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martes, 18 de abril de 2023

Nuevos sujetos vinculados del caso de KFC Group S.A., la firma registrada en Panamá que fue usada por Maduro y Daniel Ortega para vender petróleo y obtener ingresos en efectivo

  KFC Group: La empresa ligada contratistas corruptos de la FPO y también a las más altas instancias de los regímenes de Venezuela y Nicaragua

Por Maibort Petit

   Nuevos hallazgos logrados en la investigación que se realiza sobre los involucrados en los negocios corruptos registrado por la firma registrada en Panamá,  KFC Group S.A., que fue usada por Nicolás Maduro y el dictador, Daniel Ortega y su mujer para vender petróleo y obtener ingresos en efectivo.

    En las evidencias nuevas aparecen involucrados dos contratistas y un exfuncionario público, dos de los cuales ya han sido procesados por la justicia de los Estados Unidos. Se trata del exalcalde de Guanta, Jhonathan Marín, el empresario convicto, Carlos Urbano Fermín, así como el Leonardo Santilli, excontratista asesinado en extrañas circunstancias en 2020 en Lechería, Venezuela.

   Según la pesquisa Marín, Santilli y Fermín operaron con otros, para ganar contratos con sobreprecio de las empresas mixta de PDVSA, para lo cual pagana coimas a los funcionarios encargados de fiscalizar y aprobar las licitaciones.

  Entre los negocios hechos por los contratistas y empleados corruptos, con la empresa se beneficiaron varias personas. Lo curioso es que Nicolás Maduro haya usado KFC Group S.A. para hacer operaciones que buscaban para evadir las sanciones y obtener ingresos para el financiamiento de la revolución.

  Dado que el gobierno de Estados Unidos implementó una medida que apuntaba a acabar con el negocio que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes mantienen el control de las operaciones de importación y distribución del combustible en la nación centroamericana, estos se las han ingeniado para evadir tales políticas y agentes de la dictadura venezolana, ha servido para ello. 

 La Oficina de Control de Activo Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó el 13 de diciembre de 2022 a Rafael “Payo” Ortega Murillo, primogénito de la pareja presidencial nicaragüense quien actúa como principal operador financiero del régimen. El despacho del ejecutivo estadounidense, aplicó la medida a Ortega Murillo, en razón de sus actividades de “lavado de dinero y apoyo a la corrupción”. Esto dejó al hijo de los dictadores sin el control operacional.

 Hasta hace poco tiempo —previo a la aplicación de sanciones— Venezuela era el principal proveedor de combustibles para Nicaragua —Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC) mutada después en ALBANISA— pero fue desplazada por el mercado de los EE. UU. y otros como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica a pesar de no ser productores de petróleo, así como Dubai y Japón. 

 Para los Ortega Murillo era fundamental mantener el rentable negocio, las acciones norteamericanas no podían frenarlos y tras bastidores, continúan ligados a la actividad al haber cambiado de actores y proveedores de combustible.

 Uno de esos actores, de acuerdo a una investigación del portal Primer Informe[1], es una empresaria presuntamente vinculada a Cilia Flores, a saber, Keyla Lisbeth Campos Quevedo, quien preside KFC Group S.A., una compañía registrada en Panamá en la cual el esposo de la referida, Manuel Pedro Silva, también es directivo. 

  Fuentes de Venezuela Política aseguran que esta empresa también estaría relacionada a Carlos Enrique Urbano Fermín, excontratista del estado venezolano, uno de los protagonistas de un esquema de lavado de dinero proveniente de negocios fraudulentos establecidos, principalmente, con empresas mixtas de PDVSA que operan en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Una trama de corrupción en la que el exalcalde de Guanta, Jhonathan Marín, así como Leonardo Santilli, empresario zuliano asesinado en 2020, tuvieron un significativo protagonismo. Urbano Fermín fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, como premio por haber colaborado con los fiscales federales de la Florida[2].

   El grupo periodístico Connectas[3] también hace mención al asunto y refiere que KFG Group vendió petróleo a la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), según lo revela una comunicación suscrita por Campos a Rosario Murillo, en la que se le pide su intermediación a objeto de agilizar el pago de una operación de compra-venta de fuel oil venezolano. 

  Igualmente, hace mención a un chat de WhatsApp en el que alguien que se presenta como Isabel Cristina, quien todo deja ver es la directora de Enimex, Isabel Castillo Valle, finiquita lo relativo al pago en efectivo de USD 9 millones. 

 De acuerdo a datos manejados por Primer Informe, fue necesaria la intervención de Cilia Flores para que el pago se agilizara.

El correo a Rosario Murillo

  En una comunicación dirigida a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, el 14 de julio de 2021, Keyla Campo, CEO de KFC Group, le recuerda a la alta funcionaria una solicitud formulada el 20 de mayo en la que por correo electrónico pidió su intermediación a objeto de que la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), procediera a pagar 180 mil barriles de Fuel Oil que comenzaron a descargarse el 27 de diciembre de 2020.

  Campo le refirió a Murillo que la estatal estaba de acuerdo en realizar el pago en efectivo e informó que había obtenido la autorización del gobierno venezolano para retirar el dinero a través de la línea aérea Aeropostal Y/o otra que estuviera disponible en la fecha que el gobierno nicaragüense dispusiera para hacer la cancelación: el pago sería entregado a la entidad Bancamiga en Venezuela en la fecha que se estableciera.

  Una parte de la comunicación se informa que una persona de apellido Martínez insistía en apropiarse del pago.

Se sugirió como fecha probable de pago el 17 de junio de 2021.

Sobre Enimex

  Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) fue creada el 30 de octubre de 2018 por Ley N° 981publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 217 de 8 de noviembre de 2018, donde se la define “como una empresa pública, de giro comercial, con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y que será sucesora legal sin solución de continuidad de la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT).

 “En todo instrumento jurídico donde se mencione a la Empresa Nicaragüense de Importaciones (ENIMPORT), deberá leerse: Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX)”.

 Su objeto es “realizar transacciones de bienes, mercancías, productos y servicios en general, actuando inclusive como agente comprador y vendedor del Estado; todo con el fin de contribuir al logro de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo productivo agropecuario y fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, para continuar con la reducción de las desigualdades y la pobreza[4].

La empresa

 El portal Open Corporates informa que KFC Group S.A. es una empresa registrada en Panamá el 18 de mayo de 2012, bajo el número 769437, número nativo de la compañía es 769437S. Se trata de una Sociedad Anónima vigente en la actualidad. El agente es Mauad & Mauad.

  La representación legal recae en el presidente de la firma, ocupando la presidencia Keyla Lisbeth Campos Quevedo, quien también es una de los directores; Carlos Francisco Abrego García, Jorge Rodrigo Abrego Gasnell, figuran como suscriptores; Manuel Pedro Silva, director y secretario; Onofrio Cerami, como tesorero y director[5].

 Según su página web, KFC Group S.A. se define como una “empresa comercial que tiene negocios principalmente en las áreas de aceros, naval, petróleo & gas y tecnología. Contamos con la capacidad de búsqueda rápida de información, los métodos calificados de negocio y la excelente relación con nuestros asociados internacionales para proveer productos de las mas alta calidad certificada, tecnología y financiamiento”.

 En Panamá, la empresa se ubica en PH Brasil 405, Oficina 16C, Piso 16, San Francisco Vía Brasil, Ciudad de Panmá, República de Panamá. Entretanto, en Australia, KFC Group está domiciliada en 271 Little Malop Street, Geelong Victoria, Australia.  Teléfono de Contacto: +50762454655[6].

REFERENCIA

[1] Primer Informe. “Venezuela envía secretamente petróleo a Nicaragua a cambio de cash, violando sanciones de EEUU”. 9 de septiembre de 2021. https://primerinforme.com/actualidad/venezuela-envia-secretamente-petroleo-a-nicaragua-a-cambio-de-cash-violando-sanciones-de-eeuu/

[2] Venezuela Política. “Carlos Enrique Urbano Fermín: Un contratista del Estado venezolano, procesado por corrupción, sentenciado y delator de la justicia de EE.UU.”. 22 de mayo de 2022.  https://www.maibortpetit.info/2022/05/carlos-enrique-urbano-fermin-un.html

[3] Connectas. “La metamorfosis del negocio petrolero en Nicaragua”. S/F.https://www.connectas.org/metamorfosis-negocio-petrolero-nicaragua/

[4] Normas Jurídicas de Nicaragua. Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex). http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/dee48d9e602522bd0625830400581f66?OpenDocument

[5] Open Corporates. KFC Group S.A. https://opencorporates.com/companies/pa/769437

[6] KFC Group. https://www.kfcgroup.net


miércoles, 22 de marzo de 2023

Estas son las 13 propiedades de los cabilderos de Nicolás Maduro, [el excongresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer], que pasaron a ser controladas por el gobierno de EE. UU.: ambos están siendo juzgados en la Corte Federal de Miami

Por Maibort Petit

  En una comunicación enviada por el fiscal federal, Markenzy Lapointe a la Corte del Distrito Sur de la Florida, se informa que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado control de 13 propiedades  pertenecientes a el excongresista, David Rivera y Esther Nuhfer, acusados de delitos de conspiración para cabildear para el régimen de Nicolás Maduro y lavado de dinero.  

  Las propiedades están ubicadas en los estados de la Florida y Georgia y habrían sido adquiridas presuntamente con dinero proveniente de la trama de corrupción que encabezó Rivera y que involucra a su socia y pareja sentimental, Nuhfer. 

  La fiscalía presentó una moción con “Lis pendens” que significa que los costosos inmuebles involucrados en el juicio contra Rivera y Nuhfer,  pasan al poder o control del tribunal en espera de la continuación de la acción legal contra los acusados hasta la sentencia final.

 La acusación contra David Rivera y la exconsultora Esther Nuhfer alega que ambos conspiraron al trabajar para un gobierno extranjero sin haberse registrado ante el gobierno de EE. UU, como cabilderos, y además realizaron transacciones financieras, incluyendo lavado de dinero, violando las leyes federales estadounidenses.

   Según la acusación, Rivera y Neufer conspiraron con el propósito de enriquecerse ilegalmente, acordando con un gobierno extranjero (Venezuela) y participando en su nombre, en actividades de consultoría políticas en los Estados Unidos, representando intereses del gobierno de Venezuela ante funcionarios norteamericanos, en un esfuerzo por influir en la política exterior estadounidense.

   Los fiscales indicaron en la acusación que Rivera "no cumplió con el requerimiento de registrarse como consultor de un gobierno extranjero", cuando acordó, bajo contrato, trabajar para Petróleos de Venezuela, representando al régimen de Nicolás Maduro. Cualquier trabajo que Rivera hiciera para PDVSA requeriría que se registrara como agente extranjero, tal cual lo establece la Ley FARA, ( por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act).

   La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, exige que los agentes que trabajan para un gobierno extranjero, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero.

  La acusación establece que a partir de 2017, PDVSA contrató a la empresa de David Rivera, Interamerican Consulting Inc y a su asociada Esther Nuhfer, para cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de Estados Unidos, en nombre de Venezuela y obtener apoyo político para normalizar las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro.

   En la acusación aparecen involucradas dos empresas de consultorías: Interamerican Consulting Inc y Communication Solutions.

    Asimismo, la demanda señala que Rivera, "en su interés por mejorar la imagen de Venezuela", estableció  reuniones con un 1 Senador del estado de la Florida, un representante al Congreso de Texas, y un asesor de la Casa Blanca. Los encuentros se realizaron en Washington DC.

   En el documento se menciona a Nicolás Maduro, a la vicepresidente del régimen venezolano, Delcy Eloina Rodríguez, un empresario (Raúl Gorrín), a una empresa de servicios de yates de lujo del sur de la Florida, un abogado y dos miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela.

   La acusación dice que se celebraron dos reuniones con el senador de Florida en Washington D.C. en julio de 2017 para discutir un posible acuerdo con el régimen de Maduro en el que aceptaría un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.

Estas son las propiedades de Rivera y Nuhfer que pasaron a control del gobierno de EE. UU.

1) 1673 Pink Dogwood Way, Oviedo 32765

2) 21 Sadowski Causeway, Key Colony Beach, Florida.

3) 2665 SW 37 Ave. Unit 504, Miami Florida

4) 10925 NT, 43 Lane, Doral, Florida 33178

5) 82 Tingles Lane, marathon, Florida 33050

6) 237 Coke Street, NE, Marieta, Georgia.

7) 549 Bethesda Court, Oviedo, Florida, 32765

8) 2188 Ellis Mountain Drive SW, Marieta GA, 30064

9) 3060 Fleet St. Marieta, GA, 30064

10) 3663 S. Atlantic Av. Unit 20-C, New Smyrna Beach, Florida, 32169

11) 9425 SW 38 St. Miami, Florida 33165

12) 13604 SW 83 Court, Palmeto Bay 33158

13)237 Cole St. NE, Marieta GA, 30066.

Los cargos contra Rivera y Nuhfer 

      En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.

  Los fiscales explican que Rivera propuso reuniones donde estuvieron presentes representantes del régimen de Maduro, incluyendo una reunión que se realizó en Nueva York, donde estuvo presente la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez.

   Aparece referenciada una carta de Rodríguez donde se deja clara que había una relación de Rivera, y en su calidad de cabildero este propondría ante las altas autoridades del gobierno federal una propuesta de Nicolás Maduro en la que supuestamente se comprometía a realizar elecciones libres y transparentes. Esto ocurrió en 2017. En Venezuela se efectuaron comicios en 2018, en los cuales Maduro se declaró ganador, y su victoria no fue reconocida por la Comunidad Internacional.

   En el trabajo de lobby de Rivera se quiso vender la posibilidad que con el acercamiento de Maduro con la nueva administración se podía evitar una crisis mayor.

    En EE. UU. cabildear para un gobierno extranjero no es delito si se cumplen con todos los requerimientos exigidos y se dejan claras las cuentas de los fondos que reciben los lobistas por el servicio prestado. En el caso de Rivera y Esther Nuhfer, las dos empresas Interamerican Consulting Inc o Communications Solutions Inc, estaban violando la regla, porque la ley FARA obligaba a estar inscritas ante el Departamento de Estado de EE. UU. antes de actuar en nombre y a favor de los intereses de otro país en suelo norteamericano y ante las instituciones públicas.

   En la demanda aparecen una serie de correos electrónicos titulados "contratos FARA" donde se advierte que deben estar inscritos, pero Rivera, en una de las respuestas a Nuhfer dice que era un poco tarde para ello, pues si lo hacían, sería un escándalo mayúsculo por las políticas que el presidente Trump ya había tomado contra Maduro y PDVSA.

La demanda en NY sembró las dudas sobre Rivera

    La demanda federal contra Rivera y Nuhfer de Miami, tiene como fondo una acción civil que está bajo proceso en Nueva York,  en la que PDV USA argumenta que la firma de David Rivera,  Interamerican Consulting Inc, firmó un contrato por $50 millones con PDVSA para evitar que EE. UU. impusiera sanciones contra la petrolera y la élite del régimen venezolano, pero dicha consultoría no se efectuó. PDV USA aspira a que Rivera reintegre los $15 millones que pagó de manera irregular la filial de la petrolera estatal venezolana en EE. UU., CITGO al acusado.

    En la demanda civil que se interpuso en contra de la empresa de Rivera, Interamerican Consulting se pudo determinar que a través de las cuentas de CITGO, PDVSA pagó al acusado los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA y de Nicolás Maduro en los EE. UU. 

  Una demanda por incumplimiento de contrato  fue interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 13 de mayo de 2020.  En la querella,  PDV USA buscaba que Interamerican Consulting Inc,  devolviera al menos $15 millones (más intereses) por servicios 'de cabildeo' que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017.  

  Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé"(2). 

  Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, "estaban al tanto de todo".

  No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos. 

  Una fuente interna de CITGO dijo a Venezuela Política en mayo 2020 que en marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.

  Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que —a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas".  A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron  dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

   Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson  Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser. 

  CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales. 

  Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días),  "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".

  El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.


jueves, 9 de marzo de 2023

Conozca los detalles del millonario contrato suscrito entre Detons Europe CS LLP y PDVSA para representarla en las múltiples demandas que enfrenta

  Se trata de un millonario acuerdo de asesoría jurídica que David Syed, abogado irlandés experto en finanzas, brinda al gobierno venezolano y la estatal petrolera.

Por Maibort Petit
  Aunque inicialmente su relación con el régimen de Nicolás Maduro se entabló para encargarse de la restructuración de la deuda externa venezolana de USD 60.000 millones, David Syed, el abogado irlandés socio de la firma de abogados registrada en la República Checa, Detons Europe CS LLP, derivó sus actividades a la representación de la estatal petrolera en los procesos de arbitraje, juicios y demás procesos judiciales que enfrenta en distintas instancias jurisdiccionales del mundo. Pero no sólo esas serían sus funciones, pues voceros de la oposición venezolana han denunciado que su actuación igualmente comprende el burlar las sanciones impuestas a Venezuela y PDVSA por el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional.
 Recientemente, el excomisario de la desaparecida Policía metropolitana de Caracas y expreso político, Iván Simonovis, señaló a David Syed de ser el interlocutor del régimen de Nicolás Maduro para burlar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y la comunidad internacional a PDVSA. Una actuación de a este abogado externo de la petrolera estatal venezolana, le habría permitido obtener ganancias millonarias en dólares y euros, según el exfuncionario policial.
  Simonovis reveló que Detons Europe CS LLP, la empresa de la cual es socio Syed, supuestamente recibió honorarios profesionales que sumaron 13,8 millones de euros y agregó que el abogado, en cada viaje que realiza a Venezuela produce un gasto de USD 26.373 por concepto de costo de los vuelos privados. Los cálculos del expolicía metropolitano señalan que los últimos siete viajes significaron una erogación de USD 184.611.

 David Syed fue contratado por Detons para asesorar al régimen de Maduro en el proceso de reestructuración de la deuda externa cuando se pretendía renegociar una deuda de USD 60.000 millones[1].

 Anteriormente a su afiliación a Detons Europe CS LLP, Syed era socio de la firma Orrick, Herrington & Sutcliffe, esto hasta noviembre de 2017 cuando Detons lo requirió para asesorar a la dictadura venezolana en el manejo de su deuda externa[2].

  El portal Poderopedia informa que “David Syed tiene una amplia experiencia en contratos internacionales, transacciones corporativas y transacciones transfronterizas. Es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Francesa de Reims, y tiene un master de Derecho de la Universidad de Exeter, en Reino Unido”. La publicación especializada Best Lawyers lo catalogó en 2014 como uno de los mejores abogados de finanzas. Del mismo modo señala que Syed se separó de Orrick, Herrington & Sutcliffe cuando este despacho se negó a hacer negocios con el régimen venezolano[3].

El Acuerdo

  El 11 de julio de 2018, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), representada por su Consultora Jurídica, Hilda Cabeza, y la empresa domiciliada en la República Checa, Detons Europe CS LLP, representada por el ciudadano irlandés, Dawood Syed, suscribieron un contrato de Servicios Profesionales el cual tiene por objeto representar judicialmente a la petrolera, “ante los procesos de arbitraje, juicios, entre otros; con sus propios recursos y personal, y a satisfacción de esta”. Se estableció que PDVSA tendría la conducción de los procedimientos a través de su consultoría jurídica, mediante sus orientaciones, el control y seguimiento que realice, dirigidos a instruir a Detons y a los abogados de esta y de su personal, designados para ejercer la representación en las instancias correspondientes.


  El precio del contrato se estableció hasta por la cantidad máxima de 5.749.120 Euros, de los cuales 4.422.400 corresponderían a 8 mil horas/hombre anuales de trabajo, calculadas por la multiplicación del esfuerzo estimado en Horas/Hombre por las tarifas presentadas en la oferta que forma parte del contrato. Asimismo, 1.326.720 Euros correspondientes al 30% por concepto de gastos reembolsables, cuyo monto total en bolívares asciende a Bs. 541.061.181.440, calculados a la tasa de cambio indicada en el Convenio Cambiario 39 que, según la última subasta del DICOM del 7 de junio de 2018, se fijó en Bs. 94.112 por Euro.

  Entre otras generalidades, el acuerdo establece el pago de honorarios profesionales por parte de PDVSA a Detons de USD 665 por hora de trabajo de los socios (Partner); USD 557 por hora para los Consejeros (Counsel) Senior; USD 371 por hora de trabajo para los Senior Associate; USD 248 por hora de trabajo para los Junior Associate; tarifa de paralegal de 195 Euros.

  Estos montos comprenden las actuaciones que partir de la suscripción del contrato se produzcan en representación, atención y defensa de los intereses de PDVSA.

 Se entienden por Gastos Reembolsables los generados en la prestación del servicio, tales como pago de hoteles, boletos aéreos, taxis, servicios de traducción y transcripción, teléfono, fax, servicios postales. El pago se realizará contra presentación de facturas.

 Además de otras cláusulas relativas a aspectos formales y de procedimiento, se establece como “Punto de Honor en la Defensa de PDVSA”, que Detons deberá en la medida de lo posible, “implementar de forma obligatoria” los alegatos en relación con la “falta de jurisdicción del Tribunal Arbitral para el conocimiento de la presente causa contra PDVSA”, así como aquellos relativos a escenarios de fraude en los casos en los que los demandantes hayan ejecutado operaciones destinadas e impulsadas a constituirse en objeto del ámbito de aplicación de Tratados de Promoción y Protección de Inversiones.

El Addendum Nº 1

  El 25 de marzo de 2019 se firmó el Addendum o contrato complementario Nº 1 en el cual se modificó la cláusula relativa al pago y gastos reembolsables, para ajustar la cantidad de horas hombre a la necesidad del servicio y monto respectivo.

  Se estipuló que el monto del contrato sería hasta por la cantidad máxima de 8.099.468 Euros, de los cuales, 6.230.360 se destinarían a 11.400 Horas/Hombre anuales de trabajo, calculados al multiplicar el esfuerzo estimado en Horas/Hombre por las tarifas presentadas en la oferta; así como 1.869.108 Euros correspondientes al 30% por concepto de gastos reembolsables. El cálculo se hizo de acuerdo al Convenio Cambiario 39 aplicado a la subasta del 27 de febrero de 2019, de Bs. 3.748,90 por cada euro.

  Las tarifas de los honorarios se mantuvieron como estaban en el contrato del 11 de julio de 2018.

El Addendum Nº 2

  El 12 de junio de 2019, se firmó el Addendum o contrato complementario Nº 2, el cual prolongó la vigencia y duración del contrato, hasta ahora establecida en un año, hasta que se consuma la totalidad del monto estipulado en la cláusula segunda o al 31 de diciembre de 2019. Es decir, tendría vigencia en tanto ocurrieran cualquiera de los dos supuestos referidos.

 Igualmente se estableció que solamente si PDVSA estimaba conveniente, el contrato podría prorrogarse a través de un Addendum suscrito entre las partes.

El acuerdo de pagos

 El 11 de julio de 2018, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), representada por su Consultora Jurídica, Rocío Goitía Gómez, y la empresa Detons Europe CS LLP, representada a su vez por David Syed, socio de la firma, suscribieron un Acuerdo que tenía por objeto “ayudar en el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales”.

 A través de dicho acuerdo, Detons autorizó a PDVSA para que, a partir de la fecha de la firma, la petrolera realizara los pagos derivados del contrato de servicios profesionales indistintamente y de preferencia, en la cuenta bancaria a su nombre del Banque Delubac & Cie; o en la cuenta a nombre de AO Detons Europe del banco VTB Bank; así como en cualquier otra cuenta bancaria perteneciente a los citados. Se advierte de cualquier cambio sería informaría con cada factura emitida.

 Del mismo modo, las partes acordaron mantener la vigencia de los acordado en el contrato de servicios del 11 de julio de 2018 y su Addendum Nº 1.

Las facturas

 El 10 de julio de 2019, Detons Europe CS LLP emitió la factura 271901101 a PDVSA, a la atención de Roccio Goitía, por los servicios profesionales proporcionados hasta el 30 de junio de 2019 por 440 Euros. Se refería al caso descrito como 14/Bonos y Préstamos.

  En la misma fecha, 10 de julio de 2019, se emitió la factura 271901102 relativos al caso descrito como 16/APS-Italia por 10.149 Euros.

 Igualmente, en la misma fecha se emitió la factura 271901103 también relativa al caso 16/APS-Italia por Gastos Reembolsables, por 420,69 Euros.

 También el 10 de julio de 2019, se emitieron las facturas 271901104 por 405 Euros por servicios profesionales por el caso 18/Core Laboratories; la 271901105 por 200 Euros por el servicios profesionales por el caso 25/Ecuador; la 271901106, por servicios profesionales por el caso 26/Arbitrajes Marítimos del Reino Unido por 619,60 Euros; la 271901107, por servicios profesionales por el caso 31/NYNAS-General Corporate, por 23.395,40 Euros; la 271901108, por servicios profesionales por el caso 32/Propernyn-Energy Coal, por 18.439,10; la 271901109, por gastos reembolsables por el caso 32/Propernyn-Energy Coal, por 789,48; la 271901110, por servicios profesionales por el caso 34/Portugal, que comprendía un renglón por 23.942,90 y otro por 23.476,71 que totalizaban 47.419,61 Euros; la 271901111, por el caso 34/Portugal, por concepto de gastos reembolsables, por 4.355,55 Euros; la 271901112 por servicios profesionales por el paso 35/Petrojam, por 49.835,80, la 271901113, por gastos reembolsables del caso Petrojam, por 5.838,62 Euros; y la 271901114, por servicios profesionales del caso 38/Caballero, por 117368,60.

 Del mismo modo, en nuestro poder se encuentra otro grupo de facturas fechadas los días 14 de agosto de 2019 y el 28 de agosto de 2019, que totalizan 114.609,84 Euros.

Sobre Detons

  Detons Europe CS LLP, Unidad Organizacional, de acuerdo el portal Open Corporates, es una empresa activa registrada en la República Checa el 5 de diciembre de 2008, bajo el número 28499808, como componente organizacional de entidad legal extranjera. Inicialmente estuvo denominada como Salans Europe LLP. El directorio lo conforman la propia Detons Europe CS LLP como entidad fundadora y Tomasz Cezary Dabrowski, quien figura como miembro designado[4].

  Se trata de un despacho de abogados que, según describe el portal CCCA, ofrece asesoría a “clientes nacionales y extranjeros en diversas áreas de la vida empresarial, incluidas fusiones y adquisiciones, empresas conjuntas, derecho corporativo, capital privado/capital de riesgo, banca, finanzas y mercados de capital, reestructuración e insolvencia, transacciones inmobiliarias, derecho laboral, penal y de competencia, así como derecho regulatorio, cumplimiento y resolución de disputas. Dentons tiene una gran experiencia en la planificación, estructuración y negociación de transacciones de capital privado. Asesoramos en todo el “ciclo de vida” de los fondos de capital privado, desde su estructuración y captación, pasando por la implementación y ejecución de su estrategia de inversión (compras e inversiones de capital riesgo) hasta la desinversión de sus carteras (salida) y posterior liquidación del fondo”[5].


1) El Nacional. “David Syed, el abogado de Pdvsa señalado de ser interlocutor del chavismo para burlar las sanciones de EE UU”. 15 de febrero de 2023. https://www.elnacional.com/venezuela/david-syed-el-abogado-de-pdvsa-senalado-de-ser-interlocutor-del-chavismo-para-burlar-las-sanciones-de-ee-uu/

2) Instagram. Maduradas. “¡Desesperados! Gobierno contrató a un abogado para que lo asesore en reestructuración de la deuda (Ay, Nico)”. 15 de noviembre de 2017. https://www.instagram.com/p/BbiicmAh2xy/?hl=es


4) Open Corporates. Detons Europe CS LLP, unidad organizacional. https://opencorporates.com/companies/cz/28499808

5) CVCA. Dentons Europe CS LLP. https://cvca.cz/en/dentons-europe-cs-llp-2/

 

miércoles, 11 de enero de 2023

Una estrategia ejecutada por Francisco Convit Guruceaga consigue liberar al exfuncionario de PDVSA, Víctor Aular, acusado por delitos de corrupción

  Fuentes de Venezuela Política informaron que Aular fue puesto en libertad gracias a los 'buenos oficios', ejercidos ante la cúpula oficialista, por Francisco Convit Guruceaga, actualmente fugitivo de la justicia de EE. UU. 

Por Maibort Petit

  De manera silenciosa, fue excarcelado en Caracas, Víctor Aular, exvicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela durante la gestión del exministro Rafael Ramírez, que había sido arrestado en agosto de 2022, tras ser acusado de haber participado en un enorme esquema de corrupción que logró expoliar a PDVSA unos $480 mil millones. El sobreseimiento del exfuncionario, que también aparece señalado en casos criminales en EE. UU., responde a una serie de acciones que se están acometiendo por parte de operadores involucrados en millonarias tramas de lavado de dinero en Venezuela para generar evidencias que les sirvan para defenderse ante la justicia norteamericana.
    Víctor Aular participó en la suscripción de un contrato de préstamo con la empresa Administradora Atlantic 17107, CA., que de manera irregular realizó préstamos a PDVSA en bolívares y los cobró en dólares, creando un daño al patrimonio de la petrolera, pero además enriqueciendo ilícitamente a los protagonistas de la trama. Cuando el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab anunció la detención de Aular, 30 de agosto de 2022, destacó que la operación reflejaba la conducta criminal de los implicados. 
    La trama de corrupción que involucra a Aular,  fue plenamente descrita y evidenciada por las autoridades de EE. UU. en la acusación federal denominada Operación Fuga de Dinero.  A pesar de la demanda en la corte, las autoridades en Venezuela no realizaron investigaciones sobre la denuncia, hasta que a inicios de agosto de 2022, Tareck El Aissami —sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU., por ser presuntamente, uno de los grandes capos del narcotráfico y relacionado con grupos terroristas de Medio Oriente, y acusado en Nueva York por la violación de sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense acusó al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, a Nervis Villalobos, a Víctor Aular y otros de desfalcar más de cuatro mil millones a Petróleos de Venezuela durante la gestión del exzar petrolero.

   A muchos expertos sorprendió la denuncia de El Aissami, que en calidad de Ministro de Petróleo, dijo que había logrado evidenciar que Ramírez y sus socios expoliaron y causaron un grave daño al patrimonio de PDVSA, con varias operaciones de cambio que sólo se hicieron para enriquecerse. No obstante, en la denuncia de El Aissami surgió la oportunidad de oro para que un de los fugitivos de la justicia de EE. UU. por una causa que forma parte de las operaciones acusadas, consiguiera una pieza clave para presentar ante la corte de EE. UU. para defenderse.

Sobreseimiento del caso de Víctor Aular como evidencia del no delito

  En el marco del proceso irregular que permitió que Víctor Aular saliera en libertad, participó Francisco Convit Guruceaga, un sujeto que está siendo buscando por las autoridades federales de Estados Unidos por ser una de las fichas principales de la Operación Fuga de Dinero, un escandaloso caso de lavado de más de 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA.

  El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Francisco Convit Guruceaga y a otros cinco venezolanos el 18 de septiembre de 2018. Entre los acusados, además del llamado bolichico, se encuentran: José Vicente Amparan Croquer, alias 'Chente'; Carmelo Antonio Urdaneta Aqui; Gustavo Adolfo Hernandez Frieri; Hugo Andre Ramalho Gois; Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera, este último un hombre muy cercano a los célebres narcosobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Las gestiones ante la 'justicia' de Caracas

  De acuerdo al fallo de sobreseimiento a favor de Víctor Aular —con fecha 29 de noviembre de 2022 del Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos a delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional causa N- 4CT-S-042-2022 firmada por el juez José M. Márquez García a Víctor Aular Blanco, cédula de Identidad V-6.835.572 se le acusó de haber cometido los delitos de aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y malversación simple de fondos públicos y legitimación de capitales y asociación.

  Aular fue beneficiario de un decreto de sobreseimiento que tuvo lugar gracias a muchas gestiones realizadas ante las instancias de poder, por Francisco Convit Guruceaga. Una fuente ligada al caso dijo a Venezuela Política que una sentencia firme que alega que las operaciones que involucran al exfuncionario de PDVSA no constituyen delito, es decir, no violan ninguna de las leyes vigentes en Venezuela puede servir como pieza en la defensa de Convit Guruceaga y otros, que han justificado la naturaleza de la operación señalando que se ajusta a derecho.

 Convit Guruceaga y otros de sus socios están acusados por el gobierno de EE. UU. de delitos de lavado de dinero y corrupción a gran escala. Varios de los acusados en la Operación Fuga de Dinero se declararon culpables, fueron procesados y muchos pagaron condenas muy cortas por la gran cantidad de información que suministraron a los fiscales del caso.

El delito imputado a Aular es atípico

  "El decreto de sobreseimiento basado en lo establecido en el artículo 300 numeral 2, primer supuesto del código Orgánico Procesal Penal, referido a que el imputado no es típico", dice el fallo a favor de Víctor Aular.

  En ese sentido, la sentencia libera de los cargos a Aular y apela a una decisión que establece que "la propuesta de financiamiento de capital de trabajo para Petróleos de Venezuela, bajo la modalidad de crédito, hasta la cantidad de Bs. 17. 490.000.000,00, por un plazo de 24 meses a una tasa activa de mercado, menor a un 3 %, no generó pérdidas a la nación".

  En el documento de 48 páginas, se argumenta que "el crédito en cuestión se aprobó conforme al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N-2012-06 de PDVSA, en fecha 06 de marzo de 2012, estando presentes Rafael Ramírez Carreño y Juan Carlos Márquez Cabrera, este condición de secretario. En esa acta, dice que se trató como único punto, decidir sobre la suscripción del Contrato de Préstamo bajo el mecanismo de línea de crédito con la empresa Administradora Atlantic 17107, C.A., resolviendo por unanimidad que conformen a lo acordado en la reunión del comité ejecutivo de fecha 06 de marzo de 2012".

  El fallo advierte que "en la suscripción del contrato, fue autorizado a Víctor Aular Blanco, en su condición de Director Interno de PDVSA, a que firmara el documento correspondiente a la ejecución del contrato, así como a realizar las solicitudes de desembolso, pagos parciales, totales e incluso pagos anticipados del capital e intereses, así como la suscripción del finiquito de la deuda".

  Entre las evidencias que usan para justificar el sobreseimiento de la causa, se cita la comunicación CJ-2022-402 de la Consultoría Jurídica de PDVSA, del 13 de septiembre de 2022.

  Dice que la autoridad "logró establecer que efectivamente, el contrato suscrito el 12 de marzo de 2012, entre PDVSA y Administradora Atlantic 17107, C.A, se acordó que la empresa prestamista, que no era un banco, entregara a PDVSA en calidad de préstamo, los Bs. 17.490.000.000,00 conforme a la solicitud de desembolso que efectuó PDVSA".

 Agrega que el 15 de marzo de 2012, la prestamista decidió ceder sus derechos y obligaciones sobre el contrato a Violet Advisor C.A y Welka Holding Limited, representada por los hermanos Luis Alberto Oberto e Ignacio Oberto.

 A su vez, Violet Advisor S.A. cedió sus derechos y obligaciones suscritos en fecha 15 de marzo de 2012, con Administradora Atlantic 17107 C.A y PDVSA, el 12 de marzo de 2012, a Welka Holding Limited, quedando entendido que tan pronto se materialice el convenio entre las partes, sobre el derecho decido se materializara de manera perfecta. 

 Asimismo, el fallo dice que "se de la claro en el contrato que Welka, sustituiría a Violet en el contrato desde la misma fecha en que Violet notifique a PDVSA de la cesión de obligaciones a Welka. Violet garantiza la existencia del crédito, pero no la solvencia del deudor".

  Welka y Violet enviaron una comunicación a Víctor Aular el 16 de marzo de 2012, para notificarle a PDVSA la suscripción de un contrato de cesión de derecho y obligaciones que Administradora Atlantic 17107 CA firmó con PDVSA unos días antes. En el oficio se indica que "el pago de capital e intereses debía realizarse directamente a las cuentas bancarias pertenecientes a la empresa contratista".

  "PDVSA recibió las comunicaciones 18 y 19 de marzo de 2012, y PDVSA pagó la deuda e intereses en dólares americanos a Welka Holding Limited y Violet Advisor SA que no poseían domicilio en Venezuela", acota el fallo.

  Posteriormente, Luis Oberto, director de Violet Advisor S.A. hizo una oferta de ampliación de financiamiento a Víctor Aular, en su condición de director de PDVSA, carta que fue recibida el 15 de junio de 2012. Oberto ofrece duplicar el monto, es decir, una ampliación de Bs. 17.490.000.000,00.

  El 1 de agosto de 2012, PDVSA, representada por Víctor Aular y Violet Advisor S.A. suscribieron un addendum al contrato de préstamos a intereses, donde se acuerda ampliar a Bs. 1.500.000.000,00 adicionales a las sumas entregadas a PDVSA, según lo pautado en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA.

  En total la empresa de Luis Oberto le entregó a PDVSA en préstamos Bs. 36.480.000.000. Pero el 25 de enero de 2013, PDVSA suscribió un nuevo addendum donde se acordó ampliar en Bs. 1500.000.000,00 adicionales. Este último préstamo también fue aprobado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de PDVSA celebrada el 22 de enero de 2013.

  El decreto que sobreseyó la causa de Víctor Aular dice que se verificó que los préstamos en bolívares que PDVSA pagó en dólares y que significó sumar mil millonarias para los involucrados, se depositaron en cuentas bancarias de PDVSA y que la información además fue confirmada por la Consultoría Jurídica de la estatal petrolera. "Los pagos fueron desembolsados en la cuenta bancaria del Banco Industrial de Venezuela, registrada a nombre de Administradora Atlantic 17107 C.A. el 10 de octubre de 2022".

 Dice que fueron debitadas de las cuentas de PDVSA, $ 4.850.000.000,00 por concepto de cumplimiento de obligaciones a las empresas de los hermanos, Luis e Ignacio Oberto, Welka Holding Limited y Violet Advisors S.A. en un lapso comprendido entre 21 de marzo de 2012 al 29 de enero de 2013, efectuada desde la cuenta PT500007090300950810330 del Banco Espirito Santo (Portugal) perteneciente a PDVSA.

  En la transacción de la inmensa suma de $4.850.000.000,00 fue a parar las cuentas de Violet Advisor S.A. N-CH108667005846941228 de Bank de Zurich y otra cuenta secundaria en la Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) de Ginebra.

  Otros $500.000.000,00 millones fueron depositados entre el 21 al 27 de marzo de 2013 en una cuenta del Banco Espíritu Santo en Bahamas, a favor de Welka Holding Limited. Todas las transacciones fueron aprobadas por Víctor Aular, en su rol de director de PDVSA.

  Deja claro que "PDVSA hizo los pagos en dólares a los préstamos en bolívares de manera anticipada. en distintas fechas y a través de varias transacciones. El 10 de abril de 2013 se firmó un acta de finiquito al contrato de préstamo suscrito el 12 de marzo de 2012". 

  Este documento fue firmado por Luis Oberto Anselmi por parte de Violet Advisor S.A. y que fueron originalmente pactadas con Administradora Atlantic 17107 C.A propiedad de Juan Andrés Wallis Brandt.

  Para el sobreseimiento de Víctor Aular se usó un documento emitido el 26 de septiembre de 2022, firmado por Ramón Ostos, director de la firma de contadores KPMG de Venezuela donde se resume los pagos en dólares por los préstamos en bolívares por parte de PDVSA a favor de la empresa de Wallis Brandt. 

  Esta operación supuestamente "no generó daño financiero a la reserva de la industria petrolera", comentario que contradice a quien plantó la denuncia en la fiscalía del régimen de Maduro, que no es otro, que el mismo Tareck El Aissami, actual Ministro de Hidrocarburos de la dictadura

  Según la sentencia, el tribunal evidenció que las acciones desplegadas por Víctor Aular en la operación calificada por El Aissami como un enorme esquema de corrupción, fueron ejecutadas por el sobreseído (Aular) bajo las condiciones y lineamientos jurídicos que especificaba el contrato firmado y autorizado por la directiva de PDVSA., es decir, Aular sólo cumplía sus funciones y que tales acciones no afectaron el patrimonio público.

  Los resultados de la investigación hacen referencia a la denuncia que interpuso El Aissami del 30 de agosto de 2022, y que la pidió "como presidente de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque".

  El Aissami acusó a Rafael Ramírez, Juan Carlos Márquez, Víctor Aular, Nervis Villalobos, Alejandro Betancourt López (socio de Francisco Convit Guruceaga), entre otros, de haber ejecutado la trama irregular que representó para "PDVSA pagar sus acreencias en dólares cuando lo que había recibido a cambio era bolívares lo que constituye a todas luces una operación fraudulenta". 

  Asimismo, se denunció que la significativa decisión de la empresa de Juan Andrés Wallis Brandt, de traspasar en horas a las empresas de Luis e Ignacio Oberto Anselmi los contratos que los beneficiaron con millones de dólares por préstamos en una moneda devaluada, violaba las normativa venezolana.

  Por ley, PDVSA está obligada a vender las divisas provenientes de sus exportaciones de crudos y sus derivados al Banco Central de Venezuela, para así obtener los bolívares necesarios para cumplir con sus compromisos locales. La denuncia advierte que la operación si comprometía el patrimonio nacional. El fallo a favor de Aular dice que no.

 La demanda de El Aissami sugiere que los dueños de las tres empresas involucradas en la operación y los funcionarios de PDVSA orquestaron esta maniobra fraudulenta para la adquisición de divisas a tasa preferencial, asunto completamente ilegal, porque para la fecha existía un control de cambio en el país (CADIVI). la línea de crédito de Atlantic a PDVSA, fue irregular y las ganancias fraudulentas se obtuvieron en bancos suizos.

 En la denuncia se destaca que la empresa Violet realizó dos transferencias a beneficio de Nervis Villalobos Cárdenas en una cuenta que estaba en el banca Privada de Andorra BPA Serveis SA, a nombre de la empresa VAMSHORE ENTERPRISES LTD, por un monto de $55.600.000 millones.

  Nervis Villalobos había suscrito un contrato falso con Atlantic, Violet y Welka de supuestos servicios. Otro de los funcionarios involucrados, Abraham Ortega, Director Interno de Finanzas de PDVSA, fue quien suscribió el acta de finiquito de la operación.

  Se plantea que parte del dinero que logró de manera fraudulenta fue aprovechado por Leopoldo Alejandro Betancourt López, a través de empresas de fachada, para tratar de ocultar los fondos obtenidos del esquema corrupto.

  Cuando El Aissami introdujo la demanda a la fiscalía, se hizo un acta de investigación penal que está firmada por el Comisario Jefe, Jesús Viloria, comisario, Mairobis Osorio, los inspectores Manuel Gallardo Luna Bello, Miguel Palacios y otros.

Las diligencias para el sobreseimiento

  El sobreseimiento de la causa contra Aular se basa en lo establecido en el artículo 300, numeral 2, primer supuesto del Código Orgánico Procesal Penal que indica que el hecho imputado es atípico y no por ende no reviste de carácter penal.

  La sentencia a favor del exvicepresidente de PDVSA dice "que operación denunciada no es delito porque no constituyó un daño al patrimonio de Venezuela, ya que el contrato establecía que pagó era dólares y no en bolívares, y esto se estableció antes que se haya instaurado el régimen de control de cambio, por lo cual no exime a la intimada del pago en dólares de EE. UU. porque esa era la moneda prevista en el contrato".

  La sentencia destaca que el delito acusado no se encuentra previsto en el ordenamiento jurídico venezolano como conducta sujeta a sanción penal.

  Por su parte, la empresa KPMG en el informe entregado para justificar la operación dice que "PDVSA obtuvo una ganancia por los pagos anticipados de estas transacciones similares para el año 2013 de $1.100 y para 2012 de $1.978 millones como consecuencia de las operaciones acusadas".

  Destaca que el sobreseimiento de la causa a favor de Víctor Aular procede porque el hecho objeto del proceso no se realizó ni puede ser atribuido al imputado, por ende la acción penal queda extinguida y resulta acreditada a la cosa juzgada.

  Agrega que a pesar de la falta de certeza, no existe razonable posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay bases para solicitar un juicio al imputado.

  Asegura que los sobreseimientos, o preclusión o dismiss, proceden cuando de la investigación resulte que el hecho que motivó la apertura de la averiguación es inexistente, no puede ser suficientemente acreditado o resulte no ser constitutivo de un delito. o cuando no conste la participación de los imputados.

¿Quiénes se pueden beneficiar del sobreseimiento de Víctor Aular?


  Tal como se dijo inicialmente, la denuncia hecha por Tareck EL Aissami en Caracas en agosto de 2022, estaba esencialmente basada en una acusación federal que la fiscalía del Distrito Sur de la Florida interpuso ante la Corte del primer circuito en Miami en contra de un grupo de operadores y exfuncionarios venezolanos que establece que hubo un esquema de corrupción a través del cual se lavaron 1200 millones de Petróleos de Venezuela.

  En la primera etapa del proceso arrestaron y procesaron tres de los individuos que formaron parte de este esquema de corrupción demandado, a saber: Mathias Krull, Abraham Edgardo Ortega y Gustavo Adolfo Hernández Frieri. 

  Los fiscales estadounidenses aseguran que la mayoría de los señalados son “operadores sofisticados con conocimiento del sistema bancario internacional” y por lo tanto saben cuáles son las rutas para efectuar el lavado de dinero que proviene de una operación criminal. Entre los funcionarios mencionados en la acusación está Víctor Aular y Abraham Ortega.

  En los documentos del caso "Operación Fuga de Dinero",que lavó en el sistema financiero norteamericano 1.200 millones de dólares provenientes de PDVSA, están involucrados tres funcionarios.

  La acusación dice que el Oficial 1, quien aprobó un préstamo el 17 de diciembre de 2014, es un vicepresidente de Pdvsa., que en ese entonces era Víctor Aular. 

 En 2012, PDVSA autorizó una operación con la empresa Administradora Atlantic 17107, CA., para efectuar desembolsos, realizar pagos parciales y totales e incluso pagos anticipados del capital e intereses. Los responsables firmantes del acuerdo fueron Rafael Ramírez Carreño, Asdrúbal Chávez, E. Del Pino y Víctor Aular.

 El dueño de una de las principales empresas de la trama corrupta, Administradora Atlantic 17107, Juan Andrés Wallis Brandt llegó acuerdos con los fiscales y sirvió como cooperante en la investigación de los fiscales de la Florida, según confirmaron varias fuentes ligadas al caso.

  En el año 2022, varios de los acusados de nacionalidad venezolana que fueron acusados por los fiscales federales de EE. UU. iniciaron un plan para librarse de las demandas, presentando a la corte una serie de documentos de PDVSA que demuestran que las actividades por las cuales fueron acusados no eran irregulares, o que como funcionarios públicos, tomaron acciones para denunciar las irregularidades, cumpliendo así con su deber. 

Leer este caso:

  En paralelo, varios operadores han efectuado varias diligencias para contratar los servicios de prestigiosos bufetes de abogados en EE. UU., así como agencias de cabildeo. 

  Igualmente, ha llevado acciones contra funcionarios del Departamento de Justicia, de las agencias federales y personas que actúan como mediadores en otros países.

 Francisco Convit Guruceaga cambió de abogado para su representación en la Corte del Distrito Sur de la Florida el 7 de diciembre de 2022, una semana después que el tribunal en Caracas aprobara el sobreseimiento de la causa contra Víctor Aular. Convit, fugitivo de la justicia de EE. UU. está representado por Jorge A. Pérez Santiago, del escritorio jurídico  STUMPHAUZER KOLAYA NADLER & SLOMAN, PLLC del estado de la Florida.

   En la medida que se han ido mejorando las relaciones entre EE. UU. y el régimen de Nicolás Maduro también se han ido abriendo puertas para los operadores acusados en las cortes norteamericanas, que buscan beneficiarse de los posibles acuerdos que están bajo la mesa de negociación privada en Caracas.

   Muchos se preguntan:
1)  ¿Por qué Tareck El Aissami hizo la denuncia en agosto de 2022 a pesar que la información sobre la trama estaba disponible desde 2012?
2) ¿Por qué se decide liberar a Víctor Aular que había hablado previamente con las autoridades norteamericanas?
3) ¿Qué persigue EL Aissami? ¿En qué se benefició? ¿logrará su objetivo?
4) ¿Cuál es el compromiso de Nicolás Maduro con las decisiones? ¿Compromete algunos de sus hombres, mientras beneficia a otros? ¿Hay alguna cabeza en peligro? ¿Sí es así por qué la denuncia de El Aissami?
 
¿Cómo terminará esta historia? Una lucha de poder por mantenerse en el poder.


jueves, 15 de diciembre de 2022

El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales

  Una demanda civil en una corte de Nueva York tuvo sus repercusiones en el Tribunal del Distrito Sur de Florida donde el exintegrante de la Cámara de Representantes enfrenta cargos de lavado de dinero y por cabildear ilegalmente a favor del régimen de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit
  Para el próximo 20 de diciembre está pautada la presentación inicial del excongresante republicano, David Rivera, ante un juez del Tribunal de Distrito Sur de Florida, donde cursa una acusación penal en su contra. El exrepresentante de Florida entre 2011 y 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, Georgia, el pasado 5 de diciembre de 2022, bajo acusación de delitos de lavado de dinero y conspiración para cabildear a favor del dictador venezolano, Nicolás Maduro y su régimen, así como por lavado de dinero. Poco después salió libre bajo fianza. 

    Rivera ha sido objeto de varias investigaciones federales, pero es la primera vez que se produce una acusación formal en su contra. Los fiscales lograron obtener parte de la evidencia que sustenta este caso, en la presentación de pruebas ordenada por el juez en una demanda civil que cursa en la corte del Sur de Nueva York en contra de su empresa, Interamerican Consulting Inc., interpuesta por PDV USA Inc., filial de Petróleos de Venezuela S.A., en la que se acusa el incumplimiento de contrato cuyo primeros pagos ($15 millones) terminaron saliendo de las arcas de CITGO. 
  PDV USA acusó al exparlamentario y su firma, de recibir USD 15 millones de un contrato con un precio total de USD 50 millones, sin que el mismo hubiese sido ejecutado. Ni Rivera ni su compañía habrían cumplido el trato que consistía en cabildear con funcionarios públicos de los Estados Unidos y agencias federales para evitar la imposición de sanciones contra PDVSA y miembros del régimen venezolano por parte de los EE. UU. Por su parte, Rivera contrademandó exigiendo la cancelación de los restantes USD 35 que completan el monto de la negociación.

 Aunque el cabildeo para un gobierno extranjero no es delito en EE. UU, las empresas que se dedican a ese oficio deben estar registradas ante la Ley FARA. La fiscalía acusa a Rivera de incumplir la norma porque no se registró como consultor del régimen venezolano y de la estatal PDVSA cuando firmó el contrato de representación y consultoría a favor de Maduro.

 La Ley FARA, (por sus siglas en inglés The Foreign Agents Registration Act) obligaba a Rivera a registrarse como agente extranjero y a divulgar de manera pública su relación con el mandatario extranjero. 

 La letra del contrato suscrito entre Interamerican y PDV USA, establecía que la primera debía cabildear ante el gobierno federal, el Congreso y agencias de EE. UU., en nombre de Venezuela, con el objetivo de obtener apoyo político que permitiera normalizar las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. La tarea de Rivera, Intermarican, así como de Esther Nuhfer y su empresa Communications Solutions Inc. —igualmente beneficiarios de la negociación— era bregar para impedir que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA y los miembros de la dictadura venezolana. Ese objetivo no se logró.
  David Rivera argumenta que no violó la Ley Fara, pues el contrato que suscribió lo hizo con una empresa registrada en Estados Unidos.

  Ante una advertencia que su socia Esther Nuhfer le hizo, de que era necesario registrarse en FARA, Rivera respondió que ya era tarde para ello y que de hacerlo se convertiría en un gran escándalo, revelan unos correos electrónicos contenidos en la demanda[1].

  La acusación refiere que Rivera, para ocultar la naturaleza de sus negociaciones, se refería a Nicolás Maduro con el apelativo de “guaguero” (conductor de autobús en el argot cubano), en sus chat y comunicaciones sobre el asunto. 

  Los fiscales sostienen que Rivera procuró citas con funcionarios y legisladores de EE. UU. y que por lo menos una vez, viajó a Caracas a reunirse con el dictador venezolano.

  La demanda refiere que el contrato de la empresa de Rivera con PDV USA, solamente buscaba ocultar el trato directo con el régimen de Venezuela, entre quienes se destaca la figura de la actual vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

 En la querella, los fiscales advierten que el objetivo de la conspiración ejecutada era que los acusados se enriquecieran de manera ilegal, participando en actividades políticas en los Estados Unidos en nombre del Gobierno de Venezuela y representando los intereses del Gobierno de Venezuela ante funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en un esfuerzo por influir en la política exterior de los EE. UU.  hacia Venezuela.

  Raúl Gorrín sería el enlace entre Rivera y el régimen de Maduro y se dice en el documento que Senador 1, cuyo nombre no aparece mencionado, también tuvo dos encuentros con Rivera y allí este le habría dicho que Gorrín le informó que Nicolás Maduro estaría dispuesto a celebrar elecciones libres en Venezuela.

  Vale pena apuntar que señalamientos acerca de las vinculaciones de Rivera con el chavismo son de vieja data. Por ejemplo, en 2012, organizó un evento en el Congreso de los Estados Unidos en homenaje venezolanos. Tal actividad habría sido financiada presuntamente con fondos públicos venezolanos en pro de agentes del oficialismo, según determinó una investigación hecha por Univisión. Se trató de una celebración conmemorativa del primer grito de independencia de Venezuela de la corona española, llevado a cabo el 19 de abril de 2012[3]. 

  Se destacó el “reconocimiento” que Rivera hizo a quien es conocido como el “banquero del chavismo”, David Osío, propietario del Davos Financial Group[4]. En el acto, rivera entregó a los homenajeados la Medalla al Mérito del Congreso de EE. UU., un Certificado de Reconocimiento Congresional y la Bandera de Estados Unidos.

  Otro dato curioso acerca de Rivera data del año 2010, cuando durante una entrevista acusó a su oponente demócrata a las elecciones, Joe García, de ser una agente de la dictadura cubana que, para ese entonces, encabezaba Fidel castro. El para entonces candidato Rivera denunció que García se había convertido en un “agente de los intereses del régimen de Castro, por el hecho de que él (García) está cabildeando por concesiones unilaterales hacia el régimen cubano”[5].

 Quien usó como tarjeta de presentación ante su electorado en Florida, su lucha contra el comunismo dado sus orígenes, trabajaba en silencio a favor del comunismo imperante en Venezuela[6].

Oposición venezolana salpicada

  En su afán por zafarse de los señalamientos con que se le vincula con el chavismo, Rivera ha afirmado que el dinero recibido de CITGO como parte del pago del contrato, es decir los USD 15 millones, fue a parar a la oposición venezolana como financiamiento a las protestas contra Maduro ocurridas en 2017.

 Rivera sostiene que supuestamente entregó parte de los USD 15 millones a Leopoldo López y a su esposa, Lilian Tintori. Estos negaron la acusación y amenazaron con demandar a Rivera, pero hasta la fecha no se ha interpuesto ninguna querella en los tribunales de Estados Unidos sobre este caso en particular. 

 Rivera también dijo en otra ocasión que del dinero debían dar cuenta los llamados 6 de CITGO: José Pereira, José Zambrano, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano y Tomeu Vadell[7].
  
   En la demanda contra Rivera aparecen señalados dos individuos, que  son diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela (2015). En la acusación no aparecen los nombres de los políticos opositores que habrían acudido a las reuniones con David Rivera y Raúl Gorrín, propietario de la televisora Globovisión y Seguros La Vitalicia, que está buscado por la justicia de EE. UU. por diferentes delitos y se encuentra en estatus de fugitivo. 

 Raúl Gorrín es una figura clave en el caso de Rivera y sus correos electrónicos y mensajes de celular aparecen en las comunicaciones entre  el excongresista de EE. UU. y Esther Nuhfer, según lo revelan los fiscales y las evidencias presentadas en la corte en la demanda contra Interamerican Consulting Inc.

  Los mensajes revelan que Interamerican Consulting pagó parte del dinero recibido de CITGO a Gorrín, y que los pagos de la filial de PDVSA en EE. UU. fueron amparados contratos ficticios por supuestos servicios prestados.

  Los abogados de PDV USA dijeron que parte de los fondos pagados por CITGO a la empresa de David Rivera, USD 3,75 millones, fueron direccionados a Interglobal Yacht Managment LLC, una compañía que administraba los yates de Raúl Gorrín. Esta operación se habría pretendido enmascarar con un subcontrato de servicios de consultoría estratégica internacional, pero el administrador de la empresa de yates se negó a firmar el contrato retroactivo a marzo de 2017. Posteriormente, se quiso presentar el pago bajo el alegato de que Gorrín actuó, supuestamente, como abogado consultor de Interamerican.

Gorrín, tenido por la justicia como prófugo, figura en varias causas judiciales que cursan en tribunales de los Estados Unidos[9].

Toca esperar ahora qué determinará sobre Rivera la Corte de Florida.






































































[1] Venezuela Política. “El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia: Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones”. 5 de diciembre de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/12/el-arresto-de-exrepresentante-de.html



[2] El Nuevo Herald. “Arrestado ex legislador Rivera trabajaba en secreto para Maduro, dice acusación”. 7 de diciembre de 2022. https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article269681841.html#storylink=cpy



[3] Business Wire. “Recognition to a Select Group of Venezuelans; David Osío Receives Important Recognition in Washington”. 18 de abril de 2012. https://www.businesswire.com/news/home/20120418006942/en/Recognition-to-a-Select-Group-of-Venezuelans-David-Os%C3%ADo-Receives-Important-Recognition-in-Washington-DC



[4] Armando Info. “El diminuto banco de venezolanos en Dominica que no gustó al Bank of China”. 7 octubre 2020. https://armando.info/el-diminuto-banco-de-venezolanos-en-dominica-que-no-gusto-al-bank-of-china/



[5] Naples Daily News. “VIDEO Florida race for Congress: David Rivera labels Joe Garcia an agent of Fidel Castro”. 9 de noviembre de 2010. https://archive.naplesnews.com/news/video-florida-race-for-congress-david-rivera-labels-joe-garcia-an-agent-of-fidel-castro-ep-393943909-343223112.html/



[6] El Diario. “Ex congresista Republicano asesoraba a Maduro: PDVSA ahora lo demanda”. 16 de mayo de 2020. https://eldiariony.com/2020/05/16/ex-congresista-republicano-asesoraba-a-maduro-pdvsa-ahora-lo-demanda/



[7] Venezuela Política. “Juicio de empresa de David Rivera revela trama corrupta de políticos venezolanos en Miami”. 24 de enero de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/01/juicio-de-empresa-de-david-rivera.html



[8] Venezuela Política. “CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.”. 15 de mayo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/05/exclusiva-citgo-pago-david-rivera-los.html



[9] Venezuela Política. “Caso PDV USA en Nueva York: David Rivera entregó a Raúl Gorrín $3,75 millones del pago hecho por CITGO por un contrato de consultoría para 'mejorar la imagen de PDVSA' en Washington DC”. 7 de abril de 2022. https://www.maibortpetit.info/2022/04/caso-pdv-usa-en-nueva-york-david-rivera.html