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miércoles, 11 de enero de 2023

Una estrategia ejecutada por Francisco Convit Guruceaga consigue liberar al exfuncionario de PDVSA, Víctor Aular, acusado por delitos de corrupción

  Fuentes de Venezuela Política informaron que Aular fue puesto en libertad gracias a los 'buenos oficios', ejercidos ante la cúpula oficialista, por Francisco Convit Guruceaga, actualmente fugitivo de la justicia de EE. UU. 

Por Maibort Petit

  De manera silenciosa, fue excarcelado en Caracas, Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela durante la gestión del exministro Rafael Ramírez, que había sido arrestado en agosto de 2022, tras ser acusado de haber participado en un enorme esquema de corrupción que logró expoliar a PDVSA unos $480 mil millones. El sobreseimiento del exfuncionario, que también aparece señalado en casos criminales en EE. UU., responde a una serie de acciones que se están acometiendo por parte de operadores involucrados en millonarias tramas de lavado de dinero en Venezuela para generar evidencias que les sirvan para defenderse ante la justicia norteamericana.
    Víctor Aular participó en la suscripción de un contrato de préstamo con la empresa Administradora Atlantic 17107, CA., que de manera irregular realizó préstamos a PDVSA en bolívares y los cobró en dólares, creando un daño al patrimonio de la petrolera, pero además enriqueciendo ilícitamente a los protagonistas de la trama. Cuando el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab anunció la detención de Aular, 30 de agosto de 2022, destacó que la operación reflejaba la conducta criminal de los implicados. 
    La trama de corrupción que involucra a Aular,  fue plenamente descrita y evidenciada por las autoridades de EE. UU. en la acusación federal denominada Operación Fuga de Dinero.  A pesar de la demanda en la corte, las autoridades en Venezuela no realizaron investigaciones sobre la denuncia, hasta que a inicios de agosto de 2022, Tareck El Aissami —sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., por ser presuntamente, uno de los grandes capos del narcotráfico y relacionado con grupos terroristas de Medio Oriente, y acusado en Nueva York por la violación de sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense acusó al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, a Nervis Villalobos, a Víctor Aular y otros de desfalcar más de cuatro mil millones a Petróleos de Venezuela durante la gestión del exzar petrolero.

   A muchos expertos sorprendió la denuncia de El Aissami, que en calidad de Ministro de Petróleo, dijo que había logrado evidenciar que Ramírez y sus socios expoliaron y causaron un grave daño al patrimonio de PDVSA, con varias operaciones de cambio que sólo se hicieron para enriquecerse. No obstante, en la denuncia de El Aissami surgió la oportunidad de oro para que un de los fugitivos de la justicia de EE. UU. por una causa que forma parte de las operaciones acusadas, consiguiera una pieza clave para presentar ante la corte de EE. UU. para defenderse.

Sobreseimiento del caso de Víctor Aular como evidencia del no delito

  En el marco del proceso irregular que permitió que Víctor Aular saliera en libertad, participó Francisco Convit Guruceaga, un sujeto que está siendo buscando por las autoridades federales de Estados Unidos por ser una de las fichas principales de la Operación Fuga de Dinero, un escandaloso caso de lavado de más de 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA.

  El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit Guruceaga y a otros cinco venezolanos el 18 de septiembre de 2018. Entre los acusados, además del llamado bolichico, se encuentran: José Vicente Amparan Croquer, alias 'Chente'; Carmelo Antonio Urdaneta Aqui; Gustavo Adolfo Hernandez Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera, este último un hombre muy cercano a los célebres narcosobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Las gestiones ante la 'justicia' de Caracas

  De acuerdo al fallo de sobreseimiento a favor de Víctor Aular —con fecha 29 de noviembre de 2022 del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos a delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional causa N- 4CT-S-042-2022 firmada por el juez José M. Márquez García a Víctor Aular Blanco, cédula de Identidad V-6.835.572 se le acusó de haber cometido los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y malversación simple de fondos públicos y legitimación de capitales y asociación.

  Aular fue beneficiario de un decreto de sobreseimiento que tuvo lugar gracias a muchas gestiones realizadas ante las instancias de poder, por Francisco Convit Guruceaga. Una fuente ligada al caso dijo a Venezuela Política que una sentencia firme que alega que las operaciones que involucran al exfuncionario de PDVSA no constituyen delito, es decir, no violan ninguna de las leyes vigentes en Venezuela puede servir como pieza en la defensa de Convit Guruceaga y otros, que han justificado la naturaleza de la operación señalando que se ajusta a derecho.

 Convit Guruceaga y otros de sus socios están acusados por el gobierno de EE. UU. de delitos de lavado de dinero y corrupción a gran escala. Varios de los acusados en la Operación Fuga de Dinero se declararon culpables, fueron procesados y muchos pagaron condenas muy cortas por la gran cantidad de información que suministraron a los fiscales del caso.

El delito imputado a Aular es atípico

  "El decreto de sobreseimiento basado en lo establecido en el artículo 300 numeral 2, primer supuesto del código Orgánico Procesal Penal, referido a que el imputado no es típico", dice el fallo a favor de Víctor Aular.

  En ese sentido, la sentencia libera de los cargos a Aular y apela a una decisión que establece que "la propuesta de financiamiento de capital de trabajo para Petróleos de Venezuela, bajo la modalidad de crédito, hasta la cantidad de Bs. 17. 490.000.000,00, por un plazo de 24 meses a una tasa activa de mercado, menor a un 3 %, no generó pérdidas a la nación".

  En el documento de 48 páginas, se argumenta que "el crédito en cuestión se aprobó conforme al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N-2012-06 de PDVSA, en fecha 06 de marzo de 2012, estando presentes Rafael Ramírez Carreño y Juan Carlos Márquez Cabrera, este condición de secretario. En esa acta, dice que se trató como único punto, decidir sobre la suscripción del Contrato de Préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito con la empresa Administradora Atlantic 17107, C.A., resolviendo por unanimidad que conformen a lo acordado en la reunión del comité ejecutivo de fecha 06 de marzo de 2012".

  El fallo advierte que "en la suscripción del contrato, fue autorizado a Víctor Aular Blanco, en su condición de Director Interno de PDVSA, a que firmara el documento correspondiente a la ejecución del contrato, así como a realizar las solicitudes de desembolso, pagos parciales, totales e incluso pagos anticipados del capital e intereses, así como la suscripción del finiquito de la deuda".

  Entre las evidencias que usan para justificar el sobreseimiento de la causa, se cita la comunicación CJ-2022-402 de la Consultoría Jurídica de PDVSA, del 13 de septiembre de 2022.

  Dice que la autoridad "logró establecer que efectivamente, el contrato suscrito el 12 de marzo de 2012, entre PDVSA y Administradora Atlantic 17107, C.A, se acordó que la empresa prestamista, que no era un banco, entregara a PDVSA en calidad de préstamo, los Bs. 17.490.000.000,00 conforme a la solicitud de desembolso que efectuó PDVSA".

 Agrega que el 15 de marzo de 2012, la prestamista decidió ceder sus derechos y obligaciones sobre el contrato a Violet Advisor C.A y Welka Holding Limited, representada por los hermanos Luis Alberto Oberto e Ignacio Oberto.

 A su vez, Violet Advisor S.A. cedió sus derechos y obligaciones suscritos en fecha 15 de marzo de 2012, con Administradora Atlantic 17107 C.A y PDVSA, el 12 de marzo de 2012, a Welka Holding Limited, quedando entendido que tan pronto se materialice el convenio entre las partes, sobre el derecho decido se materializara de manera perfecta. 

 Asimismo, el fallo dice que "se de la claro en el contrato que Welka, sustituiría a Violet en el contrato desde la misma fecha en que Violet notifique a PDVSA de la cesión de obligaciones a Welka. Violet garantiza la existencia del crédito, pero no la solvencia del deudor".

  Welka y Violet enviaron una comunicación a Víctor Aular el 16 de marzo de 2012, para notificarle a PDVSA la suscripción de un contrato de cesión de derecho y obligaciones que Administradora Atlantic 17107 CA firmó con PDVSA unos días antes. En el oficio se indica que "el pago de capital e intereses debía realizarse directamente a las cuentas bancarias pertenecientes a la empresa contratista".

  "PDVSA recibió las comunicaciones 18 y 19 de marzo de 2012, y PDVSA pagó la deuda e intereses en dólares americanos a Welka Holding Limited y Violet Advisor SA que no poseían domicilio en Venezuela", acota el fallo.

  Posteriormente, Luis Oberto, director de Violet Advisor S.A. hizo una oferta de ampliación de financiamiento a Víctor Aular, en su condición de director de PDVSA, carta que fue recibida el 15 de junio de 2012. Oberto ofrece duplicar el monto, es decir, una ampliación de Bs. 17.490.000.000,00.

  El 1 de agosto de 2012, PDVSA, representada por Víctor Aular y Violet Advisor S.A. suscribieron un addendum al contrato de préstamos a intereses, donde se acuerda ampliar a Bs. 1.500.000.000,00 adicionales a las sumas entregadas a PDVSA, según lo pautado en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA.

  En total la empresa de Luis Oberto le entregó a PDVSA en préstamos Bs. 36.480.000.000. Pero el 25 de enero de 2013, PDVSA suscribió un nuevo addendum donde se acordó ampliar en Bs. 1500.000.000,00 adicionales. Este último préstamo también fue aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA celebrada el 22 de enero de 2013.

  El decreto que sobreseyó la causa de Víctor Aular dice que se verificó que los préstamos en bolívares que PDVSA pagó en dólares y que significó sumar mil millonarias para los involucrados, se depositaron en cuentas bancarias de PDVSA y que la información además fue confirmada por la Consultoría Jurídica de la estatal petrolera. "Los pagos fueron desembolsados en la cuenta bancaria del Banco Industrial de Venezuela, registrada a nombre de Administradora Atlantic 17107 C.A. el 10 de octubre de 2022".

 Dice que fueron debitadas de las cuentas de PDVSA, $ 4.850.000.000,00 por concepto de cumplimiento de obligaciones a las empresas de los hermanos, Luis e Ignacio Oberto, Welka Holding Limited y Violet Advisors S.A. en un lapso comprendido entre 21 de marzo de 2012 al 29 de enero de 2013, efectuada desde la cuenta PT500007090300950810330 del Banco Espirito Santo (Portugal) perteneciente a PDVSA.

  En la transacción de la inmensa suma de $4.850.000.000,00 fue a parar las cuentas de Violet Advisor S.A. N-CH108667005846941228 de Bank de Zurich y otra cuenta secundaria en la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra.

  Otros $500.000.000,00 millones fueron depositados entre el 21 al 27 de marzo de 2013 en una cuenta del Banco Espíritu Santo en Bahamas, a favor de Welka Holding Limited. Todas las transacciones fueron aprobadas por Víctor Aular, en su rol de director de PDVSA.

  Deja claro que "PDVSA hizo los pagos en dólares a los préstamos en bolívares de manera anticipada. en distintas fechas y a través de varias transacciones. El 10 de abril de 2013 se firmó un acta de finiquito al contrato de préstamo suscrito el 12 de marzo de 2012". 

  Este documento fue firmado por Luis Oberto Anselmi por parte de Violet Advisor S.A. y que fueron originalmente pactadas con Administradora Atlantic 17107 C.A propiedad de Juan Andrés Wallis Brandt.

  Para el sobreseimiento de Víctor Aular se usó un documento emitido el 26 de septiembre de 2022, firmado por Ramón Ostos, director de la firma de contadores KPMG de Venezuela donde se resume los pagos en dólares por los préstamos en bolívares por parte de PDVSA a favor de la empresa de Wallis Brandt. 

  Esta operación supuestamente "no generó daño financiero a la reserva de la industria petrolera", comentario que contradice a quien plantó la denuncia en la fiscalía del régimen de Maduro, que no es otro, que el mismo Tareck El Aissami, actual Ministro de Hidrocarburos de la dictadura

  Según la sentencia, el tribunal evidenció que las acciones desplegadas por Víctor Aular en la operación calificada por El Aissami como un enorme esquema de corrupción, fueron ejecutadas por el sobreseído (Aular) bajo las condiciones y lineamientos jurídicos que especificaba el contrato firmado y autorizado por la directiva de PDVSA., es decir, Aular sólo cumplía sus funciones y que tales acciones no afectaron el patrimonio público.

  Los resultados de la investigación hacen referencia a la denuncia que interpuso El Aissami del 30 de agosto de 2022, y que la pidió "como presidente de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque".

  El Aissami acusó a Rafael Ramírez, Juan Carlos Márquez, Víctor Aular, Nervis Villalobos, Alejandro Betancourt López (socio de Francisco Convit Guruceaga), entre otros, de haber ejecutado la trama irregular que representó para "PDVSA pagar sus acreencias en dólares cuando lo que había recibido a cambio era bolívares lo que constituye a todas luces una operación fraudulenta". 

  Asimismo, se denunció que la significativa decisión de la empresa de Juan Andrés Wallis Brandt, de traspasar en horas a las empresas de Luis e Ignacio Oberto Anselmi los contratos que los beneficiaron con millones de dólares por préstamos en una moneda devaluada, violaba las normativa venezolana.

  Por ley, PDVSA está obligada a vender las divisas provenientes de sus exportaciones de crudos y sus derivados al Banco Central de Venezuela, para así obtener los bolívares necesarios para cumplir con sus compromisos locales. La denuncia advierte que la operación si comprometía el patrimonio nacional. El fallo a favor de Aular dice que no.

 La demanda de El Aissami sugiere que los dueños de las tres empresas involucradas en la operación y los funcionarios de PDVSA orquestaron esta maniobra fraudulenta para la adquisición de divisas a tasa preferencial, asunto completamente ilegal, porque para la fecha existía un control de cambio en el país (CADIVI). la línea de crédito de Atlantic a PDVSA, fue irregular y las ganancias fraudulentas se obtuvieron en bancos suizos.

 En la denuncia se destaca que la empresa Violet realizó dos transferencias a beneficio de Nervis Villalobos Cárdenas en una cuenta que estaba en el banca Privada de Andorra BPA Serveis SA, a nombre de la empresa VAMSHORE ENTERPRISES LTD, por un monto de $55.600.000 millones.

  Nervis Villalobos había suscrito un contrato falso con Atlantic, Violet y Welka de supuestos servicios. Otro de los funcionarios involucrados, Abraham Ortega, Director Interno de Finanzas de PDVSA, fue quien suscribió el acta de finiquito de la operación.

  Se plantea que parte del dinero que logró de manera fraudulenta fue aprovechado por Leopoldo Alejandro Betancourt López, a través de empresas de fachada, para tratar de ocultar los fondos obtenidos del esquema corrupto.

  Cuando El Aissami introdujo la demanda a la fiscalía, se hizo un acta de investigación penal que está firmada por el Comisario Jefe, Jesús Viloria, comisario, Mairobis Osorio, los inspectores Manuel Gallardo Luna Bello, Miguel Palacios y otros.

Las diligencias para el sobreseimiento

  El sobreseimiento de la causa contra Aular se basa en lo establecido en el artículo 300, numeral 2, primer supuesto del Código Orgánico Procesal Penal que indica que el hecho imputado es atípico y no por ende no reviste de carácter penal.

  La sentencia a favor del exvicepresidente de PDVSA dice "que operación denunciada no es delito porque no constituyó un daño al patrimonio de Venezuela, ya que el contrato establecía que pagó era dólares y no en bolívares, y esto se estableció antes que se haya instaurado el régimen de control de cambio, por lo cual no exime a la intimada del pago en dólares de EE. UU. porque esa era la moneda prevista en el contrato".

  La sentencia destaca que el delito acusado no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico venezolano como conducta sujeta a sanción penal.

  Por su parte, la empresa KPMG en el informe entregado para justificar la operación dice que "PDVSA obtuvo una ganancia por los pagos anticipados de estas transacciones similares para el año 2013 de $1.100 y para 2012 de $1.978 millones como consecuencia de las operaciones acusadas".

  Destaca que el sobreseimiento de la causa a favor de Víctor Aular procede porque el hecho objeto del proceso no se realizó ni puede ser atribuido al imputado, por ende la acción penal queda extinguida y resulta acreditada a la cosa juzgada.

  Agrega que a pesar de la falta de certeza, no existe razonable posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar un juicio al imputado.

  Asegura que los sobreseimientos, o preclusión o dismiss, proceden cuando de la investigación resulte que el hecho que motivó la apertura de la averiguación es inexistente, no puede ser suficientemente acreditado o resulte no ser constitutivo de un delito. o cuando no conste la participación de los imputados.

¿Quiénes se pueden beneficiar del sobreseimiento de Víctor Aular?


  Tal como se dijo inicialmente, la denuncia hecha por Tareck EL Aissami en Caracas en agosto de 2022, estaba esencialmente basada en una acusación federal que la fiscalía del Distrito Sur de la Florida interpuso ante la Corte del primer circuito en Miami en contra de un grupo de operadores y exfuncionarios venezolanos que establece que hubo un esquema de corrupción a través del cual se lavaron 1200 millones de Petróleos de Venezuela.

  En la primera etapa del proceso arrestaron y procesaron tres de los individuos que formaron parte de este esquema de corrupción demandado, a saber: Mathias Krull, Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Adolfo Hernández Frieri. 

  Los fiscales estadounidenses aseguran que la mayoría de los señalados son “operadores sofisticados con conocimiento del sistema bancario internacional” y por lo tanto saben cuáles son las rutas para efectuar el lavado de dinero que proviene de una operación criminal. Entre los funcionarios mencionados en la acusación está Víctor Aular y Abraham Ortega.

  En los documentos del caso "Operación Fuga de Dinero",que lavó en el sistema financiero norteamericano 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA, están involucrados tres funcionarios.

  La acusación dice que el Oficial 1, quien aprobó un préstamo el 17 de diciembre de 2014, es un vicepresidente de Pdvsa., que en ese entonces era Víctor Aular. 

 En 2012, PDVSA autorizó una operación con la empresa Administradora Atlantic 17107, CA., para efectuar desembolsos, realizar pagos parciales y totales e incluso pagos anticipados del capital e intereses. Los responsables firmantes del acuerdo fueron Rafael Ramírez Carreño, Asdrúbal Chávez, E. Del Pino y Víctor Aular.

 El dueño de una de las principales empresas de la trama corrupta, Administradora Atlantic 17107, Juan Andrés Wallis Brandt llegó acuerdos con los fiscales y sirvió como cooperante en la investigación de los fiscales de la Florida, según confirmaron varias fuentes ligadas al caso.

  En el año 2022, varios de los acusados de nacionalidad venezolana que fueron acusados por los fiscales federales de EE. UU. iniciaron un plan para librarse de las demandas, presentando a la corte una serie de documentos de PDVSA que demuestran que las actividades por las cuales fueron acusados no eran irregulares, o que como funcionarios públicos, tomaron acciones para denunciar las irregularidades, cumpliendo así con su deber. 

Leer este caso:

  En paralelo, varios operadores han efectuado varias diligencias para contratar los servicios de prestigiosos bufetes de abogados en EE. UU., así como agencias de cabildeo. 

  Igualmente, ha llevado acciones contra funcionarios del Departamento de Justicia, de las agencias federales y personas que actúan como mediadores en otros países.

 Francisco Convit Guruceaga cambió de abogado para su representación en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 7 de diciembre de 2022, una semana después que el tribunal en Caracas aprobara el sobreseimiento de la causa contra Víctor Aular. Convit, fugitivo de la justicia de EE. UU. está representado por Jorge A. Pérez Santiago, del escritorio jurídico  STUMPHAUZER KOLAYA NADLER & SLOMAN, PLLC del estado de la Florida.

   En la medida que se han ido mejorando las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro también se han ido abriendo puertas para los operadores acusados en las cortes norteamericanas, que buscan beneficiarse de los posibles acuerdos que están bajo la mesa de negociación privada en Caracas.

   Muchos se preguntan:
1)  ¿Por qué Tareck El Aissami hizo la denuncia en agosto de 2022 a pesar que la información sobre la trama estaba disponible desde 2012?
2) ¿Por qué se decide liberar a Víctor Aular que había hablado previamente con las autoridades norteamericanas?
3) ¿Qué persigue EL Aissami? ¿En qué se benefició? ¿logrará su objetivo?
4) ¿Cuál es el compromiso de Nicolás Maduro con las decisiones? ¿Compromete algunos de sus hombres, mientras beneficia a otros? ¿Hay alguna cabeza en peligro? ¿Sí es así por qué la denuncia de El Aissami?
 
¿Cómo terminará esta historia? Una lucha de poder por mantenerse en el poder.


jueves, 15 de diciembre de 2022

El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales

  Una demanda civil en una corte de Nueva York tuvo sus repercusiones en el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde el exintegrante de la Cámara de Representantes enfrenta cargos de lavado de dinero y por cabildear ilegalmente a favor del régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
  Para el próximo 20 de diciembre está pautada la presentación inicial del excongresante republicano, David Rivera, ante un juez del Tribunal de Distrito Sur de Florida, donde cursa una acusación penal en su contra. El exrepresentante de Florida entre 2011 y 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, el pasado 5 de diciembre de 2022, bajo acusación de delitos de lavado de dinero y conspiración para cabildear a favor del dictador venezolano, Nicolás Maduro y su régimen, así como por lavado de dinero. Poco después salió libre bajo fianza. 

    Rivera ha sido objeto de varias investigaciones federales, pero es la primera vez que se produce una acusación formal en su contra. Los fiscales lograron obtener parte de la evidencia que sustenta este caso, en la presentación de pruebas ordenada por el juez en una demanda civil que cursa en la corte del Sur de Nueva York en contra de su empresa, Interamerican Consulting Inc., interpuesta por PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A., en la que se acusa el incumplimiento de contrato cuyo primeros pagos ($15 millones) terminaron saliendo de las arcas de CITGO. 
  PDV USA acusó al exparlamentario y su firma, de recibir USD 15 millones de un contrato con un precio total de USD 50 millones, sin que el mismo hubiese sido ejecutado. Ni Rivera ni su compañía habrían cumplido el trato que consistía en cabildear con funcionarios públicos de los Estados Unidos y agencias federales para evitar la imposición de sanciones contra PDVSA y miembros del régimen venezolano por parte de los EE. UU. Por su parte, Rivera contrademandó exigiendo la cancelación de los restantes USD 35 que completan el monto de la negociación.

 Aunque el cabildeo para un gobierno extranjero no es delito en EE. UU, las empresas que se dedican a ese oficio deben estar registradas ante la Ley FARA. La fiscalía acusa a Rivera de incumplir la norma porque no se registró como consultor del régimen venezolano y de la estatal PDVSA cuando firmó el contrato de representación y consultoría a favor de Maduro.

 La Ley FARA, (por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act) obligaba a Rivera a registrarse como agente extranjero y a divulgar de manera pública su relación con el mandatario extranjero. 

 La letra del contrato suscrito entre Interamerican y PDV USA, establecía que la primera debía cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de EE. UU., en nombre de Venezuela, con el objetivo de obtener apoyo político que permitiera normalizar las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. La tarea de Rivera, Intermarican, así como de Esther Nuhfer y su empresa Communications Solutions Inc. —igualmente beneficiarios de la negociación— era bregar para impedir que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA y los miembros de la dictadura venezolana. Ese objetivo no se logró.
  David Rivera argumenta que no violó la Ley Fara, pues el contrato que suscribió lo hizo con una empresa registrada en Estados Unidos.

  Ante una advertencia que su socia Esther Nuhfer le hizo, de que era necesario registrarse en FARA, Rivera respondió que ya era tarde para ello y que de hacerlo se convertiría en un gran escándalo, revelan unos correos electrónicos contenidos en la demanda[1].

  La acusación refiere que Rivera, para ocultar la naturaleza de sus negociaciones, se refería a Nicolás Maduro con el apelativo de “guaguero” (conductor de autobús en el argot cubano), en sus chat y comunicaciones sobre el asunto. 

  Los fiscales sostienen que Rivera procuró citas con funcionarios y legisladores de EE. UU. y que por lo menos una vez, viajó a Caracas a reunirse con el dictador venezolano.

  La demanda refiere que el contrato de la empresa de Rivera con PDV USA, solamente buscaba ocultar el trato directo con el régimen de Venezuela, entre quienes se destaca la figura de la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

 En la querella, los fiscales advierten que el objetivo de la conspiración ejecutada era que los acusados se enriquecieran de manera ilegal, participando en actividades políticas en los Estados Unidos en nombre del Gobierno de Venezuela y representando los intereses del Gobierno de Venezuela ante funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en un esfuerzo por influir en la política exterior de los EE. UU.  hacia Venezuela.

  Raúl Gorrín sería el enlace entre Rivera y el régimen de Maduro y se dice en el documento que Senador 1, cuyo nombre no aparece mencionado, también tuvo dos encuentros con Rivera y allí este le habría dicho que Gorrín le informó que Nicolás Maduro estaría dispuesto a celebrar elecciones libres en Venezuela.

  Vale pena apuntar que señalamientos acerca de las vinculaciones de Rivera con el chavismo son de vieja data. Por ejemplo, en 2012, organizó un evento en el Congreso de los Estados Unidos en homenaje venezolanos. Tal actividad habría sido financiada presuntamente con fondos públicos venezolanos en pro de agentes del oficialismo, según determinó una investigación hecha por Univisión. Se trató de una celebración conmemorativa del primer grito de independencia de Venezuela de la corona española, llevado a cabo el 19 de abril de 2012[3]. 

  Se destacó el “reconocimiento” que Rivera hizo a quien es conocido como el “banquero del chavismo”, David Osío, propietario del Davos Financial Group[4]. En el acto, rivera entregó a los homenajeados la Medalla al Mérito del Congreso de EE. UU., un Certificado de Reconocimiento Congresional y la Bandera de Estados Unidos.

  Otro dato curioso acerca de Rivera data del año 2010, cuando durante una entrevista acusó a su oponente demócrata a las elecciones, Joe García, de ser una agente de la dictadura cubana que, para ese entonces, encabezaba Fidel castro. El para entonces candidato Rivera denunció que García se había convertido en un “agente de los intereses del régimen de Castro, por el hecho de que él (García) está cabildeando por concesiones unilaterales hacia el régimen cubano”[5].

 Quien usó como tarjeta de presentación ante su electorado en Florida, su lucha contra el comunismo dado sus orígenes, trabajaba en silencio a favor del comunismo imperante en Venezuela[6].

Oposición venezolana salpicada

  En su afán por zafarse de los señalamientos con que se le vincula con el chavismo, Rivera ha afirmado que el dinero recibido de CITGO como parte del pago del contrato, es decir los USD 15 millones, fue a parar a la oposición venezolana como financiamiento a las protestas contra Maduro ocurridas en 2017.

 Rivera sostiene que supuestamente entregó parte de los USD 15 millones a Leopoldo López y a su esposa, Lilian Tintori. Estos negaron la acusación y amenazaron con demandar a Rivera, pero hasta la fecha no se ha interpuesto ninguna querella en los tribunales de Estados Unidos sobre este caso en particular. 

 Rivera también dijo en otra ocasión que del dinero debían dar cuenta los llamados 6 de CITGO: José Pereira, José Zambrano, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano y Tomeu Vadell[7].
  
   En la demanda contra Rivera aparecen señalados dos individuos, que  son diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela (2015). En la acusación no aparecen los nombres de los políticos opositores que habrían acudido a las reuniones con David Rivera y Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, que está buscado por la justicia de EE. UU. por diferentes delitos y se encuentra en estatus de fugitivo. 

 Raúl Gorrín es una figura clave en el caso de Rivera y sus correos electrónicos y mensajes de celular aparecen en las comunicaciones entre  el excongresista de EE. UU. y Esther Nuhfer, según lo revelan los fiscales y las evidencias presentadas en la corte en la demanda contra Interamerican Consulting Inc.

  Los mensajes revelan que Interamerican Consulting pagó parte del dinero recibido de CITGO a Gorrín, y que los pagos de la filial de PDVSA en EE. UU. fueron amparados contratos ficticios por supuestos servicios prestados.

  Los abogados de PDV USA dijeron que parte de los fondos pagados por CITGO a la empresa de David Rivera, USD 3,75 millones, fueron direccionados a Interglobal Yacht Managment LLC, una compañía que administraba los yates de Raúl Gorrín. Esta operación se habría pretendido enmascarar con un subcontrato de servicios de consultoría estratégica internacional, pero el administrador de la empresa de yates se negó a firmar el contrato retroactivo a marzo de 2017. Posteriormente, se quiso presentar el pago bajo el alegato de que Gorrín actuó, supuestamente, como abogado consultor de Interamerican.

Gorrín, tenido por la justicia como prófugo, figura en varias causas judiciales que cursan en tribunales de los Estados Unidos[9].

Toca esperar ahora qué determinará sobre Rivera la Corte de Florida.






































































[1] Venezuela Política. “El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia: Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones”. 5 de diciembre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/12/el-arresto-de-exrepresentante-de.html



[2] El Nuevo Herald. “Arrestado ex legislador Rivera trabajaba en secreto para Maduro, dice acusación”. 7 de diciembre de 2022. https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article269681841.html#storylink=cpy



[3] Business Wire. “Recognition to a Select Group of Venezuelans; David Osío Receives Important Recognition in Washington”. 18 de abril de 2012. https://www.businesswire.com/news/home/20120418006942/en/Recognition-to-a-Select-Group-of-Venezuelans-David-Os%C3%ADo-Receives-Important-Recognition-in-Washington-DC



[4] Armando Info. “El diminuto banco de venezolanos en Dominica que no gustó al Bank of China”. 7 octubre 2020. https://armando.info/el-diminuto-banco-de-venezolanos-en-dominica-que-no-gusto-al-bank-of-china/



[5] Naples Daily News. “VIDEO Florida race for Congress: David Rivera labels Joe Garcia an agent of Fidel Castro”. 9 de noviembre de 2010. https://archive.naplesnews.com/news/video-florida-race-for-congress-david-rivera-labels-joe-garcia-an-agent-of-fidel-castro-ep-393943909-343223112.html/



[6] El Diario. “Ex congresista Republicano asesoraba a Maduro: PDVSA ahora lo demanda”. 16 de mayo de 2020. https://eldiariony.com/2020/05/16/ex-congresista-republicano-asesoraba-a-maduro-pdvsa-ahora-lo-demanda/



[7] Venezuela Política. “Juicio de empresa de David Rivera revela trama corrupta de políticos venezolanos en Miami”. 24 de enero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/01/juicio-de-empresa-de-david-rivera.html



[8] Venezuela Política. “CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.”. 15 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html



[9] Venezuela Política. “Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC”. 7 de abril de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/04/caso-pdv-usa-en-nueva-york-david-rivera.html

lunes, 5 de diciembre de 2022

El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia : Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones

  En los chats, Rivera llamaba a Nicolás Maduro "el guaguero" (chofer de autobús)

Por Maibort Petit
  El exrepresentante de Florida David Rivera fue arrestado este lunes por las autoridades federales, tras ser acusado de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.  El arresto se produjo en el estado de Georgia.
   Una demanda civil previa, interpuesta por PDV USA en Nueva York argumentó que la firma del acusado, Interamerican Consulting Inc, firmó un contrato por $50 millones con PDVSA para evitar que EE. UU. impusiera sanciones contra la petrolera y la élite del gobierno venezolano, pero dicha consultoría no se efectuó por lo que la empresa PDV USA aspira a que Rivera reintegre los $15 millones que pagó de manera irregular la filial de la petrolera estatal venezolana en EE. UU., CITGO pagó a sus empresas.
   De acuerdo a la acusación revelada por el Departamento de Justicia, David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer (con quien ha sostenido una relación sentimental) conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.
   Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

  Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera "no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero", cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

   La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

  La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

   En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.
  
    Asimismo, la demanda señala que Rivera, "en su interés por mejorar la imagen de Venezuela", estableció  reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.
     
     En el documento de 34 páginas se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

   La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

   Los cargos muestran una serie de transacciones que se resumen en el siguiente cuadro:


      En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.

  Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

   Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes. Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.

   En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.
    
     En EE. UU. cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado. En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EE. UU. antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.

   En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados "contratos FARA" donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.

Otra demanda en NY sembró las dudas sobre Rivera

    En la demanda civil que se interpuso en contra de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting se pudo determinar que a través de las cuentas de CITGO, PDVSA pagó al acusado los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA y de Nicolás Maduro en los EE. UU. 
  Una demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 13 de mayo de 2020.  En la querella,  PDV USA buscaba que Interamerican Consulting Inc,  devolviera al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 


  Una fuente interna de CITGO dijo a Venezuela Política en mayo 2020 que en marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

   El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.

Leer nota completa aquí.


lunes, 24 de octubre de 2022

Testigos que buscan probar supuesta inmunidad diplomática de Álex Saab testificarán desde la Misión de Suiza en Caracas

Por Maibort Petit

  Con el objetivo de proteger 'la salvaguardias y logística necesarias para asegurar la integridad del testimonio' de los testigos propuestos por Álex Saab Morán, acusado de delitos de lavado de dinero y de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, la Embajada de Suiza autorizó que las testificaciones se realicen en la Misión suiza en Caracas. Saab busca probar que gozaba de Inmunidad Diplomática cuando fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 y que, por ende, no puede ser juzgado por la justicia ordinaria de los Estados Unidos.

   El tribunal del Distrito Sur de la Florida determinó que la defensa y la fiscalía debía presentar un informe detallado sobre las  nueve salvaguardias y consideraciones logísticas planteadas en el informe de la moción de Saab para los argumentos orales de sus testigos, que fue concedida por la corte al acusado.

  Saab pidió al tribunal permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela.  Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet.

Un gobierno reconocido por EE. UU.

  En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informa que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas, probablemente la Residencia de Embajadores, como sede de la testimonio. 

  Los fiscales se oponen al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se oponen al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.

  Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.

  Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que  coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.

 Igualmente, Saab  propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga  alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país

  "La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.

   En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información  adicional sobre el tema.

  Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios  ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".

 Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas.

 Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU. 

 La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.

  En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.

  La defensa y la fiscalía acordaron que  habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.

  Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.

  Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación.  Asimismo se usará  el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.

  Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.

 Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.

 Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.

  Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.

  Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente. 

  La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.

  De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.