Mostrando entradas con la etiqueta Nervis Villalobos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Nervis Villalobos. Mostrar todas las entradas

jueves, 28 de octubre de 2021

José Luis Parada ocultó en Suiza fondos sustraídos irregularmente de PDVSA

   El dinero era el producto de haber esquilmado a la petrolera estatal venezolana mediante una trama de corrupción que encabezó Nervis Villalobos.

Por Maibort Petit

  Una investigación periodística sustentada con la debida documentación, reveló que el exdirector general de Producción y Explotación de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), José Luis Parada, ocultó USD 7,1 millones en un banco suizo los cuales transfirió desde la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Rafael Ramírez, José Luis Parada, Nervis Villalobos y Diego Salazar

    La operación tuvo lugar durante el mes de julio de 2014 cuando Parada trasladó los fondos a una cuenta en la Banca Credinvest SA desde la cuenta de emisión en BPA donde había acumulado un saldo de USD 8,5 millones entre los años 2008 y 2015.

    La información que dio a conocer el diario español El País[1] el cual precisó que en dicha institución andorrana en la que el secreto bancario rigió hasta 2017, José Luis Parada recibió depósitos —entre 2010 y 2011— de parte de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía durante la gestión de Hugo Chávez, los cuales alcanzaron los USD 6 millones. Los restantes USD 2,5 millones los hizo llegar Diego Salazar, familiar del ex-zar del petróleo venezolano, Rafael Ramírez. Tanto Villalobos como Salazar, formaron parte de una trama de corrupción que ocultó en 37 cuentas bancarias, fondos provenientes de sobornos y comisiones percibidos por su participación en la aprobación de contratos irregulares de la estatal petrolera, habiendo logrado sus protagonistas esquilmar a PDVSA unos USD 2.000 millones[2].

   Parada se valió d e una empresa de maletín denominada Prometeo Internacional SA, para abrir la cuenta en el BPA, la cual hizo adquisiciones entre 2008 y 2014 en valores de compañías que sumaron USD 16 millones.

  La nota indica que, mediante dos tarjetas asociadas a Prometeo Internacional SA, entre los años 2009 y 2013, se hicieron cargos en suntuosos establecimientos, hoteles y restaurantes en Houston, Los Ángeles, San Diego, Miami, París, Bogotá, Barcelona o Düsseldorf que totalizaron 128.700 euros.

  Ante el BPA, José Luis Parada dijo que los ingresos que recibiría la cuenta corresponderían a pagos por sus servicios como asesor de Nervis Villalobos.

   Se hace mención en la información de que Nervis Villalobos y Diego Salazar camuflaron las operaciones mediante traspasos internos, ordenando las transferencias desde cuentas asociadas a Tristaina Trading SA y Monterrey Management SA, empresas instrumentales del primero, y de High Advisory and Consulting SA, una firma del segundo con su testaferro, Luis Mariano Rodríguez Cabello.

  Parada también transfirió USD 1 millón desde el BPA al Union Bancaire Privée de Suiza, el 28 de marzo de 2011, cuyo beneficiario no ha podido ser identificado por las autoridades.

  Estaba, pues, el exdirectivo de PDVSA evitando que sus fondos fueran congelados, tal como había ocurrido con otras personas (dirigentes del chavismo y de PDVSA) que eran investigados por la citada trama de corrupción citada líneas arriba. En el registro bancario, Parada argumentó los retiros en razón de que “no existe seguridad jurídica en el país que proteja su patrimonio, así como una persecución intencionada por parte de las autoridades locales a las personas de su nacionalidad”.

  Parada, quien se encuentra prófugo de la justicia venezolana, se encontraría, según investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand), organismos que determinó que los fondos del exdirectivo de Petróleos de Venezuela provenían de la corrupción ejercida en dicha empresa a la cual esquilmó la millonaria suma.

Referencias

[1] El País. “Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza”. 27 de octubre de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-10-27/un-directivo-de-petroleos-de-venezuela-oculto-siete-millones-en-suiza.html

[2] El País. “Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra”. 14 de diciembre de 2017. https://elpais.com/internacional/2017/12/13/actualidad/1513189655_511418.html


 

martes, 21 de septiembre de 2021

Corte reestablece fecha de la sentencia de Luis Carlos de León Pérez

     Ahora será en noviembre cuando se conozca la pena que deberá pagar el exgerente funcional de asuntos legales de la Electricidad de Caracas.

Por Maibort Petit

   El Juez del Distrito Sur de Texas-División Houston, Kenneth M. Hoyt, dio a conocer el nuevo cronograma que regirá para el resto del proceso judicial que se le sigue a Luis Carlos De León-Pérez, el exgerente funcional de asuntos legales de la Electricidad de Caracas, quien se declaró culpable por la comisión de delitos de corrupción y lavado de dinero.

   En julio de 2018, De León Pérez admitió ante el tribunal los hechos que se le imputaban por su participación en un esquema corrupto mediante el cual cobraban millonarios sobornos a las empresas que procuraban contratos de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tras el pago de una fianza de USD 250.000 obtuvo el beneficio de casa por cárcel.

  Luis Carlos De León-Pérez, quien además de la nacionalidad venezolana es ciudadano estadunidense, reconoció que se valió de su poder para exigir el pago de comisiones a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, para aprobar negociaciones y contratos. En tales actividades, actuaba junto a otros altos cargos en la empresa estatal, entre ellos el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

   Pérez De León admitió haber participado en el esquema corrupto que encabezaron los empresarios Roberto Rincón y Abraham José Shiera[1].

   El exfuncionario venezolano, en un principio iba a ser sentenciado el 24 de septiembre de 2018. Otra fecha que se manejó el 7 de octubre de 2019[2]. Recientemente, el juez Kenneth M Hoyt formuló una reprogramación y fijó la finalización del Informe Previo a la Sentencia de De Leon-Perez, para el 4 de octubre de 2021, al tiempo que dio hasta el 18 de octubre como la fecha tope para que se presenten las objeciones al mismo. Se restableció la sentencia para el 8 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. en la Sala 11A.

Los cargos y los acusados

   Luis Carlos De León-Pérez, arrestado en España, país en el que residía, en octubre de 2017, fue extraditado a Estados Unidos donde fue imputado junto a Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, a César David Rincón Godoy, a Alejandro Isturiz-Chiesa y a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, “de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Cada uno de los acusados está acusado de uno o más cargos de lavado de dinero, de la siguiente manera: De León, César Rincón y Reiter, cuatro cargos cada uno; Villalobos, un recuento; e Isturiz, cinco cargos. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA”, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

  Los cinco acusados —eran todos funcionarios de PDVSA y sus subsidiarias o exfuncionarios de otras agencias o instrumentalidades del gobierno venezolano— fungían con altos cargos con gran influencia en la estatal y conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de Pla petrolera, incluidos algunos residentes de los Estados, sobornos y comisiones ilegales por brindarles asistencia en relación con su negocio de PDVSA. “La acusación formal alega además que los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas, incluso hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos y, en algunos casos, lavaron el producto del soborno en la forma de transacciones inmobiliarias y otras inversiones en los Estados Unidos”.


  
   Igualmente, la acusación formal señala a dos proveedores de PDVSA, a saber, Roberto Enrique Rincón Fernández y a Abraham José Shiera Bastidas, quienes enviaron más de USD 27 millones en pagos de sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era un beneficiario efectivo y junto a Villalobos, tenían firma autorizada[3].

El papel de León-Pérez en la trama

   Luis Carlos De León-Pérez figura en el cargo número uno de la acusación, Conspiración para cometer lavado de dinero, junto a Nervis Villalobos, César David Rincón, Alejandro Istúriz Chiesa y Rafael Reiter Múñoz, señalados de actual a sabiendas de “que la propiedad involucrada en una transacción financiera representó el producto de alguna forma de actividad ilegal, para realizar o intentar llevar a cabo dicha transacción financiera que de hecho representó el producto de una actividad ilegal específica, sabiendo que la transacción está diseñada en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control de los ingresos de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   También los imputa de tener “la intención de promover la realización de una actividad ilegal específica, a saber, el soborno de un funcionario extranjero, una infracción grave de la FCPA”.

   Específicamente se indica que, De León, Villalobos, Rincón, Istúriz y Reiter, con sus co-conspiradores le prometieron a Roberto Rincón, Abraham Shiera y otros, asistencia para recibir el pago de las facturas pendientes de los contratos de PDVSA, así como asistencia para obtener nuevos contratos de la petrolera, a cambio para pagos de sobornos.

   Luis Carlos De León, Nervis Villalobos, César David Rincón y Alejandro Istúriz pidieron asistencia y, a su vez, Roberto Rincón, Abraham Shiera y Swiss Banker 1 (persona cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, socio de la Compañía Suiza A, una firma de administración de patrimonios, igualmente identificada sólo por el Gran Jurado), ayudaron a los funcionarios de PDVSA a abrir cuentas bancarias, incluidas cuentas bancarias en Suiza, para ellos y sus co-conspiradores para recibir pagos de sobornos. También ordenaron que los sobornos se enviaran a varios destinatarios distintos a ellos, incluidas empresas, intermediarios, familiares, amigos, acreedores y asociados personales, con el propósito de ocultar y disfrazar la naturaleza, fuente y propiedad de los pagos.

   Asimismo, Luis Carlos De Léon y Nervis Villalobos, participaron en transacciones monetarias entre sus diversas cuentas, de manera de ocultar la naturaleza, fuente y propiedad del producto de la actividad ilegal.

   Con el fin de facilitar los pagos de sobornos y ocultar su naturaleza y propiedad, Luis Carlos De León, Nervis Villalobos y sus co-conspiradores contrataron a la Compañía Suiza A para que abriera cuentas bancarias suizas en las que pudieran recibirse pagos de sobornos.

  Se determinó la utilización de varias cuentas en Suiza y en otros lugares, para canalizar los sobornos desde, hacia y a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final.

   La “Cuenta Suiza 1”, cuya identidad es conocida por el Gran Jurado, tenía como beneficiario efectivo a De León Pérez. En la misma estaban autorizados para firmar, él y Nervis Villalobos.

  Los demandados, entre ellos Del León Pérez, establecieron una compleja red de cuentas bancarias a través de las cuales realizar las transacciones financieras en relación con el esquema y ocultar la naturaleza y propiedad de los ingresos. El 16 de septiembre de 2011, Swiss Banker 1 escribió a Shiera, Villalobos y De León, para informar que la empresa suiza A había abierto cuatro cuentas bancarias: Swiss Account 1, que se identificó para Villalobos, mientras la cuenta suiza 3, se identificó para De León. El Swiss Banker 1 concluyó el correo electrónico diciendo: "Le enviaremos por correo electrónico la próxima semana los nuevos números de cuenta y las instrucciones de transferencia para comenzar la transferencia de fondos al aire acondicionado principal ([Cuenta Suiza 1]) para su distribución en las 3 cuentas".

  Entre otras negociaciones, la acusación específica en los cargo del 5 al 7, relativos a Lavado de dinero, que Luis Carlos De León Pérez llevó a cabo las siguientes transacciones destinadas a ocultar la naturaleza, la ubicación, la fuente, la propiedad y el control del producto de dicha actividad ilícita especificada, es decir, una infracción grave de la FCPA, Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2.



[1] Venezuela Política. “Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel”. 16 de julio de 2018. https://www.maibortpetit.info/2018/07/tras-declararse-culpable-y-pagar-una.html


[2] Venezuela Política. “Exfuncionario chavista será sentenciado en Houston en octubre por cargos de corrupción y lavado de dinero”. 18 de abril de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/04/exfuncionario-chavista-sera-sentenciado.html


[3] Departamento de Justicia. “Five Former Venezuelan Government Officials Charged in Money Laundering Scheme Involving Foreign Bribery”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0 

miércoles, 17 de febrero de 2021

Los papeles secretos de Andorra: La poderosa maquinaria de Pdvsa (Parte I)

Por Maibort Petit

   Un documento emanado del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra que se está en nuestro poder, revela como Diego Salazar y otros altos personeros del oficialismo —entre ellos Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Omar Farías Luces— estaban siendo investigados por blanqueo de capitales valiéndose para ello del establecimiento de un sistema que obligaba a empresas al pago de jugosas comisiones para verse beneficiadas con contratos de PDVSA y sus filiales. De este modo, a través de cuentas de los señalados y de sociedades panameñas por ellos controladas ingresaron a la BPA más de dos mil millones de euros.
   AnuncioAmante del vino Pomerol Petrus de 1990 cuyo precio es 5.560 euros la botella, decidió adquirir en diciembre de 2012, 694 unidades del néctar y otras selectas bebidas como Dom Perignon que lo harían extender un pago a favor de Lavinia, en el bulevar de la Madelaine de París, por 493.573 euros. Otras menudencias, como compras en joyerías por tres millones de euros, dos millones en obras de arte, más de medio por alquiler de helicópteros, caviar, jamón, delicatesen, formar su propia orquesta y grabar un disco dada su afición por cantar aunque posea pocos atributos para hacerlo. Comprar por 3,4 millones de euros un centenar de relojes Rolex y Cartier. Pasión y gusto por la buena vida, los placeres y las excentricidades que terminaron delatándolo: una propina de 99 mil euros obsequiada al “concierge” —empleado hotelero encargado de complacer a los clientes— del hotel Crillón en París y que habría llevado a éste a declararla a sus jefes y a estos, a su vez, a referir el hecho a los entes fiscales, encendió las alarmas y dirigió las miradas escrutadoras de las autoridades financieras galas hacia Diego Salazar Carreño.


   Las averiguaciones llevaron a que la Banca Privada de Andorra, BPA, por orden judicial, congelara el 5 de diciembre de 2012, una de las cuentas que Diego Salazar mantenía en esa entidad. Estados Unidos a través de acciones del FBI, fiscales de Miami y Nueva York, había iniciado la investigación y logró rastrear los fondos irregulares de Salazar desde cuentas de empresas de maletín de Belice y Panamá.

   En Venezuela, el 1° de diciembre de 2017, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, había sido detenido por su presunta vinculación al conocido caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra. Quien pasara de ser un modesto vendedor de seguros a un multimillonario egocéntrico fue imputado por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia.

  Saab también anunció que las investigaciones que adelanta su despacho guardan relación con la utilización de la BPA para lavar más de 4 mil 200 millones de euros. “Hemos decidido abrir una investigación penal (…) al ciudadano Rafael Ramírez (…) porque en uno de los documentos que hemos encontrado el ciudadano Diego Salazar lo señala directamente, lo incrimina como su socio directo en operaciones de intermediación de compraventa de petróleo”, señaló el fiscal, al tiempo que agregó que igualmente por el mismo caso solicitaron la extradición de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica quien “aparece como el segundo cabecilla de esta organización criminal”.

   Hasta ese momento Salazar se habría creído inmune a la justicia —aunque la actuación del fiscal Saab muchas veces parezca más una venganza o la manifestación de una lucha poderes a lo interno del chavismo— creyendo que su parentesco con el exzar petrolero podría mantenerlo a salvo, lejos del alcance de las autoridades no solamente venezolanas, sino también de las internacionales. Pero la caída en desgracia de Rafael Ramírez también lo arrastró a él.


   Desde su arresto en Caracas se encuentra detenido bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), según precisó Saab, quien informó que el familiar de Rafael Ramírez es el primer aprehendido de una trama que las investigaciones señalan que podría resultar en la detención de otras personas que integraban esta red de corrupción. En los primeros señalamientos, la fiscalía indicó que los “reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos”, así como otros documentos encontrados por el Ministerio Público vinculaban a Salazar Carreño con el blanqueo de capitales a través de una trama de la que fue artífice y que manejó fondos milmillonarios entre los años 2011 y 2012. Los estimados de la fiscalía venezolana ubican en mil 347 millones 339 mil 972 euros el dinero manejado bajo este esquema de corrupción.

   Extra fronteras venezolanas, las investigaciones han determinado que los pagos efectuados por Diego Salazar tenían por detrás un enrevesado mecanismo por el cual se accionaban 37 cuentas bancarias que se manejaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). A su vez, los depósitos en estas cuentas involucraban a sociedades creadas en Panamá. Las averiguaciones emprendidas por la juez de Andorra, Canòlic Mingorance, tratan de rastrear si la red de Salazar se valió de este conjunto de cuentas para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que habrían sido beneficiadas con millonarios contratos de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Según da cuenta El País, después de estas maniobras financieras el dinero era enviado desde el Principado a paraísos fiscales, tales como Suiza o Belice, un objetivo que se lograba valiéndose “de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas”.

 La nota agrega que el periódico español tuvo acceso a las cuentas corrientes de los protagonistas de la trama de corrupción, así como a los detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. Añade que ante el banco andorrano se justificaban los millonarios ingresos de los integrantes de la red —Diego Salazar, los exviceministros de Energía venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado y directivos de PDVSA— bajo la denominación de honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Así se argumentó ante el órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. De acuerdo a las investigaciones, estos supuestos trabajos de asesoría nunca tuvieron lugar. La jueza Mingorance intuye que los involucrados cobraron comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento a empresas extranjeras, especialmente chinas, que luego fueron beneficiadas con contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales. Las averiguaciones del tribunal establecen que los manejos de la red conectan con un acuerdo suscrito entre Venezuela y China que estipula que el primero de los países recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares de parte del segundo a cambio de petróleo.

Sobre Javier Alvarado —expresidente de la Electricidad de Caracas y Bariven— se conoció que las autoridades venezolanas procedieron al allanamiento de su vivienda ubicada en la urbanización La Lagunita, recoge una nota del portal 7 Clicks que reseña una información dada a conocer por el periodista de investigación Casto Ocando. Esto se contradice con la decisión de la jueza 37 en funciones de Control, Luisa Renee Garrido, quien a petición de la Fiscalía dejó sin efecto las órdenes internacionales de aprehensión contra Nervis Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

  El portal agrega que tanto Javier Alvarado, como Nervis Villalobos Cardenas colaboran ahora con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para el esclarecimiento de esta trama de corrupción. Indica la reseña que Alvarado salió de España rumbo EE. UU., llevando una amplia información sobre Bariven. Estos detalles no fueron confirmados por ninguna de las fuentes que esta comunicadora tiene en diversas agencias federales.

  Por otra parte, es preciso recordar que Nervis Villalobos y Javier Alvarado también son investigados por el caso de haber recibido presuntos sobornos de Duro Felguera en Venezuela a cambio de contratos.

  Duro Felguera es un grupo empresarial internacional con sede en el Principado de Asturias, (España), que se especializa en la ejecución de proyectos llave en mano para los sectores energético e industrial.

  La Fiscalía Anticorrupción de España ha señalado a Javier Alvarado cuando estuvo al frente de la Electricidad de Caracas en 2009, de haber recibido sobornos de Duro Felguera, empresa que se adjudicó la construcción de una central termoeléctrica en la capital venezolana por más de 1.500 millones de euros, reseña el portal Expansión.

  En diciembre de 2017 Duro Felguera fue notificada por el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional sobre la admisión a trámite de “la querella formulada contra la compañía por la Fiscalía Especial por los delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales en el caso de supuestos pagos de comisiones ilegales de más de 88 millones de euros a expolíticos y funcionarios venezolanos para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro”, informó el sitio web La Nueva España.

 Tratamos de establecer comunicación con Javier Alvarado Ochoa y con sus supuestos abogados pero hasta el cierre de esta nota no logramos respuesta a nuestra solicitud.
Su debilidad por la ostentación lo delató

La debilidad por lo excéntrico y el derroche, han terminado como indicios que han permitido a las autoridades seguirle la pista, tal como lo señala una nota de El País en la que se refiere que el ostentoso pago de 3,4 millones de euros en joyería, se habría gestionado a través de una sociedad panameña controlada por Salazar.

Igualmente, mediante otra empresa panameña, a saber Josland Investments, Salazar Carreño pagó en 2011 una factura de compra de dos relojes de oro amarillo marca Rolex, por 90.500 euros, un adquisición en la que figura el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, arrestado en Madrid en octubre de 2017 por un caso distinto también investigado en Andorra.

Para Salazar Carreño el lujo y exhibir su fortuna era un asunto vital y así lo demuestra su manía de hospedar a sus relacionados en los mejores hoteles, tal es el caso Javier R. e Irma T., cuyo alojamiento en el Ritz de París corrió por su cuenta pese a que la cuenta alcanzó los 575.000 euros por varias estadías en un periodo de diez años que incluían cargos de 34.216 euros por el alquiler de limusinas y de 6.223 por unos tragos en el bar del establecimiento, el Hemingway.

En 2011 también cubrió la estadía de dos venezolanas en el Four Seasons de París. En esa ocasión la factura sumó 150.000 euros por varias temporadas.

El portal RunRun.es refiere que cuatro altos gerentes de la Banca Privada Andorra aceptaron grandes comisiones para blanquear 2 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos entre los que se encontraban los de Salazar. Se trataba de una jugada para “ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control”.

Conversaciones de Salazar Carreño habían sido grabadas por la Guardia Civil española y ello permitió en una operación que recibió el nombre de “Clotilde” y que pinchó a Andre Petrov por una serie de acciones irregulares que involucraban a la BPA, que las conversaciones con los venezolanos salieran a flote. Allí Diego Salazar habría admitido poseer una cuenta con 1.000 millones y en “otra, hablan de sobornar a la fiscalía andorrana, acaban de pagarle 80.000 dólares a un jefe de la policía venezolana que ha osado investigarles. Casualmente la petrolera estatal PDVSA, en la que trabaja Salazar y al frente de la cual está su primo el ministro del petróleo, acabará generando una deuda de 90.000 millones. Los investigadores sospechan que es la banca andorrana quien se encarga del desvío de fondos y el blanqueo igual que lo hace con la mafia rusa. El comandante de la Unidad de Información nos los explica con una comparación. Los rusos hablan de 100 millones de euros, los venezolanos de miles de millones de dólares”. Se lee en la reseña del citado portal.

El fiscal dijo que se pensaba que el grupo delictivo de Salazar pudo haber venido funcionando desde el año 2006, estimándose que el monto de los capitales legitimados superará los 4.200 millones de dólares. Añadió que los detenidos estaban vinculados con una compañía conformada por al menos 40 personas, algunos de los cuales son exfuncionarios de PDVSA.

Agregó que esta organización “utilizó aproximadamente 40 empresas fantasmas y unas pocas reales para manejar y blanquear fondos derivados de hechos de corrupción y, a la vez, ocultar la identidad de los beneficiarios”.

Tarek William Saab dijo que estos hechos de corrupción contaron con la complicidad de la Banca Privada de Andorra, la cual ayudó a la conformación de empresas y aceptó efectuar transacciones sin respaldos.

Al frente de todas estas irregularidades, estaba supuestamente, a decir de Saab, Diego Salazar Carreño.

Se conoció que también arrestado José Enrique Luongo, quien junto a Salazar, representaba a la empresa Antigua Omega INC.
El documento del Tribunal Supremo de Justicia de Andorra

En nuestro poder se encuentra un documento oficial de los tiempos en que se inició la averiguación referida líneas arriba y que mundialmente se conoce como el “Caso de Andorra”.


El citado oficio del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra, clasificado con el número 4103434/2012, hace mención a las diligencias previas que arrojaron los primeros señalamientos a conjunto de personas involucrados en hechos de corrupción, entre los cuales se encuentran Diego José Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, Javier Alvarado Ochoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano Bonet, Luis Pablo Laplana Moraes, José Luis Zabala y Omar Farías Luces.

El documento en nuestras manos es una rogatoria que hacen las autoridades del Principado de Andorra a las autoridades de Francia solicitando información sobre los antes señalados, así como otras personas e instituciones que se sirvieron para instrumentar la trama de legitimación de capitales a través de la BPA.

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra acusó a estas personas de haber cometido presuntamente los delitos de blanqueo masivo de capitales y valores tipificado en el artículo 409 y 410 del Código Penal de ese país. Asimismo, se aclara que Diego José Salazar Carreño es primo hermano de Rafael Ramírez Carreño, quien para la época de la comisión del delito era el Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA.

Entretanto, de Nervis Villalobos se dice que fue viceministro de Energía, que Javier Alvarado Ochoa fungió como presidente de la empresa estatal Electricidad de Caracas y Omar Farías Luces era el propietario de una de las empresas del sector seguro más importantes de Venezuela, a saber, Seguros Constitución.

Se indica que Salazar Carreño, Villalobos Cárdenas, Alvarado Ochoa, Farías Luces están acusados de aprovecharse de su influencia en los círculos de poder y de, con la ayuda del resto de las personas imputadas, organizar un sistema de comisiones o sobornos relacionados a los contratos públicos de la petrolera venezolana PDVSA, que establecía que las empresas que accedían a las licitaciones estaban obligadas a contratar con ese entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones. Por este “servicio”, lo imputados cobraban millones de euros por concepto de gastos de asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones. Quedó establecido que los pagos de sobornos eran un requisito imprescindible para conseguir el acceso al mercado público de PDVSA y sus filiales.

Cita el documento que gran parte de los pagos se hacían a través de cuentas de los acusados y de sociedad panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria Banca Privada de Andorra, determinándose que por las mismas circularon más de dos mil millones de euros (€2.000.000.000).

En la rogatoria se hace referencia a que la investigación se inició con sustento en una información recibida por la Unidad de Inteligencia de Andorra (UIFAND), del Servicio Lucha contra el Lavado de Dinero del Ministerio de Finanzas francés, TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), relacionada a la averiguación de la sociedad panameña Highlands Assets Corp., desde cuya cuenta en la Banca Privada de Andorra se efectuó una transferencia por USD 99.980,00 a Francia, cuyo beneficiario era un empleado de una cadena hotelera gala, un pago que representaba una gratificación o regalo por los servicios prestados por dicho empleado. La sociedad Highlands Assets Corp. que está bajo investigación, es propiedad de Diego Salazar Carreño, cuyo representante es Luis Mariano Rodríguez Cabello.

Se conoció que la averiguación había determinado que los implicados y, principalmente, Diego Salazar Carreño y su hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, donde gastaban millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo. También habrían efectuado transferencias a bancos ubicados en esa ciudad, como el banco Monte Paschi Banque S.A de París.

La citada nota de El País indica que a pesar de que la Banca Privada de Andorra tuvo recelos, terminó abriendo las cuentas bajo sospecha, obviando las advertencias de su unidad de fiscalización interna que alertó la condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP), por haber ocupado un cargo público y a quienes debe someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.

Hay que apuntar que las autoridades de Andorra intervinieron el BPA en marzo de 2015 luego de que Estados Unidos denunciara que este banco fue empleado por bandas criminales para la legitimación de capitales, una acusación que los dueños de la entidad financiera niegan.
Los involucrados en la trama de corrupción

En enrevesado mecanismo de corrupción fue configurándose por Diego Salazar Carreño, uno de sus principales protagonistas, y en torno a él, fueron apareciendo otros personeros que le dieron cuerpo a la trama.


El 17 de julio de 2015 se dicta auto de detención, aún vigente, y se acuerda el embargo y bloqueo de todos los bienes de los que dispongan las siguientes personas:

1. Luis Mariano Rodríguez Cabello, nacido el 06-12-1965 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, número 036731648.
2. Estibaliz Basoa de Rodríguez, nacida el 09-03-1973 en Bilbao, España, nacionalidad venezolana, pasaporte número D0665766.
3. Diego José Salazar Carreño, nacido 23-02-1968 en Caracas, Venezuela, nacionalidad venezolana, pasaporte número 9423332.
4. Rosycela Díaz Gil, nacida el 04-09-1972 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 10806551
5. Omar Jesús Farías Luces, nacido el 15-08-1962 en Güiria, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte 005880296
6. José Luis Zabala, nacido el 12-06-1973 en Caracas, Venezuela, de nacionalidad venezolana, pasaporte número 009633799
7. José Enrique Luongo Rotundo, nacido el 24-01-1954 en Venezuela, de nacionalidad venezolana, documento de identidad número V-4083540

8. Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, nacido el 11-06-1967 en Maracaibo, Venezuela, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad número V-7830467

Así como también de las siguientes empresas: Memoser Compañía de Seguros S.A.; Westshore International Limited; Baychester Investment S.A.; Baluja International Limited; Lutmill International S.A.; Fundación Terramar Hall; Vida I Patrimonio Corretaje de Seguros C.A.; ISB Sociedad de Corretaje de Seguros I Reaseguros C.A.; Lomond Overseas S.A.; Mills Advisores S.A.; Trismas Foundation; Monterrey Management Limited; Tristaina Trading S.A.; Josland Investment S.A.; Megana International LTD; Highland Assets Corp.; High Rise Proyects S.A.; Central Berfort S.A.; Fundation Caixa Bella; Wordwide Traders Line S.A.; Red Boutique Fundation; Calabrias Overseas S.A.; ISB Sociedad CS, S.A.; Antigua Omega INC.
El pedido a Francia

El documento del Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra en su primer considerando señala que dado el estado de las cosas, se hace necesario solicitar la cooperación de las autoridades judiciales francesas para determinar si parte de los beneficios objeto de la medida acordada por el Principado se encuentran en su territorio y, en caso de ser afirmativo, piden que se proceda al bloqueo de los mismos.

En el considerando dos se señala que la información a la que se hace referencia en el considerando uno, al tratarse de procedimientos judiciales extranjeros solo pueden ser obtenidos mediante una comisión rogatoria y en vista del artículo 2 de la Ley de Cooperación Internacional y la Lucha Contra el Blanqueo de Capital y Valores Producto de la Delincuencia Internacional y Contra el Terrorismo que establece que tal rogatoria precisa de una exposición que informe suficientemente de los hechos y el objeto del procedimiento, así como de una exposición del motivo de la demanda, se procede en consecuencia.

Agrega que considerando que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto de la sentencia 572-2011 del 2 de abril 2012, establece que las comisiones rogatorias tienen el acuerdo auto motivado cuando puede resultar afectado el derecho a la intimidad, deben respetarse las garantías para la protección de lo establecido en el código de procedimiento penal.

Igualmente, considerando que los hechos investigados son sumamente graves y podrían constituir delitos establecidos en el artículo (409.1) sobre blanqueo de dinero o valores, y ante la necesidad de identificar el destino de los bienes afectados por la medida cautelar a fin de poder continuar con la presente medida de instrucción, se procederá oportunamente a enviar comisión rogatoria a la autoridad judicial competente de Francia, no pudiendo obtener dicha información de manera oficial por otro medio.
Decisiones

El Tribunal Supremo de Justicia del Principado de Andorra decidió transmitir la comisión rogatoria a las autoridades competentes francesas para que se proceda a investigar el patrimonio de los implicados y verificar las personas físicas y jurídicas afectadas por el bloqueo decretado el 15 de julio de 2015, a los fines de garantizar la respectiva efectividad de la medida.

La corte determinó que los vinculados se aprovecharon de sus influencias políticas para organizar un esquema de corrupción para apoderarse de contratos públicos de la empresa PDVSA. Asimismo, refiere que los implicados establecieron una trama que obligada a pagar comisiones para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los aplicables por concepto de asesoramiento en contrapartida por sus gestiones. Además, se determinó que el pago era imprescindible para entrar al mercado público de PDVSA y sus filiales.

El Tribunal también estableció que gran parte de los sobornos fueron pagados a través de sociedades panameñas controladas por los implicados en cuentas del Banca Privada de Andorra por las cuales transitaron más de 2.000.000.000 de euros.

Refiere el tribunal que el 30 de noviembre de 2012 se inició una causa penal y se dictó el primer bloqueo, un hecho que ocurrió antes de que la entidad bancaria tramitara una transferencia de Diego Salazar Carreño por 40 millones de euros a Francia, vía Suiza para la adquisición de una unidad inmobiliaria en París, hace suponer que el imputado tenía ingresos económicos en dicha ciudad.

En consecuencia, el Tribunal dictaminó el 17 de julio de 2015 llevar a cabo un bloqueo y embargo de las cuentas cuyos beneficiarios estaban relacionados con esta trama de corrupción.
La intervención de Villepin

Ante la acción de bloqueo por parte de las autoridades francés de 200 millones de dólares de la cuenta en la BPA, Diego Salazar Carreño procedió a contratar como su abogado al exprimer ministro francés (2005-2007), Dominique de Villepin, quien se convirtió en el artífice de las acciones que llevó que el Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizara a BPA la devolución de fondos multimillonarios por falta de pruebas a exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y otros miembros de la denominada boliburguesía venezolana, refiere el portal Cuentas Claras Digital.

En esas mismas páginas se hace referencia a las grabaciones que la Guardia Civil española realizó al ejecutivo de cuentas y consejero delegado, Luis Pablo Laplana Moraes, investigado por lavado de dinero junto con otros dos empleados del banco andorrano. Allí se indica que durante una llamada realizada en diciembre de 2012, Dominique de Villepin le dijo a Luis Laplana de parte de Diego Salazar que estaba trabajando lograr el desbloqueo de los 200 millones de dólares de su cliente.

En una ocasión Villepin le comentó a Laplana la estrategia de la defensa que haría de Salazar: “Ahora bien… y aquí viene la pequeña trampa… que el hecho de que estas personas operen aquí con sociedades de Belice o de Panamá, es por un tema de evasión fiscal que no es delito en Andorra, por lo tanto no se les puede acusar… de ocultar el origen del dinero”.

Puntualiza Cuentas Claras que a juzgar por los resultados de la defensa “la estrategia de relacionar el tema con evasión de impuestos y alejarlo de la averiguación del origen de fondos, fue exitosa. La sentencia del tribunal penal andorrano basa el desbloqueo de las cuentas en la imposibilidad de las autoridades policiales en descubrir el origen de los fondos, que se legitimaron a través de una extensa red de empresas en Panamá e Islas Vírgenes, así como en la inexistencia de antecedentes penales en los jerarcas venezolanos afectados. En una de las grabaciones, Laplana y Dominique de Villepin comentan jocosamente que ‘Diego de lo único que se ocupa es de disfrutar de la vida y de lo hermoso que es París’. Al parecer, ‘el primo’ también sabe cómo escoger a sus abogados y, sobre todo, le sobra con qué pagarles”.

Otra nota del sitio web Secretos Revelados refiere que Villalobos y Alvarado intentaron detener las averiguaciones en su contra a través de la compra de jueces y policías en Europa. Se cita allí que Diego Salazar manejó la posibilidad de sobornar a investigadores europeos, pero desistieron de ello al entender que la justicia y jueces europeos no se manejaban con el mismo desparpajo que los venezolanos.

Agrega la información que el hombre de confianza de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, “confesó los planes de la red para comprar voluntades al exdirectivo de BPA, Pablo Laplana. Y puso como ejemplo un soborno a policías que Salazar ejecutó en Venezuela. La conversación se desarrolló el 5 de diciembre de 2012”.
¿Quién es Diego Salazar?

Sobre Diego Salazar Carreño el portal Poderopedia informa que es hijo del exguerrillero, exconstituyente y miembro fundador del Movimiento Quinta República (MVR), Diego Antonio Salazar Luongo y primo por la línea materna de Rafael Ramírez.

Agrega que de acuerdo a la periodista Olga Wornat, del diario La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela, S.A.

El portal refiere que se le conoce como el “Rojo de Oro” y lo describe como un hombre a quien le encanta la fiesta, el derroche y los lujos, que vacaciona en Dubái, a donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Posee mansiones en Estados Unidos y Europa, mientras que en Caracas adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre que, al resultarle insuficiente, lo llevó a decir comprar el edificio entero.

Se da cuenta de que dada su afición al canto decidió formar su propia orquesta de salsa conformada por cien músicos a quienes paga salarios en dólares y con los que ensaya tres veces por semana en el Hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda.

Durante años se le ha adjudicado al exguerrillero Douglas Bravo la autoría de un artículo aparecido el 9 de diciembre de 2011 en el portal “ABC de la semana” titulado “A quien pueda interesar” en donde se hace referencia a la vida y andares de Diego Salazar Carreño, a quien califica de “boliburgués” que —además de lo ya señalado sobre él en estas líneas— es propietario de varias oficinas en la Torre Edicampo, también en Campo Alegre, “donde funciona su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado ‘Inversiones y Asesorías Inverdt S.A.’ y la Fundación Diego Salazar, este último un artificio sin fines de lucro para darle algo de shampoo social a las actividades de este filántropo de la revolución y quizás para evadir algunas de las obligaciones fiscales con el generoso Estado socialista y revolucionario”.

Refiere que a los ensayos de su orquesta llega “con su sequito de espalderos dirigidos por su jefe de seguridad, el Comisario General (antigua PTJ) Leonardo Díaz Paruta. El mismísimo primo menor, socio y compinche de Rafael Ramírez Carreño, presidente de PDVSA, a cumplir con su sueño de ser cantante, con orquesta propia, pero sin cualidades especiales en el gañote. Son bien conocidas las presentaciones artísticas del magnate bolivariano Diego Salazar Carreño, rociadas por varios frascos de bebidas espirituosas de exquisita selección en la que se alternan en la sección de vinos: el Château Lafite Rothschild, el Petrus Pomerol, el Romanée-Conti, el Château Margaux. En la sección de champagne Perrier Jouet o el Dom Pierre Pérignon y para los paladares criollos wiskiceros el Johnnie Walker Blue Label y Buchanans Red Seal. Eso sin olvidar los elaborados menús realizados por su cheff privado, dignos de tirar cohetes. Entre los caprichos de mi ahijado boliburgués no solo se destaca su especial hábito de vacacionar con su familia, amigotes más allegados y parte de su séquito de espalderos y asistentes a la paradisiaca locación saudita de Dubái, sin dejar de pasar la compra hace ya unos años, de una acción en el Caracas Country Club. Este hecho tuvo alguna resonancia en las altas esferas de la oligarquía ortodoxa capitalina, ya que por no tener pedigrí encopetado, se corrió el rumor de que la directiva del club le iba a cerrar el paso a su incorporación, echándole la tradicional ‘bola negra’. La maniobra fue inteligentemente contrarrestada, con el oportuno lobby de algunos amigotes de ocasión (Bobby Pocaterra, Tite Oteyza Scull y Fernando Sozaya Iturbe, quien para ese entonces era presidente de la junta directiva) y del desinteresado obsequio a cada uno de los 10 miembros de la Junta Directiva, de un Rolex Day Date de oro amarillo. Los mencionados obsequios ablandaron de manera casi mágica los orgullos clasistas y respingados de una Junta Directiva que rechazan visceralmente, las guayaberas rojas”.

De este escrito Douglas Bravo se desdijo en una entrevista que le hiciera Alicia Hernández para la página KonZapata.com, en la que aseguró que “ese no soy yo” y advierte que ha ido a protestar al respecto y no ha obtenido respuesta. “Yo he criticado al gobierno, he hecho análisis profundos, hemos sido inflexibles. Pero nunca he usado el lenguaje despreciativo, insultante, que usa este gobierno. Hago análisis. De modo que ese @douglasarrecho no soy yo. Y lo que hizo ese fulano fue, ante las denuncias que hicimos, copiarse muchas cosas mías”. Agregó que no ha tenido contactos con Salazar Carreño, pues su relación era con el padre de este y que solamente lo llamó por teléfono para comentarle el artículo en cuestión y advertirle que no era el autor del mismo. “…me dijo que ellos sabían que ese no era yo, porque ellos sí sabían que yo atacaba duro al gobierno, con estilo… Soy más duro que esas ridiculeces”.
¿Las verdaderas razones?

Lo cierto es que resulta altamente curioso que todas estas acusaciones salgan a la luz sólo hasta ahora, pese a que durante años se llamó la atención sobre las irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y su primo.

Más aun, el propio Tribunal Supremo de Justicia dejó sin efecto las investigaciones que sobre el exzar petrolero adelantó la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre la malversación de 11 mil millones de dólares en la petrolera estatal PDVSA, a través de manejos irregulares entre 2004 y 2014.

Al respecto, en el portal TururuTururu.com de la periodista Berenice Gómez se afirma que la actuación del fiscal Tarek William Saab se encuentra muy alejada de la intención de impartir justicia, toda vez que Diego Salazar operaba dentro y fuera de Venezuela con total impunidad sin que las instancias judiciales trataran de poner fin a esta situación. “Diego Salazar siguió operando con toda libertad en Venezuela y en el exterior… hasta que fue víctima, no de la justicia… para nada. Ha sido víctima de la pelea por las caletas de dinero que Hugo Chávez le encomendó a Ramírez, un fondo para sus hijos de USD 3 mil millones, y que Ramírez no quiere entregarle a Cilia y Maduro… entonces, el régimen desempolvó la investigación, las rogatorias y denuncias de Andorra sobre un cuarteto de primos, donde la cabeza de Rafael Ramírez, el dojo, dojito…”.

Igualmente, en la Asamblea Nacional fueron bloqueadas todas las iniciativas de investigación tan pronto la información salió a la luz a través de la prensa española. El diputado Julio Montoya del opositor partido Primero Justicia encabezó las averiguaciones pero su colega oficialista Pedro Carreño, en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría articuló todos los mecanismos para impedir que se investigara a Carlos Aguilera Borjas, exdirector de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención de Venezuela (Disip) con una estrecha amistad con el parlamentario chavista.

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Cabecillas de uno de los más grandes desfalcos a PDVSA aguardan aún por sentencia

 Conozca a los integrantes de la trama de corrupción que esquilmó durante años a la estatal petrolera venezolana.

Por Maibort Petit

   La expectativa continúa, toda vez que la Corte del Distrito Sur de Texas ha cambiado en varias oportunidades la fecha de la lectura de la sentencia de los ex-contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, acusados de haber orquestado un esquema masivo de corrupción y lavado de dinero que desfalcó a la estatal petrolera millones de dólares.

   Para lograr contratos de PDVSA para sus empresas, Rincón y Shiera estructuraron una sofisticada y complicada trama en la participaron un gran número de funcionarios de la empresa estatal venezolana, compañías fantasmas y otros empresarios, cuyos nombres han ampliado el expediente y han llevado a que más de 20 personas enfrenten cargos, se hayan declarado culpables o están a la espera de ser juzgados.

He aquí los principales protagonistas:  

Los cabecillas

  Abraham José Shiera Bastidas, empresario de Coral Gables, se declaró culpable el 22 de marzo de 2016, de cargos de fraude y soborno en el extranjero de manera de asegurarse de manera corrupta contratos millonarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   Ante el Tribunal del distrito Sur de Texas en Houston, Shiera Bastidas admitió un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y cometer fraude electrónico y un cargo por violar la FCPA.

    Un Gran Jurado emitió una acusación formal contra Shiera Bastidas responsabilizándolo de 18 cargos, al igual que acusó a Roberto Enrique Rincón Fernández, socio del primero. El 16 de diciembre de 2015, Shiera fue arrestado en Miami.

   Shiera y Rincón se asociaron y presentaron ofertas para proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus diversas empresas. Shiera admitió que, a partir de 2009, él y Rincón acordaron pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de la estatal petrolera venezolana para asegurarse ser incluidas en los paneles de licitación de PDVSA y obtener lucrativos contratos. También pagó sobornos a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en las listas de proveedores de la petrolera y se les diera prioridad de pago por sobre el resto de los proveedores con facturas pendientes[1].

  Entretanto, Roberto Enrique Rincón Fernández, formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016, cuando ante juez federal del distrito sur de Texas, Gray H. Miller, aceptó su responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

   El empresario aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez impuso una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.

   Rincón fue arrestado el 16 de diciembre de 2015, luego de que un gran jurado en el Distrito Sur de Texas emitiera una acusación formal de 18 cargos contra él y Abraham José Shiera Bastidas.

    Ambos empresarios se asociaron para ofertar y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías. Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.

    Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad[2].

Luis Carlos De León-Pérez

  Dentro de la estructura que Roberto Rincón y Abraham Shiera usaba para pagar sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de que éstos aprobaran millonarios contratos de la estatal en favor de las empresas de los primeros, se encontraba Luis Carlos De León-Pérez, un ciudadano venezolano-estadounidense que admitió su participación en la trama de corrupción el 16 de julio de 2018.

   De León-Pérez impulsó el plan internacional de lavado de dinero destinado a legitimar los sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano para asegurar las adjudicaciones. 

   Ante un tribunal federal de Houston, De León-Pérez aceptó un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Fue arrestado en España en octubre de 2017 y posteriormente extraditado a los Estados Unidos después de que un gran jurado federal emitiera una acusación de 20 cargos contra él y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, César David Rincón Godoy, Alejandro Isturiz Chiesa y Rafael Ernesto Reiter Muñoz. Todos estos últimos, entre 2011 y 2013, cuando eran funcionarios de PDVSA, conspiraron para solicitar a los proveedores de PDVSA sobornos y comisiones ilícitas a cambio de brindar asistencia a esos proveedores en relación con su negocio de PDVSA.

   Específicamente, De León admitió que solicitó y dirigió sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera Bastidas a funcionarios de PDVSA. También admitió que, luego de esto, conspiró con Rincón y Shiera para lavar y ocultar las ganancias del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras, incluidas transferencias electrónicas a cuentas en Suiza a nombre de personas o entidades distintas de De León y sus co-conspiradores[3].

Juan Carlos Castillo Rincón

  El ex gerente de una empresa de transporte de carga y logística con sede en EE. UU., Juan Carlos Castillo León, se declaró el 13 de septiembre de 2018, de un cargo de soborno extranjero, al haber formado parte de un plan para asegurar de manera corrupta contratos y extensiones de contrato de PDVSA.

   Castillo León admitió ante la jueza del Distrito Sur de Texas en Houston, Nancy K. Johnson, formar parte de conspirar para violar las Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Fue arrestado en Miami el 19 de abril de 2018, luego de que un gran jurado federal emitiera una acusación formal de cinco cargos en su contra.

   Según admitió, desde 2011 hasta 2013, Castillo León conspiró con otros para sobornar a un funcionario de PDVSA a cambio de que este brindara asistencia en relación con los negocios de la empresa con la petrolera venezolana. 

  Su intervención sirvió para que la empresa obtuviera contratos millonarios, extensiones de contrato, así como términos de contrato favorables. También proporcionó información privilegiada sobre el proceso de licitación de PDVSA y apoyó a la empresa en reuniones internas de la estatal sobre decisiones de compra[4].

José Orlando Camacho

   Otro funcionario de PDVSA que recibió sobornos, fue José Orlando Camacho, quien se declaró culpable en julio de 2017 en secreto ante el juez Miller, según develó el juez Johnson. Las coimas percibidas por Camacho provenían de Castillo Rincón

   Camacho se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y admitió que mientras era empleado de PDVSA, aceptó sobornos de Castillo y la empresa de logística y transporte de carga de la que este era gerente a cambio de tomar ciertas acciones para ayudar a la empresa. Accedió perder el producto de su actividad criminal[5].

Juan José Hernández Comerma

   El exgerente general y propietario parcial de una empresa de energía con sede en Florida, Juan José Hernández Comerma, formó parte del esquema corrupto de Rincón y Shiera en el cual se favorecía con contratos de PDVSA a las empresas de estos último a cambio de sobornos. Se declaró culpable el 10 de enero de 2017 de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El 8 de enero de 2020 fue sentenciado a pagar 48 meses de prisión por el juez Miller. También se le impuso el mandato de cuatro años y se le ordenó pagar una multa de USD 127.000 y perder USD 3 millones.

   Hernández Comerma conspiró entre 2008 y 2012 con Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA, de modo de asegurar los empresarios antes señalados y sus compañías obtuvieran jugosos contratos de PDVSA. 

  La propiedad de la firma en Florida la compartió con Sheira y ofreció sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana. Entre los favorecidos estuvo Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz[6].

Charles Quintard Beech III

   En la misma fecha que Hernández Cormena —10 de enero de 2017— también Charles Quintard Beech III, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

   Charles Quintard Beech III pagó sobornos a varios funcionarios de PDVSA, incluido Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, a cambio de su asistencia para que las empresas del primero entraran en los paneles de licitación y lograr la adjudicación de contratos de la petrolera. Beech también admitió que estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA, para participar en transacciones financieras para ocultar la naturaleza, fuente y propiedad de los ingresos del soborno[7].

Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz

  En la trama de corrupción encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, ex oficial de adquisiciones de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien se declaró culpable el 10 de diciembre de 2015 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de hacer declaraciones falsas en relación con una declaración de impuestos, por lo que fue sentenciado el 19 de febrero de 2020, a 70 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada. El juez federal del Distrito Sur de Texas, Gray H. Miller, también ordenó a Gravina que pagara una restitución al IRS por un monto de USD 214.849,21.

   Gravina Muñoz igualmente fue acusado formalmente el 15 de noviembre de 2018 por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, del cual se declaró culpable el 10 de diciembre de 2018. Había ocultado en las entrevistas hechos sobre el pago de sobornos a funcionarios de Citgo Petroleum Corporation.

   Gravina aceptó sobornos por más de USD 590.000 entre 2007 y 2014 de los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas y Roberto Enrique Rincón Fernández mientras trabajaba como gerente de compras en PDVSA, asegurándole desde esa posición ganar lucrativos contratos a los susodichos. Para ocultar los pagos corruptos, los empresarios transfirieron fondos desde cuentas que controlaban fuera de los Estados Unidos a cuentas a nombre de asociados y familiares de Gravina. Luego de su declaración de culpabilidad en diciembre de 2015, Gravina se reunió periódicamente con agentes de HSI para brindar información sobre la corrupción en PDVSA[8].

Fernando Ardila Rueda

    El propietario parcial de varias empresas de energía en el estado de la Florida, Fernando Ardila Rueda, se declaró culpable el 11 de octubre de 2017, de cargos de soborno en el extranjero por su papel en un plan para asegurar contratos de Petróleos de Venezuela S.A. de manera corrupta.

   Rueda (Ardila), 49, de Miami, se declaró culpable en un tribunal federal de Houston, de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo de violar la FCPA. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó la declaración de culpabilidad. La sentencia está programada para el 8 de febrero de 2018.

   Según las admisiones hechas en relación con su declaración de culpabilidad, Ardila conspiró con los empresarios estadounidenses Abraham José Shiera Bastidas (Shiera) y Roberto Enrique Rincón Fernández (Rincón) para pagar sobornos y otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA. 

      Los sobornos de estas operaciones irregulares se pagaron para asegurar que las empresas de Shiera y Rincón se colocaran en los paneles de licitación de PDVSA y para obtener o mantener negocios con PDVSA. Desde 2008 hasta 2014, mientras fue director de ventas, gerente y propietario parcial de varias de las empresas de Shiera, Ardila brindó entretenimiento y ofreció sobornos a los funcionarios de PDVSA en función de un porcentaje del valor de los contratos que los funcionarios ayudaron a otorgar a las empresas de Shiera.

César David Rincón Godoy

   En la trama corrupta encabezada por Rincón y Shiera, también tuvo participación César David Rincón Godoy, quien intervino en el esquema internacional de lavado de dinero con el objetivo de legitimar sobornos pagados para asegurar corruptamente contratos de PDVSA.

  Rincón Godoy, ex-gerente general de la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA, fue arrestado en España en octubre de 2017, junto a Luis Carlos De León Pérez, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, por una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas el 23 de agosto de 2017. César Rincón fue extraditado de España el 9 de febrero de 2018 y compareció ante el tribunal el 12 de febrero del mismo año. César Rincón está acusado de dos cargos de conspiración para cometer blanqueo de capitales[9].

   Se declaró culpable el 19 de abril de 2018 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Se le impuso una sentencia monetaria personal por la cantidad de USD 7.033.504,71 y este accedió a que se dicte una orden de decomiso.

    César Rincón también admitió haber solicitado y recibido sobornos de otros propietarios de empresas de energía con sede en Estados Unidos a cambio de su asistencia para ayudarlos a ganar contratos con PDVSA. Admitió haber conspirado con otros para lavar al menos USD 7.033.504,71 en ganancias de los diversos esquemas de soborno en los que participó[10].

José Manuel González Testino

   El propietario de varias empresas en estados Unidos de nacionalidad venezolano-estadounidense, José Manuel González Testino, es igualmente otro presunto integrante de la trama de corrupción dirigida por Rincón y Shiera.

   González Testino fue arrestado el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Sobre él pesan cargos de soborno extranjero por conspirar para realizar pagos corruptos a un funcionario de PDVSA. Específicamente se le acusa de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

   Según la denuncia penal, González Testino y un co-conspirador pagaron al menos USD 629.000 en sobornos a un exfuncionario de PDVSA a cambio de que éste tomara medidas para dirigir los contratos de PDVSA a sus empresas y para darles prioridad sobre otras proveedoras para recibir pagos. Asimismo, las empresas de González Testino habrían recibido contratos de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos[11].

   González Testino se declaró culpable de conspiración para violar la FCPA y un cargo de no cumplir reportar cuentas bancarias extranjeras. El juez federal de distrito Gray H. Miller del distrito sur de Texas aceptó su declaración el 29 de mayo de 2019. Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2018, cuando con otros sobornó a funcionarios de PDVSA.

   Los sobornos que admitió haber pagado entre 2012 y 2013 estuvieron destinados a Cesar Rincon David Godoy, ex gerente general de Bariven, la subsidiaria de adquisiciones de PDVSA. Otros sobornos fueron para Alfonso Eliezer Gravina Muñoz cuando era funcionario en PDVSA Services Inc., otra subsidiaria con sede en Houston. A cambio, Rincón y Gravina proporcionaron a González información privilegiada sobre los procesos de adquisiciones de PDVSA. También algunos sobornos de González Testino fueron para empleados de CITGO[12].

Villalobos, Reiter, Istúriz

   Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, fueron también arrestado en España —junto a César David Rincón Godoy— en octubre de 2017, atendiendo a la acusación formulada en el Distrito Sur de Texas, en las que se les formulaban 20 cargos. Villalobos y Reiter permanecen bajo custodia española pendiente de extradición. Otro acusado fue Alejandro Isturiz Chiesa, quien sigue prófugo.

   De León, Villalobos, Reiter e Isturiz están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De León y Villalobos también están acusados de un cargo de conspiración para violar la FCPA[13].

  La acusación formal alega que los cinco acusados, todos funcionarios de PDVSA, eran conocidos como el "equipo de gestión" y tenían una influencia significativa dentro de empresa petrolera. Estos hombres conspiraron entre sí y con otros para solicitar a varios proveedores de PDVSA, recibir sobornos y comisiones ilegales a cambio de brindarles asistencia en relación con su negocio con la estatal venezolana. Los co-conspiradores luego lavaron el producto del esquema de soborno a través de una serie de transacciones financieras internacionales complejas hacia, desde o a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.

    Roberto Rincón y Abraham Shiera enviaron más de USD 27 millones en sobornos a una cuenta en Suiza de la que De León era beneficiario efectivo y este y Villalobos eran firmantes autorizados. Esos fondos se transfirieron posteriormente a otras cuentas en Suiza[14].

   Informaciones recibidas en Departamento de Justicia de parte de los conspiradores, permitió conocer ampliar los elementos y acusaciones en torno al esquema de corrupción de Rincón y Shiera, estableciéndose que también el expresidente de Bariven, Javier Alvarado Ochoa y dos gestores patrimoniales europeos lavaron dinero proveniente de las arcas de Petróleos de Venezuela[15]

REFENCIAS 

[1] Department of Justice. “Empresario de Miami se declara culpable de cargos de soborno y fraude en el extranjero en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 23 de marzo de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/miami-businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-fraud-charges-connection-venezuela


 


[2] Department of Justice. “Empresario se declara culpable de soborno extranjero y cargos fiscales en relación con el plan de soborno de Venezuela”. 16 de junio de 2016. https://www.justice.gov/opa/pr/businessman-pleads-guilty-foreign-bribery-and-tax-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


 


[3] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 16 de julio de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme-0


[4] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


 


[5] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargo de soborno extranjero en relación con plan de soborno venezolano”. 13 de septiembre de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charge-connection-venezuelan-bribery-scheme


[6] Department of Justice. “Empresario de Florida sentenciado por participación en plan de soborno en Venezuela”. 8 de enero de 2020. https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/florida-businessman-sentenced-role-venezuela-bribery-scheme


[7] Department of Justice. “Dos empresarios se declaran culpables de cargos de soborno en el extranjero en relación con esquemas de soborno en Venezuela”. 10 de enero de 2017. https://www.justice.gov/opa/pr/two-businessmen-plead-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-schemes


 


[8] Department of Justice. “Hombre de negocios de Texas condenado a 70 meses de prisión por su participación en plan de soborno en Venezuela y obstrucción de la justicia”. 19 de febrero de 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/texas-businessman-sentenced-70-months-prison-role-venezuela-bribery-scheme-and-obstruction


 


[9] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[10] Department of Justice. “Exfuncionario venezolano se declara culpable de lavado de dinero en relación con plan de soborno”. 19 de abril de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-official-pleads-guilty-money-laundering-charge-connection-bribery-scheme


[11] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios arrestado por cargos de soborno extranjero en relación con plan de soborno en Venezuela”. 1 de agosto de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-arrested-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[12] Department of Justice. “Ejecutivo de negocios se declara culpable de cargos de soborno en el extranjero en relación con el esquema de soborno de Venezuela”. 29 de mayo de 2019. https://www.justice.gov/opa/pr/business-executive-pleads-guilty-foreign-bribery-charges-connection-venezuela-bribery-scheme


[13] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[14] Department of Justice. “Cinco exfuncionarios del gobierno venezolano acusados de plan de lavado de dinero que involucra soborno extranjero”. 12 de febrero de 2018. https://www.justice.gov/opa/pr/five-former-venezuelan-government-officials-charged-money-laundering-scheme-involving-forei-0


[15] Venezuela Política. “Javier Alvarado Ochoa, otro acusado de lavado de dinero y corrupción por el gobierno de EE. UU.”. 20 de septiembre de 2019. https://www.maibortpetit.info/2019/09/javier-alvarado-ochoa-acusado-de-lavado.html


 



lunes, 4 de junio de 2018

Juez de Houston niega mociones solicitadas por la defensa de exfuncionario de Hugo Chávez juzgado por corrupción en Estados Unidos

Tras no haber llegado a un acuerdo con los fiscales, el acusado decidió ir a juicio rápido, el cual  fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Un juez federal del Distrito Sur de Texas negó todas las mociones propuestas por la defensa de Luis Carlos De León-Pérez, un exfuncionario de la empresa estatal Electricidad de Caracas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, acusado de haber participado directamente en la entrega de contratos con sobreprecio a cambio del pago de sobornos por parte de las contratistas que participaban en el esquema de corrupción.

De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. 

De León Pérez fue acusado de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h) (ii); conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en violación de 18 U.S.C. § 371 y cuatro cargos de lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. §§ 1956 (a) (1) (B) (i). 
De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos. 

En abril de 2018, De León Pérez firmó una forma para un juicio rápido al que tienen derecho todos los acusados en los Estados Unidos. El juicio fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Negadas las mociones

El magistrado, Kenneth M. Hoyt, negó todas las mociones  relacionadas con la petición para que el tribunal permitiera al acusado inspeccionar y copiar todo el material correspondiente a las evidencias del caso, apelando al Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT). 

De León Pérez argumentó que los materiales solicitados a través de la MLAT debían ser proporcionados "inmediatamente" para que el acusado pueda prepararse efectivamente para el juicio.

La defensa solicitó que la corte ordenase al gobierno que proporcionara las evidencias rápidamente o de manera alternativamente. Asimismo, pidió que se establezca una audiencia para determinar los problemas planteados en este caso.

La fiscalía de Houston negó todas las mociones argumentando que no se ajustaban a la norma y que los abogados defensores ya tenían parte de las evidencias que la ley establece para que sean entregadas a los acusados antes del juicio.

El juez Hoyt explicó en un documento que las mociones para la divulgación inmediata de la información de conformidad con Brady y Giglio y para petición para un Proyecto de Ley limitaciones sobre los cargos de  la acusación contra De León Pérez estaban negadas en su totalidad, puesto que las mismas son prematuras. 

Agregó que tanto las reglas locales como las Reglas Federales de Procedimiento Criminal establecen los deberes del gobierno con respecto a las divulgaciones requeridas. 

Afirmó que los cargos 1 y 2 acusan al demandado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para utilizar el correo y otros medios, respectivamente, para llevar a cabo un supuesto plan para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, los cargos 4 a 7 imputan actos sustantivos de lavado de dinero, ayuda y complicidad en violación de la ley federal.

Dijo el juez que el acusado recibe un nombre específico y la conducta alegada, y de llegar a demostrarse, constituye una violación de la ley federal. 

Comenta Hoyt que si el acusado es declarado culpable de algún delito por el jurado, los detalles de la presentación probatoria se pueden volver infundados y por ello no los aprueba. 

En magistrado acordó que la moción del acusado para la Ley de Limitaciones Particulares también debía ser negada, "ya que la Acusación de la fiscalía establece claramente los elementos de las ofensas pertenecientes al acusado y le informa suficientemente sobre los crímenes por el cual se le juzga".

Las solicitudes se niegan como prematuras y simuladas acotó el juez al final de su comunicación, concluyó el juez.
Brady v Estado de Maryland


Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) es una de las sentencias más importantes dictadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El peticionario y su compañero (llamado Donald Boblit) fueron condenadas a muerte por cometer asesinato en primer grado. Aunque Brady admitió que estaba involucrado en el crimen, afirmó que el acto de matar hecho por Boblit. El consejo de Brady había solicitado acceso a todas las pruebas materiales, incluyendo las declaraciones de Boblit. Aunque se facilitó la mayoría de ellos, la acusación había alguna evidencia de que no se demostró que el abogado del peticionario. Ellos incluyen la declaración escrita de Boblit admitir que la matanza real hecho por sí mismo. El consejo de Brady apeló ante la Corte de Apelaciones de Maryland para el alivio posterior a la condena.


Durante los procedimientos posteriores a la condena, el abogado de Brady planteó la cuestión de la declaración escrita de Boblit que no fue revelada por la acusación durante el juicio. La corte de apelaciones sostuvo que la ocultación de pruebas por la acusación es violación de la cláusula del debido proceso. El tribunal ordenó un nuevo proceso para decidir la sentencia. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Maryland y dictaminó que la acción de la fiscalía violó los derechos al debido proceso de la peticionaria. Hoy en día, el fallo en el caso de Brady se aplica ampliamente; como de descargo a menudo se llama material de Brady.