Venezuela y PDVSA entre la espada y la pared: Mientras un juez autorizó la venta de CITGO para pagar deuda impaga, el régimen de Maduro está más cerca de lograr un alivio a las sanciones

 Las decisiones enfrentadas adoptadas por el gobierno y los tribunales, podría generar un conflicto de poderes.

Por Maibort Petit

   Crystallex International Corporation no ha cesado en su esfuerzo por recuperar la sentencia a su favor por USD 1.200 millones por la expropiación que sufriera por parte del gobierno venezolano cuando Hugo Chávez decidió despojar a la minera canadiense de sus activos en Venezuela. Recientemente el juez Leonard Stark, titular del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware ordenó iniciar el proceso de venta de las acciones de CITGO Petroleum Corporation en manos de PDV Holding Inc., una decisión que se enfrenta a la disposición gubernamental que mantiene bloqueada la operación.

  Una situación que amenaza con crear un conflicto de poderes en los Estados Unidos, toda vez que la orden del juez Stark se produce apenas un mes después de que la administración de Joe Biden, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendiera por un año más el decreto de protección de la refinería venezolana.

  Pero mientras las presiones sobre Venezuela y su principal industria se acentúan, por un lado, por el otro el régimen de Nicolás Maduro logró, gracias a lobistas, que el gobierno de Joe Biden enviara a Caracas una comisión de Alto nivel para negociar con la dictadura negocios petroleros a cambio del posible levantamiento de las sanciones.

En esta entrega presentamos los detalles de lo acontecido.

EE. UU. extiende medida de protección a Citgo

   El pasado 20 de enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió hasta el 20 de enero de 2023 —es decir una prórroga por un año más— el decreto de protección a CITGO Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, cuya administración en la actualidad se encuentra en manos del denominado gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde comienzos de 2019, luego de que entraran en vigencia las sanciones estadounidenses contra la corporación venezolana.

   La licencia de la OFAC prohíbe la venta o transferencia de las acciones de CITGO en relación con los Bonos PDVSA 2020 8,5 por ciento, a menos de que se cuente con l autorización de dicho despacho. Se quiere dar oportunidad a que se pueda llegar a un acuerdo sobre las propuestas para reestructurar o refinanciar los pagos adeudados a los tenedores del referido bono, por lo que se podrán aplicar requisitos de licencia adicionales. “La OFAC alentaría a las partes a solicitar una licencia específica y tendría una política de concesión de licencias favorable para dicho acuerdo”[1].

  Sobre el activo venezolano en EE. UU. se han volcado las apetencias de decenas de acreedores con los cuales el régimen de Nicolás Maduro mantiene mil millonarias deudas, referidas en buena parte por el impago de intereses y capital de bonos emitidos, bien sea por la república como por la propia estatal petrolera, así como de sentencias que obligan el pago por parte de Venezuela a empresas expropiadas, tal es el caso de la minera Crystallex.

  CITGO sirvió no en pocas oportunidades sirvió de garantía colateral de varios préstamos, así como activo designado para la compensación de impagos del gobierno venezolano que se dirimieron en tribunales internacionales y de Estados Unidos.

  La administración de Donald Trump entregó CITGO al gobierno interino de Guaidó, cuando la Asamblea Nacional y decenas de países desconocieron la reelección presidencial de Nicolás Maduro luego de una convocatoria irregular de comicios. Tal apoyo de EE. UU se ha mantenido en el gobierno de Joe Biden, quien decidió darle continuidad a la medida de protección de la empresa venezolana[2].

  Carlos Vecchio, representante de la administración de Juan Guaidó en Estados Unidos, manifestó su satisfacción con la medida que protege a la petrolera CITGO “frente a deuda irresponsable contraída por dictadura de Maduro”.

   Dijo que “esta es la mayor extensión de licencia otorgada hasta ahora para proteger y preservar CITGO para la futura recuperación de Venezuela”, por lo que agradeció la medida al gobierno de Joe Biden.

  En la página web de la Embajada de Venezuela en Washington, Carlos Vecchio atribuye al gobierno interino la obtención de estas medidas protección “logradas por el embajador Vecchio y la Procuraduría Especial ante la OFAC y otras instancias [que] han evitado que activos como CITGO sean liquidados y que sigan siendo parte del patrimonio de Venezuela”[3].  

Tribunal de Apelaciones rechaza orden de Tribunal de Distrito

  El 9 de febrero de 2022, la secretaria del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos, Patricia S. Dodszuweit, certificó que en fecha 18 de enero de 2022, dicha instancia judicial ordenó y adjudicó que las apelaciones de la orden del Tribunal de Distrito de Delaware del 14 de enero de 2021, presentadas por Corporación Petrolera CITGO; PDV Holding Inc.; Petróleos de Venezuela S.A. y CITGO Petroleum Corporation sea rechazada por falta de competencia.

Orden de venta

  El 2 de marzo de 2022, el juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, dictaminó la anulación en parte de las objeciones de las partes a la Orden de Procedimientos de Venta de CITGO Propuesta por el Magistrado Especial.

   Asimismo, ordenó que Crystallex International Corporation y la República Bolivariana de Venezuela se reúnan y consulten con el Auxiliar Especial y, a más tardar el 9 de marzo de 2022, presenten un informe de situación conjunto.

  Este informe deberá contemplar: i) sus posiciones sobre si el Tribunal debe certificar una apelación interlocutoria y, de ser así, exactamente qué preguntas deben certificarse; ii. Sus propuestas para el momento en que las partes del Proceso de Ventas y el Auxiliar Especial determinarán si quedan objeciones maduras que requieran resolución judicial y en qué horario y con qué folios se formularán las restantes objeciones.

  Del mismo modo, el informe debe incluir una orden propuesta que la Corte puede firmar para seguir implementando sus decisiones y preparar el caso para procedimientos adicionales consistentes con lo que se propone en el próximo informe de estado conjunto; y cualquier otra cosa que las partes deseen incluir en el informe.

Presiones de Wall Street

  Entretanto en los tribunales estadounidenses se libran batallas en las que Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha decidido usar como bastión el centro financiero para tratar de recuperar el acceso al crédito internacional y atraer la inversión internacional a un país que, pese a su inmensa riqueza petrolera, no puede disfrutar de los beneficios que brinda el incremento de los precios del crudo en razón de la guerra en Ucrania.

  Así lo refiere una nota de The Wall Street que señala que a través de los tenedores de bonos y otros inversores, Maduro está ejerciendo presión ante la administración de Joe Biden para que levante las sanciones que pesan sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

  La inteligente jugada —aunque la cercanía del régimen de venezolano con Vladimir Putin crea resquemores— apunta a que el gobierno estadounidense y el hemisferio occidental en general recurran a que el que por años fue un operador petrolero confiable en la región pueda recuperar su capacidad de producción, de manera que se alivien así las presiones que la guerra genera sobre los precios del hidrocarburo.

  La oferta que el régimen de Maduro presenta a través de sus agentes, contempla la reestructuración de la deuda que supera los USD 60 mil millones en bonos, “concesiones de infraestructura, reservas de petróleo y gas y privatizaciones de activos a cambio de una reestructuración de la deuda que comenzó a caer en incumplimiento en 2017”, refiere la nota.

 De esta manera Maduro quiere convertir a quienes hasta ahora han sido la principal amenaza contra los activos venezolanos en el exterior, en cabilderos suyos ante el gobierno de los Estados Unidos: los bonistas.[4].

  El pasado fin de semana se concretó la primera acción de poderoso lobby financiero. Nicolás Maduro, que no es reconocido formalmente como presidente legítimo de Venezuela, y en una clara contradicción de intereses de la política exterior del atribulado presidente estadounidense, Joe Biden envió una comisión de Alto Nivel encabezada por el encargado de América Latina en la Casa Blanca, Juan González.

  La Administración Biden informó que entabló contacto con el régimen de Nicolás Maduro con el objetivo de aligerar sanciones e incrementar el flujo de petróleo en el mercado internacional para atemperar los efectos de un embargo al crudo ruso por la invasión de Ucrania, ya que el crudo venezolano está sujeto a sanciones de Estados Unidos (EEUU) desde 2019.

   La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa este lunes 7 de marzo: "En lo que respecta a Venezuela, el propósito de ese viaje de funcionarios incluía varios asuntos, también la seguridad energética, y también averiguar sobre el bienestar de ciudadanos de EEUU" que se encuentran detenidos en el país.

 Psaki admitió que hubo "un diálogo con miembros de la administración los pasados días, y las negociaciones están abiertas". También negó la portavoz que haya ninguna decisión tomada sobre sanciones a Venezuela.

    Nicolás Maduro ratificó las conversaciones en un directo que realizó en horas de la noche del lunes 7 de marzo, advirtiendo que apoya al presidente de Rusia, Vladimir Putin pero que está abierto a las conversaciones respetuosas, y positivas con Estados Unidos, quien lo ha reconocido de manera informal, por ahora.

[1] Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. “595. What does Venezuela-related General License 5I authorize?”. 20 de enero de 2022. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/595

[2] Swissinfo. “EEUU extiende protección para Citgo frente a acreedores de Venezuela”. 20 de enero de 2022. https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-extiende-protecci%C3%B3n-para-citgo-frente-a-acreedores-de-venezuela/47279938

[3] Embajada de la República Bolivariana de Venezuela/Estados Unidos. “Tesoro de Estados Unidos extiende por 1 año más protección”. 20 de enero de 2022. https://us.embajadavenezuela.org/noticias/tesoro-de-estados-unidos-extiende-por-1-ano-mas-proteccion-sobre-citgo/

[4] The Wall Street Journal. “Venezuela Asks Wall Street to Help Lift U.S. Sanctions So Oil Can Flow”. 3 de marzo de 2022. https://www.wsj.com/articles/venezuela-asks-wall-street-to-help-lift-u-s-sanctions-so-oil-can-flow-11646312401

La permanencia de Maduro en el poder impide que PDVSA sea tenida como víctima de la corrupción y pueda pedir la restitución de lo robado

   La actitud delincuencial manifestada por los más altos funcionarios de PDVSA, así como los más bajos, evidencia ante las autoridades judiciales de EE. UU., el carácter cómplice de la conducta de quienes han sido procesados en las cortes por corrupción.

Por Maibort Petit

   El daño patrimonial que la corrupción ha causado a Petróleos de Venezuela S.A., al parecer, resulta incuantificable, tanto como imposible resultaría cualquier intento por tratar de que los miles de millones de dólares esquilmados a la petrolera estatal venezolana le sean restituidos, por lo menos ante la justicia de los Estados Unidos donde decenas de casos de este tipo se ventilan en las cortes. Así será, al menos, en tanto el régimen de Nicolás Maduro tenga vigencia. ¿La razón? El precedente que sienta el hecho de que el Departamento de Justicia de EE. UU. estimó que PDVSA no es víctima sino cómplice en la trama de corrupción y lavado de dinero que protagonizaron Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Abraham Edgardo Ortega, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera. También decisiones en cortes federales servirían de sustento a esta negativa.

  No ser tenida como víctima impide —mientras el chavismo continúe en el poder en Venezuela— que la que otrora fue la principal industria del país y una de las más grandes e importantes del mundo, sea beneficiaria de los fondos incautados por las autoridades de los EE. UU. tal como lo establece el Estatus de Víctima y Restitución.

  Tanto el régimen de Nicolás Maduro, como el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó han intentado reclamar la restitución de los capitales confiscados a exfuncionarios y contratistas corruptos procesados en las cortes de los EE. UU. Tal es el caso del reclamo de condición víctima solicitado por ambas administraciones ante el juez Gray Miller de la Corte del Distrito Sur de Texas en 2016, cuando procuraban hacerse de los fondos y bien es incautados a Roberto Rincón y Abraham Shiera.

   En los dos casos, bien la solicitud formulada ante la Corte de Texas como la presentada ante el tribunal de la Florida, fueron denegadas y con ello también cualquier otra aspiración de rescatar lo robado a la petrolera.

La posición de la fiscalía

  Fue la, para entonces, fiscal para el Distrito Sur de la Florida, Ariana Fajardo Orshán, a través del ex- fiscal auxiliar, Michael B. Nadler, quien mediante una respuesta de su despacho a una moción de PDVSA que reclamaba el estatus de víctima y la restitución ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, solicitó denegar tal condición en razón de que el gobierno consideraba que la estatal petrolera, como organismo estatal, no calificaba como víctima según la CVRA.

   Además, la fiscalía acusó la complicidad de PDVSA en los esquemas de soborno y lavado de dinero lo cual le impedía ser tratada como una víctima bajo la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas (MVRA) y la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA).

  Igualmente, estimaba la fiscalía, según su interpretación, que PDVSA no tenía derecho a la restitución en virtud de la MVRA por ningún presunto daño que resultara de una conducta que no fue imputada o por presuntos daños no causados directa y próximamente por la conducta delictiva del demandado Abraham Edgardo Ortega.

  Bajo estos alegatos, el gobierno de los EE. UU. sostuvo ante el tribunal que no había necesidad de suministrar más información ni de mostrar pruebas, por lo que la solicitud alternativa de PDVSA para una audiencia de restitución también debía ser denegada.

  PDVSA, solicitó alternativamente en esa ocasión una “audiencia de restitución”, basada esta en la presunción, errónea a decir de la fiscalía, de que ya se había determinado que la corporación venezolana era una víctima con derecho a restitución. Al respecto el gobierno sostuvo que no era necesario presentar más pruebas para determinar que PDVSA no tenía los derechos de las víctimas porque participó en la conducta corrupta generalizada y porque no puede demostrar un vínculo causal directo y próximo entre la conducta de Ortega y cualquier perjuicio supuestamente sufrido por la empresa.

  Acota el gobierno que las operaciones de PDVSA durante el periodo en que ocurrieron los hechos, ha estado controlada por el Ministerio de Petróleo y la Junta Directiva, designada por el expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías y el expresidente Nicolás Maduro.

  Para le fecha en que se presentó la respuesta de la fiscalía, las autoridades de los Estados Unidos habían investigado y enjuiciado a varias personas por soborno y lavado de dinero que involucra a PDVSA y sus subsidiarias de propiedad absoluta. Hasta ese momento, se habían anunciado cargos contra 15 contratistas de la estatal petrolera venezolana que pagaron sobornos, 11 funcionarios de dicha empresa que recibieron sobornos y 5 intermediarios. También, 12 contratistas de PDVSA que pagaron sobornos, 8 funcionarios que los recibieron y un intermediario, se habían declarado culpables en relación con las investigaciones en curso de Estados Unidos sobre corrupción en la corporación petrolera de Venezuela.

  Sobre Abraham Edgardo Ortega, la fiscalía informó que este acusado en el caso en cuestión, había sido Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero, en la que admitió haber recibido y lavado USD 12 millones en relación con dos esquemas de corrupción separados que ocurrieron en 2012 y entre 2014 y 2015, respectivamente.

PDVSA sin derechos

  Aseguraba el gobierno en su escrito, que PDVSA no tenía derecho a los derechos de una víctima en virtud de la CVRA, en razón de que la definición de víctima de dicho instrumento legislativo no incluye a una instrumentalidad estatal de un gobierno extranjero.

  Recordó que la CVRA define una "víctima" de un delito como "una persona directa e inmediatamente perjudicada como resultado de la comisión de un delito federal".

 En tal sentido, el gobierno apuntó que la jurisprudencia ha establecido que el Congreso de los EE. UU. no incluyó entidades gubernamentales, como ciudades, estados, los Estados Unidos o naciones extranjeras en su definición de “persona”.

  Asimismo, el gobierno consideró que cualquier afirmación de que PDVSA debe ser vista simplemente como una corporación y no como una agencia del gobierno venezolano no es convincente a la luz de sus propias declaraciones hechas en el litigio, las conclusiones de hecho de otro tribunal sobre el estado legal de PDVSA y la Corte Suprema análoga. Por tanto, el estatus como agencia de un gobierno extranjero impide que PDVSA buscar el estatus de víctima bajo la CVRA y no tiene derecho a los derechos garantizados a las víctimas de delitos de conformidad con ese estatuto.

  Al ser PDVSA cómplice de la conducta ilegal, no tiene a los derechos de víctima, alegó el gobierno.

  Recuerda la fiscalía que los tribunales han negado tres intentos por parte de una entidad estatal de afirmar que fue defraudada por sus empleados y aquellas personas que pagaron sobornos en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y enjuiciamientos por lavado de dinero, sosteniendo cada vez que el estado no calificó para la condición de víctima y restitución por su complicidad en los delitos.

  En tal sentido, se apunta que otros países, además de EE. UU., han abierto investigaciones y enjuiciamientos por conducta corrupta en PDVSA. También otros empleados de PDVSA han estado implicados en esquemas de soborno y lavado de dinero en los Estados Unidos, entre ellos Abraham Edgardo Ortega y César Rincón, exgerente general de la filial de compras de PDVSA, quienes admitieron su participación en los esquemas.

   El gobierno subrayó que la actividad delictiva en PDVSA ha ocurrido desde los niveles más altos de la gerencia hacia abajo y, como tal, la empresa fue cómplice y no podía ser considerada una víctima.

  Finalmente, al no poder comprobar PDVSA que directamente perjudicada por el delito de condena del demandado, que sufrió alguna pérdida pecuniaria o que existe una conexión causal entre la conducta del demandado y la pérdida alegado, su reclamo de reparación bajo la MVRA debía ser denegado.

Agentes del chavismo trabajan para desacreditar las causas criminales que se libran en los tribunales de EE. UU. contra narcotraficantes relacionados con el régimen venezolano

  El caso contra Clíver Alcalá Cordones, como el de otros acusados de narcotráfico, estaría siendo presentado como inconsistente y como producto de una campaña emprendida por el gobierno estadounidense contra funcionarios venezolanos.

Por Maibort Petit

   A través de diversos agentes, el régimen de Nicolás Maduro estaría obrando para hacer ver que el gobierno y la justicia de los Estados Unidos recurren al expediente de presentar a funcionarios de la administración venezolana como narcotraficantes, sin que para ello cuenten con las pruebas necesarias que sustenten sus acusaciones. Se trataría de personeros que resultan insospechados, pues, en apariencia, actuarían en favor de la causa opositora. Igualmente, estos actores pretenderían vender la tesis de que el chavismo y el madurismo son diferentes con el avieso objetivo de deslindar a algunos de estos funcionarios de las actividades criminales que la justicia de los EE. UU. ha venido dando a conocer en los últimos años.

 Tal aseveración proviene de fuentes judiciales, las cuales han advertido cómo, por ejemplo, en el caso de Clíver Alcalá Cordones —causa que se libra en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York— se ha desplegado todo un aparato propagandístico en procura de dar a conocer una serie de supuestas falencias de los expedientes levantados desde el Departamento de Justicia. Se trataría, alertan, de una estrategia y campaña por parte del chavismo, dirigida a desprestigiar el sistema judicial estadounidense y, por tanto, las causas contra los funcionarios venezolanos inmersos de diversas causas criminales que cursan el los tribunales de la nación norteamericana.

  Parte del método implementado, sería la sonoridad excesiva de aspectos de las distintas mociones presentadas en los tribunales por parte de la defensa de los actores involucrados en causas de narcotráfico y el silenciamiento de los alegatos y pruebas presentados por la fiscalía.

  A continuación, presentamos las últimas diligencias del caso de Alcalá Cordones.

El pedido de desestimación del caso

  El 28 de enero de 2022, César de Castro, Valerie Gotlib de la firma The Law Firm of César de Castro P.C., así como Adam S. Kaufmann, Cristián Francos, Tara J. Plochocki, Diane M. Camacho del despacho Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, abogados de Clíver Antonio Alcalá Cordones, presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York un memorando de ley en apoyo a la moción de su representado para desestimar la acusación en su contra.

   Los abogados consideran que el tribunal debe desestimar la acusación contra el general Alcalá Cordones por inmunidad de funcionario extranjero y alerta de que en caso de denegarla para que la defensa se prepare adecuadamente y evite sorpresas en el juicio, se debe ordenar al gobierno que presente una lista detallada con los nombres de los co-conspiradores anónimos y los testigos.

  Asimismo, de conformidad con la Regla Federal de Procedimiento Penal 5(f), creen que la corte debe ordenar a la fiscalía  gobierno que presente todos los materiales relacionados con la planificación y los intentos de golpe de estado de su representado contra el régimen de Nicolás Maduro, así como identificar a todos los testigos que participaron en esta conspiración y han declarado que Clíver Alcalá Cordones no estuvo involucrado en la misma o han declarado que no tienen conocimiento de la participación de este cuando se les preguntó específicamente.

  El memorando de la defensa en su declaración preliminar advierte que el caso contra su cliente surge de una serie de las alegaciones “asombrosamente amplias, vagas y radicales” por parte de la fiscalía acerca de una conspiración narcoterrorista de gran alcance que involucra a funcionarios en los niveles más altos del gobierno venezolano, líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al acusado, Cliver Antonio Alcalá Cordones, mayor general retirado del ejército venezolano.

  Refieren que la conspiración global de narcoterrorismo descrita por el gobierno dura más de dos décadas y no se ofrece ningún detalle sobre los actos realizados por Alcalá Cordones en apoyo de esta conspiración expansiva. “No hay alegaciones de pagos ilícitos o lavado de fondos, ninguna evidencia que demuestre la propiedad de activos o cuentas extraterritoriales, y ni siquiera una acusación de que dio una orden o realizó un acto realizado en relación con un cargamento de narcóticos”. Igualmente califican de asombroso que se acuse a un miembro uniformado de un ejército extranjero por poseer armas en su propio país como un acto criminal en los Estados Unidos.

  Al tiempo que rechaza rotundamente las acusaciones en su contra, Clíver Alcalá —a través de sus abogados— conmina al tribunal a desestimar la acusación, por cuanto los alegatos de la misma caen de lleno dentro de las protecciones que ofrece la doctrina de la inmunidad oficial extranjera. Refieren que dicha doctrina restringe la jurisdicción de los tribunales para conocer de casos en los que la conducta en cuestión haya sido llevada a cabo por funcionarios extranjeros en apoyo de la política soberana exterior. “En este caso, la conducta imputada al General Alcalá Cordones fue realizada en el ejercicio de sus funciones oficiales, por lo que se encuentra inmune a este proceso”.

  Se indica que el único acto detallado en la acusación atribuida a Alcalá Cordones es una reunión de 2008 con Hugo Carvajal —su oficial superior en rango y jefe de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela— y Diosdado Cabello pretendiendo con ello vincularlo a la supuesta conspiración criminal, cuando tal encuentro formaba parte de sus funciones oficiales.

  Agregan que “su supuesta posesión de armas y su supuesta provisión de armas a las FARC eran parte de sus deberes oficiales. Este no es un caso en el que se acusa a un traficante ilícito de armas (…) más bien, cualquier suministro de armas fue un acto oficial en cumplimiento de la política oficial del gobierno y no puede ser procesado aquí”. Por otra parte, los abogados sostienen que las decisiones de política soberana de Venezuela en sus tratos con las FARC no están sujetas a revisión de la Corte.

  Advierten que en las revisiones realizadas a los documentos, videos y grabaciones de la acusación y no se encuentra en ellos evidencia de la supuesta participación de Clíver Alcalá Cordones en la conspiración acusada.

Enemigo de Maduro

  El documento de la defensa hace referencia a que la fiscalía presentó una segunda acusación de reemplazo contra Clíver Alcalá Cordones el 5 de marzo de 2020 señalándolo de participar en una conspiración de narcotráfico de narcotráfico y delitos relacionados.

  Destacan que se jubiló de la carrera militar en la que “mantuvo firme e inquebrantable en su oposición al narcotráfico y otras formas de comercio ilícito, incluidas las operaciones de minería ilegal y el contrabando de gemas”; que sirvió al expresidente Hugo Chávez hasta su muerte en el cargo en marzo de 2013, momento en que Nicolás Maduro asumió la presidencia y en cuyo gobierno Alcalá Cordones no tenía ningún interés en participar.

  Sostienen los abogados que Clíver Alcalá Cordones ha sido un enemigo público y notorio de Maduro y sus aliados gubernamentales durante muchos años, convirtiéndose, después de jubilarse, “en un crítico abierto y vocal” de este, habiendo participado actividades para derrocarlo, debiendo huir a Colombia.

  Subrayan que, aunque Estados Unidos estaba al tanto de los continuos esfuerzos de Alcalá Cordones para expulsar a Maduro del poder, la acusación formal lo acusa de participar en una conspiración de narcoterrorismo con Maduro y varios miembros de alto rango de su régimen.

Derecho a inmunidad

  La defensa de Clíver Alcalá Cordones sostiene que su cliente, según la doctrina de inmunidad oficial extranjera, posee inmunidad y, por tanto, la acusación debe ser desestimada. Este mismo argumento lo usan otros acusados vinculados al régimen de Venezuela, como por ejemplo, Álex Saab Morán.

 Indican que en su condición de funcionario público en el momento que indican los hechos de la acusación y que a los oficiales militares se les suele considerar como agentes de un gobierno extranjero por lo que satisface el primer factor en el análisis de inmunidad.

  Por otra parte, recuerdan que Alcalá Cordones actuó en todo momento en su capacidad oficial en nombre del estado soberano de Venezuela, y tal conducta no puede constituir la base para un enjuiciamiento sin hacer cumplir efectivamente las leyes penales de los Estados Unidos contra un estado soberano extranjero. Este argumento, por cierto, también es usado por los abogados de Álex Saab, y se ha repetido en otros casos de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

Preparar la defensa

  Quieren los abogados de Clíver Alcalá que la fiscalía proporcione una lista de los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados para poder preparar su defensa.

  Es así que instan al tribunal a que ordene al gobierno a presentar un proyecto de ley de detalles “que incluya una lista de cómplices anónimos/no acusados, para esclarecer las escasas acusaciones contra el general Alcalá Cordones en la acusación”.

Identidad de los testigos

  También quieren los abogados de Alcalá Cordones que la corte obligue al gobierno a revelar las pruebas materiales favorables al acusado e identificar a los testigos que hayan declarado que el general no estuvo involucrado en la conspiración acusada.

Otras solicitudes

  No es la primera vez que los abogados de Clíver Alcalá Cordones piden al tribunal o a la fiscalía la información antes descrita. Este pedimento suele ser repetido en muchos casos, en los que la defensa quiere dictar pauta y hacer ver que la fiscalía no posee evidencias para probar, más allá de la duda razonable, al acusado. Se ha visto en juicio de alto nivel como el de Joaquín el Chapo Guzmán, como el de la misma Ghislaine Maxwell, convicta por delitos de tráfico sexual de menores.

  El 11 de noviembre de 2021, César de Castro, Adam Kaufmann, Cristian Francos y Valerie A. Gotlib, pidieron a la fiscalía “(1) detalles sobre los cargos alegados en la Acusación en relación con el General Alcalá Cordones; y (2) materiales favorables a la defensa conforme a Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y Norma Federal de Procedimiento Penal 5(f). La Acusación en este caso alega una conspiración de veintiún años que se remonta a 1999 y, a pesar de su extensión, proporciona poco o ningún detalle sobre los actos que presuntamente cometió el General Alcalá Cordones”.

  Subrayaron que “el voluminoso descubrimiento producido por el gobierno de conformidad con la Regla 16 ha brindado poca o ninguna ayuda para identificar la conducta específica en la que se alega que participó el General Alcalá. Solicitamos respetuosamente que el gobierno dirija la defensa al descubrimiento relevante ya producido y proporcione más detalles como se identificó anteriormente”.

  Del mismo modo destacan ante el juez que el fiscal Michael Lockard le había referido a la defensa en 2018, que no acusarían a Clíver Alcalá de ciertos delitos en razón de que las pruebas eran “equivocadas”.

 La defensa ha hecho circular un correo electrónico fechado en 2014, en el que Adam Kaufmann le refiere al fiscal Lockard que el testimonio de un testigo beneficiaría a su cliente.

  Pidieron los documentos que demostrarían "la inocencia" de su defendido entre ellos los que hicieran referencia a Elliott Abrams, Mike Pompeo, Will Barr, Marshall Billingslea, Mauricio Claver Carone, Michael Fitzpatrick, Lester Toledo, Jorge Betancourt y Juan José (“JJ”) Rendón.

  Asimismo, el 20 de enero de 2022, la defensa pidió al juez Alvin K. Hellerstein el aplazamiento de las mociones de Clíver Alcalá Cordones que vencían el 21 de enero de 2022 pues requerían más tiempo para finalizarlas en razón de que el gobierno había emitido una producción de descubrimiento adicional.

  El 28 de enero de 2022, los abogados defensores de Clíver Alcalá Cordones le remitieron al juez Alvin K. Hellerstein un resumen con las diligencias practicadas ante la corte.

  Así, le refirieron que pidieron desestimar la Acusación del General contra su cliente bajo la doctrina de la inmunidad oficial extranjera; que se solicitara al gobierno proporcionar a la defensa una lista de detalles, incluidos los nombres de los presuntos co-conspiradores no acusados, para permitir preparar la defensa y evitar sorpresas en el juicio; que la fiscalía revelara la información en su poder sobre la participación de Alcalá Cordones en actividades contra Nicolás Maduro, así como las identidades de los testigos que hayan negado afirmativamente y los que no hayan indicado la participación de su cliente en la supuesta conspiración; y permitir que su representado presente otras mociones y reparaciones.

  En la misma fecha, 28 de enero de 2022, el fiscal Damian Williams le comunicó al juez Alvin K. Hellerstein, que la presentación anticipada de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada del Gobierno en este caso vencía originalmente el 1 de diciembre de 2021, pero ha sido aplazado por una solicitud de la misma fiscalía del 18 de noviembre de 2021, que la difirió hasta el 1 de febrero de 2022 y ahora, el Departamento de Justicia les ordenó buscar un nuevo aplazamiento hasta el 8 de febrero.

 Dado que el demandado no se opone, pidieron conjuntamente se les concediera dicho aplazamiento.

Juez de Nueva York autoriza un nuevo aplazamiento en el juicio de Clíver Alcalá Cordones

 La fecha del juicio con jurado aún no se ha fijado. La próxima conferencia telefónica del caso estaba prevista para el 13 de diciembre de 2021. 

Por Maibort Petit

  El juez de Distrito Alvin K. Hellerstein concedió un nuevo aplazamiento al gobierno de los Estados Unidos para presentar  la moción ordenada para el 1 de diciembre de 2021 en el juicio del ex-general chavista, Cliver Alcalá Cordones, procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo y su vinculación al cártel de los soles. 

   El magistrado Hellerstein, respondiendo a una carta de los fiscales: Jason A. Richman, Benjamin W. Schrier, Kyle A. Wirshba autorizó que las mociones antes del juicio de Alcalá Cordones sean presentadas hasta el 1 de febrero de 2022. 

  En la misma orden, el juez informó a los abogados del exgeneral venezolano que podría presentar cualquier oposición a los argumentos de los fiscales antes del 8 de febrero de 2022.

   Las distintas diligencias y, por ende, el juicio en contra de Clíver Alcalá Cordones, continúan difiriéndose en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde el ex mayor general del ejército venezolano enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo. 

  Alcalá Cordones fue acusado el 26 de marzo de 2020 por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas de fuego en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 del Código de los EE. UU., Secciones 924 y 2.

   Se trató de una acusación formulada por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos[1], señalándose a Cliver Alcalá como uno de sus lugartenientes que procuraban “inundar Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación. Maduro usó cocaína de forma muy deliberada como arma”. Según la acusación, él, Maduro, Diosdado Cabello y Hugo Carvajal “actuaron como líderes y gerentes del Cártel de Los Soles, o Cartel de los Soles”[2].

  Los cargos en su contra, en razón de la pandemia por Covid-19, se le dieron a conocer por vía telefónica el 31 de marzo de 2020 ante el juez accidental de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Paul E. Davison, declarándose no culpable, al tiempo que manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense, lo que dio inicio a su proceso judicial[3].

   En junio de ese año 2020, los fiscales solicitaron reprogramar la fecha de la audiencia de presentación de Alcalá Cordones, prevista para el 26 de junio del citado año[4]. En esa misma fecha, el militar venezolano pidió un abogado de oficio por no tener dinero para pagar una defensa privada[5] y el 2 de agosto el juez Hellerstein, aprobó la solicitud, pero le pidió demostrar que, ciertamente, no dispone de los medios económicos para pagar el bufete que lo venía representando[6].

   El 26 de agosto de 2020, el tribunal le otorgó más tiempo para revisar su grueso expediente criminal, atendiendo así un pedido de los fiscales, quienes le argumentaron al juez que seguirían presentando pruebas en contra de Alcalá Cordones, por lo que debía disponer de un plazo más largo para revisar el material[7].

   El 8 de junio de 2021, el juez Alvin K. Hellerstein informó de un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones. El 7 de junio, la corte había autorizado a las partes para que presentaran dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso[8].

   El 29 de julio de 2021, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein, ordenó que una conferencia de estado, inicialmente programada para llevarse a cabo el 4 de agosto de 2021, se aplazara hasta el 23 de agosto de 2021 al mediodía.

   Giró instrucciones a las partes a objeto de que quienes efectúen las llamadas y no sean abogados silencien sus teléfonos. Además, se indica a todos los participantes que llamen 5 minutos antes del inicio de la conferencia.

  También ordenó que, a más tardar el 16 de agosto de 2021, a las 12:00 pm, las partes presenten conjuntamente al tribunal una lista de todos los abogados que se espera que aparezcan en el expediente, junto con su información de contacto.

Extender los lapsos

   El 4 de agosto de 2021, los fiscales federales auxiliares de la fiscal del Distrito Sur de Nueva York Audrey Strauss, Jason A. Richman, Benjamin Schrier y Kyle Wirshba, remitieron una comunicación al juez Alvin K. Hellerstein, solicitándole, en razón de la pandemia por el Covid-19, que el tribunal excluya hasta la fecha del juicio el tiempo de la nueva conferencia programada para el 23 de agosto de 2021, esto en interés de la justicia, de conformidad con 18 USC Sección 3161 (h) (7) (A). Informaron que la defensa accedía a esta solicitud.

  Explicaron los fiscales que este tiempo permitiría la revisión continua del descubrimiento por parte del acusado y a ambas partes continuar discutiendo una posible disposición de este asunto

   Este 19 de noviembre de 2021, nuevamente los fiscales pidieron un aplazamiento de 60 días para entregar las mociones. En el calendario, fijado el 27 de septiembre de 2021, luego de una conferencia telefónica sobre el estado del caso, el juez indicó que los fiscales presentarían cualquier moción relacionada con la Ley de intercambio de información de seguridad cibernética (CISA), 6 U.S.C. § 1501 et seq., a más tardar el 1 de diciembre de 2021. 

   En la misma orden se advertía que Clíver Alcalá Cordones debería presentar cualquier oposición a esa moción a más tardar el 8 de diciembre de 2021. Asimismo, se había fijado una sesión informativa telefónica el 13 de diciembre de 2021.

   El 18 de noviembre de 2021 el abogado de  Cliver Alcalá Cordones cambió de dirección. La nueva localización del abogado César Castro es The Law Firm of Cesar de Castro, P.C, 111 Fulton St - 602, NY, NY, USA 10038.

    El 19 de noviembre de 2021, los fiscales pidieron un nuevo aplazamiento de 60 días del 1 de diciembre, 2021 fecha límite para la presentación de la moción anticipada del Gobierno de conformidad con la Sección 4 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada. En la misiva se informa que el abogado defensor no se opone a petición.

REFERENCIAS

[1] Venezuela Política. “Esta es la acusación contra Nicolás Maduro y 14 funcionarios venezolanos por delitos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero”. 26 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/nicolas-maduro-moros-y-14-funcionarios.html

[2] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[3] Venezuela Política. “Se inicia en Nueva York el proceso judicial contra Cliver Alcalá Cordones, presentación inicial se hizo vía telefónica”. 31 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/se-inicia-en-nueva-york-el-proceso.html

[4] Venezuela Política. “Conoce los últimos detalles del caso de Cliver Alcalá Cordones en corte de Nueva York”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/conoce-los-ultimos-detalles-del-caso-de.html

[5] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones pide a la corte un abogado de oficio porque no tiene dinero para pagar los privados”. 29 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/cliver-alcala-cordones-pide-la-corte-un.html

[6] Venezuela Política. “Juez de Nueva York ordena a Cliver Alcalá Cordones demostrar que no tiene dinero para pagar su defensa”. 2 de julio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/07/juez-de-nueva-york-ordena-cliver-alcala.html

[7] Venezuela Política. “Cliver Alcalá Cordones tendrá más tiempo para revisar su grueso expediente criminal”. 26 de agosto de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/08/cliver-alcala-cordones-tendra-mas.html

[8] Venezuela Política. “Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones”. 8 de junio de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/06/avanza-en-nueva-york-el-juicio-por.html

Camila Fabri: Imagen de sufrida mujer que oculta a la socia de Álex Saab y sus turbios negocios

   Aliada y cómplice necesaria, sería el perfil más adecuado para describir a la cónyuge del empresario colombiano tenido como testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

   Las imágenes de una mujer bañada en llanto —que semejaba casi a una viuda— daban cuenta de una esposa desesperada que denunciaba el secuestro de su marido a manos de las autoridades de Estados Unidos. Se trataba de Camila Fabri en Caracas quien, haciéndole coro al régimen venezolano, se alzó sobre una tarima en la Plaza Bolívar de la capital venezolana, donde llorando acusó que su esposo había sido secuestrado, como denominó la extradición de que fuera objeto Álex Saab desde Cabo Verde al estado de la Florida en EE. UU. 

  “Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy unida y, como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia”, dijo entre lágrimas ante los asistentes a la manifestación convocada por Maduro y sus acólitos, quienes daban vítores a la sufrida fémina. A ellos le leyó una carta en la que dio su versión de los hechos: “Esto ocurrió cobardemente de espalda a los abogados, y nosotros nos enteramos por su hermana, que fue la única autorizada a pasar un tiempo con él y visitarlo algunas veces. El día de ayer fue a visitarlo y no estaban los 100 guardias que rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado, un guardia le dijo ‘simplemente aceleraron la extradición”[1].

   Pero la estampa de mujer abnegada estaría muy distante de la que acusan, por ejemplo, las autoridades italianas, las cuales la señalaron en 2020 de cometer fraude fiscal. Para el fisco no había consonancia entre la vendedora con un sueldo de 1.800 euros mensuales que decía ser, con la que vivía en un apartamento a su nombre en la Vía Condoti con un valor de 4,7 millones. El parecer de los agentes la Guardia di Finanza de Italia, era Fabri habría lavado dinero de su esposo.

    Otro dato que no correspondía al de la modesta mujer trabajadora, era su vehículo Rover Range Evoque de 54.000 euros.

   Fue así que las autoridades fiscales italianas, en 2019, luego de una investigación, procedieron a incautarle 1,8 millones de euros y el lujoso apartamento en el que encontraron 8 obras de arte y un tapiz.

“Los resultados de las investigaciones señalaron que la propiedad estaba registrada a nombre de una empresa atribuible a Camilla Fabri. La policía fiscal de Italia tenía sospechas de corrupción internacional, tráfico ilegal de oro, lavado de dinero, malversación de fondos, entre otros delitos. Medios locales dijeron que en las averiguaciones estarían involucrados empresarios colombianos que forman parte de una red de corrupción internacional que manejarían contratos para proveer los alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, se lee en una nota del portal Urgente 24[2].

Fabri y Saab

   Camila Fabri y Álex Saab se habrían conocido en un restaurante en Francia, según refiere el periodista Gerardo Reyes, en su libro “Alex Saab: la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro”. Según esta versión, el empresario colombiano no le quitó los ojos de encima desde que la vio en el lugar desde una mesa cercana. Al poco tiempo ya estaban viviendo juntos en un lujoso apartamento del barrio Saint Germain de París.

  Nació en 1994 —por lo tanto, tiene 27 años— en Fidene, una localidad ubicada a ocho kilómetros de Roma. Creció en el barrio Tufello, en la periferia de Roma. Se dedicaba al modelaje y llegó a participar en algún programa de televisión, fue dependienta de una tienda de ropa, ese, por el cual ganaba 1.800 euros por un desempeño a tiempo parcial.

   Fabri decidió cambiar sus sueños de fama por la vida de lujos que le ofrecía Saab. El matrimonio tuvo lugar en 2014, luego vinieron sus dos hijas, una de 4 años y la otra de 18 meses de edad.

  El apartamento que compartieron en Roma estaba en Parioli, un barrio acomodado, pagaba una renta 5.800 euros al mes, de acuerdo al contrato firmado por Fabri en 2016. Después vinieron el carro y el apartamento en Vía Condoti de los que ya hablamos líneas arriba y que le valió las sospechas de la Guardia de Finanzas y ésta participó el asunto a la fiscalía.

   El nuevo dato es que los 4.923.850 euros que pagó por él vinieron del Reino Unido, a través de la empresa Kinlock Investment, gerenciada por Lorenzo Antonelli, novio del hermano de Camilla Fabri, quien además tiene acciones en manos de un fideicomiso inglés y una empresa de Dubai.

    Entonces vinieron las averiguaciones que dieron luz a la razón de aquella vida de lujos de la muchacha de 24 años. “Un continuo flujo de dinero sucio que se movía en paraísos fiscales, entre fideicomisos (‘trust’) cuya propiedad era desconocida y empresas blindadas. El capital generado por una red internacional de corrupción y blanqueo de capitales con sede en Venezuela, investigado por la justicia estadounidense, llegaba también a Italia. Al frente de ese tráfico estaba Álex Nain Saab Morán, y su hermano Luis Alberto, ‘blanqueadores de ganancias ilícitas’”, según el informe de la magistratura italiana.

   La conclusión de la fiscal del caso fue contundente: “Alex Saab Morán está involucrado en una vasta red de corrupción internacional encaminada a obtener numerosos y grandes contratos comerciales con el gobierno de Venezuela, entre ellos el relacionado con los subsidios alimentarios, asunto vinculado al presidente Nicolás Maduro”.

  Igualmente, se le investigaba en Estados Unidos donde la fiscalía determinó que la irregularidad de sus negocios sumaba 350 millones de dólares.

  Ante estos hechos, el matrimonio se pintó de colores de la capital italiana, vivieron en Moscú hasta la detención de Saab en Cabo Verde[3]. Camila Fabri evitó con su huida la aprehensión que planificaban las autoridades italianas de ella.

Esposa y cómplice

   Estaría, por tanto, distante Camila Fabri de ser la esposa inocente que desconoce las actividades de su marido y se perfilaría, más bien, como la cómplice necesaria del corrupto empresario.

   Y es que la segunda esposa del barranquillero habría sido incluida en muchos de los negocios de su cónyuge.

  “La registró como dueña de la firma inglesa Kinloch Investments Limited y la autorizó para recibir giros de Multibank de Panamá y del UBS de Suiza”, sostiene Reyes en su libro.

  La mujer llorosa de la Plaza Bolívar de Caracas nada tiene que ver con esta que revelan los hechos.

REFERENCIAS

[1] Semana. ““Esto es un segundo secuestro”: la historia de Camilla Fabri, la modelo que “enloqueció” de amor a Álex Saab”. 18 de octubre de 2021. https://www.semana.com/nacion/articulo/esto-es-un-segundo-secuestro-la-historia-de-camilla-fabri-la-modelo-que-enloquecio-de-amor-a-alex-saab/202102/

[2] Urgente 24. “Camilla Fabri: Negocios oscuros detrás de una cara bonita”. 22 de octubre de 2021. https://urgente24.com/foco/camilla-fabri-negocios-oscuros-detras-una-cara-bonita-n528706

[3] ABC. “Camilla Fabri, la modelo que encandiló al testaferro de Maduro”. 24 de octubre de 2021. https://www.abc.es/internacional/abci-camilla-modelo-testaferro-enf-202110240147_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Finternacional%2Fabci-camilla-modelo-testaferro-enf-202110240147_noticia.html

Bruce Bagley, el experto en crimen organizado que cedió a las tentaciones de Álex Saab, pide a la Corte sentencia de tiempo cumplido

   Mientras la defensa de Bruce Bagley  sostiene ante el tribunal que el acusado trabajó  para Álex Saab y recibió dinero de los negocios del colombiano con el régimen de Maduro en sus cuentas bancarias, Saab lo contradice al afirmar que no conoce ni ha trabajado con el profesor experto en crimen organizado internacional.

Por Maibort Petit 

  Quien recientemente revelara que, supuestamente, Álex Saab habría mantenido reuniones con fuerzas del orden de los Estados Unidos para suministrar información sobre el régimen de Nicolás Maduro antes de ser acusado en 2019, Bruce Bagley, solicitó, a través de sus abogados al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, próximo a dictarle sentencia el 16 de noviembre, que la misma se imponga en tiempo cumplido y no conforme a las directrices que corresponde de acuerdo al delito por el cual se declaró culpable ante un juez de Nueva York, donde admitió haber participado en una trama de lavado de dinero internacional por una superior que casi rondaba los USD 3 millones, derivados estos del pago de soborno recibido del empresario colombiano.

    La Fiscalía que lleva el caso solicitó 12 meses de prisión y ahora los abogados defensores piden que la sentencia sea equivalente al tiempo que ya ha pasado en reclusión, por lo que, en concreto, están pidiendo la liberación inmediata de su cliente.

   Las informaciones sobre Álex Saab, emitidas por Bagley, ex-profesor en la Universidad de Miami, experto en el tema de la delincuencia organizada, incluso, autor del libro “Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas”, se produjeron a través de un Memorando de Sentencia presentado por sus abogados en el pedido formulado a la corte. Tales datos divulgados por la defensa de Bagley, refieren que Álex Saab se reunió con agentes federales de los EE. UU. entre ellos la DEA, para conversar aspectos del gobierno venezolano a la cabeza de Nicolás Maduro. Esto habría ocurrido en Colombia y en países de Europa, antes de que fuera acusado en 2019.

    Lo que sigue siendo un misterio es el contenido de los encuentros, pues mientras unos suponen que Saab habría ofrecido información importante sobre las actividades ilícitas del régimen venezolano, otros alertan que sólo habrían sido intentos del colombiano por conocer sobre las investigaciones que el gobierno estadunidense había abierto en su contra. 

   En un comunicado difundido por  el abogado de Saab, David Rivkin, este negó rotundamente que su representado hubiera cooperado con las autoridades de EE. UU. alguna vez. En la misma tónica, Baker Hostetler, otro abogado de Saab, aseguró que su cliente no ha entregado información de Nicolás Maduro al gobierno estadunidense. "En todo momento, Alex Saab Morán ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha llevado a cabo todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela. (...) Cualquier afirmación de que ha cooperado con las autoridades estadounidenses en contra de los intereses de Venezuela es totalmente falsa".

     A través del Memorando de Sentencia presentado por sus abogados al que también tuvo acceso Venezuela Política, Bagley pide clemencia al tribunal aduciendo su edad de 73 años, problemas de salud, que se trata de su primera condena penal, que la misma es por un delito no violento, así como su récord como investigador, mentor, profesor y conferencista.

  Refiere el memorando que Bruce Bagley “Ha dedicado sus considerables habilidades a compartir su conocimiento de las condiciones que producen la indigencia rural persistente en América Latina y ha enseñado métodos ilustrados para aliviar los patrones de pobreza arraigados allí. Las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos no reflejan estos y otros factores de sentencia convincentes planteados en 18 U.S.C. Sección 3553 (a)”.

   Subrayan que “El Dr. Bagley ya ha sufrido graves consecuencias colaterales como resultado de esta condena, incluida la lesión irreparable a su carrera, la mancha en su reputación y el estrés que afectó a la salud de su esposa durante el año anterior a su muerte. Una sentencia que incluya cualquier tiempo en prisión pondría en grave peligro la salud física y emocional del Dr. Bagley”, advierten.

   Entre sus alegatos, citan jurisprudencia (Pepper v. Estados Unidos) que señala el principio de que “el castigo debe ajustarse al delincuente y no meramente al delito” y que el “juez de sentencia [debe] considerar a cada condenado como un individuo y cada caso como un estudio único en las fallas humanas que a veces mitigan, a veces magnifican, el crimen y el castigo que sobreviene”.

   Para argumentar su pedido de que no sean tomadas en cuenta las Pautas de Sentencia, los abogados de Bagley citaron a la Corte Suprema de Justicia en el caso de Nelson v. Estados Unidos, el cual estableció que “[l] os Lineamientos no sólo no son obligatorios en los tribunales de sentencia; tampoco deben presumirse razonables”.

No a las tentaciones

  El memorando hace una extensa exposición sobre la vida del catedrático, sus diferentes luchas y aportes académicos, su trabajo durante 32 años en la Universidad de Miami, así como su historia familiar. También se hace referencia a sus reiteradas negativas a aceptar jugosos pagos por actividades poco cónsonas con la ética. Tal sería el caso ocurrido en 2014, cuando el gobernador colombiano, Kiko Gómez, ofreció pagarle USD 25.000 por escribir un informe que negara sus actividades con paramilitares dedicados a narcotráfico, cuando en realidad esto era cierto. Bagley entró en contacto con el gobernante colombiano a través de Jorge Luis Hernández, conocido con el alias de Boliche, con larga trayectoria como informante en Colombia para agentes antinarcóticos de Estados Unidos.

   Durante años, Boliche habría insistido ante el catedrático para participara como consultor de políticos latinoamericanos ligados con actividades delictivas, pero siempre se había negado, refieren los abogados de Bagley en el Memorando de Sentencia.

  “En 2018, Jorge Luis Hernández, Boliche, le presentó a Bagley una oportunidad de trabajo de consultoría de un candidato a la presidencia de Paraguay. Y se le ofreció un pago generoso pero el cliente lo dobló para incluir una comisión para él. Luego de una conversación telefónica con el posible cliente, Bagley decidió no aceptar porque no estaba claro que se esperaba de él, e inclusive con la misma agenda del candidato que no dejaba claro el plan, lo que le generó suspicacia (…) En 2019, Boliche se acercó a Bagley con otra oportunidad de ganar dinero como asesor de otro candidato presidencial de República Dominicana, Domingo Trujillo. En ese sentido, Bagley viajó a Nueva York para conocer a Trujillo y Boliche, como en las otras ofertas no se sintió cómodo y declinó la oferta”, se lee en el Memorando como ejemplo de la recta conducta del profesor universitario.

   Para ese entonces, ya Jorge Luis Hernández trabajaba como informante confidencial de la justicia estadounidense y una de las encomiendas de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York era vigilar las interacciones entre Trujillo y Bagley, Boliche documentaría las actividades ilícitas financieras del catedrático. Se indica en el memorando que en esa oportunidad el pago no iba a ser en efectivo, sino que se buscaba una vía que evitar exponerse criminalmente ante las autoridades de los Estados Unidos, pero Bagley declinó la oferta de involucrarse con Trujillo y esto enojó a “Boliche”.

Saab y Babley se conocen

   Finalmente, Bagley cedería a las tentaciones de “Boliche”, según lo deja ver el Memorando cuando refiere que Jorge Luis Hernández coordinó la presentación de Álex Saab con Bruce Bagley, cuando el primero ya estaba involucrado como operador de lavado de dinero del empresario colombiano. Entonces, Hernández ofreció un trabajo a Bagley que este aceptó durante un viaje que hizo a Colombia para reunirse con Saab y su hijo. El profesor universitario los asistiría con una carta que remitirían a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para la aplicación de una visa.

    Para cumplir con tal cometido, Bagley viajó a Bogotá y consultó a la Embajada en varias oportunidades, pero la visa del hijo de Saab fue negada ante las preocupaciones que existían sobre las relaciones de su padre, Álex Saab, con el régimen venezolano. Bagley esperaba el pago por su esfuerzo, pero en virtud de que la visa de Álex Saab también fue negada, este último y “Boliche” le ofrecieron que trabajara como consultor.

    En específico, la propuesta de Saab a Bagley giraría en torno a un nuevo negocio en Guatemala. Saab le propuso un pago de USD 1.000 por hora a Bagley, el cual se limitaría a 20 horas por mes. También le pidieron que recibiera en Estados Unidos dinero adicional que sería transferido de una empresa.

    Se indica que nuevamente intentaron involucrar a Bruce Bagley con una nueva conspiración con Domínguez Trujillo de República Dominicana, pero nuevamente rechazó la oferta.

   La defensa de Bagley considera que la persecución de su cliente parece haber sido selectivamente deliberada. Refieren que el gobierno se acercó a Bagley para buscar asistencia en su investigación sobre Álex Saab y así involucrarlo.

   Sostiene la defensa de Bruce Bagley que este desconocía que el dinero que le transferirían a era el producto de la corrupción en Venezuela.

    En diciembre de 2018, Bagley confirmó que Saab no estaba acusado en los Estados Unidos ni en ningún otro país y que no aparecía reseñado en la OFAC y que fue contratado por Boliche y Saab para proveer servicios de consultoría, por lo que estimó que el dinero recibido su cuenta personal representaban el pago de dichos servicios.

La acusación

   En noviembre de 2019, Bruce Bagley fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a través del fiscal Geoffrey S. Berman, quien lo señaló de abrir cuentas bancarias en instituciones financieras de los Estados Unidos con el objetivo expreso de lavar dinero para venezolanos corruptos.

   Específicamente, a Bagley se le imputaron tres cargos, uno por conspiración para cometer lavado de dinero, y dos por lavado de dinero de una operación que inició desde noviembre de 2017 y se extendió hasta abril de 2019. Cada uno de estos cargos implicaba una condena máxima de 20 años de prisión, algo que contrasta enormemente con la solicitud que ahora fórmula su defensa para que se le imponga una sentencia de tiempo cumplido.

    La acusación del Gran Jurado contra Bagley sostiene que, en el 2005, este constituyó una empresa en el estado de la Florida, a saber, Bagley Consultants Inc. en la que él y su esposa figuran como directores y que tuvo muy poca actividad en el periodo que va 2005 al 2006. El Departamento de Estado cerró administrativamente la cuenta de la compañía porque no se presentó un reporte anual de la misma en 2017.

   Bagley abrió una cuenta bancaria a nombre de la empresa en noviembre de 2016 en un banco de Weston, Florida y a partir de noviembre de 2017 empezó a recibir depósitos mensuales de cientos de miles de dólares de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos.

    La cuenta fue cerrada en octubre de 2018 por el propio banco ante las actividades sospechosas de la empresa. Bagley abrió una nueva cuenta en diciembre de 2018 en la que empezó a recibir las transferencias de fondos que, como las de la anterior cuenta, fueron registradas en la acusación.

  Todos estos movimientos que totalizaron casi USD 3 millones, supusieron las operaciones dirigidas a legitimar los fondos ilícitos de Álex Saab. Bagley se quedó con el 10 por ciento del dinero manejado a través de sus cuentas[4].

   Bruce Bagley fue arrestado en Miami el 18 de noviembre de 2019 y fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, donde se le dieron a conocer los cargos que se le imputaban.

    El 19 de noviembre de 2019, Bagley salió en libertad condicional, luego de pagar una fianza de USD 300.000[5].

    El 1 de junio de 2020, ante el juez de Nueva York, Jed S. Rakoff, Bruce Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero[6].

  Desde entonces, Bruce Bagley espera porque se le fije sentencia, habiendo esta sido diferida en varias oportunidades. La última de estas citas establecida para el 18 de octubre del presente año 2021, fue cambiada para el 16 de noviembre existiendo la posibilidad de que sea nuevamente diferida[7].

Álex Saab afirma que no conoce a Bagley

   P or medio de un comunicado, la defensa de Álex Saab aseguró que es completamente “falso” que su cliente haya tenido contactos con agentes del gobierno de los Estados Unidos.

 

     En el comunicado de la defensa se señala que las actividades y encuentros que sostuvo el empresario colombiano contaban con la aprobación total del gobierno venezolano. Asimismo, plantea que Saab  no tuvo o ha tenido intenciones de colaborar con las autoridades del país norteamericano.

    La defensa sostiene que “cualquier afirmación de que haya cooperado con las autoridades estadounidenses contra los intereses de Venezuela es totalmente falsa. En todo momento, Alex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha realizado todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela”.

    Los abogados de Saab argumentan además que  "su cliente, Álex Saab afirma que nunca ha conocido a Bruce Bagley y que Bruce Bagley nunca ha trabajado para él de ninguna manera”.

REFERENCIAS

[1] El Heraldo. “Fiscalía pide año de prisión para estadounidense que lavó dinero de Alex Saab”. S/F. https://www.elheraldo.co/mundo/fiscalia-de-ee-uu-pide-ano-de-prision-para-estadounidense-que-lavo-dinero-de-alex-saab-864401

[2] AP News. “Aliado de Maduro se reunió con agentes EEUU antes de arresto”. 11 de noviembre de 2021. https://apnews.com/article/noticias-aa1390acad47709632fba0d3bb90189b

[3] El Heraldo. “Saab dice que no ha entregado información contra Maduro”. S/F. https://www.elheraldo.co/mundo/saab-dice-que-no-ha-entregado-informacion-contra-maduro-864569

[4] Venezuela Política. “EE. UU. acusa a un profesor experto en Crimen Organizado de lavar dinero proveniente de la corrupción en Venezuela”. 18 de noviembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/11/profesor-experto-en-crimen-organizado.html

[5] Venezuela Política. “Profesor que lavó dinero en Miami de la corrupción en Venezuela salió en libertad tras pagar fianza de 300 mil dólares”. 20 de noviembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/11/profesor-que-lavo-dinero-en-miami-de-la.html

[6] Venezuela Política. “En NYC: Profesor Bruce Bagley se declara culpable de lavado de dinero proveniente de la corrupción en Venezuela”. 1 de junio de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/06/en-nyc-profesor-bruce-bagley-se-declara.html

[7] Venezuela Política. “Tribunal de Nueva York cambia nuevamente fecha de la sentencia del Profesor vinculado al caso de Álex Saab”. 17 de octubre de 2021. https://www.maibortpetit.info/2021/10/profesor-vinculado-al-caso-de-alex-saab.html