Viuda de Fernando Albán demandó a Maduro, Padrino, Maikel Moreno, Tarek Saab, Reverol, las FARC y al Cartel de los Soles en corte de la Florida

  Los familiares de quien es considerado un muerto de la dictadura venezolana, sostienen que el político opositor fue víctima de secuestro, tortura y asesinato.

Por Maibort Petit

  Meudy Albán Osío, viuda del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, muerto en extrañas circunstancias mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), el 8 de octubre de 2018, demandó a Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Maikel Moreno, Néstor Luis Reverol Torres, Tarek William Saab, así como a las FARC y al Cartel de los Soles, en el Tribunal del Distrito Sur de Florida por daños y perjuicios.

 Los cargos de la demanda son ocho, el primero por Violación de la Ley Antiterrorista de Florida; el segundo cargo, es Muerte por negligencia; el tercer cargo es por violación a la ley Federal Civil RICO; el cuarto, por Conspiración para violar RICO Federal Civil; el quinto, por Difamación per se, el sexto, por por Conspiración, el séptimo, por Falso encarcelamiento; y el octavo, por Infligir intencionalmente angustia emocional.

  Sostienen los demandantes que los demandados deben resarcirlos por daños y perjuicios derivados del secuestro, tortura y asesinato de Fernando Alberto Albán, el posterior encubrimiento del asesinato, difamación y nuevas represalias contra sus familiares sobrevivientes, por parte de Nicolás Maduro Moros, su aparato ilegal y los diputados controlan Venezuela y sus co-conspiradores narcoterroristas.

  Ante el tribunal, Meudy Albán Osío, quien además actúa en calidad de representante personal del patrimonio de Fernando Alberto Albán, Fernando Albán, Fernando Albán Osío y María Fernanda Albán Osio, reclaman les sean adjudicados daños compensatorios y consecuentes, incluidos daños triplicados, en una cantidad que se determinará en el juicio; una indemnización por daños y perjuicios ejemplares y punitivos por una cantidad que se determinará en el juicio; una adjudicación de honorarios y costas de abogados; un juicio con jurado sobre todos los asuntos tan probables; y cualquier otro alivio que sea justo y apropiado.

Los hechos

   Refiere la demanda que el concejal Albán se convirtió en objetivo del régimen de Nicolás Maduro, quien asumió la presidencia en Venezuela a la muerte de Hugo Chávez, consolidando a partir de entonces el control autoritario del país, reprimiendo a la disidencia, mediante la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y otros crímenes de lesa humanidad a gran escala. Paralelamente, Maduro aprovechó el ejercicio del poder para enriquecerse “a sí mismo y a sus compinches a expensas de los ciudadanos respetuosos de la ley de Venezuela (…) y [con] su empresa criminal saquearon el tesoro de Venezuela, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para traficar toneladas de cocaína y lavaron las ganancias mal habidas a nivel internacional, incluido Estados Unidos. Maduro y todos menos uno de los acusados individuales han sido acusados de narco-terrorismo, lavado de dinero y/u otros delitos en varias jurisdicciones de los EE. UU., Incluido el Distrito Sur de Florida”.

  Agrega que la mala gestión y la avaricia de Maduro sumieron a Venezuela en una crisis humanitaria épica, con enfermedades desenfrenadas, hambre y desnutrición, por lo que Fernando Albán redobló sus esfuerzos para abogar por la democracia y contra la corrupción. En razón de esto, él su familia, desde 2015 comenzaron a recibir amenazas de muerte y, temiendo por sus vidas, la esposa y los hijos de Albán, huyeron a Estados Unidos, donde solicitaron asilo. Fernando Albán decidió quedarse en Venezuela para continuar sus esfuerzos por rehabilitar el país y la democracia.

   En agosto de 2018, Albán viajó a Nueva York para ver a su familia y luego para conectarse con la delegación de Primero Justicia reuniones y eventos relacionados con la reunión de la Asamblea General de la ONU en septiembre, luego de lo cual hizo pronunciamientos a favor de la democracia y contra la corrupción en Venezuela. Violando la ley estadunidense, agente del Maduro siguieron descaradamente a la delegación de Justicia Primero, los fotografiaron y apuntaron sobre Fernando Albán, transmitiendo a Venezuela información de inteligencia que reunieron sobre él, con consecuencias mortales.

  Al regreso de Albán a Venezuela, el 5 de octubre de 2018, fue secuestrado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por miembros armados del SEBIN en cuya sede a donde fue trasladado, fue torturado con descargas eléctrica y luego fue asesinado.

  El lunes 8 de octubre de 2018, el SEBIN arrojó el cuerpo de Fernando Albán desde el décimo piso de su sede, pero el régimen de Maduro difamó al dirigente de Primero Justicia al alegar falsamente que se había suicidado, así como de ver pornografía infantil. También destruyeron el negocio contable que poseía junto a su esposa.

  La demanda califica como una afrenta a la soberanía de Estados Unidos, el envío de agentes a suelo estadounidense para espiar y reprimir la libertad de expresión de Fernando Albán en suelo estadunidense.

Los demandados

  Al hacer referencia a los demandados por los Albán-Osío, el recurso legal que estos presentan ante el Tribunal del Sur de la Florida recuerda que Nicolás Maduro fue sancionado el 31 de julio de 2017 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por “socavar la democracia en Venezuela”; que fue acusado el 26 de marzo de 2020, por el Departamento de Justicia de orquestar una “conspiración de narcoterrorismo corrupta y violenta entre el Cartel de los Soles venezolano y las FARC'; y que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de USD 15 millones por información que conduzca a su captura.

  A Vladimir Padrino López, también sancionado por la OFAC, es acusado en el Tribunal del Distrito de Columbia de conspirar con otros para distribuir cocaína a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos. Precisa que es un miembro senior del Cartel de los Soles.

  Sobre Maikel José Moreno Pérez, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la demanda apunta que fue sancionado por la OFAC en mayo de 2017, por cometer “fallos judiciales (…) que han usurpado la autoridad de la legislatura elegida democráticamente en Venezuela". En Estados Unidos es acusado penalmente en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Miami por conspiración para cometer lavado de dinero. Por información que facilite su captura, el Departamento de Estado ofrece USD 5 millones.

   Entretanto, Néstor Luis Reverol Torres, entre otros cargos que ha ocupado, fue director general de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de Venezuela, agencia gubernamental encargada de combatir el narcotráfico. Fue sancionado el 26 de julio de 2017, por la OFAC por “socavar la democracia”. El Departamento de Justicia lo acusó en 2016 por delitos de tráfico y distribución de cocaína Es un miembro de alto rango del Cartel de el Sol.

  Tarek William Saab, Fiscal General, fue sancionado por la OFAC el 26 de julio de 2017, por socavar la democracia en Venezuela. También ha sido sancionado por otros países, como Suiza, por violaciones de derechos humanos.

  Además de los altos dirigentes oficialistas señalados, la demanda incluye a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Cartel de Los Soles, grupos que los Albán Osío señala de conformar, conjuntamente con Maduro y el resto de demandado, una sociedad criminal a través de la cual el régimen tortura y asesina para proteger y encubrir sus presuntas actividades de corrupción y narcotráfico.

Sobre la jurisdicción del tribunal

  Los demandantes sostienen que el Tribunal del Distrito Sur de Florida tiene jurisdicción para considerar el caso, bajo la ley RICO y por el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos.

   Se puntualiza que la tortura a Fernando Albán en la sede del SEBIN en Caracas viola la legislación estadounidense forma parte de la conspiración que busca “inundar esta jurisdicción con cocaína, (b) blanquear el producto del tráfico de estupefacientes y la corrupción del gobierno de Venezuela a través de esta jurisdicción, y/o (c) aceptar sobornos de cuentas mantenidas en este distrito judicial”.

  Agrega que la corte tiene jurisdicción personal, según el estatuto de brazo largo de Florida y la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución, sobre los demandados porque ellos personalmente y/o a través de agentes cometieron un acto ilícito en la Florida, dando lugar a los reclamos.

  Sostiene la demanda que los demandados difamaron a Fernando Albán en el estado de a Florida a través de Twitter, YouTube y otros medios accesibles a nivel mundial, haciendo que esas declaraciones difamatorias sean leídas, escuchadas y revisadas por numerosos terceros en el citado estado de los EE. UU., entre ellos miembros de la gran población de venezolanos que allí residen.

  Del mismo modo, porque los demandados traficaron criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia Florida, causando en represalia el secuestro, tortura y asesinato de Albán, con el objetivo de silenciar su oposición a dichas actividades de narcotráfico criminal y narcoterrorismo.

  Los demandados, blanquearon millones de dólares de ganancias ilícitas del tráfico de estupefacientes y delitos de corrupción pública a través del sur de Florida, provocando el secuestro, tortura y asesinato de Fernando Albán en represalia y para silenciar su oposición a las actividades criminales.

  Asegura la demanda que los agravios de los demandados contra Fernando Albán estaban indisolublemente entrelazados y eran un componente necesario y previsible del tráfico de drogas ilegales, hacia y en todo el sur de Florida.

   Reitera que la corte tiene jurisdicción personal sobre los acusados de conformidad con la ley RICO, porque los demandados ayudaron e incitaron el asesinato de Fernando Albán al acecharlo en territorio estadunidense y acusarlo en represalia por haber proporcionado información de inteligencia de los EE. UU. a los miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y seguir un curso de conducta hostil a Albán, la cual comenzó en Estados Unidos y culminó en Venezuela.

   Según los demandantes, el haber traficado criminalmente millones de dólares de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, provocó el secuestro, tortura y asesinato de Albán en represalia, pues quisieron silenciar su oposición a tales actividades. Algo que ocurrió igualmente por sus actividades de lavado de dinero producto del narcotráfico.

   Secuestrar y asesinar a Fernando Albán, lesionó a los demandantes en los Estados Unidos, donde son residentes, aseguran Meudy Albán Osío y sus hijos.

Sergio de la Peña: Sacar a Nicolás Maduro del poder no es tarea únicamente de Estados Unidos, la vecindad americana debe involucrarse

  Acabar con el régimen venezolano requiere de una acción conjunta de todos los países de la región. Advierte a los dictadores que no deben sobrepasar las “líneas rojas” de alerta, porque habrá consecuencias.

Por Maibort Petit

   Para Sergio de la Peña, ex-subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del hemisferio occidental, quien aspira a la gobernación de Virginia, es inadmisible que la tarea de sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela se deje únicamente en manos de Estados Unidos. Sostiene que, si la vecindad de países circundantes al régimen no se involucra, será imposible acabar con la tiranía venezolana. Esa fue la razón, según esgrime, del fracaso de las acciones emprendidas durante la administración de Donald Trump que requirieron del concurso de todos los países de la región, pero el cual no se concretó.

   Esta alerta la lanzó a propósito de solicitársele su evaluación de los hechos y las razones del fracaso de las acciones emprendidas en pro de poner fin a un régimen que no sólo ha llevado a la miseria a los venezolanos, sino que ha afectado a los países de toda la región, a los que ha arribado la oleada de inmigrantes que huyen del hambre y el caos en que el régimen chavista ha sumido a Venezuela. “Yo pienso que hay que tomar en cuenta lo más clave, que es la vecindad, todos los vecinos tienen que involucrarse (…) pero se deja esa tarea únicamente en manos de Estados Unidos, cúmplanlo”.

   En tal sentido, De la Peña refirió que la administración de Donald Trump de la cual formó parte, tenía la convicción de que todos los países afectados participaría, pues era la manera más eficaz de lograr el cometido, pero no fue así. “Eso nunca se logró. Había gente que dudaba. Obviamente nosotros [el gobierno de Estados Unidos] estábamos dispuestos a ayudar, pero tenía que ser una acción contundente que tenía que incluir a todos los países vecinos, porque los más impactados por los 5 millones de inmigrantes venezolanos, eran los países vecinos, especialmente de Sudamérica. Ellos tenían que haber sido parte de la solución del problema”.

La estrategia socialista

  A manera de paréntesis hay que subrayar que el conocimiento que Sergio de la Peña sobre la región y, particularmente, sobre Venezuela le viene de vieja data, toda vez que durante su carrera militar de más de 30 años contempló la agregaduría militar en la Embajada de EE. UU. en Caracas para el momento en que Hugo Chávez llegó al poder. Apunta que Fidel Castro le enseñó a Chávez cómo ganar el poder a través de unas elecciones, luego de su fracaso mediante una asonada militar. En esos comicios —tal vez los últimos o uno de los últimos transparentes realizado en Venezuela— actuó como observador internacional. A partir de entonces, el hoy finado exmandatario comenzó a consolidar su poder “a través de un conjunto de elecciones llenas de trampas (…) y ya vemos los resultados que eso ha tenido”. Esa fue la estrategia de los socialistas y comunistas, alcanzar por la vía democrática lo que las armas no le permitieron y luego instaurar sus regímenes.

   Refiere que ya venía estudiando la figura de Chávez desde antes, incluso, llegó a conversar con él antes de que llegará a la presidencia. “Yo conocí al comandante Chávez y él me platicó de Mao y de cómo se armaban las guerrillas y todo tipo de cosas de esa índole, pero yo sabía que él tenía esa intención, porque yo había visto sus entrevistas, como la que dio en diciembre de 1994 en la Universidad de La Habana donde dijo, precisamente, todo lo que iba a cumplir”. Así que sabía perfectamente lo que vendría después de que Chávez ganara las elecciones, “porque yo ya había visto otros regímenes socialistas en distintas partes del mundo y el patrón que estaban utilizando era el mismo que había visto anteriormente. Lo que sí hicieron muy hábilmente fue obtener el poder con elecciones. Luego de que se instalan con elecciones cambia todo y ya vimos los resultados”.

  Así lo advirtió a las autoridades en aquel entonces cuando era agregado militar. “Advertí que él era una persona que no iba a tener buenos resultados, que iba a llevar al país al socialismo”.

  Estando ya de retiro, Donald Trump lo invitó a participar en su gobierno, al que ingresó como el funcionario del Pentágono de más alto nivel encargado de los asuntos del continente. Desde esa posición comenzó a trabajar el tema de Venezuela con más rigor, aún cuando desde la administración de Barack Obama se habían tomado algunas acciones, pero sin atacar a los principales miembros del régimen. Fue el gobierno de Trump el que, a su llegada, sancionó a Tareck El Aissami a través del Departamento del Tesoro.

Los intereses nacionales

  Consultado acerca del papel del resto de las contrapartes, a saber, Chile, Colombia, Brasil y el resto de países latinoamericanos, en el diseño de las políticas para enfrentar el régimen de Nicolás Maduro, Sebastián de la Peña hace mención a los obstáculos que se presentaron para poder hacer efectivo el destronamiento del dictador venezolano.

   Indicó que el grado de cooperación necesario no se alcanzó por parte de todos los países de la región, en razón al miedo que causa en América Latina el uso de la fuerza de las armas. Estados Unidos puso sobre la mesa todas las opciones, pero, en la tarea de derrocar a Maduro privaban, no únicamente los intereses de EE. UU., sino los de cada país.

  Refiere que los intereses nacionales de cada nación se impusieron a la hora de considerar las acciones a tomar respecto a un país ajeno. “Nosotros hemos visto que en la historia ha habido conflictos entre vecinos y siempre tienen mal resultado. Entonces todo eso se tiene que tomar con una gran seriedad y eso es lo que se consideró y ya vimos los resultados. Tiene que haber una acción contundente, pero tiene que ser unificada y tiene que ser [asumida] por todos los vecinos”.

   Y aunque reconoce que son importantes estas consideraciones de los países, es necesario que estos se den cuenta de una buena vez que al ser ellos los más directamente afectados por la amenaza que representa Venezuela, toda vez que el éxodo de venezolanos hacia sus geografías les pone una presión enorme a los servicios sociales de cada uno de esas naciones.

   Venezuela es, a su juicio, el mayor peligro para la región, pues está produciendo todo tipo de miseria y provocando todo tipo de problemas e inestabilidad para el resto de la vecindad. “Eso es algo que tenemos que gestionar. Ahora, la manera para enfrentarlo, repito, es que todos los países tienen unirse para decirle a Nicolás Maduro que ya. Eso tiene que hacerse de una manera coordinada entre los vecinos”.

Alerta

  Sergio de la Peña estima que, aunque el hemisferio occidental siempre ha mantenido una posición de colaboración con Estados Unidos, un clima que se mantuvo hasta el momento de su salida del Pentágono teníamos, cuando la región exhibía el mejor alineamiento con el libre mercado y el sistema de gobierno democrático.

  Solamente tres países que estaban fuera de ese ámbito: Venezuela, Nicaragua y Cuba.

  Apunta que México y Argentina estaban un poco distantes, pero el gobierno de Trump había logrado una buena colaboración con ambos, “especialmente con México que es nuestro primer socio de intercambio comercial en el mundo. Ese equilibrio no siempre se mantiene, hay que tomar en cuenta que siempre hay fuerzas que quieren sacarlo fuera del orden y lo que estamos viendo ahora es que Bolivia parece que regresó más hacia la izquierda, más al socialismo. Estamos viendo lo que está pasando en Ecuador. Vamos a ver en qué resulta el cambio constitucional que va a haber en Chile y luego vemos lo que está pasando en Perú”.

¿Es real la opción militar?

   Es cauto al ser consultado sobre la posibilidad cierta de que, antes o ahora en la nueva administración estadounidense, realmente esté planteada la opción militar para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro.

“El dictador que piense que puede hacer lo que le dé la gana sin repercusiones, está muy equivocado. Ellos deben estar pendiente de ciertas líneas rojas, como decimos nosotros, que no se pueden cruzar, pero uno no las va a divulgar, uno tiene que mantenerlas ocultas, pero la persona que quiere provocar algún conflicto, debe saber que hay repercusiones”.

   No revela cuáles son esas “líneas rojas”, pero advierte que existen y no deben ser sobrepasadas, porque ello traerá consecuencias.

Conozca cómo el régimen de Nicolás Maduro convierte la ineficiencia y destrucción del sistema eléctrico nacional en un acto de sabotaje político

    Dos funcionarios medios de Corpoelec se convirtieron en los chivos expiatorios sobre los cuales pretendieron achacar la responsabilidad de unos hechos que sólo son la demostración de la ruina en que está sumida Venezuela.

Por Maibort Petit

    Algunos medios de prensa reportaron el 8 de marzo de 2021, el acto de reapertura —ocurrido el día previo— del Oncológico “Dr. Humberto Fernández Morán” que funciona en el Hospital General del Sur de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia[1]. Tal evento, así como la rehabilitación de los quirófanos del Hospital Oncológico de San Cristóbal, estado Táchira, debía darse a conocer durante una transmisión de la jornada de trabajo de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 que se llevó a cabo el domingo 7 de marzo del presente año. El gobernador de la entidad, Omar Prieto, se enlazó a través de una transmisión televisiva con el presidente de la república, Nicolás Maduro, para informar al país de los esfuerzos que hace el gobierno revolucionario en pro de la salud de los venezolanos, a pesar de las sanciones y el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos.

   Sin embargo, la transmisión no se llevó a cabo según los planes debido a una falla eléctrica ocurrida al momento en que Nicolás Maduro se dirigía a la colectividad, lo cual impidió que hiciera alarde de su gestión en favor del sector salud. Del apagón no hay reseña en los medios locales y el mandatario regional se mostró en cuenta en la red social Twitter sólo una parte del evento[2].

  Donde sí quedó registrado el hecho como un recuerdo imborrable e en el haber de dos funcionarios medios de Corpoelec, quienes se convirtieron, por obra y gracia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en artífices de un supuesto acto de sabotaje por el cual los mantuvieron secuestrados hasta la tarde del 8 de marzo cuando tuvieron que ser liberados sin cargos.

  ¿La razón? El apagón no se debió a ningún acto de sabotaje, sino a una falla interna en una tanquilla del Hospital General del Sur, como lo corroboraron los técnicos que a la mañana siguiente hicieron un recorrido por el circuito donde está ubicado el centro médico asistencial. Con todo y esa información, a los funcionarios de Corpoelec los mantuvieron retenidos, incomunicados y sometidos a una fuerte presión psicológica hasta el final de la tarde del lunes, según fuentes internas de Corpoelec Caracas.

  No se molestaron ni el SEBIN ni el DGCIM en revisar el largo historial de fallas eléctricas que exhibe el HGS, una de ellas ocurrida poco menos de un mes antes de la reinauguración del oncológico, a saber, el 19 de febrero de 2021, cuando desde las 2 de madrugada se quedó a oscuras afectando la atención de los pacientes[3].

Los hechos

  La falla eléctrica ocurrió a las 6:21 p. m. del domingo 7 de marzo de 2021, cuando tenía lugar el enlace televisivo entre Mauro y Prieto.

  Desde ese momento se encendieron las alarmas en Corpoelec, más que por la afectación de la comunidad marabina del sector y de los pacientes, por la repercusión política que tenía el hecho de que la ineficiencia e ineficacia del gobierno del presidente Maduro quedara en evidencia respecto a lo que ha sido la gestión eléctrica. La movilización de los técnicos fue total, dirigiéndose todas las miradas hacia el operador de despacho, que es quien se mantiene vigilante del sistema, correspondiéndole, por potestad que la empresa le confiere a su cargo, el poder abrir o cerrar el interruptor de alguna subestación, de algún circuito y suspender o recuperar el servicio eléctrico, si así hiciera falta. En este caso eso no ocurrió porque el circuito falló.

  Otro funcionario a quien apuntaron, fue el encargado de la administración de cargas quien es, en pocas palabras, quien se encarga del racionamiento eléctrico, sostiene la misma fuente interna de Caraca.

   Esta tarea se lleva a cabo, según conocimos, en conjunto entre el despacho nacional y el despacho regional, informando el primero al supervisor de transmisión, en este caso del Zulia, quien es la persona que está a cargo y vigilante del sistema en lo que a transmisión respecta, vigilando las líneas, los flujos de carga que proceden del Guri y los locales.

  Cuando el supervisor de transmisión regional recibe la información, gira la instrucción al operador del despacho de distribución.

   Durante el apagón del 7 de marzo, el referido operador del despacho de distribución se comunicó con el administrador de cargas para informarle que había sacar determinada cantidad de megavatios y el segundo procede a revisar cuáles son de los circuitos de que disponía, pues ya están preestablecidos por bloques. Por vía telefónica le indicó los circuitos y procedió a ejecutar las órdenes que el despacho nacional le había dado.

  Y fue en ese momento que ocurrió el percance que trastocó todo, pues no se pudieron abrir los circuitos indicados por el administrador de cargas, toda vez que la subestación Arriaga que alimenta el circuito del Hospital General del Sur, se encuentra sin remota desde hace varios meses. Cabe explicar que la remota es un sistema que permite operar a distancia las subestaciones desde el centro de operaciones Caujarito.

  El administrador de cargas se limita a la referida labor de monitoreo y a registrar en una tabla Excel los tiempos de racionamiento en los circuitos, de manera que no sobrepasen las cuatro horas, tiempo máximo que se supone deben durar las restricciones eléctricas en cada circuito. Este funcionario no interactúa con el sistema, bajo ninguna circunstancia.

   El circuito del HGS alimentado por la subestación Arriaga falló a las 6:21 p. m. del 7 de marzo de 2021, como referimos al principio, y el administrador de cargas se comunicó con su superior para reportar la novedad y este último le manifestó que no había habido ningún error, voluntario ni involuntario, y que se había actuado según el protocolo.

  Cabe destacar que cuando se está en presencia de un evento de esta naturaleza y, como en este caso, la remota de la subestación no funciona, se debe proceder a “abrir las cuchillas” en el respectivo circuito, correspondiéndole al del Hospital general del Sur se atendidos por la central del municipio San Francisco, quienes debían operar para transferirle la carga.

  Cuando el personal de la central de San Francisco llegó al lugar, ocurrió otro percance que impidió la correcta actuación de los técnicos: no disponían la pértiga, una herramienta que permite manipular las cuchillas desde el suelo, por lo que debían esperar ser auxiliados.

  Cuando ocurren este tipo de contratiempos se tiene establecido la implementación de un plan de contingencia que contempla que un inspector, supervisor o una unidad con equipo de apoyo, acuda en auxilio para que se produzca la recuperación del servicio. Tal circunstancia es la causa de las demoras, siendo esto lo que ocurrió en el caso del HGS.

Las investigaciones y el secuestro

  Al Centro de Operaciones Caujarito se dieron cita, alrededor de las 8 de la noche, funcionarios del SEBIN, los cuales procedieron a interrogar al administrador de cargas, aunque este les advirtió que no era el funcionario responsable, pero estos insistieron y el funcionario suministró la información de que hemos dado cuenta en líneas precedentes.

  El administrador de cargas le hizo saber al SEBIN que desde tempranas horas había recibido instrucciones de que debían producirse racionamientos en el circuito del hospital debido al acto político de reapertura que tendrá lugar en horas de la tarde. Luego procedieron a interrogar al operador de distribución y una vez terminada la entrevista se fueron del lugar.

  Posteriormente, unas dos horas después, llegó al Centro de Operaciones Caujarito, una comisión del DGCIM que solicitó al administrador de cargas, quien, ante un nuevo interrogatorio, repitió la historia de que ya hemos dado cuenta. Luego hicieron lo mismo con el operador de distribución quien, incluso, llevó a cabo delante de ellos una simulación, es decir, una maniobra que demuestra que la subestación Arriaga carecía de remota, lo cual dio pie a los eventos en cuestión.

  Ante los funcionarios del DGCIM quedó perfectamente establecido que cuando se manipulan los sistemas queda registrada la identidad del autor, por lo que ello era demostrativo de la falta de responsabilidad de estos funcionarios de Corpoelec en las fallas eléctricas del HGS.

  A pesar de esto, el DGCIM procedió a llevarse con ellos al administrador de cargas y al operador de distribución, convertidos a estas horas en los chivos expiatorios que debían pagar por los acontecimientos que dejaron en evidencia a Nicolás Maduro y a Omar Prieto.

  Desde entonces, se acentuó la presión sobre los funcionarios de Corpoelec a quienes a las 4 de la madrugada del 8 de marzo los reseñaron y les hicieron firmar la admisión de los hechos.

  Estaban siendo señalados desde ese momento, como los saboteadores del acto político de Nicolás Maduro y Omar Prieto. De nada valieron las explicaciones que una y otra vez repitieron los funcionarios de Corpoelec, El dedo acusador del régimen los apuntaba.

  A las 9 de la mañana los llevaron esposados al Hospital Militar para una revisión médica que nunca se llevó a cabo y que sólo sirvió para someter al escarnio público a los funcionarios de Corpoelec.

  De regreso a la sede del DGCIM debieron seguir encerrados e incomunicados hasta las 3 de la tarde cuando fueron fotografiados para instrumentarles un expediente.

 Dos comisarios de apellidos Álvarez y Sánchez, los mismos que durante toda la jornada los interrogaron, presionaron y coaccionaron, se presentaron casi a las 5 de la tarde y les informaron que el caso había sido dimitido y que podían irse a sus casas. Formularon la inadmisible excusa de que solamente cumplían con su trabajo y obedecían órdenes.

  Quedaba en evidencia, una vez más, el modus operandi de un régimen violador de los derechos humanos, la constitución y las leyes.

 

[1] Diario República. “Gobernador Prieto entregó totalmente rehabilitado el Oncológico ‘Dr. Humberto Fernández Morán’”. 8 de marzo de 2021. https://www.diariorepublica.com/regionales/gobernador-prieto-entrego-totalmente-rehabilitado-el-oncologico-dr-humberto-fernandez-moran

[2] Twitter. Omar Prieto, Gobernador! @OmarPrietoGob. https://twitter.com/OmarPrietoGob/status/1368712715221561350

[3] A Punto en Línea. “Reportan falla eléctrica en el Hospital General del Sur”. 19 de febrero de 2021. https://apuntoenlinea.net/2021/02/19/reportan-falla-electrica-en-el-hospital-general-del-sur/?doing_wp_cron=1616188101.6153900623321533203125  

 

 

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Conozca la declaración del fiscal que hizo desmoronar el caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad, el iraní que lavó más de $100 de los programas de vivienda de Hugo Chávez

   El tribunal del Distrito Sur de Nueva York permitió la divulgación de la declaración del fiscal Garret Lych con respecto a la evidencia que la fiscalía pretendió ocultar a la defensa.

Por Maibort Petit

  A raíz de que se conociera que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York encargados de imputar a Ali Sadr Hashemi Nejad, incurrieron en mala conducta y ocultaron a los abogados del imputado un documento que habría ayudado en la defensa, el tribunal ordenó a los involucrados, presentar sus declaraciones.

   Como se recordará, Sadr Nejad fue declarado culpable por un jurado de los delitos de violación de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Irán, fraude bancario y conspiración para lavado de dinero internacional con fondos provenientes de los programas de viviendas que el régimen de Hugo Chávez acordó con la República Islámica de Irán[1]. En razón de conocerse las irregularidades cometidas en el proceso, la juez de la causa, Alison Nathan, anuló el veredicto, recomendó al Departamento de Justicia investigar los hechos. El 17 de febrero de 2021, la magistrada permitió el acceso público a las declaraciones de la fiscalía y a los documentos que esta aspiraba mantener bajo sello.

   El documento que ocultó la fiscalía es una carta del Commerzbank, fechada el 16 de junio de 2011, remitida al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la atención del despacho encargado de hacer cumplir las sanciones. Esta comunicación quedó identificada como GX 411 en el proceso judicial.

  El 16 de septiembre de 2020, la juez del Distrito Sur de Nueva York, Alison Nathan, ordenó a los fiscales involucrados en el caso de Alí Sadr presentaran declaraciones sobre la aparente mala conducta en la que habrían incurrido y así determinar si se requería una mayor investigación de los hechos. Ante este requerimiento, el 16 de octubre de 2020e, el l fiscal Garrett Lynch presentó su declaración ante el tribunal y el 17 de febrero de 2021, solicitó a la Corte presentar la declaración adjunta y los anexos en su nombre, en razón de que no tiene privilegios de presentación electrónica.

La declaración de Lynch

   Bajo pena de perjurio, el fiscal Garret Lynch declaró el 16 de octubre de 2020 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que trabaja como asistente del fiscal de distrito en la oficina de Cyrus R. Vance, Jr., fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY), donde fue asignado como Fiscal Adjunto Especial Unido (SAUSA) en junio de 2017.

  En tal declaración, Lynch responde a una serie de preguntas formuladas en la orden judicial del 16 de septiembre de 2020, siendo la primera de estas interrogantes: “¿Cuándo se enteró por primera vez de GX 411?”.

  Refirió que el documento que se convirtió en GX 411 fue presentado al fiscal de distrito del condado de Nueva York (DANY) y otras agencias de investigación federales y estatales de forma voluntaria en marzo de 2015.

  Manifestó que en el cuarto trimestre de 2015 revisó la carta del Commerzbank en relación con una investigación sobre posibles violaciones de la ley del estado de Nueva York, entre ellas la falsificación de registros comerciales relacionados con la evasión de las leyes y regulaciones de sanciones de EE. UU. Indicó que le pareció relevante para la investigación que adelantaban los fiscales de DANY.

  Ante la segunda pregunta sobre cuándo se había dado cuenta de que GX 411 no había sido revelado a la defensa de Ali Sadr y por qué no divulgó inmediatamente el documento, Garret Lynch le manifestó al tribunal que entregó documentos e información obtenida por DANY en la Investigación de Vivienda Venezolana a los diversos Fiscales Federales Auxiliares asignados a este caso a lo largo del tiempo. Los fiscales manejaron la producción del descubrimiento en el caso de Sadr y GX 411 se encuentra entre los documentos que proporcionados. 

   Advirtió no recordar haber considerado si había sido presentado por los AUSA a la defensa, hasta que, entre la tarde del viernes 6 y sábado 7 de marzo de 2020, supo que no se había revelado. “En el momento en que me enteré de esta no divulgación, los fiscales estaban en proceso de divulgar GX 411 a la defensa”.

   Garret Lynch hace un aparte para referir, a modo de antecedentes, que mientras revisaba archivos en su oficina el 19 diciembre de 2019 antes del juicio de Ali Sadr, se encontró con GX 411 y en un intercambio de correo electrónico con los AUSA, resaltó que el Commerzbank actuaba como un banco intermediario en el primer pago en dólares a la empresa Stratus Turquía. Se estableció que este último tenía conexión con la entidad iraní, y presentó un informe a la OFAC.

  Prosigue la declaración de Lynch indicando que el 7 de enero de 2020, mientras AUSA-1 estaba revisaba la evidencia obtenida de conformidad con las citaciones emitidas por DANY relativas a cada una de las transferencias electrónicas en cuestión en el caso, el fiscal le envió un correo electrónico preguntando sobre una transferencia de 2011, un pago mencionado en GX 411.

   En dicho correo Stephanie Lake le refiere a Lynch y los otros fiscales que los pagos reflejados en una hoja de cálculo que adjuntan, no encontró confirmación de la transferencia bancaria de USD 29 millones del 4 de abril de 2011. Indicó que halló una referencia a este pago en las declaraciones de citaciones de CHIPS y que este parecía mostrar que había pasado del “Fondo Chino-Venezolano” a Stratus International Contracting. Lake le preguntó a Lynch si tenían una confirmación de dicha transferencia.

  Lake agrega que notó que las confirmaciones de transferencias por lo general no muestran el banco intermediario de EE. UU. y se preguntaba si no faltaba documentación con esta información.

  Lynch les manifestó a los otros fiscales que GX 411 podría ser probatorio en el caso del gobierno.

   Garret Lynch dijo en su declaración al tribunal que la discusión sostenida con los otros fiscales a principios de enero de 2020, “expresé mi opinión de que GX 411 sería prueba probatoria en el juicio porque, en mi opinión, reflejaba un intento por parte del Sr. Sadr de engañar al Banco con respecto a la conexión con Irán de la entidad beneficiaria de los hallazgos a que se refiere el documento, así como de los propietarios de la entidad.

  Informó que, a fines de enero de 2020, preguntó si el gobierno deseaba considerar que el Commerzbank proporcionara un testigo para explicar GX 411, así como para autenticar y proporcionar la base para admitir el registro de transferencia bancaria del 4 de abril de 2011 del pago que la fiscalía estaría ofreciendo como prueba. Subraya que, en tal sentido, se ofreció para contactar a la entidad.

   Explica que en otro correo del 31 de enero de 2020 informó a los otros fiscales luego de contactar al Commerzbank, donde obtuvo información de que el GX 411 no se había preparado en el momento de la transferencia que el gobierno planeaba introducir en el juicio, sino en un momento posterior. La Investigación Bancaria determinó que el pago ocurrió en abril de 2011, mientras que GX 411 fue de junio de 2011.

  Después de este intercambio, Garret Lynch habló con AUSA-1 sobre los antecedentes de GX-411, la cual se generó como parte de un ejercicio de "revisión retrospectiva" de cumplimiento realizado después del registro del cable del 4 de abril de 2011 y que fue divulgada voluntariamente a DANY en la Investigación Bancaria.

  AUSA-1 estimó que, en vista de los antecedentes, las pruebas en cuanto a GX 411 serían indebidamente complejas y consideró que no había necesidad de convocar un testigo del Commerzbank para que hablara en torno a GX 411. “En consecuencia, dejé mis esfuerzos para conseguir un testigo del Banco para testificar sobre GX 411 y no recuerdo ningún contacto posterior con el Banco hasta el 6 de marzo de 2020”.

  La tercera pregunta a Garret Lynch requería datos de comunicaciones específicas sobre GX 411 o su divulgación con otros fiscales, ya sea oral, escrita o electrónica.

  Al respecto, el fiscal Lynch le refirió al tribunal que, además de las conversaciones y comunicaciones electrónicas descritas anteriormente, el viernes 6 de marzo de 2020 conversó con AUSA-1 y ella le transmitió que, con base en el contrainterrogatorio de la defensa de un testigo bancario ese mismo día, ella creía ahora que el gobierno debería convocarlo para el lunes 9 de marzo de 2020.

  Después de esta conversación, Lynch se comunicó con el banco para convocar el testigo.

  Acerca de cuándo estimó Lynch que GX 411 tenía valor exculpatorio para Sadr, el fiscal le manifestó a la Corte que esto ocurrió cuando la defensa planteó este problema luego de recibir el documento del gobierno el 7 de marzo de 2020. “Creí que el documento era totalmente inculpatorio porque, como lo vi en combinación con otras pruebas”.

    Pensó que el Banco había llevado a cabo la debida diligencia en el pago del 4 de abril de 2011 para determinar si Stratus International era una entidad iraní o estaba relacionada con Irán, pero no pudo tomar esa determinación de manera concluyente porque fue engañado por Alí Sadr, pues este dio información parcial y engañosa sobre esta entidad al banco venezolano remitente. Por ello, Commerzbank no pudo verificar que la entidad en realidad fuera iraní, a pesar de sus sospechas, que informó a la OFAC.

  Garret Lynch le aseguró al tribunal que no redactó una carta que la fiscalía remitió el 8 de marzo de 2020 relativa a la Orden del 16 de septiembre.

   “No recuerdo y no he encontrado comunicaciones o documentos que reflejen que fui incluido en alguna comunicación electrónica u oral relacionada con la carta del gobierno, editada después de las 9:42 PM cuando comenté el borrador de AUSA-1, y tal como se envió en forma final el 8 de marzo de 2020 bajo Dkt. Nº 277. No participé en conversaciones con un Jefe de Unidad ni con las AUSA de juicio sobre el cambio de lenguaje al que se refiere la Corte. Aparte de los cambios realizados para reflejar mis comentarios (enviados a las 9:42), no sé por qué se modificó la versión de la carta que revisé a las 9:31 p.m.”.

   Finalmente, Garret Lynch le aseguró al tribunal que desconocía que la sentencia del caso había sido anulada.

[1] Venezuela Política. “Ali Sadr Hasheminejad fue declarado culpable de violar las sanciones de EE. UU. contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero de los programas de viviendas de Hugo Chávez”. 16 de marzo de 2020. https://www.maibortpetit.info/2020/03/ali-sadr-hasheminejad-fue-declarado.html

 

¿Por qué David Rivera sostiene que PDVSA no puede demandarlo ni la corte de Nueva York tiene jurisdicción para llevar el caso?

Por Maibort Petit 

  A través de un Memorando de respuesta, la empresa del excongresista de los Estados Unidos David Rivera, Interamerican Consulting, Inc. respalda sus mociones para desestimar la queja enmendada en su contra y reitera que la Corte del Distrito Sur de Nueva York carece de jurisdicción para llevar el caso y sostiene que PDV USA Inc. no tiene nada que reclamarle.

  Asegura Interamerican que PDV USA cedió sus derechos de ejecución a su matriz, la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la cual es la “verdadera” beneficiaria y parte del contrato, a pesar de que no era signatario ni mencionado en el acuerdo del 21 de marzo de 2017.

  PDV USA, refiere la demandada, no ha presentado nada que cambie ese hecho ni tampoco aborda el problema obvio de la situación y se limita a decir que la cesión de obligaciones requiere un acuerdo expreso.

  Agrega que PDV USA asignó sus derechos —incluido el derecho a hacer cumplir el contrato— y no sus obligaciones, pues si esa hubiera sido la intención —ceder derechos y obligaciones— la Cesión habría sido una "novación".

  En tal sentido, a criterio de Interamerican Consulting, el demandante sigue estando obligado a cumplir con el Acuerdo, pero no tiene derecho a hacerlo cumplir. Subraya que PDV USA tampoco tenía ese derecho cuando comenzó la demanda.

  Precisa que las afirmaciones post hoc de PDV USA de que no hubo cesión operativa, quedan desmentidas por la conducta de las partes, pues después de la Cesión, PDVSA hizo un pago no solicitado de USD 5.000.000 a Interamerican el 27 de octubre de 2017, en razón del acuerdo, lo que demuestra que la cesión tuvo lugar.

  Además, tres semanas antes de su Oposición — años después de la vigencia del Acuerdo— PDV USA se registró bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) señalando que en 2017 “devolvió a PDVSA” USD 35 millones (el monto exacto adeudado a Interamerican).

   Igualmente sostiene que este registro demuestra que fue PDV USA con quien David Rivera contrató y que el pago restante devuelto a PDVSA también demuestra el reconocimiento de la Cesión por parte del demandante y PDVSA.

PDV USA se equivoca

  A juicio de Interamerican Consulting, la regla 17 no rescata la falta de legitimación del demandante y, por tanto, PDV USA se equivoca en su interpretación de la ley.

  Refiere que PDV USA al manifestar que "[la cesión] puede afectar a quién posee el derecho a entablar una demanda" hace un mal enfoque de la ley, pues no tener derecho a presentar una demanda es un problema y la Regla 17 no proporciona remedio a esta situación porque requiere que al menos algunos demandantes tengan algún valor del Artículo III al comienzo de una demanda y si esto no ocurre la Regla 17 no puede aplicarse.

  También, agrega, malinterpreta la jurisprudencia que utiliza en sus alegatos.

Presidente ad hoc de PDVSA actuó sin autoridad

  Asegura Interamerican Consulting que PDV USA afirma falsamente que la demandada "no impugna la validez de la Rescisión", cuando, por el contrario, señaló que PDVSA es signatario de dicha Rescisión.

   Asevera que Luis A. Pacheco, quien firmó como presidente “ad hoc” de PDVSA, actuó sin autoridad, pues el estatuto venezolano que crea la junta ad hoc de PDVSA, promulgada por la legislatura de Juan Guaidó, reconocida por Estados Unidos, no otorga autoridad para rescindir la Cesión y solamente otorga a la junta el poder de ejercer derechos como accionista de CITGO y no actúa en esa capacidad frente a la Rescisión.

Las sanciones impiden la adjudicación

  Manifiesta la demandada que la citación del demandante a las directrices de la OFAC es inadecuada y confirma que elude directamente las sanciones OFAC FAQ 808 referidas al inicio de una demanda por una entidad no bloqueada contra entidades bloqueadas o activos bloqueados.

  Interamerican sostiene que eso es lo contrario de este caso que comenzó por una subsidiaria de una entidad sujeta a sanciones contra una entidad estadounidense no sancionada.

Lo político

   Refiere la demandada que el demandante intenta agitar la doctrina de la cuestión política reiterando su interpretación errónea del régimen de sanciones.

  Apunta que la decisión del Poder Ejecutivo de impedir que PDVSA reciba algún beneficio monetario de una entidad estadounidense ha sido tomada y el tribunal no puede cuestionarla.

Alegatos insuficientes

  A criterio de Interamerican Consulting, el demandante no alega incumplimiento de contrato y no alegar insatisfacción implica que PDV USA no niega que no notó oportunamente su supuesta insatisfacción, pero en cambio, afirma que la responsabilidad de satisfacer al demandante recaía en Interamerican, lo cual es absurdo.

 Estima contradictorio que, por un lado PDV USA alegue incumplimiento por parte de Interamerican y, al mismo tiempo, declare que la demandada sí entregó unos informes.

  Del mismo modo, Interamerican refiere que el demandante no defiende su cumplimiento, pues afirma que dejó de hacer pagos debido al supuesto desempeño inadecuado de la demandada, pero no alega causalidad entre informes supuestamente "perdidos" y la falta de pago.

  Igualmente, PDV USA omite la referencia al pago no solicitado de USD 5 millones de PDVSA después de la Cesión, del cual nunca informó al tribunal.

  Interamerican Consulting destaca que PDV USA no alega daños y reconoce el incumplimiento de las condiciones precedentes. El demandante admite tácitamente que no alegó el cumplimiento de las condiciones precedentes. Tampoco PDV USA no alega la indemnización y se limita a manifestar su disposición a buscar daños y perjuicios que no están disponibles bajo una teoría de incumplimiento del contrato, a saber, 'gastos, costas judiciales y honorarios de abogados'”.

  Remata Interamerican diciendo que PDV USA no alega enriquecimiento injusto ni un reclamo de sentencia declaratoria.

   Por todo esto, Interamerican Consulting considera que sus mociones para desestimar la denuncia deben aceptarse.

Serie: Los papeles secretos de la Electricidad de Caracas (Parte II)

  Bajo administración de Javier Alvarado, la Electricidad de Caracas otorgó a Derwick Associates S.A y Duro Felguera contratos que superan los US$ 1637 millones de dólares.

Por Maibort Petit

  Entre septiembre de 2008 y junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas otorgó al menos USD 1.637.179.180,80 en contratos a un grupo de empresas altamente cuestionadas, resultando las más favorecidas Derwick Associates S.A y Duro Felguera. Unas negociaciones que significaron un desfalco al erario público venezolano, máxime porque dichas contrataciones no remediaron el problema que se suponía iban a solucionar: la crisis eléctrica.    Contratos otorgados a dedo sin que se hayan realizado procesos licitatorios como exige la ley, significaron que el estado venezolano entregó a empresas altamente cuestionadas al menos USD 1.637.179.180,80 —de algunos no disponemos la cifra— en menos de un año al amparo de la emergencia decretada por el gobierno. Así lo revelan una serie de documentos, actas y contratos de C.A. Electricidad de Caracas que están en nuestras manos.

  En esta segunda entrega de la serie en la que estamos dando a conocer la documentación que prueba las contrataciones que la C.A. Electricidad de Caracas llevó a cabo durante la gestión de Javier Alvarado como presidente de la empresa estatal y en los que se puede apreciar como las cuestionadas Derwick Associates S.A. y la española Duro Felguera figuran entre las compañías favoritas con que negoció para atender la crisis eléctrica que ha padecido Venezuela en los últimos años y que, lejos de solucionarse, se ha agravado.

  Ambas empresas han sido seriamente cuestionadas al relacionárseles con hechos de corrupción derivados de su gestión en el contexto de la referida crisis eléctrica. La primera ha sido señalada de supuestamente vender equipos chatarra con sobreprecio. A la segunda se le acusa de presuntamente haber estafado a Venezuela con la construcción de una central eléctrica inservible, con problemas operativos y de diseño, así como con un 400 por ciento de incremento de su valor real.

  Además, la Asamblea Nacional determinó que la EDC pagó un gran anticipo a Duro Felguera por los trabajos y esta solamente entregó un 10 por ciento de la obra. “El gobierno venezolano pagó un adelanto a Duro Felguera para la construcción de la planta eléctrica y la compañía apenas entregó el 10%. El pago de comisiones y mordidas fue en detrimento del diseño y la calidad de la obra. Hubo graves problemas con la tubería de enfriamiento, que estaba a cargo de Protesa, empresa asociada a Duro Felguera”, aseguró el diputado opositor Julio Montoya, quien dirigió las investigaciones llevadas a cabo en el seno del parlamento venezolano y que presentó una denuncia en contra de la empresa española ante la Fiscalía Anticorrupción de esa nación en declaraciones que recoge el portal Aserne y en el cual también puede leerse que “La empresa española no cumplió ni los plazos de entrega ni la calidad prometidas en su proyecto, según concluyen los informes parlamentarios que también han sido trasladados a la fiscalía venezolana”.

  Según su página web, Duro Felguera es una “compañía especializada en la ejecución de proyectos ‘llave en mano’ para los sectores energético, industrial y de Oil & Gas; la prestación de servicios especializados para la industria y la fabricación de bienes de equipo. Con más de 150 años de experiencia en las actividades industriales, actualmente DF desarrolla proyectos integrales para la construcción de todo tipo de centrales de generación eléctrica, instalaciones para el tratamiento de minerales y el manejo de graneles, plantas para almacenamiento de combustibles y otras instalaciones en el sector de Oil & Gas. La compañía lleva a cabo todo el proceso de los proyectos: ingeniería, suministros, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento”.

   De esto dimos un adelanto en la primera entrega, pues en dicha nota vimos cómo comenzó a prepararse el terreno para las acciones ulteriores de la directiva de EDC que derivaron en los hechos de corrupción de que ha dado cuenta abundantemente la prensa internacional, en mayor medida y, la prensa venezolana en la posibilidad de que han logrado sortear la censura impuesta por los dos últimos gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

  En estos hechos tiene un especial protagonismo Javier Alvarado, quien se convirtió en presidente de la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en 2007 cuando el para entonces vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Rodríguez, lo juramentó, junto al resto de los integrantes de dicho cuerpo rector. Quedó integrada dicha directiva —además de Alvarado— por quienes cumplían funciones como directores principales, Antonio Simancas, Alejandro Borjas, Jesús Rangel, Alberto Urdaneta, mientras que como suplentes fungían Nicolás Veracierta, Darío Merchan, Carlos Luengo y Genel Severeyn.

  En los resúmenes de las actas que de reunión de la junta directiva de la EDC que presentamos a continuación y en las próximas entregas, veremos cómo fueron configurándose los hechos acusados en las primeras líneas por parte de la directiva de la C.A. Electricidad de Caracas en conjunción con las empresas señaladas.

  Igualmente, podremos observar cómo Luis Carlos De León Pérez, exfuncionario de la Electricidad de Caracas, gerente funcional de asuntos legales de la empresa, quien en la actualidad es acusado por el gobierno de los Estados Unidos de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y violación de la ley de Prácticas Corruptas, pasó de ser un “invitado permanente” a las reuniones de junta directiva de la empresa estatal, a convertirse en directivo de la misma.

  De este personaje ya hemos referido en el reporte anterior, que llegó a alcanzar un poder inexplicable dentro de la Electricidad de Caracas con atribuciones y facultades más allá de las que su cargo le permitía.

Comienzan a concretarse las contrataciones

  El 5 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas constituida por Javier Alvarado en su carácter de presidente, Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con la presencia del invitado permanente Luis Carlos De León Pérez (gerente funcional de asuntos legales) e Iliany Mata, como secretaria, aprobó el plan especial de contrataciones en el área de distribución; asimismo la contratación de las obras de movimiento de tierra para la Planta Termoeléctrica Termocentro y la Subestación El Castaño; se aprobó la contratación por vía de excepción lo relativo a la recuperación del alumbrado público y sistemas de distribución de algunos sectores del casco central de Caracas; se analizó la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta.

  Igualmente se discutió el incremento de la capacidad de generación de 500 MW a 1.610 MW del Complejo Generador Termocentro.

  También se estudió la solicitud de autorización para ejecutar la contratación de GTME de Venezuela S.A. para el servicio de contratación de obras eléctricas y de acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas.

  Se delegó en el director de operaciones y/o el gerente operativo de producción, la suscripción de documentación del proceso, incluida el acta de inicio, el otorgamiento de las adjudicaciones y la firma de los contratos respectivos.

  Javier Alvarado pidió analizar la oferta de equipos complementarios de tres unidades modulares de generación como parte del proceso del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, el estado Vargas y Nueva Esparta. Sobre esto el gerente funcional de ingeniería y proyectos, José Romero, recomendó la compra del Generador Diesel para Black Star, equipos de tratamiento y suministro de agua, equipos de filtrado y suministro de diésel, equipos de tratamiento y compresión de gas, así como repuestos para garantizar el funcionamiento de las unidades de generación.

  La junta directiva resolvió autorizar la compra con la empresa Wellington Turbines LLC de los equipos complementarios y repuestos para la unidades de generación Pratt & Wittney de 60 MW, tipo FT8 Swiftpac cuya compra se aprobó por la directiva el 20 de agosto de 2008, por USD 17.327.907 para asegurar la puesta en marcha de las unidades en el Proyecto de Generación de Respuesta Rápida en los terrenos de La Raisa en el contexto del Complejo Generador Termocentro.

  La directiva también autorizo a la gerencia funcional de ingeniería y proyectos para solicitar ofertas técnico-económicas a las empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar y del IPC de la Planta Termoeléctrica Termocentro; y a Turbocare C.A. para servicios de rehabilitación de dos turbogrupos W501DS, suministro de equipos y repuestos, instalación, puesta en marcha y asesoría técnica en el proyecto Planta de Generación La Raisa.

  Alvarado igualmente pidió autorización para contratar a la empresa GTME de Venezuela S.A. para el servicio de construcción de obras eléctricas y acometida de distribución para la Zona Metropolitana, regiones Centro, Este y Oeste y la región Vargas de la C.A. Electricidad de Caracas

  Se incrementa el presupuesto 2008 y uso del Fondo Chino

   El 24 de septiembre de 2008 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas integrada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, discutió el proyecto de presupuesto de la empresa para 2009 y el proyecto modificado del presupuesto 2008; al estrategia de contratación del Proyecto de Ampliación de Generación en el Conjunto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, Planta Picure y Generación de Respuesta Rápida (GRR); la autorización para delegar en el director de finanzas la facultad de aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias.

  Javier Alvarado intervino para solicitar la aprobación de la contratación con recursos del Fondo Conjunto China Venezuela (FCCV) para procura de unidades modulares de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   Lo anterior contemplaba la ampliación de la subestación Tacoa 230 KV; la nueva subestación y sistema de transmisión asociada al CC 540 MW; desmantelamiento y construcción de almacenes;: desmantelamiento y construcción del campamento de contratistas; adecuación de la estación de gas existente; adecuación de líneas de transmisión de interconexiones existentes; demolición y disposición de componentes de la Planta Arrecife para futuros proyectos; reubicación de helipuerto; estudio de operación y mantenimiento.

  Alvarado explicó que la distribución de los recursos del FCCV sería: USD 195 millones asignados al Proyecto Complejo Termoeléctrico Termocentro; y USD 115 millones asignados al Proyecto de Ampliación de Generación en la Isla de Margarita.

  La idea era dotar a la región central de autonomía dada su excesiva dependencia de la generación de las centrales hidroeléctricas de Guayana y la transmisión asociada que se manifestó en la falla eléctrica del 29 de abril de 2008. En este sentido, la junta directiva de Corpoelec aprobó la fusión en un megaproyecto de la Planta La Raisa y el Complejo Generador Termocentro.

   Asimismo, la falla eléctrica del 1° de septiembre de 2008 llevó a decidir la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas y de la Planta La Raisa.

  Las decisiones fueron: aprobar la ampliación del Proyecto Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas; ampliar el Proyecto La Raisa como parte del Complejo Generador Termocentro para instalar 200 MW adicionales a los 330 MW de Generación de Respuesta Rápida que, sumados a los 1.080 MW de la Planta El Sitio suman 1.610 MW para el Complejo Generador Termocentro.

   Se decidió ajustar el presupuesto 2008 a USD 116 millones que debían ser reasignados al proyecto de ampliación de generación Margarita y cargados el proyecto del Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas reasignado para los proyecto a ejecutar en 2008.

  Se resolvió ampliar la facultad del director de finanzas para aprobar operaciones de colocaciones por montos superiores a 2 millones de unidades tributarias con una vigencia comprendida entre el 1° de octubre de 2008 y el 31 de marzo de 2009.

Entran Derwick y Duro Felguera en escena

   En reunión de junta directiva de la que no podemos precisar fecha al no contar con esa parte del documento, pero que estimamos ronde entre los meses de septiembre y diciembre de 2009, Javier Alvarado solicitó aprobar la oferta de dos unidades de generación como parte del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida para la Gran Caracas, Vargas y Nueva Esparta.

   En virtud de que el 20 de agosto de 2008 la directiva aprobó la compra de equipos modulares de generación por ser la mejor opción para la fase inicial del Proyecto de Generación de Respuesta Rápida por su flexibilidad, tiempo de entrega, instalación, transporte y operación con gas y diésel y en razón de que Derwick Associates S.A. presentó el 7 de noviembre de 2008 una oferta de dos equipos de generación de 22 MW, marca General Electric, tipo LM2500 PC Turbines para ser entregadas, una unidad en diciembre de 2008 y otra en enero de 2009, se expuso la conveniencia de aprobar la contratación, como en efecto se resolvió por USD 31.300.000.

  También se aprobó, deducimos que en la misma fecha, contratar a la empresa Duro Felguera S.A. para las obras y servicios de la ejecución preliminar de la Planta Termocentro por USD 215.000.000. Se aprobó que el director de integración de procesos suscribiría el contrato con la empresa española.

Nuevo contrato a Derwick y se amplía vigencia del de Duro Felguera

   El 27 de marzo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, se presentó la propuesta de estrategia de contratación y, en tal sentido, se pidió a la directiva autorizar la solicitud de oferta a Derwick Associates S.A., representante en Venezuela de ProEnergy Services lo que resultó aprobado basado en el numeral 1 del artículo 76 de la Ley de Contrataciones Públicas vigente para la fecha y que estaba referido a los supuestos que permitían la contratación directa independientemente del monto de la contratación, siempre y cuando la máxima autoridad del órgano o ente contratante, mediante acto motivado, justificara adecuadamente su procedencia. Se le solicitaría la actualización de la contratación de IPC para la instalación de equipos modulares de generación (3 x 60 MW Pratt & Witney) para la Planta de Generación.

La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro

   Alvarado también pidió a la junta directiva aprobar la extensión de la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para obras y servicios preliminares de la Planta de Generación Termocentro el cual se suscribió el 3 de diciembre de 2008 con vigencia hasta el 31 de marzo de 2009, mientras se acordaban los términos de la oferta definitiva. En razón de que la oferta presentada por la empresa el 4 de febrero aún estaba en estudio, se solicitó aprobar un Addendum del citado contrato de diciembre de 2008. Se aprobó la extensión hasta el 30 de abril de 2009.Otros contratos, otras empresas

   En fecha no determinada, pues no figura en la parte de los papeles que están en nuestro poder, la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas resolvió con base a las recomendaciones de la Comisión de Contrataciones N° 2, adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa China Profit Co. LTD por USD 72.200.000, equivalentes a Bs 155.230.000 (precio FOB). Los gastos de importación e impuestos serían asumidos por la EDC. Se acordó un anticipo del 30 por ciento y el 70 por ciento restante mediante Carta de Crédito Confirmada.

 Como segunda opción se aprobó adjudicar los lotes 1 y 2 a la empresa World Business en caso de que la otra empresa no mantuviera la oferta no suministrara las garantías debidas o le fuera anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa.

  También se aprobó adjudicar como primera opción el lote 3 a la empresa World Business S.A. por USD 19.800.000 equivalentes a Bs. 42.570.000 (precio FOB). La C.A. Electricidad de Caracas asumió los gastos de importación e impuestos. Se dará un anticipo de 20 por ciento y el restante 80 por ciento mediante Carta de Crédito Confirmada. La segunda opción era para China Profit Co. LTD.

Nuevo contrato a Derwick

  El 29 de abril de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas presidida por Javier Alvarado (presidente), con la participación de los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta y Nicolás Veracierta, con Iliany Mata, como secretaria, a solicitud de la presidencia se analizó y se resolvió aprobar la contratación de la empresa Derwick Associates S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación LM2500 y dos unidades de generación LM6000 en el Proyecto de Ampliación de Generación en el Complejo Generador Planta Josefa Joaquina Sánchez Bastidas por USD 50.814.011 (componente en dólares y Bs. 29.679.6955,20.

También Duro Felguera se hace de otro contrato

  El 27 de mayo de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado (presidente), Genel Severeyn, Alberto Urdaneta, Carlos Luengo y Nicolás Veracierta, con Luis Carlos De León Pérez como invitado permanente e Iliany Mata, como secretaria, analizó la solicitud de autorización para declarar desierto y dar por terminados los concursos internos de oferta de las gerencias operativas de generación y transmisión previstos en el plan excepcional de contrataciones y resolvió aprobar, de acuerdo al numeral 1 del artículo 76 de la Ley de la Ley de Contrataciones Públicas, la contratación de la empresa Duro Felguera S.A. para los servicios de Ingeniería, procura y construcción (IPC) de la Planta de Generación Termocentro asociado al Complejo Generador Termocentro.

  El costo del contrato fue de € 510.241.202, USD 911.973.314 y Bs. 1.239.791.128.

Luis Carlos De León Pérez se integra a la directiva de la EDC

   El 10 de junio de 2009 la junta directiva de la C.A. Electricidad de Caracas conformada por Javier Alvarado en su carácter de presidente), los directores Genel Severeyn, Alberto Urdaneta. Se incorporó ahora también como directivo de la empresa estatal, Luis Carlos De León Pérez (no disponemos del acta de la junta directiva en la que se le incorporó como integrante, pero obviamente fue un hecho ocurrido entre los últimos días de mayo y los primeros días de junio del citado año 2009) y fungiendo Iliany Mata como secretaria, autorizó la solicitud de oferta técnico-económica de las empresas:

   GTME de Venezuela S.A. para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación (85 MW 700IEA General Electric) en la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  Derwick Associates S.A. para la adquisición de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

   Derwick Associates Corporation para los servicios de ingeniería, procura y construcción de la instalación de dos unidades de generación de 45 MW cada una, marca General Electric, modelo LM6000 para la Planta de Generación La Raisa asociada al Complejo Generador Termocentro.

  La Gerencia Funcional de Ingeniería y Proyectos debía hacer la evaluación de las ofertas y presentarla a la consideración de la junta directiva para su aprobación.

   Se aprobó la contratación de la empresa Inversora Cerro Azul C.A. para servicios de ingeniería, procura y construcción del gasoducto asociado al Complejo Generador Termocentro por USD 9.063.928,80 y Bs. 91.589.071,48 incluyendo IVA, con una anticipo de 50 por ciento de la porción en dólares y de 30 por ciento para la porción en bolívares del contrato.

   En la próxima entrega continuaremos dando a conocer a nuestros amables lectores, los procesos de contratación de la C.A. Electricidad de Caracas durante la gestión de Javier Alvarado, negociaciones que construyeron un fraude al estado venezolano pero que enriquecieron a un grupo de personas de los cuales algunos enfrentan a la justicia en la actualidad.