Conozca cómo ejerce el control Daniel Ortega sobre el pueblo nicaragüense

  El investigador Ryan C. Berg evalúa la política de dominio impuesta por el régimen autocrático del país centroamericano.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  La política represiva impuesta por el régimen de Daniel Ortega sobre el pueblo de Nicaragua, se complementa con una serie de controles que le permiten el dominio de la sociedad del país centroamericano. En dicho control confluyen una serie de factores e instituciones que le sirven de basamento para imponer su hegemonía. Así lo da a conocer el investigador en estudios de América Latina del Instituto Americano de la Empresa (AEI, por las siglas en inglés de American Enterprise Institute) y profesor adjunto de relaciones internacionales en la Universidad Católica de América, Ryan C. Berg, en su informe “Restaurando la democracia en Nicaragua: intensificando los esfuerzos contra el régimen de Ortega-Murillo”, del que ya hemos referencia en entrega anterior.

   En la actualidad, la capacidad de resistencia y organizada de la sociedad nicaragüense, asegura el catedrático, se encuentra detenida debido a la represión, por un lado, como a la pandemia del Covid-19.

   La situación reinante ha alcanzado tales niveles de violencia que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha descrito a Nicaragua como un "clima de terror generalizado", pues la fuerza letal infunde terror en la población, mientras el régimen de Ortega se involucra en una política de "disparar a matar".

   Advierte el investigador, que este dominio implacable de Ortega sobre la sociedad nicaragüense ha sido posible por décadas, gracias a las alianzas políticas que ha establecido, dirigidas a debilitar a sus oponentes, dándole esto la oportunidad de instaurar un régimen hegemónico.

   Con suma astucia, Ortega ha impuesto —de acuerdo a palabras de la Comisión de la OEA en Nicaragua— "un patrón de control ejecutivo de gran alcance de las instituciones estatales", de tal manera que poca parte de la institucionalidad nicaragüense ha logrado evitar verse comprometida.

“En el estado, la mayoría de las instituciones nicaragüenses han tenido que reconciliarse de alguna manera con Ortega, o lo han hecho voluntariamente y se han convertido en pilares centrales de control de su régimen. Los cuerpos legislativos y judiciales, la policía y el ejército, la Iglesia Católica, el sector privado, los medios de comunicación e incluso los partidos políticos de oposición son cómplices, en diversos grados, en el continuo control del poder político por parte de Ortega”, asegura el informe.

   Ryan Berg sostiene que el control del poder de Daniel Ortega se sustenta en una combinación de factores e instituciones: “política clientelista, fuerte gasto social para su base de apoyo, préstamos generosos de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una antigua alianza con el poderoso sector empresarial del país (COSEP) y, al igual que el apoyo anterior que recibió de la Unión Soviética en la década de 1980, prodiga el financiamiento de líderes ideológicos de ideas afines, como Hugo Chávez de Venezuela y su sucesor, Nicolás Maduro”.

Control político

  Aunque entregó el poder en 1990, Daniel Ortega antes de ello llevó a cabo una serie de maniobras que le permitieron seguir actuando tras bastidores y, a la sombra, logró acumular músculo económico y militar, asegurándose suficiente fuerza y financiamiento en su papel de opositor.

   Durante 16 años fuera de la presidencia, Ortega corrompió a tres administraciones diferentes, evitando que la democracia se implantara por completo en todas las instituciones. Se infiltró en e manera de penetrar áreas clave del gobierno y continuar dictando los términos de hacer negocios en Nicaragua. Estaba, como bien lo dijo él mismo, "gobernando desde abajo" al promover disturbios estudiantiles y sindicatos sandinistas para intimidar al gobierno, al sector privado y a sus enemigos políticos.

   Advierte el informe de Berg que, a pesar de esto, “Ortega nunca atrajo apoyo más allá de su base sandinista”, obteniendo la victoria en 2006, con solo el 38 por ciento de los votos, como resultado de un sombrío acuerdo conocido como "El Pacto", aprobado por la Asamblea Nacional en 2000. Estos acuerdos permitieron llevar de 45 a 35 por ciento el umbral para alcanzar la presidencia de la república en la primera vuelta de las elecciones, siempre que el margen de victoria fuera al menos del 5 por ciento. Desde 1990 cuando había perdido la primera magistratura, Ortega no había podido superar del 35 por ciento su base de apoyo.

   Al triunfo de Ortega en enero de 2007, se sumó el del FSLN en la Asamblea Nacional, lo cual le dio carta blanca para instaurar una serie de cambios, entre ellos una nueva constitución. El nuevo texto fundamental de Nicaragua le abrió la puerta a la reelección presidencial consecutiva.

  Solamente en enero de 2014, se contabilizaron 97 enmiendas constitucionales con amplias consecuencias para las finanzas públicas, la responsabilidad de Ortega y la organización de elecciones, refiere el informe.

   Ryan Berg refiere que el fraude electoral también le aseguró un aumento de fidelidades en el seno de la Asamblea Nacional, dada la mayoría obtenida por el FSLN. Una misión de observación electoral de la Unión Europea declaró que las elecciones de 2011 fueron "opacas y arbitrarias". Por su parte, Ortega ganó el 72,5 por ciento de los votos.

   El dominio de Ortega sobre el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua también es evidente, donde se toman decisiones a la medida del oficialismo de Ortega. También se prohíbe la observación electoral nacional e internacional y, de manera descarada, se eliminó o restringió la participación del partido de oposición.

  En las elecciones generales de 2016, “el Consejo Supremo Electoral obligó a 16 legisladores opositores a abandonar sus escaños en la Asamblea Nacional, negó a observadores electorales independientes, despojó al principal candidato opositor Eduardo Montealegre de su partido político y permitió que Murillo se postule para vicepresidente, consolidando una familia dinastía similar a la de la dictadura de Somoza”.

  Sólo la presión internacional, ha permitido que Ortega admita hacer "importantes reformas electorales" al tiempo que excluye a la oposición de cualquier negociación.

Control Judicial

  Sostiene el informe de Bryan Berg que Daniel Ortega ha llenado al poder judicial con sus acólitos, lo cual es crucial para su perpetuación en la presidencia de la república.

 Una Comisión de la OEA sobre Nicaragua cuestionó la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales de Nicaragua lo que convierte a este país en un "estado cooptado que es incompatible con el estado de derecho".

  Este control judicial, en conjunto con el control ejercido sobre el poder legislativo, permitió a Ortega su reelección indefinida y otorgándole el poder gobernar por decreto. También permitió a Rosario Murillo postularse para la vicepresidencia pese a la prohibición constitucional de que familiares de un presidente en funciones que se postulen para cualquier cargo.

  Asimismo, durante las protestas de 2018, el poder judicial cubrió a Daniel Ortega mientras encarcelaba descaradamente a manifestantes y miembros de la oposición y los procesaba por cargos falsos. Un informe reveló que los fiscales fueron intimidados y obligados a firmar cargos por casos que no tenían permiso para leer o revisar.

Control policial y paramilitar

  El reporte también cuenta a la Policía Nacional entre las instituciones bajo dominio de Daniel Ortega y asegura que este cuerpo de seguridad ha sido fundamental para su continuación en el cargo, pues con ella se asegura el control interno, reprime a los grupos de oposición, detiene ilegalmente a los ciudadanos ilegalmente e intimida a los políticos de la oposición.

   En junio de 2014 la legislatura aprobó una ley que depositó la responsabilidad de la Policía Nacional al Ministerio de Gobierno y confirió el control directamente al presidente como "comandante supremo".

   Subraya el informe de Berg que existen pruebas sólidas de que la Policía Nacional “ayudó a los paramilitares merodeadores que reprimieron brutalmente a la oposición nicaragüense en las protestas de abril de 2018. Cuando el GIEI, un grupo de trabajo de la OEA, observó graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua que alcanzaron el nivel de ‘crímenes contra la humanidad’, se refirieron específicamente a los paramilitares que operaban ‘en forma paralela y coordinada con la Policía Nacional’".

  Investigaciones periodísticas han determinado que el armamento utilizado por los paramilitares era de origen militar, lo que llevó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a justificar eventualmente las sanciones designación para la Policía Nacional.

  Y agrega el informe de Berg: “El ex comisionado de policía Francisco Díaz admitió que los oficiales de policía, a instancias del propio presidente Ortega, construyeron una unidad paramilitar formal dentro de las fuerzas regulares cuyo comando central fue dirigido por el liderazgo del FSLN. Estas unidades fueron acusadas no solo de intimidar a los manifestantes sino también de infiltrarse en la oposición y pasar información personal del liderazgo a la dirección nacional de inteligencia”.

Control del Ejército nicaragüense

  La despolitización del ejercito implementada por Violeta Chamorro en la década de los 90 ha sido revocada por Ortega, quien desde su regreso en 2007 ha reimplantado la ideología sandinista en la fuerza militar.

   También Ortega “ha cooptado a altos oficiales con recompensas materiales y ha ampliado el papel y los recursos de los militares”.

   El jefe del ejército, general Julio César Avilés Castillo, quien ha permanecido en el cargo por más de una década, detuvo los esfuerzos para desmantelar los grupos paramilitares asociados con el ejército y ha negado reiteradamente la existencia de fuerzas paramilitares en Nicaragua.

Control del sector económico

  De acuerdo al informe, el control que ejercen Daniel Ortega y Rosario Murillo se extiende también al sector económico, a través del COSEP, el grupo empresarial más grande y poderoso de Nicaragua.

  Con este gremio Ortega hizo las paces a su regreso al poder en 2007 y el empresariado pasó por alto el fraude electoral, la represión y la corrupción, mientras el mandatario “Promocionó una filosofía política moderada y una nueva "flexibilidad" en sus posiciones marxistas. Ortega ya no hizo alarde de involucrarse en diatribas anti-estadounidenses y profesó un apoyo al comercio, la empresa privada y los principios fundamentales del capitalismo, como los derechos de propiedad privada. En lugar de fulminar contra las élites empresariales de Nicaragua, el retorno y la consolidación del poder de Ortega se basó en cortejar activamente el apoyo de las élites empresariales y, en muchos casos, en cooptarlos”.

  El COSEP revisas las leyes antes de ser aprobadas por la Asamblea Nacional para garantizar un clima comercial favorable para las élites del país.

 Sin embargo, estas relaciones dieron un vuelco después, especialmente desde la llegada de Rosario Murillo a la vicepresidencia, pues esta ha impuesto nuevas reglas y controla absolutamente todos los procesos. “La alianza recibió su golpe fulminante cuando Ortega propuso reformas a la seguridad social sin consultar primero al COSEP, que ahora afirma respaldar a la oposición de Nicaragua”.

Alianzas ideológicas y mecenazgo venezolano

  El informe de Ryan Berg sentencia que el régimen de Ortega recibió, entre 2008 y 2016, cientos de millones de dólares de Venezuela, constituyéndose como uno de los asociados más confiables del país suramericano en América Central. Se cxalcula que la ayuda venezolana, en ocasiones, llegó a cerca del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual de Nicaragua.

“Entre 2008 y 2014, Venezuela transfirió entre $ 4 mil millones y $ 6 mil millones a Nicaragua, utilizando "pagos diferidos" en petróleo de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) para mover dinero a Albanisa, una subsidiaria propiedad de PDVSA bajo el control del FSLN. La generosidad de Venezuela es un pilar del régimen dictatorial de Ortega y reforzó su cleptocracia familiar, aunque el apoyo de Venezuela se está agotando debido al caos causado por su propio desmoronamiento político y económico”.

“Desafortunadamente, para los líderes empresariales y Ortega, cuando Venezuela comenzó a desmoronarse en 2015, su apoyo financiero pronto se agotó”.

Control de medios

  Finalmente, el informe hace referencia al control que el régimen de Ortega ejerce sobre sobre los medios de comunicación.

 Este control favoreció el silencio de la prensa frente a las irregularidades cometidas por Daniel Ortega y las instituciones bajo su egida.

  Freedom House ha señalado que el régimen de Ortega "participa en esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios".

“Desde abril de 2018, el espacio para el periodismo crítico casi ha desaparecido. La pareja gobernante ha armado el término "noticias falsas" en su intento de silenciar a los medios impresos, completando su tan buscado dominio sobre los medios. La constitución de Nicaragua ahora limita las críticas a las figuras políticas a lo que es "constructivo" solamente”.

  Finaliza el informe alertando que Ortega, Murillo y el partido sandinista se han adaptado durante cuatro décadas de cambio en Nicaragua y han centralizado la autoridad alrededor de sí mismos y su partido político. “La pareja gobernante ha cultivado lazos verticales entre el pueblo nicaragüense y los líderes sandinistas y se presenta a sí mismos como padres benéficos de una nación, con sus caras sonrientes radiantes en las vallas publicitarias de todo el país. Mientras tanto, Ortega y Murillo consolidan el control político y acumulan riqueza y activos estratégicos en tierras, medios y energía”.

Promerica: el banco acusado en El Salvador y Nicaragua de lavado de dinero

  A la institución se le señala de permitir operaciones irregulares a personas presuntamente ligadas al narcotráfico, así como a políticos corruptos que usarían el banco para legitimar fondos de origen dudoso. El banco niega todas los señalamientos de las autoridades de ambos países.

Por Maibort Petit

@maibortpetit

  Desde septiembre de 2029 el Grupo Promerica, propiedad de Ramiro Ortiz Guardián —también dueño del periódico El Nuevo Diario— se ha visto envuelto en un escándalo al ser denunciado de presuntamente mantener vínculos con narcotraficantes y políticos corruptos de Centroamérica.

   Estos hechos fueron dados a conocer por el Diario 1[1], que refiere que el exfiscal general de El Salvador, Luis Martínez, conectó a personas vinculadas al narcotráfico y a la corrupción con el Banco Promerica para que estas se hicieran clientes. Esto habría ocurrido entre 2013 y 2015. La intermediación de Martínez habría facilitado que se abrieran cuentas en el Banco Promerica S.A., por la intervención de Luis Martínez, entre estos a la empresa Agroindustrias Gumarsal fundada en 1997 por José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, y el ex-alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayo, a quienes se le señala de ser del cártel de Texis y quienes son procesados por lavado de dinero. Wilfredo Guerra, quien presidía la empresa al momento de la apertura de la cuenta bancaria, se encuentra prófugo de la justicia.

  Martínez fue condenado en diciembre de a cinco años de prisión por delitos de corrupción y mantiene otros procesos judiciales abiertos, entre ellos, uno por haber recibido gratificaciones de los prófugos de la justicia Enrique Rais y Mauricio Funes. Parte de estos fondos irregulares habría sido depositado en el banco Promerica.

  Diario 1 informó que la Fiscalía General inició la investigación del Banco Promerica luego de que se conocieran dos reportes de operaciones sospechosas. Luis Martínez habría manejado varias cuentas en el Banco Promerica mediante testaferros, entre ellos Moisés Nájera, representante legal de la sociedad BODEPA. El ex-fiscal habría recibido cientos de miles de dólares a cambio de abrir o cerrar procesos penales. Entre los presuntos beneficiarios de estas acciones se encontraría el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes y el prófugo Enrique Rais.

 Las operaciones supuestamente eran facilitadas en Promerica por Roxana Ramírez de Hernández, quien conocía de Martínez los nombres de las personas que tenían problemas por investigaciones abiertas y no podía abrir cuentas en otros bancos. Así, además de lavar su propio dinero en Promerica, el exfiscal facilitó que limpió los expedientes de personas que eran investigadas y las conectó con la referida institución bancaria.

 El portal El 19 Digital[2] informó que los “miles de dólares que Martínez recibía a cambio de abrir o cerrar investigaciones penales, los canalizaba a través de Moisés Nájera, representante legal de Bodepa, quien posteriormente se contactaba con Roxana Ramírez de Hernández, a objeto de que se abrieran las cuentas. “La forma de legitimar el dinero fue por medio del uso de tarjetas de crédito. Lo buscó por medio de la obtención de tarjetas de crédito, las cuales estaban cargadas a una cuenta principal de la sociedad Bodepa, S.A. de C.V., que tenía en el Banco Promerica, S. A., en la que su representante legal al momento de los hechos era el señor Adalberto Torres Polanco y el gerente Administrativo Financiero, el señor Moisés Nájera Aguilar”.

  También información del Diario 1 también fue reproducida por el portal Cronio[3], que informó que fondos provenientes de actividades ilícitas se movería a través de una empresa registrada en el estado de la Florida, a saber, Terrabank N.A.[4] la cual está relacionada con Promerica. Estas, a pesar de ser entidades legalmente separadas, se encuentran presuntamente vinculadas a través de una serie de movimientos financieros.

  Esta nota advierte que no solamente en El Salvador se estarían llevando a cabo las actividades de lavado de dinero en Promerica, sino también en Nicaragua, donde “más de 79 millones de dólares provenientes del narcotráfico y su relación con el crimen organizado en Nicaragua”, se legitimaron, presuntamente, a través de este banco.

  La misma publicación cita un informe de inteligencia que señala un conjunto de ilegalidades que el “Banco Promerica habría cometido, por ejemplo, evadir los controles adecuados sobre origen y destino de las transferencias internacionales. También desactivar la alerta del sistema Monitor Plus, la cual detecta transacciones mayores de $50 mil. Además, el documento consigna que el Banco Promerica no tiene el debido control de diligencia sobre las transacciones que vienen del exterior a través de la banca corresponsal. “El primer semestre de 2015 hubo transacciones por $562.4 millones. Solo a través de Wells Fargo se recibieron $355.8 millones y del St. George Banks $158.7 millones (…) La principal exposición de riesgo por transferencias internacionales recibidas son remesas familiares que en el periodo (primer semestre de 2015) fueron de $185 millones, siendo a través de AIR Pack $101 millones y por FEDECACES $22 millones, entre otros”.

  Sobre Terrabank una nota de Radio Primerísima de El Salvador[5] explica que el informe de la investigación advierte que, si bien la empresa y el Grupo Promerica están separadas legalmente, los movimientos financieros indican que hay estrechos vínculos entre ambos. Se indica que  Holding Promerica Financial Corp (PFC) enlaza al conjunto de instituciones financieras del grupo, el cual es dirigido por un equipo multinacional de banqueros. Terrabank N.A. es una de estas  instituciones afiliadas.

  “La persona de Terrabank que es el enlace en el país (El Salvador) la llaman Melisa. Su contacto en Promerica es Fátima Cadenas. Ella se reporta con María Elena de Casco, quien mantiene una relación sentimental con Eduardo Quevedo, presidente del Banco Promerica en El Salvador y Guatemala… Roxana Ramírez de Hernández es la gerente de Canales de Distribución del banco. Ella depende de María Elena de Casco y es la encargada de atender clientes de alto riesgo como el fiscal general Luis Martínez, Gumarsal, Salazar Romero’, añade el informe”.

  Sobre las presuntas irregularidades de Promerica en Nicaragua, Diario 1[6] dice que esta entidad no solamente habría incumplido las normas técnicas para evitar el lavado de dinero, sino también por los supuestos vínculos del banco con el crimen organizado.

  La reseña cita a Multinoticias que publicó una nota titulada “Grupo Promerica vinculado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico”, donde se destacan un conjunto de ilícitos presuntamente cometidos por el Banco Promerica. También refiere que el canal televisivo TN8 reprodujo un artículo de opinión del analista político Jorge Capelán, quien desglosó una resolución de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, donde se acusa al Banco Promerica de mantener un “accionar fraudulento” que hace “sospechar que ese tipo de maniobras son practicadas en toda la región”.

  Capellán refiere “el caso de dos clientes: el primero había declarado que su actividad consistía en exportar aceite a Nicaragua, pero no registró ningún ingreso de nuestro país. En las cuentas de este cliente se movieron billetes de 50 y 100 dólares hasta por 1,203,200.00 dólares (…) El segundo cliente realizó transacciones por más de 78 millones de dólares exclusivamente con países de toda la región sin que esto supusiese ninguna alarma para el sistema, al contrario, el cliente estaba en una lista de exclusión de monitoreo, conocida como lista verde”.

  Mientras las denuncias y testimonios en contra de Promerica se multiplican, desde la institución se insiste en su transparencia. En su página el banco da a conocer sus estados financieros, de los cuales, el correspondiente a 2018, comentamos a continuación[7].

El informe de auditoría

  El 28 de marzo de 2019, la firma contable Deloitte presentó un informe sobre la evaluación realizada a los estados financieros consolidados de Prpmerica Financial Corporation y Subsidiarias correspondientes al año que concluyó el 31 de diciembre de 2018, así como respecto al estado de ganancias y pérdidas , el estado consolidado de utilidades integrales, el estado consolidado de cambios en el patrimonio de los accionistas y el estado consolidado de flujos de efectivo, los cuales permiten obtener una visión acerca de la situación financiera de la institución, su desempeño y sus flujos de efectivo por el año terminado, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Sobre Promerica

  La evaluación que se llevó a cabo acorde a las normas internacionales de auditoría refiere, en primer lugar aspectos generales de la institución auditada e indica que Promerica Financial Corporation (PFC) se constituyó el 3 de octubre de 1997, de acuerdo a las leyes de la República de Panamá e inició sus operaciones el  28  de  diciembre  de  2006.

  El objeto de PFC es la adquisición y administración de acciones emitidas por las sociedades integrantes del grupo financiero al que pertenece.

  Promerica tiene su sede principal en PH St. Georges Bank, calle 50 y 53 Este, Área Bancaria, Panamá, República de Panamá.

  Las subsidiarias de Promerica  Financial  Corporation  para la fecha del informe de auditoría St. Georges Bank & Company Inc. en Panamá; Banco Promerica de Costa Rica,  S.A.,  en  Costa Rica; Banco Promerica, S.A,. en Honduras; Tenedora Banpro S.A., en la República de Panamá. Dado que el 2 de marzo de 2007, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras de Nicaragua autorizó el traspaso del  99.99 por ciento  de  las  acciones del Banco de la Producción S.A. (Banpro) a Tenedora Banpro S.A., está a la  vigilancia  del ente nicaragüense; Banco de la Producción S.A. (Banpro), en Nicaragua.

  Banpro es dueña de posee el Almacenadora de Exportaciones S.A., sociedad mercantil  constituida en Nicaragua  adquirida por la primera Banpro, También es propietaria de Provalores S.A., sociedad nicaragüense.

  Otras subsidiaria de Promerica son: Inversiones Financieras Promerica S. A. en El Salvador, la cual es dueña 99.9988 por ciento de las acciones  de Banco Promerica, S.A. (El Salvador); Tenedora Promerica Guatemala S.A., en República de Panamá, la cual posee 99.99 por ciento de Banco Promerica S.A. (Guatemala); Promerica Agente de Seguros Independientes S.A., en Guatemala; Tarjeta Promerica Limitada, en Guatemala; Banco  Múltiple  Promerica  de  la  República  Dominicana S.A., en República Dominicana; St.  Georges Bank & Trust Company (Cayman) Ltd., en las Islas Caimán; Banco de la Producción S.A. Produbanco, en Ecuador; ), sociedad constituida el 21 de septiembre de 1977, de  acuerdo  a  las  leyes  dela  República  del  Ecuador el cual es dueño de  99.99 por ciento de las acciones de: Externalización de  Servicio, S.A. EXSERSA, de Protrámites Trámites Profesionales S.A.; PFC  Tecnologías  de  Información  S.R.L. (PFC  TI), en Costa Rica; Inmobiliaria Promerica S.A., en Panamá, la cual es dueña de Plaza  Banpro  S.A. (Nicaragua) e Inmobiliaria Comercial y Mercantil S.A. (Honduras).

Estado Consolidado

 Al 31 de diciembre de 2018, los activos de Promerica se contabilizaron en 14.232.103.013 balboas, mientras que en 2017 habían sumado 13.711.348.766.

 Los pasivos totalizaron 12.957.581.494 balboas (en 2017 fueron 12.407.352.722 balboas).

 Entretanto el patrimonio sumó 1.274.521.519 (1.303.996.044 en 2017), siendo el total entre pasivos y patrimonio igual a 14.232.103.013 balboas (en 2017 fue de 13.711.348.766).

  Los ingresos por intereses fueron de 746.927.990 balboas, mientras que los ingresos por comisiones sumaron 263.422.946, siendo la suma de ambos antes de las provisiones 1.010.350.936 balboas.

  El ingreso neto por operaciones totalizó 880.050.797, la utilidad neta del año fue de 113.658.393 balboas.

El estado consolidado de otro resultado integral sumó en 2018 fue de 83.037.145 balboas.

   El estado consolidado de cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2018 refirió que las acciones comunes totalizaron 418.492.633 balboas; las acciones preferidas sumaron 170.000.000 balboas; los cambios netos en valoración de instrumentos financieros fue de (773.166); las reservas regulatorias fueron (67,179,768); la utilidades no distribuidas tuvieron un total de 245.287.773 balboas; el total de patrimonio atribuible a los accionistas mayoritarios fue de 951.998.833 balboas; la participación no controladora sumó 322.522.686 balboas.

El total de esto fue de 1.274.521.519 balboas.

  Promerica presentó por concepto de flujos efectivo en las actividades de operación 594.843.841 balboas.

  Los flujos de efectivo de las actividades de inversión sumaron 14.316.105 balboas.

  Los flujos de efectivo de las actividades de financiamiento fueron de 523.511.764 balboas.

  El efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2018 fue de 2.427.100.368 balboas.

   El 1 de enero de 2018 entró en vigencia en Panamá NIIF 9 (Normas Internacionales de Información Financiera), la cual modificó los medelos de cáculo de deterioro para considerar las pérdidas esperadas en lugar de las pérdidas ocurridas.

  En razón de esto el total de los activos financieros sumó 13.061.546.503 balboas, mientras que los pasivos financieros totalizaron 12.466.716.903 balboas.

CITAS 

[1] Diario 1. “Un exfiscal general conectó a narcos y corruptos con el Banco Promerica”. 5 de septiembre de 2019. http://diario1.com/nacionales/2019/09/un-exfiscal-general-conecto-a-narcos-y-corruptos-con-el-banco-promerica/

[2] El 19 Digital. “Más datos sobre el escándalo del caso de lavado de dinero del Grupo Promerica”. 11 de septiembre de 2019. https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:94052-mas-datos-sobre-el-escandalo-del-caso-de-lavado-de-dinero-del-grupo-promerica

[3] Cronio. “Diario1.com revela escándalo de Banco Promerica en Nicaragua”. 6 de noviembre de 2019. https://cronio.sv/internacionales/diario1-com-revela-escandalo-de-banco-promerica-en-nicaragua/

[4] Sunbiz. Division of Corporations. Terrabank N.A. http://search.sunbiz.org/Inquiry/corporationsearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=ForwardList&searchNameOrder=TERRABANKNA%20Q110080&aggregateId=agent-q11008-dc3f484e-0281-4250-b692-1a50fa1e81f4&searchTerm=TERRA%208701%20IH%20HOLDINGS%2C%20LLC&listNameOrder=TERRAATLANTIC%20F287120

[5] Radio Primerísima. “Denuncian que Grupo Promerica lava dinero a presuntos narcos”. 3 de Septiembre de 2019. http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/268637/denuncian-que-grupo-promerica-lava-dinero-a-presuntos-narcos/

[6] Diario 1. “Escándalo en Nicaragua por presunto vínculo Banco Promerica con crimen organizado”. 5 de noviembre de 2019. http://diario1.com/nacionales/2019/11/escandalo-en-nicaragua-por-presunto-vinculo-banco-promerica-con-crimen-organizado/

[7] Grupo Promerica. https://www.grupopromerica.com/quienes-somos/estados-financieros/#collapse1

Esta es la difícil situación que padecen los refugiados políticos nicaragüenses en Costa Rica

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Pese a la disposición de la nación receptora, una serie de circunstancias dificultan la regularización de los solicitantes de asilo provenientes del país gobernado por Daniel Ortega, por lo que se impone una solución concertada entre los países de la región, en particular, y la comunidad internacional, en general, para hacer frente a la problemática.

Un documento elaborado por la plataforma digital de información y análisis Panóptico Nicaragüense denominado "Refugiados Políticos nicaragüenses en Costa Rica: problemas y propuesta de acción'', da cuenta de la problemática que enfrentan decenas de miles de perseguidos de Nicaragua refugiados en el territorio de Costa Rica, quienes han huido en razón de las persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se vive en Nicaragua.

La investigación desarrollada in situ permitió constatar la realidad que padecen desde su arribo a Costa Rica pese a la buena voluntad manifestada por el gobierno de esa nación, en primer lugar por el hecho de que el estatus de refugiado se ha otorgado a muy pocas de estas personas, lo cual les impide disfrutar de los derechos inherentes a dicha condición de refugiados y, por ende, hacer frente a la precaria condición migratoria que presentan, asociada con apremios humanitarios fundamentales, tales como comida, techo y salud, así como la necesidad de regularizar la situación laboral.

El equipo que desarrolló la investigación plantea una serie de posibles soluciones que requieren del apoyo de la comunidad internacional, del gobierno de Costa Rica, de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de refugiados nicaragüenses.

La problemática de los refugiados

El informe refiere que de acuerdo a datos de la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense, la crisis en Nicaragua surgida desde el mes de abril de 2018, dio pie a que 42 mil 400 nicaragüenses solicitaran refugio en la nación vecina a comienzos de febrero del 2019.

Se indica que a 23 mil 100 de estas personas se les concedió carnet de solicitante de refugio —quedan pendientes por atender un poco más de 19 mil— de los cuales 4 mil 990 recibieron permisos de trabajo. Es de hacer notar que el referido carnet solamente regulariza de manera temporal la permanencia en territorio costarricense mediante el estatus de solicitante de refugio, pero no concede ningún derecho adicional.

Se espera que para el próximo mes de mayo se inicie la fase de resolución de esta situación y se decida en consecuencia el otorgamiento, o no, de la condición de refugiados a los solicitantes, lo cual ya supone el surgimiento de nuevos problemas.

Se advierte que al desconocerse con precisión la magnitud de los nicaragüenses que se vieron forzados a huir de Nicaragua a consecuencia de la represión, la salida e ingreso de las personas se produjo de manera irregular, a lo que se agrega el hecho de que no todos presentaron solicitud de refugio. Esto ocurrió —según los investigadores— por la falta de información y de recursos, por el temor a proporcionar datos personales por motivos de seguridad, al desaliento ante lo prolongado de los plazos o por considerar que el estatus de solicitante de refugio representa más bien una pérdida de tiempo y de recursos de los que carecen y que no resuelve los problemas más apremiantes que padecen.

El reporte hace referencia al procedimiento implementado por la Dirección General de Migración de Costa Rica para solicitar el estatus de refugiado, siendo que, en primer término, el interesado presenta una solicitud directa o por vía telefónica —la llamada tiene un costo de 4 dólares, como mínimo— y se le programa una cita de preadmisibilidad para varios meses después. Al asistir a la entrevista reciben el carnet de solicitante de refugio y se les asigna otra cita para la sesión de elegibilidad.

Luego de tres meses de la primera entrevista el interesado puede presentarse para solicitar un permiso de trabajo, lo que supone que entre el ingreso a Costa Rica, la presentación de la solicitud y la recepción de un permiso laboral, transcurren más de tres meses.

Tal situación —advierte el informe— ocasiona otro problema de carácter humanitario, toda vez que el solicitante de refugio y su familia se mantienen en una situación que les impide la obtención de un empleo que les permita cubrir los gastos de vivienda, alimentación, salud mediante en in ingreso regular. Se acota que esta situación se hace menos patente gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales costarricenses, por el apoyo de familiares y amigos, la colaboración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la solidaridad de nicaragüenses residentes en Estados Unidos. Pero esta ayuda no es suficiente, ni adecuada, ni ordenada, ni sostenible, ni digna, alertan los investigadores al tiempo que agregan que, además, ya está en proceso de agotamiento.

Acceder a un empleo —es el criterio con mayor consenso— podría mitigar parte del problema humanitario de los solicitantes de refugio, aunque se tiene claro que el ser portadores de un permiso de trabajo, no asegura la obtención de dicho empleo. Pero es un principio de solución.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advierte de esta situación de los refugiados por la “…la dificultad de gozar efectivamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo”.

A todo esto se agrega lo denunciado con relación al irrespeto al principio de no devolución, pues hay personas que han sido rechazadas y devueltas a territorio nicaragüense a través de la frontera, sin analizar las necesidades de protección internacional o situaciones de vulnerabilidad. Especial atención merece el caso de los niños y adolescentes por su condición de vulnerabilidad.

Otro asunto al que hace mención el informe, es la necesidad de atender con premura el acceso a la educación en condiciones materiales, pedagógicas y psicológicas apropiadas, esto en razón de que traumas, deserción escolar, bajo rendimiento y otras secuelas, demandan un enfoque particularizado.

Resalta el reporte que las circunstancias irregulares y los apuros de migrantes “históricos” se sobreponen y traslapan con la problemática específica de los perseguidos políticos, haciendo aún más compleja la situación.

Acotan que las expectativas de las negociaciones en Nicaragua no permiten vislumbrar en el corto plazo condiciones para un retorno seguro de los perseguidos pues, al contrario, “la crisis socioeconómica augura mayores flujos. De ahí que deba adoptarse una perspectiva de largo plazo”.

Causas de la problemática

Entre las causas de la situación reinantes, el informe indica, en primer lugar, la permanencia en Nicaragua de un régimen señalado por organizaciones internacionales de violar sistemática, masiva y gravemente los derechos humanos de la población.

En tal sentido, advierten que mientras no se produzcan soluciones creíbles y duraderas, el problema persistirá y puede tender a agravarse con el deterioro progresivo de la situación económica y social del país.

En segundo lugar, se refiere que el territorio costarricense es habitual destino de migrantes nicaragüenses por razones económicas, al tiempo que es territorio de tránsito de migrantes de otras nacionalidades que se desplazan con rumbo norte. Costa Rica, subrayan, no estaba preparada institucionalmente, ni cuantitativa ni cualitativamente, para atender una oleada de perseguidos políticos de semejante magnitud.

Y es que las dependencias de migración costarricenses no contaban con los recursos humanos y materiales necesarios para atender con agilidad la avalancha de solicitudes a que han tenido que hacer frente.

De hecho, la Dirección General de Migración reveló que “…en 2016 solicitaban refugio 1.696 personas del Triángulo Norte de Centroamérica (38% del total) y 1.423 de Venezuela (32%) …dada la precariedad de recursos ante el incremento de las solicitudes este procedimiento puede ser prolongado”, siendo que esta descripción corresponde a dos años antes de la avalancha de perseguidos políticos.

Por otra parte, los perseguidos tienen una composición muy distinta a los flujos de migrantes nicaragüenses que habitualmente recibe Costa Rica —trabajadores de menor calificación— mientras que ahora arriban estudiantes, pequeños empresarios, campesinos, madres y padres de familia con hijos menores, asalariados, trabajadores de la economía informal, artesanos, profesionales de distintas áreas. Se trataba de personas que no tenían una intención inicial de emigrar, sino que debieron huir en condiciones precarias en extremo, abandonando abruptamente sus ocupaciones y dejando familias en desamparo.

Los albergues existentes en Costa Rica están habilitados para migrantes de paso y no para perseguidos políticos, por lo que con las oleadas de refugiados se han quedado vacíos.

“La falta de reconocimiento de esta calidad distinta es una de las causas: Se trata de un problema de naturaleza política, con consecuencias migratorias, y no un hecho migratorio. Admitir la naturaleza política del problema y la definición de perseguidos políticos es, sin duda, el punto de partida para abordar el problema en su real dimensión. Y las soluciones”.

Se deja sentado que el gobierno de Costa Rica instituyó una política de puertas abiertas a los perseguidos y adoptado medidas constructivas, pero restricciones fiscales y un entorno político y social complejo —incluidos algunos brotes de xenofobia— se convierten en realidades que obstaculizan poner el tema en la agenda nacional o internacional.

En tercer término, el informe enumera entre las causas del problema la dispersión territorial de los perseguidos políticos, la fragmentación en grupos territoriales, gremiales y políticos, y la desconexión entre los mismos, lo cual dificulta una interlocución que facilite abordar la situación de manera integrada.

Como cuarta causa, el informe hace referencia a la comunidad internacional, la cual, presumiblemente, carece de información suficiente. En este sentido, manifiestan que los pronunciamientos sobre Nicaragua formulados por la Unión Europa, la OEA y los Estados Unidos, salvo alguna referencia de orden político, obvian mencionar la problemática real que padecen los perseguidos políticos refugiados en Costa Rica. “De lo contrario no se explica cómo, habiendo niñas y niños en condición precaria, UNICEF está ausente”.

También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentra ausente aun cuando existen necesidades de sanitarias. “Hay necesidades de adiestramiento y de mecanismos para abrir oportunidades de empleo, y OIT está ausente. Hay un grueso número de mujeres, y UNIFEM está ausente. La acción del PNUD no es notoria. En fin, el Programa Mundial de Alimentos, la Unión Europea, USAID y donantes bilaterales están ausentes”.

Las propuestas de solución

El informe de Panóptico Nicaragüense plantea una serie de pautas que podrían significar una posible solución al problema.

La primera de las propuestas es reconocer que se trata de un problema de naturaleza política, con manifestaciones migratorias, humanitarias y de derechos humanos que no se está resolviendo.

Luego agregan que tal reconocimiento no corresponde únicamente al gobierno de Costa Rica, pues el asunto va más allá del estado y de la sociedad costarricense. “Se trata de una problemática que requiere compromiso y acción de la comunidad internacional”.

En tal sentido, se hacen eco del llamado de la CIDH en octubre de 2018 a los estados de la región y a la comunidad internacional a objeto de que se implemente una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas, “a efectos de que el Estado costarricense cuente con los recursos necesarios para responder adecuada y efectivamente ante esta situación humanitaria de emergencia”.

Acogen la recomendación N° 7 de la CIDH de implementar una estrategia coordinada de alcance regional e internacional “basada en la responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos para dar respuesta a la rápida y masiva situación de personas que se están viendo forzadas a migrar de Nicaragua, para lo que se requiere fortalecer la asistencia técnica y financiera al Estado costarricense. Asimismo, es necesario fortalecer a las comunidades que acogen a las personas migrantes y sus familiares”.

La comunidad internacional coordinadamente con las autoridades de Costa Rica y la comunidad nicaragüense de refugiados, pueden actuar en materia de asistencia humanitaria; asegurar atención adecuada a la población más vulnerable, en particular los niños y adolescentes, con énfasis en salud y educación; oportunidades de continuar los estudios y otorgar subvenciones a estudiantes de nivel técnico y profesional; instaurar un programa de apoyo a la generación de autoempleo o emprendimientos; generar competencias laborales mediante el adiestramiento en actividades de menor complejidad tales como zapatería, panadería, alimentos, etc.; apoyo a iniciativas público-privadas que contribuyan a colocaciones laborales; promoción de modalidades de asociación; campañas de información y comunicación vía tradicional y digital.

Asimismo, subrayan la “existencia de un mercado nostálgico compuesto por centenares de miles de residentes nicaragüenses [lo cual] ofrece la posibilidad de generar oportunidades de empleo sin afectar a la fuerza de trabajo costarricense. Instituciones multilaterales como el [Banco Interamericano de Desarrollo] BID podrían emprender un estudio para cuantificar y caracterizar las potencialidades de este mercado nostálgico, que podría dar lugar a inversiones, actividad económica y empleo”.

Recomiendan al gobierno de Costa Rica acortar los plazos y procedimientos para la atención a los solicitantes de refugio; flexibilizar los criterios para el otorgamiento de estatus de refugiado; considerar la adopción de la definición ampliada del estatus de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena; establecer alternativas migratorias.

En materia de derechos económicos, sociales y culturales el informe recomienda asegurar que las autoridades policiales en frontera preserven el principio de no devolución; considerar la pronta vigencia de una normativa que permita otorgar el permiso laboral en paralelo al reconocimiento del estatus de solicitante de refugio; considerar la pronta vigencia de modalidades de protección complementaria; garantizar el acceso a la educación, seguridad social y salud de los perseguidos políticos desde el momento en que presentan su solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado.

En materia laboral, el reporte llama a revisar y flexibilizar la lista taxativa de ocupaciones a las que se pueden dedicar los solicitantes de refugio; promover iniciativas público-privadas para la generación de oportunidades de empleo; promover iniciativas de emprendimiento y autoempleo; impulsar iniciativas de formación y capacitación profesional; promover una estrategia para aprovechar las potencialidades del mercado nostálgico.

Finalmente, el informe de Panóptico Nicaragüense recuerda que es necesario solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos humanos atender su disposición a continuar trabajando “en la elaboración de un informe sobre la situación de personas nicaragüenses que se han visto forzadas a huir de su país, Nicaragua, sobre la base de la información recibida en su visita de trabajo a Costa Rica, así como de sus mecanismos de monitoreo y del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)”.