Conozca los bloques de contención que usa el régimen para evitar que el pueblo se levante en su contra

 El control social es estratégico para evitar el desbordamiento de la sociedad.

Por Maibort Petit

   Existe todo un sistema de dominio mediante el cual el gobierno chavista control y manipula al pueblo venezolano, de manera de evitar que este se enfrente al régimen y lo saque del poder. Para ello se vale de cinco bloques de contención que actúan en su favor y, desde todos los flancos, sirven de diques que frenan cualquier intento de desbordamiento.

   Quien sostiene esto es Eduardo E. Hurtado, ex-integrante de la Fuerza Aérea Venezolana y veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos quien formó parte de una unidad especial de inteligencia geoespacial. Hurtado es Licenciado en Seguridad Estratégica y Gerencia de la Protección, y también es Licenciado en Tecnología Electrónica, con una Maestría en Administración Empresarial (MBA). 

   En su libro “La franquicia cubana: una dictadura científica”, explica cómo los hermanos Castro desarrollaron una metodología en conjunción con el gobierno de Rusia para implementarlo en Latinoamérica, logrando la manipulación de las masas con el fin de perpetuarse en el poder de manera indefinidamente.

  Según Eduardo Hurtado, la dictadura científica “es un proyecto que tiende a modificarse según la geopolítica del país y que apunta al uso de métodos psicológicos y físicos para lograr el completo adoctrinamiento de sus ciudadanos volviéndolos a todos sumisos y resignados ante el dictador. Para lograr ese adoctrinamiento se ejecutan un conjunto de técnicas y estrategias perfectamente estudiadas y que se van reajustando según la reacción de los ciudadanos, para ello se usa la ingeniería social, la cual hace un solapamiento con la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y el lenguaje corporal”.

  Para influir y modificar el comportamiento de la sociedad del país que haya comprado la franquicia, se valen de la ingeniería social y el resultado, en el caso de Venezuela, es que los ciudadanos comenzaron a ver como “indeseable” a quien difiera del gobierno socialista. La ingeniería social es común en los regímenes autoritarios que imponen sus creencias políticas a la ciudadanía, obligándola a creer que su propuesta es la única salida a todos los males.

  Refiere Hurtado que el gobierno cubano vende un paquete de asesoría que él a ha denominado “Franquicia Cubana”, la cual comprende la aplicación de técnicas de ingeniería social, así como temas en materia de invasión, inteligencia, espionaje, contrainteligencia, narcotráfico, lavado de dinero, psicología, torturas entre otros procedimientos. Esta franquicia la vendieron e implementaron con éxito en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México. Así se vendió a Hugo Chávez como el mesías, quien comenzó pregonando la “igualdad social” en razón de que el término socialismo no era bien visto en el país.

   El gobierno venezolano construyó la “big data” que le permite medir el comportamiento de la masa, a través del denominado “carnet de la patria” el cual no es otra cosa que un mecanismo de control social.

Los bloques de contención

  Sostiene Eduardo Hurtado que para que un sistema de dominio estratégico sea perfecto, es necesario crear niveles de control y manipulación en los que existe una combinación entre el uso de la fuerza, la demagogia, la inteligencia y el populismo.

 Estrategias éstas que el gobierno venezolano aplica a modo de laboratorio de guerra psicológica, al tiempo que analiza los resultados y establece maniobras de acuerdo a las reacciones.

  Refiere que el pueblo en crisis lucha mientras espera una intervención interna de las Fuerzas Armadas, las cuales no terminan de reaccionar a favor de la constitución y el interés nacional. Entretanto, el pueblo sigue en su lucha en contra de una dictadura, pero se agota física y mentalmente cada día más.

  Explica que existen cinco 5 muros o bloques de contención que permiten contrarrestar a la población enardecida. Estos bloques deben cumplir con al menos tres pasos fundamentales para ser exitosos, a saber: 1) Crear una coalición organizada con múltiples líderes de las fuerzas de oposición; 2) estudiar el modus operandi del dictador para así conocer sus debilidades y fortalezas; 3) planificar de manera estratégica las acciones basadas en las debilidades del estado dictador.

  La experiencia cubana es utilizada para sacar de combate a cualquier líder emergente que trate de organizar una rebelión.

  A los cinco bloques que hasta ahora se conocen, se espera que se adicionen los estudiantes universitarios, quienes serán endulzados con estrategias populistas de parte de los alcaldes y gobernadores donde estén ubicadas las principales sus universidades. Una forma de lograr esto puede ser ayudar a rescatar las deterioradas sedes de estas casas de estudios superiores. Para el gobierno es fundamental poner a los estudiantes, toda vez que sabe que son ellos quienes encienden las protestas contra la dictadura.

  Como ejemplo de esto último, Eduardo Hurtado pone como ejemplo el caso de Ricardo Sánchez Mujica, quien fue uno de los líderes de la Universidad Central de Venezuela que luchó en contra del gobierno y, luego, terminó de aliado de la dictadura.

  Hurtado indica que el primer bloque de contención lo conforman: El pueblo simpatizante con el gobierno; el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Policía Nacional y algunas Policías Municipales; la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB);  el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); los Servicios de Inteligencia y Contrainteligencia; los Círculos Bolivarianos; la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

  Entretanto, el segundo bloque de contención lo integran: los colectivos (La Piedrita/Fuerzas Revolucionarias Bolivarianas); los grupos de guerrilla (Tupamaros); los milicianos; los presidiarios; la Guardia Nacional Bolivariana-Infiltrados (Falso personal portando uniforme de la Guardia Nacional); el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); los servicios de Inteligencia y Contrainteligencia: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

  En el tercer bloque de contención están una serie de grupos que son financiados en dólares: Grupo Avispas Negras (Fuerzas Especiales de Cuba); Euskadi Ta Askatasuna Española (ETA); Hezbollah; Al-Qaeda; Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); los carteles narcotraficantes; Hamas (Palestino).

  El cuarto bloque de contención #4, igualmente pagados en dólares, lo integran: el Comité de Seguridad del Estado Ruso (KGB); el G2 Cubano; el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS); el reemplazo estratégico (Agentes pasivos); el servicio de espionaje activo; los miembros significativos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas; los miembros significativos de la política venezolana.

  Por su parte, el quinto bloque de contención (también financiado en dólares)  lo conforman: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); el Tribunal Supremo de Justicia; los ministerios estratégicos; la Organización de Naciones Unidas (ONU); las Altas Comisiones para los Derechos Humanos; la Organización de los Estados Americanos (OEA); las altas personalidades políticas extranjeras (cómplices); el Consejo Nacional Electoral (CNE); la fuente de inteligencia abierta (OSINT- Open Source Intelligence).

Sobre la MUD

  Apunta Eduardo Hurtado que en lo atinente a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encuentra presente en casi todas las barreras de defensa del estado venezolano.

  Se trata, pues, de un engaño al país que extiende de manera sustantiva el periodo de vida del gobierno, un tiempo que es necesario para consagrar el plan psicológico de control de masa y para pacificar las protestas cuando éstas se salgan de control y representen peligro al régimen. Serán esos momentos en que entrarán en modo de negociación con el gobierno haciendo creer que ellos son los salvadores.

  Es decir, con la MUD el pueblo acude a un organismo estratégicamente infiltrado que detiene su furia con falsas promesas de democracia y paz, así como con mensajes de no a la violencia dirigidos a enfriar los ánimos de la población que ansía cambios.

  Estima Eduardo Hurtado como un hecho positivo, el hecho de que, con todos los acontecimientos ocurridos, la ciudadanía ya ha identificado la traición de todos los dobles agentes de la política.

Sobre la OSINT

 Igualmente, Hurtado destaca el caso de la fuente abierta de inteligencia, el cual es un ejército que no se ve, pero que controla las redes sociales y se encarga de desacreditar cualquier fuente de información confiable.

Son los encargados de investigar, sabotear, confundir, hackear, etc.

  Explica que existe una sala situacional en diferentes lugares de Venezuela y en el extranjero, donde se dedican diariamente a crear o desvirtuar/sabotear noticias a favor del régimen.

 Esta fuente abierta de inteligencia crea fuentes de información opositoras al estado, de modo de dar la impresión de credibilidad en la población y para que la gente sienta confianza en estos medios de información que luego usaran en determinados momentos para sembrar las noticias que ellos quieran manipular en momentos de crisis.

 Estas salas situacionales también se encargan de sabotear a quienes traten de herir el sistema castrista a través de las redes sociales.

Clíver Alcalá Cordones podría enfrentar más cargos ante la justicia de EE. UU.

   Pese a que la acusación actual en su contra versa sobre operaciones de narcotráfico que habría llevado a cabo junto a Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos, el militar retirado ahora se presenta como un enconado adversario del dictador.

Por Maibort Petit

   A los cuatro cargos de narcotráfico que ya enfrenta el ex Mayor General del Ejército, Clíver Antonio Alcalá Cordones, en la Corte del distrito Sur de Nueva York, ahora podría sumársele una nueva acusación federal, de acuerdo a lo revelado por abogados luego de que tuviera lugar el pasado 6 de enero del presente años 2021, durante una conferencia previa al juicio ante el juez de la causa, Alvin K.Hellerstein.

   Sin embargo, no hubo revelación acerca de la naturaleza del nuevo cargo del que se conoció de boca de los abogados que participaron en la audiencia, pero podría estar relacionado con las operaciones que en marzo de 2020 fueron develadas acerca de un plan para derrocar a Nicolás Maduro.

   El militar retirado fue acusado, junto a Nicolás Maduro y otros altos jerarcas de su régimen, por hechos de narcotráfico, pero ahora estaría siendo objeto de una nueva investigación que podría sumarle otros cargos a la acusación por la que próximamente se sentará en el banquillo de la corte de Manhattan.

  Los otros funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en la trama son Diosdado Cabello; el exdirector de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal; y a los colombianos Luciano Martín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”,

  La cita del 6 de enero tuvo lugar online, en razón de que los tribunales federales se encuentran cerrados debido a la pandemia de COVID-19. La comparecencia de la Clíver Alcalá Cordones la hizo a través de un teléfono desde la prisión. Para ello requirió de la asistencia de un intérprete.

  En contra de Alcalá Cordones —señalado por la justicia de los Estados Unidos de formar parte del denominado Cártel de los Soles— se le acusa de actuar desde una posición de liderazgo dentro de la referida organización integrada por funcionarios venezolanos, junto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

  Los cargos presentados contra Clíver Alcalá Cordones son: (1) participar en una conspiración de narcoterrorismo, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua en prisión; (2) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua; (3) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una pena máxima de cadena perpetua; y (4) conspirar para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua en prisión. Todos en violación del Título 21 del Código de los EE. UU., Secciones 960a y 963, y el Título 18 de EE. UU. Code, Secciones 924 y 2[1].

De socios a enemigos

 De compartir los mismos ideales políticos y de juntos, supuestamente, estar incursos en actividades de narcotráfico a través del Cartel de los Soles, Alcalá Cordones y Maduro ahora son enemigos.

  Quien fuera uno de los hombres de confianza del finado expresidente, Hugo Chávez, se habría deslindado del actual dictador venezolano y se ha declarado abiertamente adversario de su gobierno.

 Los supuestos negocios de narcotráfico entre Alcalá Cordones y Nicolás Maduro habrían comenzado —según refieren los documentos que procesa la corte— en 1999, habiéndose extendido estos hasta 2020, aunque la supuesta ruptura con el mandatario habría ocurrido antes de esta última fecha.

 Clíver Alcalá Cordones y otros exministros de Hugo Chávez, agrupados en la que denominaron “Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana”, se pronunciaron en contra de Maduro y advirtieron a através de un documento público acerca del “avance gradual pero sostenido y permanente en la limitación y eliminación de los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas y de las organizaciones del pueblo venezolano”[2].

 Esta ruptura lo llevó a huir a Barranquilla, Colombia, donde vivió dos años hasta el 27 marzo de 2020, cuando se entregó a las autoridades de ese país para ser extraditado a los Estados Unidos.

 En esa ocasión, Alcalá Cordones acusó al régimen de Maduro de emprender una campaña de destrucción en su contra.

 Dos días antes, las autoridades colombianas incautaron un arsenal de armas que, supuestamente, estaba destinado a una operación para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro[3]. El hoy acusado ante la corte de Nueva York habría participado en este movimiento en el que habría tenido participación Juan Guaidó quien con JJ rendón habría suscrito un contrato con un mercenario estadounidense, propietario de la una empresa de seguridad en la Florida, que estaría al frente del movimiento.

“Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano, en el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente (Juan) Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor (Sergio) Vergara y asesores norteamericanos’, dijo, en referencia al operativo colombiano que el martes secuestró 26 fusiles de asalto AR-15 y diferentes accesorios en la carretera entre las ciudades de Barranquilla y Santa Marta. ‘El señor Guaidó también firmó ese contrato’, agregó. ‘Desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad por la libertad de Venezuela. Hemos tenido mucho tropiezo de la oposición, de los testaferros de la oposición que coinciden con los testaferros del Gobierno, llámese César Omaña’, agregó“, recoge una nota de Infobae[4].

[1] Department of Justice. “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”. 26 de marzo de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/nicol-s-maduro-moros-and-14-current-and-former-venezuelan-officials-charged-narco-terrorism

[2]https://www.reuters.com/article/us-usa-venezuela-dea-exclusive/alleged-maduro-accomplice-surrenders-to-u-s-agents-will-help-prosecution-sources-idUSKBN21E3IQ

[3] Policía Nacional de Colombia. “Incautamos un gran cargamento de armas de fuego”. 25 de Marzo de 2020. https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-gran-cargamento-armas-fuego

PDVSA incrementó sus exportaciones manipulando la información de los buques cargadores

   Reportes acerca de las relaciones comerciales de petróleo y gas de Venezuela, muestran cómo se llevaron a cabo las operaciones de evasión de las sanciones.

Por Maibort Petit

    Un informe que analiza las relaciones comerciales de crudo y gas de Venezuela refiere que, para finales del año 2019, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) experimentó un ligero incremento en sus exportaciones, específicamente en las correspondientes al último trimestre —unos 75 millones de barriles— en contraste con las disminuciones del tercer trimestre, equivalentes a aproximadamente 57,5 millones de barriles. Tal circunstancia obedeció al hecho de que los compradores de petróleo encontraron maneras de eludir las sanciones impuestas por los Estados Unidos el régimen y a la industria petrolera venezolana.

   En esta segunda entrega de nuestra serie dedicada a explicar la manera como el régimen de Nicolás Maduro y sus socios, han logrado en diferentes momentos, evadir las sanciones estadounidenses, damos a conocer uno de los informes relativos al mes de enero de 2020 en el que hace referencia al comportamiento de la industria petrolera venezolana a finales de 2019 e inicios del siguiente y actual 2020. El uso de empresas fantasmas que figuran como compradoras y la manipulación de la información de los cargueros petroleros, es parte de la estrategia utilizada.

  Las estratagemas implementadas permitían —al menos en el papel—mantener el comercio limpio. A su vez, los armadores pusieron en práctica estrategias para no ser detectados en territorio venezolano. Un servicio que prestan con un aumento de tres y hasta cuatro veces las tarifas regulares de alquiler cuando el destino es Venezuela.

  Se indica que ciertas transacciones que se han liberado desde Venezuela con diferentes cifras de cargadores, lo que se traduce en que algunos Bill Of Ladings sean emitidos a nombre de una empresa diferente y no de PDVSA, una acción que viola lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de Venezuela. Se cita el caso del buque “Ace”, del cual los registros refieren que en diciembre de 2019 fue cargado en Puerto Miranda (Ver adjunto). Advierte el reporte que se trata de un precedente que puede haber ocurrido en múltiples oportunidades. El Conocimiento de Embarque (Bill Of Ladings) fue emitido por la empresa SueloPetrol, registrada en Venezuela y Colombia, utilizando la figura de Shipper, vendiendo crudo a una empresa denominada Sonangol E. P. con puerto de destino en Togo, África Occidental.

   Agrega el informe que se tiene tienen datos de que algunas cargas asignadas a la empresa rusa Rosneft, a Petrochina y a otros compradores, se venden FOB (Free On Board) a terceros. Esto significa que la carga asignada no es necesariamente cargada al comprador asignado, sino por el tercero que compró el crudo al comprador asignado. Bajo ninguna circunstancia, el BL nunca debe ser emitido por ninguna otra empresa que no sea PDVSA.

  Así tenemos también el caso del buque Perfect de bandera liberiana, cuyo conocimiento de embarque (BL), fechado el 22 de enero de 2020, cargó en el puerto de Jose, estado Anzoátegui, 1.019.862 barriles de crudo Hamaca para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., lo cuales serían desembarcados en el puerto de Singapur.

PDVSA Petróleo S.A. certificó la cantidad del crudo embarcado.

  El informe especial de inspección de Aivepet C.A. emitió su certificación sobre el crudo Hamaca embarcado.

   En la misma fecha, igualmente para en el buque Perfect, fueron cargados 743.169 barriles de crudo Merey 16, también para la empresa Libre Abordo S.A. de C.V., que se descargarían en el puerto de Singapur.

Del mismo modo PDVSA Petróleo certificó la cantidad de petróleo embarcado.

Pago en Petro

   El informe en cuestión igualmente hace mención a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de establecer el Petro como medio de pago de las tarifas de los servicios prestados por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).

   La medida se oficializó a través de su publicación en la gaceta Oficial el 14 de enero de 2020, bajo el decreto Nº 4.096, haciéndose efectiva a partir del 29 de enero.

    De esta manera los fondos recibidos en el INEA por servicios de Pilotaje, Cuotas de Anchorage, Remolque, Servicios de Lanzamiento y otros, obligatoriamente deben pagarse en Petros. El informe acota que tal medida “no beneficia a nadie más que fortalecer el régimen y sus estrategias financieras”.

  Finalmente, el reporte proyectó que a principios de 2020 un incremento en las operaciones con importantes compañías petroleras como ENI (Italia) y Reliance (India) regresando con volúmenes crecientes de compras de carga.

Crimen organizado y corrupción: 9 bloques delictivos controlan Venezuela (I)

    Transparencia Venezuela analiza el papel del crimen organizado en el país y acusa los grupos delincuenciales que, con la anuencia de las autoridades, operan en Venezuela.

Por Maibort Petit

   En Venezuela las organizaciones de la delincuencia organizada operan a través de 9 bloques cuyos orígenes, naturaleza, negocios, alcances, estructuras y objetivos son de diferente índole y en perfecta convivencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las policías nacionales, regionales y municipales, así como otros organismos del estado.

  Así lo revela el informe “Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado” elaborado por Transparencia Venezuela y en el cual se hace un recuento acerca de las organizaciones criminales, los tipos delitos, situación regional en varios estados, el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), además de presentar una serie de iniciativas para combatir el problema y darle solución.

   Refiere el informe que algunos de estos bloques controlan territorios y su envergadura es tal que han llegado a crear microestados en el país y subraya, además, que estas expresiones delictivas materializan un tercer tipo de primitivismo que es considerado el criminal, caracterizado por la violencia, atrocidad y perversidad, que disfruta del daño producido en perjuicio de la gran mayoría de ciudadanos buenos y honestos del país.

  Transparencia Venezuela identificó los 9 bloques, en los cuales participan más de 13 mil organizaciones delictivas que, en algunos casos, mantienen vínculos con el poder político y funcionarios públicos. Estos bloques criminales son: 1) las megabandas criminales; 2) los seudosindicatos de la construcción, petroleros y los mineros; 3) los “colectivos” armados y violentos; 4) los “pranes” y sus organizaciones carcelarias; 5) las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”; 6) el holding de la corrupción; 7) los traficantes de drogas; 8) las FARC y el ELN; 9) las bandas criminales (Bacrim).

Primer bloque: Las megabandas criminales

  El informe hace referencia a las megabandas delictivas que operan en el territorio venezolano se constituyeron a partir de la tendencia natural que tiene la delincuencia a organizarse, en razón de que esto les permite a los criminales obtener mayores beneficios en sus acciones delictivas.

   La organización también le facilita a la delincuencia imponerse ante los rivales, otorgándoles una mayor capacidad para enfrentarse a los cuerpos de seguridad.

 Refiere el reporte que las megabandas son organizaciones sin ideología política, cuyo único objetivo es obtener beneficios económicos de sus fechorías, constituidas con un mínimo de 50 o 60 miembros —aunque pueden llegar a ser cientos— asociados.

  Asimismo, las megabandas controlan un territorio determinado, que puede ser urbano o rural, al tiempo de que cuentan con armas de fuego de alto poder y mantienen una estructura vertical de mando muy bien definida.

  Las megabandas se dedican al narcotráfico, al sicariato, al robo de vehículos (camiones de carga), a la extorsión y el secuestro, entre otros delitos.

  Muchas de las megabandas operan en Caracas, específicamente en barrios como la Cota 905, El Valle, Coche y Petare, entre otros, aunque también funcionan en otras zonas urbanas de distintas ciudades del país y en pueblos o caseríos.

  Citando al periodista José Ignacio Mayorca, especialista en temas de seguridad y delincuencia, el informe indica que para el año 2017 existían en Venezuela 19 megabandas, un número que a la fecha actual se ha incrementado.

  Una característica de estas megabandas es la atrocidad de los homicidios que cometen, en similitud a los carteles de la droga mexicanos. Esto lo hacen con la finalidad de enviar mensajes a otros delincuentes que intenten disputarles el poder. Incluso, pueden grabar estos asesinatos y publicarlos luego en las redes sociales con el fin de multiplicar el terror que quieren sembrar en la colectividad.

   Acota el informe que, aunque el crecimiento de las megabandas en el país responde a diversas causas, no hay dudas en que las denominadas zonas de paz” decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en 2013, se constituyeron en factor determinante, al habérseles otorgado reconocimiento y una especie de legitimación oficial, además, de un territorio sin presencia policial.

   Las megabandas tienen tal ascendencia en las comunidades que controlan, que llegan a fungir como especies de mediadores o “jueces de paz” que tienen la última palabra en las controversias que resuelven. Estas pandillas llegan a controlar la cotidianidad de las comunidades.

  Es preocupante la aceptación social que muchas de estas megabandas alcanzan en los territorios que dominan, lo cual es la consecuencia de algunos factores que son determinantes.

  Acciones como las de prohibir que ningún delincuente de la zona cometa pequeños delitos contra personas de la comunidad; la defensa del territorio frente a otras pandillas; el compartir el botín con la comunidad; pueden llegar a levantar la simpatía de la colectividad, sobre todo por la gran ausencia que el estado tiene en las comunidades. Esto es un signo de la descomposición social que se ha profundizado durante los últimos 20 años de la autodenominada "revolución".

  Es tan grande su poder, que las megabandas llegan a prohibir que funcionarios policiales vivan en los sectores que dominan, sin que las instituciones a las que pertenecen puedan hacer nada al respecto.

  Muchas veces el “cerebro” de estas megabandas está dentro de las cárceles del país, tal es el caso del denominado “Tren de Aragua”, tenida como la pandilla más grande del país, la cual, dirigida desde el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente como el penal de Tocorón, algo que, difícilmente, puede ocurrir sin la complicidad de funcionarios.

  Se cree que en los últimos tiempos las megabandas venezolanas están extendiendo sus tentáculos a países vecinos. La incapacidad del régimen de Venezuela para contener la acción de estas grandes pandillas, se ha convertido también en un problema regional.

  En Venezuela existen alrededor de 18.000 bandas delictivas de menor tamaño que, desde el punto de vista jurídico, pudieran ser consideradas también como organizaciones de delincuencia organizada, pero que por sus características se diferencian de las primeras.

Segundo bloque: Seudosindicatos de la construcción, petroleros y mineros

  Diferentes a las organizaciones de trabajadores que defienden los derechos de sus agremiados, los seudosindicatos de la construcción son en realidad bandas criminales que extorsionan a los trabajadores de este sector para conseguirles empleos en las obras que se estén ejecutando. Amenazan también a los encargados o jefes de las obras de construcción, a quienes amenazan para que solo contraten a los obreros que ellos les indiquen y, en ocasiones, para que compren los materiales solo a determinada compañía.

   Esta modalidad de pandillas se remonta a la época en la que, a través del endeudamiento –principalmente con China– se comenzaron a ejecutar una serie de obras públicas en distintos sectores del país que luego, en su gran mayoría, nunca se culminaron. Luego el modus operandi se extendió a las construcciones privadas.

  Las disputas entre estos seudosindicatos de la construcción generan varios asesinatos año tras año, muchos de ellos bajo la modalidad de sicariatos o en cumplimiento de la amenaza extorsiva contra trabajadores o dueños de las obras.

  En el ámbito petrolero, también surgieron agrupaciones criminales que presionan y extorsionan a algunas empresas contratistas para que empleen sólo a los trabajadores que el grupo delictivo les indique y también a los obreros que quieran ingresar a laborar.

  Por su parte, seudosindicatos mineros tienen su campo de acción principalmente en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro ilegales en ese territorio e imponen el terror para mantener su poder.

   Sostiene el informe que la minería ilegal, aunque es de larga data en Venezuela, en los últimos años ha tenido un gran crecimiento, estimándose que unas 50 mil personas pudieran estar hoy dedicadas a esta actividad.

 Destaca el informe de Transparencia Venezuela que las expropiaciones decretadas desde la primera gestión de Hugo Chávez, así como los ataques que el finado expresidente impulsó contra empresas mineras formales, contribuyeron a la expansión de la ilegalidad en la explotación del oro.

   Se abrió de este modo el camino a distintas agrupaciones criminales que, con apoyo de algunos funcionarios corruptos, tomaron el control de las minas del estado Bolívar.

   Las bandas y megabandas que dominan la extracción ilegal de oro han convertido a varios municipios de este estado Bolívar en los de mayor índice de homicidios en el país, puesto que allí se lucha a sangre y fuego entre las distintas pandillas, así como con grupos foráneos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

  Estas bandas autodenominadas “sindicatos”, deciden quiénes trabajan o no en las minas que sus líderes controlan y velan por “el orden y la seguridad” a cambio de un porcentaje del beneficio.

  Entre 2016 y 2019 se contabilizaron 40 masacres en la zona, siendo una de las más cruentas, la denominada “masacre de Tumeremo”, ocurrida en marzo de 2016 en la mina “Atenas” por la banda de El Topo.

  Por incumplir las normas que los “sindicatos” imponen también se producen recurrentemente casos de personas gravemente mutiladas, con pérdidas de sus pies, manos, dedos, lengua u otras partes del cuerpo.

  A la par la acción criminal de la minería ilegal ya señalada, está la destrucción voraz del ecosistema del estado Bolívar, a través de la deforestación y la utilización rudimentaria y sin control del mercurio que contamina aceleradamente las aguas de los ríos.

  Señala el reporte que el Arco Minero decretado por Nicolás Maduro en 2016 “pareciera representar la oficialización de la explotación ilegal del oro y la destrucción de la naturaleza en buena parte del territorio nacional”.

Tercer bloque: “Colectivos” armados y violentos

  Tal como ha ocurrido en la historia latinoamericana en las dictaduras o gobiernos autoritarios que crean grupos paramilitares o parapoliciales para hacer el “trabajo sucio”, en Venezuela existen los “colectivos” nacidos durante el gobierno de Hugo Chávez, los cuales se han consolidado con Nicolás Maduro.

  El régimen de Maduro depende mucho de ellos en el sostenimiento del poder a los que prefiere a los militares y policías, por cuanto es más aceptable ante la comunidad internacional presentar cualquier conflicto interno como una lucha de pueblo contra pueblo, evitando así señalamientos de delitos violatorios a los DDHH que lo comprometan.

   Los colectivos en la actualidad tienen presencia en todos los estados del país y se cree que contarían con alrededor de 8 mil hombres constituidos en grupos de civiles armados que operan como “guardianes de la revolución”.

   Se dedican a agredir, intimidar y hasta disparar contra personas que se reúnen para manifestar o protestar contra el régimen; se activan en elecciones para amedrentar y atentar contra los opositores, dirigentes o ciudadanos; insultan y agreden a los diputados de la oposición, periodistas y otros trabajadores de la prensa en los alrededores de la Asamblea Nacional.

  Cometen sus tropelías casi siempre encapuchados, en motocicletas sin matrículas visibles, apertrechados con armas de fuego, objetos contundentes y cortantes. Gozan de total impunidad con un apoyo evidente de autoridades de alto nivel.

 Los colectivos armados dominan los territorios donde operan y conforman especies de microestados, donde pueden prohibir la entrada de los cuerpos policiales.

  Tienen el control de los mercados negros de alimentos regulados, que acostumbran a vender a precios superiores al establecido.

  Pero además de sus funciones de guardianes de la revolución, los colectivos en ocasiones usan sus armas para cometer delitos comunes, como secuestros, extorsiones, homicidios y robos, entre otros.

  Igualmente participan dentro de cuerpos de seguridad del estado, como se evidenció en 2018 cuando fue asesinado el policía disidente, Oscar Pérez.

 Destaca el informe de Transparencia Venezuela que ante los artilugios de los sistemas autoritarios al crear estos grupos para encargarse del “trabajo sucio”, han surgido sentencias de la “Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan que la responsabilidad internacional estatal por actos de particulares se configura igualmente cuando los Estados crean grupos civiles, o se hacen cómplices de estas organizaciones para vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, que es precisamente lo que ha ocurrido en Venezuela”.

 

 

 

 

De cómo Alex Saab estafó a Venezuela con la anuencia de los diputados CLAP

  Una serie de irregularidades debían correr por cuenta de los parlamentarios para silenciar la corrupción del programa manejado por quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por Maibort Petit

  En dos fases habría implementado el empresario Álex Saab la supuesta estafa con las cuales desfalcó las arcas venezolanas a través del programa alimentario gubernamental de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, para lo cual debió contar con el apoyo de los diputados de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que, en su conjunto, desde entonces, pasó a ser conocida como la Fracción CLAP.

  Fuentes ligadas al caso refieren que el empresario colombiano —señalado de ser supuestamente un testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro—, en procura de acallar tal condición, así como las denuncias formuladas en contra del programa gubernamental por los altos niveles de corrupción habidos en su implementación, buscó en el grupo parlamentario al aliado necesario para silenciar el caso, nacional e internacionalmente.

  Para Saab era absolutamente necesario silenciar las acusaciones contra su empresa Grand Group Limited y el daño patrimonial que le causaron al país al estado venezolano con el corrupto e irregular programa alimentario.

Fase I: Limpieza de imagen

   Hasta ese momento, las investigaciones señalaban que el programa CLAP se instrumentó aplicando sobreprecios por parte de las empresas de Saab, lo cual causó un daño patrimonial de miles de millones de dólares. Asimismo, se había podido comprobar el daño a la salud ocasionado a la población, en razón de los productos de mala calidad que se suministraban a los venezolanos.

    La diligencia de Álex Saab consistió, entonces, en lograr que desde el seno del Poder Legislativo Nacional se silenciara tanto el daño patrimonio como los crímenes de lesa humanidad causados. Para ello, los aliados parlamentarios del empresario en la Comisión permanente de Contraloría de la AN, tendrían que hacer desaparecer el informe real de la investigación y emitir cartas de buena conducta dirigidas a bancos en España y Estados Unidos, así como a organismos internacionales y gobiernos extranjeros, con el objetivo de exculpar a Saab y sus empresas. La Fracción CLAP habría emitido 48 oficios con este fin.

  Esta primera fase de la operación, por tanto, tenía como objeto limpiar la imagen de Álex Saab y sus empresas, de manera de resguardar sus intereses financieros.

  Por su trabajo de ocultar el informe real de investigación y las pruebas del mismo, los diputados involucrados designaron una subcomisión especial para investigar el caso CLAP, conformada por Conrado Pérez (PJ), Richard Arteaga (VP) y Adolfo Superlano (UNT). Presuntamente, por esta labor, los diputados involucrados habrían cobrados USD 300.000 cada uno (otros reportes aseguran que fueron USD 400.000), así como dos camionetas por sustituir el informe original por uno exculpatorio.

   Apuntan las fuentes que la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz y su esposo, Germán Ferrer, conocían acerca de las Cartas de Buena Conducta y acordaron con Guillermo Luces, Richard Arteaga, Conrado Pérez y Chaim Bucaram no denunciar el caso, al igual que no objetar los reportes el programa y su implementación de modo de blanquear la imagen de Alex Saab.

¿Por qué era imprescindible esta operación?

  El blanqueo de la imagen de Alex Saab y sus empresas era absolutamente necesario, dado el efecto que las denuncias en su contra estaban teniendo internacionalmente ante gobiernos y en bancos e instituciones financieras.

   Las 48 cartas exculpatorias con las que los diputados cabildearon en Europa a favor de Saab debían facilitar la liberación de fondos del empresario colombiano que permanecían bloqueados en dichas instituciones europeas. Por esta diligencia, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente recibieron una comisión del 10 por ciento de los fondos que lograran liberar.

   Era igualmente imprescindible, que los parlamentarios neutralizaran a la Comisión de Contraloría, de modo que, durante un año, no se recibieran denuncias contra el programa, el empresario ni sus empresas. Las investigaciones debían detenerse. No se debía sesionar en el ente parlamentario y por ellos presuntamente recibirían, USD 10.000 mensuales.

   Las negociaciones con Álex Saab arrojarían también como resultado, la conformación y consolidación de una nueva fuerza política en el seno de la Asamblea Nacional que negociara con el PSUV la directiva de la instancia legislativa nacional.

Fase II: Poner fin a la investigación

  La fase II del plan de Alex Saab se dirigió, en segunda instancia, a silenciar las investigaciones en torno al programa CLAP.

  Era necesario poner un velo sobre los contratos suscritos con CORPOVEX, así como sobre los convenios establecidos con el FONDEN, los cuales exhiben un sobreprecio del 65 por ciento. Del mismo modo, se debía frenar el análisis químico y microbiológico de los productos contenidos en los CLAP.

  Silenciar el otorgamiento de millones de dólares sin que para ellos mediaran controles ni auditorías, era fundamental.

  Asimismo, se tenían que desaparecer las averiguaciones sobre 26 empresas que desfalcaron el FONDEN y el hecho de que el programa CLAP simplemente había servido de fachada para defraudar el referido fondo gubernamental y a CORPOVEX, al haber adjudicando millones dólares sin ningún tipo de control posterior, seguimiento, auditoría sanitaria y financiera. Negociaciones todas que se llevaron a cabo por adjudicación directa de las empresas de importación.

    Las fuentes refieren que los contratos fueron suscritos en el año 2016 por Luis Medina Ramírez, para la fecha ministro de Alimentación; por Yoffreda Giuseppe, presidente de CORPOVEX; y por Simón Zerpa, presidente de FONDEN.

    Finalmente, hay que subrayar que otra exigencia de Alex Saab era que los diputados silenciaran que Shadi Nain Saab, hijo del empresario, es el propietario de Grand Group Limited, la compañía que mantiene contratos con sobreprecio y compra alimentos no aptos para el consumo humano.

Guillermo Salas: Resolución de las elecciones de EE. UU. en las cortes podría poner en evidencia las trampas del sistema de votación venezolano

Por Maibort Petit

  Los tribunales pueden ser el escenario donde — sin ser catalogadas como teorías conspirativas y sin el veto de los medios de comunicación— se conozca en toda su dimensión la perversidad del sufragio automatizado.

  Las denuncias de fraude electoral en los Estados Unidos por parte del equipo del presidente Donald Trump que terminen en la Corte, permitirían que salieran a la luz las vulnerabilidades y trampas del sistema electrónico de votación implementado en Venezuela a través de la empresa Smartmatic, toda vez que él mismo ha sido acusado por importantes voceros de la campaña del mandatario norteamericano, como la causa de que en estos momentos se le tenga como el perdedor de la contienda.

  Específicamente, Rudy Giuliani y Sidney Powell, han hecho referencia a la utilización de software electoral diseñado por la empresa vinculada al chavismo en los pasados comicios presidenciales del 3 de noviembre.

“No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani, mientras que Powell aseguró tener evidencias de que el fraude electoral implementado en Estados Unidos tiene su origen en Venezuela[1].

  Muchas voces se han levantado en Estados Unidos para refutar esto, incluso desde el seno del propio Partido Republicano, queriendo descalificar las denuncias al calificarlas como meras teorías conspirativas.

  Pero apelar a catalogar las irregularidades denunciadas como teorías conspirativas es, al mismo tiempo, parte de la estrategia implementada a la hora de llevar a cabo un fraude electoral, advierte Guillermo Salas, fundador de la organización de contraloría electoral Esdata, un experto con larga trayectoria explicando lo que es un fraude electoral desde el punto de vista de la ciencia.

  Salas refiere que en el caso venezolano toda persona que atacara al sistema electrónico de votación impuesto por Jorge Rodríguez cuando presidía el Consejo Nacional Electoral (CNE) era catalogado de antipatriota o de divisor de la oposición, entre otras cosas.

   La sacralización del sistema electoral venezolano se convirtió, pues, en tema vetado aun entre el círculo opositor, toda vez que las referencias a su vulnerabilidad pasaban a considerarse obstruccionistas de cualquier posibilidad de entendimiento o de resolución a la crisis política imperante en el país.

  Salas subraya que todo fraude electoral de cierta envergadura lleva asociada una conspiración, la cual se puede inferir, incluso, a través de un método matemático planteado en 2007 por uno de los grupos matemáticos más importantes del mundo, Wolfram Research.

Las denuncias de Salazar

   Hay que recordar que en Estados Unidos las referencias a las irregularidades del sistema electoral venezolano no son un tema reciente, toda vez que el exjefe de seguridad del finado expresidente Hugo Chávez y luego de Diosdado Cabello, Leamsy Salazar, presentó una declaración jurada en la que habló, de acuerdo a lo que se sabe de ella pues se encuentra sellada en la actualidad, de la supuesta existencia de un sistema de control que permitía monitorear los resultados e interactuar con las máquinas de votación en tiempo real.

 

  Esta declaración jurada de Salazar, podría conocerse más profundidad en el proceso judicial que se iniciaría en caso de prosperar las denuncias de la campaña de Donald Trump ante la corte.

  “Creo que, en estos momentos, cuando se lleve a cabo en la corte de justicia de los Estados Unidos todo lo relativo al supuesto fraude cometido contra Donald Trump, permitirá también destapar el caso de Smartmatic en Venezuela. Se va a saber mucho de lo que pasó en el referendo y que continuó pasando para tapar todas las evidencias de fraude, lo cual fue asqueroso”, alerta Salas.

  Las denuncias de Leamsy Salazar fueron recogidas en el libro “Boomerang Chávez: los fraudes que llevaron al colapso a Venezuela”, del periodista español Emili Blasco que en una de sus partes señala que “Un sistema informático paralelo al oficial permitía al chavismo saber en tiempo real a lo largo del día la evolución del voto y le facultaba conocer el número de votos falsos que debía producir para girar el resultado. Eso ocurría en el marco de un proceso completamente electrónico, como es habitual en Venezuela, y con la complicidad de quien debía ser su árbitro, el Centro Nacional Electoral (CNE). Gran parte de la trampa se gestionó desde Cuba”.

El fraude es comprobable en una corte

 Guillermo Salas asegura que el fraude electoral cometido electrónicamente es perfectamente comprobable y, de hecho, las pruebas estadísticas son válidas en los tribunales estadounidenses.

  Citó el caso de un recurso introducido hace pocos años ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, en el que aun cuando ninguno de los magistrados era proclive a la tesis del fraude electoral, luego de escuchar toda la exposición sin que existiera el bloqueo de los medios de comunicación donde el asunto es vetado, concluyeron con la prohibición del voto electrónico y exigieron que se auditara el registro electoral y se impusieran una serie de condiciones para que pueda haber unas elecciones transparentes en el país.

  Luego de comentar que ningún medio de comunicación nacional comentó esta decisión —dado el veto señalado—, algunos de los magistrados se pronunciaron por la necesidad de procesar el caso penalmente.

  Con relación al caso estadounidense, Salas apunta que los juicios se deciden por el número de indicios, sobre los cuales el jurado se pronuncia acerca de si el imputado es culpable o inocente. Por lo tanto, habrá que esperar para ver si en este, la evidencia delata al cuestionado sistema electoral venezolano.

REFERENCIA

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

Smartmatic, la empresa electoral que carga con el lastre de su relación con el chavismo

   Un largo historial de acusaciones en su contra ponen en tela de juicio cualquier proceso electoral en sus manos.

Por Maibort Petit

    Desde que el equipo legal que asesora la campaña de Donald Trump aseguró que el voto en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del pasado 3 de noviembre, fue pirateado y se cambiaron las boletas correspondientes al actual mandatario para su adversario Joe Biden, el nombre de la empresa Smartmatic ha comenzado a resonar nuevamente como supuesta responsable del fraude acusado Rudy Giuliani.

  El abogado personal de Trump, sugirió que la presunta manipulación del voto habría sido responsabilidad de “una empresa propiedad de afiliados de Chávez y Maduro (…) No es posible creer que la empresa dueña de esta maquinaria electoral sea aliada de Hugo Chávez, sea aliada de Nicolás Maduro y aliada de George Soros. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a la verdad?", advirtió Giuliani.

   A las acusaciones de Giuliani se suma Sidney Powell, quien dijo tener evidencia de que el supuesto fraude “vino de Venezuela, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, de Cuba y de China, que tiene importantes intereses en Venezuela”[1].

   Los señalamientos alcanzan igualmente a Dominion Voting System, una empresa canadiense supuestamente ligada a compañía que impuso el voto automatizado en Venezuela.

   El propio Donald Trump aseguró que 2,7 millones de votos a su favor fueron “eliminados” por el sistema de votación electrónica, acusaciones que apuntan directamente a Dominion Voting System, compañía de la que en 2019 se la reportó desde la Secretaría de Estado en Texas, como llena de vulnerabilidades.

   Smartmatic niega las acusaciones en su contra, al asegurar que, en los comicios en Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan o Carolina del Norte, entidades en las que la campaña de Donald Trump cuestionó o impugnó los resultados electorales, hayan usado tecnología de su propiedad.

   Igualmente, Dominion desestimó los señalamientos y se remitió a las conclusiones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), instancias adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que aseguró que las elecciones presidenciales del 3 de noviembre "fueron las más seguras en la historia" desde un punto de vista técnico[2].

  Smartmatic sostiene que nunca ha proporcionado a Dominion Voting Systems ningún software, hardware u otra tecnología y que más bien son competidores en el mercado.

  Documentos oficiales refieren que la única relación existente entre Smartmatic y Dominion se remonta al año 2010 cuando la segunda licenció a la primera para usar escáneres ópticos en una elección de Filipinas. Una información que niega la afirmación del equipo de Trump que aseguró que aun cuando Dominion es una empresa canadiense, el software que utiliza es propiedad de Smartmatic. La advertencia de la campaña del actual presidente estadounidense se debe a que Dominion participó en las elecciones en 28 estados[3].

Smartmatic según ella misma

  Según la página web de Smartmatic, esta empresa fundada en el estado de la Florida en el año 2000 por los venezolanos Antonio Mugica, Alberto Anzola y Roger Piñate, está enfilada a “crear tecnologías de votación más seguras, accesibles y fáciles de usar, diseñadas para salvaguardar el proceso de principio a fin”, al tiempo que asegura que es “la compañía de tecnología de elecciones más grande, avanzada e innovadora del mundo”, habiendo “diseñado e implementado con éxito tecnología de votación segura para comisiones electorales en los cinco continentes en 25 países”.

   Refiere que es un proveedor aprobado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al tiempo que es miembro fundador del Subsector de Infraestructura Electoral del Departamento de Seguridad Nacional y agrega que no se basa en ninguna aplicación única para garantizar la integridad de las elecciones. “Utilizamos múltiples capas de protección, medidas de seguridad y mecanismos de control en todos nuestros sistemas de votación. Nuestra tecnología protege los votos en cada paso, desde la recopilación de datos a prueba de manipulaciones hasta el cifrado de extremo a extremo y los registros completamente auditables”[4].

   En la actualidad la compañía está en manos de Mugica y Piñate, siendo que el 83 por ciento de las acciones del capital se propiedad de sus familias, 10 por viento es de los empleados y el restante 7 por ciento, a otros inversores. Smartmatic niega ser una empresa venezolana.

   Lo cierto es que esta empresa que en el momento de su fundación funcionó en la casa de los padres de Mugica, en Boca Ratón, luego de encargarse del referendo revocatorio convocado en Venezuela para consultar a la población si quería terminar el mandato del finado expresidente, Hugo Chávez, la empresa comenzó un proceso de expansión, siete meses después habría comprado una de las empresas más grandes en los Estados Unidos encargada del conteo de votos, a saber, Sequoia Voting System firma que mantuvo bajo su dominio en 2007 cuando la vendió. A la versión de que Sequoia se convirtió en Dominion Voting System y esta sostiene que en 2010 compró "ciertos activos" a Sequoia. Después, Smartmatic comenzó a operar por Latinoamérica, habiéndose encargado de procesos electorales.

  La vertiginosa expansión de Smartmatic a partir de su participación en el referendo venezolano y también fue comentada por la Embajada de de los Estados Unidos en Venezuela, tal como reveló un cable de la instancia diplomática fechado en julio de 2006, divulgado por WikiLeaks, el cual advertía que la empresa “pasó de ser una pequeña startup tecnológica a un importante actor en el mercado, catapultado por su participación en el referendo revocatorio de agosto de 2004” y remataba diciendo que “sus verdaderos dueños —probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas— permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados“.

   En 2017, Smartmatic denunció, luego de haber participado en las elecciones para la Asamblea nacional Constituyente, que la presidenta para entonces del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, supuestamente había manipulado el boletín de participación de los comicios[5].

¿La mano de Soros?

   Los señalamientos acusan la mano de George Soros estaría detrás de todas estas irregularidades, al afirmarse que Dominion fue comprada por Staple Street Capital, que cuenta entre sus directorio  con William Earl Kennard, ex-embajador del gobierno de Barack Obama en la Unión Europea.

  Se declara [sin evidencia] que Lord Mark Malloch-Brown segunda voz de mando de la empresa especulativa Quantum Funds, propiedad de George Soros, es "padrino" de Smartmatic. Malloch-Brown preside la empresa holding SGO Corporation Ltd, presuntamente matriz operativa de Smartmatic.

 Según Giuliani, Soros y los Clinton estarían detrás del fraude cibernético, una afirmación que le valió la arremetida de todos los medios de comunicación adscritos a George Soros y a su conglomerado Project Syndicate que califica las denuncias como "teorías de la conspiración" sin fundamento.

  Desde el portal The Nation de Pakistán se dice que "el presidente de la firma del software para las votaciones ligado a Soros se encuentra en el equipo de transición de Biden": a saber, el almirante retirado, Peter Neffenger, a quien califica de ser el “mandamás de Smartmatic en EEUU”[6].

  Hay quienes van más allá y sostienen que Soros es propietario de Smartmatic desde 2014, lo cual se habría dado, como se dijo líneas arriba, a través de Mark Malloch-Brown, quien se asociaría a Antonio Mugica y conformaron la organización llamada SGO Corporation Ltd.

  Malloch-Brown es periodista que se inició en The Economist, fue funcionario de carrera de las Naciones Unidas desde al menos 1979, suponiéndose que su trabajo con los refugiados habría sido lo que lo vinculó a Soros con motivo del conflicto en los Balcanes.

  Fue administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y desde allí se ofreció para colaborar con el diálogo entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición venezolana cuando se promovía la realización del referendo revocatorio.

  Se dejado ver que el despliegue de Smartmatic coincide con la contratación de Malloch-Brown, luego de que la empresa registrada en la Florida consiguiera el contrato de la automatización del referendo revocatorio y que “el impulso de la firma como solución electoral haya venido de Malloch Brown y de Soros. Para esto fue muy conveniente posicionar la idea de que Smartmatic era una creación del chavismo”[7].

CITAS

[1] Independientes en Español. “Trump 'election fraud' lawyer claims communist plot from Venezuela to help Democrats win”. 20 de noviembre de 2020. https://www.independentespanol.com/noticias/giuliani-trump-fraude-electoral-venezuela-b1758714.html

[2] Telemundo. “Smartmatic, Hugo Chávez y un supuesto fraude: empresas rechazan acusaciones de la campaña de Trump”. 23 de noviembre del 2020. https://www.telemundoutah.com/noticias/decision/elecciones-estados-unidos-acusaciones-fraude-de-trump-smartmatic-hugo-chavez-venezuela/2036757/

[3] El Diario. “¿Dominion, empresa que gestiona el software en el conteo de votos de EE UU, es propiedad de Smartmatic?”. 13 de noviembre de 2020. https://eldiario.com/2020/11/13/dominion-votos-eeuu-smartmatic/

[4] SmarTmatic. https://www.smartmatic.com/es/

[5] BBC Mundo. “Smartmatic, la empresa a cargo del sistema de votación en Venezuela, denuncia "manipulación" en la elección de la Constituyente y el CNE lo niega”. 2 de agosto de 2017. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40804551

[6] Mundo. “Protestas en Filadelfia tras las elecciones presidenciales en EEUU ¿Existió fraude de los "algoritmos de Soros" en las elecciones de EEUU?”. 20 de noviembre de 2020. https://mundo.sputniknews.com/firmas/202011201093564491-existio-fraude-de-los-algoritmos-de-soros-en-las-elecciones-de-eeuu/

[7] AlbaSuiza. “Smartmatic Es Propiedad De George Soros (Oficialmente) Desde 2014”. 4 de agosto de 2017. http://www.albasuiza.org/es/2017/08/smartmatic-es-propiedad-de-george-soros-oficialmente-desde-2014/

Amir Nassar Tayupe: El operador que actúa tras bastidores en las tramas de corrupción de Álex Saab (I)

  El abogado sería el artífice de los esquemas a través de los cuales el empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro ha llevado a cabo sus desfalcos.

Por Maibort Petit

 

   Al analizar muchas de las denuncias de casos corrupción formuladas en Venezuela, el nombre de Amir Nassar Tayupe se convierte en un elemento conector entre los agentes vinculados a las tramas. Se trata de un abogado que figura como asesor legal del grupo Fondo Global de la Construcción, una empresa propiedad del colombiano Álex Naim Saab Morán, detenido en Cabo Verde por una orden de arresto en su contra emitida por un tribunal de los Estados Unidos que lo reclama para procesarlo por orquestar una red de corrupción que ha permitido que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen beneficiarse de la importación y distribución de alimentos en Venezuela. La fiscalía estadounidense lo acusa de lavado de dinero, violando con esta acción la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)[1].

   Nassar Tayupe se erige como una figura tras bastidores que ha sido vital en la estructuración de la supuesta red de corrupción encabezada por Saab, la cual se vale de un entramado de empresas y de relaciones que le han permitido llevar a una serie de negociaciones —señaladas como irregulares— con varios gobernantes de Venezuela.

    Uno de los casos más sonados y que mayores repercusiones ha tenido su divulgación fue el relacionado con el tráfico ilegal de oro y alimentos mediante el programa gubernamental de provisión de alimentos de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), por cuya denuncia, los periodistas del portal Armandoinfo.com, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk, Roberto Denis y Alfredo Meza, debieron huir a Colombia en razón del acoso de que fueron objeto por parte de las autoridades judiciales. La arremetida del Poder Judicial venezolano buscaba silenciar a quien habían revelado el modus operandi de un empresario a quien la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, señaló de ser testaferro de Nicolás Maduro. Detrás de estas acciones en contra de los periodistas estaba Nassar Tayupe, como abogado privado en Venezuela de Álex Saab, quien demandó por difamación e injuria a los comunicadores en septiembre de 2017. Dar a conocer la corrupción imperante en el programa de alimentación les valió el destierro a los comunicadores.

   Respecto a las negociaciones irregulares con el oro, ya el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el 19 de marzo de 2019, había impuesto sanciones contra la CVG Compañía General de Minería de Venezuela C.A. (Minerven), firma está encargada de la comercialización del oro que ha llevado a cabo estas actividades sin el aval de la asamblea Nacional, tal como lo exige la Constitución Nacional. Los recursos obtenidos por esta vía irregular le han permitido al régimen de Nicolás Maduro apuntalarse. La acción de la administración estadunidense también alcanzó a su presidente, Adrián Antonio Perdomo Mata[2]. Los periodistas de Armandoinfo.com también denunciaron estas actividades ilegales en el sector minero. Las pesquisas periodísticas los llevaron a determinar que a Perdomo Mata estaban ligados Álex Saab y Amir Nassar Tayupe.

  Según investigaciones periodísticas, autoridades de Estados Unidos habrían revocado la visa de Amir Nassar Tayupe cuando agencias federales detectaron sospechosas operaciones financieras en sus cuentas, así como gestiones a favor y en nombre de Alex Saab. Dado que la esposa e hija del abogado residen en EE. UU., la revocatoria de la visa significaría un duro golpe para él[3].

   Amir Nassar Tayupe igualmente es el asesor legal del Fondo Global de la Construcción, una empresa propiedad de Alex Nain Saab Morán que, durante los gobiernos de Hugo Chávez, en Venezuela, y Juan Manuel Santos, en Colombia, siendo cancilleres Nicolás Maduro y Mariángela Holguín, sirvió para ejecutar las obras que los mandatarios acordaron a través de la firma de un convenio para la construcción de viviendas[4].

   Haber escalado a esta posición dentro de la administración pública venezolana, les habría servido a Álex Saab y a Amir Nassar Tayupe para tejer la red de relaciones que les permitieron negociar y suscribir contratos con varios gobernadores venezolanos.

Sobre el Fondo Global de Construcción

   El portal Poderopedia informa que la empresa Fondo Global de la Construcción fue registrada en Caracas el 2 de marzo de 2012, cuyo objeto es  la compra, venta, importación, exportación, distribución, instalación, almacenaje y suministro de insumos y equipos para la construcción de edificaciones, de acuerdo con su objeto social expuesto en el Registro Nacional de Contratistas.

  Refiere que la compañía es propiedad de la empresa española FGDC LATAM 2012, que a su vez es propiedad de FGDC Malta Holdings Limited, con sede en Malta.

  Poderopedia cita las declaraciones de Luis Sánchez Yánez, vicepresidente de Finanzas de Fondo Global de Construcción de Venezuela, cuando informó que la red de empresas constituyen un fondo de inversión basado en Bahamas de nombre Universal Venture Capital. Igualmente posee otras compañías en Colombia, donde funciona la casa matriz, y en Ecuador.

  Esta empresa ejecutó en Venezuela varios proyectos, entre ellos el Centro Comercial Comunitario Catia La Mar, la Cancha El Valle, el Hotel Aeropuerto de Maiquetía, el complejo habitacional Ciudad Caribia y el estadio Carlos “Café” Martínez, en Vargas.

  En alianza con el Ministerio de Vivienda y Hábitat colaboró con la Gran Misión Vivienda Venezuela en la instalación de casas prefabricadas, proyectó por el que recibió del gobierno USD 159 millones, pero solamente entregó el equivalente a USD 3 millones.

  Las referidas casas prefabricadas fueron importadas por dos empresas aliadas al Fondo Global para la Construcción, a saber, ELM Import y Thermo Group, las cuales recibieron fondos de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). En 2013, la Fiscalía ecuatoriana inició una investigación contra Fondo Global de Construcción de Ecuador e imputó a sus accionistas por presunto lavado de activos[5].

¿Quién es Amir Nassar Tayupe?

  En su portal en internet, Amir Nassar Tayupe refiere que nació el 16 de septiembre de 1971[6], en la población de El Tigre, estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela y que es hijo de Irma Sofía Tayupe de Nassar, natural del estado Guárico y de Fuad Yousef Nassar Ladcani, de Siria.

   Informa que es abogado, egresado de la Universidad Santa María en el año 1993, con una maestría en Derecho Procesal Civil, un curso en la Universidad de Preston en la especialidad de Derecho Procesal Civil Comparado y una maestría en Derecho Petrolero en el IESA

   En 1993 se integró a la firma de Morris Sierralta y Mario Villarroel Lander y en 2010 fundó el despacho “Nasara Abogado Consultores” donde actualmente trabaja en casos en materia penal, civil y mercantil.

  Es propietario, junto a Eduardo Valenzuela Flores, del Instituto Procesal de Derecho Civil donde desarrolla eventos en materia de derecho penal, civil mercantil, administrativo, laboral[7].

  Pero el bufete y el instituto no serían los únicos negocios en los que Nassar Tayupe se desempeña, pues los periodistas de los portales Armandoinfo y Antilavado de dinero llevaron a cabo una investigación que permitió un grupo de diputados de la Asamblea Nacional viajaron por Europa con el objeto de limpiar la imagen de Álex Saab y sus empresas y determinaron que los pasajes de los parlamentarios fueron emitidos por Eurocontinentes Agencia de Viajes. Esta agencia de viajes es propiedad de Iván Caballero Ferreira, quien comparte directiva en una sociedad panameña denominada Aleaciones Metálicas del Pacífico que en la actualidad está disuelta, con Amir Nassar Tayupe[8].  

  Igualmente, Nassar Tayupe supuestamente formaría parte de empresas fantasmas que Álex Saab ha registrado en Ecuador.

CITAS

[1] U.S. Department of the Treasury. “Treasury Disrupts Corruption Network Stealing From Venezuela’s Food Distribution Program, CLAP”. 25 de julio de 2019. htts://home.treasury.gov/news/press-releases/sm741      

 

[2] U. S. Department of Treasury. “Treasury Sanctions Venezuela’s State Gold Mining Company and its President for Propping Up Illegitimate Maduro Regime”. 19 de marzo de 2019. https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm631

[3] El Publique. “Amir Nassar Tayupe, el abogado venezolano que perdió su visa estadounidense por sus vínculos con el empresario sancionado Alex Saab”. 31 de mayo de 2020. https://www.elpublique.me/2020/05/amir-nassar-tayupe-el-abogado.html

[4] YouTube. “Firma de Acuerdos entre Presidentes de Colombia y Venezuela”. 28 de noviembre de 2011. https://www.youtube.com/watch?v=orcFrGQn88k  

 

[5] Poderopedia. Fondo Global de Construcción. https://poderopediave.org/empresa/fondo-global-de-construccion/

[6] Dateas. Nassar Tayupe Amir. https://www.dateas.com/es/persona_venezuela/nassar-tayupe-amir-39881

[7] Amir Nassar Tayupe. https://www.amirnassar.com/biografia/

[8] Antilavado de dinero. “Diputados del régimen chavista que viajaron en defensa de Alex Saab”. 17 de junio de 2020. https://www.antilavadodedinero.com/diputados-del-regimen-chavista-que-viajaron-en-defensa-de-alex-saab/

  

Evanan Romero: En 5 años la Industria petrolera puede recuperarse a niveles de 2016

   Propone implementar un plan realista que parta de los actuales niveles de producción petrolera.

Por Maibort Petit

  La recuperación de la depauperada industria petrolera venezolana debe partir del diseño e implementación de un plan realistas que contemple la reconstrucción a partir de lo existente, tanto en materia de infraestructura como de capacidad de producción de crudo.

   Así lo manifestó Evanan Romero durante el foro “Propuesta para recuperar la industria petrolera”, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas dirigido por los diputados José Guerra y Ángel Alvarado y la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el cual tuvo lugar el 5 de noviembre de 2020, con la participación del también experto Juan Zsabo, bajo la moderación del diputado, Alfonso Marquina.

  Romero es ingeniero petrolero, profesor invitado de la Universidad de Harvard, expresidente de Intevep, ex ministro de Energía y Minas, expuso una ponencia sobre la industria petrolera y las posibilidades y estrategias para su recuperación.

  Inició su intervención Evanan Romero manifestando lo increíble que resulta constatar el estado de destrucción que presenta la industria petrolera venezolana.

  Primeramente, hace un diagnóstico sobre la situación actual de la industria petrolera venezolana, la cual divide en dos grandes bloques, la cuenca del Lago de Maracaibo y la cuenca oriental y, en este sentido, advierte que la primera, la zuliana, se encuentra “apagada”, pues no hay aporte de barriles petroleros esa entidad en materia de producción.

  Entretanto, oriente presenta una gran cantidad de mechurrios o venteos que revelan el estado de depauperación de la industria en esa región del país.  Explica que estos venteos a su vez significan un problema ecológico, pues, datos de hace dos años indican que para ese entonces se estaban lanzando al aire 2 mil millones de pies cúbicos de gas.

   Sostiene que esta debacle de la industria se inició en 2014, fecha que coincide con la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de la república, al haberse ubicado la producción petrolera en los mismos niveles de 1930. Advierte que el estado actual de Petróleos de Venezuela S.A. no obedece ni a la pandemia ni al declive natural que experimentan los pozos, sino a la paralización mecánica ha que han conducidos las políticas que rigen la industria.

    Tal panorama, subraya, ha llevado a que Venezuela experimente una ausencia de ingresos fiscales, producto de la paralización de la industria petrolera cuyos ingresos ni siquiera cubren los costos de producción.

El plan

  Para Evanan Romero es fundamental sustentar el programa de recuperación de PDVSA en la realidad existente, por lo que el plan a implementar no debe erigirse proyectando escenarios irrealizables, sino contemplar tanto el estado actual de la infraestructura, como la capacidad de producción existente.

   Manifestó que es necesario reconstruir el sector petrolero nacional partiendo de lo que ya tenemos, no generar nuevas cuencas, sino laborar sobre lo ya existente.

    Precisó que la cuenca oriental cuenta con 18 mil millones de barriles que pueden ser recuperados con la utilización de tecnología convencional, mientras que en el Lago de Maracaibo hay una desactivación total de la producción, pero con una capacidad de unos 10 mil millones de barriles. Es decir, entre las dos cuencas hay suficientes reservas para reactivar la industria.

   Eso sí, reiteró, siempre planteándose objetivos posibles y escenarios creíbles.

  De este modo, indicó que, además las circunstancias propias de la industria petrolera en Venezuela, es preciso tomar en cuenta la crisis generada a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, la cual bajó la demanda de crudo en el orbe y alteró los pronósticos a futuro.

  Recuperar el país, en general, y la industria petrolera nacional en particular, en medio de este panorama, es lo que lleva a establecer metas y objetivos posibles y creíbles, tal como lo es la de, en un plazo de cinco años, llegar a los niveles de producción de 2016. Alcanzarlo, subraya, debe considerarse un éxito, pues ello permitiría un crecimiento y una recuperación sustancial.

  Poner los pies sobre la tierra al momento de proyectar, lleva a no pretender crear nueva infraestructura, sino trabajar con la existente. Por ejemplo, apunta que en la actualidad la cuenca del Lago de Maracaibo carece del gas necesario para la producción, por lo cual la solución pertinente está en la utilización del de Falcón, el cual hay que hacer llegar a la región zuliana.

¿Qué hacer?

   Evanan Romero destaca que es imprescindible tomar una serie de decisiones que son de carácter político y la primera de ellas es romper con el paradigma establecido en 1975 con la nacionalización petrolera. Es imposible, pues, seguir con la misma estructura en la que el estado es propietario, operador y regulador del sector petrolero venezolano.

  Para hacer posible la recuperación de la industria petrolera es necesario hacer atractiva la inversión, por lo que hay que corregir la normativa vigente.

   Informó que en el seno de la Asamblea Nacional reposa un proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos en el que se corrige esta situación, por lo que aprobarlo es vital. Lo que procede es abrir la industria petrolera venezolana a todos los sectores e inversiones, lo cual no es fácil, toda que vez que Venezuela exhibe el riesgo país más alto del mundo. “Somos el país más caro según los analistas”, advierte.

  Por esta razón, la nueva legislación debe crear un nuevo ente regulador de actividad petrolera, el cual no puede ser un ministerio o PDVSA como hasta ahora. Hay que derogar las leyes del chavismo que llevaron el país al escenario actual, sobre todo “Una ley de hidrocarburos donde todo es para el estado, que estatizó y confiscó a los proveedores servicios altamente especializados de inyección de gas natural, agua, vapor y servicios lacustres”.

    En Venezuela, sostiene Romero, es fundamental promover la participación de operadores privados en la industria petrolera para poder recuperarla, pero para ello hay que hacer atractiva la inversión deslastrándola de cualquier elemento confiscatorio.

   Las empresas mixtas, dice, una figura ya existente, pudiera ser el instrumento para en lo inmediato canalizar estas inversiones, así como la creación de un fondo petrolero con la salida de las mismas (de las empresas mixtas).

  Hay que ceder los derechos de explotación y la autoridad para comercializar los hidrocarburos, sentencia.

   También hay que limitar la operación estatal con outsourcing de la infraestructura de recolección y procesamiento de gas y condensados, creando el sector de corrientes intermedias.

   Finalmente, Romero llama a diseñar un programa especial que aliente el retorno y el espíritu empresarial de los profesionales petrolero que abandonaron el país.