CITGO acusa al fallecido Nelson Martínez de entregar un contrato millonario corrupto a la empresa de su sobrino, Rothwell Energy Services LLC

   En el documento presentado por CITGO se asegura que el contrato se otorgó a Rothwell en razón de los vínculos que esta empresa tenía con el entonces CEO de la filial de PDVSA en EE. UU., Nelson Martínez.

Por Maibort Petit

   Hasta la fecha no se había hecho alusión directa a Nelson Martínez, el expresidente de CITGO Petroleum Corporation al momento de que este suscribiera un contrato con Rothwell Energy Services LLC, para la adquisición e instalación de plantas desalinizadoras en Venezuela. La contrademanda que CITGO presentó contra dicha empresa en el Tribunal del Condado de Harris, en Texas, acusa que el fallecido Martínez otorgó el referido contrato, "dado los vínculos de la contratista con un familiar suyo".

   Aunque la contrademanda se refiere a los socios de Nelson Martínez como “otros” sin mencionarlos por sus nombres, fuentes ligadas al caso refirieron a Venezuela Política que se trata de José Luis De Jongh y los seis exfuncionarios de CITGO que se encuentran detenidos en Caracas, a saber, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira.

  La fuente sostiene que los abogados de CITGO manipulan la realidad al presentar a Rothwell como la parte que incumplió el contrato, cuando la verdad es que nadie en la filial habría cumplido con su responsabilidad de monitorear las operaciones antes de realizar los pagos.

   Además, el informante asegura que el monto de los pagos realizados a Rothwell supera lo referido en la contrademanda, USD 5.542.241,77, pues en realidad, supuestamente, se habrían cancelado más de USD 10 millones.

La contrademanda de CITGO

  El 14 de mayo de 2021, John Zavitsanos, abogado de la firma Ahmad, Zavitsanos, Anaipakos, Alavi & Mensing PC, en representación de CITGO Petroleum Corporation, presentó ante la Corte del Condado de Harris, en Texas, la Cuarta Respuesta Enmendada y Segunda Contrademanda Enmendada del caso que ventila en esa instancia judicial entre la filial de la petrolera venezolana y la empresa Rothwell Energy Services LLC, a la que reclama daños reales, daños ejemplares, intereses previos y posteriores al juicio a la tasa permitida en la ley, las costas judiciales, honorarios de abogados y cualquier otra compensación adicional, por contrato, por ley o en equidad a la que tenga derecho.

   CITGO niega que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se haya unido a la demanda en razón de que tuviera interés en el contrato de servicio y porque las plantas desalinizadoras que son razón del mismo, debían ser transferidas por Rothwell a ella a través de una factura de venta y cesión.

  Además, CITGO niega que deba dinero alguno a Rothwell aunque admite que si el tribunal determina alguna deuda, esto no será conforme a una cuenta jurada. La filial incorporó las declaraciones de Brian Boudreaux en apoyo de la denegación del reclamo del demandante.

Lo que sostiene CITGO

  Alega CITGO que cualquier pago a Rothwell, así como el cumplimiento adicional del Acuerdo, sería imposible, impracticable y/o ilegal en razón de que violaría las sanciones impuestas por EE. UU. referidas en las Órdenes Ejecutivas 13808, 13850 y 13884.

    Refiere que la cláusula de fuerza mayor en el Acuerdo impide que CITGO adeude o realice pagos a Rothwell, además de excluir la reclamación de esta por daños y perjuicios.

   CITGO asevera la defensa afirmativa de pago y refiere que ya pagó a Rothwell la cantidad de USD 5.542.241,77 de conformidad con el contrato, lo cual queda corroborado con la Declaración Jurada de Gina Coon, tesorero corporativo de la empresa petrolera. Subraya que este monto cancelado es mayor al realmente tenía derecho Rothwell.

   En razón de estos pagos, CITGO se acoge a la defensa afirmativa de compensación y sostiene que Rothwell no le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado todas las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

 Asimismo, CITGO afirma la defensa afirmativa de falta de mitigación, satisfacción y fraude.

  La petrolera venezolana en EE. UU. niega que Rothwell cumpliera con todos los requisitos para pagarle los montos que solicita, así como tampoco ha certificado pagos a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores; todos los embargos han sido liberados; se han cumplido todos los criterios de la prueba de desempeño para el trabajo por el que solicita pago; o que se haya proporcionado la documentación necesaria de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO afirma que el Acuerdo prohíbe la recuperación del lucro cesante y cualquier otro daño emergente que busque Rothwell.

   Entre los señalamientos de CITGO se alega que Rothwell obtuvo el contrato a pesar de que carecía de la experiencia necesaria para instalar plantas desalinizadoras, esto en razón de la estrecha relación, familiar o de otro tipo, existente entre su propietario y Nelson Martínez, para la fecha de la negociación, Director Ejecutivo de la filial de PDVSA.

   Martínez ordenó que CITGO otorgara a Rothwell el acuerdo y esta última presentó su oferta sobre el Proyecto directamente a este Martínez, luego de que Laymar Peña, una exempleada del departamento de adquisiciones le notificara sobre el mismo. Peña se declaró culpable de delitos de corrupción ante la Corte del Distrito Sur de Texas-División en Houston y se encuentra a la espera de sentencia.

Los cargos

  CITGO Petroleum Corporation presentó ocho cargos contra Rothwell, el primero de ellos por Conspiración para violar el deber fiduciario, indicando que Martínez y otros tenían una relación fiduciaria con CITGO y violaron los deberes fiduciarios que le debían a la empresa.

   Tales incumplimientos de los deberes fiduciarios ocasionaron un daño a CITGO y/o resultaron en un beneficio para Rothwell, una empresa, como se ha dicho, en la que Nelson Martínez tenía intereses y con la que, mediante sus socios, buscaba un propósito legal por medios ilegales.

   Martínez y otros, quienes le debían a CITGO lealtad, violaron intencionalmente sus deberes fiduciarios, sin limitación, tomando medidas para dirigir la adjudicación del Acuerdo a Rothwell, perpetuando la participación en el Proyecto y/o inducir pagos de CITGO a Rothwell.

  CITGO sufrió un daño como resultado inmediato del hecho ilícito, sostiene la empresa para sustentar el cargo.

   El segundo cargo 2 es por Ayudar y favorecer el incumplimiento del deber fiduciario, argumentando que Rothwell tenía conocimiento de que la conducta de Martínez y de otras personas constituía un incumplimiento de sus deberes fiduciarios para con CITGO.

   Sostiene CITGO que Rothwell le brindó a Martínez asistencia para quebrantar sus deberes fiduciarios, lo cual fue un factor sustancial en el incumplimiento del director ejecutivo s de sus deberes fiduciarios para con la filial de PDVSA.

   En el tercer cargo, por Incumplimiento de contrato (desempeño), CITGO refiere que existía un contrato válido y ejecutable entre ella y Rothwell en forma de Acuerdo. En tal sentido, como signatario del contrato CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento.

   Se indica que Rothwell violó el Acuerdo al no proporcionar la cantidad acordada de plantas de agua ni en la fecha acordada; por no realizar correctamente ni plenamente su trabajo en virtud del Acuerdo; por realizar trabajos no autorizados; por no completar la preparación del sitio, la instalación, la puesta en servicio y/o de las plantas de desalinización; por no proporcionar un cronograma de proyecto adecuado; por no realizar su trabajo de manera expedita y eficiente; por no tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del calendario del Acuerdo; por no agregar personal adicional, trabajar horas extras, para cumplir con el cronograma del Acuerdo; por no subsanar el trabajo ineficaz; por no cumplir con los horarios de envío, instalación y puesta en marcha; por cambiar y/o desviarse de las especificaciones sin la aprobación previa por escrito del representante autorizado de CITGO; por no informar adecuadamente el avance de la obra, entre otras.

   El cuarto cargo es por Incumplimiento de contrato (defensa y/o indemnización), refiriendo CITGO que en el acuerdo, una serie de anexos establecen que "El Contratista se compromete a indemnizar incondicionalmente por completo, mantener indemne y defender, a costa exclusiva del Contratista, la Compañía (...) de y contra todas las Responsabilidades y Daños (...) reclamados por (...) el Contratista (...) que surjan directa o indirectamente de o en cualquier forma relacionada con el desempeño o incumplimiento de este Acuerdo o el Trabajo u operaciones cubiertas o contempladas por este Acuerdo, sin tener en cuenta la causa o las causas del mismo (...)".

   Como parte del Acuerdo, CITGO puede entablar una demanda por incumplimiento del contrato por parte de Rothwell, la cual violó el Acuerdo, sin limitación, al iniciar una demanda, no defender y/o no indemnizar a la petrolera de acuerdo con las disposiciones anteriores.

   El quinto cargo es por Incumplimiento de la garantía expresa de los servicios, alegando CITGO que Rothwell le vendió servicios y ofreció garantías sobre la calidad y características de los servicios.

   Sostiene que Rothwell violó las garantías que otorgó a CITGO, al no realizar el trabajo de manera ágil y eficiente, al no proporcionar una administración y supervisión empresarial eficiente en todo momento; al no realizar trabajos libres de defectos de mano de obra; al no proporcionar equipos, materiales y suministros libres de defectos y que cumplan con todas las especificaciones; al no proporcionar personal con las habilidades, la capacitación, los antecedentes, las licencias y los registros adecuados para realizar el trabajo de manera buena y profesional; al no utilizar principios y prácticas de ingeniería sólidos.

  El sexto cargo por Sentencia declaratoria refiriendo que, al existir una controversia de carácter judicial entre las partes, la Corte debe determinar los derechos de CITGO y declarar que Rothwell violó las disposiciones de defensa, exoneración de responsabilidad y/o indemnización del Acuerdo.

   Quiere CITGO que se establezca que los pagos a Rothwell violan las sanciones impuestas por EE. UU. y hacen que el cumplimiento sea impracticable, imposible y/o ilegal.

   Al mismo tiempo, CITGO solicita una declaración de que está eximido de cumplir mientras existan sanciones de conformidad con la cláusula de fuerza mayor del Acuerdo.

  El séptimo cargo, por Enriquecimiento injusto precisa que Rothwell ha retenido injustamente un beneficio en detrimento de CITGO en el monto de los pagos en exceso que se le hicieron en virtud del Acuerdo. Esta retención viola los principios fundamentales de justicia, equidad y buena conciencia.

   El octavo cargo, por Dinero refiere que Rothwell posee dinero, en forma de sobrepagos, que, en equidad y conciencia, pertenece a CITGO.

El Superintendente de Bancos del régimen de Maduro, Antonio José Morales Rodríguez será ascendido a Coronel, categoría efectivo

Por Maibort Petit

     El Ministerio del Poder Popular para la Defensa del régimen de Nicolás Maduro presentó la lista de los oficiales que serán ascendidos el 5 de julio de 2021. En la lista de Tenientes Coroneles del Ejército, que pasarán al rango de Coronel en la categoría de Efectivo de Comando de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, se encuentra en primer lugar, Antonio José Morales Rodríguez, ex edecán del fallecido, Hugo Chávez Frías y, desde el 8 de junio de 2017, se desempeña como Superintendente de Bancos del régimen de Nicolás Maduro.  

  Morales  Rodríguez fue Director del despacho de la Presidencia en 2010 y también dirigió la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Sudeban.

    Los críticos de Morales Rodríguez advierten que funcionario del régimen "no ha estado en ninguna unidad del Ejército, y que su ascenso sólo corresponde a su servicio a la cúpula política y no a su papel en las Fuerzas Armadas".

Aquí está la lista:

Samark López Bello pidió a la corte que se anule su designación como narcotraficante y testaferro de Tareck El Aissami hecha por la OFAC, tras lo cual le confiscaron activos por un valor de $160 millones

 Por Maibort Petit

    Samark López Bello introdujo una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo designó como un narcotraficante por la Ley Kingpin, argumentando que es víctima de una campaña falsa que lo identifica como un capo junto al actual ministro de petróleo del régimen venezolano, Tareck El Aissami. 

   La querella fue presentada el martes por los abogados de López Bello ante la corte federal del Distrito de Columbia. 

      En los documentos oficiales, el demandante señala que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y los demás acusados, ​​han ejercido ilegalmente sus autoridades en virtud de la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros al sancionar a Samark López Bello, bloquear y confiscar sus propiedades en los Estados Unidos y devastar sus operaciones comerciales y su reputación internacional. 

  Sostiene que al emprender esa acción, "los Demandados han difundido información errónea y rumores sin fundamento para hacer alegatos perjudiciales sobre López Bello que, además de ser falsos, combinan criterios de designación separados". 

   La demanda dice que los acusados ​​"han hecho esto sin avisar con imparcialidad a López Bello sobre cómo y si los tratos con ciertas partes constituyen una conducta sancionable y sobre la base de supuestos "hallazgos" que siguen ocultos para él".

    En la demanda se destaca que "el 13 de febrero de 2017, la OFAC designó a López Bello en virtud de la Ley Kingpin para brindar asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades de tráfico internacional de narcóticos y actuar en nombre o en representación de un narcótico especialmente designado traficante (SDNT) o persona designada en virtud de la Ley Kingpin. Este SDNT fue identificado por la OFAC como Tareck Zaidan El Aissami, quien era, al momento de la designación, el Vicepresidente del Gobierno de Venezuela".

   Los abogados sostienen que "las acusaciones de la OFAC y las pruebas que las respaldan son falsas, si no totalmente inventadas. López Bello es un empresario internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los Demandados". 

    López Bello niega que haya proporcionado asistencia material, apoyo financiero ni bienes o servicios de apoyo de las actividades de tráfico internacional de estupefacientes de El Aissami ni de ningún otro individuo. 

   Asimismo, asegura que no actúa en representación de El Aissami. "A la fecha de hoy, López Bello no tiene conocimiento de que El Aissami esté involucrado en el tráfico de drogas y ciertamente es incapaz de brindar apoyo a actividades de las que no tenía conocimiento o en las que no estaba involucrado".

    La demanda dice que "los acusados ​​están actuando más allá del alcance de sus autoridades legales y en contradicción directa con el debido proceso constitucional. La razón es clara: el registro de respaldo de la OFAC no puede posiblemente, y mucho menos razonablemente, contener evidencia que demuestre que López Bello estaba brindando asistencia material, apoyo financiero o bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, ni actuando para o en nombre de, un SDNT". 

   Asegura que El Aissami fue designado simultáneamente y como parte de la misma acción de designación dirigida a López Bello. "De hecho, la designación de El Aissami bajo la Ley Kingpin se anunció en el mismo comunicado de prensa que anunció la designación de López Bello, y tanto El Aissami como López Bello fueron propuestos para su designación en un memorando probatorio común". 

   Agrega que "El Aissami solo se convirtió en SDNT y persona designada en virtud de la Ley Kingpin el 13 de febrero de 2017, es decir, la misma fecha en la que López Bello fue designado para brindar apoyo material a las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes y para actuar en nombre o representación de El Aissami".

  Argumenta que los Demandados designaron a López Bello "basándose en una creencia errónea de que brindó apoyo o servicios a las actividades de tráfico internacional de, o actúa para o en nombre de, una persona que no era un SDNT durante el tiempo en el que supuestamente ocurrieron esas actividades". 

   "Al designar a López Bello de esta manera, los Demandados han actuado más allá de las autoridades estatutarias delegadas en ellos y de manera arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. § 706. Por lo tanto, la designación de López Bello por parte de los acusados ​​en virtud de la Ley Kingpin es ilegal y debe anularse".

   Afirma que las consecuencias de las acciones ilegales de los demandados han sido inconmensurables y van más allá de las que tradicionalmente han sufrido otras partes designadas por los entes del gobierno de los Estados Unidos, entre las cuales mencionan las siguientes:

1) López Bello y sus empresas estadounidenses y extranjeras han sido designadas por la OFAC y/o bloqueados de conformidad con la Ley Kingpin, 

2) Se han bloqueado los bienes inmuebles y otros activos de López Bello con sede en Estados Unidos. 

3) Las personas extranjeras corren el riesgo de ser objeto de sanciones por participar en transacciones con López Bello o sus empresas, cuyo efecto ha sido socavar la capacidad de López Bello para realizar negocios incluso fuera de los Estados Unidos. 

4) López Bello ha sido injustamente investigado y acusado penalmente por delitos de que intentó hacer que personas estadounidenses comerciaran con propiedad bloqueada en violación de las regulaciones que implementan su designación.

5) Finalmente, y lo que es más dañino, terceros han utilizado las acusaciones falsas de la OFAC para ejecutar contra los activos bloqueados de López Bello en satisfacción de sentencias dictadas contra grupos terroristas designados por Estados Unidos con los que López Bello no tiene relación o conexión. Esto tuvo el efecto de transformar la acción de bloqueo de la OFAC en un mecanismo para la incautación y decomiso de los activos estadounidenses de López Bello. 

   Advierten que al momento de la presentación de la demanda, a Samark López Bello se le ha confiscado activos por valor de aproximadamente $ 160 millones como resultado de una acción ilegal de la OFAC que lo ha difamado indebidamente y atacado ilegalmente y se negó a cualquier forma significativa de debido proceso para impugnar su designación. 

    En la demanda, López Bello se autodenomina "destacado empresario con experiencia internacional en los campos de la ingeniería industrial, el comercio de materias primas y equipos y la logística para la industria del petróleo y el gas. Como su CEO y presidente, López Bello desarrolló Profit Corporation, C.A. que se convirtió en líder del mercado energético venezolano en las áreas de ingeniería de soluciones, procura y construcción. 

   Igualmente sostiene que "López Bello dirige Yakima Trading Corporation, que brindó servicios profesionales para la industria venezolana de petróleo y gas, incluido el comercio de materiales ferrosos y en la adquisición de materiales y equipos necesarios para viviendas prefabricadas de alta calidad para albergar tripulaciones para la industria petrolera". 

   En los documentos, López Bello dice que creó "Postar, una empresa de logística que obtenía materiales de construcción y los enviaba a Venezuela en kits de vivienda que brindaban fácil acceso a una vivienda digna para las personas que vivían en la pobreza".

 En la demanda asegura que López Bello se dedica al trabajo humanitario dentro de Venezuela. "Por ejemplo, fundó The Profit Foundation, que brinda apoyo financiero regular para beneficiar a niños en riesgo, ayudó a financiar la construcción de una escuela y apoyó centros de salud rurales para mejorar la atención a los pacientes". 

    La demanda argumenta que la OFAC no cuenta con evidencias sólidas para acusarlo sino informes y reportes de prensa. Hacen referencia a un artículo de julio de 2013 del periódico en línea de Venezuela, Reportero24, que dice que "López Bello está‘ vinculado como como testaferro de El Aissami. El artículo afirma que López Bello tiene un patrimonio neto estimado de mil millones de dólares ”.

   "En ninguna parte de las partes no redactadas del expediente administrativo la OFAC evalúa la credibilidad del artículo de julio de 2013 del Reportero24 ni la base de la confianza de la agencia en sus alegatos concluyentes sobre López Bello", advierte.

   Acota que "las partes no redactadas del expediente administrativo no evidencian la corroboración de la OFAC de las alegaciones del artículo de Reportero 24 de julio de 2013 sobre López Bello".

El Estado Comunal en Venezuela: Una realidad que se consolida día a día pese a las voces que se levantan en su contra (II)

   En resumen, la instauración de este modelo sólo estaría propiciando la creación de un estado paralelo, caracterizado por el control social y por el supuesto ejercicio de la soberanía a través de la imposición de lo que se ha dado en llamar “poder popular”.

Por Maibort Petit

   En el proceso de consolidación socialista mediante la estructuración del Estado Comunal, de nada o muy poco han servido los argumentos que diversas voces han levantado en su contra, caracterizados estos por serias y sesudas advertencias acerca de lo que tales circunstancias significarían para el país en los próximos años.

   Ya en 2010, el constitucionalista Allan Brewer Carías, alertó que tanto el poder popular como el estado comunal atentaban con el estado federal descentralizado que rige los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad que establece el artículo 4 Constitucional.

   El conjunto de leyes aprobados de manera irregular desde entonces, tenían por objetivo la organización del estado comunal, el cual tiene la Comuna como su célula fundamental, suplantando inconstitucionalmente al municipio como unidad política primaria de la organización nacional. En pocas palabras, a decir del especialista, el Estado Comunal pasa a sustituir al estado Constitucional.

  Dejó sentado Brewer Carías que el estado Comunal basado en el Poder Popular el cual constituye supuestamente la manera directa de ejercer la soberanía, cuando en realidad se hace a través de “voceros” que representan al pueblo, aun cuando no son electos universal, directa y secretamente.

   El constitucionalista precisó que esta regulación en paralelo de dos Estados y formas de soberanía, el Estado Constitucional regulado por la Constitución y, el otro, el Estado Comunal, o Estado Socialista, regulado mediante leyes orgánicas inconstitucionales, se ha impuesto de manera tal que el segundo irá “estrangulando” al primero, hasta destruirlo completamente[1].

Imposición de arriba hacia abajo

  También la revista Nueva Sociedad (NUSO), en su número 274 correspondiente a marzo-abril de 2018, en un trabajo denominado “Socialismo y comunas en Venezuela”, firmado por Margarita López Maya, con la intención de interpretar el rol que las comunas y consejos comunales jugaron en el proyecto político liderado por Hugo Chávez.

  En su análisis advierte que el Estado comunal, organizado en comunas, se planteó en el segundo gobierno de Chávez para sustituir la democracia representativa y participativa que establece la Constitución.

  Sostiene López Maya que la concepción socialista de los documentos y prácticas oficialistas que moldean consejos comunales y comunas, revelan una dinámica impuesta de arriba hacia abajo, algo que sólo redujo y partidizó el pluralismo comunitario propio de las organizaciones impulsadas en la primera administración de Chávez.

   Para la historiadora y miembro centro de estudios políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), los consejos comunales y comunas podrían constituirse en espacios para el desarrollo de igualdad, corresponsabilidad, solidaridad y alternativas productivas de trabajo colectivo y propiciar la ciudadanía y el empoderamiento, pero enfrentan obstáculos insalvables obstáculos, pues o se desintegran, o se constituyen como meras correas de distribución de los bienes que otorga el gobierno a cambio de lealtades políticas.

   Subraya que la comuna es una innovación participativa que se crea para fortalecer lo que el gobierno llama el poder popular, un concepto cercano al socialismo cubano. Igualmente destaca que la expresión “poder popular” no existe en el texto de la Constitución de 1999, así como tampoco en las Líneas Generales del Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

   “El concepto que usa el léxico constitucional es el de soberanía popular, que parece sinónimo, pero no lo es, porque se refiere en las democracias modernas al poder del pueblo, tanto constituyente como constituido. Todos los ciudadanos son depositarios de la soberanía popular y la ejercen principalmente mediante el sufragio. La soberanía popular implica representación como participación directa e incluye derechos civiles y políticos individuales”, sostiene López Maya.

  Refiere que el poder popular se define en los primeros documentos oficiales como un poder constituyente, distinto del constituido. “Se trata de un poder que se diferencia del poder del Estado y emerge en la sociedad en espacios colectivos asamblearios. Su sujeto político es colectivo, no individual”.

  El Poder Popular distinto de la soberanía popular de la Constitución, se planteó en el proyecto de reforma constitucional rechazado por los venezolanos en 2007. Lo planteado en el artículo 16 del proyecto de reforma era una nueva estructura del poder público, conformada por “comunidades”, que denominó “núcleos espaciales del Estado Socialista”, los cuales no nacen del sufragio, “sino de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”.

  Margarita López Maya refiere que ya en el gobierno de Nicolás Maduro, este “no entiende la participación como una herramienta que permita a la gente resolver sus problemas, desarrollar atributos de ciudadanía, fortalecer lazos comunitarios y crear una democracia más robusta. Sus políticas, más bien, utilizan las organizaciones para distribuir bienes o dinero como formas de control social, en procura de apoyos políticos. Eso sí, vienen acompañadas de una pomposa retórica revolucionaria sobre el poder popular”.

   Para Nicolás Maduro, asegura, las comunas y los consejos comunales solamente son “un instrumento de apoyo del poder concentrado en un liderazgo personal y autoritario, que impone a toda la sociedad un proyecto sin consulta y a contracorriente de la tradición democrática que, como fruto de una larga lucha, se había enraizado en el país”.

Estados y municipios convertidos en cascarones vacíos

   Para el politólogo y experto en desarrollo regional, Daniel Arias Alfonzo, no hay dudas de que el objetivo del proyecto de Ley de Ciudades Comunales, es concretar el proceso político, económico y social que, durante los últimos 21 años se ha venido instaurando. La aprobación de este instrumento legislativo es, para el especialista, el rematar de una buena vez la estructura político-administrativa que haga permanente los postulados filosóficos del PSUV.

   De acuerdo a Arias Alfonzo, cuya opinión la resume una nota de El Nacional, la propia exposición de motivos de la ley señala que “Las Ciudades Comunales están llamadas a ser epicentros de revolución cultural, de configuración de una nueva ética socialista más allá de los valores destructivos del  capitalismo; deben  ser  sustentables  y  ecosocialistas; deben  apostar por nuevas  relaciones sociales que logren territorializar la lucha antipatriarcal, avanzando en la  construcción  de  territorios libres de violencia y en formas organizativas cada vez más paritarias entre hombres y mujeres. La democracia participativa y protagónica garantiza cada vez más poder para el pueblo venezolano”.

  Considera que el éxito del proyecto depende esencialmente de las disposiciones establecidas en su reglamento, una materia que se desconoce totalmente a la fecha. La reglamentación del instrumento será la que aclare detalles y categorización como la naturaleza propia de cada ciudad comunal, de tal manera de hacerla manejables para los planificadores oficialistas. En tal sentido, apunta que la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba reconoce como ciudad a las poblaciones urbanas de más de 20 mil habitantes, mientras que las poblaciones de carácter urbano entre 2 mil y 20 mil habitantes son catalogados como pueblos.

   Por otra parte, Daniel Arias subraya que el proyecto de Ley de Ciudades Comunales no permite la participación activa de los empresarios locales, sin que antes medie su transformación a los mecanismos socioproductivos de carácter socialista planteados por el gobierno. Esto, a su modo ver, imposibilita la participación y protagonismo de los sectores económicos de la vida nacional.

  Refiere que, fuera del oficialismo, existe un desconocimiento casi absoluto acerca de las 4 mil comunas existentes en el país. Para ejemplificar esto alerta que cualquier encuestadora, sería muy difícil crear una estructura para 30 millones de habitantes, si el ciudadano común no percibe alguna práctica de las comunas en su vida cotidiana e, incluso, si se toma en cuenta que para los propios dirigentes regionales del oficialismo el número exacto de las comunas de su entidad es desconocido.

  Otra advertencia de Daniel Arias se dirige hecho de que, tal como ocurrió con las leyes de creación de los Consejos Comunales y Comunas, el PSUV está monopolizando esta actividad alrededor de sus militantes del PSUV, obviando a los ciudadanos de las distintas corrientes políticas. Esto sólo deriva en el rechazo de estos sectores hacia esta nueva institución, independientemente de su contenido e intención.

  Tajantemente, Arias Alfonzo asegura que la Ley de Ciudades Comunales se erige como el esfuerzo del PSUV de concretar de manera permanente sus planteamientos de los últimos 22 años, al darle figura a una estructura administrativa que sustituya el modelo político administrativo de los últimos 200 años de historia venezolana.

  Lo resume como el proyecto más acabado para establecer el modelo de la democracia participativa y protagónica en todas las instancias de la vida nacional bajo una fórmula de autogobierno comunal, de carácter parlamentario local.

   Daniel Arias estima que la factibilidad y concreción final de este proyecto depende de la colaboración total de alcaldes y gobernadores en la transferencia de competencias y recursos financieros, “pero mucho más de la existencia de una Hoja de Ruta nacional, que establezca una metodología de funcionamiento que se adapte a cada realidad local, por lo cual la redacción final del Reglamento de la Ley, será fundamental para su éxito o fracaso”.

  Finalmente, deja sentado que la transferencia de competencia de Estados y Municipios, puede significar, sencillamente, el transformar a estos últimos en “cascarones vacíos”, sin necesidad de tener que eliminarlos[2].  

Estado paralelo

  De acuerdo al abogado constitucionalista, Gustavo Manzo, en declaraciones que recoge Efecto Cocuyo[3], la creación de las Ciudades Comunales como unidades espaciales con autonomía relativa dentro de su ámbito territorial, replica las funciones de los poderes públicos en todos sus niveles, lo cual no es otra cosa que la creación de un estado paralelo.

  Dicho estado paralelo entra en contradicción a la letra de la Constitución, toda vez pues lo planteado ameritaría, no una reforma, sino un nuevo texto constitucional. “En la ley se habla de socialismo pero no podemos convertirnos en un estado socialista por imposición, es como si se decidiera por voluntad de un sector ser un estado musulmán. La ciudadanía debe poder tener derecho a no ser socialista”, alerta Manzo al tiempo que recuerda que el oficialismo aspira crear 200 ciudades comunales durante el primer semestre de este año.

  Refiere Manzo que la construcción del socialismo que se persigue mediante la aprobación d e esta ley, no es otra cosa que la violación del artículo 2 constitucional, el cual consagra el pluralismo político e impone un modelo que fue rechazado en referendo popular en 2007.

  Respecto a la transferencia de competencias que contempla el proyecto legislativo, Gustavo Manzo alerta que para ello sería necesario llevar a cabo un proceso constituyente, toda vez que la Carta Magna en sus artículos 16 y del 164 al 168, es clara respecto a la división política y territorial de la república, así como sobre las competencias y los ingresos de los estados y municipios. De manera contundente, reitera que otras figuras territoriales adicionales están al margen de la Constitución.

   Recuerda que el artículo 16 de la Constitución establece que el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales y que el territorio se organiza en municipios. “Tratan de imponer por la vía de una ley nueva forma del Estado y el artículo 347 dice que para reformar el Estado se requiere una Asamblea Nacional Constituyente”.

El situado constitucional en riesgo

   La nota también cita la opinión del constitucionalista Juan Manuel Raffalli, quien subraya que el desvió de los recursos de los estados y municipios a la ciudad comunal, sencillamente pone en peligro el Situado Constitucional de gobernaciones y alcaldías.

  Para el experto, los más afectados serán los gobiernos locales, por cuanto las ciudades comunales se erigirán como municipios paralelos.

  Del mismo modo, Raffalli recuerda que el artículo 136 de la Constitución estipula que el Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, Poder Estadal y el Poder Nacional, mientras que, a su vez, el Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral, por lo que cualquier otra forma de división a la establecida en la Carta Magna, es contraria al texto fundamental.

Control social

  Para la organización Acceso a la Justicia, con el alegato de promover la. Democracia participativa, se pretende aprobar el Estado Comunal que, por ninguna parte de su texto, está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

  El gobierno de Nicolás Maduro se ha propuesto así implantar el estado comunal rechazado en referendo popular en 2007 cuando el finado Hugo Chávez, lo presentó dentro de su proyecto de reforma constitucional.

   Advierte la organización que la aparente promoción de la democracia participativa con sus supuestos propósitos de inclusión, en realidad constituye un modelo que aumentará el control social y el poder del Ejecutivo nacional sobre la ciudadanía.

  Estima Acceso a la Justicia que la normativa propuesta, así como la ya vigente, exige que todas las organizaciones comunales estén constituidas con el propósito de alcanzar una sociedad socialista y al estar supeditados por los poderes Legislativo, Judicial, Ciudadano, Electoral al denominado Poder Popular, los cuales deben “gobernar obedeciéndole”, pues en realidad la obediencia es debida al Ejecutivo nacional de quien los ciudadanos organizados en instancias comunales dependen.

  Y aunque están contemplados en la Constitución, los poderes territoriales, Municipal y Estadal, prácticamente desaparecen.

  Se prevé, además, una justicia comunitaria, que depende del “sistema nacional de justicia de paz”.

  Acceso a la Justicia subraya que Nicolás Maduro “ha realizado últimamente tres movimientos que demuestran sus intenciones de darles vida a estas cuestionadas figuras y profundizar aún más el proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que ya sufre el país desde hace varios años”.

   Dichos movimientos son, en primer lugar, los proyectos de Ley de las Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal a la Asamblea Nacional oficialista; a los que se suma la resolución 0026 del 1 de febrero de 2021 del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que contiene las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género, texto publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.076 del 26 de febrero de 2021,  instrumento que da a los consejos comunales la potestad de recibir denuncias sobre violencia de género en contra de las mujeres.

   Alerta la organización que la ciudad comunal adopta una división político territorial distinta a la prevista en la Constitución que establece claramente los estados y municipios. Además, es absolutamente inconstitucional y contraría los valores democráticos porque refuerza el centralismo al vulnerar lo estipulado en el artículo 136 constitucional.

  Destaca la falsa premisa de participación y autonomía, puesto que solamente en teoría tienen capacidad de decisión, pues “en efecto, los consejos comunales están supeditados a la aprobación del Gobierno nacional, quien los valida o no de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Consejos Comunales”.

  Refiere que el proyecto de Ley de las Ciudades Comunales suplanta el sistema republicano del Estado venezolano, al tiempo que se concibe como un pequeño Estado dentro del propio Estado. “Cada ciudad debe tener su carta fundacional, su Parlamento, su consejo de Gobierno (integrado por siete voceros), su autoridad electoral, su consejo de contraloría comunal (que sería auxiliar de la Contraloría General de la República), su consejo moral y su procuraduría (artículo 14)”.

  Por otra parte, el modelo de Estado comunal “funcionaliza” la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos cuando se suprime su autonomía de acción y se les subordina a objetivos políticos, económicos y sociales, determinados por el Poder Ejecutivo central y según una ideología única.

   El Parlamento Comunal Nacional aunque no tiene potestad legislativa está facultado de manera exclusiva y excluyente para realizar las propuestas legales sobre el tema del Estado comunal en el país, tanto en el ámbito nacional, como en el estadal y municipal.

  Entretanto, las Normas de Actuación de los Funcionarios Policiales y de Investigación Penal para Atención Temprana y Oportuna de Víctimas de la Violencia de Género emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, parece destinada a reforzar una institucionalidad para-constitucional

  Para Acceso a la Justicia, el gobierno de Maduro, luego de recuperar el control de la Asamblea Nacional emprendió una serie de acciones sistemáticas para acelerar el proceso de construcción del Estado comunal en el país. Todo esto con el único objetivo de reforzar el poder y control absoluto que actualmente tiene[4].

REFERENCIAS

[1] Allan Brewer Carías. “Sobre el Poder Popular y el Estado Comunal en Venezuela. (O de cómo se impone a los venezolanos un Estado Socialista, violando la Constitución, y en fraude a la voluntad popular)”. 31 de diciembre de 2010. https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2011/01/78.-Brewer-Car%C3%ADas.-Sobre-el-Estado-Comunal...opular-en-Venezuela-31-12-2010.doc.pdf

[2] El Nacional. “Ley de Ciudades Comunales: ¿qué pasará con las gobernaciones y alcaldías? | Análisis del politólogo Daniel Arias”. 27 de marzo de 2021. https://www.elnacional.com/venezuela/ley-de-ciudades-comunales-que-pasara-con-las-gobernaciones-y-alcaldias-analisis-del-politologo-daniel-arias/

 

[3] Efecto Cocuyo. “Ley de Ciudades Comunales crea un Estado paralelo, advierten constitucionalistas”. 19 de marzo de 2021. https://efectococuyo.com/politica/ley-de-ciudades-comunales-crea-un-estado-paralelo-advierten-constitucionalista/

[4] Acceso a la Justicia. “Venezuela, hacia el afianzamiento del Poder Popular y el Estado comunal”. 28 de abril de 2021. https://accesoalajusticia.org/venezuela-hacia-afianzamiento-poder-popular-y-estado-comunal/

 

Sin prisa, pero sin pausa, avanza el Estado Comunal en Venezuela (I)

   Presentamos en esta ocasión, tanto lo planteado en las leyes vigentes y en los proyectos por aprobar, así como la defensa que de ellos se hace desde el oficialismo.

Por Maibort Petit

   En la consolidación del socialismo en Venezuela el Estado Comunal es vital y, aunque desde la aprobación de Ley Orgánica de las Comunas hace más de una década, otras instancias de la misma han ido estableciéndose a lo largo de los años. De hecho, para quienes pudieran creído que el asunto habría sido olvidado en una gaveta, es bueno certificar cómo hace tan sólo unos meses, en marzo del presente 2021, el tema fue nuevamente puesto sobre el tapete y la Asamblea Nacional recién electa en cuestionados comicios, aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

   Es de hacer notar que la aprobación de dicho proyecto, enfrenta a los dos Poderes Legislativos que hacen vida en Venezuela, el de reciente data y el vigente desde 2015 en manos de la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países en el mundo.

  Según el sitio web del Ministerio del Poder Popular para las Comunidades y los Movimientos Sociales[1], la comuna tiene su origen en la organización indígena, quienes vivían en conglomerado de familias en el que ejercían el poder social, económico y político, porque ellos hacían sus propias leyes al establecer sus normas de convivencia, las cuales, aunque no eran escritas, respetaban las reglas de dicha forma de organización social, política y económica popular de carácter local y participativo.

   Allí mismo se da a conocer el contexto legal que da fundamento a la organización comunal, enumerando en primer lugar la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley Orgánica del Poder Popular.

Sobre la Ley Orgánica de las Comunas

   La Ley Orgánica de las Comunas aprobada por la Asamblea Nacional, entonces presidida por Cilia Flores, el 13 de diciembre de 2010[2], estableciéndose en su primer artículo el objeto del instrumento legislativo el cual estaría dirigido a “desarrollar y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia”.

  Igualmente, el artículo 5 define la Comuna como “un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.

   Entretanto, el propósito fundamental de la Comuna se estipula en el artículo 6, cuando habla de la “edificación del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a través de la planificación del desarrollo social y

económico, la formulación de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social”.

   La Comuna tendrá como finalidad (artículo 7) 1) Desarrollar y consolidar el estado comunal como expresión del Poder Popular y soporte para la construcción de la sociedad socialista; 2) Conformar el autogobierno para el ejercicio directo de funciones en la formulación, ejecución y control de la gestión pública; 3) Promover la integración y la articulación con otras comunas en el marco de las unidades de gestión territorial establecidas por el Consejo Federal de Gobierno; 4) Impulsar el desarrollo y consolidación de la propiedad social; 5) Garantizar la existencia efectiva de formas y mecanismos de participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la formulación, ejecución y control de planes y proyectos vinculados a los aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa; 6) Promover mecanismos para la formación e información en las comunidades; 7) Impulsar la defensa colectiva y popular de los derechos humanos; y 8) Todas aquellas determinadas en la Constitución de la República y en la Ley.

   El Parlamento Comunal (artículo 21), se erige como “la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna”.

Avance sostenido y sin pausa

   El proyecto socialista venezolano par a nada puede catalogarse de improvisado y avanza sin prisas y sin pausas.

  Un paso más en este sentido se dio el 11 de marzo pasado, cuando la Asamblea Nacional —la electa bajo los parámetros oficialistas— aprobó en primera discusión la Ley de Ciudades Comunales.

  El instrumento legislativo que, a juicio de algunos expertos, constituye “una suerte de bypass para saltarse la transferencia de fondos a alcaldías y dirigir los recursos a las comunas”, esto en previsión de que el chavismo estaría preparándose para enfrentar una gran derrota en los comicios municipales que se encuentran en plena planificación.

  La Revista SIC advirtió en 2010 que el chavismo pretendía reducir los problemas del país a falsos dilemas y procuraba ponerle al país una camisa de fuerza a la discusión pública de la cual no siempre era posible zafarse. Se alertó de que el llamado “Estado Comunal” y el modelo de iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias impulsadas desde el Estado y cooptadas por el poder político.

   “Discrepamos frontalmente en el modo como pretende llevarlo a cabo, es decir, a través del Estado como único sujeto social que secuestra la subjetividad de todos. Creemos que poner en el centro a las clases populares significa estimular su condición de sujetos (…) El Estado está para la gente y no la gente para el Estado. Ello significa, en primer lugar, que la gente tiene que controlar al Estado, lo cual implica la multiplicidad, la independencia y el balance de poderes, además de una genuina representación y de la participación, sobre todo a nivel municipal”, rezaba la advertencia de la publicación.

   Se señaló en aquel momento, a través del economista Ronald Balza Guanipa, que se restaba poder a la gente, se contradecía la letra constitucional, al restringir las comunas a “un enfoque social, político, económico y cultural para la construcción del Modelo Productivo Socialista”.

  También se dijo que el “socialismo comunal” adolecía de legitimidad, dado que debía darse entrada en Venezuela a una “democracia social de mercado” que mantuviera como centro al sujeto, a los ciudadanos, “considerados tanto individualmente como organizados”[3].

Rechazo parlamentario

   Sobre este proyecto de ley, la AN en manos de Juan Guaidó se pronunció y rechazó el proyecto a través de su Comisión Delegada al tiempo de que advirtió que la instauración del Estado Comuna solamente tiene como objetivo quitarle al pueblo la soberanía que en él reside intransferiblemente.

   Durante la discusión del asunto, se recordó que el estado comunal fue rechazado por los venezolanos en un referéndum constitucional en el año 2007.

  La diputada por el estado Barinas, Sandra Flores, dijo que con esta ley se viola la constitución que, en ninguno de sus artículos, contempla la creación de ciudades comunales y ningún tipo de estructura paralela a la división política territorial de Venezuela, como son los estados y municipios.

“Hay que estar alertas porque a través de esta figura comunal el régimen tiene fines perversos, pretende promover juicios populares, con el objeto de silenciar a todo aquel que alce su voz para denunciar la gran corrupción e incompetencia de la dictadura. Procuran instaurar la ideología comunista, así mismo quieren darles mayor poder a los colectivos disfrazándose de miembros de comunas, que han promovido invasiones de propiedades”, dejó sentado.

   Por su parte, el diputado por el estado Zulia, Omar Barboza, sostuvo que este proyecto de ley tiene un grave problema de origen al querer aprobarse un fraude rechazado por la mayoría del pueblo venezolano y desconocida por la comunidad internacional democrática.

  Subrayó que, desde el punto de vista constitucional, sería necesario derogar la Constitución para que la propuesta de un Estado Comunal, como poder originario, pueda tener alguna consideración[4].

¿Cómo defiende Maduro el proyecto?

  Entretanto, esto ocurre a nivel legislativo, desde el Ejecutivo Nacional se insiste en seguir por esta senda, toda vez que Nicolás Maduro sostiene que “Ley Orgánica de Ciudades Comunales impulsará el nuevo modelo de gestión de la nueva etapa de la Revolución Bolivariana”.

  De acuerdo la visión de Maduro, el proyecto marcará una nueva pauta en la democracia venezolana “porque el pueblo va a poder manejar sus recursos y podrá asumir la solución de los problemas de su comunidad”.

  El cuestionado mandatario sostiene que la iniciativa articulará todos los “organismos del Poder Ejecutivo al Poder Popular, creando un canal directo de comunicación con el pueblo, una etapa nunca antes desarrollada en el país, porque las elites de extrema derecha durante la IV República negaron a las bases populares empoderarse del poder político y la autogestión de sus necesidades”[5].

Lo que dice el proyecto de ley

  En su artículo 1 se define el objeto de la ley, indicándose este será “establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de las Ciudades Comunales, como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo, consolidan las instancias del Poder Popular para el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, consolidando el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”.

   La Ciudad Comunal se define en el artículo 4 como “una instancia constituida por iniciativa popular, mediante la agregación de Comunas en un ámbito territorial determinado a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas, con intereses y valores comunes, donde se ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

“A tales efectos se asumen en la Ciudad Comunal los procesos progresivos concretos, políticos, económicos, sociales, culturales y espaciales que fomenten políticas especiales de estímulo y soporte en cuanto a matriz de decisiones, competencias y recursos que podrían tener estas formas organizativas dentro de la estructura del Estado venezolano y sus distintas escalas de gobierno, vistas de forma integral y sistémica”.

   El proyecto advierte seguidamente en el artículo 6 que, en materia de organización político-territorial, “el ámbito geográfico donde se constituya la Ciudad Comunal, podrá coincidir o no con los límites político-territoriales establecidos dentro del ámbito de la República Bolivariana de Venezuela”.

  La ley encarga (artículo 7) a la Ciudad Comunal de la administración de sus bienes, recursos e inversión, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, Regional o Municipal.

   Al mismo tiempo establece como recursos de la Ciudad Comunal: a) Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes; b) Los recursos asignados a través de un presupuesto especial en el marco de la ley de transferencias; c) Los que formen parte de los ingresos adicionales del país o de planes y proyectos especiales que les sean asignados, de conformidad con la Ley; d) Una parte de los excedentes generados por las empresas de propiedad directa comunal, en las distintas actividades económicas que se existan en las Ciudades Comunales; e) Los demás que establezcan las leyes.

  Entre otras consideraciones referidas a la organización y funcionamiento de las mismas, el proyecto de ley contempla en su Título V lo relativo a las transferencias de competencias y relaciones del poder público con la ciudad comunal.

  En este sentido, se establece en el artículo 53, que “Todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobierno obediencial y corresponsabilidad, en relación con los mandatos de los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones de las Ciudades Comunales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y leyes de la República”.

  Sobre las transferencias de competencias, el proyecto de ley refiere en el artículo 56 que “Los órganos y entes del Poder Público Nacional y las entidades político territoriales deberán impulsar el proceso de transferencia, de conformidad a la constitución y la ley, a las Comunas de las Ciudades Comunales, a través de Empresas Comunales bajo régimen de propiedad social directa, u otras formas legítimas de organización popular, la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos de acuerdo al marco legal y desarrollo del Plan de la Patria en la transformación popular y revolucionaria del Estado”.

  Igualmente, el artículo 57 dice que “El poder popular organizado podrá y deberá participar en la planificación, cogestión y contraloría social de todo el sistema de servicios públicos, infraestructura, equipamiento urbano y vivienda en una visión orgánica y sistémica. De la misma forma, podrán ser transferidas competencias específicas de servicios, obras y empresas públicas, dentro de una visión sistémica del Estado, garantizando la operatividad y sistema de recursos sostenibles. En este sentido, en los casos de transferencias de gestión deberá atenderse la integralidad de los sistemas, así como las estructuras de sostén, mantenimiento, insumos que garanticen el éxito del proceso.

REFERENCIAS

[1] Ministerio del Poder Popular para las Comunidades y los Movimientos Sociales. Conoce qué es la comuna. https://www.mpcomunas.gob.ve/2018/10/02/conoce-que-es-la-comuna/

[2] CNE. Ley Orgánica de las Comunas. http://www4.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf

[3] Política UCAB. “Desdemocratización en Venezuela (IX): El Estado comunal”. 17 de marzo de 2021. https://politikaucab.net/2021/03/17/desdemocratizacion-en-venezuela-ix-el-estado-comunal/

[4] Asamblea Nacional. “AN rechazó propuesta de un Estado Comunal que busca arrebatar el derecho soberano del pueblo”. 16 de marzo de 2021. https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-rechazo-propuesta-de-un-estado-comunal-que-busca-arrebatar-el-derecho-soberano-del-pueblo

[5] Sistema Nacional de Contrataciones. “Ley Orgánica de Ciudades Comunales impulsará nuevo modelo de gestión de la Revolución Bolivariana”. 8 de abril de 2021. http://www.snc.gob.ve/noticias/ley-organica-de-ciudades-comunales-impulsara-nuevo-modelo-de-gestion-de-la-revolucion 

¿Cómo opera la asociación estratégica entre Irán y Venezuela?

Por Maibort Petit   

  El régimen islámico de Irán y el venezolano han desarrollado una sociedad poco transparente en la que el objetivo principal es la evasión de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y, por otra parte, hacer avanzar la presencia iraní en la región occidental y, lograr que el proceso revolucionario venezolano se expanda por Latinoamérica.

     Con Hugo Chávez, primero, y luego con su sucesor, Nicolás Maduro, la asociación estratégica de los regímenes de Irán y Venezuela ha ido profundizando tanto en las relaciones comerciales, como en otras que, a la luz de los hechos, no están perfectamente claras, a saber, las del plano militar.

  Sobre la turbidez de esta sociedad hace advertencia, Joseph M. Humire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en amenazas transnacionales en el continente americano, en un informe denominado “Irán y Venezuela: una asociación estratégica”, publicado en la Revista Diálogo, del Comando Sur de los Estados Unidos.

  Allí hace un recuento de cómo se ha llevado a cabo la relación iraní-venezolana —que no es una novedad del chavismo, pues es vigente desde el pasado siglo, pero sólo circunscrita al aspecto cultural y diplomático— pero que sí encontró cabida en la revolución bolivariana para expandirse a otros terrenos, como ya hemos advertido.

  Centenares de acuerdos y decenas de proyectos dieron entrada a negocios y actividades non claras que, de acuerdo al reporte, han facilitado la red mundial de adquisiciones ilícitas que Irán realiza a través de Venezuela, actividades que han permito impulsar financieramente a la república Islámica en Latinoamérica.

  Refiere Humire que, de acuerdo a estimaciones conservadoras, Irán y Venezuela establecieron un fondo, un banco y una línea de crédito binacional que le facilita al régimen iraní valores declarados de empresas conjuntas, capitalizaciones, préstamos e inversiones que accedieron a más de USD 16.000 millones, a través del sistema financiero venezolano.

La red de empresas ficticias

  Así surgieron, bajo la administración del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán y la compañía militar de Venezuela CAVIM, proyectos militares conjuntos que han servido para ocultar, a través de la industria petrolera, las transacciones financieras de las entidades iraníes sancionadas.

   Fue, entonces como en Venezuela comenzaron a operar una gran cantidad de empresas ficticias relacionadas con el CGRI, tal es el caso de Parchin Chemical Industries, involucrada en los programas de misiles y armas de destrucción masiva iraníes, de acuerdo a la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad de la ONU.

  Igualmente, Qods Aviation, otra compañía de fachada sancionada del CGRI, la cual, se instaló al lado de la base aérea El Libertador, en Maracay, estado Aragua, para entrenar a los militares venezolanos para fabricar vehículos aéreos no tripulados (UAV, en inglés).

  El complejo industrial militar venezolano-iraní se aprecia en proyectos conjuntos de UAV, motores de reacción, fabricación de municiones y partes de helicópteros, estableciendo un esquema de evasión de sanciones que sentó precedentes para las actividades “comerciales” actuales de Irán en Venezuela.

  Ya con Maduro en el poder —luego de un breve receso luego de la muerte de Chávez— este visitó dos veces Teherán en 2015, reanudando así la cooperación conjunta. En 2016, el presidente iraní, Hassan Rouhani, hizo su primer y único viaje a Venezuela, específicamente a la isla de Margarita, para participar en una cumbre anual del Movimiento de Países No Alineados. Allí se firmaron una serie de acuerdos bilaterales en materia de ciencia, nanotecnología, petróleo y agricultura.

  Entretanto, en 2017, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) se valía de Venezuela como centro de transbordo de productos estratégicos como minerales, metales, materiales y tecnología, comprados en toda Latinoamérica para apoyar sus programas de armas convencionales y de destrucción masiva en Irán. Para Irán era fundamental legitimar su impacto “comercial” en Venezuela, si quería aprovechar el fin del embargo de armas de la ONU el 18 de octubre de 2020.

  Pero mientras en territorio iraní se cosechaban los beneficios financieros del acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), la economía venezolana se iba hasta el fondo, todo a pese a contar con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo.

  Venezuela enfrenta una colosal escasez de combustible, una circunstancia que abrió una nueva puerta para que Irán incrementara su presencia en la zona mediante el envío de gasolina, alimentos, técnicos y hasta la apertura del primer supermercado en Caracas, inaugurado en 2020. Estaba legitimándose la actividad comercial iraní en la Venezuela de Maduro. En apariencia, una relación inocua, pero en el fondo, el mecanismo para fortalecer su presencia militar en el futuro.

El puente aéreo y marítimo

  De este modo —continúa el informe de Humire— en 2020, Irán conformó un puente aéreo y marítimo a través del Océano Atlántico, sustentado en una red del CGRI en terceros países. Tal situación generó múltiples rutas entre Irán y Venezuela, como la abierta en Argelia y Serbia, como puntos de reabastecimiento de combustible para rutas aéreas, mientras que Sudáfrica se ha convertido en un punto de circunnavegación alternativo a la ruta marítima entre ambos países.

   El experto en temas de seguridad subraya que el puente marítimo permite al CGRI valerse de diversas tácticas de evasión marítima, tales como el cambio de banderas, el nombre y el color de las embarcaciones iraníes, así como de apagar sus transpondedores a la mitad del viaje, todo para hacer que los barcos iraníes arriben a Venezuela sin ser detectados. Pero pese a estos esfuerzos, en 2020, fue posible incautar el cargamento de algunos petroleros iraníes, gracias a esfuerzos de decomiso civil estadounidense. De todas maneras, esto no ha sido óbice para que Irán siga luchando por legitimar su presencia en Venezuela.

La clave

  El reporte de Joseph Humire sostiene que para Irán y el régimen de Nicolás Maduro, la clave es pasar de un esquema de evasión de sanciones —implementado durante los años de Hugo Chávez— a una estrategia de resistencia a dichas sanciones.

  Para ello, se basan en una narrativa de victimización conjunta dirigida a deslegitimar el uso y la efectividad de las sanciones estadounidenses e internacionales.

  De tener éxito en este cometido, es probable que Irán refuerce su presencia militar en Venezuela, puesto que el régimen de Maduro busca enfrentar a sus vecinos de Guyana, Brasil y Colombia. Un objetivo en el que, al parecer, no van a cejar de ninguna manera. La estrategia expansionista de ambos regímenes continúa a todo trance.

Avanza en Nueva York el juicio por narcoterrorismo contra el general Cliver Alcalá Cordones

   El militar venezolano fue acusado el 26 de marzo de 2020.  Su caso fue excluido de un juicio rápido. El cambio de abogados también ha retrasado el proceso.

Por Maibort Petit

   El juez estadounidense, Alvin K. Hellerstein dio a conocer un nuevo calendario procesal del juicio contra el general, Cliver Alcalá Cordones, un militar venezolano, acusado por el gobierno de los Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. En una audiencia realizada el lunes 7 de junio, la corte autorizó a la defensa y a la fiscalía para que presenten, dentro de los siguientes 60 días, las mociones del caso. 

   El gobierno de los Estados Unidos acusa al general (r) Clíver Alcalá Cordones de formar parte del Cártel de los Soles, y de haber participado en actividades vinculadas al narcoterrorismo por dos décadas, junto a funcionarios de alto nivel del régimen venezolano desde la época de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

    Durante la audiencia, el juez Hellerstein hizo referencia a la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, destacando que la data que forma parte de las evidencias (descubrimiento) estarán protegidas y no podrán ser divulgadas por los abogados de la defensa. 

    

     El magistrado  Hellerstein fijó una nueva audiencia para el 14 de agosto en la mañana.  

       

       La defensa del general Cliver Alcalá Cordones ha reclamado al tribunal más tiempo para revisar el voluminoso expediente que el gobierno estadounidense tiene contra el militar venezolano. Los abogados dijeron que los fiscales continúan presentando pruebas contra el acusado, y que éste necesita tiempo para revisar los material con sus abogados. 

  Los fiscales Amanda Houle, Matthew Laroche, Jason A. Richman y Kyle Wirshba habían pedido con anterioridad un aplazamiento en el 2020, debido a las dificultades que generó la pandemia de COVID-19 en las cortes federales. 

  Cliver Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses el 26 de marzo en Colombia y fue trasladado a Nueva York. Desde el 27 de marzo vive en una cárcel en Putnam, en las afueras de Manhattan, donde según sus defensores "lo han tratado bien".

 Alcalá Cordones se declaró no culpable de los cargos ante un juez federal en Nueva York, en una audiencia por Internet con el programa Skype el 31 de marzo de 2020.

  De acuerdo a los documentos federales, durante los últimos 20 años, desde que Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano participó en una violenta y corrupta conspiración con las FARC para traficar con cocaína para ser traficada a los EE. UU.

  Estados Unidos calcula que las FARC y el Cártel de los Soles consiguieron ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual desde 2004.