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jueves, 1 de octubre de 2020

Continúan las audiencias en la corte del caso Rothwell vs. CITGO por incumplimiento de contrato

  La petrolera venezolana procuraba una orden de abatimiento en razón de las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Maduro.

Por Maibort Petit

  Desde que el 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC introdujera una demanda civil contra CITGO Petroleum Corporation ante la Corte del Condado de Harris, Texas, se han producido una serie de atrasos y contratiempos que llegaron a su fin. Estas últimas semanas altos ejecutivos de CITGO prestaron declaraciones ante el juez, que había ordenado a la filial de PDVSA en Estados Unidos entregar la información requerida por el demandante y realizar las deposiciones de la tesorera, Gina Coon, el ahora consultor contratado, Glenn Hilman, entre otros. 

  Rothwell Energy Services es una empresa propiedad del sobrino del fallecido CEO de CITGO, Nelson Martínez que alega ante la Corte de Harris  que CITGO no concluyó con los pagos por sus servicios.

  Se trata de una disputa que involucra  una deuda que no fue pagada en base a un contrato que fue otorgado gracias a la complicidad de ejecutivos de CITGO a quienes se les ha vinculado a otras irregularidades internas de la filial de PDVSA en Estados Unidos.

  El tribunal fijó las fechas de las deposiciones de varios empleados de CITGO en un calendario de obligatorio cumplimiento. Entre los funcionarios, como anunciamos están Rick Esser, Jennifer Moos, Gina Coon, Alejandro Sabatino, Glenn Hilman, entre otros.

  CITGO alegó para evitar que se produjeran las declaraciones de los ejecutivos incursos en el contrato con Rothwell y en los pagos varios alegatos, entre ellos lo relativo a la pandemia del coronavirus.

  Tal como lo señalan los documentos, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos, dueños de empresas de maletín, y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros, tienen que ver con las irregularidades están involucrados en este caso que, igualmente, es investigado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

  Los hechos objeto de la demanda tuvieron lugar durante la gestión como CEO de CITGO Petroleum Corporation, de Nelson Martínez, fallecido mientras se encontraba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro y tiene que ver con un proyecto de USD 100 millones que Rothwell Energy Services LLC cobraría por una unas plantas desalinizadoras que instalaría en varios estados de Venezuela. La citada empresa es propiedad de Juan Carlos Hurtado Angarita, sobrino del finado Martínez.

 Funcionarios de CITGO, entre los cuales se citan José Luis Zambrano, Laymar Peña, Brian Paulson, Glenn Hilman, Gina Coon, José Pereira, Rick Esser, Gene Riccetti, Arnaldo Arcay, Alejandro Escarrá, Gustavo Cárdenas, José Luis De Jongh y Edoardo Orzoni, todos con posiciones de control dentro de la petrolera, presuntamente habrían violado los controles internos relativos a la revisión de proveedores y habrían facilitado así la aprobación de los contratos y los pagos ilegales emanados de los mismos, que comenzaron en el 2017 y siguieron en el 2018. El régimen de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al régimen venezolano, impidió que pudieran seguir las operaciones.

CITGO niega los cargos

 La demanda presentada por Rothwell ante la corte muestran una comunicación enviada por CITGO como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones de la petición original de la demanda, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio objeto de la demanda, dado que al término de cada una de las plantas desalinizadoras de agua que debía construir Rothwell, debía presentarse una Factura de Venta y Cesión se ejecutará entre esta última y PDVSA.

  De acuerdo a la cisión de CITGO, esta no debe dinero a Rothwell, aunque admitió que si el tribunal determina alguna cantidad ésta no correspondería a una cuenta jurada. CITGO sostiene que la deuda que se quiere cobrar la demandante es ilegal y que cualquier pago que se le hiciera violaría la Orden Ejecutiva del gobierno de los EE. UU. 13808 y 13850. La petrolera se refiere a la designación de PDVSA por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a PDVSA, empresa matriz indirecta de CITGO, el 28 de enero de 2019, lo que significa que la propiedad de PDVSA y CITGO se encuentran bloqueadas.

  Es que al ser PDVSA el usuario y el beneficiario de los sistemas de agua que son objeto del contrato, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar en razón de las sanciones, puesto que la participación de PDVSA podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles según la ley de los Estados Unidos.

Defensa afirmativa del pago

  También CITGO cree que la disposición de fuerza mayor del contrato le impide adeudar o realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. se encuentren vigentes.

  Según las cuentas de la filial de PDVSA, ésta ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del Acuerdo. Del mismo modo refiere que Rothwell no ha entregado a CITGO ningún estado de cuenta que reflejen las compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  CITGO asegura que Rothwell no cumplió con todas las exigencias para que se emitieran los pagos de los montos que solicita el demandante. Rothwell tampoco habría certificado el pago a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo.

  La petrolera venezolana exigió exige un juicio con jurado y pide que el tribunal dicte sentencia en favor de la demandada y que la demandante pague los costos judiciales y otorgue a CITGO todas las reparaciones a las que tiene derecho.

Declaración de experto

  Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior y Consultor Técnico de RECON Management Services Inc. — agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS— presentó una declaración jurada ante la corte en la que subraya que durante 30 años fue empleado de CITGO durante más de tres décadas.

  Ahora con RECON trabaja en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de Contrato de Servicio objeto de la demanda y refirió PDVSA tiene el interés final en las plantas.

  Dijo que para que CITGO pague una factura, deben cumplirse una serie de que permitan la emisión del pago, siendo él la persona que revisa técnicamente las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía para su pago. "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión del proceso

  El juez Roberto Schaffer, ordenó el 24 de mayo de 2019 la suspensión de la demanda hasta que se produzca el levantamiento de las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell reciba una licencia de la OFAC que dé luz verde al proceso judicial.

  Después, las partes, de manera conjunta, presentaron conjuntamente una moción acordada pidiendo la continuación del juicio.

 Rothwell pidió una moción para obtener el descubrimiento de CITGO. Manifestó que en seis meses hizo esfuerzos infructuosos para trabajar junto a CITGO de buena fe para comprometerse de hecho descubrimiento.

  Por eso acudió a la Corte, por estimar que es necesario para hacer avanzar en el litigio.

  El 14 de enero de 2020, Rothwell Energy Services LLC envió a CITGO una carta solicitando un registro de privilegios modificado y luego de esto, ha reiterado la petición el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

  Desde entonces, las partes han terciado por el asunto. Mientras la demandante exige detalles y documentos de las comunicaciones que involucró el acuerdo, CITGO aduce el privilegio abogado-cliente, el cual es inviolable.

Finalmente, el CITGO afirma la defensa afirmativa del pago.

Las deposiciones

  Otro asunto que ha ocupado a las partes, ha sido el desacuerdo respecto a la deposición, virtual o presencial, de los testigos ante el tribunal.

  En enero de 2020, Rothwell las fechas de deposición de Gina Coon (Tesorera) y Glenn Hilman (Consultor legal) y, finalmente, el 27 de febrero, CITGO respondió que la primera podía hacerlo el 9 de abril y el segundo el 16 de abril. 

  El 18 de marzo, Rothwell informó a CITGO que, en razón de la pandemia, podían seguir el proceso de manera virtual. CITGO respondió el 24 de marzo, que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  Finalmente, luego de una serie de evasivas, la Corte del Condado de Harris ordenó que la tesorera de CITGO, Gina Coon, presente su declaración sobre este caso. Su testimonio es vital, toda vez que ella ocupaba un puesto clave en el proceso de aprobación y pagos del contrato objeto de la demanda. Coon, finalmente se produjo en septiembre 2020.



 


 


 


 

viernes, 11 de septiembre de 2020

Rothwell Energy Services presiona a CITGO para que pague deudas pendiente [por contratos corruptos]

Por Maibort Petit

  Los abogados de empresa Rothwell Energy Services están ejerciendo presiones a CITGO para que paguen una deuda que según la entidad no le fue cancelada, y que llevó a que se interpusiera una demanda civil ante la Corte del Distrito Harris, ubicado al sur del estado de Texas. 

  De acuerdo a los nuevos documentos del caso, los abogados de Rothwell Energy Services expusieron en la corte que CITGO no cumplió con la entrega de información que se había solicitado en el proceso desde enero de 2020.

Ver detalles del caso en: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. La empresa demandante es del sobrino del expresidente de CITGO, Nelson Martínez, fallecido bajo custodia del estado venezolano en 2018. Los contratos de CITGO fueron entregados con sobreprecio y de manera fraudulenta. 


  Las nuevas piezas incluye una lista de correos electrónicos de los funcionarios vinculados al caso, que son: Pereira, Glenn Hillman, José Luis Zambrano, Boudreaux, Laymar Peña, Brian Paulson, Riccetti y Alejandro Escará del 14 de marzo de 2017, Riccetti, Hillman, Paulson, Peña, Boudreaux y Zambrano del 13 de marzo de 2017. Asimismo, los correos de José Pereira, Hillman y Zambrano correspondiente al 14 de marzo de 2017.

  El juez Robert Schaffer,  ordenó a a CITGO entregar los documentos relacionados con registro de privilegios modificado y, alternativamente ,producir los documentos del mismo para la inspección de la cámara en los próximos 30 días, empezando con los documentos fechados en 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2018.


  CITGO respondió por medio de su abogado Rey Flores que debido a que ellos estaban en desacuerdo con el argumento que  el registro entregado por CITGO no proveía suficiente información sobre las evidencias requeridas.

    Los documentos que se requieren pueden probar el esquema de corrupción que ha operado en CITGO por años, y que permitió que contratistas y funcionarios corruptos de la corporación consiguieran contratos de manera fraudulenta. Muchos de los ejecutivos y empleados de CITGO que participaron en la entrega de contrato siguen en sus puestos de trabajo, ratificados por la nueva junta directiva designada por la Asamblea Nacional y el presidente interino, Juan Guaidó.

  "Si hubiese voluntad de acción, el caso Rothwell permitiría que CITGO atacar la corrupción interna de la corporación", sostiene una fuente consultada por Venezuela Política.  "Una acción efectiva a favor de los intereses de CITGO en este caso, hubiese sido contrademandar a Rothwell por conspiración para lo cual tenían que responsabilizar a los funcionarios corruptos que permanecen en CITGO, y que debieron haber sido investigados y retirados de sus cargos desde febrero de 2019 por haber aprobado contratos fraudulentos a sabienda que eran ilegales y que atentaban contra los intereses de los venezolanos, cuando la directiva designada por Juan Guaidó tomó las riendas de la filial de PDVSA en Estados Unidos", agrega la fuente que declaró en condición de anonimato debido a la persecución que hay en la empresa contra los empleados que denuncian la corrupción.




miércoles, 9 de septiembre de 2020

Tesorera actual de CITGO obligada a declarar en una corte de Texas sobre transacciones a favor de una empresa del sobrino de ex CEO de la corporación, Nelson Martínez

Por Maibort Petit

  A pesar de las evasivas de la empresa, la actual tesorera de CITGO, Gina Coon fue solicitada a declarar esta semana ante la Corte del Condado de Harris, Texas por el caso de Rothwell Energy, Coon  ocupó un puesto clave de la corporación cuando se le otorgó un contrato millonario a la empresa propiedad del ex-presidente de CITGO, Nelson Martínez. Rothwell Energy Service forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener negocios de CITGO a cambio del pago de sobornos a los funcionarios involucrados en los procesos de adjudicación y procesamiento de las contrataciones.

  La demanda civil que se procesa en la Corte del Condado de Harris, fue interpuesta por Rothwell Energy Services LLC en contra de CITGO. 

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   En un documento del tribunal  dice que este miércoles 9 o jueves 10 de septiembre, Gina Coon, Tesorera de CITGO ratificada por la directiva de Luisa Palacios y Carlos Jordá, [quien fue designada en el cargo bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez], está solicitada para declarar y explicar los manejos que se dieron el CITGO en la entrega de contratos fraudulentos.

        Según los récords, durante el 2014 al 2018, bajo las administraciones de Nelson Martínez, José Pereira y Asdrúbal Chávez, Gina Coon, fungió como Asistente y posteriormente fue designada Tesorera de CITGO Petroleum Corporation por la Junta Directiva designada por el presidente interino, Juan Guaidó. En su gestión, Coon aprobó y procesó pagos por USD 10.6 millones por compras para PDVSA con significativos sobre precios a Rotwell Energy Services, LLC, una entidad registrada en Texas en Octubre 2013 por Juan Carlos Hurtado Angarita, director nominal de Rothwell Energy, y sobrino de Nelson Martínez, Presidente y CEO de CITGO del 2013 al 2016.[fallecido en 2018 bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro].


   Los récords de la corporación establecen que desde 2014 al 2018, el dinero fue transferido por Gina Coon desde Houston, TX directamente a la cuenta bancaria a nombre de Rothwell.  El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   Dos fuentes internas, consultadas por Venezuela Política en calidad de anonimato, dijeron que "la actual Tesorera de CITGO, Gina Coon, junto a Glenn Hilman y José Luis Zambrano, directores de compras, Rick Esser y Jennifer Moos, directores de cumplimiento, y Judith Colbert del departamento legal de CITGO facilitaron y aprobaron los procesos de licitación, contratos y transacciones de compras con Rothwell". 

   José Luis Zambrano, junto a otros 5 ex ejecutivos de CITGO, se encuentra actualmente bajo arresto en Venezuela acusado de delitos en CITGO que presuntamente le involucran en cargos de corrupción, fraude, malversación, sobornos, lavado de dinero, conspiración para delinquir y abuso de autoridad. Ver detalles aquí.

   Las fuentes de la corporación, consultadas para este caso, señalan que los mencionados "ejecutivos confrontan varias denuncias internas por formar parte del esquema de corrupción masiva en CITGO, por facilitar la aprobación ilícita de transacciones de compras fraudulentas, y evadir controles internos para la evaluación de proveedores (vendor due diligence) para asistir a dueños de compañías fantasma a obtener ganancias ilícitas y el posterior lavado del dinero". 

   Los ejecutivos de CITGO habrían violado las normas internas de la corporación, con pleno conocimiento, estos directores asistieron a proveedores como: José Manuel González Testino, Tulio Farías, Juan Carlos Hurtado Angarita, entre otros, en los procesos de licitaciones fraudulentos y en ocultar al beneficiario (ultimate beneficiary) final de sus cuentas bancarias. González Testino y Tulio Farías se encuentran a la espera de sentencia por un juez federal de Texas, ambos contratistas se declararon culpables de delitos de corrupción y lavado de dinero.

    Las fuentes consultadas confirman que los ejecutivos señalados de haber participado en procesos fraudulentos "fueron beneficiados con promociones injustificables, asignación de vehículos de lujo (ej.: Porsche, BMW, Mercedes, etc.), aumentos sueldos y bonos excesivos, que le permiten vivir un estilo de vida de lujo".

  Venezuela Política tuvo acceso a documentos que evidencia las operaciones que se hicieron desde CITGO a la cuenta de Rothwell Energy Services LLC. Desde 2014 al 2018, múltiples transferencias bancarias fueron procesadas por Gina Coon, [Tesorera] desde las oficinas de CITGO en Houston, Texas directamente a cuentas bancarias de Juan Carlos Hurtado Angarita (Rothwell Energy Services). "Como parte de esquema de corrupción, las transferencias se realizaron desestimando los controles internos de identificación de proveedores, y la debida evaluación de Rothwell como proveedor por los departamentos de crédito (Tesorería), legal y cumplimiento", sostuvo la fuente, que agregó que "Los directores de cumplimiento, intencionalmente desestimaron el evidente conflicto de interés y facilitaron la aprobación de contratos de compras por millones de dólares para beneficiar a un familiar de Nelson Martínez y sus cómplices en estas transacciones".

Evidencias de los pagos

  La imagen a continuación evidencia algunos de pagos detallados aprobados y procesados durante el 2018 por Gina Coon, Glenn Hilman y Asdrúbal Chávez:


  Las transacciones fraudulentas entre CITGO y Rothwell, son unas de múltiples transacciones comerciales con compañías fantasmas que sirvieron como vehículo para defraudar al accionista (Venezuela) y extraer el dinero de los bancos de CITGO, utilizando las ganancias ilegales provenientes de operaciones corruptas como fase inicial del blanqueo de capitales, que envolvió sobreprecios, colusión, conspiración con proveedores y el pago sobornos y beneficios laborales para directores de CITGO.  

  Otra fuente interna sostiene que los referidos directores "están envueltos en un número excesivo de casos y transacciones fraudulentas incluyendo el pago de USD 15 millones, realizado por Gina Coon y José Pereira a través de tres transferencias bancarias de $5 millones cada directamente a la cuenta del ex congresista republicano David Rivera utilizando como fachada pagos de consultoría a Interamerican Consulting Inc, una entidad de papel registrada por el congresista en Florida, USA; pagos por más de $70 millones de dólares bajo la administraciones de José Pereira y Asdrúbal Chávez a entidades fantasmas con fuertes lazos a oficiales del régimen de Nicolás Maduro donde también se violaron los controles internos, y muchas otras excepciones y casos fraudulentos que aún no han sido resueltos por la administración encabezada por Luisa Palacios, Carlos Jordá".  

  Importante destacar que las evidencias y testimonios en contra de los mencionados directores fueron presentadas a Palacios y a la nueva junta directiva desde Febrero 2019, cuando fue designada por el presidente interino Juan Guaidó y los partidos que conforman el G4, pero. a pesar de tener el conocimiento y las evidencias, decidieron ratificarlos en sus cargos, jubilarlos y contratarlos nuevamente".

Artículos relacionados: Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

CITGO pagó a David Rivera los $15 millones para cabildear a favor de PDVSA (Nicolás Maduro) en los EE. UU.


viernes, 21 de agosto de 2020

Caso Rothwell Energy Services LLC. contra CITGO: Los oscuros manejos en la adjudicación de contratos

Por Maibort Petit

   Al menos dos altos ejecutivos de CITGO tendrán que testificar bajo juramento en un tribunal de Texas por haber estado en puestos claves de la corporación cuando se otorgó un contrato a la empresa Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar de un ex-presidente de CITGO. Rothwell forma parte de una larga lista de compañías que lograron obtener de manera fraudulenta [y en base la pago de sobornos a funcionarios], negocios millonarios con la filial de PDVSA en Estados Unidos.

 El 22 de marzo de 2019, Rothwell Energy Services LLC demandó a CITGO por incumplimiento de una parte de los pagos acordados por la venta de unas plantas desalinizadoras de agua que supuestamente serían instaladas en Venezuela. 

   El pleito legal tiene varios meses retrasado debido a la pandemia y a la negativa de CITGO de entregar al tribunal las fechas para la deposición de Rick Esser y Gina Coon, dos funcionarios involucrados en la transacción, que siguen trabajando en la filial de PDVSA, que está bajo el control del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.

  La demanda civil está siendo procesada en la Corte del Condado de Harris, en Texas. Rothwell Energy Services LLC es una empresa incorporada en el registro de compañías del estado de Texas bajo el número 0801876159, el 31 October 2013, teniendo como domicilio fiscal la dirección: 408 west 17TH St, Suite 101, Austin, TX, 78701. 

  Los directores de Rothwell Energy Services LLC son Juan Carlos Hurtado Angarita y Claudia Acevedo. La entidad fue registrada en 2013, unos meses después de que Nelson Martínez fuera nombrado CEO de CITGO.

 De acuerdo a los récords de CITGO [en poder de Venezuela Política], Rothwell fue agregada a la lista maestra de proveedores aprobados por CITGO sin cumplir con el proceso de debida diligencia que establece las reglas de corporación. 

  Para el momento en que se produce la incorporación de Rothwell a la lista de proveedores de CITGO, los gerentes de adquisiciones eran Michael Ballantine y José Luis Zambrano. 

  Los récords evidencian que los mencionados funcionarios adjudicaron a Rothwell los contratos de adquisición de CITGO unos meses después de su fecha de registro. 

   "Rothwell se incluyó en los mismos paneles de licitación con otras empresas fantasma propiedad de Tulio Farías, Manuel Chinchilla De Silva, José Manuel González Testino, Roberto Rincón, Abraham Shiera, Ernesto Guevara y otros proveedores con fuertes vínculos con los directores de PDVSA y CITGO que han sido acusados de corrupción y violación de la Ley de Prácticas Corruptas por el gobierno de los Estados Unidos", sostuvo una fuente interna de la corporación que declaró bajo condición de anonimato.

 Durante 2014 y 2015, a Rothwell  Energy Services LLC, se adjudicó contratos de adquisición en CITGO por aproximadamente USD.900 mil dólares, de acuerdo a los récords de la corporación.

  Según los registros de CITGO, en 2017, José Pereira, Glenn Hilman, José Luis Zambrano, José Luis De Jongh y Brian Paulson asignaron más de USD 16 millones en contratos de adquisiciones a Rothwell, como entidad intermediaria, para la adquisición de los siguientes bienes:

(1) enero de 2017: 170.000 monos de seguridad para PDVSA E&P Occidente por USD 4.139.500,00, 

(2) Abril de 2017: Plantas de agua por USD 6,3 millones y 

(3) Junio ​​de 2017: Cilindros y válvulas de gas por USD $ 5.692.500.

   Siguiendo instrucciones de los gerentes de adquisiciones, los paneles de licitación fueron armados por Alejandro Sabatino, Laymar Peña y Marcos Bermudez, todos ellos en calidad de "Agentes de Adquisiciones del Proyecto Especial de CITGO". 

 El esquema de manipulación de licitaciones a menudo incluía a los siguientes contratistas acusados de corrupción: Tradequip (Roberto Rincon), G&B Global (Ernesto Guevara y Charles Beech), Southern Procurement Services (Manuel Chinchilla), Yakima Trading Corporation (Samark López Bello), Stang Industrial Products (José Manuel González Testino), Rothwell Energy Services (Juan Carlos Hurtado Angarita) entre otros.

  Como era de esperarse, la adjudicación de contratos fraudulentos a las empresas de maletín de los mencionados corruptos, se ejecutaban con complicidad interna. Testimonios internos confirman que "los procesos de licitación [presuntamente] fraudulentos fueron manipulados y respaldados por los gerentes de adquisiciones de CITGO de la época, a saber: Glenn Hilman, José Luis Zambrano, Brian Paulson, Gustavo Cárdenas y Laymar Peña". 

  Para el tiempo en que se aprobaron los contratos fraudulentos en el Departamento Legal de CITO estaba un funcionario llamado, Gene Riccetti, mientras que Rick Esser, ejercía como Oficial de Cumplimiento; Jennifer Moos, era la Asistente del Oficial de Cumplimiento y Presidenta del Comité de Adquisiciones de CITGO. 

  De acuerdo a las fuentes consultadas por Venezuela Política los mencionados funcionarios presuntamente "colaboraron para facilitar la aprobación ilegal de contratos corruptos, malversación, fraude y lavado de dinero". 

   Un funcionario recalcó que CITGO "No realizó la debida diligencia detallada en el caso de Rothwell Energy para identificar y documentar a los beneficiarios finales finales y evaluar el estado financiero, comercial y legal de la entidad". 

   La fuente consultada sostiene que "Juan Carlos Hurtado Angarita es sobrino de Nelson Martínez, y a pesar que sabían que había un conflicto de intereses, el hecho fue ignorado y encubierto por los directores de CITGO". 

  Por su lado, Nelson Martínez [fallecido en 2018], Eulogio Del Pino y José Pereira[bajo arresto en Caracas] aprobaron los contratos definitivos.

  Desde febrero de 2017 hasta agosto de 2018, [tiempo que incluye en posiciones de servicio a los funcionarios (ex): Glenn Hilman, José Luis Zambrano y José Pereira], "CITGO aprobó USD 10.6 millones en pagos para sobrino de Nelson Martínez, Juan Carlos Hurtado Angarita, según los registros internos".

 Las fuentes consultadas sostiene que aunado al caso de Rothwell Energy, "Nelson Martínez, José Pereira y Glen Hilman [presuntamente] conspiraron para beneficiar a otras empresas fantasmas propiedad de personas corruptas con fuertes vínculos con el régimen de Maduro". 

  Las transferencias bancarias fueron realizadas a cuentas bancarias en Panamá, Suiza y los EE. UU. "Los pagos fueron [presuntamente] procesadas por Gina Coon, Tesorera de CITGO", acota la fuente.

La solicitud incómoda

  En el caso de Rothwell Energy Services LLC vs. CITGO, los abogados de Rothwell/Juan Hurtado están solicitando las declaraciones de Glenn Hilman y Gina Coon, que durante el 2017 y 2018 junto a Nelson Martínez, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas, [presuntamente] ayudaron a facilitar la aprobación ilegal de los Contratos y el lavado de dinero proveniente de las transacciones ilícitas.

    Otra fuente destaca que a pesar de las denuncias de presunto fraude, corrupción y lavado de dinero de los funcionarios nombrados en que Gina Coon, Gene Ricetti, Rick Esser y Glenn Hilman [ahora consultor contratado] continúan como empleados y oficiales de CITGO bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá.

   Por su parte, José Pereira, José Luis Zambrano y Gustavo Cárdenas continúan bajo arresto in Venezuela.

La demanda en el tribunal de Texas

  La demanda alega que CITGO incumplió y violó los términos de un contrato firmado entre las partes [en  tiempos de la presidencia de Martínez]. El tribunal fijó el inicio del proceso de juicio para el mes de septiembre de 2020.

 El demandante alega que CITGO también ha incumplido en coordinar las deposiciones de varios empleados, entre quienes se menciona a Rick Esser y Gina Coon. 

  Jennifer Moos y Alejandro Sabatino también tendrían que presentar su declaración jurada pero hasta ahora los testimonios pendientes son los de Esser y Coon.

  El caso en la corte del condado Harris

  El avance del caso de Rothwell se retrasó varios meses debido a que CITGO buscaba una orden de abatimiento debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


  De acuerdo a los documentos del caso, varios empleados de CITGO, junto a corruptos venezolanos —dueños de empresas de maletín, funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y sus respectivos testaferros— están involucrados en este caso que también es objeto de investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

 El hecho presuntamente ocurrió durante la gestión del fallecido Nelson Martínez —cuando este se desempeñaba como CEO de CITGO— y contempló y aprobó un proyecto de USD 100 millones para la empresa demandante, Rothwell Energy Services LLC, una entidad vinculada a un familiar directo del finado ejecutivo. 

  CITGO niega los alegatos de Rothwell

  Los documentos presentados en la corte, muestran una comunicación enviada por CITGO, como respuesta a la solicitud de divulgación del demandante, Rothwell Energy Services LLC.

  La filial de PDVSA en EE. UU. negó los cargos y las alegaciones contenidas en la petición original de la demanda, de conformidad con las disposiciones de la Regla 92 de las Reglas de Procedimiento Civil de Texas y exige una prueba estricta de las mismas.

  Asimismo, CITGO informó que PDVSA Petróleo S.A. tenía un interés en el contrato de servicio que constituye la base de la demanda y las plantas de agua que el mismo involucra, indicándose que al terminarse cada una de dichas plantas, se procedería a ejecutar una factura de venta y cesión entre Rothwell y PDVSA. Esto no habría ocurrido.

  Del mismo modo, CITGO negó que le debiera dinero a Rothwell, no obstante, admitió que, si el Tribunal determina que se adeuda alguna cantidad, esto no será conforme a una cuenta jurada originalmente. 

  En el proceso, CITGO presentó e incorporó una declaración jurada de la persona que conoce bien el proceso de pagos y de contratos de la corporación, Brian Boudreaux, en apoyo de la denegación del reclamo del demandante. 

  CITGO argumenta que la deuda que se quiere cobrar Rothwell es ilegal, a la vez que alega que cualquier pago que CITGO haga a Rothwell en estos momentos, violaría las órdenes ejecutivas del gobierno de los EE. UU. números 13808 y 13850 que prohíbe transacciones con PDVSA y sus filiales por estar sancionadas.

  CITGO explica en la moción que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 28 de enero de 2019 a PDVSA, la empresa matriz indirecta de CITGO. Lo que significa que la propiedad de ambas empresas estatales venezolanas está bloqueada.

 "CITGO y Rothwell probablemente tengan prohibido realizar transacciones que involucren a PDVSA sin una licencia de la OFAC que autorice la transacción", dice la comunicación.

  Debido a que PDVSA es el usuario final previsto y el beneficiario de los sistemas de agua, los pagos que busca Rothwell no se pueden realizar ni aceptar bajo las sanciones de los EE. UU., puesto que la empresa estatal venezolana podría someter a CITGO y Rothwell a sanciones penales y civiles, según la legislación estadounidense.

  Sostiene que la Orden Ejecutiva 13808 prohíbe cualquier transacción relacionada con la deuda de CITGO con vencimiento superior a 90 días, incluidas las facturas con antigüedad superior a dicho término, si PDVSA está involucrada. Como resultado, el pago de las facturas que se alegan en la demanda y la aceptación de dichos pagos sin la autorización del gobierno de los EE. UU. volvería a someter a CITGO y Rothwell a importantes sanciones civiles y penales de acuerdo a las leyes de los EE. UU.

  CITGO reitera que los pagos a Rothwell, en razón de las órdenes ejecutivas 13850 y 13808, no pueden hacerse puesto que el acuerdo establece que la demandante debe cumplir con todas las leyes, reglas, regulaciones, ordenanzas y requisitos de nacionales, estadales y locales, o de organismos reguladores sobre cualquier aspecto de la obra en Venezuela.

  También CITGO afirma que la disposición de fuerza mayor en el acuerdo le impide realizar pagos a Rothwell mientras las sanciones de EE. UU. estén vigentes.

  CITGO sostiene que ya pagó a Rothwell USD 5.027.025 por los servicios prestados y el equipo provisto en virtud del acuerdo, pero la demandante le ha entregado ningún estado de cuenta o recibo de que se hayan realizado compensaciones, pagos y créditos justos y legales.

  Igualmente, CITGO niega que Rothwell haya cumplido con todos los requisitos para que emitirle el pago de los montos que solicita el demandante.

  Por otra parte, CITGO asegura que Rothwell no ha certificado que se haya pagado a todos los subcontratistas, personal, proveedores y vendedores, y que se hayan liberado todos los enlaces, tal como lo plantea el acuerdo. Además, Rothwell no ha indicado que se hayan cumplido todos los criterios de prueba de rendimiento sobre el trabajo por el que solicita el pago, o que se haya proporcionado la documentación de rotación y cierre del proyecto.

  CITGO dice que el Acuerdo entre las partes prohíbe el lucro cesante o los daños emergentes solicitados por Rothwell fuera de los montos ya incluidos en los programas de compensación de las partes.

  Asimismo, CITGO exige un juicio con jurado y que el tribunal dicte sentencia y establezca que el demandante pague los costos del proceso judicial y otorgue al demandado todas las demás reparaciones a las que tiene derecho.

La declaración de Bourdeaux

  En la documentación del caso aparece una declaración jurada de Brian Boudreaux, Gerente de Proyectos Senior/Consultor Técnico, Inspecciones de Refinación, Generación de Energía y Turbinas de Gas, Instalaciones de Tratamiento de Agua-Agua Residual/Pulido BFW/RO/EDI UltraPure/SWROS para RECON Management Services, Inc.


  Esta última empresa se desempeña como agente y consultor de CITGO en proyectos relacionados con refinación, generación de energía, turbinas de gas y SWROS.

  Boudreaux afirma que fue empleado de CITGO durante más de tres décadas, más recientemente como Gerente de Proyectos de Capital.

  Sostiene que desde su puesto con Recon, trabajó en estrecha colaboración con CITGO en el Acuerdo de contrato de servicio de ósmosis inversa de agua salada para la construcción e implementación de las instalaciones de SWROS en Venezuela, que es el objeto de la demanda de Rothwell contra CITGO. PDVSA, como ya se apuntó, tiene interés final en las plantas desalinizadoras de SWROS.

  Afirma que le ha correspondido "negociar ciertas partes del Acuerdo relacionadas con el control de calidad y el pago" y aseguró que para que "CITGO pague una factura, los servicios y equipos brindados, y en general, el trabajo, se deben cumplir con varios criterios para que se emita el pago".

  Brian Boudreaux asegura que es "la persona encargada de hacer la revisión técnica de primera línea a las facturas y documentos relacionados que Rothwell envía a CITGO para su pago". "En otras palabras, ayudó a determinar qué pagos vencen y si las cantidades que busca Rothwell son justas y verdaderas".

Suspensión temporal de la demanda

  El 24 de mayo de 2019, el juez Roberto Schaffer, del 152 Tribunal del Distrito Judicial, ordenó la suspensión temporal de la demanda hasta que se levantaran las órdenes ejecutivas que imponen sanciones, o hasta que Rothwell solicite y reciba una licencia de la OFAC que permita que la demanda prosiga y pueda solicitar los pagos que reclama en esta demanda.

Trabajo conjunto

  Posteriormente, el demandante Rothwell Energy Services, LLC y la demandado CITGO, presentaron conjuntamente una moción pidiendo a la corte continuar el proceso y fijar la fecha del juicio.

  Rothwell manifestó que también intentó durante la pandemia de COVID-19 "trabajar conjuntamente de buena fe con el demandado en la etapa de descubrimiento del proceso judicial".

  La demandante, que considera necesario avanzar en el litigio, presentó ante el tribunal una moción para que se obligue a CITGO a responder de inmediato y que presente los documentos que mantiene retenidos.

  Rothwell envió a CITGO una carta el 14 de enero de 2020 solicitando un registro de privilegios modificado, solicitud que ha reiterado el 16 de enero, el 5 de febrero, el 7 de febrero, el 21 de febrero, el 27 de febrero, el 25 de marzo y el 2 de junio.

   Entretanto, CITGO ha indicado en varias ocasiones que publicará un registro de privilegios enmendado. Esto lo prometió el 21 de enero, el 24 de enero, el febrero 27 y el 25 de marzo de 2020.

Las peticiones de Rothwell

  Rothwell pidió que CITGO que entregara las declaraciones de Gina Coon y Glenn Hilman, ambos ejecutivos de la corporación en la época del contrato.

  Incluso, en razón de la pandemia del Covid 19, el 18 de marzo de 2020, Rothwell le manifestó a CITGO su disposición a que las declaraciones de Coon y Hilman se hicieran de manera virtual. El 24 de marzo, CITGO respondió que no estaría en condiciones de seguir adelante con las declaraciones, ni personal ni virtualmente, dada la incertidumbre de la pandemia. Rothwell acordó posponer las declaraciones.

  El intercambio de comunicaciones prosiguió para intentar llegar a un acuerdo, sin éxito.

  Rothwell acotó que "es fundamental programar las declaraciones de Coon y Hilman, así como de otros testigos de CITGO que son relevantes".

  En consecuencia, Rothwell pidió al Tribunal que le conceda la moción para exigir a CITGO que produzca de inmediato un registro de privilegios enmendado, todos los documentos que respondan a las solicitudes de producción, presente a Coon y a Hilman para la deposición y participe adecuadamente en todo el proceso de descubrimiento de la demanda.

  La respuesta de CITGO a la moción del demandante fue que Coon podría presentar la deposición el 9 o 10 de septiembre, mientras que Hilman lo haría el 22, 23 o 24 de septiembre. Estas fechas son el producto de los diversos compromisos profesionales y personales de los testigos y consejo.

  A la afirmación del demandante sobre la negación a comprometerse a participar en deposiciones más allá de las de Coon y Hilman, CITGO aseguró que ya ha proporcionado fechas para un tercer testigo que el demandante busca deponer y está listo para hacerlo bajo las Reglas de Procedimiento Civil de Texas.

   Igualmente, CITGO cree que su registro de privilegios original era adecuado, pero si debe complementarlo cumplirá con la solicitud del Demandante de modificar el registro para proporcionar información adicional también.

   CITGO pidió a la corte negar la moción del demandante en razón de que sus planteamientos son discutibles.

El tribunal aprobó moción de Rothwell y  ordenó lo siguiente:

1) CITGO producirá un registro de privilegios relacionado con todas las producciones de documentos dentro de los catorce (14) días.

2) CITGO se compromete a producir los documentos faltantes o los documentos complementarios en respuesta a las solicitudes anteriores de producción de Rothwell dentro de los catorce (14) días.

3) CITGO proporcionará fechas para las deposiciones de Glenn Hillman y Gina Coon dentro de una semana (7 días).

4) CITGO proporcionará fechas para testigos adicionales identificados por el Demandante dentro de los catorce (14) días posteriores a la identificación de los testigos por parte del Demandante.


Plantas desalinizadoras: una promesa que se volvió sal y agua

  El contrato alegado en la demanda de Rothwell contra CITGO tiene que ver con un anuncio hecho el septiembre de 2017 por Nicolás Maduro, de que a través PDVSA y el Ministerio de Ecosocialismo y Agua (Minea), comprarían e instalarían 116 plantas desalinizadoras para los estados Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Vargas y Sucre, con el objeto de solucionar los problemas de acceso al agua potable en esas regiones.

  La inversión anunciada era de USD 206 millones y para diciembre de dicho 2017, las plantas debían estar instaladas, pero un año después, solo un estimado de 25 plantas estaban instaladas en seis de los estados anunciados y únicamente 10 efectivamente funcionaban.

  PDVSA informó que el proyecto estuvo a cargo de Ronald Theis, gerente de proyectos de la petrolera y CITGO, junto a Carlos Brett, director general de Políticas Públicas del Ministerio de Petróleo. Sobre Brett pesa una orden privativa de libertad emitida por el fiscal, Tarek William Saab, por su participación en una compra irregular de camiones cisternas para combustible. CITGO se vio involucrada en la compra y no Bariven, dado los problemas financieros que esta última presentaba.

  Una nota de El Pitazo refiere que según fuentes internas a CITGO dijeron que los responsables directos de la compra de las plantas serían Laimar Peña, supervisora de la empresa, con la aprobación de José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Especiales. En la compra no se habría incluido la oferta del único fabricante reconocido de plantas desalinizadoras que ofertó y, al declararse la adquisición como una emergencia, la compra se hizo sin supervisión y sin revisar la confiabilidad de los proveedores[1].

CITA

https://elpitazo.net/investigacion/plantas-desalinizadoras-una-promesa-se-volvio-sal-agua/

miércoles, 12 de agosto de 2020

La presunta conducta criminal de José Luis De Jongh Atencio en CITGO: Una historia de larga data(Parte I)

Por Maibort Petit

   La acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el exfuncionario de CITGO, José Luis De Jongh Atencio, no incluye a todos los asociados de la conspiración criminal ni a la totalidad de las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos fraudulentamente en la filial de PDVSA en Estados Unidos. De Jongh Atencio creo un emporio de riquezas, gracias a negocios ilícitos vinculados a CITGO durante las administraciones de Alejandro Granado y Nelson Martínez.

Una parte de la historia

    Cuando Alejandro Granado era presidente, CEO de CITGO y Chairman de su Junta Directiva, ordenó emplear a José Luis De Jongh Atencio (2010).


    Según las versiones de varias fuentes de CITGO, consultadas por Venezuela Política, Alejandro Granado inició las acciones a nivel corporativo para crear una oficina de CITGO en Miami, que se encargara de los proyectos especiales que estaban bajo el control del mismo Granado. Dentro de las actividades que se realizaron, destacaba la promoción de la venta del Café Venezuela y otros productos en las estaciones de servicio abanderadas por CITGO. Este programa no fue exitoso y pronto llegó a su fin.

   Estas actividades fueron una justificación para que Granado hiciera viajes semanales a Miami, en el avión de CITGO que cubría la ruta desde el aeropuerto de Sugar Land -Houston hasta la Florida.


    Según los récords, Granado contrató a De Jongh como empleado de CITGO en Houston y ordenó su traslado [junto a su familia] desde Miami.  


   José Luis De Jongh Atencio es abogado graduado en la Universidad del Zulia, "profesión que ejerció tímidamente en Venezuela". Una fuente consultada bajo compromiso de anonimato por no estar autorizada a declarar, dijo a Venezuela Poítica que De Jongh "no tenía ninguna experticia en la industria de refinación y su única credencial era el ser amigo de  la juventud y de estudios en Maracaibo de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejando Granado". Agrega la fuente que "Rosana y De Jongh continuaron su amistad con el entonces CEO de CITGO, cuando estaban viviendo en Miami".


   Otra fuente consultada sostiene que "La única actividad académica que se le conoce a De Jongh Atencio en EEUU fue que realizó un curso de paralegal en Miami y no contaba con la licencia para ejercer derecho en los EEUU". 

   Una persona ligada al caso y que trabaja en CITGO, asegura que Alejandro Granado ordenó al Departamento legal de CITGO emplear a De Jongh Atencio como consultor y asesor interno. "Trabajó en proyectos puntuales bajo la supervisión del también abogado venezolano Arnaldo Arcay, [ex-patriado de PDVSA y asignado a CITGO] quien, aunque tampoco tenía licencia de abogado en EEUU, era el encargado de coordinar administrativamente las actividades de los abogados asignados a las refinerías de CITGO", acotó.

  De Jongh se mantuvo realizando trabajos como consultor hasta 2013, cuando el acusado fue transferido al Departamento de Procura donde, "sin tener ninguna experiencia en esta área, ocupó los cargos de Gerente de Procura para las tres refinerías y la Gerencia de Procura para proyectos especiales". 

  Otra fuente a la que entrevistó Venezuela Política sostuvo que "en más de una ocasión" De Jongh Atencio asumió la posición de Gerente General “interino” de Procura de la corporación. 
  
  Según los reportes internos de CITGO, De Jongh fue removido de esa posición en Procura "porque se descubrieron irregularidades administrativas". No obstante, el acusado no fue despedido de CITGO sino que gozó del privilegio de ser transferido nuevamente al Departamento Legal, "donde siguió trabajando en colusión con Nelson Martíne cuando éste era Presidente, CEO y Chairman de la Junta Directiva de CITGO".


   Otros funcionarios de la filial de PDVSA en Estados Unidos, ratificaron a Venezuela Política que De Jongh presuntamente "estuvo apoyado en sus acciones por José Luis Zambrano" [uno de los 6 ejecutivos de CITGO que se encuentra detenido en Caracas por órdenes del régimen de Nicolás Maduro]. Las fuentes sostienen que "Zambrano había sido Gerente General de Procura y posteriormente promovido por Nelson Martínez, como Vicepresidente de Servicios Compartidos".  Sostienen que "Zambrano y De Jongh trabajaban en equipo en todos los negocios [supuestamente] turbios que lideraba Martínez en la sombra y que fueron objeto de investigación interna en la corporación".

  Agregan las fuentes que [presuntamente], De Jongh era quien atendía a los “socios externos”, y les daba tours por los mejores restaurantes, sitios nocturnos y espectáculos exclusivos de Houston. Su función era ser el “enlace” que negociaba las condiciones para los [supuestos] negocios de Martínez.


  Asimismo, mencionan que "Pedro Blanco, también [presuntamente] habría sido parte de ese equipo corrupto que fue empleado por Nelson Martínez para trabajar en CITGO como Asesor en la oficina Corporativa de Mid-Office, reportándole directamente a Zambrano, quien era el Gerente General de la referida oficina en ese momento". Agrega que: "Blanco trabajó en muy bajo perfil y también representó a Nelson Martínez en negociaciones turbias. Blanco abandonó el puesto y desapareció de CITGO después que el régimen de Nicolás Maduro arrestó a Martínez en Caracas". [Todos estos señalamientos están bajo investigación federal].

De Jongh fue despedido de CITGO por Asdrúbal Chávez

   Las fuentes consultadas aseguran que De Jongh y Arnaldo Arcay fueron despedidos de CITGO cuando Asdrúbal Chávez tomó posesión como Presidente de CITGO a finales de 2017[esta información fue constatada por Venezuela Política en los récords internos de CITGO]. "Ambos exfuncionarios estuvieron involucrados en las negociaciones del contrato de la refinería de Aruba y existen reportes internos de su mala conducción, a espaldas de los funcionarios de CITGO, que permitieron la firma de un contrato leonino para CITGO".

    El experto en petróleo, Gustavo Coronel, explicó en un artículo públicano en la Patilla en 2016, que el mencionado contrato "fue firmado por CITGO con Aruba a pesar de que no existía el suficiente capital para cumplir con los compromisos contraídos en el contrato. La celebración de este compromiso contractual causó conmoción entre el cuerpo de técnicos de CITGO porque la factibilidad tanto única como económica de ese proyecto era muy dudosa". 

    Fuentes dijeron a Gustavo Coronel que: “ Se armó un escándalo en CITGO durante una reunión convocada por abogados de la empresa sobre las negociaciones que adelanta un grupo en CITGO con el Gobierno de Aruba para operar la refinería de Aruba". Leer la nota en este enlace. 

   Luego de ser despedidos de CITGO continúan explicando las fuentes— De Jongh y Arcay intentaron demandas por despido injustificado. Glenn Hilman, quien para ese entonces era Vicepresidente de Servicios Compartidos de CITGO [responsable de supervisar al Departamento de Recursos Humanos] "celebraba en los pasillos de la sede corporativa el despido de De Jongh y Arcay" y posteriormente reveló públicamente que "el arreglo extrajudicial había sido parte de lo que le correspondía del bono anual para que desistieran de su demanda judicial".  

  Tal como hemos informado en nuestra cuenta Twitter @maibortpetit, Glenn Hilman se jubiló. La decisión se tomó en la primera reunión presidida por Carlos Jordá [como Presidente y CEO de CITGO]. 
   De acuerdo a los reportes internos de CITGO, Rick Esser, quien fungía como Vicepresidente Ejecutivo de CITGO, sugirió esta salida de De Jongh "para proteger los beneficios económicos de Hilman en caso de que lo despidiera Jordá por las múltiples acusaciones e investigaciones que había en su contra por malos manejos administrativos". 

  Actualmente, Hillman continúa trabajando en CITGO, contratado como Consultor y participando en varios proyectos. Hillman no ha ocultado sus excelentes relaciones con los funcionarios que han pasado por la administración de CITGO, ni en la era chavistas ni la opositora, incluyendo a miembros de la  actual Junta Directiva de CITGO nombrada por el Presidente Interino, Juan Guaidó.

El negocio de De Jongh: "Camaroneras o cangrejeras"

  Fuentes contactadas en Venezuela, informaron que De Jongh estuvo dedicado al negocio de las camaroneras y cangrejeras, el comercio de los crustáceos decápodos marinos y cangrejeras (Mar Crab) se convirtieron en una época en su principal actividad comercial.  

  Otra fuente consultada informó que la esposa de De Jongh,  Dulce María Salaverria trabajaba como corredora (bróker) en el mercado de inversiones en Estados Unidos, pero perdió su licencia norteamericana de por vida por haber presentado información falsificada en la aplicación para ingresar a una empresa internacional donde trabajó inicialmente en la ciudad de Maracaibo. En la página de www.finra.org. puede confirmarse la sentencia contra Salavarria.


 Personas que conocieron a De Jongh en Maracaibo dijeron a Venezuela Política que el hoy acusado por el gobierno de Estados Unidos, proviene de una familia de clase media-alta ligada a sectores empresariales del Estado Zulia. Según fuentes cercanas a la pareja, "De Jongh y su esposa Salaverria decidieron venirse a EEUU huyendo de la cantidad de problemas legales que debían enfrentar en Venezuela".

De Jongh y sus relaciones con José Manuel González Testino

    De Jongh Atencio está acusado  por el Departamento de los Estados Unidos de un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero. 

  La acusación formal alega que a partir de 2013 y hasta al menos 2019, De Jongh Atencio acordó aceptar pagos de soborno de contratistas, incluidos José Manuel González Testino y Tulio Anibal Farías Pérez, y otros [no mencionados] a cambio de ayudar a los contratistas y  sus empresas a realizar negocios con CITGO y PDVSA. 

  La querella señala que De Jongh recibió más de $ 2.5 millones en pagos de sobornos por participar en el esquema de corrupción. A cambio, supuestamente proporcionó ventajas comerciales inadecuadas a González Testino y  Tulio Farías para ayudarlos a adquirir contratos de CITGO y PDVSA.

  La acusación formal alega además que De Jongh Atencio ordenó que los pagos de sobornos de González Testino, Farías y otros se hicieran a cuentas bancarias a nombre de compañías fantasmas en Panamá y Suiza. En algunos casos, también presuntamente dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. 

La empresa Drill Corp y las extrañas transferencias

  Fuentes internas de CITGO sostiene que "hubo una averiguación para identificar el verdadero propietario de la entidad denomianda Drill Corp, una empresa fantasma que recibió generosos contratos de manera fraudulenta en CITGO. Luego de investigación se supo que detrás de Drill Corp. estaba dirctamente, José Manuel González Testino".

  Lo interesante es que los técnicos de CITGO ingresaron a Drill Corp. en la lista de proveedores bloqueados en CITGO. No obstante, aseguran fuentes internas que "en el 2017, cuando Rick Esser y José Pereira retaliaron contra los miembros de comité de cumplimiento de CITGO [sacándolos de sus funciones y cargos en el comité] y con la ayuda de los nuevos miembros de esa instancia, Jennifer Moos, Judith Colbert, Eladio Pérez, José Luis Zambrano] coludieron y desbloquearon a Drill Corp. y permitieron que se le otorgaran fraudulentamente más de USD 70 millones en contratos favoreciendo a José Manuel González Testino". 

   Los consultados sostiene además que "durante el 2017 y el 2018, con el supuest conocimienti de funcionarios de CITGO,[ entre las que se encontraba Gina Coon, actual Tesorero de CITGO] se realizaron los pagos a Drill Corp. por transferencias bancarias desde Houston, directamente a las cuentas bancarias de esa entidad en Panamá y Suiza, para facilitar el lavado del dinero".

   Estas transferencias son parte de las evidencias que poseen los fiscales federales en la acusación que cursa contra De Jongh en Houston. El juicio de este exfuncionario fue fijado para que se inicio el 28 de septiembre en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston.

  Agregan las fuentes consultadas que "todos los directores de CITGO que ocupaban cargos claves en la corporación estaban [presuntamente] en pleno conocimiento del esquema fradulento y formaban parte y tenían una función en el esquema de corrupción que operaba en CITGO". [Esto está bajo investigación federal]

   José Luis De Jongh fue despedido por Asdrúbal Chávez. No obstante, los directores que participaron en la trama denunciada por el Departamento de Justicia, como Rick Esser, Gina Coon, y Judith Colbert continuaron en sus puestos bajo la junta directiva encabezada por Luisa Palacios.

  Una de las funcionarias que estuvo en puestos de mando en el momento que se ejecutó la conspiración por la cual es acusado De Jongh, José Manuel González Testino y Tulio Farías, fue "Jennifer Moos, quien se jubiló recientemente sin que se investigaran las denuncias en su contra", acota la fuente.

    Durante su gestión como funcionario de CITGO, De Jongh Atencio experimentó un súbito enriquecimiento, al igual que los contratistas demandandos: González Testino y Farías [entre otros], quienes se encuentran a la espera de su sentencia, en agosto de 2020, luego de haberse declarado culpable ante un juez de Houston.

   Hasta el momento, el caso de corrupción en CITGO-PDVSA, investigado por la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, en Houston, incluye a los siguientes individuos: Roberto Enrique Rincón Fernandez, Moises Abraham Millán Escobar, Abraham José Shiera Bastidas, José Luis Ramos Castillo, Juan José Hernández-Comerma,  Christian Javier Maldonado Barillas, Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz,  Charles Quintard Beech III, Karina Del Carmen Nuñez-Arias, Fernando Ardila-Rueda, César David Rincón-Godoy, Nervis Gerardo Villalobos-Cárdenas, Rafael Ernesto Reiter-Muñoz, Alejandro Isturiz-Chiesa, Juan Carlos Castillo, José Orlando Camacho,  Luis Carlos De León Pérez, entre otros.

Esta historia continuará en la segunda parte...
   

sábado, 9 de mayo de 2020

Pese a denuncias en su contra por supuestos hechos irregulares, (asistente) VP de Cumplimiento y Ética de CITGO se jubila sin ser investigada

 Por Maibort Petit
@maibortpetit

  Señalada internamente de participar en supuestos hechos irregulares y de actuar en connivencia con Rick Esser —vicepresidente ejecutivo de CITGO Petroleum Corporation designado por la Asamblea Nacional en febrero de 2019— Jennifer Moos, asistente a la Vicepresidente de Cumplimiento y Ética de la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, lejos de ser, por lo menos, investigada, ha logrado obtener un plan de pensión de la empresa "con USD 8.000 mensuales más una serie de beneficios para ella y sus familiares", según una fuente interna consultada. Otra información sostiene que el monto otorgado sería menor [por el orden de los USD 3.000]
  Su retiro, que fue anunciado el 21 de abril, se hizo efectivo desde el pasado 30 de abril luego de haber ingresado a la petrolera estatal venezolana en 1996. En su cargo será reemplazada por Jay Martin.

 Vale la pena destacar que otra fuente consultada sobre este tema aseguró que CITGO tiene una pensión (programa de retiro) que ninguna otra empresa petrolera aún tiene en los Estados Unidos. De acuerdo a la información suministrada este "tipo de sistema de pensión se remonta a un calculo máximo de años de servicio desde hasta 1992 y es sueldo básico más bono en una fórmula con porcentajes, etc". Sostiene entonces que "Jennifer Moos estaba en esas categorías con a un 65% por lo que la pensión debe estar por debajo del monto de los USD. 8.000"[que señalan las otras fuentes] Asimismo sostiene que el personal de CITGO se retira contando con el dinero que ahorra en planes de retiro e inversiones 4O1k que se acumula a través de los años y no con la pensión de CITGO por que es baja", acotó. 

  Paralelamente, sostiene que los jubilados de CITGO tienen el beneficio de seguro médico [si la persona opta por continuar], "a un costo casi el doble del de los empleados. Esto no tiene excepciones por que son planes para todos y, cualquier desviación, constituye una causa para que los miles de jubilados puedan demandar a la corporación", comentó. 

 Durante sus 25 años de servicio, Moos ejerció distintas posiciones, entre ellas como gerente de mercadeo y presidente del Comité de Compras de CITGO (CPC) entre 2010 y 2018, un cargo en el que, de acuerdo a fuentes ligadas a la empresa, habría aprobado, supuestamente en colusión con personal de compras de “Proyectos Especiales” y otros directores, transacciones con entidades intermediarias por más de USD 6 mil millones en por concepto de adquisiciones para PDVSA.

  La hasta hace días, Vicepresidencia de Cumplimiento y Ética, Jennifer Moos habría llegado en febrero de 2017 promovida por José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez, como parte del presunto esquema por ellos impulsado y en el que Moos, "en mancuerna con Rick Esser, facilitarían las operaciones irregulares". Y es que de acuerdo a tres fuentes internas consultadas, Moos y Esser solamente "serían piezas en el ajedrez que los cabecillas de la trama jugarían, puesto que carecían de la experiencia y el conocimiento para ejercer las posiciones en las que se les había designado".

  Por ejemplo, las fuentes internas sostienen que "Rick Esser, quien continuó también como vicepresidente de Comercio y Suministro, aprobó compras de petróleo y ventas de productos derivados. Dado que el asesor general adjunto de CITGO, Jeff Bednar, comenzó a implementar una serie de controles para bloquear entidades corruptas que pretendieran negociar con la filial de PDVSA en los EE. UU., fue obligado a retirarse por José Pereira y Rick Esser en complicidad con el vicepresidente de asuntos legales, Edoardo Orsoni [acusado de delitos de lavado de dinero y corrupción por el gobiero de los Estados Unidos]".

  Pero las denuncias no evitaron que Moos abandone CITGO con la jugosa remuneración y beneficios de por vida, con la felicitación de Luisa Palacios y Carlos Jordá, quienes habrían optado por evitar la confrontación legal con empleados que se mantienen dentro de la empresa estatal, a pesar haber formado parte de los esquema corruptos que encabezaron Nelson Martínez y Asdrúbal Chávez.

La trama denunciada dentro de CITGO

  Jennifer Moos, pues, presuntamente sería parte de una presunta  trama de corrupción "instrumentada en CITGO por José Pereira, Nelson Martínez y José Luis Zambrano, la cual tenía como estrategia el dominio del Comité de Cumplimiento, de manera de evitar así los controles internos y desbloquear a más de 730 entidades intermediarias pertenecientes a empresarios corruptos entre quienes se contaban José Manuel González Testino, Ángel Alberto Rodríguez Torres, Juan Carlos Hurtado Angarita, Manuel Chinchilla, Roberto Rincón, Ernesto Guevara, Michael Moretti, entre otros venezolanos".

  Fue así como Rick Esser y Jennifer Moos, entre 2017 y 2018 —ya en sus nuevas posiciones en el área de Cumplimiento y Ética— "aprobaron irregularmente" —de acuerdo a lo referido por las fuentes del caso— "nuevos contratos de compras y pagos fraudulentos por más de USD 230 millones a empresas de maletín" de los arriba citados. Igualmente, habrían participado del esquema corrupto, otros individuos con fuerte conexiones con el régimen de Nicolás Maduro, esto con la colaboración de José Luis Zambrano y Glenn Hilman (compras), Judith Colbert (legal) y el personal de cumplimiento".

  Sostiene el informante, que "el personal —empleados, directores y gerentes— tenía pleno conocimiento de las irregularidades y se sumaron a los fraudulentos procesos de revisión y aprobación, en los que intencionalmente, se ignoraban los controles internos en sus respectivas áreas". Es decir, de acuerdo a lo establecido en la legislación estadounidense, incurrían en "ceguera deliberada del conocimiento de los hechos" o "indiferencia intencional" durante la aprobación de los contratos y pagos a empresas fantasmas.

Lavado de dinero

 En el esquema presuntamente también participaba personal del departamento de tesorería de CITGO, "quienes facilitaban los pagos ilegales a las compañías de maletín que actuaban en la trama como intermediarias en las negociaciones irregulares". De este momento, supuestamente se "le daba el visto bueno a las transferencias bancarias desde Houston, Texas, directamente a las cuentas bancarias suministradas por los dueños o representantes de las entidades intermediarias sin la debida revisión".

 Específicamente, sostienen las fuentes, "Gina Coon, Tesorera actual de CITGO, aprobó durante más de dos años, los pagos y transferencias bancarias a las empresas de fachada, facilitando así las operaciones de lavado de dinero que tales operaciones suponían. Fue así como se enmascararon sobreprecios, sobornos, comisiones, que iban a parar a cuentas en paraísos fiscales".

Sostienen las fuentes, que "la mayoría de las compras realizadas bajo este esquema nunca se concretaron, por lo que PDVSA en Venezuela nunca recibió los productos y servicios que supusieron estos pagos irregulares.  Por ejemplo, el fallido proyecto de la refinería CITGO Aruba habría servido para que más de USD 100 millones beneficiaran a proveedores con la supuesta anuencia de Gina Coon".

Dejar pasar

  Finalmente, las fuentes internas de CITGO sostiene que "hechos como el señalado evidencian la política de “cero controversia y confrontación” instrumentada por la junta directiva designada por Juan Guaidó en CITGO, la cual a más de un año en funciones, no ha dado cuenta de las investigaciones por corrupción, ni ha impulsado medidas destinadas a corregir y castigar a los culpables de los hechos irregulares habidos en CITGO Petroleum Corporation".