miércoles, 11 de enero de 2023
Una estrategia ejecutada por Francisco Convit Guruceaga consigue liberar al exfuncionario de PDVSA, Víctor Aular, acusado por delitos de corrupción
jueves, 15 de diciembre de 2022
El excongresista David Rivera, ligado a la corrupción de Maduro, comparecerá ante un juez de la Florida que lo procesará por delitos federales
Se destacó el “reconocimiento” que Rivera hizo a quien es conocido como el “banquero del chavismo”, David Osío, propietario del Davos Financial Group[4]. En el acto, rivera entregó a los homenajeados la Medalla al Mérito del Congreso de EE. UU., un Certificado de Reconocimiento Congresional y la Bandera de Estados Unidos.
lunes, 5 de diciembre de 2022
El arresto de exrepresentante de Florida, David Rivera y a su socia : Ambos fueron consultores de Nicolás Maduro y cobraron millones
En la querella aparecen una serie de diligencias hechas por Rivera, que buscaba evitar que el entonces presidente Donald Trump impusiera sanciones contra PDVSA, y las cabecillas del régimen de Maduro. En su afán por tratar que las sanciones no se materializaran, David Rivera gestionó reuniones con un senador de la Florida, un representante de Texas y un asesor de la Casa Blanca. Tal como se evidencia con hechos, Rivera no logró su cometido.
No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos.
Por aquel entonces, se presentaron unas facturas para justificar un pago un total de $15 millones (tres facturas de $5 millones cada una) a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de las 'facturas', que —a decir de muchos— eran simples papeles, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarlas". A todas luces se veía que "era una operación de la lavado de dinero", sostuvieron dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
Las tres facturas "por servicios profesionales" eran por el monto de $5 millones cada una, para un total de $15 millones, y "se pagó por una orden de arriba". Para ese momento, José Pereira (uno de los presos que fue intercambiado por los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon ( ahora extesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser.
CITGO pagó las facturas a la empresa del excongresista David Rivera, y "todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo". La aprobación de los pagos de $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales.
Los récords muestran que CITGO emitió 3 pagos de $5 millones cada uno; las transferencias bancarias se hicieron a la cuenta de David Rivera (Interamerican Consulting) se enviaron en 3/24/2017; 04/10/2017 y 04/19/2017. Es decir se pagaron $15 millones en menos de cuatro semanas (27 días), "por lo que se evidenció que había una intención corrupta de sacar $50 millones de CITGO de una manera expedita", comentó una fuente vinculada al caso, quien agregó que con la aprobación de dichas operaciones por parte de CITGO, "José Pereira y Gina Coon violaron todos los controles de revisión y autorización con este contrato y sus facturas relacionadas".
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.
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lunes, 24 de octubre de 2022
Testigos que buscan probar supuesta inmunidad diplomática de Álex Saab testificarán desde la Misión de Suiza en Caracas
Por Maibort Petit
Con el objetivo de proteger 'la salvaguardias y logística necesarias para asegurar la integridad del testimonio' de los testigos propuestos por Álex Saab Morán, acusado de delitos de lavado de dinero y de ser el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, la Embajada de Suiza autorizó que las testificaciones se realicen en la Misión suiza en Caracas. Saab busca probar que gozaba de Inmunidad Diplomática cuando fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 y que, por ende, no puede ser juzgado por la justicia ordinaria de los Estados Unidos.
Saab pidió al tribunal permitir el testimonio por videoconferencia de los testigos de la defensa ubicados en Venezuela. Al hacerlo, la Corte ordenó a las partes reunirse y consultar la logística que se usará para ese procedimiento fuera de país. Inicialmente, Saab había propuesto que los testigos testificaran por Zoom desde el Hotel Cayena de Caracas, porque en esa localidad hay buen servicio de internet.
Un gobierno reconocido por EE. UU.
En un informe conjunto de la defensa y la fiscalía, se informa que el acusado informó que por nota diplomática al Ministerio del Pueblo de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, la Embajada de Suiza confirmado que está dispuesta a ofrecer las instalaciones de la Misión Suiza en Caracas, probablemente la Residencia de Embajadores, como sede de la testimonio.
Los fiscales se oponen al testimonio por Zoom desde Venezuela pero, en vista que los testimonios han sido autorizados, no se oponen al uso de las instalaciones suizas en Caracas, o de las instalaciones diplomáticas de otro tercer país.
Saab también obtuvo confirmación por escrito del Fiscal General de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza. En dicha notificación se señala que la ley venezolana no prohíbe a los testigos prestar testimonio en procesos penales extranjeros, a través de tecnología de vídeo, desde dentro de Venezuela.
Las partes acordaron que el testimonio por videoconferencia debe realizarse a través de la sistema seguro Zoom.gov. de los Estados Unidos e informaron que coordinarán con el personal del Tribunal para organizar la logística.
Igualmente, Saab propuso que el personal de la corte de EE. UU. juramentara a los testigos, pero la Corte señaló que en su experiencia previa, es preferible que la juramentación la haga alguien en el lugar (Caracas) que esté autorizado para administrar un juramento bajo las leyes de ese estado o país
"La defensa está de acuerdo con la propuesta del Tribunal y está dispuesto a identificar a una persona física autorizada, conforme a las leyes venezolanas, para tomar el juramento y verificar la identidad de los testigos", dice el informe.
En el período entre la entrega del Informe de Estado Conjunto y la Audiencia, la defensa de Saab anticipó que habrá conversaciones adicionales con la Embajada de Suiza sobre logística, tecnología y requisitos de las autoridades suizas, por lo que se presentará información adicional sobre el tema.
Los fiscales recordaron que Estados Unidos no reconoce al Gobierno de la administración Maduro como el gobierno de Venezuela. Esto incluye al individuo antes mencionado, por ello, la Fiscalía estadounidense sugirió que para que los testimonios ocurran en la Embajada de Suiza, el juramento local debe hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada es "suelo suizo".
Las partes seguirán consultando sobre los detalles del juramento prestado in situ en Caracas.
Asimismo, los fiscales federales advierten que prefieren que los testigos también sean juramentados por el personal judicial de los EE. UU.
La Fiscalía no se opone a la administración de un juramento local, pero ha planteado que si así se hiciere, los testigos deben ser además juramentados por por EE. UU.; y cualquier juramento local potencialmente debería hacerse de conformidad con la ley suiza, no la ley venezolana, porque la embajada está técnicamente en suelo suizo.
En el informe se acuerda que durante el testimonio de cada testigo, las únicas personas que estarán presentes son el propio testigo y una persona neutral adicional, preferiblemente de la embajada o consulado en el que se toma el testimonio, quien asistirá con las cámaras y cualquier otros problemas tecnológicos que puedan surgir.
La defensa y la fiscalía acordaron que habrá una cámara en la sala, enfocada en el testigo y que antes del inicio del testimonio de cada testigo, una persona neutral utilizará la cámara para escanear toda la habitación y establecer que no hay nadie más presente y/o confirmar verbalmente que no hay nadie más presente.
Las partes llegaron a un acuerdo que establece que antes de tomar el testimonio, se verificará la identidad de cada testigo a través de una identificación emitida por el gobierno. Esta identificación se mostrará sobre la cámara y verificado por la persona que administra los juramentos de los testigos.
Se utilizará además el servicio de interpretación del Tribunal, con el intérprete que se conectará de forma remota, en consonancia con la práctica anterior del Tribunal de utilizar videoconferencias y interpretación. Asimismo se usará el taquígrafo judicial típico del Tribunal, presente en la Sala de la Corte en Miami.
Las partes acuerdan que los Anexos se mostrarán a los testigos mediante la videoconferencia función de pantalla compartida, y copias impresas también estarán disponibles en la sala del tribunal para su examen por la Corte, el personal y el defensa.
Alex Saab ha pedido en varias mociones al tribunal que le otorgue que desestime la acusación en su contra por delitos de lavado de dinero porque goza de inmunidad diplomática, y que fue ilegalmente “secuestrado” cuando se trasladaba a Irán para cumplir una misión diplomática.
Según los alegatos de la defensa, Estados Unidos sabía que Álex Saab era un diplomático de Venezuela cuando fue arrestado en Cabo Verde, para lo cual presentó una serie de documentos que incluyen cartas enviadas por Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez a las autoridades del régimen de Irán, copia de las supuestas gestiones.
Los fiscales acusan a Saab Morán de haber lavado unos 350 millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas para los pobres de Venezuela.
Según la defensa, Estados Unidos y la Interpol tenía conocimiento que Saab tenía inmunidad diplomática, por lo que han pedido desde su arresto desestimar la acusación por ser improcedente.
La fiscalía estadounidense niega el conocimiento y reconocimiento del estatus de diplomático de Saab.
De ser declarado culpable podría enfrentar una condena máxima de hasta 20 años de prisión.