía Regional prácticamente abriendo y detrás los paramilitares, los cobradores de vacunas y los jíbaros que venden la droga. Les llevan como un anillo de seguridad para que hagan de las suyas en el municipio y regresen sanos y salvos a territorio colombiano”, dijo Varela.

Ante esta situación Varela informó que ya conversó con el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, para que todos los organismos del Estado hagan presencia en el municipio que a su juicio debe tener mayor seguridad por delimitar con territorio colombiano. Ver reseña aquí.

De esas denuncia no se produjo ninguna investigación ni acción. Solo una acusación por los medios contra el exgobernador del Zulia, Pablo Pérez que no pasó a más.

Las cuotas de la guerrilla

Pedro P. es un hombre que suele no hablar con la gente. De hecho es reservado y muchos le temen por los misterios que parece tener guardados en lo más profundo de su ser. José, mi guía,  llegó a una casa del barrio Las Palmeras que de no ser porque la pude apreciar a través del facetime hubiese jurado que no existía. Era una mañana soleada y por la ventana hecha con latas de zinc se colaba una luz lánguida que convertía la escena en un ambiente tenebroso. 

Lo primero que dijo Pedro es que las paredes en el pueblo tienen oídos. Empezó narrando su experiencia personal con la guerrilla. "Ellos están acá desde hace mucho tiempo. No fue con los chavistas que llegaron. Lo que sí ocurrió bajo el gobierno de Chávez y de Maduro es que se ampliaron la rutas, se mejoraron los sistemas de protección y lograron acuerdos que antes no podían llegar a pensarse".

¿Cuáles acuerdos?, —pregunté.

— El jefe de la guerrilla llegó acuerdos con las autoridades civiles y militares venezolanas de acá del municipio. Hay una cuota especial que se le exige a la alcaldesa de Semprún que equivale que un 25 por ciento del personal de la alcaldía. Ellos cedieron y los enviados de la guerrilla trabajan en la municipalidad por órdenes del jefe. La alcaldesa tiene una ruta que domina y cuida. Ella con el comando militar le ofrecen protección.

Intentamos averiguar con gente de la alcaldía pero fue imposible contactar a alguien que pudiese confirmar o negar la versión, y a la vez, garantizar la seguridad del guía que hizo posible esta crónica.

Este pueblo se ha transformado tanto que ya la gente no se asombra de lo que ocurre. Pedro recuerda que hace unos meses atrás hubo un atentado y, a pesar que el hombre tenía 30 escoltas, hubo un muerto, pues el jefe colombiano quería matarlo por un problema con una ruta.

Bajo los acuerdos, los involucrados se respetan. Cuando alguien deja de hacerlo y pretende sacar a uno de los protegidos del juego, “lo terminan de inmediato” [lo asesinan].

Pedro hacer referencia a un caso que, según él, llamó la atención, cuando dos sujetos en una moto le dieron muerte a Antoni de la Consolación Ardila Vera, cuando se encontraba frente a su residencia  en la calle principal del sector Propatria, en el municipio Jesús María Semprún. “Varios del grupo que se encargan del narcotráfico en la zona saben que cuando estorban ya son cadáveres, y actúan como tales a pesar que siguen vivos” acotó.

Hay un hombre que vive con el alma en pena. J. Salas cambió su alma por una montaña de dólares. Es tal la agonía que tiene que no pasa un día en el mismo lugar para evitar que lo agarren. Su madre vive en las penumbras del miedo y acuchillada por el dolor de ser rehén de los narcos.

La organización

Los "jefes" colombianos tienen, a su vez, un jefe en Casigua El Cubo nombrado desde Colombia. Si este sujeto “se pierde con el dinero”, lo buscan a donde quiera que esté para matarlo. Durante el año 2016 mataron a tres jefes locales. Uno de ellos desapareció con el dinero de la venta que tenía que entregar a su comandante y los sicarios lo mataron junto a su esposa. Los victimarios exigían que les regresaran el efectivo del que se habían apoderado y al no obtener respuesta, sencillamente los mataron en presencia de sus vecinos, quienes debieron contener sus emociones de terror.

Casigua terminó por convertirse en tierra fértil para los cárteles. Es, además, un lugar privilegiado para las pistas clandestinas que han aumentado enormemente en la última década. Son muchos los reportes que señalan cómo se produjo el incremento del tráfico aéreo desde la frontera venezolana, donde el país aparece con una posición privilegiada para la producción y el transporte de la cocaína que es llevada a Centroamérica como zona de tránsito hasta su destino final en los Estados Unidos y Europa.

Alberto es otro habitante que aceptó hablar con nosotros. Por años ha estado al tanto de las tácticas que usan las organizaciones criminales para manejar su negocio. Este hombre de los 45 años asegura que la creatividad de los narcotraficantes no cesa a la hora de idear fórmulas que les permitan realizar el desplazamiento de la mercancía sin ser detectados. “Esa gente ha desarrollado distintas estrategias y grupos aliados en el pueblo. Muchas veces usan vehículos, camiones militares, ambulancias, carros oficiales y las avionetas que son las más efectivas. Allí llevan la droga en pequeñas cantidades, por lo general no excede los 100 kilogramos”.

Cuenta como uno de los jefes le explicó que embarcaban pequeñas cantidades y realizan numerosos viajes, puesto que de esa manera se pierde menos mercancía cuando es interceptada.

Alberto también se refirió al hecho de la proliferación de pistas clandestinas de donde salen avionetas casi todos los días. Los narcos aprovechan las carencias en la vigilancia de los radares que existen en la zona, así como la complicidad de las autoridades para realizar el mayor número de vuelos diarios. Por lo general no hay recursos logísticos y técnicos suficientes para detectar aviones pequeños y, casi siempre, carecen de capacidad para detener los vuelos ilícitos que suelen aterrizar en otras pistas improvisadas en las zonas de recibimiento en las selvas de Honduras y Guatemala.

Cuenta Alberto que los jefes contratan a los muchachos del pueblo para construir las pistas aéreas clandestinas, las cuales se hacen con mucha facilidad, tienen una anchura de entre 80 y 100 metros y una longitud que, en algunas ocasiones, alcanza hasta 1.500 metros o más. Desde esas pistas ocultas en el monte salen pequeñas avionetas que pueden transportar hasta 300 kilogramos de droga por viaje. Los jefes pagan al dueño de la tierra y a los trabajadores que las hacen, son económicas y “la inversión” la recuperan en el primer viaje.

La industria de la droga es la que más dinero produce en Casigua El Cubo. Definitivamente, el narcotráfico no sólo es una actividad ilegal y delictiva, también es una forma de vida. Muchas familias de esta zona trabajan en los laboratorios o como “mulas”, transportando cocaína como la única forma de subsistir. La población Barí también se ha sumado al negocio de la droga, aceptando llevar pequeñas porciones o trabajando para el jefe de turno. Cuando los niños y jóvenes se involucran lo hacen únicamente para ganar dinero para poder vivir.

Muchos habitantes creen que el dinero de la droga ayuda a muchas familias a sobrevivir y genera beneficios a la comunidad, aunque reconocen que la industria criminal viene acompañada por la violencia que deja a su paso muchas muertes y destrucción.

En Casigua El Cubo se sufre la presencia y acción de los cárteles y la guerrilla colombiana y, además, de las pandillas de jóvenes que por lo general son muchachos pobres que se engolosinan con el dinero fácil. Los miembros de las pandillas los conocen en la comunidad, saben quiénes son y de dónde vinieron. Los jefes locales, por el contrario, son un poco más reservados, tratan de mantener bajo perfil y prefieren la clandestinidad que el reconocimiento de los pobladores.

Alberto advierte que en los laboratorios que montaron los guerrilleros en la montaña se puede procesar hasta una tonelada de cocaína mensualmente. La aparición de estos laboratorios hace que el protagonismo de Venezuela en la industria del narcotráfico haya aumentado, puesto que antes el país era sólo un paso de la mercancía, pero en los últimos años se ha convertido en productor oculto de sustancias controladas.

Un informe del gobierno norteamericano sostiene que el 40 por ciento de la cocaína mundial, unas 140 toneladas, se trafican por esta ruta. Los medios de transporte son muy variados, desde correos humanos, envíos disimulados entre mercancía lícita, pasando por envíos postales tradicionales, droga camuflada en vehículos por la frontera e, incluso, submarinos que algunos narco poseen para el transporte del costoso producto. La rentabilidad del tráfico ilegal de cocaína explica que se inviertan tantos esfuerzos en mantenerlo, puesto que se trata de parte más productiva de la cadena. En esta etapa es donde se queda el 98,5 por ciento del dinero, mientras que el cultivo solo retiene el 1,5 por ciento.

Las autoridades de Estados Unidos estiman que la cocaína es sacada de Colombia por el Pacífico o por el llamado corredor del Caribe, es decir por el litoral norte de Colombia y Venezuela y es allí donde las poblaciones fronterizas participan en la industria. 

El efecto de este tráfico es dramático. En Casigua El Cubo, además de la lucha entre las bandas, los jefes de cárteles de la droga protagonizan su propia confrontación, la cual ha dejado muertos y ha sembrado el miedo que se ha instalado en la mente de los residentes  a quienes en solo unos años, el lugar donde nacieron se les ha hecho irreconocible. Nadie en el pueblo se imaginaba que la situación geográfica los iba a convertir en tierra apetecible de las mafias que deambulan a diario para buscar las vías más novedosas y expeditas para sacar esta mercancía del horror.


En el pueblo se rumora que la droga se va al norte, a donde hay muchas almas agobiadas esperando el polvo mágico que les permite abandonar su realidad por unos minutos. Son muchos los informes que aseguran que en Estados Unidos, el consumo de drogas se convirtió en un problema de salud pública de primer orden y es por eso que la nueva administración del presidente Donald Trump colocó el asunto como un tema prioritario de gestión. 

En 2009, un informe del Congreso de los Estados Unidos dijo que de 2004 a 2007, la cantidad de cocaína exportada de Colombia a través de Venezuela se había cuadruplicado, alcanzando el 17% del comercio mundial de cocaína en 2007. El contrabando de cocaína creció en Venezuela en la década de 2010, pasando de alrededor del 25% de la cocaína de América del Sur que venía del campo en 2010 y aproximadamente 33% en 2015. En el 2016 se estima que los número se hayan incrementado sustancialmente aunque hasta este momento no se conocen las cifras.

PD.

Esta es la primera parte de la crónica. Se usan nombres ficticios para proteger la vida los protagonistas que aceptaron a conversar sólo bajo la garantía que sus nombres fueran reservados y presentados anónimamente. Las grabaciones de sus voces sirven como pieza de investigación y su privacidad está garantizada por las normas de protección de la fuentes periodísticas.