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miércoles, 29 de enero de 2020

José Vicente Amparan Cróquer: El lavador dinero profesional de las negociaciones irregulares de PDVSA

  Vinculado a Mathias Krull, este abogado fue ficha fundamental en la trama que sirvió para esquilmar USD 1.200 millones a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Desde un despacho de abogados en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), a saber, Croquer & Amparan Abogados[1], se habrían fraguado una serie de operaciones irregulares que sirvieron para el lavado de millones de dólares provenientes de la corrupción, especialmente de negociaciones fraudulentas ejecutadas en Petróleos de Venezuela (PDVSA), según lo determinaron investigaciones llevadas a cabo por organismos federales de los Estados Unidos y de España y que conllevaron a la acusación federal que cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida.
    Al frente del referido bufete se encontraba José Vicente Amparan Croquer, conocido entre sus allegados como “Chente”, un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), al cual las autoridades judiciales de los Estados Unidos han catalogado como "un profesional del lavado de dinero".

    Amparan Cróquer figura como socio en empresas de inversión de bienes y raíces en España, relacionado con instituciones financieras en Malta, así como con entidades que han sido acusadas de ser instrumento para la legitimación de capitales irregulares.

   Las compañías vinculadas a Amparan Cróquer en la península ibérica se desempeñan en el área de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en las cuales se desempeña o se ha desempeñado como director o apoderado.

   Asimismo, se refiere que José Vicente Amparan Cróquer habría adquirido una lujosa propiedad valorada en USD 5.300.000 a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC, la cual es dirigida por una pariente suya de nombre Carolina Cróquer de González. Esta compañía -refiere el portal Sunbiz- fue registrada en el estado de la Florida el 26 de mayo de 2016 bajo el número L16000103906, siendo su estatus actual activo. Su domicilio está ubicado en el C/O Juris Magister, 1221 Brickell Avenue, STE 900, Miami, FL 33131 que igualmente es la dirección postal y el domicilio declarado por el agente registrador Juris Magister. Como gerente figura Zenaida C. Urbano-Taylor Romero (misma dirección). Al acta constitutiva refleja que Carolina Cróquer fungía como gerente[2].

   Los recursos para realizar la compra del inmueble habrían provenido de negocios irregulares con PDVSA.

    Según fuentes informativas, Amparan Cróquer era un profesional del derecho que se desempeñaba en un bufete familiar, sin propiedades de hecho vivía alquilado con un estándar de vida modesto que, en pocos años, comenzó a hacer alarde de riquezas de dudoso origen. Con él trabajaban el también abogado, Edison Sánchez y un primo llamado Manuel Amparan.

   La explicación del súbito cambio de vida estaría en su vinculación con Mathias Krull, quien se declaró culpable en una Corte Federal de EE. UU. por el delito de lavado de USD 1.200 millones, razón por la cual se emitió una orden de captura en su contra de Amparan Cróquer, así como de Francisco Convit Guruceaga, Carmelo Antonio Urdaneta Aquí, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Enrique Bonilla Vallera. Se trataría, pues, según las averiguaciones judiciales, de una red internacional de lavado de dinero proveniente de la principal empresa venezolana. En particular, Amparan Cróquer, es catalogado en el expediente como un abogado experto en lavado de dinero[3].  Raúl Gorrín, propietario de Globovisión también formaría parte de esta conspiración (Conspirador 7). Asimismo, aparece un conspirador #2, que fuentes ligadas al caso han identificado que es el bolichico, Alejandro Betancourt López.

   Así, al servicio de quienes se conocen en Venezuela como los “boliburgueses” y altos funcionarios gubernamentales y de la estatal petrolera, Amparan Cróquer se constituyó en ficha fundamental para legitimar millones de dólares provenientes de la corrupción, en razón de sus “habilidades” en la gestoría de bienes raíces y como supuesto experto falsificador.

    Sus relaciones habrían servido para que el los USD 1.200 millones estafados a PDVSA circularan en la banca de España, Reino Unido y Malta. Un conglomerado de empresas registradas en el país ibérico por Amparan Cróquer y su grupo, fue un canal por el que se legitimó parte del dinero[4].

La trama

   La acusación federal basada en investigaciones de organismos estadounidenses refieren que la utilización de bonos en default (suspensión de pago) habría sido el mecanismo para lavar el dinero proveniente de PDVSA que se inyectó en entidades financieras de Europa de las cuales se suministran nombres en la denuncia[5].

   El asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela para la fecha, Carmelo Urdaneta Aquí, y Amparan Cróquer diseñaron un esquema de corrupción mediante el cual se traspasó la propiedad del apartamento de la Torre Porshe Design con Paladium Real Estate Group LLC como instrumento para la operación.

   Los documentos federales indican que el Departamento de Estado de Florida determinó que la esposa de José Amparan Cróquer ingresó a la directiva de Paladium como gerente en septiembre de 2917, cuando al mismo tiempo la cónyuge de Urdaneta Aquí dejaba dicho cargo. Transfiriendo el control de la firma de maletín se entregó al matrimonio de los Emparan la propiedad del apartamento.

  La denuncia informa que José Vicente Amparan Cróquer se presentaba como trabajador de Solar Cargo (Aserca Airlines, en principio), una aerolínea que contaba con seis aviones operativos en 2016. PDVSA contrató los servicios del abogado.

   La investigación del citado medio indica que Amparan Cróquer no aparece registrado en el Instituto de Previsión Social de Abogados (Inpreabogados), pero los registros gubernamentales lo presentan como economista. Prófugo de la justicia estadounidense, Amparan Cróquer se mantendría en Venezuela. 

El lujoso apartamento como pago

   Sobre el apartamento a que hicimos referencia líneas arriba, adquirido a través de la empresa Paladium Real Estate Group LLC en la que la prima del abogado, Carolina Cróquer de González, figura como directora, se conoció que está identificado con el número 2205 en la Torre Porshe Design, ubicada en el área metropolitana de Miami, específicamente en Sunny Isles, al noreste del condado de Miami-Dade en el sur de la Florida.

  El inmueble tomó protagonismo cuando en una acusación federal presentada el 23 de julio de 2018 ante el Tribunal federal Penal del Distrito Sur de Florida, en la que se daba cuenta de las investigaciones que por más de dos años llevó a cabo la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida y la Oficina de Seguridad de Inmigración y Aduanas de la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de Miami. Ante el tribunal se dieron a conocer los detalles de la “Operación Money Flight”, referida a la existencia de la red de lavado dinero sustraído irregularmente de PDVSA y puesto a circular en bancos de los Estados Unidos.

  Los agentes del HSI determinaron que el mecanismo implementado era la instrumentación de acuerdos de connivencia entre ejecutivos de la petrolera y financistas venezolanos, mediante el cual se ofrecían préstamos en bolívares a PDVSA que era reembolsado en divisas (dólares y euros) cotizados al cambio oficial. El “diferencial cambiario arrojaba en cada transacción ganancias de hasta diez veces el capital invertido, de las cuales se pagaban las mordidas respectivas para las autoridades del holding estatal y de los intermediarios que concibieron y gestionaron fórmulas para incorporar esos fondos al torrente del sistema bancario”[6].

   Los señalados en la trama elaboraron un contrato el 17 de diciembre de 2014 que se suscribió entre Petróleos de Venezuela S.A. y la empresa fantasma Rantor Capital C.A. en el que quedó asentado que la segunda hizo un préstamo por 7.200 millones de bolívares a la primera. Posteriormente, Rantor cedió sus derechos a Eaton Global Services Limited. Ahora la estatal venezolana debía pagar USD 600 millones en un plazo de 180 días[7]. El diferencial cambiario llevó a que, finalmente, la operación se duplicara y PDVSA fuera estafada con USD 1.200 millones[8].

    El apartamento 2205 fue confiscado junto a otras 16 propiedades. Había sido negociado por quien para mayo de 2016 ejercía como asesor jurídico del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí, valiéndose de la intermediación de José Vicente Amparan Cróquer quien, se encargaría de conseguir el dinero de la compra. En medio de las negociaciones, Urdaneta Aquí “accedió a ceder el apartamento a Amparan Cróquer como parte de pago por sus servicios de gestión financiera”.

Los vínculos empresariales de Amparan Cróquer

   En los registros del estado de la Florida, se semana que José Vicente Amparan Cróquer estaría supuestamente vinculado a la empresa aérea Solar Cargo INC, registrada en el estado de la Florida el 16 de marzo de 2016 bajo el número P99000023995 y FEI/EIN 65-0903090, cuyo estatus actual es activo, según refiere el portal Sunbiz. Esta compañía, ubicada en el 3650 NW 82 Avenue, Suite 407, Doral, Fl 33166 que igualmente es su dirección postal y el domicilio del agente registrador, Alberto Morris[9]. El 24 de septiembre de 2018 la firma pasó a llamarse 21 Cargo INC[10].

   Esta empresa era Aserca Airlines Cargo INC con Adolfo Moreno figuraba como único accionista[11]. Otra de las denominaciones que ha tenido la empresa es Santa Bárbara Airlines Cargo INC. Aserca y Santa Bárbara son homónimas de dos aerolíneas que operaron en Venezuela, aunque no hay coincidencia en sus registros, como lo advierte la nota de El Nacional citada anteriormente.

    En Venezuela, Solar Cargo tiene sedes en la avenida La Estancia, Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), Pirámide Invertida, piso 1, oficina 106, Chuao, Caracas 1060. En Carabobo, la sede es en C.E. Aerocentro Internacional, avenida Luis E. Branger, Zona Industrial Sur, Edificio F, piso 1, oficinas 04/05, Valencia[12].

   Entretanto, en España las relaciones de este abogado apuntan al ramo de las inversiones inmobiliarias, la salud y el turismo, en ellas José Vicente Amparan Cróquer figura, bien como director, bien como apoderado.

   Así tenemos, en primer lugar, a Columbus One Properties Hotels S.L, que de acuerdo al portal Empresia, se constituyó el 22 de septiembre de 2016 en Madrid con un capital de 3.000 euros. Su dirección es en la Calle Orellana, 8–BJ, Código Postal 28004. Amparan Cróquer aparece como administrador mancomunado junto a Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío quien es administrador único[13].

   Por su parte, Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. fue registrada en Madrid el 17 de junio de 2016 con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la calle Orellana 8. Aquí Amparan Cróquer también aparece como administrador mancomunado con Ralph Steinmann y Luis Fernando Vuteff García; Ale Ramiro Mario Iturralde Darío es administrador único; María Vanessa Rodríguez De Lebiana Torres es también administradora única[14].

  Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L, fue registrada en Madrid el 13 de julio de 2016, con un capital de 3.000 euros. Se ubica en la Calle Orellana 8, Bajo Iz. Aquí José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. A los anteriores se suma Antonio Santiago Pérez como administrador único[15].

   Bonorva Investments S.L. fue constituida en Madrid el 3 de agosto de 2018 con un capital de 3.000 euros. Tiene su sede en la misma dirección que las anteriormente reseñadas. Amparan Cróquer es presidente del consejo de administración en el que también ejerce como apoderado[16].

   Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. se registró en Madrid el 13 de julio de 2017 con un capital de 3.000 euros. José Vicente Amparan Cróquer es apoderado solidario y administrador mancomunado. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García y Ale Ramiro Mario Iturralde Darío[17].

   Columbus One Properties Management S.L., con el mismo domicilio de las anteriores, fue registrada en Madrid el 16 de junio de 2015, también con un capital de 3.000 euros. Allí Amparan Cróquer ha ejercido como consejero y apoderado mancomunado y solidario[18].

   El 16 de junio de 2015 fue constituida en Madrid la empresa Columbus One Properties S.L., con un capital de 70.200 euros. Amparan Cróquer ejerce dentro del consejo de administración como consejero. Lo acompañan Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff Garcia, Ale Ramiro Mario Iturralde Darío[19].

   Finalmente, Autumn Leaves S.L. es una empresa registrada en Madrid el 8 de mayo de 2015, con un capital de 3.038.000 euros. Aquí José Vicente Amparan Cróquer funge como propietario. Lo acompaña Ignacio Sánchez Cumba y Verónica Carolina Sarcina, segunda esposa de Amparan Cróquer, como administradores únicos de la sociedad[20].

   Como puede observarse, todas las empresas comparten el mismo domicilio, al tiempo que repiten casi al calco la conformación de sus directivas. La constitución de las mismas se produjo entre 2015 y 2017, mismo período en el que tuvo lugar la operación de lavado de dinero señalada en la acusación de la Corte de la Florida con la “Compañía Europea 1” como protagonista.




Citas

[1] HG.org Legal Rerources. Croquer & Amparan Abogados. https://www.hg.org/attorney/croquer-and-amparan-abogados/53711

[2] Sunbiz. Paladium Real Estate Group LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2016%5C0930%5C90296199.Tif&documentNumber=L16000103906


[3] https://www.miamiherald.com/news/local/article220781125.html

[4] https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/two-members-billion-dollar-venezuelan-money-laundering-scheme-arrested

[5] https://www.insightcrime.org/news/analysis/us-charges-point-to-rampant-corruption-at-venezuela-state-oil-company/

[6] https://therealdeal.com/miami/2018/08/07/feds-look-to-seize-porsche-tower-condo-unit-tied-to-1b-money-laundering-case/

[7]Venezuela al Día https://venezuelaaldia.com/2019/02/03/los-irregulares-casos-de-investigacion-denunciados-por-el-comisario-principal-de-pdvsa-parte-iii/

[8] Venezuela Política. “Empresa ‘ficticia’ usada en esquema de corrupción por USD 1.200 millones en Miami está vinculada al empresario Raúl Gorrín”. 27 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/empresa-ficticia-usada-en-esquema-de.html

[9] Sunbiz. Division of Corporations. Solar Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=CurrentList&searchNameOrder=SOLARCARGO%20P990000239952&aggregateId=domp-p99000023995-e35688b0-0527-4dca-83e4-ae6d67d75d44&searchTerm=SOLAR%20CARGO%20INC&listNameOrder=SOLARCARGO%20L050000373200

[10] Sunbiz. Solar Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C2018%5C1008%5C18814734.Tif&documentNumber=P99000023995

[11] Sunbiz. Florida Department of State. Division of Corporations. Aserca Airkines Cargo INC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ConvertTiffToPDF?storagePath=COR%5C1999%5C0317%5CH9006133.TIF&documentNumber=P99000023995

[12] Solar Cargo. http://solarcargo.com/

[13] Empresia. Columbus One Properties Hotels S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-hotels/

[14] Empresia. Columbus One Properties Healthcare Facilities 1 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-healthcare-facilities-1/

[15] Empresia. Columbus One Properties Commercial Real Estate 1 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-commercial-real-estate-1/

[16] Empresia. Bonorva Investments S.L. http://www.empresia.es/empresa/bonorva-investments/

[17] Empresia. Columbus One Properties Commercial Real Estate 2 S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-commercial-real-estate-2/

[18] Empresia. Columbus One Properties Management S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties-management/

[19] Empresia. Columbus One Properties S.L. http://www.empresia.es/empresa/columbus-one-properties/

[20] Empresia. Autumn Leaves S.L. http://www.empresia.es/empresa/autumn-leaves/

lunes, 30 de enero de 2017

La historia no contada detrás de los ascensores de Caucaguita y Araguaney

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La corrupción y desidia chavista deja su impronta de diversas maneras y en todos los escenarios, uno de ellos los conjuntos residenciales populares del Estado Miranda, donde la Fundación Pro-Patria 2000 rescindió en 2013 el contrato otorgado a la empresa Yeltrac Power LLC para la instalación de 47 ascensores. Después de varios años dejó el negocio en manos de una empresa china que finalmente instalaron unos elevadores que, sencillamente, no funcionan. 
Inventario de las partes de los ascensores de Araguay y Caucaguita Yeltrac Power y Global Tardif tiene represados en  Canadá a la espera de ser enviados a Venezuela 
La esperanza de las personas que habitan en los edificios residenciales de los sectores populares de Caucagüita y Araguaney en el Estado Miranda de ver resuelto el problema que desde hace años los aqueja por la falta de ascensores cada vez es menor. Los habitantes de esas comunidades creyeron que con la firma del contrato No. FP-AB-2012-09-019 suscrito en el año 2012 por representantes de la empresa estadounidense Yeltrac Power LLC y la Fundación ProPatria 2000 para la instalación integral de 47 elevadores, comenzaba el fin del calvario que significa subir y bajar a diario por las escaleras de sus residencias, sobre todo cuando de personas de la tercera edad, enfermos y niños se trata. 








Se equivocaron. 
A la fecha han transcurrido más de tres años y ellos, los afectados, siguen en la misma situación.
¿La razón? 
Un entramado de corrupción en el que aparecen involucrados familiares de la primera dama venezolana, esta vez en las personas de Carlos Erick Malpica Flores y Walter Jacob Gavidia Flores, a la sazón, directivos —para la fecha— del citado ente estatal Fundación Pro-Patria 2000, junto a Ilich Lares, Daniel Tascón y Florentino Rodríguez.

Y es que mucha señales de fraude han salido a la luz a raíz de una demanda que cursa en la actualidad en la corte del Distrito Norte de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, de las cuales serían protagonistas de primera línea las empresas Yeltrac Power, Global Tardif y Seguros La Occidental, mientras que la Fundación Pro-Patria 2000 y sus directivos estarían en un segundo plano.

Las partes

Detengámonos un momentos para explicar qué es la Fundación Pro-Patria 2000.

Pues bien, la citada fundación fue creada bajo el gobierno del finado Hugo Chávez, mediante el decreto  1.007 el 4 de octubre de 2000 con adscripción al Ministerio de la Defensa para más adelante —el 30 de octubre del 2003— convertirse en el brazo ejecutor del Ministerio de Infraestructura.

Esta institución tiene como objetivo “atender los requerimientos de las comunidades en función del mejoramiento de sus espacios físicos, contribuyendo a su bienestar, financiando y ejecutando proyectos, de carácter social, asistencial y vial”.

Su Visión es “ser la organización modelo en la ejecución de proyectos de infraestructura, basados en estándares de eficacia, eficiencia y transparencia, que respondan a las necesidades de la comunidad, contribuyan a su progreso y a elevar su calidad de vida”. Y su Misión es “contribuir con el desarrollo sostenido de la comunidad. Planificando, administrando, financiando, ejecutando, controlando y promocionando proyectos de infraestructura que cumplan con los lineamientos del plan estratégico de la Nación, apoyados en nuestro talento humano, tecnología actualizada y estrictos controles de calidad”.

Años más tarde, específicamente el 1° de abril de 2013, el gobierno decidió adscribirla al Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, según el decreto presidencial N° 9.444, publicado en Gaceta Oficial N° 40.137.

Según uno de los considerandos del decreto que establece la nueva adscripción, la decisión obedece a “Que para el cumplimiento de los fines del Estado, el Ejecutivo Nacional debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procure la satisfacción de los intereses colectivos”.

Entretanto, Yeltrac Power, L.l.c. (Limited Liability Company), es una compañía registrada en Georgia con el número 08074651, el 26 de septiembre de 2008, con domicilio en el 1010 Huntcliff NE, Suite 1350, Fulton, Atlanta, GA, 30350, USA, y cuyo representante legal es Francisco Yelamo.

Yeltrac Power, L.l.c. es representante para Latinoamérica de la empresa canadiense de ascensores Global Tardif  fundada en 1984 y se encuentra en Venezuela desde el año 2010, según relata su presidente, Francisco Yelamo-Rhode.

En agosto de 2012, la empresa Yeltrac Power recibió una invitación de la presidente de la Fundación ProPatria 2000, Vilma Rodríguez para ofertar el suministro de los ascensores, ante lo cual sostuvieron una reunión en Venezuela el Presidente y dueño de la Fábrica Global Tardif, Francois Tardif, el Jefe de Ingeniería de la Fábrica, Francois Martin y Francisco Yelamo.

Se quería que en los edificios de Caucagüita y Araguaney se instalaran los ascensores especiales de la marca Global Tardif, los cuales están especialmente diseñados para soportar alto tráfico (hasta 800 kilogramos) y cuentan con garantía anti vandalismo. El plazo de entrega era de 4 meses.  

La contratación

Con el objeto de instalar 47 ascensores en los citados edificios de Caucagüita y Araguaney, la Fundación Pro-Patria 2000 contrató los servicios de Yeltrac Power LLC y, al momento de la suscripción la empresa recibió un anticipo de US$4.275.000,00 del total de Bs. 36.673.515,00., equivalentes a $8.500.000,00 que comprendía la totalidad de la negociación que ocurrió en 2012, siendo que la erogación del referido anticipo tuvo lugar mediante transferencia hecha por la Oficina Nacional Del Tesoro el día 13 de diciembre del ya mencionado año 2012.
Documento con la firma de Nicolás Maduro sobre la contratación de los ascensores 
Desde agosto las partes habían estado negociando y en representación de la contratante Fundación Pro-Patria 2000 figuraban para ese entonces Reyna Vilma Rodríguez, en funciones de presidente; Beatriz Torres, como directora legal; Daniel Camacho, director de ingeniería; José De Los Ángelo, director de administración; y Dadni Rubio, comunicador social.
Los ascensores fabricados por Global Tardif están almacenados en Canadá para ser enviados a Caracas.
El contrato N° FP-AB-2012-09-019 se firmó específicamente el 9 de octubre de 2012 para la “instalación integral de cuarenta y siete (47) ascensores en edificios residenciales de los sectores populares de Caucaguita y Araguaney del Estado Bolivariano Miranda”.  

Luego del anticipo del 50 por ciento, Yeltrac Power LLC debía recibir otro pago equivalente al 35 por ciento al momento de producirse la entrega de los equipos restantes (24 cabinas y 47 motores) en Puerto FOB Canadá; mientras que el saldo, es decir el 15 por ciento restante, se cancelaría  dividido por la cantidad de edificios y al culminar la instalación de los equipos en cada uno de ellos.

El 18 de octubre de 2012 se iniciaron los trabajos de obra civil, previos a la instalación de los  47 ascensores. 
Los desencuentros
Los documentos relacionados con este contrato refieren que en enero de 2013 se produjo un cambio en la directiva de la fundación y con ello iniciaron también los problemas con los que la empresa americana iba a tener que lidiar, incluyendo querellas en los tribunales de los EEUU.

Los funcionarios protagonistas de esta situación fueron los nuevos directivos de ProPatria 2000, a saber: Carlos Erick Malpica Flores, en funciones de director; Ilich Lares, asesor de la directiva; Daniel Tascón, presidente (desde enero 2013 hasta el 1° de octubre del mismo año); Rosana Campos, abogada; Florentino Rodríguez, y director de ingeniería: De octubre de 2013 hasta diciembre de 2015, Walter Jacob Gavidia Flores ocuparía la presidencia de la fundación estatal.
Los nuevos directivos
Al asumir la nueva directiva de la Fundación Pro-Patria 2000 en enero de 2013 comenzó a sentirse el cambio. Daniel Tascón asumió la presidencia de la institución entre enero y diciembre de 2013 y partir de esa fecha Walter Gavidia Flores —hijo de la primera dama venezolana, Cilia Flores— hasta diciembre de 2015, como ya hemos hecho referencia. 

Cabe destacar que el 16 de diciembre de 2012 habían tenido lugar las elecciones regionales en el país y en el estado Miranda resultó ganador el dirigente opositor, Henrique Capriles Radonsky, quien derrotó al abanderado del PSUV, Elías Jaua. 

El hecho de que la oposición le arrebatara el poder al oficialismo, parece haber marcado la pauta de las acciones a seguir por parte del chavismo. 

Este hecho llevó a que Daniel Tascón, inaugurara su gestión en Pro-Patria 2000 anulando el contrato con Yeltrac Power LLC para la compra de los 47 ascensores para los edificios de Caucagüita y Araguaney. Refirió el funcionario que ya no eran necesarios, dejando sentado que haberlos contratado respondía a una mera acción de carácter electoral. 

Tascón procedió a solicitar a Yeltrac Power el contrato original firmado y la devolución del anticipo. Francisco Yelamo-Rhode apuntó que, de paso, el nuevo presidente de la Fundación Pro-Patria 2000 hizo la exigencia de manera violenta. 

A pesar de ese evento, e 16 de enero de 2013, la empresa contratada notificó a la fundación que debía ejecutar los trabajos previos de la obra.

El 24 de abril de 2013, la Fundación Pro-Patria 2000 publicó un cartel para notificar a Yeltrac Power LLC la apertura de un Procedimiento Administrativo fechado el 18 de abril del referido año, a los fines de terminar la contratación y en la cual no quedaban claras las razones de tal decisión. Un hecho que, a juicio de la empresa, constituye una violación al derecho constitucional, al debido proceso, a la presunción de la inocencia y al derecho a ser notificado de los cargos que se le imputan en el proceso sancionatorio.

Francisco Yelamo-Rhode y su empresa aseguraron públicamente que el alegato de incumplimiento del contrato está muy lejos de ser considerado como una causa, por cuanto al momento de abrirse el procedimiento, Yeltrac Power LLC ya había ejecutado el 68 por ciento de la obras.

Las obras adelantadas y donaciones a la comunidad

Según informa la empresa Yeltrac Power LLC para el momento en que se emitió el procedimiento administrativo en su contra, se había ejecutado el 68, 09 por ciento de los trabajos que le correspondía realizar para la instalación de los 47 ascensores, los cuales 13 correspondían al conjunto residencial Araguaney y 19 a los edificios del sector Caucagüita.

Tal porcentaje se traduce efectivamente en el desmantelamiento de 32 de los 47 ascensores, lo cual se llevó a cabo en un poco más de cuatro meses, no obstante el plazo contractual era de 18 a 20 meses.

Sostiene Yeltrac Power que a la Fundación Pro-Patria 2000 le correspondía llevar a cabo una serie de obras civiles que no ejecutó y, por tanto, retrasó la labor de la compañía norteamericana. 

Según documentos legales, el contratante debía demoler y ejecutar los pilotes de las bases de los motores; iluminar todos los pozos de los ascensores; reparar todas las filtraciones hacia los pozos; cerrar las salas de máquinas y ventanas para que existiera una ventilación cruzada; iluminar y colocar puntos de electricidad para la sala de máquinas; instalar puertas de seguridad en los accesos a las salas de máquinas; e impermeabilizar las paredes de los pozos para evitar el exceso de humedad en los pozos. Nada de estos se realizó.

Refiere la empresa contratada que el 30 de enero 2013, Daniel Tascon y Florentino Rodríguez, notificaron de manera verbal la paralización total de la obra y el desmontaje de lo ejecutado. Ante la informalidad de la acción de la Fundación Pro-Patria 2000, Yeltrac Power decidió continuar con su trabajo hasta que el grupo armado Los Tupamaros los amenazó. Fueron estos hechos de violencia los que generaron retraso en la fabricación y envíos, dado el estado de alarma que existía tanto en la empresa contratante como en la fábrica Global Tardif en Canadá.

Yeltrac Power LLC y Global Tardif  solicitaron el 14 de marzo de 2013 a un Notario Público en Quebec, Canadá, certificar por medio de un documento debidamente apostillado, la existencia y ejecución del 83 por ciento de los 47 ascensores de forma integral. 

El 27 marzo de 2013 la empresa entregó a la Fundación Pro-Patria 2000, en presencia de las comunidades afectadas, la citada certificación, la guía marítima de los primeros 4 contenedores; los planos de ascensores, puertas, fosa y sala de máquinas; y el inventario físico de los materiales.

En esa misma fecha, Daniel Tascón prohibió la entrada de Francisco Yelamo a la sede de la Fundación Pro-Patria 2000 ubicada en Fuerte Tiuna.

El 15 de abril de 2013,  Yeltrac Power LLC notificó a la Fundación Pro-Patria 2000 la llegada al puerto de Puerto Cabello de 4 contenedores con todas las guías de rieles para los 47 ascensores contratados. En dicha terminal marítima también reposan ocho contenedores con los insumos imprescindibles para el avance de la obra. Estos cargamentos arribaron al país el 8 de abril de 2013 y 24 de abril de 2013.

Resulta curioso que habiendo estado como se ha señalado el trabajo con casi un 70 por ciento de ejecución y habiendo llegado a puerto parte del material, y constatado por certificación pública que los ascensores estaban culminados en 83 por ciento, los representantes de la Fundación Pro-Patria 2000 sólo hicieran hincapié en hacerse del dinero que se había cancelado como anticipo de los trabajos.

Acciones judiciales

La Fundación Pro-Patria 2000 solicitó el 29 de abril de 2014 ante Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia una medida cautelar de embargo preventivo en contra Yeltrac Power LLC y la Compañía Anónima de Seguros La Occidental que actuó de fiadora principal pagadora de la empresa de Francisco Yelamo.

La Sala designó como ponente a la magistrada Mónica Misticchio Tortorella, quien declaró procedente la medida cautelar y, en consecuencia decretó el embargo sobre bienes muebles propiedad de la empresa y la aseguradora, por la cantidad de BS. 722.222.133,75 .

Más tarde, el 24 de junio de 2014, esa misma Sala y también actuando como ponente Misticchio Tortorella, declaró improcedente la solicitud de suspensión de la medida de embargo preventivo que la aseguradora había propuesto con relación a la decisión anterior.

También corrigió el quantum de la medida del referido embargo sobre los bienes de empresa La Occidental de Seguros, propiedad del banquero Víctor Vargas en su condición de fiadora y principal pagadora de Yeltrac Power LLC, por la cantidad de Bs. 144.495.000,00.

Yeltrac Power LLC dijo en aquella oportunidad que consideraba inadmisible la decisión en su contra, por cuanto estima que se violaron todos sus derechos. La compañía se negó a cancelar lo exigido en el embargo.

Seguidamente, el gobierno venezolano a través de un acción judicial interpuesta en contra de Yeltrac Power LLC en la Corte del Distrito Sur de Atlanta, Georgia, exigió que le sean entregados los estados financieros de la empresa en Venezuela con el objetivo de determinar el destino de los recursos entregados por parte de la Fundación Pro-Patria 2000 como anticipo para la fabricación e instalación de los 47 ascensores.

Francisco Yelamo se niega a esta solicitud y, en todo caso, estaría dispuesto a suministrar la información siempre y cuando esta no salga de jurisdicción de Atlanta, por cuanto se siente amenazado en Venezuela.

Seguros La Occidental se une al gobierno venezolano

La aseguradora, garante de la fianza usada por Yeltrac Power LLC para firmar el contrato demandó a la empresa norteamericana, a su presidente Francisco Yelamo y a Global Tardif Ascensor Manufacturing Group INC en la corte del Distrito Norte de Georgia. 

De acuerdo al documento presentado por los abogados, la representante judicial de La Occidental(CASLO), María Carolina Mogensen declaró que  en el año 2012 CASLO otorgó una fianza a Yeltrac Power para la firma del contrato con la fundación Propatria 2000.

Dice que durante las negociaciones, Francisco Yelamo y el Distribuidor Global Tardif se comprometieron personalmente a garantizar la obligación de Yeltrac de reembolsar a CASLO, en caso y en el momento que se hicieran exigibles las obligaciones de la Occidental, conforme a la fianza. 
Asegura que Yelamo, como fiador personal, asumiría la obligación contractual de pagar a CASLO -de inmediato y a primera vista- cualquier cantidad de dinero que resultase exigible en conexión con la fianza.

Asimismo, La Occidental alegó ante el tribunal norteamericano que el presidente de Global Tardif, Francoise Tardif prometió que avalaría personalmente las fianzas otorgadas por CASLO y mediante carta convenio de fecha 21 de noviembre de 2013, Global Tardif se obligó a pagar a la aseguradora cualquier obligación que surgiera de la fianza.

La Occidental dice que entregó tres fianza en base a las garantías, por medio de las cuales se garantizaba la entrega e instalación de por parte de Yeltrac de los ascensores de Global Tardif para la fundación.

Entre las fianzas se encontraba una del anticipo del 50 por ciento para pagarla a la fundación mediante el convenio, una fianza de fiel cumplimiento y una fianza laboral. Las fianzas fueron autenticadas en fecha 26 de noviembre de 2012.

La demanda de la corte asegura que el 13 de diciembre de 2012, Yeltrac recibió el 50 por ciento del anticipo US$4.272.000,00 garantizado por la fianza de La Occidental.

El 7 de junio de 2013, CASLO fue notificado, en su carácter de fiador, del procedimiento administrativo por incumplimiento de contrato contra Yeltrac por parte de la Fundación intentado el 18 de abril de 2013. Asegura que, luego de la revisión de los hechos, se halló culpable a Yeltrac de incumplimiento de contrato. El 18 de julio de ese mismo año, CASLO fue notificado que un recurso de apelación intentado por Yeltrac fue rechazado. 

El 9 de diciembre de 2013, CASLO fue informado que Yeltrac había intentado un nuevo recurso en contra de la decisión del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencial y de Seguimiento de la Gestión del Gobierno y que el mismo fue declarado inadmisible.

El documento destaca además que el 27 de marzo de 2014, la Fundación Propatria 2000 demandó a Yeltrac, incluyendo a CASLO como responsable de la fianza. 

Señala que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó a La Occidental emitir una prensa sobre los bienes de CASLO por la suma demandada US$ 4.275.000,00 con el fin de levantar la prensa referida, para lo que la aseguradora adquirió una fianza por el monto embargado.

Asegura que CASLO solicitó que se cumplieran las garantías contractuales para remitir el pago y fue cuando se envió la solicitud, con fecha 11 de junio de 2013, a Yeltrac y Global Tardif y ambas corporaciones no respondieron a la petición, dice la declaración.

Agregan que motivado a que Yeltrac y Global Tardif rehusaron a cumplir con sus garantías personales, el 16 de junio de 2014, CASLO abrió un proceso contra ambas empresas en el Tribunal Décimo Primero de Caracas buscando un pago de US$ 5.557.500,00. Y a raíz de ese procedimiento, se emitió un embargo cautelar sobre bienes muebles de Yeltrac y Global Tardif, así como un exhorto a los EEUU y Canadá, con el fin de que realizaran el embargo de sus bienes muebles o dinero líquido.

El documento finaliza con la solicitud de CASLO ante el tribunal norteamericano para que proceda con el embargo. 

Hasta enero de 2017, el pleito legal sigue en la corte de Atlanta. La jueza encargada del caso solicitó a Yeltrac los estados financieros para satisfacer la demanda de La Occidental. Igualmente, la corte declaró sin lugar la petición de protección de Francisco Yelamo quien argumenta que si entrega los los estados financieros a la corte, para satisfacer la solicitud de La Occidental, los mismos caerían en manos de las autoridades venezolanas. 

Yelamo teme por su integridad física, y argumentó ante la jueza de Georgia que su empresa nunca incumplió el contrato sino que por el contrario ejecutó casi un 70 por ciento del mismo, en los términos acordados por la fundación en 2012. 

Yelamo declaró que los hechos que procedieron al cambio de la directiva de la fundación que se inició con la llegada de Daniel Tascón y, luego, de Walter Jacob Gavidia Flores y Carlos Erick Malpica Flores pretendían obligar a la empresa norteamericana a entregar un dinero de un proyecto que ya había sido ejecutado. Ante la negativa de la devolución del adelanto se desató una cacería contra la empresa, que incluyó la manipulación del caso en los tribunales venezolanos, donde los demandantes tiene voz mandante y la toma de decisión garantizada.

Denuncia a ante la Asamblea Nacional

Ante los hechos ocurridos y la falta de respuestas coherentes por parte de la autoridades gubernamentales y judiciales de Venezuela, el presidente de Yeltrac Power LLC presentó una denuncia ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, por presuntas irregularidades administrativas en el manejo de fondos públicos por parte de la Fundación Pro-Patria 2000 en perjuicio de los residentes de los conjuntos residenciales populares de Caucagüita y Araguaney.

La comisión técnica designada por el ente parlamentario determinó, en el informe de fecha 31 de mayo de 2016 y que fue aprobado por la plenaria de la comisión el 1° de junio del mismo año, la existencia de elementos para hacer presumir que las irregularidades denunciadas deben ser objeto de investigación hasta su total esclarecimiento .

La comisión técnica estimó que el órgano contralor del Poder Legislativo debía abocarse a la averiguación del destino de los fondos públicos del anticipo cancelado para ejecución de los trabajos, la terminación anticipada del contrato por parte de la Fundación Pro-Patria 2000 en prejuicio de los sectores populares de Caucagüita y Araguaney en el estado Miranda. Igualmente recomendó remitir a la Comisión Permanente de Política Interior la solicitud del denunciante de declarar la nulidad absoluta del procedimiento contra la empresa Yeltrac Power LLC.

Los afectados y sus reclamos

Lo cierto que una vez la obra fue paralizada por orden de Daniel Tascón, las comunidades de Caucaguita no han parado de protestar hasta que el entonces presidente de la república, Hugo Chávez, anunció vía Twitter la aprobación de los recursos para acometer la obra con recursos provenientes de China. “Lucía: informó aprobación recursos para 57 ascensores en sectores Caucaguita y Araguaney, Edo. Miranda. Esto financiado por China (9MM$)!”, rezaba el tuit emitido por el fallecido mandatario.

La firma china Sanei Shanghai Trading Limited asumió el proyecto que inicialmente estaba contratado con Yeltrac Powe LLC por 47 ascensores y que en su versión original contemplaba el desmantelamiento y restitución de 30 nuevas cabinas para los edificios de los conjuntos residenciales en cuestión.

De los elevadores ofrecidos solamente se pusieron en funcionamiento 22 en agosto de 2016, es decir, cuatro años después de lo acordado con la empresa de Francisco Yelamo, cuyo contrato se anuló por supuestos retrasos, una total incongruencia. De estos ascensores, 7 no funcionaban para esa misma fecha.

Es por ello que los vecinos exigieron al gobierno restituir las garantías que Yeltrac Power LLC ofreció en el contrato original suscrito con la Fundación Pro-Patria 2000.

En su solicitud al gobierno nacional los habitantes de Caucagüita argumentaban para hacer tal planteamiento “que nos ofrecían el mantenimiento preventivo regular de los ascensores. Nosotros, como comunidad, hemos tenido que hacer las veces de bomberos para rescatar a los vecinos que se quedan encerrados en esas máquinas chinas que podrían decirse que son nuevas, porque tienen apenas dos años de instaladas. Por eso queremos que se retome el espíritu del convenio de la empresa anterior que, durante el poco tiempo de ejecución que logró a tener, hasta nos rehabilitaron la Casa Comunal Negro Primero y nos donaron los baños”, expresó un dirigente comunal.