Hugo Carvajal , "el ave" que se le escapó dos veces a la justicia de los Estados Unidos

Por tratarse de delitos militares y por sustentarse en razones políticas, España negó extradición del Pollo Carvajal a EE. UU. El gobierno norteamericano solicitó a España que apele la decisión de no extraditar al acusado de ser un narcotraficante. La defensa dice que está dispuesta a llegar hasta el Comité Europeo de Derechos Humanos. 

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La decisión de la Audiencia Nacional advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, actuó bajo las órdenes o directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez Frías. El fallo se basó en los argumentos de la defensa y el rechazo al planteamiento hecho por la fiscalía española que alegaba que el país que estaba solicitando en extradición al acusado contaba con una de las democracias más modernas del mundo. Los alegatos de la fiscalía y los elementos enviados por el gobierno norteamericano no ejercieron ninguna influencia en el panel de jueces que se apegaron a lo expuesto por el ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez y por sus abogados.  

Por su condición de militar supeditado a las órdenes y directrices de la Presidencia de la República y a que su actuación se enmarcó como parte de la estrategia que el gobierno venezolano desplegó dentro de sus funciones militares y de contrainteligencia exceptuados por la legislación española, la Audiencia Nacional negó la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos al Reino de España, con relación a la persona de Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, al no haberse cubierto las exigencias que permiten la aplicación del Tratado de Extradición entre ambos países.

Igualmente, el máximo órgano de justicia español adujo para justificar su decisión, que la solicitud estadounidense estaba sustentada en razones de tipo político.

El pasado 17 de septiembre del corriente año 2019, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara Marcos, Ángeles Barreiro Avellaneda y Clara E. Bayarri García, emitieron el fallo sobre la solicitud de extradición 0000021/2019, Rollo de Sala 20/2019 correspondiente al proceso de extradición contra el venezolano Hugo Carvajal a quien las instancias de EE. UU. reclamaban.

La ponencia con relación a quien se encontraba detenido desde 12 de abril de 2019 y cuya libertad condicional fue acordada por auto del 16 septiembre de 2019, estuvo a cargo de Alfonso Guevara Marcos.

Este conjunto de magistrados acordó “Denegar la extradición a los Estados Unidos de América del nacional venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, para su enjuiciamiento por los hechos-delitos comprendidos en la Acusación de Reemplazo del tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, de 15 de abril de 2019, en el Caso S1 11 Cr. 250 (AKH), y subsiguiente Orden de Aprehensión de igual fecha del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”.

En tal sentido, la decisión dejó sin efecto las medidas cautelares que hasta la fecha se habían adoptado respecto al reclamado y se comunicó al Ministerio de Justicia, específicamente a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a objeto de dejar constancia de lo acordado por la Audiencia Nacional y se diera a conocer el fallo a las autoridades de Estados Unidos y a la Interpol.

Exposición de antecedentes

Refiere la ponencia Guevara Marcos, en primer término, la providencia del Juzgado Central de Instrucción N° 6 de fecha 12 de abril de 2109, la cual permitió dar inicio al procedimiento de extradición número 21/2019, la cual el mismo día se comunicó a la Interpol la detención en Madrid de Adolfo José Mouriño Olsen, quien resultó ser Hugo Armando Carvajal Barrios cuando se le practicó un cotejo decadactilar, sobre quien recaía orden de aprehensión  CRIM 205 de 3 de agosto de 2011, emitida por el juez del Distrito Sur de Nueva York, por delito de tráfico de drogas.

Dado que Carvajal Barrios no consistió la extradición simplificada y no renunció al principio de especialidad, se acordó su prisión provisional e incondicional.

En segundo lugar, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, remitió el 26 de abril de 2019 al Juzgado Central un conjunto de notas verbales habidas entre la Embajada de Estados Unidos y el despacho de gobierno, con el fin de que comenzaran a computarse los 45 días conforme al tratado bilateral y se participara sobre la solicitud formal de EE. UU. de extradición de Hugo Carvajal, alias “El Pollo”.

El 17 de junio de 2019, el Ministerio de Justicia le comunicó al Juzgado Central que por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 2019, se autorizó continuar el procedimiento por vía jurisdiccional, para lo cual se adjuntaron los documentos recibidos de Estados Unidos a través de su Embajada.

Tales documentos fueron la Nota Verbal de la Embajada de EE. UU. en España N° 360 de fecha 9 de mayo de 2019; la Declaración Jurada en apoyo de la Extradición; las Pruebas A (Copia de la Acusación formal), B (Copia de la Orden de Aprehensión), C (Folios 325 y siguientes relativos al Código de Estados Unidos) y D (Folios 335 y siguientes, relativos a la Declaración Jurada del agente especial de la DEA encargado de la investigación).

Carvajal no permite su extradición

Luego el magistrado de la Audiencia Nacional española hace una larga exposición sobre los términos de la acusación emitida por el Gran Jurado de los Estados Unidos contra Hugo Carvajal Barrios, detallando cada cargo y los sustentos jurídicos de los mismos, según la visión y legislación estadounidense.

Dichos cargos, a saber son, Conspiración de narcoterrorismo, Conspiración para importar cocaína, Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, Conspiración con otros para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Entonces, se procede a referir la negativa manifiesta de Hugo Carvajal de no consentir su extradición y su no renuncia al principio de especialidad. El juzgado dispuso elevar las actuaciones a la Sección tercera de la Sala de lo penal.

Para el día 12 de septiembre de 2019, durante la vista extradicional con presencia del Ministro Fiscal, Hugo Carvajal, reconoció su identidad y se opuso a ser entregado a los Estados Unidos por considerar que la demanda tiene una finalidad espuria pues las autoridades requirentes pretenden obtener información sobre Nicolás Maduro, dada su condición de exdirector de Inteligencia Militar en Venezuela. Refirió que sus contactos con miembros de las FARC lo fueron por orden de Hugo Chávez y el beneplácito de las autoridades colombianas en orden al proceso de paz. No renunció al principio de especialidad.

El Ministerio Fiscal solicitó que se accediera a la demanda de extradición al cumplirse los preceptos del tratado bilateral España-EE. UU. y de la Ley de Extradición Pasiva. La defensa solicitó denegar la extradición.

Fundamentos jurídicos

La ponencia pasa a explicar los fundamentos jurídicos de su decisión y refiere, en primer término, que la extradición entre el Reino de España y los Estados Unidos está amparada por la Constitución española, por el Acuerdo de Extradición entre la Unión Europea y EE. UU. y el Tratado Suplementario de Extradición y por la Ley de Extradición Pasiva.

Se advierte en segundo lugar que no hay cuestionamiento en cuanto a la identidad del reclamado pese a que en principio portaba un pasaporte con otro nombre, el cual, según declaró, le fue otorgado conforme a la legislación venezolana.

Se hace referencia a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos a través de su embajada para procesar judicialmente a Hugo Armando Carvajal Barrios, alias “El Pollo” en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por los delitos de asociación ilícita dolosa para involucrarse en el narcoterrorismo; asociación ilícita para importar una sustancia controlada dentro de EE. UU. y dentro del territorio de aduanas de los EE. UU. desde un lugar fuera del país, manufacturar y distribuir una sustancia controlada con intención y a sabiendas de que esa sustancia venía importada ilegalmente a los EE. UU.; uso o posesión de armas de fuego para cometer o posesión de armas durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos y participación en asociación ilícita para usar o poseer armas de fuego durante y en relación con los delitos de sustancias controladas y colaborar e instigar en los mismos.

Se establece que tal solicitud cumple formalmente y sin perjuicio con los requisitos legales, así como con las formalidades acostumbradas en este tipo de diligencias.

En cuarto lugar, se menciona que la defensa cuestionó la competencia del órgano judicial que emite la orden de aprehensión que determinó la detención de Carvajal, así como la que sustenta la reclamación extradicional, al considerar que en su caso los hechos objeto de la solicitud habrían acaecido fuera del territorio de EE. UU. y la aplicación de los establecido en el Código de los Estados Unidos llevaría a entender como competentes a los tribunales del Distrito de Columbia y no a los del Distrito Sur de Nueva York. El magistrado ponente desestimó los alegatos por carecer de sustento.

En quinto lugar, para negar la demanda cursada por Estados Unidos para extraditar a Hugo Carvajal, la Audiencia Nacional estimó que aun cuando la presentación del caso por parte de los Estados Unidos se sustenta en su legislación para formular los cargos en contra del reclamado y para hacer la solicitud sobre la base de que los delitos imputados son considerados como tales por ambos países, el magistrado considera que no se aprecia en relación con el reclamado Hugo Carvajal Barrios.

“Tales preceptos llevan indudablemente a concluir que la doble incriminación debe referirse a los ‘hechos’ que provisionalmente y de manera justificada —sistema anglosajón que inspira el tratado entre el Reino de España y los Estados Unidos de América— se atribuyen a la persona cuya entrega extradicional se demanda. No basta una relación de hechos que, aun siendo subsumibles en determinados tipos delictivos, no describan la conducta concreta e individualizada que se atribuye al reclamado y que integre el delito o delitos objeto de solicitud extradicional”.

Se indica en el reclamo de los EE. UU., fuera de la afirmación de que Hugo Carvajal y otros miembros del Cártel de los Soles entre los que se cita a Hugo Chávez, a Tareck El Aissami y a Diosdado Cabello, usando la cocaína como arma contra los EE. UU. además de obtener el enriquecimiento propio, trabajan con terroristas y otros narcotraficantes de América del Sur para despachar miles de kilos de cocaína desde Venezuela para su importación a estados Unidos con protección armada del referido Cartel de los Soles y las FARC, no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo llevara a cabo el el reclamado a quien se identifica como subdirector y director de la agencia de inteligencia militar de Venezuela (DIM) en diversas fechas bajo los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así como Cónsul y diputado, hay una descripción huérfana de determinación tanto local como temporalmente en relación con el reclamado.

En sexto lugar, el magistrado ponente estimó para negar la solicitud de extradición de Carvajal Barrios, que además de existir una “falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado”, la  solicitud debe negarse por aplicación del artículo V.A4 “cuando el delito sea estrictamente militar” y del artículo 4.2° de la LEP “Cuando se trate de delitos militares tipificados por la legislación española y sin perjuicio de lo establecido al respecto en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por España”.

Luego de hacer varias referencias a lo establecido en las leyes españolas aplicables para determinar que se estaba en presencia de delitos militares cometidos por un militar, el magistrado determinó que “la conducta que las autoridades de Estados Unidos imputan a Hugo Carvajal Barrios se refieren ‘indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar’ del que fue subdirector y director, dentro de la estrategia dirigida desde la Presidencia de la República para, en coordinación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), atacar intereses de los EE. UU., mediante el transporte hacia los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína, proveyendo de armas a las FARC como pago de la sustancia o facilitando a los guerrilleros protección armamentística. 
Así, en el resumen de la investigación que hace el agente de la DEA (Prueba D de la solicitud extradicional) se refiere a Carvajal como, director de la agencia militar de Venezuela (División de Inteligencia Militar “DIM”), como uno de los altos funcionarios de Venezuela, miembro del denominado Cartel de los Soles, al que pertenecían el presidente Chávez y los vicepresidentes Tareck El Aissami y Diosdado Cabello, que trabajaban con los cabecillas de las FARC coordinando actividades de tráfico de drogas en Venezuela y Colombia, como ‘arma contra los Estados Unidos’ según se reseña en el punto 2 del Cargo Uno de la acusación formal de reemplazo”.

La ponencia advierte que por más repudiables que resulten los hechos señalados a Hugo Carvajal, no existen dudas de que las mismos los llevó a cabo bajo las órdenes u directrices la Presidencia de la República, en específico de Hugo Chávez frías, tal como lo declara el propio agente de la DEA.

Agrega que aun cuando se entienda que el reclamo de Carvajal Barrios por parte de Estados Unidos se sustente en unos hechos concretos y precisos constitutivos de delito, “lo que según hemos dicho no ocurre”, la conducta del reclamado debe calificarse como “delito militar”, lo que es causa obligatoria de denegación de la extradición a tenor de los establecido en las leyes. “La actuación del responsable de la inteligencia militar venezolana debe calificarse como militar en cuanto estrategia del gobierno que Hugo Armando Carvajal Barrios desplegaría dentro de sus funciones militares y de contra inteligencia”.

Del mismo modo, el magistrado Alfonso Guevara Marcos argumenta que las razones del reclamo tienen una motivación política, al demandarse la entrega del reclamado por su condición de exdirector de la DIM de Chávez y Maduro, “dentro de la estrategia estadounidense respecto a Venezuela”,  lo cual es “Causa de denegación por ‘razones políticas’ que el instrumento atribuye a la decisión del gobierno de la parte requerida”.

Estados Unidos contraataca

Una vez conocida la decisión a favor de Carvajal, representantes de la  diplomacia estadounidense solicitaron a las autoridades españolas apelar, así como también pidieron colaborar para facilitar la extradición del reclamado, acusado por delitos de narcotráfico y asociación con grupos criminales, terroristas.

Carrie Filipetti, vicesecretaria para Venezuela y Cuba del Departamento de Estado, recordó que a Carvajal se le acusa de traficar con cinco toneladas de cocaína y la manera en que los Estados Unidos trata con narcotraficantes es extremadamente clara. 

Dijo: "Creemos que deben ser llevados ante la justicia para rendir cuentas, independientemente de otros delitos que hayan podido cometer. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que podamos tener ese apoyo España para asegurarnos de que el acusado venga aquí y pueda responder a las acusaciones en su contra".

Advirtió que se estaban haciendo todas las diligencias para que la fiscalía española continúe sus gestiones frente a la Audiencia Nacional y los órganos de justicia superiores para que se procesa a la extradición del acusado.

Venezuela se convierte en centro neurálgico del lavado de dinero

Convertido en un coto cerrado en el cual cada vez es más difícil establecer mecanismos de vigilancia y control, Venezuela se ha transformado en centro para la legitimación de capitales derivados del narcotráfico y otras actividades delictivas.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Aunque el narcotráfico es, a nivel mundial, una actividad ilícita fuente para que cientos de miles de millones de dólares sean dirigidos a los sistemas bancarios y financieros para obtener apariencia de legalidad, la corrupción no puede perderse vista como semillero para que grandes capitales sucios adquieran apariencia de legalidad y reingresen a la economía contaminando las finanzas mundiales.

Es el caso de Venezuela, país en el que ambas actividades ilícitas —narcotráfico y corrupción— han experimentado tal auge, que se ha convertido en un centro neurálgico del que emanan cantidades exorbitantes de dinero mal habido, rumbo a los sistemas financieros para hacerse de una apariencia legal que le permita circular libremente y engrosar así los bolsillos de narcotraficantes y corruptos que terminan moviéndose alegre e impunemente por el mundo.

La advertencia proviene de Robert Mazur, un ex agente encubierto de Estados Unidos y experto en el tema de lavado de dinero, quien en un reportaje publicado el 25 de septiembre de 2017 en The Edge Malaysia Weekly, alerta sobre los avances que se han hecho en esta materia.

Subraya Mazur que en el caso venezolano, la imposibilidad de los Estados Unidos para aplicar la ley dado los múltiples obstáculos emanados de las hostiles relaciones surgidas entre los gobiernos de ambos países en los últimos dieciocho años, han convertido al país suramericano en un foco atractivo para narcotraficantes y lavadores de dinero.

El experto hace notar que en las vigentes condiciones emanadas de tal carácter de relaciones, las autoridades de EE. UU. nunca tendrán acceso a los registros bancarios que permitan identificar los distintos casos de legitimación de capitales. En pocas palabras, mientras el actual gobierno socialista de Nicolás Maduro, sucesor del de Hugo Chávez, se mantenga en el poder, será imposible enfrentar el flagelo del lavado de dinero en la nación. La política adquiere, pues, preponderancia a la hora de atacar o no el delito.

Y es que para Mazur la voluntad política es un elemento clave a la hora de combatir el flagelo de la legitimación de capitales. En tal sentido, refiere que tanto los entes reguladores como los agentes del sector bancario del mundo entero, hacen notar que las regulaciones en los Estados Unidos se han convertido en una especie de saludo a la bandera.

— Mientras mantengan a los reguladores contentos al tener esas cosas en el lugar que los reguladores perciben como importantes, eso será lo más importante antes que detener el lavado de dinero.

El especialista hace referencia a las estadísticas emanadas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las cuales dan cuenta de que las ventas de drogas ilegales ascienden a 400.000 millones de dólares anuales. "Cuando se combinan con dinero de otras actividades ilícitas, ya sea de armas, robo de tesorería, evasión de impuestos y fraude de cuello blanco, la cifra suma 1.7 billones de dólares al año buscando el secreto de los gobiernos y los servicios de lavado de dinero".

Robert Mazur denuncia una especie de permisividad derivada de la actitud de los altos funcionarios y agentes con altas responsabilidad, ante quienes los lavadores de dinero actúan de mala manera pese a que sus actividades y mala praxis están bien documentadas por los medios.
— Si nos fijamos en Venezuela, hasta ahora ha habido una docena o más de figuras políticas, fiscales, militares u oficiales de inteligencia que han sido acusados de tráfico de drogas o delitos de lavado de dinero por parte de las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, efectivamente contra ellos poco es lo que se ha hecho.

Entretanto, el narcotráfico y el lavado de dinero se desarrollan en diferentes puntos del orbe. Malasia, por ejemplo, es un punto de transbordo para las drogas ilícitas provenientes del triángulo de oro de Asia —conformado por Myanmar, Laos y Tailandia— con destino a Europa. "Eso es porque no existe un mercado lo suficientemente grande para el suministro de drogas que salen del Triángulo de Oro", dice.

Pese a todo lo pernicioso que conlleva el tráfico de drogas. Robert Mazur estima que las drogas no son el mayor peligro para las sociedades pues, a su parecer, la corrupción atenta mayormente contra el mundo.

— Esto es porque la corrupción socava el libre albedrío del pueblo y de los gobiernos legítimos. Si nos fijamos en los cárteles de la droga en Europa, Venezuela se ha convertido en un lugar de trampolín para las drogas destinadas a los países de África Occidental. Así, usted verá muchos países en vías de desarrollo en África Occidental cuyo liderazgo está siendo constantemente tentado con la corrupción por los cárteles.

Nuevas vías para la legitimación de capitales

Robert Mazur asegura que de la aplicación de controles para evitar que se produzca el lavado de dinero, han surgido en el seno de las organizaciones criminales internacionales nuevas vías para lograr el objetivo de lavar las fortunas derivadas del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

En afán de convertir en lícito el dinero mal habido es una preocupación permanente de los entes criminales, los cuales mantienen una búsqueda permanente para innovar en la legitimación de capitales. Para ellos es imprescindible inyectar a los sistemas financieros a la mayor brevedad el dinero manchado. Transformar miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas en dinero legítimo es una necesidad imperiosa para quienes requieren transferir estos capitales sin el temor de que puedan ser confiscados.

Eso sí, Mazur advierte que no existe una fórmula mágica, un método único para identificar el lavado de dinero, sino una serie de mecanismos que permiten seguir la ruta de los fondos de manera más eficiente.

En el reportaje de The Edge Malaysia Weekly, Robert Mazur da a conocer cuáles son los avances que se han experimentado en esta materia y para ello cita el escándalo surgido en torno al banco 1Malaysia Development Bhd (1MDB), donde las investigaciones han llevado a estimar que más de 1 mil millones de dólares ingresaron a las cuentas bancarias personales del primer ministro de Malasia, Najib Razak, provenientes en su mayor parte del fondo de inversión estatal 1MDB. El político ha negado todas las acusaciones en su contra pero la situación ha dado pie a  una crisis política de gran envergadura en el país asiático. Del mismo modo, el banco 1MDB niega también las irregularidades y se muestra dispuesto a cooperar con las autoridades.

Se trata de un caso que, en consideración de Mazur, guarda muchas similitudes con un escándalo que tuvo lugar en 1991 con el Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI) de Luxemburgo, una entidad con sucursales en más de 70 países y el cual sirvió para blanquear dinero proveniente de narcotraficantes colombianos.

Para ilustrar esta creencia, Mazur indica que el caso de 1MDB se asemeja con el BCCI en virtud de que en el expediente del banco de Luxemburgo se demuestra que  lavaron fondos robados de la tesorería, lo cual involucró a varios funcionarios afiliados con BCCI, quienes terminaron apoderándose ilegalmente de cientos de millones de dólares. El ex agente estima que muchas de las técnicas que operaron en el BCCI pueden haber sido utilizadas en el 1MDB.

Refiere Mazur que en el del BCCI las personas involucradas crearon un sinnúmero de situaciones e inversiones en torno a activos sobreevaluados. Luego, los beneficiarios de los fondos involucrados en la conspiración, tomaron el dinero excedente y se lo repartieron con los oficiales del banco.

El BCCI emitió préstamos a dos entidades extraterritoriales sustentados en su solvencia financiera, pero en realidad no eran más que corporaciones offshore sin activos. En esta operación se llevaron a cabo movimientos de dinero para beneficiar a los altos oficiales del banco y, de esta manera, lavaron el dinero del tesoro del banco que dirigieron a sus bolsillos.

Otra manera de retirar el dinero fue mediante préstamos ficticios que se redireccionaron a Pakistán para financiar su proyecto de armas nucleares, apunta Mazur.

— Pero era una mina de dinero que el BCCI controlaba, la cual es muy parecida a 1MDB, donde algunas de las personas con control tenían una mala intención y participaron en esquemas para robar activos de sus fondos. Para mí, hay un paralelo entre los dos.

Mazur se desempeñó en el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Aduanas que en la actualidad es parte del Departamento de Seguridad y la Agencia de Control de Drogas en los Estados Unidos donde llegó a tener especial figuración en una de las más grandes operaciones encubiertas de todos los tiempos. Este hombre logró infiltrarse durante dos años en el cartel de Medellín que controlaba el capo colombiano Pablo Escobar en la década de los ochenta. Mazur se hizo pasar por un hombre de negocios de New Jersey. También es autor (2009) del libro “The Infiltrator: My Secret Life dentro de los Dirty Banks” (El infiltrado: Mi vida secreta dentro de los bancos sucios)

Reitera que no existe una “bala de plata”, una fórmula que facilite identificar el lavado de dinero. "Hay cientos de técnicas de lavado de dinero. Eso es lo que hace que sea tan difícil de identificar. No tengo una bala de plata para decir que esa es la única manera”.

Poner la mirada en China

Robert Mazur llama a poner los ojos en China, país que se ha vuelto sumamente atractivo para los legitimadores de capitales, pues allí los controles de capital han dado lugar a que los ricos procuren distintas maneras para sacar su dinero de la nación asiática a través del mercado negro.

Subraya que China es en la actualidad una de las más grandes zonas de libre comercio, lo cual la convierte en una meca para el lavado de fondos ilícitos que, a menudo, se configuran en efectivo.

También cita a Macao y Hong Kong como otras zonas atractivas para esta actividad de legitimación de dinero, pues en ellos es sumamente fácil deshacerse del efectivo y son ideales para la realización de transacciones por capas, las cuales permiten transferir dinero de China a través de Hong Kong con facilidad para la compra de bienes.

El experto dice que China es igualmente atractiva para el lavado de dinero, por cuanto allí las compañías farmacéuticas carecen de rigurosos controles, lo que facilita que los precursores químicos que se utilizan para el procesamiento de drogas puedan adquirirse con facilidad.

En opinión de Mazur, China ocupa un puesto peligroso respecto al lavado de dinero en la historia del submundo de la droga, aunque por otro lado se posiciona bien por cuanto los narcóticos no están destinados a ser distribuidos en esa nación asiática, sino en Europa y las Américas.

Por tanto, China sólo es atractiva para los narcotraficantes como un centro de lavado de sus capitales a través de la compra de bienes. También interesa China al mundo criminal por la posibilidad de comprar productos falsos que luego son muy bien vendidos en el mercado latinoamericano obteniendo excelentes ganancias.

Para la policía occidental es sumamente difícil obtener registros bancarios detallados de los clientes dado la complejidad de su sistema legal. "Es un poco más fácil en algunas de las jurisdicciones más tradicionales, como Panamá, con las cuales han desarrollado.

La vigilancia es importante

En el mundo del lavado de dinero existen muchos factores de confluencia, por lo que es fundamental mantener una vigilancia permanente, en virtud de que sus protagonistas innovan constantemente y cuentan con gran cantidad de recursos y experiencia convirtiéndolos en un adversario difícil de hacerle seguimiento.

Por otra parte, al servicio de la legitimación de capitales actúa una gran cantidad de profesionales de todo tipo, como abogados, banqueros, proveedores de servicios financieros, entre otros. Esta industria criminal está dispuesta a pagar muy bien por las mejores mentes que les ayuden a realizar actividades de mucha sofisticación para enmascarar las operaciones de lavado de miles de millones de dólares.

Del mismo modo, Robert Mazur apoya el desarrollo de los sistemas de seguridad cibernética para el control del lavado de dinero, pues sin ellos, sería una "pesadilla" para las instituciones financieras combatir el flagelo.

Mazur reitera que la vigilancia y el control son fundamentales para detectar el lavado de dinero y a sus protagonistas, puesto que es una actividad criminal muy tentadora que cada vez logra atraer a más y más personas que se suman a esta actividad delictiva.

“La vigilancia constante es necesaria... con el fin de tratar de educar al sector financiero sobre la importancia del programa de cumplimiento contra el blanqueo de dinero. Al mismo tiempo, es muy importante que las instituciones financieras tomen una mirada realista respecto a lo que se están haciendo cuando hay un problema de esta naturaleza".

En Asia los bancos han sido receptivos a estos llamados y están implementando programas contra el lavado de dinero y están cumpliendo con los procedimientos. De hecho, se ha establecido que el gasto anual de los bancos en Singapur, Malasia, Indonesia, China y Hong Kong alcanza los 1.500 millones dólares en sistemas de monitoreo de transacciones de lavado de dinero.

Y en Venezuela, ¿qué se está haciendo para enfrentar el delito de legitimación de capitales?

Defensa de los 'narcosobrinos' no logró cambiar la severidad de la condena

A petición de la defensa se realizó una audiencia oral de argumentos que buscaba eliminar los alegatos con los que la fiscalía pidió cadena perpetua. Las conclusiones parecen no haber cambiado la posibilidad de que los sobrinos de la pareja presidencial sean severamente condenados por cargos de narcotráfico.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Eran las 11:30 de la mañana cuando los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela llegaron a la sala 14C de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Estaban vestidos con uniformes de presidiarios color azul bastante desteñidos. Los dos reos lucían diferentes. Además de pálidos y somnolientos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas dejaron ver que los 23 meses que llevan tras las rejas les transformó la vida. Flores se rapó la cabeza y se mantuvo durante la cita con el ceño fruncido. Ambos perdieron peso y se veían agotados. Campo Flores no sonrió como de costumbre ni buscó hacer contacto visual con la prensa. Sentados frente al juez, y con la ayuda de un traductor simultáneo escucharon el contrapunteo que protagonizó la defensa y la fiscalía.

Hasta los abogados lucían diferentes

Junto a Campo Flores estaban sus dos abogados. Randall Jackson dejó de lado su natural simpatía y su verbo encendido. El litigante estuvo retraído al igual que su colega John Zach quien -por cierto- lucía una barba descuidada y un traje beige arrugado y deshilachado. Más a la izquierda estaban los defensores de Flores de Freitas. David Rody mostraba su enojo en cada una de sus intervenciones y su par, Michael Mann, permaneció en silencio a lo largo de toda la sesión.

Juez Paul Crotty del DSNY

A las 11:50 AM, el juez de la causa, Paul Crotty entró a la sala. Pidió a las partes que se identificaran. Por la fiscalía solo asistió el fiscal auxiliar, Brendan F. Quigley. Una vez iniciada la sesión, David Rody empezó por enumerar las llamadas "mejoras" que el gobierno había puesto como argumentos para solicitar que la corte sentenciara a Campo Flores y Flores de Freitas a cadena perpetua.

Rody y Jackson trajeron a la mesa 8 solicitudes de rechazo correspondiente al igual número de mejoras propuesta por la fiscalía y que juntas suman los puntos suficientes para alcanzar una condena de por vida. 

El juez Paul Crotty negó 6 de las 8 peticiones hechas por los defensores de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, lo que indica que en el informe previo a la sentencia se mantendrá bastante similar al presentado originalmente por el gobierno norteamericano. 

La fiscalía pidió en el informe previo a la sentencia (PSR) las siguientes mejoras:

1.- Cantidad de droga: El nivel de delito base es 38  porque el objeto de la conspiración era importar más de 450 kilogramos de cocaína.

2.- Posesión de Armas de Fuego: Debido a que los acusados y sus guardaespaldas poseían armas de fuego peligrosas, se añaden dos niveles.

3.-Amenazas de violencia: Debido a que Campo Flores hizo amenazas creíbles de violencia en favor de la conspiración a la que se unió Flores de Freitas y en la cual se preveía una conducta violenta, se añaden dos niveles.

4.- Uso de Aeronaves Privadas: Debido a que la conducta relevante de los acusados involucró el uso de aviones privados durante la conspiración que buscaba la importación de cocaína a los Estados Unidos, se añaden dos niveles.

5.-Intento de soborno a las autoridades: Debido a que los acusados ​​intentaron sobornar agentes de la  policía en Venezuela y Honduras para facilitar la comisión del delito, se añaden dos niveles.

6.-Importación a los EEUU: Debido a que un ajuste de rol agravante es apropiado y el objeto de la conspiración involucra la participación directa de los acusados ​​en la importación de una sustancia controlada, se agregan dos niveles.

7.-Rol de liderazgo: Debido a que los acusados ​​eran organizadores y líderes de actividades criminales que involucraban a cinco o más participantes, se añaden cuatro niveles.

8.-Obstrucción a la justicia: Debido a que los acusados ​​presentaron declaraciones juradas falsas en apoyo de sus mociones antes del juicio y la Corte ya rechazó varias de sus mentiras, se añaden dos niveles.

El juez fue enfático con la defensa

La primera moción negada por Crotty a la defensa fue la relacionada con el cambio del monto de los kilos de cocaína que comprendía la conspiración. Los defensores decían que no hubo droga en el caso y que la cifra de los 800 kilos de droga había sido fijada por los informantes de la DEA. El juez sostuvo que las evidencias señalaban que el plan era realizar un primer envío equivalente a los 800 kilos, razón por la cual se mantendrá dicho parámetro en el informe. 

De acuerdo a la reglas federales, las gravedad de una defensa se eleva al máximo nivel cuando la cocaína envuelta en la conspiración supera los 450 kilos.

La segunda moción negada fue la posesión de armas de fuego. Los abogados repitieron los argumentos según los cuales los acusados no estaban armados al momento de la conspiración y aseguraron que las fotografías que presentó la fiscalía eran de armas de Paintball Pellets las llamadas armas "Airsoft ". El juez Crotty negó de manera rotunda este argumento y dijo que la mejora se mantenía.

La tercera mejora negada por el juez fue la relacionada con el uso de aviones privados durante la conspiración. Los abogados insistieron en que Campo Flores y Flores de Freitas no eran capaces de usar aviones privados para trasladar la droga, porque -entre otras cosas- no hubo tráfico de drogas, pero Crotty les recordó que los dos acusados usaron aeronaves privadas para ir a Honduras y Haití, y habían previsto todo lo necesario para que el vuelo en el que harían el envío previsto para el 15 de noviembre de 2015 con los 800 kilos de cocaína. 

La cuarta solicitud negada por el magistrado es la relacionada con el intento de soborno a las autoridades. La defensa dijo que no había evidencias que sus clientes hayan pagado coimas a los agentes de la ley en los Estados Unidos  durante la conspiración. No obstante, el juez dijo que las evidencias señalaban que los dos acusados habían previsto el pago de 900 mil dólares para  que sus asociados en Honduras recibieran la droga, y pagaran los sobornos a los policías del aeropuerto de la isla de Roatán. Asimismo, recordó que en las evidencias había elementos que comprobaban que Campo y Flores habrían pagado sobornos a funcionarios en Venezuela.

Crotty negó igualmente la moción que involucra a los acusados con la participación directa ​​en la importación de una sustancia controlada a los Estados Unidos. Los abogados de Campo y Flores dijeron que habían sido los informantes de la DEA quienes dijeron que la droga tendría como destino final Norteamérica. Tanto la fiscalía como el juez informaron que las grabaciones de audio y video dejaban claro que los demandados conocían hacía dónde se estaba exportando la droga y que ambos habían participado directamente en la conspiración.

La última moción negada por el juez a la defensa  fue la relacionada con el rol de liderazgo de los acusados en la conspiración. Los abogados reiteraron que los acusados eran "muchachos sin experiencia en el narcotráfico e incapaces de coordinar, supervisar a cinco o más participantes". Rody dijo que "la fiscalía había fracasado en su intento de nombrar a los miembros de la conspiración" y que inclusive "no lograron establecer una lista puesto que los conspiradores en su mayoría trabajaban para el gobierno". El juez aclaró que las evidencias demostraron que los acusados ciertamente  actuaron como​​ organizadores y líderes de actividades criminales que involucraron a cinco o más participantes. No obstante, el magistrado decidió bajar dos niveles por este argumento. La fiscalía inicialmente había solicitado que se cargaran cuatro niveles, lo que influye severamente en el cálculo de la sentencia.

Dos solicitudes de la defensa fueron aprobadas

Crotty decidió aprobar dos solicitudes hechas por la defensa. La primera está relacionada con el uso de la violencia a lo largo de la conspiración y que incluían amenazas de muerte a los que no cumplieron lo acordado por parte de los dos acusados. En este aspecto, el juez recordó que Campo Flores había usado en otra oportunidad el verbo matar con un sentido diferente al que realmente tiene. "Cuando él estaba siendo interrogado por el agente especial de la DEA, Sandalio González, éste le preguntó si él le había comunicado a su familia que estaba vinculado a negocios de narcotráfico y Campo respondió que sí lo hacía lo matarían". Esta decisión del juez elimina dos niveles en la tabla de sentencia.

El otro argumento que la defensa pidió que se rechazara era el relacionado con  la supuesta obstrucción a la justicia por parte de los acusados durante el proceso. El juez acordó eliminar esta mejora lo que le resta dos niveles de gravedad a la ofensa.

Resultado de la audiencia

Carlos Pérez, abogado criminal, aseguró que los logros de la defensa en la audiencia de argumento fueron pocos, por lo que no habrá grandes modificaciones en las directrices que regirán para el cálculo de la sentencia. 

Por lo general los cambios que se producen en estas discusiones no afecta sustancialmente la tendencia  que se prevé para que el juez decida la condena, aseguró Pérez.

Lo que indica que Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores enfrentan la posibilidad de una sentencia severa que los podría llevar a permanecer detrás de las rejas por más de tres décadas, según la petición mínima hecha por el gobierno. 

***

Concluida la discusión, el juez levantó la sesión no sin antes anunciar que los dos acusados serán sentenciado el 14 de diciembre de 2017. A Flores de Freitas se le leerá su condena en la mañana y a Campo Flores en la tarde de ese mismo día. La defensa debe entregar las conclusiones de su informe el 1 de diciembre y la fiscalía tiene hasta el 8 de ese mismo mes para hacer entrega del suyo.

Al salir el juez de la sala, los alguaciles se llevaron a los dos acusados del lugar. Salieron cabizbajos, tristes y silenciosos. Los cuatro abogados y sus asistentes también abandonaron el salón con rostros que mostraban preocupación e insatisfacción. 

En el pasillo hablamos con Randall Jackson, el enérgico litigante que ha llevado la defensa de Campo Flores. 

-¿Cuál es tu opción sobre el resultado de la audiencia?, le pregunté.

Se encogió de hombros y se disculpó. "Por ahora no puedo declarar. Es muy difícil esta parte de la materia. Prefiero no comentar".

Por su parte, el defensor de Flores de Freitas, David Rody salió apresurado y malhumorado. 

Así concluyó una jornada más del célebre caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana. 

Desde el 10 de noviembre de 2015, Campo y Flores fueron arrestados en Haití y trasladados a Nueva York donde fueron juzgados y hallados culpables de delitos de narcotráfico. La lectura de la sentencia ha sido prorrogada en tres oportunidades a petición de la defensa.

Los casos de narcotráfico en Venezuela que prendieron las alarmas de las autoridades antinarcóticos internacionales

Por Maibort Petit
@maibortpetit

En la medida en que se ha venido conociendo los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y al terrorismo internacional, ha venido creciendo la certeza que en Venezuela funciona un narcoestado con características únicas. Varias investigaciones en curso buscan la ruta para establecer este escenario que traerá consecuencias negativas para la nación suramericana sumergida en una aguda crisis política, económica y social.

Los expertos tradicionales hablan de un narcoestado como un área donde el gobierno, el crimen organizado y las autoridades se han fusionado. En el concepto clásico de narcoestado los cárteles de las drogas se mueven con absoluta impunidad, puesto que las agencias que aplican la ley no actúan en su contra, ya sea por un compromiso adquirido entre las cúpulas de poder o por el pago de sobornos o la cohabitación acordada por los sectores que manejan la autoridad y esas organizaciones. 

En un narcoestado, la estructura estatal es usada para facilitar el negocio de las drogas, incluyendo el uso del sistema para el blanqueo de capitales provenientes de la industria criminal. El dinero de la droga también influye en la toma de decisiones políticas, paga campañas electorales de los políticos conectados con los carteles e inclusive, se usa para pagar a los votantes, en su mayoría pobres y acostumbrados a la práctica populista del clientelismo político.

En un narcoestado existe una violencia no controlada, desapariciones y muertes, alcaldes y gobernadores con conducta delincuencial, partidos encubridores y miembros de la sociedad que en ocasiones participan en el sistema por necesidad económica, lo cual conlleva a altos niveles de impunidad. En un sistema de este tipo, la presidencia de la República se convierte en cómplice por omisión o en algunos casos por su participación directa en el esquema criminal. 

Desde el inicio del milenio se habían presentado algunos síntomas de las vinculaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y el narcotráfico. Buena parte de esas sospechas se confirmaron gracias a los datos encontrados en las computadoras del guerrillero Raúl Reyes y -luego- en los equipos incautados el 23 de septiembre de 2010 por la Policía y Fuerzas Militares de Colombia durante la Operación Sodoma en la que murió alias 'Mono Jojoy' jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En menos de dos décadas se produjo una descomposición de una parte de la clase política venezolana y se observó un incremento desmesurado de la corrupción que se han enquistado en los más altos niveles del gobierno y de algunos grupos de la oposición. Con los años también se han incrementado las acusaciones contra funcionarios del gobierno, familiares y adeptos de tener vínculos con el crimen organizado, incurrir en actos de corrupción, crear y encubrir redes delincuenciales, hacer negocios ilícitos, desviar recursos y recibir dinero para sus campañas proveniente de distintas organizaciones criminales.

En un narcoestado el crimen organizado tiene influencia en el gobierno y controla algunas áreas del territorio. Sus conexiones políticas permiten que los carteles actúen libremente, inclusive cuando hacen uso de la estructura del Estado.  En muchos casos que ejemplifican el funcionamiento de los narcoestados, las autoridades se involucran con grupos criminales y logran una cohabitación. 

En algunos modelos de narcoestado las fuerzas armadas juegan un rol fundamental. Los carteles compran las voluntades de los oficiales de todos los niveles con enormes cantidades de dinero para que permitan que las actividades propias de estos carteles puedan realizarse sin ningún inconveniente, incluyendo las tareas de distribución y venta de drogas, al igual que el negocio del secuestro, extorsión, tráfico de personas y de armas.

En los modelos de narcoestado que se conocen hasta ahora  una parte de la sociedad también participa de manera directa o indirectamente. Algunos sectores sociales pasan a ser cómplices  directos y forman parte de las redes criminales en diversos roles. Estas relaciones se gestan en base a la necesidad económica o simpatías políticas con los agentes del poder. Otros sectores de la población suelen colaboran con los carteles a la fuerza o por interés de lograr fácil fortuna o posicionamiento político. En otros modelos conocidos, la sociedad se activa contra las organizaciones criminales y las combate a través de una serie de mecanismo que -en mucho casos- ha resultado eficiente en la lucha contra los cárteles.

En el caso de Venezuela, por ejemplo, existen evidencias que dejan claras las vinculaciones entre funcionarios públicos de alto nivel con organizaciones criminales internacionales, e inclusive hasta con grupos terroristas tales como Hamas o Hezbollah.  

Algunos casos referenciales

La gestión de Nicolás Maduro frente a la jefatura del Estado venezolano ha estado caracterizada no solamente por una aguda crisis económica, la violación de los derechos humanos, la persecución al pensamiento disidente y el recrudecimiento del sistema autoritario del que dan cuenta diversos informes que catalogan esta administración como una dictadura, sino también, por las vinculaciones que sus principales funcionarios y entorno, mantienen con el narcotráfico.

A continuación presentamos algunos casos emblemáticos de narcotráfico que han tenido lugar en los últimos años y que han encendido las alarmas de las agencias antinarcóticos de varios países del mundo.

Walid Makled alias "El Turco" o "El Árabe"

Nacido en la población de Tinaco, Estado Cojedes, 6 de junio de 1969, Walid Makled ejerció una  amplia actividad empresarial en el centro del país, pero es raíz de la compra en el año 2008 de la aerolínea Aeropostal, cuando adquiere especial figuración.

Bajo su égida la que había sido la línea aérea más antigua de Venezuela pasó a denominarse Corporación Alas de Venezuela Aeropostal.

El presidente de la Inversiones Makled, C.A., era igualmente propietario junto a su clan familiar de Almacenadora Conacentro, Fundación Makled C. A, Transporte Makled, Tiendas Makled, finca Sabana del miedo, Centro Comercial Libertador, Centro Comercial Guataparo, Residencias Makled, Centro Comercial MM, dos terrenos de 3 mil metros y mil metros ubicados en Tocuyito (Carabobo), una aeronave, embarcaciones y vehículos.

Todas estas propiedades fueron incautadas por las autoridades venezolanas.

Previo a su detención en el año 2010, Walid Makled, comenzó a ser investigado desde año 2004 por la Comisión Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, que inició la fiscalización de Inversiones Makled, C.A.

En el año 2005, el Ministerio Público venezolano ordenó su investigación por narcotráfico a cuyas averiguaciones se sumaron, en 2008, las relacionadas con legitimación de capitales.

En el contexto de estas investigaciones, el Comando Antidrogas de la GNB y la Dirección de Inteligencia Militar,DIM, incautan 392 kilogramos de cocaína en la Agropecuaria “El Rosario”.

A partir de este evento huye a Colombia y el gobierno venezolano solicita su introducción en lista roja de Interpol.

A Walid Makled también se le involucra en el asesinato del periodista, Orel Zambrano, y del veterinario, Francisco Larrazábal.'

Cuando el 18 de agosto de 2010 las autoridades colombianas proceden a su detención atendiendo una solicitud formulada por gobierno de Estados Unidos que acusa por conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, Makled procede a hacer una serie de revelaciones que comprometen al gobierno y a funcionarios de la administración pública venezolana.

Makled confesó haber obtenido la concesión del puerto de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, a través de sobornos a funcionarios de gubernamentales, entre ellos, el exgobernador de la citada entidad federal para la fecha, Luis Felipe Acosta Carlez.

Desde su sitio de reclusión en Colombia, Walid Makled concedió una entrevista a la televisora estadounidense Univisión, en la que involucró a militares venezolanos en sus negocios de narcotráfico y lavado de dinero, quienes habrían contribuido a que amasara una fortuna superior a los 1.200 millones de dólares.

Makled acusó a Venezuela de ser un “narcoestado” y señaló que desde San Fernando de Apure salían a diario 5 o 6 aviones con cocaína hacia Hondura que luego era llevada a México y de allí a Estados Unidos.

Acusó al exgobernador del estado Aragua —actual vicepresidente ejecutivo de Venezuela—, Tareck El Aissami, así como al hermano de este, Feras El Aissami, de llevar a cabo actividades de narcotráfico.

Venezuela disputó la extradición Estados Unidos pues en un tribunal federal de Manhattan es acusado de traficar toneladas de cocaína desde Venezuela, vía América Central y México, para finalmente ingresarla a territorio norteamericano.

Finalmente, en el año 2012, Walid Makled es extraditado a Venezuela al privilegiar el gobierno de Juan Manuel Santos la solicitud de su par, Hugo Chávez, por encima de la formulada por EE. UU. A su traslado es recluido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En febrero de 2015 fue condenado por el juez 20º de juicio de Caracas, Alí Paredes, a 14 años y 6 meses de prisión por delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Hermágoras González Polanco, alias “el Gordito” o “Armando González Apushana”

Aunque se sabe que Hermágoras González Polanco nació en la ciudad de Maicao en Departamento de La Guajira, Colombia, el 19 de octubre, no se tiene exactitud respecto al año, estimándose que ocurrió entre 1959 y 1962.

También Se le conoce con los alias de "Armando Gonzalez Apushana" y "Gordito González".

También posee la nacionalidad venezolana.

González Polanco es solicitado por la DEA y la orden de captura publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos refiere que manejó su propia organización narcotraficante, a la que se le conoce como el Cartel Guajira.

Desde 1998 hasta la fecha, Hermágoras González Polanco y su socio, Salomón Camacho Mora, enviaban toneladas de cocaína a Estados Unidos, incluyendo 9 toneladas métricas sólo entre 1999 y 2000.

Los informes señalan que González Polanco y Camacho mantienen fuertes lazos con las organizaciones dominicanas de narcotráfico, las cuales cancelan los narcóticos suministrados por estos hombres a través de una elaborada operación de lavado de dinero.

Entre las principales características y modus operandi del Cartel de la Guajira está la violencia, la intimidación, la extorsión y el asesinato, de los cuales se vale para cumplir sus cometidos.

Se conoce que Hermágoras González Polanco también habría integrado las Autodefensas de Campesinos de La Guajira (AUC), a las cuales proveyó de armamento desde Europa a través de la frontera con Venezuela.

González Polanco fue capturado el 9 de marzo de 2008 en la población de Caja Seca, localidad del Estado Zulia en los límites con el estado Mérida.

El Ministerio Público venezolano le confiscó seis fincas de su propiedad ubicadas en la Costa Sur del Lago de Maracaibo, 4.200 reses, bienes valorados a la fecha en 55 millones de bolívares (revaloradas a su condena en 250 millones de bolívares.

Los reportes revelan que durante años actuó impunemente en Venezuela portando armamento con permisos expedidos por la Dirección de Armamento de las Fuerzas Armadas.

Poseía credenciales como comisario de la Disip y de la Guardia Nacional firmados por el exdirector de la DISIP, Coronel Miguel Rodríguez Torres y el General de Brigada, Alexis Maneiro Gómez.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló que los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores (Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas) procesado y condenados por un jurado en la Corte del referido distrito, negociaban su liberación.

Hermágoras González Polanco es señalado por el Departamento del Tesoro de recibir cargamentos de droga del vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, investigado por narcotráfico en EE. UU.

Igualmente, González Polanco se mantiene prófugo de la justicia colombiana por un asesinato  cometido en 2002.

Ese mismo año —2002— fue procesado en el Distrito de Nueva Jersey por delitos de lavado de dinero.

En el año 2004 fue acusado en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico.

En 2005 se emitió una acusación en su contra, así como contra sus socios, por los cargos iniciales de lavado de dinero, conspiración para distribuir cocaína.

En 2013 fue condenado a 15 años y 6 meses de prisión por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y ocultamiento de armas de guerra.

Se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo II, ubicada en el estado Miranda.

Vasily Kotosky Villarroel Ramírez alias “El Potro”

Sin que se tengan mayor información acerca de sus datos biográficos, se conoce que Vasily Kotosky Villarroel Ramírez, también conocido con el alias de “El Potro”, nació el 27 de marzo de 1972.

Este excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) quien adquirió fama por haber mantenido una relación amorosa con vedette venezolana, Diosa Canales, era conocido en el oriental estado venezolano de Anzoátegui como un acaudalado empresario, próspero y de fuertes influencias. Residía en la urbanización “La Villas” de Lecherías, Municipio Turístico Diego Bautista Urbaneja.

Villarroel Ramírez era propietario de yates, lanchas, motos y un avión personal. Asimismo, era una persona conocida por su pasión por los automóviles, los cuales coleccionaba. Todos estos bienes fueron retenidos por las autoridades luego de su detención.

Los informes emanados sobre su actividad delictiva, refieren que Vasily Kotosky Villarroel Ramírez lideraba el cártel de los 40 y era financista y legitimador de los capitales ilícitos del cartel mexicano de Sinaloa.

Se le vincula con el ex-narcotraficante, Frank Tello, apresado en EE. UU., con quien transportaría cocaína desde Colombia a México para luego ingresarla a territorio norteamericano.

A Vasily Kotosky Villarroel Ramírez igualmente se le señalan nexos con los narcos Daniel el ‘Loco’ Barrera y los hermanos Calle Serna, conocidos como ‘los Comba’ (presos en EE. UU).

Este hombre era capitán de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y formaba parte de un cartel integrado por militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB.

Del mismo modo, se sabe que Villarroel Ramírez coordinaba la salida de cargamentos de cocaína por la frontera colombo-venezolana con rumbo a Centroamérica y finalmente a Estados Unidos o Europa.

Se maneja que sería poseedor de amplia información que compromete a altos oficiales militares venezolanos con actividades de narcotráfico.

Villarroel Ramírez tenía órdenes de captura de la oficina de la Interpol en Venezuela (difusión roja) y Estados Unidos (color verde).

El 16 de octubre de 2008 se incautaron en el fundo “La Chinita” ubicado en El Tigre, Estado Anzoátegui, 30 panelas de cocaína las cuales traficaría.

En el año 2011 fue inculpado por estos hechos en una corte de Nueva York bajo los cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de dinero los años 2004, 2008 y 2009.

En 2013 fue sancionado por los EE. UU. por sus vínculos con los carteles de la droga en Colombia y México.

El Departamento del Tesoro lo calificó como un capo de la droga con nexos internacionales conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

El 20 de julio de 2015 fue arrestado en el contexto de la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) que lleva a cabo el gobierno venezolano. La captura tuvo lugar en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Guarenas, estado Miranda, por cometer y favorecer presuntos delitos de narcotráfico mientras ejercía como oficial.

Juan Carlos Araujo Durán

Nacido el 7 de marzo de 1970, Juan Carlos Araujo Durán, es ampliamente conocido en Venezuela por sus actividades como empresario de espectáculos musicales y deportivos.

Araujo Durán es director de la compañía Producciones Solid Show 2050 fundada en 1996, dedicada a eventos musicales, marketing corporativo y mercadeo promocional.

De dicha empresa posee el 50 por ciento de las acciones, junto a su socio, Luis Hurtado Arévalo, propietario del restante 50 por ciento.

Con Hurtado también es dueño de Promociones BTL (publicidad y promoción de marcas y eventos), de El Mundo del Entretenimiento L. J. (espectáculos musicales, culturales y deportivos).

Solid Show junto a Main Eventos organizó los partidos locales de la selección venezolana de fútbol durante las eliminatorias de cara al Mundial de Fútbol Brasil en 2014.

Solid Show ha sido acusada y demandada en varias oportunidades por cobro de comisiones y algunos artistas han manifestado públicamente su descontento con la empresa.

El 30 de marzo de 2015 fue detenido por su presunta relación con el tráfico de 450 panelas de cocaína de Venezuela a República Dominicana.

En el operativo de captura se le incautaron cuatro vehículos, un escopetín y un revólver.

La fiscalía acusó a Araujo de lavar dinero proveniente, presuntamente, del narcotráfico, una actividad ilícita para la cual se habría servido de su empresa Solid Show.

Igualmente, el Ministerio Público señaló que las investigaciones indican que Juan Carlos Araujo usaba los espectáculos para distribuir y vender droga a los asistentes a dichos eventos artísticos.

También Solid Show habría sido empleada para solicitar dólares preferenciales fraudulentamente al estado venezolano, el cual mantiene un férreo control de cambio desde hace casi dos décadas.

Araujo contaba con el apoyo del abogado Mariano Díaz, sobrino del juez Cristóbal Ramírez, una relación que le habría servido para extorsionar. Sus clientes suelen ser los conocidos funcionarios gubernamentales conocidos popularmente como “enchufados chavistas”.

Yazenky Antonio Lamas Rondón alias "El Piloto del Cártel de los Soles"

El 31 de octubre de 1979 nació Yazenky Antonio Lamas Rondón, quien posee cédula de identidad venezolana número V-14.072.289.

Se trata de un hombre de origen humilde que ingresó a las Fuerzas Armadas, donde alcanzó el grado de capitán de la Guardia Nacional y se convirtió en servidor de confianza de la familia presidencial venezolana.

Tiene varias propiedades en los estados Miranda y Vargas.

En 2008 Lamas Rondón abandonó la carrera militar cuando se relacionó con el cartel de los Soles.

El 6 de junio de 2016 fue arrestado el en el Aeropuerto “El Dorado” de Bogotá, Colombia, por solicitud de la agencia antidroga estadounidense, DEA.

Lamas Rondón mantenía un alerta roja de Interpol que atendía a una orden de captura dictada en su contra por la Corte del Distrito de Columbia.

A su captura por la policía colombiana, Lamas Rondón, conocido como el “Piloto del Cartel de los Soles”, dijo que poseía una empresa que vendía mascotas de pedigrí en varios países.

El presidente Nicolás Maduro habría solicitado a su homólogo, Juan Manuel Santos, que aprobara la extradición de Lamas Rondón a Venezuela, pero luego de permanecer 386 días arrestado en la cárcel de la Picota en Bogotá, Yazenky Antonio Lamas Rondón fue extraditado a los Estados Unidos el 24 de junio de 2017.

Ya en territorio norteamericano, Lamas Rondón acordó colaborar con las autoridades federales de EE. UU. y suministrar toda la información relacionada con el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales a las que está vinculado.

Se le señala de coordinar los vuelos de aeronaves cargadas de cocaína desde Venezuela a Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, de donde era llevada a los Estados Unidos, Europa y países africanos.

Yazenky Antonio Lamas Rondón es responsable de comprar y obtener códigos aeronáuticos que le permitían hacer planes de vuelo con apariencia legal que en realidad transportaban drogas.

Con esta modalidad de operaciones, Lamas Rondón habría enviado un centenar de vuelos repletos de drogas desde el estado Apure en Venezuela y desde el Departamento de Santander en Colombia, hacia los EE. UU.

Igualmente, por informes se conoció que Yazenky Antonio Lamas Rondón reclutó pilotos que volaron otros 200 aviones pertenecientes a los cárteles colombianos y venezolanos.

Lamas Rondón era el enlace entre el Cártel de los Soles y otras organizaciones criminales, como el Cártel del Atlántico, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Edgar José Maestre Martínez alias “El Profe Maestre”

En fecha 9 de agosto de 1977 nació Edgar José Maestre Martínez, quien posee identificación venezolana bajo el número V-12.597.566, sobre quien pesaba una orden de captura en su contra emitida por la Fiscalía General de Colombia el 20 de agosto de 2013.

Su captura se produjo el 15 de octubre de 2013 en Cúcuta, en la vía pública (Calle 11 N° 2 este-75 Barrios Caobos).

La Corte Suprema de Justicia de la nación neogranadina aprobó su extradición por solicitud de la Embajada de Estados Unidos fechada el 8 de agosto de 2013, la cual se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2014.

Una investigación periodística presentada en este mismo blog demostró que Edgar José Maestre Martínez, conocidos con el alias de “El Profe Maestre”, a pesar de haber sido apresado en 2013, continuaba como trabajador activo en la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación y en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, en el que cotiza desde el año 2002.

De hecho, los registros en su cuenta individual en el IVSS reflejan que en 2014 cotizó en salarios Bs.47.903, 69; en 2015, Bs.84.547, 77 y en el 2016, Bs.103.398, 75 en salarios.

Edgar José Maestre Martínez enfrenta cargos por traficar cocaína desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras, ante la Corte del Distrito Sur de Virginia.

Tres co-conspiradores le acompañan: Juan Diego Zapata-Arcila “Lucas El Paisa”, Edwin Franco-Arias, alias “Camilo”, “Chorizo” y “Ladrillos del Caribe” y, finalmente, Reinel Antonio Benitez Nuñez, alias “Cajuche” y “Cajuche Pobre”, quienes se declararon culpables y cooperarán con las autoridades norteamericanas.

De los cargos que se le imputan, Edgar José Maestre Martínez se declaró no culpable.

Entretanto, fiscales federales bregan para que él y sus abogados acepten su culpabilidad y lleguen a un acuerdo de cooperación.

Las reseñas judiciales de Edgar José Maestre Martínez establecen que la conspiración de la que se le acusa habría tenido lugar desde el 4 de mayo de 20012 hasta 13 de junio de 2012.

Específicamente, la acusación contra Maestre Martínez es por violar el título 21 Código de los Estados Unidos, a saber:

-Numeral 960, 963 que establece como ilegal la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína.

-Numerales 959(b), 960, 963: Poseer cocaína a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos con intento de distribución.

El modus operandi bajo el cual este individuo habría llevado a cabo su actividad delictiva fue mediante el uso de aviones privados, camiones y barcos, en los cuales hacía los envíos de droga desde Colombia y Venezuela con destino a pistas clandestinas en selvas de Honduras.

Una vez la droga arribaba a territorio hondureño, era trasladada en vehículos especiales a través de la selva a los puertos marítimos costeros de esa nación centroamericana para su exportación a Estados Unidos a través de México.

Documentos revelados por la fiscalía de Virginia señalan que Edgar Maestre es miembro del Servicio de Inteligencia del régimen venezolano y que su actuación como agente le permitió realizar sus labores en el narcotráfico de una manera más segura.

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas alias “Los narcosobrinos”

El 10 de noviembre de 2015 fueron arrestados los sobrinos e hijos de crianza de la pareja presidencial venezolana integrada por Nicolás Maduro y Cilia Flores y a quienes se identificó como Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

La detención de los familiares del mandatario venezolano tuvo lugar en el restaurante del hotel Servotel, ubicado en las cercanías del principal aeropuerto de Puerto Príncipe, Haití.

El arresto estuvo a cargo de la policía haitiana a pedido de la DEA.

Quienes desde ese momento se dieron a conocer popularmente como los “narcosobrinos”, eran investigados desde mediados de 2015 por la agencia antidroga de Estados Unidos a través de informantes y testigos cooperantes.

Efraín Antonio Campo Flores contaba 30 años de edad al momento del arresto, es abogado y está casado con Jessair Rodríguez Camacho con quien tiene dos hijos.

Según los informes, Campo Flores  es propietario de Transportes Herfra S.A en Panamá (taxis); trabajó en la enfermería de la Asamblea Nacional; fue trabajador del Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011; posee un Ferrari, motos de alta cilindrada, una camioneta Land Rover, un apartamento en La Castellana y otros inmuebles en Caracas. Asimismo es dueño de una finca en Higuerote, Estado Miranda.

A este sobrino de Cilia Flores se le considera como el jefe de la organización criminal dedicada al narcotráfico con la cual llevó a cabo la operación de narcotráfico que propició su investigación y posterior detención y enjuiciamiento.

Entretanto, Franqui Francisco Flores de Freitas tenía 31 años de edad a la fecha del arresto. Estudió hasta 4° año de bachillerato. Es divorciado de Yessika Flores con quien tuvo un hijo y en la actualidad mantiene una relación sentimental con Laury Uzcátegui.

Flores de Freitas trabajaba en la empresa Digital desde 2011.

También figura como propietario de  una camioneta Toyota 4Runner y una moto.

La acusación formulada en su contra en los Estados Unidos es por conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y también por conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos.

Para llevar a cabo esta operación, Campo Flores y Flores de Freitas tenía como modus operandi el transporte de la droga desde Venezuela en vuelos legales salidos de la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, vía Honduras y México, hasta Estados Unidos.

Durante el juicio y a confesión de los acusados se estableció que los proveedores de la droga que negociaban los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores provenía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables por un jurado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York que preside el juez Paul Crotty.

Ambos permanecen presos en el Metropolitan Correctional Center, MCC, de Manhattan, en espera de que les dicte sentencia.

El vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami

El 12 de noviembre de 1974 nació en la ciudad de El Vigía, estado Mérida, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, quien es abogado, criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes, ULA. Está casado con Riada Rudy Aamer de El Aissami con quien tiene dos hijos.

La hoja de su carrera política revela que en el año 2003 fue designado Jefe de la Misión Identidad.

En el año 2006 fue electo diputado de la República por el estado Mérida, cargo que ejerció sólo hasta 2007 cuando fue designado Viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana, una posición que ocupó hasta 2008.

Entre 2008 y 2012 estuvo al frente del Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, de donde salió para lanzarse como candidato a la gobernación del estado Aragua, ejerciendo la magistratura regional de 2012 a 2017, cuando Nicolás Maduro lo nombra el 3 de enero Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela.

Tareck El Aissami fue señalado en 2015 por medios de comunicación e informes internacionales por sus vínculos con el extremismo islámico y narcotráfico.

El ex-subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Roger Noriega, lo acusa junto a Diosdado Cabello, de participar en el tráfico de drogas.

Un reportaje de The Wall Street Journal lo vinculó con operaciones que, según el rotativo, habrían convertido al país en "un centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero".

Por su parte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el FBI investigan su relación con el el grupo terrorista Hezbollah.

También el Departamento del Tesoro asegura El Aissami facilitó embarques de más de 1.000 kilos de drogas desde Venezuela a Estados Unidos y México.

El 13 de febrero de 2017 fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en lavado de dinero y por narcotráfico. Dichas Sanciones implican la anulación de su visa y la confiscación de sus propiedades (directamente o a través de testaferros) en EE. UU.

También por estas sanciones encuentra impedido de realizar transacciones financieras o comerciales con entes norteamericanos.

24 de mayo de 2017 agentes federales de EE. UU. en un informe de investigación realizado entre 2009 y 2015 lo vincularon junto al asesor de las Farc y narcotraficante salvadoreño, José Luis Merino, de mantener una estructura para lavar dinero, para el contrabando de oro y de combustible.

Igualmente, Tareck El Aissami contribuiría con el lavado de dinero de organizaciones criminales como Las Maras de Centroamérica, carteles de la droga sudamericanos, incluyendo el cártel de los Soles.

Se le señala por el uso ilícito de recursos civiles y militares del Estado venezolano.

Diosdado Cabello, supuesto jefe del Cártel de los Soles

Quien es tenido como el segundo al mando en Venezuela, Diosdado Cabello, nació en El Furrial, estado Monagas, el 15 de abril de 1963.

Está casado con Marleny Contreras, quien también ha ocupado varios cargos públicos. Con ella tiene 4 hijos.

Cabello es egresado de la Academia Militar de Venezuela y en el ejército alcanzó el grado de teniente coronel.

Participó del golpe de estado que el 4 de febrero de 1992 encabezó Hugo Chávez contra el presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez.

En diciembre de 2013, Nicolás Maduro lo ascendió a capitán del Ejército.

Su trayectoria en el acontecer político venezolano revela que entre 2000 y 2001 ejerció como  Vicepresidente ejecutivo de Venezuela bajo el mandato del extinto presidente, Hugo Chávez.

Los días 13 y 14 de abril de 2002 le correspondió cumplir funciones como Presidente interino de Venezuela cuando Hugo Chávez fue depuesto del poder.

Posteriormente, en 2002 ejerció como ministro de la Secretaria de la Presidencia; de 2002 a 2003 como Ministro de Interior y Justicia; de 2003 a 2004 fue Ministro de Infraestructura.

Este último cargo lo dejó para lanzarse como candidato a la gobernación del estado Miranda, cargo para el que resultó electo y gobernó entre los años 2004 y 2008. Perdió la reelección frente a Henrique Capriles, candidato de la oposición. De 2009 a 2010 actuó como Ministro de Obras Públicas y Vivienda.

Se lanzó como candidato a diputado de la Asamblea Nacional y presentó al estado Monagas de 2011 a 2015, llegando a ser presidente del Poder Legislativo Nacional. Fue reelecto en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 en el que la oposición venezolana alcanzó la mayoría calificada.

En julio de 2017 se convirtió en miembro de la Asamblea Nacional Constituyente instituida irregularmente por el gobierno de Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello fue acusado el 28 de marzo de 2014 por Thor Halvorssen Mendoza, presidente de Human Rights Foundation (HRF), de recibir 50 millones de dólares de soborno de parte de la empresa Derwick.

En enero de 2015 el Diario ABC de España publica una denuncia del capitán de corbeta, Leamsy Salazar, exjefe de Seguridad de Hugo Chávez y del propio Diosdado Cabello, que lo señala de liderar el Cartel de los Soles.

El 29 de abril de 2015 el exsubsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Roger Noriega, lo vinculó junto a otros altos funcionarios —entre ellos Tareck El Aissami—, con el narcotráfico.

Un reportaje de The Wall Street Journal publicado el 18 de mayo de 2015 señaló que la DEA investiga a Cabello por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. En tal sentido, anunció acciones legales contra los medios de comunicación de España y EE. UU. que lo vinculan de tales actividades.

En esa misma tónica, en agosto de 2016, Cabello demandó en Venezuela a los diarios El Nacional, Tal Cual y La Patilla, por replicar información del ABC de España.

En el año 2016, durante el juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York a los sobrinos de Cilia Flores se hizo referencia a Diosdado Cabello como líder del Cartel de los Soles.

El 8 de febrero de 2017 anunció la demanda al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por usurpar funciones de otros poderes públicos y por traición a la patria.

El 23 de agosto de 2017 la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, durante una cumbre de fiscales en Mercosur en Brasil, lo relacionó con el caso Odebrecht y aseguró que esta empresa depositó 100 millones de dólares a la empresa TSE Arietis propiedad de su familia.

Hugo Armando Carvajal Barrios alias “El Pollo”

El 1 de abril de 1960 nació en Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Hugo Armando Carvajal Barrios, quien hizo carrera militar en Venezuela alcanzando el grado de Mayor general, hoy en situación de retiro.

Este oficial de la Fuerza Armada venezolana vinculado al chavismo ha ejercido diversas posiciones en la administración pública, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad del estado.

Así, entre los años 2000 y 2003 se desempeñó como Director de Investigaciones de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (luego DGIM). En ese mismo organismo es elevado a la posición de subdirector, posición que ocupa entre 2003 y 2004, cuando pasa a ocupar la dirección, cargo que ostenta de 2004 a 2011.

Entre 2012 y 2013 es designado Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal.

En esos mismo años funda y dirige la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).

De 2013 a 2014 lo ponen a la cabeza de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM.

En 2014 es nombrado Cónsul General de Venezuela en Aruba.

En 2015 ejerce la presidencia de la Fundación Don Epifanio Peck.

En la actualidad, Hugo Carvajal es diputado a la Asamblea Nacional 2016-2021.

Este polémico hombre ha sido protagonista de varios incidentes y acusaciones que lo han ubicado en la picota pública por la magnitud de los hechos en los que se le vincula.

En 2007 la revista Semana (Colombia) refiere que la prensa de EE. UU. señaló a Carvajal como uno de los mayores exportadores de coca hacia Norteamérica y Europa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en 2008 junto con Henry Rangel Silva (gobernador de Trujillo) y Ramón Rodríguez Chacín (gobernador de Guárico), por su presunta colaboración con las actividades de narcotráfico de las FARC.

En el año 2009, Carvajal Barrios se vio involucrado en un caso de pago de sobornos en la Aduana de Miami.

En 18 de mayo de 2014 The Wall Street Journal lo incluye en una lista de funcionarios y exfuncionarios venezolanos investigados por la DEA por presuntamente convertir a Venezuela en centro global de tráfico de cocaína y lavado de dinero.

También en 2014, específicamente el 23 de julio, fue detenido en Aruba por una solicitud de extradición de Estados Unidos, pero quedó en libertad al tercer día cuando el Reino de los Países Bajos reconoció su inmunidad diplomática que, anteriormente, un tribunal de Aruba había desconocido.

El 23 de febrero de 2017 en su cuenta Twitter se mostró dispuesto a ir a Estados Unidos para declarar, siempre y cuando se levante previamente la orden de detención emitida en su contra.

Durante los últimos meses, a Hugo Carvajal se le han observado posiciones políticas encontradas con la línea del oficialismo, como su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente y el reconocimiento del plebiscito de la oposición realizado en el mes de julio, aunque advirtió que esto no significa que haya “saltado la talanquera”, forma coloquial venezolana de referirse al cambio de posición política en favor de la que anteriormente era adversa.

Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol

El actual Ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de estar vinculado a varios cárteles internacionales. Su activación en el narcotráfico ocurrió cuando ejercía como director de la Agencia Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA).

De acuerdo a las acusaciones presentados en la Corte Federal de Nueva York, Reverol cobró grandes sumas de dinero a cambio de brindar protección a envíos regulares de cientos de kilos de cocaína hacia México, Centroamérica y Estados Unidos.

Reverol es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de haberse convertido en uno de los principales actores del narcotráfico en esa nación cuando encabezaba la agencia antidroga (ONA).

La acusación dice que específicamente, a cambio de pagos de narcotraficantes Reverol y sus cómplices, entre otras cosas, alertaron a traficantes sobre futuras redadas o las ubicaciones de las actividades antinarcóticos para que los narcotraficantes pudieran cambiar los puntos de almacenamiento de droga o alterar las rutas o los tiempos de traslado y de esa manera evitar ser detectados”, señala la acusación que había permanecido sellada por casi dos años.

La acusación también nombra como cómplice a Edylberto José Molina Molina, quien se desempeñaba como subdirector de la ONA. Reverol fue nombrado jefe de esa agencia en el 2009 antes de ser designado como ministro de Relaciones Interiores en el 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez.

Ex-magistrada Miriam Morandy

El 27 de octubre de 1961 nació en Maturín, estado Monagas, Miriam del Valle Morandy Mijares, quien posee la Cédula de Identidad V-6.363.852, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

Morandi Mijares es abogada egresada de la Universidad Santa María en 1988 con postgrado en Criminalística, mención cum laude, en el Instituto Universitario de Policía Científica; postgrado en Argumentación Jurídica (mención Técnicas de Sentencia) en la Universidad de Alicante, España; posgrado en teoría del delito en la Universidad José María Vargas.

Miriam Morandi, paralelo a su proceso de formación jurídica, ingresó en 1981, como sumariador en el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ) que luego pasó a ser el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC.

Entre 2006 y 2010 ejerció como magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Junto a su hermana, la jueza Reina Morandy, se la considera como incondicional de la primera dama, Cilia Flores.

Miriam Morandi actuó contra los comisarios Henry Vivas, Iván Simonovis, Lázaro Forero y ocho policías metropolitanos en los sucesos violentos del 11 de abril de 2002.

El 24 de mayo de 2015 cuando se disponía a viajar a Portugal, protagonizó un incidente en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, al descubrirse que estaba acompañada por el presunto narcotraficante, Richard José Cammarano Jaimes.

A Morandy también la acompañaba su asistente Tibisay Pacheco.

Se rumoró entonces que intentaba salir del país con el narco que poseía información sobre el Cartel de los Soles, pero la huida se vio frustrada por la supuesta intervención de Diosdado Cabello.

El hombre estaba solicitado por los tribunales 12 y 22 de control Área Metropolitana de Caracas por tráfico internacional de drogas.

Cammarano Jaimes también figura en un expediente elaborado por el Ministerio Público en 2010 relativo al presunto lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra.

En una residencia ubicada en Prados del este propiedad de Cammarano Jaimes se incautaron 1.200 kilos de cocaína el 10 de diciembre del 2010.

En 2011 a Cammarano Jaimes se le relacionó con la incautación de 478 kilos de droga decomisados en un barco de bandera extranjera que cargaba material ferroso, de Ferrominera del Orinoco, hecho ocurrido el 10 de noviembre del citado año.

En 2008 a este hombre además se le vinculó con el sicariato de su esposa, Bety Araujo, ocurrido en la avenida Victoria.

El nombre de Miriam Morandi se barajó en 2014 como posible sustituta de Luisa Ortega Díaz en la Fiscalía General de la República.

Germán Arturo Rodríguez Ataya alias “El Piloto de las FARC”

En diciembre de 2014 fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, el colombiano de 50 años de edad, Germán Arturo Rodríguez Ataya, a quien mejor se le conoce como “El Piloto de las FARC”.

Rodríguez Ataya tenía una notificación roja de la Interpol interpuesta por el Gobierno de Colombia desde el 14 de junio de 2014.

Este hombre, nacionalizado venezolano, estaba señalado de pilotear aviones con droga desde Colombia.

La detención tuvo lugar durante un allanamiento efectuado en una finca del municipio Rómulo Gallegos, estado de Apure, en la que este individuo se escondía.

La finca San Rafael supuestamente era utilizada para ocultar y trasladar drogas hacia el exterior.

Este sitio también habría servido para el alojamiento de Germán Suárez Briceño “Grannobles”, comandante de varios frentes de las Farc, supuestamente fusilado por órdenes del Secretariado de ese grupo guerrillero por desacato.

Seis meses después de su detención, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó su “libertad sin restricciones”, pues el gobierno colombiano nunca envió los documentos que soportaban la solicitud pendiente.

En 2005, Germán Arturo Rodríguez Ataya fue acusado de transportar guerrilleros y drogas del clan de los hermanos Ríos. Luego de esto en Colombia le revocaron su licencia de aviador civil.

Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”

El 21 de junio de 1990 nació Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Maduro Guerra estudia Economía de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa).

Entre los años 1998 y 2004 se desempeñó como flautista del Sistema de Orquestas de Venezuela.

En el año 2014 fue designado por su padre como Coordinador del proyecto de la Escuela Nacional de Cine inaugurada en septiembre de 2015.

El 25 de enero de 2017, el presidente Maduro lo nombró director general de Delegaciones Presidenciales de la Vicepresidencia de la República.

Anteriormente había ejercido como inspector de la gestión de gobierno.

En 2017 el capitán de la Guardia Nacional venezolana, Sunny Balza Dugarte, aseguró en entrevista concedida a NTN24 en agosto, que "Nicolasito", como popularmente se le conoce, transportó "bultos desconocidos" por el aeropuerto de isla de Margarita.

Igualmente, Balza Dugarte aseguró que en la terminal aérea personas "cercanas" al gobierno de Venezuela mantuvieron encuentros con el narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El militar desertor, quien solicitó asilo político en Estados Unidos, dijo que "las cargas se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas pick up que ingresaban directamente a rampas con bultos desconocidos".

Específicamente, esta operación, tenía lugar en la rampa militar del Aeropuerto Internacional del Caribe “Santiago Mariño” sin "ningún tipo de control aeroportuario ni de narcóticos".

El exmilitar no descarta que los bultos sean sustancias ilícitas "por el tipo de embalaje y de unidad que se ingresaba a las aeronaves propiedad de la estatal petrolera Pdvsa".

Balza Dugarte también señaló a los hijos de Cilia Flores y al vicepresidente, Tareck El Aissami, de utilizar ese puerto aéreo para transportar "paquetes desconocidos".

Sobre Nicolás Maduro Guerra, alias "Nicolasito", Sunny Balza Dugarte dijo que participó en "orgías con decenas de mujeres", junto a "sus asesores, los encargados de efectuar los enlaces con el componente Guardia Nacional, personalidades de la gerencia de Pdvsa y del alto mando militar".

Hugo Rafael Chávez Colmenares, “La oveja negra”, “Huguito”

Son pocos los datos biográficos y relacionados con su vida privada y desempeño profesional que se tienen de Hugo Rafael Chávez Colmenares, el tercer hijo del difunto expresidente, Hugo Chávez, nacido de la unión del mandatario con su primera esposa, Nancy Colmenares.

Se trata de un personaje que se ha mantenido alejado de la política, pero no de las actividades delictivas cometidas al amparo del poder, según han dejado ver algunas versiones e informes.

Este joven problemático sin figuración pública se limitó a disfrutar de las mieles y beneficios del poder, como el uso arbitrario de los recursos del estado para sus fiestas y francachelas.

El periodista del diario español ABC, Emil J. Blasco, reseñó que supuestamente “Huguito”, como también se le conoce, habría usado aviones de Petróleos de Venezuela, PDVSA, para transportar droga.

Tal afirmación deriva de informaciones suministradas al comunicador por Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello.

Blasco dijo al canal colombiano NTN24 que el hijo del fallecido presidente venezolano habría utilizado aviones del Estado para transportar droga.

Serían acciones que el hijo del mandatario llevó a cabo junto al hijo del embajador de Cuba en Venezuela para la época (2009), Germán Sánchez Otero.

El juez Benny Palmeri Bacchi

El 18 de julio de 2014 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami, Benny Palmeri Bacchi, juez venezolano vinculado al narcotráfico.

La detención tuvo lugar cuando el juez se disponía a viajar con su familia a Disney World.

Palmeri está relacionado con el exdirector de Interpol en Venezuela, Rodolfo McTurk, con quien conspiró para distribuir cocaína en los Estados Unidos en connivencia con el narco, Jaime Alberto Marín Zamora, alias “Beto Marín”, hecho que se produjo en 2009.

El juez venezolano se declaró culpable en febrero de 2015 ante la justicia estadounidense por los delitos de obstrucción a la justicia, lavado de dinero y extorsión.

Debido a su colaboración, la Fiscalía del distrito sur de Florida solicitó rebajar su condena.

Benny Palmeri Bacchi, gracias a cooperación, pudo librarse del cargo de asociación ilícita para la distribución de cocaína.

Las maletas de cocaína en el vuelo de Air France

El 20 de septiembre de 2013 un avión de la aerolínea Air France aterrizó en la capital francesa proveniente de Caracas con un singular equipaje: 31 maletas cargadas de 1.382 kilos de cocaína, valorados en 270 millones de dólares.

Un hecho que reveló la manera como se violan en Venezuela los controles de seguridad de la Unidad Especializada de Policía Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar”, instancia que de haber cumplido con sus funciones habría detectado el referido cargamento.

Por el hecho, se produjeron 22 detenciones que incluían al teniente coronel, Ernesto Mora Carvajal; al teniente, Adanay Parra Sánchez; al teniente, José González Ruiz; así como a cinco sargentos.

Ernesto Mora Carvajal es familiar de Hugo Carvajal “El Pollo”, también vinculado con el narcotráfico.

El 16 de agosto de 2016 fueron condenadas diez personas por este hecho, entre ellos, tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que no ostentan altos cargos en ese componente militar.